Por: Antieditorial

Los togados y la justicia

En referencia al editorial “La majestad de la justicia”, con el mayor respeto debo manifestar: sorprende la manera no diferencial, poco objetiva y nada elegante en relación a las actitudes del exmagistrado Nilson Pinilla, acusador de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Pretelt.

Problemática tan importante, por aberrante en materia de justicia y ética, no debe ser calificada de “pelea de comadres” en la que se encuentran implicados algunos togados de las altas cortes, por no estar del lado de la Constitución y donde la ética la hacen añicos. Tampoco es preciso y claro balancear tan grave situación de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Petelt con el exmagistrado Nilson Pinilla, que con entereza y salvaguardando la democracia y el Estado social de derecho los denuncia.

La posición del exmagistrado es relevante, honesta y plausible, y por lo tanto inconfundible con los de la orilla opuesta, que mantienen el interés personal y de grupo, como objetivos incorrectos para lograr sus fines. El no señalar y diferenciar tan disímiles situaciones es menoscabar la trayectoria periodística tan distinguida y combativa contra la corrupción, que el editorialista ha mantenido en el tiempo y espacio con valor y constancia. Es desenfocar y tratar superficialmente la información, en este caso, sobre la justicia.

La Constitución del 91 no peca por disponer metodologías de elección; es el elemento humano el que derrumba o socava, mediante su talante, las instituciones y las normas. Hace 23 años la corrupción de hoy no estaba tan acentuada y extensiva; la polarización y el sistema neoliberal han incidido en la degradación.
El gravísimo problema de la justicia colombiana radica en que muchos integrantes poseen el don de la corrupción ubicua y es en la cima de la pirámide el origen del mal. La dignidad de la justicia no puede soportar la menor levedad de descomposición y menos en las altas cortes, en las cuales se presume el máximo grado de honestidad. Los recurrentes escándalos en las altas cortes hacen tambalear sus pisos jurídicos en contravía de las instituciones y de la gobernabilidad. Al igual que los privilegiados del poder, los togados no tienen jueces que los investiguen, acusen y condenen, pues la insustancial y descompuesta Comisión de Acusaciones es otro órgano para reformar. El 57% de las 1.227 denuncias que tiene la comisión son contra magistrados de las altas cortes.

Allí reposan y se archivan por arte de impunidad. Al indignante mal en las cortes hay que suprimirle las facultades de postular y elegir. La meritocracia debería ser la manera de elección de los magistrados, presentando excelentes conductas, experiencia laboral, idoneidad comprobada, inteligencia y edad madura.

Gracias a denunciantes, medios de comunicación y demandantes como Rodrigo Uprimny, Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, juristas y columnistas de El Espectador, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del magistrado Francisco Ricaurte, perteneciente al Consejo Superior de la Judicatura.
La afrenta a la Constitución Política del 91, con el principio de “yo te elijo, tú me eliges”, violatorio del artículo 126, ha sido controlada con la decisión histórica.

El mismo Consejo de Estado anuló la elección de Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional, por irregularidades en la conformación de la terna y falta de requisitos para su postulación. Se hizo justicia.

Señor editorialista, con el máximo respeto, es inaceptable la denominación “espectáculo deplorable” al cual se vinculó al exmagistrado Nilson Pinilla, sólo por decir la verdad para beneficio del Estado social de derecho, y editorializar sin total objetividad.

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