¿Cómo implementar el Acuerdo de Escazú? (Opinión)

Genérica Opinión EE

Foto: Diego Peña Pinilla

Colombia es un país megadiverso, pero desafortunadamente, también es un país que tiene muchos conflictos socioambientales relacionados con la sobre explotación de recursos mineros, de petróleo y agrícolas que pone no solo en riesgo su biodiversidad sino también a sus líderes ambientales, ya que Colombia ha sido catalogada por la ONG Global Witness como el país más inseguro para líderes ambientales en el 2021. Por lo tanto, acuerdos como el de Escazú son herramientas fundamentales, ya que este es el primer acuerdo internacional legalmente vinculante que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de la democracia ambiental mediante el fomento de la generación de información y el acceso a la misma.

La identificación de mecanismos para la implementación del acuerdo en Colombia y encontrar ejemplos de cómo han sido implementados en otros países de la región puede agilizar la protección del ambiente y de líderes sociales. A pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestre una guía de implementación del Acuerdo, es importante resaltar la falta de algunos mecanismos claros para la aplicación de los principios del mismo. Por tal razón en 2021, la doctora Sofía López-Cubillos, investigadora del Center for Biodiversity and Conservation Science de la Universidad de Queensland (Australia), y de la Fundación Manigua desde la Tierra (Colombia), lideró un estudio donde reunió a un grupo interdisciplinario de expertos, en su gran mayoría de Latinoamérica, para identificar disposiciones claves del Acuerdo que puedan ser vinculados a mecanismos concretos.

Esta publicación destaca la importancia de mecanismos basados en tecnología, recursos humanos (ej., sistema judicial, ONGs y universidades) y capital natural (recursos naturales como cuencas hidrográficas) para que el acuerdo de Escazú cumpla su función de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Uno de los pilares de Escazú es en la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. La investigación propone que para implementar este pilar se debe contar con mecanismos tecnológicos y sociales. Por ejemplo, tanto el uso de Sistemas de Información Geográfica ofrecidos por institutos colombianos como el Humboldt y en IDEAM deben ser fortalecidos, pero al mismo tiempo la radio y la televisión en zonas rurales son imprescindibles para la generación y la diseminación de información ambiental. Por ejemplo, Luis Felipe Henao Murcia, llamado el ‘Guardian de la Selva del Guaviare’, comenzó a crear una seria medio ambiental para su comunidad en el municipio de Calamar. Él lo logró primero a través de un canal televisivo rural que luego se fue extendiendo hacia redes sociales, principalmente YouTube, logrando así mismo no solo educar a muchos estudiantes de la zona, sino colectar fondos para sembrar más de 30 mil árboles. Por lo tanto, el gobierno y las ONGs deben fortalecer este tipo de multimedios para que la información llegue a zonas remotas del país.

Otro de los pilares fundamentales del acuerdo es el de acceso a la justicia y protección a los derechos de los defensores ambientales. El acuerdo de Escazú también le haría contrapeso a leyes internacionales que protege los intereses de inversionistas extranjeros. Por ejemplo, el estado colombiano ya ha sido demandado por inversionistas mineros canadienses en procesos de protección de páramos. Por lo tanto, los mecanismos que se deben poner en marcha y también fortalecer son los basados en recursos humanos, pues gracias a varias ONGs los defensores ambientales han sido capaces de buscar ayuda en el entramado legal para acceder a la justicia en la resolución de conflictos ambientales. El gobierno debe adicionalmente capacitar a jueces e incluso introducir una jurisdicción especializada en temas socio-ambientales ya que de esta manera los jueces pueden capacitarse en casos que involucren tanto derechos humanos y ambientales, con derechos de inversionistas.

Finalmente, cabe resaltar que la gran biodiversidad del país y sus recursos naturales transciende sus fronteras con países vecinos, sobre todo entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil (mapa A), siendo el jaguar un gran ejemplo de una especie transfronteriza. Así mismo, Colombia comparte grandes cuencas hidrográficas con todos sus países vecinos, en particular, la cuenca Amazónica (mapa B). Por lo tanto, lo que suceda dentro o fuera de Colombia en las cuencas puede tener repercusiones serias, como la construcción de represas, las cuales fragmentan los ríos y por ende la migración de especies a lo largo de la cuenca transfronteriza. Fortalecer los mecanismos de cooperación con países vecinos en por ende imprescindible para cuidar nuestros recursos, sobre todo los países deberían estandarizar los estudios de impacto ambientales en la región. Dar continuidad al programa trinacional que fue desarrollado por el World Wide Fund for Nature en el 2008 llamado ‘Putumayo Tres Fronteras’, el cual brindaba protección de la cuenca del río Putumayo entre Ecuador, Perú y Colombia sería un gran paso. Para que la cuenca amazónica colombiana tenga mayores esperanzas, es importante la cooperación entre el gobierno colombiano y el gobierno de Lula, en Brasil, ya que este último cuenta con la gran mayoría de la cuenca. No obstante, es importante señalar la cooperación entre formas políticas descentralizadas de los pueblos indígenas que habitan en la cuenca de ambos países y su respectiva protección. Estas poblaciones indígenas podrían trabajar en conjunto y cobijarse con el Acuerdo de Escazú en el caso de que los gobiernos centrales no cumplan con el deber de garantizar el derecho a un medio ambienta sano.

*PhD Environmental Management - University of Queensland (Brisbane, Australia)

Centre for Biodiversity and Conservation Science de la Universidad de Queensland

Fundación Manigua desde la Tierra