El viacrucis de los pequeños mineros en Boyacá

Desde que tenía ocho años, Luis Gerardo Tapias llega a su casa con cenizas de carbón en la nariz. Toda su vida ha girado alrededor de las picas, las linternas y las carretillas, pues en su familia la minería se lleva en la sangre. Tanto su padre como su abuelo trabajaron por años en las minas de carbón que hay en el departamento de Boyacá, pero Luis, a diferencia de sus ancestros, no quiere que la cuarta generación de los Tapias trabaje bajo tierra.

“Dios dice que uno no debe ser esclavo de su trabajo, pero este trabajo sí lo es”, cuenta Tapias, quien a sus 36 años se ve viejo, a pesar de ser tan joven.

Estos pequeños mineros colombianos, que han hecho del carbón, el oro u otros minerales su forma de sustento, hacen parte de un sector importante de la economía nacional. De las 14.357 unidades de producción minera identificadas por el Ministerio de Minas y Energía, el 72% corresponde a minería de pequeña escala. Sin embargo, este renglón de la economía ha recibido poco apoyo gubernamental y se mantiene en condiciones de inseguridad e informalidad.

Lo cierto es que, más allá de las dificultades, en toda la región de Boyacá, un departamento que recoge cerca del 53% de los títulos mineros en el país, según el Ministerio de Minas, se advierte un malestar general por la presencia de los llamados intermediarios, personas que median entre el minero y el gran comprador, y con quienes se están disputando parte del negocio. Este malestar no es nuevo pues, históricamente, la intermediación ha sido un elemento clave en el atraso y el estancamiento de la industria carbonífera en el país, según la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

De acuerdo con algunos de los mineros, los intermediarios en Boyacá pagan a los pequeños mineros $65.000 por tonelada puesta en Sogamoso, a lo cual deben restarse $15.000 de transporte, precio que puede variar dependiendo de la ubicación de la mina. “El hecho de que los pequeños mineros deban comercializar su carbón a través de intermediarios les impide tener unas condiciones de mercado favorables, pues el precio lo determina el intermediario y termina por poner una barrera en la legalización de su labor”, cuenta César Palacios, ingeniero de minas y miembro del proyecto Somos Tesoro, consorcio entre ARM, PACT, Fondo Acción y Fundación Mi Sangre, que trabaja en pro de la formalización de la pequeña minería.

Bajo este modelo, que se mantuvo por décadas, se creó un círculo vicioso en el que el perjudicado es el minero. “Un intermediario es cualquier persona que tenga plata”, explica Luis Ortiz mientras corta leña para reforzar la boca de su mina. Minero del municipio de Tópaga desde los ocho años, Ortiz ha trabajado toda su vida como empleado y hace poco empezó el proceso de legalización y formalización de su unidad minera. Pero, como todos los mineros en la zona, ha tenido dificultades, pues la marcada desventaja económica que tiene frente a los intermediarios no le ha permitido avanzar con el proceso de formalización. “Ellos pueden comprar las toneladas a varios mineros y así vendérselas a las empresas, mientras a nosotros nos toca cavar, explorar y pagar seguridad social con lo poquito que nos queda”, dice.

Al no producir cantidades representativas que interesen a los grandes compradores, el pequeño minero debe someterse a las condiciones que los intermediarios les imponen, obteniendo un margen de ganancia mínimo que apenas alcanza para pagar los sueldos de los trabajadores y no les permite invertir en sus operaciones para legalizarse, formalizarse o mejorar su mina.

Esta situación fue suficiente para que Luis Gerardo Tapias, como muchos otros mineros de la región, vieran la posibilidad de prescindir de los intermediarios. Mediante la formalización, y apoyados por ARM y el Proyecto Somos Tesoro, las pequeñas unidades mineras se fueron profesionalizando, incluyendo elementos de seguridad industrial y cumpliendo con los requerimientos mínimos para operar de manera legal y segura.

Los líos con Gensa

Pero fue en el año 2014 cuando finalmente varios de los mineros pudieron percibir el valor que les correspondía por cada tonelada de carbón. Conocedora de las desiguales relaciones entre mineros e intermediarios, la termoeléctrica Gensa decidió involucrar a los pequeños mineros en la operación, un programa que fue reconocido por Fenalcarbón por el impacto positivo que tuvo en la promoción de una minería responsable. La compañía llevó a cabo una convocatoria dirigida a pequeños mineros en la que al final se recibieron 300 propuestas, de las cuales 136 cumplieron con los requerimientos de la empresa y ayudarían a cubrir la demanda de carbón de la termoeléctrica hasta 2018.

Para ganar el contrato, los mineros debían cumplir con ciertas condiciones: ser titulares mineros, estar debidamente inscritos en el Registro Nacional Minero, estar en el listado oficial de títulos con licenciamiento en fase de explotación y contar con una licencia ambiental expedida por la autoridad competente. “El día de la adjudicación lloramos de alegría con mis hermanos”, recuerda Luis Gerardo. Su mina, ubicada en la vereda Sataba, entre Gámeza y Monguí, cumplía con todo lo que pedía la empresa y por fin iba a recibir la cantidad de dinero que le correspondía.

Sin embargo, este no fue el caso de Luis Ortiz, quien no logró la adjudicación del contrato con la termoeléctrica por varias razones, entre ellas la de los permisos. Sin embargo, curiosamente, Luis agradece hoy no haberlo ganado, pues tiempo después se conocieron casos de mineros que no estaban recibiendo un solo peso por el carbón vendido a Gensa.

Meses después de haber firmado los contratos empezó la fricción entre algunos de los mineros y Gensa. En una de las cláusulas del contrato, la termoeléctrica estableció la calidad que esperaba del producto a recibir. Además, se acuerda que la compañía podía rechazar el carbón que no cumpliera con las especificaciones dadas. Sin embargo, el último apartado fue el que encendió las alarmas, pues en el caso en el que el carbón no cumpliese con las calidad, el minero no recibiría un solo peso por su cargamento. Adicionalmente, el contrato establece que con su firma el minero acepta estas condiciones y renuncia a cualquier derecho de reclamación a Gensa.

Estas cláusulas, sumadas a un cambio reciente en la manera en la que la termoeléctrica analiza y evalúa el carbón que llega a sus patios dio paso a una situación complicada para algunos mineros. “Yo tengo un carbón de todo mi personal decomisado en Gensa”, explica Tapias, y cuenta que este no es el único cargamento que la termoeléctrica le tiene retenido. “Son $40 millones que no me pagaron y que tampoco pude vender”, dice.

En diálogo con El Espectador, Gensa se pronunció al respecto. A la pregunta de por qué no les era devuelto el cargamento, afirmó que “para aquellas (muestras) que no cumplen los estándares de calidad, el contrato contempla como penalización la no cancelación del material, y dado que el combustible ya se mezcló y se consumió no es posible su devolución”. Esto, según Gensa, tiene un fin conciliador, para que en un futuro no existan malas prácticas en la extracción del carbón. El único problema es que los mineros pierden así la inversión y quedan en deficit con la mina y sus empleados.

Son estas situaciónes, explica José Julián Gutiérrez, minero desde los ocho años en Sogamoso, las que lo han alejado de contratar directamente con las empresas. “A uno con eso de las exigencias le da mucho miedo que le decomisen la carga”, dice. Para José, es preferible venderle al intermediario, con la garantía de ganar menos, a venderle a la empresa con el miedo de no ganar nada. “Eso no es negocio”.

Y es que estas penalizaciones, como las llama Gensa, para mineros como José o Luis Gerardo son un duro golpe para la economía de sus minas, pues, tras unos cuantos meses, esta situación amenaza seriamente la continuidad de su actividad. Para Gensa, el problema de estos mineros es aislado, pues, según sus registros, son sólo ocho los que no han cumplido con los estándares de calidad. Sin embargo, según ARM y Somos Tesoro, se trata de una veintena de mineros que, en conjunto, han entregado y perdido significativos toneladas de carbón en un período de tres a cuatro meses.

“Desde que me pasó lo del cargamento ya no les mando tanta cantidad”, explica Luis Gerardo, que deja entrever el problema que se puede generar a futuro. “Yo sigo vendiéndole a Gensa porque me toca, o sino me hacen efectivas las pólizas de cumplimiento” con las que los sancionan económicamente, según Tapias.

Para César Palacios, de Somos Tesoro, la situación es preocupante, pues con este tipo de medidas se está logrando “desmotivar a los pequeños mineros y que éstos desistan de contratar directamente con las empresas”. "El trabajo que venía haciendo Gensa con los mineros era muy bueno, sería una lástima que por estos inconvenientes se dañara todo el progreso que se ha dado", dice. Esto desembocaría en varias situaciones negativas, según Palacios, como que a los mineros no les interese formalizarse porque no tienen ningún incentivo y retomen de nuevo el modelo de los intermediarios. Algo que significaría un retroceso en la lucha contra la minería informal e ilegal en el país.

Desde que tenía ocho años, Luis Gerardo Tapias llega a su casa con cenizas de carbón en la nariz. Toda su vida ha girado alrededor de las picas, las linternas y las carretillas, pues en su familia la minería se lleva en la sangre. Tanto su padre como su abuelo trabajaron por años en las minas de carbón que hay en el departamento de Boyacá, pero Luis, a diferencia de sus ancestros, no quiere que la cuarta generación de los Tapias trabaje bajo tierra.

“Dios dice que uno no debe ser esclavo de su trabajo, pero este trabajo sí lo es”, cuenta Tapias, quien a sus 36 años se ve viejo, a pesar de ser tan joven.

Estos pequeños mineros colombianos, que han hecho del carbón, el oro u otros minerales su forma de sustento, hacen parte de un sector importante de la economía nacional. De las 14.357 unidades de producción minera identificadas por el Ministerio de Minas y Energía, el 72% corresponde a minería de pequeña escala. Sin embargo, este renglón de la economía ha recibido poco apoyo gubernamental y se mantiene en condiciones de inseguridad e informalidad.

Lo cierto es que, más allá de las dificultades, en toda la región de Boyacá, un departamento que recoge cerca del 53% de los títulos mineros en el país, según el Ministerio de Minas, se advierte un malestar general por la presencia de los llamados intermediarios, personas que median entre el minero y el gran comprador, y con quienes se están disputando parte del negocio. Este malestar no es nuevo pues, históricamente, la intermediación ha sido un elemento clave en el atraso y el estancamiento de la industria carbonífera en el país, según la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

De acuerdo con algunos de los mineros, los intermediarios en Boyacá pagan a los pequeños mineros $65.000 por tonelada puesta en Sogamoso, a lo cual deben restarse $15.000 de transporte, precio que puede variar dependiendo de la ubicación de la mina. “El hecho de que los pequeños mineros deban comercializar su carbón a través de intermediarios les impide tener unas condiciones de mercado favorables, pues el precio lo determina el intermediario y termina por poner una barrera en la legalización de su labor”, cuenta César Palacios, ingeniero de minas y miembro del proyecto Somos Tesoro, consorcio entre ARM, PACT, Fondo Acción y Fundación Mi Sangre, que trabaja en pro de la formalización de la pequeña minería.

Bajo este modelo, que se mantuvo por décadas, se creó un círculo vicioso en el que el perjudicado es el minero. “Un intermediario es cualquier persona que tenga plata”, explica Luis Ortiz mientras corta leña para reforzar la boca de su mina. Minero del municipio de Tópaga desde los ocho años, Ortiz ha trabajado toda su vida como empleado y hace poco empezó el proceso de legalización y formalización de su unidad minera. Pero, como todos los mineros en la zona, ha tenido dificultades, pues la marcada desventaja económica que tiene frente a los intermediarios no le ha permitido avanzar con el proceso de formalización. “Ellos pueden comprar las toneladas a varios mineros y así vendérselas a las empresas, mientras a nosotros nos toca cavar, explorar y pagar seguridad social con lo poquito que nos queda”, dice.

Al no producir cantidades representativas que interesen a los grandes compradores, el pequeño minero debe someterse a las condiciones que los intermediarios les imponen, obteniendo un margen de ganancia mínimo que apenas alcanza para pagar los sueldos de los trabajadores y no les permite invertir en sus operaciones para legalizarse, formalizarse o mejorar su mina.

Esta situación fue suficiente para que Luis Gerardo Tapias, como muchos otros mineros de la región, vieran la posibilidad de prescindir de los intermediarios. Mediante la formalización, y apoyados por ARM y el Proyecto Somos Tesoro, las pequeñas unidades mineras se fueron profesionalizando, incluyendo elementos de seguridad industrial y cumpliendo con los requerimientos mínimos para operar de manera legal y segura.

Los líos con Gensa

Pero fue en el año 2014 cuando finalmente varios de los mineros pudieron percibir el valor que les correspondía por cada tonelada de carbón. Conocedora de las desiguales relaciones entre mineros e intermediarios, la termoeléctrica Gensa decidió involucrar a los pequeños mineros en la operación, un programa que fue reconocido por Fenalcarbón por el impacto positivo que tuvo en la promoción de una minería responsable. La compañía llevó a cabo una convocatoria dirigida a pequeños mineros en la que al final se recibieron 300 propuestas, de las cuales 136 cumplieron con los requerimientos de la empresa y ayudarían a cubrir la demanda de carbón de la termoeléctrica hasta 2018.

Para ganar el contrato, los mineros debían cumplir con ciertas condiciones: ser titulares mineros, estar debidamente inscritos en el Registro Nacional Minero, estar en el listado oficial de títulos con licenciamiento en fase de explotación y contar con una licencia ambiental expedida por la autoridad competente. “El día de la adjudicación lloramos de alegría con mis hermanos”, recuerda Luis Gerardo. Su mina, ubicada en la vereda Sataba, entre Gámeza y Monguí, cumplía con todo lo que pedía la empresa y por fin iba a recibir la cantidad de dinero que le correspondía.

Sin embargo, este no fue el caso de Luis Ortiz, quien no logró la adjudicación del contrato con la termoeléctrica por varias razones, entre ellas la de los permisos. Sin embargo, curiosamente, Luis agradece hoy no haberlo ganado, pues tiempo después se conocieron casos de mineros que no estaban recibiendo un solo peso por el carbón vendido a Gensa.

Meses después de haber firmado los contratos empezó la fricción entre algunos de los mineros y Gensa. En una de las cláusulas del contrato, la termoeléctrica estableció la calidad que esperaba del producto a recibir. Además, se acuerda que la compañía podía rechazar el carbón que no cumpliera con las especificaciones dadas. Sin embargo, el último apartado fue el que encendió las alarmas, pues en el caso en el que el carbón no cumpliese con las calidad, el minero no recibiría un solo peso por su cargamento. Adicionalmente, el contrato establece que con su firma el minero acepta estas condiciones y renuncia a cualquier derecho de reclamación a Gensa.

Estas cláusulas, sumadas a un cambio reciente en la manera en la que la termoeléctrica analiza y evalúa el carbón que llega a sus patios dio paso a una situación complicada para algunos mineros. “Yo tengo un carbón de todo mi personal decomisado en Gensa”, explica Tapias, y cuenta que este no es el único cargamento que la termoeléctrica le tiene retenido. “Son $40 millones que no me pagaron y que tampoco pude vender”, dice.

En diálogo con El Espectador, Gensa se pronunció al respecto. A la pregunta de por qué no les era devuelto el cargamento, afirmó que “para aquellas (muestras) que no cumplen los estándares de calidad, el contrato contempla como penalización la no cancelación del material, y dado que el combustible ya se mezcló y se consumió no es posible su devolución”. Esto, según Gensa, tiene un fin conciliador, para que en un futuro no existan malas prácticas en la extracción del carbón. El único problema es que los mineros pierden así la inversión y quedan en deficit con la mina y sus empleados.

Son estas situaciónes, explica José Julián Gutiérrez, minero desde los ocho años en Sogamoso, las que lo han alejado de contratar directamente con las empresas. “A uno con eso de las exigencias le da mucho miedo que le decomisen la carga”, dice. Para José, es preferible venderle al intermediario, con la garantía de ganar menos, a venderle a la empresa con el miedo de no ganar nada. “Eso no es negocio”.

Y es que estas penalizaciones, como las llama Gensa, para mineros como José o Luis Gerardo son un duro golpe para la economía de sus minas, pues, tras unos cuantos meses, esta situación amenaza seriamente la continuidad de su actividad. Para Gensa, el problema de estos mineros es aislado, pues, según sus registros, son sólo ocho los que no han cumplido con los estándares de calidad. Sin embargo, según ARM y Somos Tesoro, se trata de una veintena de mineros que, en conjunto, han entregado y perdido significativos toneladas de carbón en un período de tres a cuatro meses.

“Desde que me pasó lo del cargamento ya no les mando tanta cantidad”, explica Luis Gerardo, que deja entrever el problema que se puede generar a futuro. “Yo sigo vendiéndole a Gensa porque me toca, o sino me hacen efectivas las pólizas de cumplimiento” con las que los sancionan económicamente, según Tapias.

Para César Palacios, de Somos Tesoro, la situación es preocupante, pues con este tipo de medidas se está logrando “desmotivar a los pequeños mineros y que éstos desistan de contratar directamente con las empresas”. "El trabajo que venía haciendo Gensa con los mineros era muy bueno, sería una lástima que por estos inconvenientes se dañara todo el progreso que se ha dado", dice. Esto desembocaría en varias situaciones negativas, según Palacios, como que a los mineros no les interese formalizarse porque no tienen ningún incentivo y retomen de nuevo el modelo de los intermediarios. Algo que significaría un retroceso en la lucha contra la minería informal e ilegal en el país.