Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al director de la CAR de Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al Director (e) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González. Según un comunicado de la institución, la decisión se tomó por las "irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-".

Tras una audiencia verbal, el Ministerio Público señaló que "el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la alcaldía del municipio, por más de $35 mil millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado".

El proyecto, relacionado con la limpieza del río Bogotá, no contaba con suficientes estudios y los diseños no estaban actualizados lo que según la Procuraduría provocó retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones.

Para la Procuraduría esa situación "violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad". Las malas decisiones de la CAR Cundinamarca provocaron un retraso de tres años en las obras. 

La Procuraduría calificó la conducta de Franco González como "una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima".

Franco Gonzales apeló el fallo de primera instancia.

Como lo señaló la periodista María Paula Rubiano en un reportaje sobre los conflictos alrededor de la construcción de esta planta de tratamiento, "para entender qué está pasando hay que regresar catorce años, cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a 76 entidades del nivel nacional, regional y local descontaminar el río Bogotá". Según ese histórico fallo, los 45 municipios de la cuenca del río debían construir plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para que sus aguas no siguieran matando al principal afluente de la Sabana. (Lea: PTAR 2 de Chía: una bomba a punto de estallar). 

En el caso de la PTAR II de Chía se llegó a la conclusión de que el lugar ideal sería el sector Las Juntas, en la vereda La Balsa a pesar de que estudios que datan de 1992 habían definido otro sector, conocido como El Cacique, para esa construcción. En el convenio para la construcción, que se firmó en 2015 entre la CAR, Emserchía y la Alcaldía, se habló de un costo total de las obras de $35.748 millones. Sin embargo, el costo del proyecto comenzó a elevarse. 

Néstor Franco, director de la CAR, explicó a la periodista en su momento "que el aumento del monto del contrato se dio tras un ajuste del diseño en detalle, que demostró que serían necesario invertir $20.000 millones adicionales en la construcción de cerca de mil pilotes, pues los suelos donde se asentará la planta no soportan este tipo de construcciones".

Ese desacuerdo, sumado a otras críticas de las comunidades locales, llevaron a la Procuraduría a revisar el proceso y esta semana decidió en primera instancia dar la razón a quienes creen que se tomaron malas decisiones de planeación. 

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al Director (e) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González. Según un comunicado de la institución, la decisión se tomó por las "irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-".

Tras una audiencia verbal, el Ministerio Público señaló que "el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la alcaldía del municipio, por más de $35 mil millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado".

El proyecto, relacionado con la limpieza del río Bogotá, no contaba con suficientes estudios y los diseños no estaban actualizados lo que según la Procuraduría provocó retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones.

Para la Procuraduría esa situación "violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad". Las malas decisiones de la CAR Cundinamarca provocaron un retraso de tres años en las obras. 

La Procuraduría calificó la conducta de Franco González como "una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima".

Franco Gonzales apeló el fallo de primera instancia.

Como lo señaló la periodista María Paula Rubiano en un reportaje sobre los conflictos alrededor de la construcción de esta planta de tratamiento, "para entender qué está pasando hay que regresar catorce años, cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a 76 entidades del nivel nacional, regional y local descontaminar el río Bogotá". Según ese histórico fallo, los 45 municipios de la cuenca del río debían construir plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para que sus aguas no siguieran matando al principal afluente de la Sabana. (Lea: PTAR 2 de Chía: una bomba a punto de estallar). 

En el caso de la PTAR II de Chía se llegó a la conclusión de que el lugar ideal sería el sector Las Juntas, en la vereda La Balsa a pesar de que estudios que datan de 1992 habían definido otro sector, conocido como El Cacique, para esa construcción. En el convenio para la construcción, que se firmó en 2015 entre la CAR, Emserchía y la Alcaldía, se habló de un costo total de las obras de $35.748 millones. Sin embargo, el costo del proyecto comenzó a elevarse. 

Néstor Franco, director de la CAR, explicó a la periodista en su momento "que el aumento del monto del contrato se dio tras un ajuste del diseño en detalle, que demostró que serían necesario invertir $20.000 millones adicionales en la construcción de cerca de mil pilotes, pues los suelos donde se asentará la planta no soportan este tipo de construcciones".

Ese desacuerdo, sumado a otras críticas de las comunidades locales, llevaron a la Procuraduría a revisar el proceso y esta semana decidió en primera instancia dar la razón a quienes creen que se tomaron malas decisiones de planeación.