Las necesidades del campo que desconocimos

Las mujeres rurales dedican 10 horas más que las mujeres urbanas al trabajo no remunerado, según la FAO. / Gustavo Torrijos

De sombrero y en mula entraba el profesor Yarumo a los rinconcitos del país. “¿Usted le hace caso a la técnica o es un caficultor tradicional?”, les preguntaba a los campesinos. Su programa se transmitía la tarde de los lunes por la televisión colombiana. Eran sus aventuras y eran los años ochenta, cuando a la Federación Nacional de Cafeteros se le ocurrió inventarse este personaje para dar asesoría técnica en el campo.

Esos conocimientos tenían una función específica: hacer que el campesino mejorara sus cultivos, vendiera más, para así recibir un ingreso mayor que llenara sus bolsillos. Ese fin era apenas lógico: el índice de pobreza en el campo es casi tres veces mayor al urbano, según el Censo Nacional Agropecuario. La finalidad ha sido, desde siempre, la generación de ingresos.

Sin embargo, las enseñanzas de Yarumo se quedaron cortas. No todos los campesinos tienen vocación agrícola. Esa cuestión impulsó nuevos interrogantes para las políticas públicas del país. Primero hay que saber qué quiere la gente para ayudar a satisfacer sus necesidades. Para ello, hace cuatro año se hizo un diagnóstico sobre la población rural. Este análisis, llamado Misión para la Transformación del Campo, arrojó una verdad reveladora.

La ruralidad es más amplia de lo que se creía. Así lo reconoce el actual viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos. “La línea de trabajo más importante en la ruralidad es la construcción asociada a la vivienda. En la ruralidad, a la gente le interesan emprendimientos en materia de turismo, en negocios verdes, le interesa ir hasta el centro de población por un salón de belleza, una panadería. Hay gente que vive en las ciudades y trabaja allí también”, sostuvo el economista de la Universidad de los Andes.

Tal realidad dio a luz la política de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, una apuesta que reúne antiguas ideas, el análisis de la misión citada, la asistencia de la cooperación internacional y la fuerza del punto uno del Acuerdo de Paz. Este documento, a cargo del Ministerio de Agricultura, es un coctel de vías terciarias, distritos de riego, salud, educación, electricidad, agua y saneamiento básico.

Su urgencia está plasmada en las cifras. En el campo, la pobreza monetaria, aquella que es medida solo por ingresos para la canasta básica, es de 38 %, mientras en las zonas urbanas rodea el 24 %. La pobreza multidimensional, que abarca desde ingresos hasta temas de calidad de vida como acceso a educación, saneamiento básico y otros servicios públicos, la brecha entre el campo y la ciudad, supera los 15 puntos porcentuales.

En palabras de Pérez, esto significa que “solo por vivir fuera de las urbes se tiene una mayor probabilidad de estar en condiciones de pobreza o ni siquiera tener un mínimo nivel de servicios públicos sociales que garanticen una plena calidad de vida”. Pero el costo para remediarlo, han asegurado los expertos, es de unos $13 billones anuales, es decir 1,2 % del PIB, de 2015 a 2030.

Una amplia política

Más de una década lleva la Unión Europea sumergida en los territorios del país. Francisco García, jefe de cooperación de esta delegación, da testimonio de que el desarrollo rural es parte del secreto para reducir la pobreza. Esa idea llevó a que hace un par de años invirtieran dentro del presupuesto nacional, que se mezcla luego con los impuestos y el resto de dinero, un total de 60 millones de euros, más de un cuarto de billón de pesos. Los han ido desembolsando con los años, poniéndoles lupa a los indicadores de esta política, con el fin de fortalecer el desarrollo del campo.

Esto funciona de la siguiente manera: la política de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial tiene cuatro pilares. El primero de ellos se concentra en el mayor problema de Colombia: el catastro. Su importancia radica en que, como lo explica el viceministro, de ahí parte “la información primaria para cualquier decisión en materia de tierras, de formalización, de acceso, de restitución de tierras”.

A partir del catastro, no solo se garantiza la seguridad jurídica de un terreno, sino que se cuenta con información para el ordenamiento del territorio y el uso del suelo. Ambos factores son claves para, a final de cuentas, identificar la vocación de un predio, las intervenciones que requiere y las inversiones convenientes para que florezca.

El segundo pilar es la provisión de bienes y servicios públicos, dividido por el Minagricultura en dos dimensiones: sectorial y no sectorial. Las primeras hacen referencia a la adecuación de tierras, los sistemas de riego para procurar una mejor productividad de los cultivos existentes. En los otros clasifican temas como la educación, la electricidad, el agua y el saneamiento básico.

El tercer pilar apunta a las condiciones para la formalización de las actividades productivas. Se trata de “disminuir la brecha entre la capacidad de generar ingresos o empleo para alguien que vive en una ciudad frente alguien que vive en el campo. Esto se traduce en programas de fomento como tenemos hoy en día, que permiten acercar al productor con el consumidor final en esquemas de agricultura por contrato, disminuyendo el margen de intermediación y generando mayores beneficios para el productor, además de fortalecer los sistemas de seguridad social”, explicó Pérez.

La cuarta y última está relacionada con la focalización de esta política. En palabras simples, se trata de saber quiénes son los habitantes de la ruralidad nacional, conocer sus necesidades, tener en cuenta el número de mujeres que pertenecen a él, los niños, la población en tercera edad. Para ello, asegura el funcionario, “se necesitan instrumentos de medición y la mejor información disponible. Una de nuestras apuestas es la cédula rural para identificar sus habitantes y tomar las mejores decisiones de política posible”.

Grandes expectativas

Las mujeres rurales ocupan un papel principal dentro de este documento de política pública. Se debe a que algunos de sus objetivos específicos buscan que esta población lleve a cabo proyectos productivos, reciba créditos para financiar sus ideas o formalice sus títulos de tierra. Si llegan a conseguirse estos propósitos, asegura García, la Unión Europea otorgará un millón extra con la idea de empoderar a las mujeres en el campo.

La forma como se verán reflejados los frutos, al menos para su financiador principal, es a través de indicadores. La formalización de tierras, el número de proyectos productivos, la cifra de cuántas familias se benefician con crédito rural, cuántas han firmado contratos para facilitar sus ventas sin intermediarios. Esos resultados son, en últimas, lo único que recibe la cooperación.

El Ministerio, por otro lado, vislumbra un mayor alcance. Tanto así que se “pretende actualizar el 60 % de catastro del país. Hoy en día el nivel de actualizaciones del 5 %”, afirma el viceministro, quien sueña con que la ruralidad en el país cuente con las mismas oportunidades que las ciudades que tenemos. ¿Con qué objetivo? Para que no se sientan quedados en comparación con el resto de colombianos, una apuesta ambiciosa que él resume como “la obligación de ponerse metas en la vida”.