Por: Luis Carvajal Basto

Acuerdo o constituyente

La renuncia del fiscal y la ministra, la liberación y recaptura de Santrich, las presiones del gobierno de Estados Unidos, y un artículo de The New York Times con duros señalamientos a las Fuerzas Armadas no tipifican una crisis institucional o de gobierno. Son, ni más ni menos, un nuevo recordatorio de que “todo no está acordado” entre los colombianos.

También lo fueron las objeciones presidenciales a la JEP que el Congreso no pudo procesar, siendo difícil esperar que la decisión de la Corte Constitucional pueda lograrlo. Necesitamos un acuerdo nacional.

La espiral de pasiones, más que razones, en que estamos atrapados no deja reconocer a “las partes” que nadie tiene la razón absoluta y se impone pactar esas diferencias. Es tan ingenuo desconocer los acuerdos con las Farc como negar que el uribismo ganó el plebiscito y eligió presidente, insistimos.

En esa probada incompatibilidad de perspectivas, ¿alguna fracción se siente con derecho de arrollar a la otra? Se va a encontrar con un muro; nuestra división perdurará y, muy probablemente, se agudizará, no importan los matices con que se intente maquillar o las largas que se pretendan dar.

Si Santrich es culpable, y las pruebas extemporáneamente aportadas demuestran que, efectivamente, andaba metido en narcotráfico, no puede ser un asunto de principios en la solución de diferencias, lo que debe ser reconocido por el partido FARC si positivamente quiere honrar los acuerdos. Lo mismo aplica para el gobierno anterior: si se trató de un “torpedo” a lo pactado es uno en que a su “contraparte” le asiste razón. Es necesario ese reconocimiento antes de responder con más torpedos y enlodar nuestras sobrevivientes instituciones, como lo hace el artículo del NYT.

La JEP, al tomar una decisión más política que jurídica, esfera reservada a la Corte Constitucional en nuestro andamiaje jurídico, tampoco sale bien librada con el episodio y no le ayuda convertirse en mampara de actividades ilícitas si quiere lograr coherencia con las razones de su creación. La ausencia, en su momento, de unas pruebas que solo ahora se conocen no la exime de responsabilidad. Además de Santrich y algunos otros que han decidido continuar en actividades ilícitas, existen miles, cientos de miles con las víctimas, cuyos derechos se encuentra llamada a privilegiar.

Todo este novelón, al que se añaden nuevos episodios cada día, transcurre en un periodo de formal debilidad política del Gobierno, poco interesado en conformar una coalición mayoritaria en el Congreso; cuando menos no con los costes de “transacción” que implicaría al renunciar a la mermelada tóxica, diferente al legítimo derecho que asiste a los congresistas de llevar obras y servicios a sus regiones.

Ante la velocidad que han tomado los acontecimientos, colocándose fuera de control de los diferentes actores, más que una coalición necesitamos un acuerdo nacional que involucre a líderes políticos, empresariales, sociales y sindicales de todos los matices: se trata de proteger, una vez más, convivencia e instituciones sobre intereses particulares e impedir que los asuntos de Estado se sigan utilizando como insumos electorales. Se trata del mismo acuerdo que no fue posible antes de firmar con las Farc. Asistimos a un capítulo diferente de la misma y extendida disputa.

De no lograrse tendremos más episodios como el que vivimos aumentando, cada vez, nuestros niveles de pugnacidad.

La política democrática, la solución pactada de diferencias de intereses mediante el acatamiento de reglas, no se puede reinventar, aunque la pasión presione para hacerlo. No tenemos fórmula diferente a la regla de mayorías, a la soberanía popular: de no lograrse ese acuerdo, tarde o temprano tendremos una constituyente o un referendo que resuelva las diferencias. Entre tanto Colombia seguirá asumiendo su enorme costo.

Y esa tarea no la puede liderar nadie diferente al presidente Duque quien, ante lo que parece una crisis, tiene, además del mandato para conseguir el acuerdo, una oportunidad.

@herejesyluis

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