Licencias ambientales aún no convencen

Según el nuevo decreto, se podrían hacer intervenciones en páramos y humedales. / Archivo - El Espectador

Expertos en derecho y políticas ambientales coinciden en una cosa: el nuevo decreto que pretende modificar el procedimiento de solicitud de licencias ambientales en Colombia, el cual fue firmado este martes por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, tiene varios puntos que suponen un retroceso en el cuidado del medio ambiente del país. Entre ellos, dicen, algunos artículos que van en contravía de la legislación y de las políticas que se han trazado para cuidar ciertos ecosistemas vitales para las poblaciones, como los páramos y los humedales.

La controversia revive un par de semanas después de que Vallejo lograra templar la polémica sobre las licencias exprés al asegurar que los tiempos para otorgar una licencia ambiental no serían modificados. Sin embargo, la expedición del nuevo documento ha generado incertidumbre en varios especialistas como Rodrigo Negrete, Héctor Herrera y César Rodríguez Garavito.

Quizás uno de los aspectos que causan más incomodidad es el artículo diez. “Cuando los proyectos (...) pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de importancia internacional Ramsar, páramos o manglares, la autoridad ambiental deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas”, se lee en el documento.

Eso, palabras más palabras menos, “quiere decir, con su redacción ambigua, que el Gobierno está autorizando la intervención y la explotación en esos ecosistemas. Y la decisión va en contra del Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se prohibía la minería en páramos”, asegura Héctor Herrera, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia.

Con él concuerda Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad y exsecretaria de Medio Ambiente de Bogotá: “Este artículo es un desacato del PND, que blindaba estos lugares. Es un ataque frontal a las ciudades del país que dependen de los páramos para abastecerse de agua. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno? ¿Por qué la contradicción?”. “Es un grave mensaje de lo que pueden estar previendo para la próxima ley del PND 2014-2018”, asegura Rodrigo Negrete, consultor legal ambiental y miembro del Grupo de Estudios sobre Extractivismo (GESE).

Además de este polémico punto hay otros dos que a los ojos de los expertos resultan inquietantes. El primero es el concerniente al procedimiento oral que se realizaría con el propósito de disminuir los tiempos de la evaluación ambiental de los proyectos. El segundo corresponde a las dudas sobre las licencias ambientales que se otorgarán para realizar actividades de fracturación hidráulica o fracking.

“El sistema de oralidad que se prevé en el artículo 25 no garantiza que se cuente con la información adecuada y suficiente para tomar decisiones frente a actividades que van a ocasionar daño ambiental y social, con lo que no se cumple con el deber de protección en cabeza del Estado”, explica Negrete. “La oralidad en sí no es mala. Pero el gran inconveniente es que esas reuniones entre la autoridad ambiental y el solicitante corren el riesgo de volverse cada vez más privadas, cuando deberían ser procedimientos públicos. La pregunta es: ¿cuál será la relación entre esa ‘oralidad’ y los estudios técnicos que deben realizarse?”, complementa Carlos Lozano, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

En ese mismo artículo del decreto en cuestión, se menciona lo que el ministro Gabriel Vallejo había anunciado como una gran transformación en varias ruedas de prensa: las visitas obligatorias de la autoridad a los proyectos durante la etapa de evaluación ambiental. “Pero quedó convertida en una visita opcional”, dice Negrete. “En muchos casos los técnicos encargados de emitir conceptos sobre si se autoriza o no un proyecto, ni siquiera conocerán el área donde se desarrollará”.

En lo referente al fracking, de acuerdo con Lozano, inquieta que para llevar a cabo la polémica técnica de fracturación sólo se requiera de una modificación de la licencia ambiental, “cuando valdría la pena exigir un nuevo proceso de licenciamiento al ser éste un tema tan sensible”.

Entre las bondades que el Gobierno le atribuye al decreto cuestionado, como le dijo a El Espectador esta semana Gabriel Vallejo, figuran la de haber mantenido por noventa días el término para la expedición de licencias ambientales, el haber reforzado las exigencias técnicas a los solicitantes, haber puesto freno a la dilación en la entrega de documentos que sustenten la petición de dichas licencias y, curiosamente, la instauración de la fase oral. De hecho el Ministerio hará un foro el 1 de noviembre con presencia de cuatro expertos internacionales en temas como ‘fracking’, quienes expondrán las ventajas y desventajas de esa técnica.

Sin embargo, para el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, hay otro punto que resulta controversial en el documento que ayer fue publicado por el Ejecutivo: “aún siguen siendo licencias exprés. Noventa días sigue siendo un plazo absurdo para analizar proyectos complejos como las hidroeléctricas o minas como La Colosa. Además hay otro hecho que vale la pena destacar: que no se haya establecido licencia ambiental para la exploración sísmica en hidrocarburos”.

“El tema de las licencias lo quieren hacer ver como obstáculo para el avance de proyectos, pero esa urgencia y facilitar los trámites no es conveniente para el país”, asevera Tatiana Roa, directora de la organización Censat Agua Viva.
Todas estas nuevas incertidumbres que se han creado a raíz del reciente decreto engloban algo mucho más complejo y más profundo, que contradice los compromisos del presidente Santos en escenarios internacionales frente a las políticas internacionales de conservación y cambio climático.

En suma, como explica el abogado César Rodríguez Garavito, experto en políticas ambientales y miembro fundador de De Justicia, “este decreto va en completa contravía de lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al que aspira entrar Colombia. La OCDE le dijo a Colombia que debería avanzar en la imposición de licencias ambientales para exploración, tema que fue desechado a pesar de que había sido propuesto por la ministra anterior. Además recomendó fortalecer la capacidad institucional de todas las organizaciones y esto no ha pasado. Están intentando meterle el acelerador a un vehículo muy precario”.

Por estas razones, y por el hecho de que esta decisión va en contra de “los principios previstos en la Constitución Política, como la protección del ambiente y la participación ciudadana”, como asegura Negrete, es que él y otras personas están preparando una demanda de nulidad constitucional contra el decreto, que será presentada en los próximos días.

El ministro de Ambiente Gabriel Vallejo responde a las críticas

Tras conocer las críticas de los expertos en derecho ambiental al decreto 2041, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo se refirió al tema y expuso sus argumentos.

 

Crítica 1: “El artículo 10 permitirá el ingreso de actividades extractivas a páramos y humedales”

“En el tema de páramos la norma se dejó exactamente igual a como está en el decreto 2820. Entonces afirmar que el en nuevo decreto se da vía libre para tener actividades mineras en los páramos es salido de todo contexto”.

¿Pero si el decreto anterior presenta esta misma ambigüedad, por qué en esta modificación no se consideró dejar clara la protección de páramos y humedales?

“Porque este es un decreto que regula el procedimiento para el licenciamiento pero no entra a definir qué se puede hacer y en dónde. El Plan Nacional de Desarrollo establece que no se pueden hacer actividades extractivas en páramos, manglares y arrecifes coralinos y esa ley está por encima del decreto. Si este artículo hasta hoy no ha generado controversia, no entiendo por qué insisten en que dejarlo igual es desproteger”.

Crítica 2: “El decreto va en contravía de las recomendaciones de la OCDE”

“Estuve reunido con la OCDE hace tres semanas y este planteamiento es coherente con lo que dice el organismo. La OCDE pidió hacer un ajuste institucional y normativo y estamos haciendo las dos cosas al tiempo. Iniciamos, hace dos semanas, un proceso de reingeniería con la ANLA, conseguimos $7. 500 millones adicionales, que serán ejecutados el próximo año y vamos a tener por primera vez casi $13.500 millones para su fortalecimiento. En dos meses la ANLA va a tener la estructura que tenga que tener. Queremos ir ajustando el decreto y organizando las instituciones al tiempo porque se nos va yendo el tiempo y los problemas en licenciamiento continúan”.

Critica 3. “El ministro prometió visitas obligatorias de las autoridades ambientales a los proyectos en evaluación, pero en el decreto aparecen como opcionales”

“Las visitas sí van a ser obligatorias (algo que jamás había contemplado este protocolo) y las Corporaciones Autónomas van a jugar un papel muy importante en campo. Las críticas van a que en el artículo dice que es visitas se realizarán “de acuerdo con la naturaleza del proyecto”, pero es que tienen que entender que no solo las actividades extractivas requieren licencias y que, por ejemplo, para la importación de pesticidas no se necesita una visita de campo. Si lee la lista completa de posibles proyectos, usted se va a dar cuenta que no todos requieren visita, pero eso no quiere decir que esta sea opcional”.

Crítica 4. “Para hacer ‘fracking’ solo se pedirá una modificación de la licencia ambiental de la petrolera interesada, en lugar de iniciarse un nuevo trámite de licenciamiento”

“Con el ‘fracking’ los tiempos que estamos planteando y la metodología de evaluación es igual de rigurosa a la extracción de una nueva licencia. A las compañías petroleras no se les va a pedir que saquen una nueva porque muchas de las actividades y obras que requieren para el fracking ya estuvieron contempladas con la licencia de extracción de hidrocarburos convencionales (como construcción de vías, de plataformas, perforación, instalación de campamentos) todas esas actividades son compartidas. La diferencia está en que la extracción de no convencionales requiere una logística más amplia y por eso pediremos modificación de la licencia, pero esta modificación es igual de estricta y rigurosa”.