COP26: ¿La oportunidad de Colombia para buscar cómo proteger nuestros ecosistemas?

Para un problema complejo, se necesitan soluciones complejas. Eso es lo que expertos en ambiente afirman acerca de lo que se debe hacer para cumplir con los compromisos que adquirió Colombia en el Acuerdo de París y, en general, para evitar que la temperatura se eleve más de 1,5 °C. (Lea El tímido acuerdo sobre el cambio climático que logró el G20)

Aunque Colombia no está en los primeros lugares de emisión de gases de efecto invernadero —aporta el 0,7 aproximadamente—, nuestro rol es otro: adaptación y conservación de biodiversidad y de ecosistemas que se convierten en sumideros de esos gases, es decir, que los captura para que no lleguen a la atmósfera. (Lea Cumbre COP 26: ¿a qué acuerdos se llegará para frenar el cambio climático?)

Por eso, para Andrés Etter, de la U. Javeriana y doctor en Ecología de la U. de Queensland, el cuidado de los ecosistemas debe ser una prioridad para el país y debe buscar más apoyo en la COP 26 para hacerlo. Etter y su equipo trabajaron en una reciente investigación en la que aplicaron la metodología de la Lista Roja de Ecosistemas (LRE): un protocolo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para conocer cuál es el estado de 81 de estos, de los cuales se tenía muy poca información.

“Cerca de 21 están en un estado crítico; es decir, que más del 80 % de la superficie se ha perdido y lo que queda está en mal estado. Un 30 % está en peligro. Se ha perdido del 50 al 80 % y tienen amenaza de que la actividad humana los afecte. La mitad de los ecosistemas colombianos están en un riesgo alto”, explica Etter, quien también afirma que estos datos son importantes porque, por primera vez, se tiene clara la realidad de estos territorios y se pueden planificar de mejor manera las inversiones. Él cree que Colombia debe buscar nuevos recursos de cooperación internacional en la COP26, invertirlos en su restauración y así frenar la deforestación que, según el Minambiente, genera cerca del 33 % de las emisiones del país. Pero con la pérdida de casi 220.000 hectáreas de bosques en 2017 y de 171.685 hectáreas el año pasado, el país se raja en su conservación.

La planificación del uso del suelo también es esencial para la recuperación de los ecosistemas. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, unos ocho millones tienen vocación ganadera (7 % más o menos) pero usamos 38 millones para esto —el 33 % aproximadamente—. Etter confirma que es necesario intensificar e invertir en propuestas que busquen mejorar el uso del suelo.

Para Wendy Arenas, directora de la Fundación Alisos, la búsqueda de recursos es esencial, no solo para activar propuestas innovadoras, sino también para empoderar a las comunidades que, finalmente, son las que viven día a día los estragos del cambio climático. De hecho, hace diez años, los países desarrollados se comprometieron a movilizar unos US$100.000 millones al año para el 2020, pero según datos de la OCDE, en 2019 se llegó a US$79.600 millones, cifras parecidas a las del 2018.

Pagar por cuidar

Mientras que instituciones públicas y privadas proponen soluciones con propuestas de turismo y agricultura sostenible, el reto es encontrar un balance entre el ingreso de recursos económicos y la conservación de los ecosistemas. Así lo ve Carlos Humberto González Escobar, Ph. D. en Desarrollo Sostenible e integrante del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD) de la U. de Manizales.

“Se insiste en la salida del carbón como fuente energética, para lo cual se trata de que los Estados no incluyan ningún tipo de incentivos ni financiación. En nuestro caso, la dependencia de los recursos por impuestos y regalías que nutren el presupuesto público es alta y no está claro cómo el Gobierno podría llegar a acuerdos para no realizar en el corto plazo contratos de explotación”, aseguró.

En esta versión de la COP se operacionalizará el Acuerdo de París; es decir, se revisarán los compromisos determinados por cada nación, sus metas de adaptación e inversión (lo que se conoce como NDC por sus siglas en inglés). En ese sentido, Colombia podría buscar nuevos recursos con el cuidado de bosques y sumideros. Aunque es un mecanismo que apenas se pone en marcha, ya genera resultados en otros territorios. En Gabón, pequeño país del centro de África, cerca de 2,2 millones de habitantes viven en medio de grandes bosques y este año, por primera vez en la historia, recibieron dinero por capturar más gases de efecto invernadero que los que emitieron. Les pagaron los primeros US$17 millones, de un acuerdo cercano a los US$150 millones. Según los expertos consultados, esa podría ser una opción viable para nuestro país.

El reto de los territorios

Los NCDs para Colombia se centran en 148 medidas para reducir la deforestación, lograr modelos más sostenibles de ganadería y planear el futuro del país según los posibles impactos del cambio climático.

Uno de los retos es poder traducir dichas medidas a acciones claras en los territorios, lo que, según Luis Alberto Vargas Marín, director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad) de la UManizales, todavía no es tangible: “No todos los que toman decisiones conocen del tema o tienen la capacidad de tomarlas”, comenta. Lo que también tiene que ver con los intereses de las empresas y corporaciones en temas de explotación de hidrocarburos y producción de productos básicos, con lo que constituyen poderes económicos y políticos, dice González Escobar.

“Esa capacidad económica y financiera les da poder de influencia en los Estados Nación para hacer apropiación de las formas de regulación y control, y adecuar las reglas de juego nacionales e internacionales para sus intereses. Las negociaciones y acuerdos se convierten en políticas y estrategias que no se logran implementar debido a la capacidad de influencia y poder de esas corporaciones y sus grupos inversionistas”, finaliza.

Para lograr que dichas acciones se vean reflejadas en los territorios es necesario empezar a mirar las potencialidades y no solo las posibles afectaciones. Como explica Vargas Marín, es posible que con el aumento o disminución de las lluvias haya regiones que se vean beneficiadas, mientras otras llevan la peor parte. El cambio climático y el aumento de la temperatura no afecta a todos por igual, por lo que la planificación del territorio, sin olvidar los procesos sociales y culturales, deben hacer parte de los acuerdos y compromisos que renueve Colombia.

“Colombia tiene una voluntad grande en papel, por eso es un gran negociador en las convenciones de cambio climático”, concluye Arenas y ahora, en la COP26, el reto es hacer realidad lo que dicen los documentos.

*Docente de la UManizales. Enviado especial del proyecto GROW Colombia, financiado por el Global Challenges Research Fund como parte del año UKCOL 2020 - 2021.

Para un problema complejo, se necesitan soluciones complejas. Eso es lo que expertos en ambiente afirman acerca de lo que se debe hacer para cumplir con los compromisos que adquirió Colombia en el Acuerdo de París y, en general, para evitar que la temperatura se eleve más de 1,5 °C. (Lea El tímido acuerdo sobre el cambio climático que logró el G20)

Aunque Colombia no está en los primeros lugares de emisión de gases de efecto invernadero —aporta el 0,7 aproximadamente—, nuestro rol es otro: adaptación y conservación de biodiversidad y de ecosistemas que se convierten en sumideros de esos gases, es decir, que los captura para que no lleguen a la atmósfera. (Lea Cumbre COP 26: ¿a qué acuerdos se llegará para frenar el cambio climático?)

Por eso, para Andrés Etter, de la U. Javeriana y doctor en Ecología de la U. de Queensland, el cuidado de los ecosistemas debe ser una prioridad para el país y debe buscar más apoyo en la COP 26 para hacerlo. Etter y su equipo trabajaron en una reciente investigación en la que aplicaron la metodología de la Lista Roja de Ecosistemas (LRE): un protocolo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para conocer cuál es el estado de 81 de estos, de los cuales se tenía muy poca información.

“Cerca de 21 están en un estado crítico; es decir, que más del 80 % de la superficie se ha perdido y lo que queda está en mal estado. Un 30 % está en peligro. Se ha perdido del 50 al 80 % y tienen amenaza de que la actividad humana los afecte. La mitad de los ecosistemas colombianos están en un riesgo alto”, explica Etter, quien también afirma que estos datos son importantes porque, por primera vez, se tiene clara la realidad de estos territorios y se pueden planificar de mejor manera las inversiones. Él cree que Colombia debe buscar nuevos recursos de cooperación internacional en la COP26, invertirlos en su restauración y así frenar la deforestación que, según el Minambiente, genera cerca del 33 % de las emisiones del país. Pero con la pérdida de casi 220.000 hectáreas de bosques en 2017 y de 171.685 hectáreas el año pasado, el país se raja en su conservación.

La planificación del uso del suelo también es esencial para la recuperación de los ecosistemas. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, unos ocho millones tienen vocación ganadera (7 % más o menos) pero usamos 38 millones para esto —el 33 % aproximadamente—. Etter confirma que es necesario intensificar e invertir en propuestas que busquen mejorar el uso del suelo.

Para Wendy Arenas, directora de la Fundación Alisos, la búsqueda de recursos es esencial, no solo para activar propuestas innovadoras, sino también para empoderar a las comunidades que, finalmente, son las que viven día a día los estragos del cambio climático. De hecho, hace diez años, los países desarrollados se comprometieron a movilizar unos US$100.000 millones al año para el 2020, pero según datos de la OCDE, en 2019 se llegó a US$79.600 millones, cifras parecidas a las del 2018.

Pagar por cuidar

Mientras que instituciones públicas y privadas proponen soluciones con propuestas de turismo y agricultura sostenible, el reto es encontrar un balance entre el ingreso de recursos económicos y la conservación de los ecosistemas. Así lo ve Carlos Humberto González Escobar, Ph. D. en Desarrollo Sostenible e integrante del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD) de la U. de Manizales.

“Se insiste en la salida del carbón como fuente energética, para lo cual se trata de que los Estados no incluyan ningún tipo de incentivos ni financiación. En nuestro caso, la dependencia de los recursos por impuestos y regalías que nutren el presupuesto público es alta y no está claro cómo el Gobierno podría llegar a acuerdos para no realizar en el corto plazo contratos de explotación”, aseguró.

En esta versión de la COP se operacionalizará el Acuerdo de París; es decir, se revisarán los compromisos determinados por cada nación, sus metas de adaptación e inversión (lo que se conoce como NDC por sus siglas en inglés). En ese sentido, Colombia podría buscar nuevos recursos con el cuidado de bosques y sumideros. Aunque es un mecanismo que apenas se pone en marcha, ya genera resultados en otros territorios. En Gabón, pequeño país del centro de África, cerca de 2,2 millones de habitantes viven en medio de grandes bosques y este año, por primera vez en la historia, recibieron dinero por capturar más gases de efecto invernadero que los que emitieron. Les pagaron los primeros US$17 millones, de un acuerdo cercano a los US$150 millones. Según los expertos consultados, esa podría ser una opción viable para nuestro país.

El reto de los territorios

Los NCDs para Colombia se centran en 148 medidas para reducir la deforestación, lograr modelos más sostenibles de ganadería y planear el futuro del país según los posibles impactos del cambio climático.

Uno de los retos es poder traducir dichas medidas a acciones claras en los territorios, lo que, según Luis Alberto Vargas Marín, director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad) de la UManizales, todavía no es tangible: “No todos los que toman decisiones conocen del tema o tienen la capacidad de tomarlas”, comenta. Lo que también tiene que ver con los intereses de las empresas y corporaciones en temas de explotación de hidrocarburos y producción de productos básicos, con lo que constituyen poderes económicos y políticos, dice González Escobar.

“Esa capacidad económica y financiera les da poder de influencia en los Estados Nación para hacer apropiación de las formas de regulación y control, y adecuar las reglas de juego nacionales e internacionales para sus intereses. Las negociaciones y acuerdos se convierten en políticas y estrategias que no se logran implementar debido a la capacidad de influencia y poder de esas corporaciones y sus grupos inversionistas”, finaliza.

Para lograr que dichas acciones se vean reflejadas en los territorios es necesario empezar a mirar las potencialidades y no solo las posibles afectaciones. Como explica Vargas Marín, es posible que con el aumento o disminución de las lluvias haya regiones que se vean beneficiadas, mientras otras llevan la peor parte. El cambio climático y el aumento de la temperatura no afecta a todos por igual, por lo que la planificación del territorio, sin olvidar los procesos sociales y culturales, deben hacer parte de los acuerdos y compromisos que renueve Colombia.

“Colombia tiene una voluntad grande en papel, por eso es un gran negociador en las convenciones de cambio climático”, concluye Arenas y ahora, en la COP26, el reto es hacer realidad lo que dicen los documentos.

*Docente de la UManizales. Enviado especial del proyecto GROW Colombia, financiado por el Global Challenges Research Fund como parte del año UKCOL 2020 - 2021.