Ambientalistas del Tolima en la mira de grupos ilegales

El pasado viernes 3 de junio, en Ibagué, capital del Tolima, cerca de 120 mil personas salieron a las calles para manifestar su oposición a los proyectos mineros que se están planeando en su departamento. Bajo la consigna “Carnaval por el Agua”, ocuparon cerca de veinte cuadras, mientras en Twitter se convertían en tendencia nacional. No era la primera vez que se tomaban un pedazo de la ciudad para mostrar su descontento. Tampoco era la primera vez, como sucedió después, que aparecían amenazas contra sus organizadores. El motivo esta vez era por “desinformar a la gente solo para poner tropiezo a las buenas ideologías y en los proyectos de desarrollo en el Tolima y en nuestra patria” (sic).

El párrafo hace parte de un panfleto que empezó a circular la mañana siguiente a la marcha y que ha seguido rondando esta semana a través de correos y de mensajes en celulares. Está dirigido, entre otros, a los “tales del comité ambiental, a la belleza de alcalde de Ibagué y al congreso de los pueblos”. “Nuestro grupo armado tiene pleno conocimiento de todas las intenciones (...) Se les ordena que cesen sus actividades ya”. Quienes firman son las Águilas Negras.

“Nos preocupan estos mensajes, porque estamos trabajando de manera pacífica, por medio de mecanismos democráticos. Nos están estigmatizando como opositores al desarrollo por defender un ambiente sano. Y lo peor es que nadie hace nada. Nadie dice nada. Ni a las autoridades ni a los medios les importa, así ya haya habido varias amenazas”, dice Alejandro García, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, organización que planeó la manifestación del viernes.

A lo que se refiere es que este tipo de intimidaciones se vienen presentando desde unos años y nadie sabe con certeza de dónde provienen. Las últimas, como cuenta Róbinson Mejía, del Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno (Cosajuca), fueron registradas el año pasado. En septiembre, a él y a sus compañeros les llegó un correo con un aviso similar al que ha circulado esta semana. Dos meses antes, el 29 de junio, cerca de su casa en Cajamarca, un hombre se le acercó a eso de las 10 de la mañana para advertirle que no siguiera insistiendo en sus intenciones de frenar la minería.

“Era alguien que jamás había visto por el pueblo y que jamás volví a ver. Yo puse la respectiva denuncia ante la Fiscalía, tomaron mi testimonio, pero aún no tenemos resultados de la investigación”, asegura Róbinson, quien también hace parte de la Red de Comités Ambientales del Tolima, que aglomera a organizaciones ambientales de doce municipios de ese departamento más Ibagué. Entre ellos se encuentran Palocabildo, Santa Isabel, Murillo, Líbano, Armero Guayabal, El Espinal, Rovira, Ataco, Natagaima, Fresno y Cajamarca.

En este último es donde está el proyecto La Colosa, donde se planea extraer unas 29 millones de onzas de oro para 2020 y que, justamente, ha motivado procesos de consulta popular como el de Piedras en 2013, y el que desde hace varios meses está esperando hacer Ibagué. Solo hace falta que el Tribunal Administrativo del Tolima le dé el visto bueno de constitucionalidad. Es posible, dicen fuentes cercanas al proceso, que esa duda quede resuelta antes de que termine este mes.

***

Pero más allá de esos enredos jurídicos y de la gran movilización de la semana pasada, a la que también se sumó Quindío por las solicitudes de títulos mineros que piden explotar oro sobre el Valle de Cocora, tanto Alejandro como Róbinson esperan que en esta ocasión sí les presten atención. Su preocupación no solo radica en esa seguidilla de advertencias. Les inquieta que desemboquen en hechos mucho más graves, como los que tuvieron que ver en los últimos años. El más recordado, quizá, es el de César García, habitante de Cajamarca y uno de los más férreos opositores a la minería. El Loco, como lo apodaban, fue asesinado el 2 de noviembre de 2013. Pero poco antes de su muerte también mataron a Juan Camilo Pinto, en Anaime, un corregimiento de Cajamarca. Y un año después, el 2 de octubre de 2014, como relata Róbinson, le siguió el asesinato de Daniel Humberto Sánchez, que apareció colgado pero aún hoy no se tiene certeza de si se trató de un suicidio o de un homicidio. (Las autoridades han dicho  que el caso de el Loco fue aclarado en 2015 y los responsables hoy cumplen su condena. De igual manera Anglo Gold Ashanti, dueña de La Colosa, reiterado en varias ocasiones que son respetuosos de todas las críticas y posturas frente a la minería).

“Así que con estos antecedentes lo mínimo que podemos pedir es que investiguen con más rigurosidad. Pero no pueden decir que no pasa nada. Hoy volveremos a poner la denuncia ante la Fiscalía”, replica Róbinson.

Y aunque algunos críticos han dicho que detrás del movimiento ambiental y de las amenazas mismas hay intereses políticos, Alejandro lo rechaza de un tajo: “El Comité Ambiental por la Defensa de la Vida es un movimiento donde les hemos dado cabida a personas de cualquier ideología. Tanto a personas de la izquierda como a cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Lo que nos une es que queremos para nuestro departamento una alternativa distinta al modelo minero que están proponiendo. Y cada vez hay muchos más adeptos”.

La mejor muestra de ello fue la marcha del 3 de junio. Era la octava vez que se convocaba esa misma manifestación desde 2011 y nunca, dice Alejandro, habían visto tantos participantes. Al parecer, el debate que generó la intención de hacer una consulta popular en Ibagué, avivó los ánimos de los tolimenses. Las presiones de la Procuraduría para que el Concejo de la ciudad no aprobara el proyecto de la consulta, las intervenciones de prestigiosos abogados y de funcionarios del Ministerio de Minas en contra de la iniciativa, no fueron muy bien recibidas por buena parte de la población que, además, ahora tiene una nueva motivación para resolver sus inquietudes: hace menos de dos semanas, la Corte Constitucional dejó sin efecto el artículo 37 del Código de Minas, que era la norma que prohibía a los municipios oponerse a la minería en sus territorios.

Es que, como explica Diana Carolina Sánchez, “la minería hoy encierra una problemática mucho más amplia. Incluye complejidades sociales, económicas y ambientales, en las que no se puede privar a las comunidades. Éstas deben participar en la toma de esas decisiones. Así que esta determinación de la Corte, de la que aún no conocemos el fallo, abre nuevas posibilidades para que exista un debate mucho más democrático. Es un fallo que reivindica la posibilidad de los municipios de defender su territorio”. Sánchez es la líder de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que demandó el polémico artículo.

El pasado viernes 3 de junio, en Ibagué, capital del Tolima, cerca de 120 mil personas salieron a las calles para manifestar su oposición a los proyectos mineros que se están planeando en su departamento. Bajo la consigna “Carnaval por el Agua”, ocuparon cerca de veinte cuadras, mientras en Twitter se convertían en tendencia nacional. No era la primera vez que se tomaban un pedazo de la ciudad para mostrar su descontento. Tampoco era la primera vez, como sucedió después, que aparecían amenazas contra sus organizadores. El motivo esta vez era por “desinformar a la gente solo para poner tropiezo a las buenas ideologías y en los proyectos de desarrollo en el Tolima y en nuestra patria” (sic).

El párrafo hace parte de un panfleto que empezó a circular la mañana siguiente a la marcha y que ha seguido rondando esta semana a través de correos y de mensajes en celulares. Está dirigido, entre otros, a los “tales del comité ambiental, a la belleza de alcalde de Ibagué y al congreso de los pueblos”. “Nuestro grupo armado tiene pleno conocimiento de todas las intenciones (...) Se les ordena que cesen sus actividades ya”. Quienes firman son las Águilas Negras.

“Nos preocupan estos mensajes, porque estamos trabajando de manera pacífica, por medio de mecanismos democráticos. Nos están estigmatizando como opositores al desarrollo por defender un ambiente sano. Y lo peor es que nadie hace nada. Nadie dice nada. Ni a las autoridades ni a los medios les importa, así ya haya habido varias amenazas”, dice Alejandro García, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, organización que planeó la manifestación del viernes.

A lo que se refiere es que este tipo de intimidaciones se vienen presentando desde unos años y nadie sabe con certeza de dónde provienen. Las últimas, como cuenta Róbinson Mejía, del Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno (Cosajuca), fueron registradas el año pasado. En septiembre, a él y a sus compañeros les llegó un correo con un aviso similar al que ha circulado esta semana. Dos meses antes, el 29 de junio, cerca de su casa en Cajamarca, un hombre se le acercó a eso de las 10 de la mañana para advertirle que no siguiera insistiendo en sus intenciones de frenar la minería.

“Era alguien que jamás había visto por el pueblo y que jamás volví a ver. Yo puse la respectiva denuncia ante la Fiscalía, tomaron mi testimonio, pero aún no tenemos resultados de la investigación”, asegura Róbinson, quien también hace parte de la Red de Comités Ambientales del Tolima, que aglomera a organizaciones ambientales de doce municipios de ese departamento más Ibagué. Entre ellos se encuentran Palocabildo, Santa Isabel, Murillo, Líbano, Armero Guayabal, El Espinal, Rovira, Ataco, Natagaima, Fresno y Cajamarca.

En este último es donde está el proyecto La Colosa, donde se planea extraer unas 29 millones de onzas de oro para 2020 y que, justamente, ha motivado procesos de consulta popular como el de Piedras en 2013, y el que desde hace varios meses está esperando hacer Ibagué. Solo hace falta que el Tribunal Administrativo del Tolima le dé el visto bueno de constitucionalidad. Es posible, dicen fuentes cercanas al proceso, que esa duda quede resuelta antes de que termine este mes.

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Pero más allá de esos enredos jurídicos y de la gran movilización de la semana pasada, a la que también se sumó Quindío por las solicitudes de títulos mineros que piden explotar oro sobre el Valle de Cocora, tanto Alejandro como Róbinson esperan que en esta ocasión sí les presten atención. Su preocupación no solo radica en esa seguidilla de advertencias. Les inquieta que desemboquen en hechos mucho más graves, como los que tuvieron que ver en los últimos años. El más recordado, quizá, es el de César García, habitante de Cajamarca y uno de los más férreos opositores a la minería. El Loco, como lo apodaban, fue asesinado el 2 de noviembre de 2013. Pero poco antes de su muerte también mataron a Juan Camilo Pinto, en Anaime, un corregimiento de Cajamarca. Y un año después, el 2 de octubre de 2014, como relata Róbinson, le siguió el asesinato de Daniel Humberto Sánchez, que apareció colgado pero aún hoy no se tiene certeza de si se trató de un suicidio o de un homicidio. (Las autoridades han dicho  que el caso de el Loco fue aclarado en 2015 y los responsables hoy cumplen su condena. De igual manera Anglo Gold Ashanti, dueña de La Colosa, reiterado en varias ocasiones que son respetuosos de todas las críticas y posturas frente a la minería).

“Así que con estos antecedentes lo mínimo que podemos pedir es que investiguen con más rigurosidad. Pero no pueden decir que no pasa nada. Hoy volveremos a poner la denuncia ante la Fiscalía”, replica Róbinson.

Y aunque algunos críticos han dicho que detrás del movimiento ambiental y de las amenazas mismas hay intereses políticos, Alejandro lo rechaza de un tajo: “El Comité Ambiental por la Defensa de la Vida es un movimiento donde les hemos dado cabida a personas de cualquier ideología. Tanto a personas de la izquierda como a cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Lo que nos une es que queremos para nuestro departamento una alternativa distinta al modelo minero que están proponiendo. Y cada vez hay muchos más adeptos”.

La mejor muestra de ello fue la marcha del 3 de junio. Era la octava vez que se convocaba esa misma manifestación desde 2011 y nunca, dice Alejandro, habían visto tantos participantes. Al parecer, el debate que generó la intención de hacer una consulta popular en Ibagué, avivó los ánimos de los tolimenses. Las presiones de la Procuraduría para que el Concejo de la ciudad no aprobara el proyecto de la consulta, las intervenciones de prestigiosos abogados y de funcionarios del Ministerio de Minas en contra de la iniciativa, no fueron muy bien recibidas por buena parte de la población que, además, ahora tiene una nueva motivación para resolver sus inquietudes: hace menos de dos semanas, la Corte Constitucional dejó sin efecto el artículo 37 del Código de Minas, que era la norma que prohibía a los municipios oponerse a la minería en sus territorios.

Es que, como explica Diana Carolina Sánchez, “la minería hoy encierra una problemática mucho más amplia. Incluye complejidades sociales, económicas y ambientales, en las que no se puede privar a las comunidades. Éstas deben participar en la toma de esas decisiones. Así que esta determinación de la Corte, de la que aún no conocemos el fallo, abre nuevas posibilidades para que exista un debate mucho más democrático. Es un fallo que reivindica la posibilidad de los municipios de defender su territorio”. Sánchez es la líder de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que demandó el polémico artículo.