Como una retaliación contra la Corte Suprema de Justicia por retomar los expedientes de los parapolíticos que estaban en la Fiscalía y, de tastás, darle un zarpazo a la independencia judicial, fue calificado por el vicepresidente de esa corporación, magistrado Jaime Arrubla, el proyecto de ley apadrinado por el Partido de la U que busca sacar del ajedrez investigativo a la Corte y entregarle a un nuevo tribunal, que indirectamente estaría controlado por el Gobierno, el juzgamiento del ‘honorable’ Congreso de la República. Una iniciativa que empieza a causar ampolla en la justicia y poco consenso en las mismas toldas uribistas.
El proyecto de acto legislativo del senador Manuel Enríquez Rosero contempla que este Tribunal Nacional Especial tendrá competencia para juzgar penal y disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes, el Fiscal, el Procurador, el Contralor y los congresistas. Nueve serían los magistrados de este tribunal elegidos por concurso de méritos por el Consejo de la Judicatura de postulación que harían previamente facultades de derecho de las universidades públicas. Según la iniciativa, se dividirá en salas el tribunal con el objetivo de garantizar la segunda instancia en los procesos y se eliminaría la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Pero más tardó en ventilarse el proyecto de ley que en sumar acérrimos contradictores. Muchos incluso de las entrañas de la Casa de Nariño, como el senador Jairo Clopatofsky, quien consideró la iniciativa como “traída de los cabellos”. El presidente de la Cámara, Édgar Gómez, tampoco le jala a la idea de este supertribunal. “La inmunidad parlamentaria hizo mucho daño, porque llevó a una serie de desafueros que el país no quiere volver a ver”, conceptuó. El dirigente del Polo Democrático, Carlos Romero, sencillamente refirió que la iniciativa es contraproducente y que su discusión en el Congreso llegaría en el peor de los escenarios.
Las suspicacias por el sentido de oportunidad de este acto legislativo están a la orden del día. “Hay que mirar la enfermedad dónde está y no en el médico”, apuntó el magistrado Jaime Arrubla. En la exposición de motivos del proyecto se dice que es una vergüenza que el Congreso no cuente con una segunda instancia en sus procesos penales y que de una forma “inconveniente y antiética” la Constitución del 91 cruzó mutuamente competencias para que la Corte Suprema juzgara a los parlamentarios y éstos a su vez a los magistrados, una función que ha sido “históricamente perniciosa”. La propuesta tiene la siguiente perla: “Los congresistas sólo podrán ser privados de su libertad una vez hayan sido llamados a juicio”.
Precisamente estas consideraciones son las que hacen creer a los defensores de la Corte de que empieza a orquestarse un complot para reducirla a una mínima expresión, justo en momentos en que la parapolítica está más expuesta que nunca y comienzan a aflorar evidencias muy comprometedoras sobre el festín burocrático del que tuvo que echar mano el Ejecutivo para garantizar la primera reelección presidencial. El senador David Name, de la U, dijo sin mayores consideraciones que se busca generar un debate sano que dé mayores garantías a los congresistas en materia de pesquisas criminales en su contra.
Más enfático se mostró Carlos Ferro, también senador de la U. “Esto no es ninguna retaliación contra la Corte, sino un proyecto que pretende armonía y equilibrio entre los poderes”. El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, dijo desconocer el proyecto y recordó que lo que se había hablado en su momento era separar la investigación del juzgamiento en la Corte y la posibilidad de instaurar una segunda instancia judicial. Sin embargo, recalcó que sería objeto de estudio por parte del Gobierno. De cualquier manera, esta iniciativa parece tener más enemigos en sus propias tropas que en las de la oposición y tiene una dificultad mayúscula a la hora de la discusión: la cantidad de congresistas investigados por la Corte por sus presuntas andanzas con los ilegales.
“Los congresistas no tienen doble instancia”
Manuel Enríquez Rosero, senador del Partido de la U, es el gestor del proyecto que busca la creación del Tribunal Nacional Especial para investigar y juzgar, con derecho a la doble instancia, los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado, como congresistas, magistrados de las cortes, Procurador, Contralor y Fiscal General de la Nación. Esta propuesta fue respaldada el miércoles pasado por el Partido de la U.
De acuerdo con Enríquez, la iniciativa surgió por “el desprestigio que le está causando al Congreso aplicar justicia”. Incluso, agregó, hoy en día los congresistas no tienen derecho a la doble instancia.
Para garantizar la transparencia en la elección de los nueve magistrados del nuevo tribunal, las postulaciones las harían las facultades de derecho de las universidades del Estado y luego se les haría un concurso de méritos. El Consejo Superior de la Judicatura los elegiría sólo una vez superadas todas las pruebas.
Según el promotor de la iniciativa, el Tribunal Especial no tendría aplicación retroactiva, es decir, no entrarían a investigar los casos que están abiertos en la actualidad.
“Al Partido Conservador no le gustó la idea pues ellos respaldan la iniciativa que busca volver a la inmunidad parlamentaria”, opinó.
Ahora el proyecto pasará a debate en la Comisión Primera del Senado y, según Enríquez, los congresistas que están siendo investigados por la Corte podrían votar.