Su impacto a nivel nacional tiene que ver con la estabilidad jurídica del sistema de áreas protegidas que ha venido construyendo el país desde hace más de 70 años con grandes dificultades y que ha conducido a que actualmente la extensión de las áreas protegidas en Colombia supere el 12% de la superficie continental del país.
Este continuado esfuerzo busca conservar las áreas indispensables para garantizar la calidad de vida de los colombianos de hoy y del futuro, mediante la protección de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos esenciales como la generación y regulación del agua.
Hoy es aún más necesario y acuciante respetar y continuar este proceso, dado el creciente impacto sobre el territorio y sus ecosistemas del modelo económico, extractivista y globalizante, y por los efectos que causa como el cambio climático, la acelerada extinción de especies y la creciente contaminación del aire, el suelo y el agua.
Por ello el país ha adquirido compromisos y metas internacionales para aumentar la extensión de sus áreas protegidas y conservarlas, en busca de conformar territorios sostenibles.
La gran inquietud que surge es qué puede pasar con los Parques Nacionales y demás áreas protegidas, si para cambiar sus límites y sus usos basta que existan intereses en la urbanización, o en la explotación de los recursos que albergan.
No hay que olvidar que su función y sus servicios a la sociedad responden a valores e intereses superiores, como el manejo responsable de los bienes públicos, la calidad de vida y la misma supervivencia colectiva.
El debate planteado en estos términos implica una decisión tan fundamental que compromete no solamente al Distrito Capital y a la CAR, como se pretende; compete al Presidente de la República y al Ministro de Ambiente, puesto que corresponde a un asunto que pone en riesgo la sostenibilidad del territorio, los servicios ecosistémicos y por tanto la calidad de vida en todo el país.
Al mirar desde esta perspectiva la propuesta del Alcalde Peñalosa, bien cabe preguntarse cuál es la estabilidad jurídica del sistema de áreas protegidas en Colombia, cuya creación no responde a intereses caprichosos, sino a cuidadosos estudios científicos y a la participación comunitaria, que se plasmaron en los instrumentos jurídicos que las crean.
Es fundamental tener claro que la constitución de la reserva Van der Hammen sufrió un largo proceso judicial en el que finalmente el Consejo de Estado falló en forma definitiva a favor de mantenerla, reconociendo así la importancia vital del medio ambiente para la sociedad y su prelación sobre el interés privado.
Se menciona con frecuencia que los permisos mineros generan “derechos adquiridos” a sus beneficiarios, cómo se ha planteado en el caso de las explotaciones mineras en los páramos, en buena hora suspendidos por la Corte Constitucional. Acaso el bien público y la calidad de vida de los colombianos de hoy y de mañana no merecen en mayor grado tener también “derechos adquiridos” respaldados por la ley para proteger el interés común?
Por último vale la pena señalar que la iniciativa del Alcalde es prematura, pues la ciudad y su entorno no cuentan aún con un Plan de Ordenamiento Territorial, que guíe su desarrollo respondiendo al tipo de ciudad y de territorio que sus habitantes deseamos para vivir y progresar sosteniblemente. Permitir llevarla a la práctica seria un pésimo ejemplo para los demás municipios y autoridades ambientales y un grave perjuicio a la sociedad.