Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La reforma a la ley de educación superior parece ser cada vez más urgente. Nadie está contento con el modelo actual y las críticas hacia el sistema que ha regido durante años son incontables. Desigualdad, falta de cobertura, baja calidad, pocos recursos y discriminación, son solo algunos de los puntos que se deben corregir.
Ya estudiantes, profesores y particulares se lo habían hecho saber al país mediante marchas multitudinarias. A este debate, en el que han participado múltiples voces, se sumaron cuatro expertos académicos que trataron el tema en el tercer Congreso de Economía Colombiana organizado por la Universidad de los Andes.
El panorama para ellos no es nada alentador. Las cifras lo confirman: “mientras el 90% de los estudiantes del quintil más rico de la población ingresa a la universidad, en el quintil más pobre ese número es solo del 9%. Colombia ocupa el peor lugar en Iberoamérica en relación con el acceso a la educación según origen socio familiar”, asegura Rodolfo Arango, profesor de filosofía de esta Universidad.
Sumado a eso, la problemática de cobertura sigue siendo una constante en el país. La evidencia está en que de los 60.000 estudiantes que se presentan semestralmente en la Universidad Nacional, sede Bogotá, solo hay cupo para 6.000.
Los índices de deserción, además, muestran una difícil realidad: mientras el 24% de los estudiantes que pertenecen a familias con ingresos entre uno y dos salarios mínimos desertan en el primer semestre, la deserción en los de las familias con ingresos superiores a 15 salarios mínimos es solo del 14%.
Para este profesor, el problema de fondo es que el Gobierno entiende la educación como un bien público para formar un país que busca ser un mejor competidor en los mercados internacionales de bienes y servicios.
“Solo quienes tienen el mérito acceden a ese bien público, pero los que no, no tendrán ese nivel de formación. Esa finalidad trae como resultado un trato discriminatorio de las personas que están peor situadas en la sociedad”, dice.
“Es que definitivamente la universidad hoy día está siendo sometida a ser un factor más de la producción en el mundo”, asegura José Rafael Toro, vicerrector académico de Los Andes. Y es justamente eso lo que esperan que se resuelva con la reforma de la Ley 30. Arango, por su parte, tiene la esperanza de que el diálogo que adelanta el Ministerio con los diferentes actores sea eficaz y que en algún momento la gratuidad sea posible.
Eso, de acuerdo con Arango, supone que no se elimine la universidad privada sino que se incentive la universidad pública de calidad, tal como sucede en Brasil, donde las familias ricas prefieren enviar a sus hijos a las públicas que a las privadas.
Pero, para lograr eso, aún falta tiempo. Con suerte, hasta el próximo año, cuando se presente una reforma concreta, se resolverán las dudas que tiene el país. Por ahora, al parecer, la incertidumbre seguirá reinando.