“No habrá igualdad en audiencia pública del Acuerdo de Escazú”: sector ambiental a la Corte

El próximo viernes 26 de abril, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Aunque Colombia lo ratificó durante 2022, el alto tribunal tiene pendiente revisar si cumple o no con la constitución para que así pueda entrar el vigor.

Está previsto que la audiencia suceda a las 8:30 a.m. en el Palacio de Justicia, en la que expertos y demás invitados tendrán cerca de 10 minutos para hacer intervenciones. Sin embargo, un comunicado emitido este 19 de abril por diversas organizaciones ambientales manifestó desacuerdo con la decisión, pues, en sus palabras, aunque fueron 73 personas naturales y jurídicas las que manifestaron su interés de hablar en la Corte, solo 23 fueron aceptadas.

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“No se refleja una representación equilibrada entre posturas”, se lee en el documento firmado por la WWF Colombia, Dejusticia, Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Movimiento Ambientalista Colombiano, Escazú Ahora Colombia, Grupo de Acciones Públicas y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Al respecto, Erika Castro, docente de la Universidad de Medellín y experta en el Acuerdo de Escazú, le dijo a El Espectador que “no a todos los llamaron a hablar y eso está bien. Con lo que hay desacuerdo es con el hecho de que no habrá igualdad en la audiencia pública. Por eso se están solicitando garantías”, contó Castro.

Por otro lado, Vanessa Torres, subdirectora de AAS y miembro de la alianza Escazú Colombia, contó que “de esas 23 intervenciones, hay 9 posturas a favor del acuerdo y el resto están en contra. Asimismo, que solamente citaron a dos ONG, pese a que son más de 20 las que presentaron conceptos”. Torres agregó que la Corte solo piensa a escuchar a una organización afro y otra indígena.

Las organizaciones también manifestaron descontento con la fecha del encuentro, pues se cruzaría con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Santiago de Chile (23 y 24 de abril), y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados (22 y 26 de abril). “Ambas estaban agendadas desde principio de año y, evidentemente, se cruzan con el espacio convocado por la Corte, que congrega al mismo público interesado”, se lee en el comunicado.

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Por ejemplo, y respecto al encuentro en Santiago de Chile, Castro explicó que habrá que dividir a las personas del Gobierno para que unas estén en Colombia y otras vayan al encuentro internacional.

Ahora, sobre la temática, participación y metodología de la audiencia, las organizaciones añadieron que “dejan por fuera otros temas fundamentales que atienden a la diversidad de posturas de sectores sociales y comunidades, entre ellos los aportes del Acuerdo de Escazú en el marco normativo nacional y los avances ya existentes a nivel regional que traerán amplios beneficios para el país”.

Castro explicó también que ese tipo de audiencias no son muy comunes en el trámite de revisión, porque “la Corte solo hace revisiones de fondo y de procedimiento, no revisa aspectos de conveniencia política, económica o social. La cuestión es que el acuerdo ha tenido muchas dificultades alrededor de su aprobación y también ahora que va hacia la ratificación. La Corte lleva más de un año haciendo el análisis y no se ha pronunciado frente a la constitucionalidad”, añadió.

Debe recordarse que, en 2022, Colombia fue el país número 14 en ratificar ese acuerdo entre los 24 que lo aprobaron. El siguiente paso para que entre en vigor, y que está pendiente desde entonces, es que la Corte Constitucional verifique que está en línea con la constitución de 1991.

Por ahora, el Magistrado encargado, Jorge Enrique Ibáñez, decidió continuar con la audiencia del 26 de abril, sin que esto quiera decir que necesariamente se toma una decisión para la implementación del acuerdo, pues las audiencias públicas van dirigidas a escuchar a involucrados, como expertos, organizaciones o sociedad civil.

Colombia ha ocupado el primer puesto con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, para 2022, según Global Witness. Por lo que varias organizaciones esperan la implementación del Acuerdo de Escazú, que pretende proteger a aquellos que defienden y previenen conflictos de este tipo.

Lea el comunicado completo aquí:

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El próximo viernes 26 de abril, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Aunque Colombia lo ratificó durante 2022, el alto tribunal tiene pendiente revisar si cumple o no con la constitución para que así pueda entrar el vigor.

Está previsto que la audiencia suceda a las 8:30 a.m. en el Palacio de Justicia, en la que expertos y demás invitados tendrán cerca de 10 minutos para hacer intervenciones. Sin embargo, un comunicado emitido este 19 de abril por diversas organizaciones ambientales manifestó desacuerdo con la decisión, pues, en sus palabras, aunque fueron 73 personas naturales y jurídicas las que manifestaron su interés de hablar en la Corte, solo 23 fueron aceptadas.

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“No se refleja una representación equilibrada entre posturas”, se lee en el documento firmado por la WWF Colombia, Dejusticia, Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Movimiento Ambientalista Colombiano, Escazú Ahora Colombia, Grupo de Acciones Públicas y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Al respecto, Erika Castro, docente de la Universidad de Medellín y experta en el Acuerdo de Escazú, le dijo a El Espectador que “no a todos los llamaron a hablar y eso está bien. Con lo que hay desacuerdo es con el hecho de que no habrá igualdad en la audiencia pública. Por eso se están solicitando garantías”, contó Castro.

Por otro lado, Vanessa Torres, subdirectora de AAS y miembro de la alianza Escazú Colombia, contó que “de esas 23 intervenciones, hay 9 posturas a favor del acuerdo y el resto están en contra. Asimismo, que solamente citaron a dos ONG, pese a que son más de 20 las que presentaron conceptos”. Torres agregó que la Corte solo piensa a escuchar a una organización afro y otra indígena.

Las organizaciones también manifestaron descontento con la fecha del encuentro, pues se cruzaría con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Santiago de Chile (23 y 24 de abril), y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados (22 y 26 de abril). “Ambas estaban agendadas desde principio de año y, evidentemente, se cruzan con el espacio convocado por la Corte, que congrega al mismo público interesado”, se lee en el comunicado.

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Por ejemplo, y respecto al encuentro en Santiago de Chile, Castro explicó que habrá que dividir a las personas del Gobierno para que unas estén en Colombia y otras vayan al encuentro internacional.

Ahora, sobre la temática, participación y metodología de la audiencia, las organizaciones añadieron que “dejan por fuera otros temas fundamentales que atienden a la diversidad de posturas de sectores sociales y comunidades, entre ellos los aportes del Acuerdo de Escazú en el marco normativo nacional y los avances ya existentes a nivel regional que traerán amplios beneficios para el país”.

Castro explicó también que ese tipo de audiencias no son muy comunes en el trámite de revisión, porque “la Corte solo hace revisiones de fondo y de procedimiento, no revisa aspectos de conveniencia política, económica o social. La cuestión es que el acuerdo ha tenido muchas dificultades alrededor de su aprobación y también ahora que va hacia la ratificación. La Corte lleva más de un año haciendo el análisis y no se ha pronunciado frente a la constitucionalidad”, añadió.

Debe recordarse que, en 2022, Colombia fue el país número 14 en ratificar ese acuerdo entre los 24 que lo aprobaron. El siguiente paso para que entre en vigor, y que está pendiente desde entonces, es que la Corte Constitucional verifique que está en línea con la constitución de 1991.

Por ahora, el Magistrado encargado, Jorge Enrique Ibáñez, decidió continuar con la audiencia del 26 de abril, sin que esto quiera decir que necesariamente se toma una decisión para la implementación del acuerdo, pues las audiencias públicas van dirigidas a escuchar a involucrados, como expertos, organizaciones o sociedad civil.

Colombia ha ocupado el primer puesto con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, para 2022, según Global Witness. Por lo que varias organizaciones esperan la implementación del Acuerdo de Escazú, que pretende proteger a aquellos que defienden y previenen conflictos de este tipo.

Lea el comunicado completo aquí:

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