Alerta por nuevas amenazas a ambientalistas en Tolima

“De manera atenta remito a usted el informe de la referencia con el fin de que se adopten las medidas oportunas y efectivas que permitan la prevención de vulneraciones de los derechos humanos y la protección de las y los defensores de derechos humanos, personas pertenecientes a colectivos en defensa de derechos colectivos y ambientales y movimientos políticos y sociales en favor del proceso de paz y la solución negociada al conflicto armado”.

Así comienza el informe que la Defensoría envió hace tres días a varias entidades del Tolima y del Gobierno para que le presten atención a un tema que han tenido abandonado y que hace unos días volvió a revivir: las amenazas de grupos al margen de la ley a defensores del medio ambiente y a representantes de algunos movimientos políticos. (Lea "El primer paso de Ibagué para frenar la minería")

En el documento de nueve páginas le hace un llamado de atención a, entre otras, las alcaldías de varios municipios, la Policía Nacional, la Quinta División del Ejército, la Unidad de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Fiscalía y varias personerías tolimenses, para que tomen cartas en el asunto antes de que esas amenazas, que son publicadas en forma de panfletos, pasen a mayores. Quienes usualmente las firman son grupos que firman como las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas del Tolima, los M-Zetas o las Autodefensas Bloque Tolima. (Lea "La pelea nacional por la minería que desató Ibagué")

El último capítulo de aquellas advertencias se conoció hace unos días. “Los niños juiciosos se duermen temprano. Los demás los acostamos nosotros”, se lee en la hoja que le llegó el 8 de julio al Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA). La frase está construida con letras recortadas de periódicos y revistas.

“Rechazamos categóricamente cualquier hostigamiento, amenaza y ataque contra cualquier integrante del movimiento socio-ambiental del Tolima”, replicó ese colectivo en un comunicado, en el que también le exigió a la Presidencia de la República garantías para trabajar en el marco de las consultas populares que se llevan a cabo en ese departamento para frenar proyectos mineros, y le solicitó a la Fiscalía iniciar investigaciones y entregar los resultados de los procesos que se encuentran en marcha.

En su informe, la Defensoría hace un recuento de los varios sucesos similares que se han presentado hace más de un año entorno a esos movimientos, entre los que también se encuentran el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Mencionan, al menos, siete casos en los que algunas personas recibieron cartas o fueron abordadas por desconocidos que les pidieron en “tono amenazante” casar sus actividades.

“En virtud de lo descrito anteriormente, y teniendo en cuenta la probabilidad de que se presenten amenazas, desapariciones forzadas, atentados contra la vida e integridad personal y desplazamientos forzados de personas vinculadas con la defensa delos derechos fundamentales en Tolima, se emite el presente Informe de Riesgo con el fin de que las autoridades competentes adopten de forma urgente y efectiva las medidas para prevenir el riesgo descrito”, escribe la Defensoría.

Los municipios que deberían recibir especial atención son Ibagué, Espinal, Cajamarca, Roncesvalles, Saldaña, Ortega, Natagaima, Coyaima, Ataco, Planadas, Chaparral, Rioblanco, Líbano, y Lérida.

“De manera atenta remito a usted el informe de la referencia con el fin de que se adopten las medidas oportunas y efectivas que permitan la prevención de vulneraciones de los derechos humanos y la protección de las y los defensores de derechos humanos, personas pertenecientes a colectivos en defensa de derechos colectivos y ambientales y movimientos políticos y sociales en favor del proceso de paz y la solución negociada al conflicto armado”.

Así comienza el informe que la Defensoría envió hace tres días a varias entidades del Tolima y del Gobierno para que le presten atención a un tema que han tenido abandonado y que hace unos días volvió a revivir: las amenazas de grupos al margen de la ley a defensores del medio ambiente y a representantes de algunos movimientos políticos. (Lea "El primer paso de Ibagué para frenar la minería")

En el documento de nueve páginas le hace un llamado de atención a, entre otras, las alcaldías de varios municipios, la Policía Nacional, la Quinta División del Ejército, la Unidad de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Fiscalía y varias personerías tolimenses, para que tomen cartas en el asunto antes de que esas amenazas, que son publicadas en forma de panfletos, pasen a mayores. Quienes usualmente las firman son grupos que firman como las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas del Tolima, los M-Zetas o las Autodefensas Bloque Tolima. (Lea "La pelea nacional por la minería que desató Ibagué")

El último capítulo de aquellas advertencias se conoció hace unos días. “Los niños juiciosos se duermen temprano. Los demás los acostamos nosotros”, se lee en la hoja que le llegó el 8 de julio al Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA). La frase está construida con letras recortadas de periódicos y revistas.

“Rechazamos categóricamente cualquier hostigamiento, amenaza y ataque contra cualquier integrante del movimiento socio-ambiental del Tolima”, replicó ese colectivo en un comunicado, en el que también le exigió a la Presidencia de la República garantías para trabajar en el marco de las consultas populares que se llevan a cabo en ese departamento para frenar proyectos mineros, y le solicitó a la Fiscalía iniciar investigaciones y entregar los resultados de los procesos que se encuentran en marcha.

En su informe, la Defensoría hace un recuento de los varios sucesos similares que se han presentado hace más de un año entorno a esos movimientos, entre los que también se encuentran el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Mencionan, al menos, siete casos en los que algunas personas recibieron cartas o fueron abordadas por desconocidos que les pidieron en “tono amenazante” casar sus actividades.

“En virtud de lo descrito anteriormente, y teniendo en cuenta la probabilidad de que se presenten amenazas, desapariciones forzadas, atentados contra la vida e integridad personal y desplazamientos forzados de personas vinculadas con la defensa delos derechos fundamentales en Tolima, se emite el presente Informe de Riesgo con el fin de que las autoridades competentes adopten de forma urgente y efectiva las medidas para prevenir el riesgo descrito”, escribe la Defensoría.

Los municipios que deberían recibir especial atención son Ibagué, Espinal, Cajamarca, Roncesvalles, Saldaña, Ortega, Natagaima, Coyaima, Ataco, Planadas, Chaparral, Rioblanco, Líbano, y Lérida.