El crimen de Yolanda Izquierdo y las continuas amenazas a campesinos generaron que EE.UU. pidiera la revisión del programa.
La líder Yolanda Izquierdo Berrío es el rostro de las víctimas detrás de la lucha por la restitución de tierras, de la burocracia en los trámites de los programas de protección del Gobierno y de la ambición paramilitar por conservar su poder representado en las propiedades que les robaron de forma violenta a los campesinos. Ella era la portavoz de 843 familias que, en medio del proceso de Justicia y Paz, luchaban por recuperar sus propiedades en Córdoba. A pesar de las continuas amenazas y de la negativa del Gobierno a brindarle protección, seguía en su incansable pelea. Por eso la silenciaron.
Las dificultades que han enfrentado los campesinos por falta de protección en su lucha por recuperar sus bienes fueron objeto de varios cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos entre febrero y abril de 2007. El punto de referencia fue el asesinato de Yolanda Izquierdo. A la líder, de 43 años, la mataron el 31 de enero de ese año en Montería (Córdoba). Durante el ataque, su esposo quedó gravemente herido. Ese día, sicarios de las autodefensas la acribillaron en plena vía pública. Cerlym Otero, jefe del CTI de la Fiscalía en Córdoba, indicó a la Embajada que el Gobierno había fallado “en proteger la vida de Izquierdo” y que eso se tradujo en “falta de recursos y experiencia”.
Justo por la época del asesinato de Izquierdo Berrío, el país se escandalizaba por la avalancha de procesos por la parapolítica y el enfrentamiento del expresidente Álvaro Uribe con los jefes paramilitares por el supuesto incumplimiento de las promesas durante el proceso de paz con las Auc.
Antes del asesinato, parecía que se hablaba con seriedad de la reparación y la restitución de tierras. Los campesinos se organizaron y buscaron representantes para que los acompañaran en el proceso, al tiempo que algunos paramilitares anunciaban los bienes y tierras que entregarían. Sin embargo, bajo cuerda operaban personas cercanas a los paramilitares que querían impedir a toda costa que los campesinos recuperaran lo que les pertenecía. Amenazas y asesinatos selectivos fueron los métodos que usaron para amedrentar a la gente, quedando al desnudo las falencias detrás de los programas gubernamentales de protección.
Como autora intelectual de la muerte de Izquierdo Berrío señalaron a Sor Teresa Gómez Álvarez, esposa de un hermano medio de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Sor Teresa amedrentaba a los que se aventuraban a reclamar en Córdoba. Las sospechas sobre ella recayeron desde el primer día del crimen, como se lo expresó el general Óscar Naranjo al embajador de Estados Unidos, quien no dudaba que el crimen estaba relacionado con el esfuerzo de la líder campesina por la restitución.
Al igual que el general Óscar Naranjo, el abogado que representaba a Yolanda Izquierdo señaló como responsables a Diego Sierra, hombre de confianza de Vicente Castaño, y a Sor Teresa Gómez, pariente del jefe paramilitar y directora de la Fundación de Paz de Córdoba (Funpazcor), entidad desde la que expropiaron ilegalmente cientos de tierras. Al tiempo, desestimó la hipótesis de algunos grupos de Derechos Humanos que decían que el crimen había sido por declarar en las audiencias de Justicia y Paz contra los jefes paramilitares. Para él, el principal motivo fue que “Sierra y Gómez la asesinaron para retener las tierras”.
“Fidel Castaño controlaba las tierras a través de Funpazcor para ganar empatía con las familias locales y crear una zona de protección en contra de las Farc. Entre 1995 y 1996, Gómez y Sierra ordenaron a las familias que dejaran las tierras. Con el comienzo de Justicia y Paz, Izquierdo Berrío y otros campesinos vieron la oportunidad de recuperar sus tierras y pedir reparación. En respuesta, Gómez empezó a presionar a las familias para que vendieran sus títulos a bajo precio. Izquierdo se opuso a esa venta e influenció a otras familias para hacer lo mismo, llevando a que Sierra y Gómez la silenciaran”, le dijo el abogado a la Embajada.
La preocupación por la falta de protección a los líderes fue el tema central de los cables de la época. Ante las consultas de los norteamericanos, las autoridades colombianas hicieron un mea culpa por las deficiencias del programa y se comprometieron a revisar las medidas de protección. El primero en reconocer la falla del programa de protección ante la Embajada fue el propio ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, quien dijo que la falta de protección a Yolanda Izquierdo había “sido un error burocrático”. Así quedó consignado en un cable del 8 de febrero de 2007.
Por su parte, Carlos Franco, jefe de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en el gobierno Uribe, indicó a la Embajada que la violencia los había llevado a revisar los métodos de protección, que para la fecha los manejaban varias instituciones de seguridad, pero que existía desarticulación en el manejo de la información unificada y falta de recursos para atender a todos los que reportaban amenazas. “El sistema actual es muy burocrático y no prevé suficiente cobertura. Las agencias involucradas no comparten información de amenazas y el proceso se dilata con el tiempo”, indicó.
Fuera del crimen de Yolanda Izquierdo, también hicieron referencia al asesinato el 28 de enero de 2007 de Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Personas Desplazadas de Cotorra (Córdoba), y al incendio que ocurrió el 30 enero de 2007 en el Centro de Mujeres Desplazadas en Turbaco (Bolívar). Además, las continuas amenazas en contra de Eloin Gaspar, la líder que reemplazó a Izquierdo en la asociación de campesinos tras el asesinato. A Gaspar y a su familia los tuvieron que sacar de Córdoba a otro lugar del país.
La respuesta del expresidente Álvaro Uribe al asesinato de Izquierdo Berrío fue la orden de expropiar los bienes de los jefes paramilitares, que comenzó con los de Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo. En un cable del 16 de febrero de 2007 se anota que el general Naranjo presentó un informe a la Embajada sobre las incautaciones de bienes a los jefes paramilitares, que para ese momento sumaban recursos cercanos a los siete millones de dólares, y que tenían identificadas cerca de 400 propiedades más de 25 jefes de las autodefensas, que estaban en trámite de ser embargadas para sumarlas al fondo para la reparación de víctimas. Agregó que para reparar a las víctimas del conflicto desde 1964 se necesitaban entre 25 y 44 billones de dólares, lo que representa casi entre el 29% y el 33% del PIB.
Las amenazas y los asesinatos contra los líderes que buscan la restitución están tan vigentes como en 2007 cuando asesinaron a Yolanda Izquierdo. Sólo en la región de Urabá, en los últimos meses han asesinado a ocho personas vinculadas a este proceso.
El gobierno de Juan Manuel Santos sigue empeñado en devolverles las tierras a los campesinos, como lo demuestra el reciente caso de Chivolo (Magdalena), en el que el Incoder les entregó fincas a 32 familias, víctimas de los paramilitares de alias Jorge 40. De igual forma, buscan mejorar su seguridad con la creación del Centro Integrado de Inteligencia (CI2), conformado por la Fiscalía y miembros de los organismos de inteligencia, con el fin de detectar los sitios de mayor riesgo, con el fin de diseñar planes de seguridad y protección en los procesos de restitución.
Otro condenado por crimen de líder campesina
Mientras se conoce que no son nuevas las denuncias por las graves falencias del Programa de Protección a los campesinos que buscan la restitución de tierras, la justicia sigue sentenciando a los responsables del asesinato de Yolanda Izquierdo Berrío.
El Tribunal Superior de Cundinamarca condenó al paramilitar Álvaro Augusto Murillo Montes, alias ‘Suero’, a 32 años de prisión, como coautor del asesinato.
A Murillo Montes lo habían absuelto en primera instancia, luego de comprobar que él se encontraba hospedado en un hotel de Cartagena el día del asesinato. Sin embargo, para los magistrados del tribunal, quienes analizaron las pruebas y los testimonios, su participación fue decisiva en la etapa de planeación del homicidio, razón por la que lo condenaron como coautor.
Gracias al relato de un taxista que transportó a los paramilitares encargados de hacer el seguimiento a la líder campesina, se pudieron conocer los detalles de cómo los criminales estuvieron una semana, analizando las rutas de escape y siguiendo los pasos de la víctima para elegir el momento preciso para asesinarla.