Hasta ahora, las principales estimaciones calculaban que alrededor de 50.000 especies se comercializan en todo el mundo. Sin embargo, un nuevo análisis revela que la cifra sería de al menos el doble. 

Un estudio, liderado por la Universidad de Melbourne (Australia) y publicado recientemente en Science Advances, realizó la primera estimación exhaustiva de las especies utilizadas y comercializadas en plantas, animales y hongos. 

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De acuerdo con la investigación, que recopiló datos intersectoriales sobre programas de monitoreo del comercio de vida silvestre, reveló que la cifra real de estos intercambios sería de 107.356 especies. 

Alice Hughes, profesora de la Universidad de Melbourne e investigadora principal del estudio, aseguró que “cuando pensamos en el comercio de vida silvestre, solemos pensar en el comercio ilegal de elefantes, tigres y pangolines. Pero es mucho más que eso. El comercio de fauna silvestre abarca desde madera, mariscos y plantas medicinales hasta mascotas, flores cortadas, peces ornamentales y hongos, y la mayor parte es legal”.

De hecho, esta es una de las principales conclusiones del estudio, pues estimaron que el comercio legal no solo vale aproximadamente 10 veces más que el comercio ilegal, “sino que además hay al menos el doble de especies en el mercado de lo que se creía anteriormente”.

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Para la mayoría de estas especies, agregó Hughes, hay muy pocos datos o ninguno. “No existen datos sobre cantidad y origen, y mucho menos datos a nivel poblacional para evaluar si el comercio supone un riesgo para la supervivencia de las especies”, agregó la investigadora.

A sus ojos, este es un punto clave, pues el comercio de especies es un factor determinante de la pérdida de biodiversidad. A pesar de esto, la información sobre el alcance y la sostenibilidad de dicho comercio sigue siendo incompleta y muy fragmentada. 

“Sin mejores datos, no podemos evaluar con precisión los riesgos para la biodiversidad ni identificar cuándo el comercio está llevando a las especies al declive”, aseguró la investigadora. 

Una de las acciones que podría tomarse para mejorar los registros sobre el comercio de vida silvestre es mejorar el sistema de vigilancia global para subsanar las lagunas de información. 

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Aunque el Marco Mundial de Biodiversidad, que más de 180 países firmaron hace cuatro años, tiene un objetivo en materia de comercio, los investigadores advirtieron que este solo abarcaría entre el 2 y el 3 % de las especies comercializadas, mientras deja por fuera el otro 97 %. 

“Si de verdad queremos frenar la pérdida de biodiversidad, necesitamos informes mucho más completos, transparentes y coordinados a nivel mundial sobre el comercio de especies silvestres”, concluyeron los científicos. 

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A finales de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro firmó 17 contratos por COP 914.000 millones para construir más de 2.274 comunidades energéticas en Colombia. Es el proyecto más ambicioso que firmó esa administración en su apuesta por “democratizar la energía” a través de la instalación de paneles solares y baterías en 28.544 hogares. Buscaba que pudieran acceder al servicio las 24 horas del día.

Como contó El Espectador en noviembre de 2025, esos contratos iban a firmarse con un cronograma de ejecución de dos meses, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año. Funcionarios, empresas y otros actores del sector hicieron varias alertas, recopiladas por este medio, asegurando que era un plazo imposible para cumplir con ese propósito. Tras la publicación, el Ministerio de Minas y Energía aplazó la firma de los contratos, que terminaron adjudicándose en diciembre y con poco más de ocho meses de cronograma, con el objetivo de terminar el 31 de julio de 2026.

Aunque se esperaba que a seis días de finalizar el período de gobierno pudieran inaugurarse las comunidades energéticas, el objetivo no se logró. Hoy, la mayoría de los contratos están por debajo del 50 % de ejecución y todos pidieron una prórroga para finalizar el 31 de diciembre de 2026. Dificultades logísticas, procesos de consulta previa y demoras en la importación de mercancías son algunas de las dificultades que han argumentado los contratistas para solicitar la extensión del plazo.

Pero las demoras en la instalación de las comunidades energéticas en Colombia no son lo único llamativo sobre los 17 contratos del Ministerio de Minas y Energía con Gensa, Electrocaquetá y Dispac, las tres empresas de servicios públicos que están ejecutando los proyectos, que tienen cotizaciones para la compra de paneles solares con precios “muy altos”, de acuerdo con una fuente del sector de energías renovables que pidió la reserva de su identidad. Aunque no todos los proyectos han reportado haber hecho la compra de los paneles, los que sí lo han hecho no mencionan diferencias entre las cotizaciones iniciales y los precios que pagaron.

El Espectador revisó la documentación de cada proyecto en el SECOP II, el sistema de contratación del Estado, y encontró que en varios de los presupuestos detallados se cotizaron paneles solares para una misma referencia con variaciones de más de COP 270.000 por unidad. Estos precios no incluyen ningún servicio adicional, como el transporte hasta las zonas en las que se instalarán ni la mano de obra para ponerlos en funcionamiento. En total, los sistemas de generación de energía solar en los 28.544 hogares del país implican comprar 60.221 paneles solares. 

Pero, antes de entrar en los detalles sobre las cifras, una breve explicación sobre cómo funcionan los sistemas de generación de las comunidades energéticas. Los paneles solares tienen diferentes capacidades según las necesidades de potencia de un sistema de generación de energía: varían entre los 500 W (vatios, que indican la potencia máxima que alcanzan) y los 710 W, en el caso de las cotizaciones para los contratos de comunidades energéticas. Para iluminar un hogar, se necesitan sistemas que logren al menos 1.100 W, por lo que los proyectos para cada uno necesitan de al menos dos paneles.

Hecha esta aclaración, una de las referencias que más se repite en los contratos de comunidades energéticas son los paneles solares de 550 W. Fueron cotizados para algunos de los proyectos que implementan Dispac y Electrocaquetá, pero las variaciones en las cotizaciones son notables.

Para los sistemas de energía solar en Albania y Maicao, en La Guajira, ejecutados por Dispac, los presupuestos incluyen cotizaciones para paneles solares de 550 W a precios entre COP 510.279 y COP 519.104. Contemplan la compra de 21.328 unidades para 10.664 casas. En estas cotizaciones, las variaciones son mínimas.

Mientras tanto, los proyectos que se implementan en Norte de Santander, Magdalena, Santander, Nariño y Cesar, ejecutados por Electrocaquetá, incluyen cotizaciones que están entre los COP 505.469 y los COP 782.383. En estos proyectos, se instalarán sistemas de energía en 8.631 viviendas, que requieren de 17.262 paneles solares. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto para paneles solares de la misma capacidad es de COP 276.914.

Eso quiere decir que si todos los paneles solares se compraran al precio más bajo cotizado para los proyectos que ejecuta Electrocaquetá, costarían más de ocho mil millones de pesos (COP 8.725.405.878, para ser precisos); pero al precio más alto, costarían COP 13.505.486.715, una diferencia de COP 4.780.080.837.

Las otras referencias cotizadas para los proyectos que se implementan en 10 departamentos del país están entre los 600 W y los 710 W de capacidad y sus precios en los presupuestos oscilan entre los COP 580.000 y los COP 890.000.

El problema no radica únicamente en la diferencia de precios. El Espectador solicitó cotizaciones a diferentes empresas, consultó a comercializadores de paneles solares y a organizaciones que hacen seguimiento al precio de este producto y encontró que los valores que están registrados en los presupuestos de los contratos están por encima de los del mercado.

Los precios de referencia en el mercado

Los paneles solares que llegan a Colombia, como en casi todo el mundo, provienen de China. Es la principal potencia en producción de tecnologías para la transición energética y la energía solar no es la excepción.

Ember Energy, una organización dedicada a recopilar datos sobre la transición energética en el mundo, ha hecho seguimiento desde 2017 al precio al que se importan los paneles solares hacia Colombia. Entre septiembre y diciembre de 2025, meses en los cuales, según el Ministerio de Minas y Energía, se estructuraron los proyectos, el precio de los paneles solares que llegaban a Colombia era de USD 0,1 por vatio (COP 400) de potencia. Es decir, un panel solar de 600 W llegaba a un puerto del país a un precio de fabricación de USD 60 (dólares), unos COP 240.000, si se toma como referencia la tasa de cambio más alta que hubo durante esos meses (COP 4.000).

Pero ese no es el precio al que se venden los paneles en el país. Edwin Hernández, director ejecutivo de Ecoled, una empresa comercializadora de paneles y que ha ejecutado diferentes proyectos para instalar sistemas de energía solar en Colombia, explica que una vez llega el producto a Colombia, deben pagar entre el 30 % y el 40 % de su valor en impuestos, gastos de aduanas y logística para tenerlo disponible en una bodega para venderlo. Después, se suman márgenes de ganancia para la empresa que suelen estar alrededor del 20 %. Con esto, el valor del panel para ese momento alcanzaría precios de entre COP 400.000 y COP 450.000. Hernández prefiere medirlo en precio por vatio, como hace Ember: unos COP 700 por cada vatio.

Hay varias empresas que en sus páginas web coinciden con estos precios. Emergente, una compañía con una trayectoria de más de 10 años en el sector de la energía solar, exhibe en su página web paneles solares de 550 W por cerca de COP 405.000. Aunque hoy esta referencia está agotada en la mayoría de las comercializadoras, pues no se fabrica desde hace dos años, según varias de las empresas consultadas por este medio.

Entre los paneles que sí se están fabricando actualmente, Emergente tiene opciones de 625 W que están entre los COP 390.000 y los COP 519.000, sin ningún tipo de descuento. También, alternativas de 715 W por COP 519.000.

Tres ejecutivos comerciales de diferentes empresas confirmaron a El Espectador que los precios referenciados por Hernández, de Ecoled, y por la página web de Emergente corresponden a lo que se cobra hoy en el mercado. Además, precisaron que las comercializadoras suelen hacer descuentos de entre el 5 % y el 12 % cuando se trata de compras que superan los 700 paneles, que es la cantidad que trae un contenedor marítimo lleno.

Estos precios coinciden con el análisis de mercado que hace IPSE, la entidad del sector energético que se encarga de revisar la estructuración de proyectos de energías renovables en Colombia. Evalúa los precios de todos los insumos que se necesitan para hacer una comunidad energética y conserva un histórico trimestral de cada referencia.

Según su tablero de consulta, durante el tercer trimestre de 2025 (mismos meses en los que se estructuraron los proyectos), el precio promedio de un panel de 550 W era de COP 424.400. Uno de 600 W costaba COP 471.367, mientras que los de 710 W estaban alrededor de COP 614.000. Estos valores no solo contemplan el precio promedio de los paneles en ese momento, sino que añaden un 15 % correspondiente a posibles variaciones en la tasa de cambio del dólar y la inflación, según confirmaron dos personas que conocen de cerca la construcción de este análisis.

¿Por qué, entonces, las diferencias entre estas cotizaciones realizadas por El Espectador y las que figuran en los presupuestos de los contratos que ejecutan Electrocaquetá, Dispac y Gensa?

Al preguntarle al Minminas, aseguran que “las condiciones técnicas, financieras, presupuestales y operativas de los proyectos estructurados y priorizados para suscribir los contratos se fundamentaron en condiciones económicas y de mercado vigentes en el contexto nacional durante el año 2025. Por lo tanto, al realizar comparaciones con cotizaciones actuales deberán considerarse las variaciones registradas en las tasas de cambio, los indicadores económicos y los costos asociados a la ejecución de los proyectos”.

Pero los precios de los paneles solares durante el último trimestre de 2025, cuando se estructuraron y firmaron los contratos, fueron monitoreados por IPSE y el análisis de Ember Energy muestra que se mantuvieron estables durante esos meses. 

En cambio, durante abril de 2026 sí hubo una variación importante en los precios. Wilmar Suárez, analista de energía para América Latina en Ember, explica que en ese momento se eliminaron algunos beneficios tributarios que el Gobierno chino otorgaba a las fábricas de paneles solares. Debido a esto, se “agrega un 9% al costo de los paneles” desde entonces.

Es decir, aunque hubo una reducción en la tasa de cambio del dólar frente al peso, que pasó de COP 4.000 a cerca de COP 3.200, el precio internacional de los paneles solares incrementó, de USD 0,1 a USD 0,12 por vatio, de acuerdo con el monitoreo de Ember. En la práctica, para Colombia los precios de importación pasaron de COP 400 a COP 384 por vatio, una reducción de menos del 5%. Con los costos de nacionalización y logística, señala un documento de monitoreo de precios publicado por Emergente con corte a septiembre de 2026, los precios para paneles de entre 600 W y 790 W están entre COP 560 y COP 790, por cada vatio de capacidad.

Son cifras muy diferentes a las que se leen en los presupuestos de los contratos firmados por el Ministerio de Minas y Energía con las tres empresas de servicios públicos del país: los precios de los paneles por vatio oscilan entre los COP 919 y los COP 1.717.

Sin embargo, Dispac, una de las empresas que se encuentra ejecutando los proyectos en La Guajira y Chocó, explicó en una respuesta enviada por correo electrónico que “la interventoría reporta para la ejecución de las obras módulos de 600 W ZNSHINE SOLAR ZXN7-BD144 en los lotes 1, 3 y 4, y de 590 W ECO Green Energy EGE-590W-144N en el lote 2, los cuales cuentan con las aprobaciones y verificaciones técnicas correspondientes”. 

Esto implica que durante el inicio del contrato se ajustó la capacidad de los paneles solares para estos proyectos, aunque se hubieran cotizado unos de menor capacidad. Esto reduciría el costo por vatio de cada panel a menos de COP 900, un precio más cercano a lo que se cobra en el mercado. 

Esta explicación, sin embargo, no abarca los proyectos de las otras dos empresas. El Espectador también consultó a Electrocaquetá, que tiene a su cargo los proyectos con las mayores variaciones de precio para una misma referencia, y a Gensa, que tiene a su cargo los proyectos con precios más altos, que incluyen paneles de 710 W a COP 890.000 y un proyecto en el que se cotizaron paneles de 500 W a COP 858.904. Estos últimos están en el presupuesto del Valle de Guamuez, en Putumayo, que incluyó el costo del IVA, a pesar de que los paneles están exentos de pagar ese impuesto. Al cierre de esta edición, no recibimos respuestas de ninguna de las dos compañías.

Los costos adicionales del proyecto

Edwin Palma, exministro de esa cartera, y Víctor Paternina, exviceministro de Energía, quienes estuvieron a cargo de esos proyectos desde su firma en diciembre de 2025 hasta el 6 de agosto de 2026, coinciden con el Ministerio de Minas y Energía en un argumento: los proyectos se estructuraron contemplando el precio por usuario, y no los precios de cada uno de los insumos necesarios para instalar los sistemas solares. 

“El costo promedio por usuario de un sistema solar fotovoltaico individual se ubicó alrededor de $31.503.303, con un rango de referencia de $29 millones a $33 millones para proyectos residenciales rurales tipo FAZNI (proyectos destinados a zonas no interconectadas). Ese costo total incluye: el suministro, la instalación y la puesta en marcha de módulos, baterías, inversores, estructuras y protecciones; el transporte fluvial o aéreo hasta veredas dispersas; el acompañamiento social y técnico, la interventoría y la formación de los usuarios”, explica Paternina en un documento enviado a El Espectador.

Si bien es cierto que los proyectos inicialmente fueron contratados basándose en ese indicador, los presupuestos que hoy se encuentran en SECOP II hacen un análisis detallado de los precios y distinguen entre el precio de cada material, como los paneles solares, y el costo del transporte para llevarlos hasta el lugar de instalación y la mano de obra para ponerlos en marcha. Todos los precios que hasta ahora se han mencionado en este artículo están identificados en los presupuestos detallados como precios unitarios de los paneles, sin contar el transporte, la mano de obra para instalarlos ni otros materiales necesarios para que funcionen.

La fuente que pidió la reserva de su identidad y que conoce de cerca el desarrollo de proyectos de energías renovables aseguró que “el valor por usuario es un resultado. Pero el principio de planeación en la contratación estatal obliga a que se verifique que ese valor se está estructurando sobre la realidad del mercado. Por eso se hace un estudio de mercado en el que también se revisan esos precios y se estructura el proyecto analizando cuánto cuesta cada ítem”.

En los estudios de mercado que hacen parte de la documentación de los contratos en SECOP II para cada proyecto, se encuentran registrados los mismos precios unitarios que contemplan los presupuestos detallados, con base en los cuales el Ministerio de Minas y Energía aprobó los proyectos y firmó los convenios interadministrativos.

Al consultar a esa cartera sobre alertas por posibles sobrecostos en los contratos, afirmaron que “a la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha identificado hallazgos en este sentido. Como se ha señalado, los contratos se encuentran bajo supervisión permanente y en proceso de revisión y verificación, y en caso de advertirse cualquier situación que lo amerite, se adoptarán las medidas que correspondan para la salvaguarda de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines del proyecto en beneficio de las comunidades”.

El exviceministro Paternina, por su parte, insiste en que el precio por usuario debe ser la referencia que se tenga en cuenta a la hora de medir el costo de los proyectos. “Una diferencia de $100.000 a $300.000 por módulo equivale a entre $200.000 y $600.000 por usuario en Valle del Guamuez (dos módulos por solución) y entre $300.000 y $900.000 en Cartagena del Chairá (tres módulos). Eso es, en el peor de los casos, menos del 2 % y menos del 3 % del costo por usuario, respectivamente. Ambos proyectos seguirían dentro del mismo rango de referencia con el que fueron evaluados. Por eso sostengo que no hubo un sobrecosto en el costo de la solución por usuario, que es lo que el Estado reconoce”.

Además, asegura que los recursos de cada uno de los contratos se encuentran en un encargo fiduciario, que paga a los contratistas únicamente cuando se verifica que los sistemas estén funcionando y la interventoría los haya avalado. Explica también que el precio por usuario no puede superarse en ninguno de los contratos.

Para el exviceministro, la diferencia del 2 % en el costo por usuario de los proyectos no implica que salgan del rango esperado durante la estructuración de los proyectos. Sin embargo, una estimación de la diferencia de los precios cotizados para los proyectos y los que se encuentran en el mercado apunta a que la diferencia sería de al menos COP 10.000 millones. 

Hoy, la mayoría de las comunidades energéticas que se esperaban para el 31 de julio tienen retrasos en su ejecución y, aunque varias mencionan en sus informes haber hecho la compra de los paneles, en ninguno de esos documentos se hace referencia a que los precios hayan variado con respecto a los presupuestos cotizados en 2025.

Estos son los 17 contratos de comunidades energéticas firmados por el Ministerio de Minas y Energía

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Este sábado 31 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó un balance del comportamiento de las lluvias durante octubre, un mes marcado por la incidencia del fenómeno de El Niño.

A inicios de octubre, el Ideam declaró oficialmente la llegada de este fenómeno al país que, como ha explicado en reiteradas ocasiones el mismo instituto, genera una reducción de lluvias en varias regiones del país, aunque no las elimina por completo.

(Puede leer: El Niño: esta actualización de la OMM le ayuda entender qué viene para finales de 2026)

De hecho, esa es una de las principales conclusiones del reciente balance, en el que el Ideam pudo evidenciar que la segunda temporada de lluvias del año, que va entre octubre y noviembre, “no se desarrolló de manera generalizada ni con la distribución habitual esperada para esta época del año, debido a la incidencia del fenómeno de El Niño, que influye en la disminución de las precipitaciones en diferentes regiones del país”.

En términos generales, durante octubre se registraron lluvias muy localizadas que incluso superaron los valores históricamente esperados, mientras que en otros departamentos, como La Guajira, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Huila, Tolima y Vaupés, se identificaron déficits puntuales.

Uno de los departamentos que llamó la atención de los expertos del Ideam fue Nariño, ya que se registraron excesos de precipitación frente a los valores climatológicos esperados durante octubre.

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Aunque la entidad no explica cuáles pudieron ser las razones de este comportamiento, sí advierte que esta condición podría mantenerse durante noviembre, por lo que le hizo un llamado a las autoridades territoriales y organismos de gestión del riesgo a que “continúen atentos a la evolución de las lluvias y a los posibles eventos asociados”.

El Instituto aseguró que continuará realizando el seguimiento de las condiciones atmosféricas y de la evolución de las precipitaciones en las diferentes regiones del país, con el objetivo de generar información científica que permita orientar las decisiones de las autoridades y sectores.

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A inicios de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, aseguró que sus previsiones indican una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno de El Niño persista hasta febrero de 2027.

La organización también ha señalado de manera reiterada que este podría ser uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde, al menos, 1950.

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“La evaluación global lanza una advertencia clara”, dijo Pauli Merriman, directora sénior de Océanos de WWF Internacional en una rueda de prensa este viernes 30 de octubre, último día oficial de la COP17. “La implementación no avanza al ritmo ni a la escala necesarios para cumplir con el marco mundial para la biodiversidad de cara a 2030. Hemos observado avances alentadores por parte de las partes, pero aún quedan decisiones cruciales pendientes. Lo que ocurra en estas horas finales ayudará a determinar si el mundo todavía está a tiempo de transformar sus compromisos para 2030 en resultados concretos. En lo que respecta al océano, la brecha en la implementación resulta especialmente marcada”, declaró.

El año 2026 marca el “punto intermedio” del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF, por sus siglas en inglés), y a medida que se acerca el plazo de 2030, el desafío se centra cada vez más en la ejecución: ampliar la protección, garantizar que esta abarque los lugares más importantes para la biodiversidad y asegurar que las áreas protegidas y conservadas generen resultados de conservación significativos.

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Según datos del “Informe sobre la brecha en la protección de los océanos 2026” (Ocean Protection Gap Report 2026), publicado en septiembre de este año, mientras que a la fecha el 20% de las áreas terrestres y las aguas continentales están ahora designadas como protegidas o conservadas, con un posible aumento hasta aproximadamente el 27% para 2030, la protección oceánica declarada se sitúa en apenas un 10%, y las metas actuales solo alcanzarían, según las previsiones, un 12% para 2030.

La cifra es más crítica si se mira el porcentaje del océano que se considera protegido de manera efectiva: el 3,5%. Merriman explica que no sólo se trata de trazar líneas en un mapa y designar más áreas de protección, sino de que haya una protección eficaz.

¿Pero qué significa que un área sea efectivamente protegida?

El informe “Más allá del porcentaje: hacer realidad el 30x30 en el océano” (Beyond the Percentage: Delivering 30x30 in the ocean), publicado en octubre en el marco de la COP17, analizó la redacción de la Meta 3 del KMGBF, también conocida como el objetivo 30x30, identificando seis dimensiones que indican en qué consiste el éxito para una implementación eficaz de dicha meta.

Estas dimensiones son: proteger las áreas más importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, conectarlas en redes representativas e interconectadas –donde se menciona al Corredor Marino del Pacifico Este Tropical (CMAR), en el cual se encuentran las áreas marinas protegidas de las islas Gorgona y Malpelo–, garantizar que se gestionen de manera eficaz, que reconozcan y respeten los derechos humanos, que se gobiernen de forma equitativa y que estén integradas en paisajes marinos más amplios.

En el 2022, Colombia superó la meta del 30 % de áreas marinas protegidas, pasando de tener 12 millones de hectáreas de zonas marinas bajo protección (13,41 %), a 30 millones, que equivalen al 33 % del territorio marino del país. Sin embargo, el reto ahora es pasar de una protección en términos de superficie a una conservación efectiva.

De acuerdo con Sandra Valenzuela, Directora Ejecutiva de WWF Colombia, dentro de las prioridades del nuevo gobierno está fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas ya creadas e incrementarlas en zonas costeras, así como adoptar medidas de adaptación climática por la vulnerabilidad que tienen, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

La financiación sigue siendo un desafío. Se requiere más voluntad política

El informe “Estado de la financiación internacional para el objetivo 30x30: actualización de 2026” (State of International 30x30 Funding: 2026 Update), publicado también en el marco de la COP17, revela que la financiación proveniente de fuentes bilaterales, multilaterales y filantrópicas disminuyó, en todos los casos, con respecto al año pasado.   

La brecha es especialmente marcada en el caso del océano, para el cual se requieren aproximadamente USD 16.000 millones anuales, pero en la actualidad solo se destina una cifra estimada de USD 1.800 millones.

“Los países ricos gastan cada año más de 10 veces en chicle de lo que destinan a impulsar la meta 30x30 en los países en desarrollo”, señaló Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature –una iniciativa global que trabaja para apoyar el objetivo 30x30, y una de las organizaciones que produjo el informe.

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Por su parte, Steven Guilbeault, asesor sénior en Campaign for Nature, dijo que, aunque se ha visto un aumento en los esfuerzos de conservación, especialmente en el Sur Global, “quienes debían aportar el incremento en la financiación no están cumpliendo con su parte del acuerdo”.

Este escenario implica una mayor necesidad de asignar fondos de los presupuestos nacionales para avanzar en la protección de la biodiversidad, para lo cual también se requiere voluntad política.

“No es cuestión de no tener suficiente dinero. Se trata de reorientar nuestras prioridades hacia donde más se necesitan”, dijo Merriman tras señalar que USD 22.000 millones al año son destinados a subsidios pesqueros perjudiciales.

“No podemos seguir considerando la protección y conservación de los océanos como un costo, sobre todo cuando sabemos cuánto estamos gastando hoy en día en socavar la salud de nuestro ecosistema oceánico. Por eso, redirigir los subsidios perjudiciales va a ser absolutamente fundamental para captar la inversión necesaria a fin de construir resiliencia, en lugar de destrucción”, expresó.

Por su parte, O’Donnell apunta a las industrias que están afectando la biodiversidad como una fuente de recursos.

“Vemos que las industrias del petróleo y el gas, la minería y las flotas pesqueras industriales que están causando daño a la biodiversidad tienen una responsabilidad”, expresó. "Por lo tanto, los gobiernos pueden gravar y regular esas industrias para generar más recursos. Así que, en realidad, es una cuestión de voluntad política”, continuó.

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Para O’Donnell, no financiar la protección marina genera mayores costos al tratar de restaurar un ecosistema.

“Proteger una zona resulta siempre muchísimo más barato que restaurarla. Y, aun cuando la restauramos, rara vez logramos que recupere el estado en el que se encontraba anteriormente”, dijo.

Y no solo eso. Estamos llevando a la naturaleza a umbrales críticos, viendo los impactos en forma de tormentas, cambios en la temperatura, pérdida de especies y una serie de efectos en cascada, explicó O’Donnell.

“La naturaleza necesita recibir financiación. Es el sistema de soporte vital para toda la vida en la Tierra; constituye nuestro clima, nuestra alimentación y nuestra salud. Por ello, debe convertirse en una gran prioridad global en materia de financiación”, expresó.

El tratado de alta mar: una oportunidad para avanzar en la meta del 30 %

El área de alta mar abarca aproximadamente dos tercios del océano global, pero permanece en gran medida sin protección. Según datos de ONGs, menos del 1% está efectivamente protegido.

Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Campaign for Nature, High Seas Alliance y World Resources Institute coinciden en que el Tratado de Alta Mar (oficialmente, el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales o Acuerdo BBNJ) es una oportunidad clave para acelerar la protección del océano y cumplir con la meta del 30x30.

“El Tratado de Alta Mar representa la mayor oportunidad para cerrar esta brecha; sobre todo porque estamos muy lejos de alcanzar nuestro objetivo de proteger el 30 % de los océanos”, dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance.

Aunque Hubbard reconoce que la creación de las primeras áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar supondrá un desafío, considera que “existe más ambición e impulso que nunca, especialmente ante las crisis planetarias a las que nos enfrentamos”. Como explica Hubbard, el Tratado de Alta Mar proporciona por primera vez el marco jurídico necesario para abordar y cerrar esa brecha del 30% para el 2030.

Si bien Colombia se encuentra dentro de los 145 países que ya firmaron el acuerdo, este aún no ha sido ratificado.

Para Valenzuela, es importante ratificar el Tratado de Alta Mar, ya que no solo el área del territorio marítimo de Colombia es casi igual de grande que el territorio terrestre, sino porque también por sus aguas se mueven especies migratorias como las ballenas y los tiburones, por lo que para ella, Colombia tiene una responsabilidad en el manejo y la gobernanza en las áreas marinas que van más allá de la zona económica exclusiva.

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“Necesitamos generar en estas áreas comunes un manejo adecuado”, agregó Valenzuela, refiriéndose a la conectividad del océano. “Si no, lo que pase acá o pase allá va a afectar nuestro propio territorio y nuestras propias especies”, expresó.

“¡Colombia, ratifica ya!”, fue el llamado de Hubbard. “Gracias a tu liderazgo y experiencia en conservación, tienes mucho que aportar al Tratado de Alta Mar. Pero, si no ratificas antes del 12 de diciembre, no podrás votar en la COP1 ni influir en cuestiones fundamentales que, a la larga, determinarán el éxito del Tratado de Alta Mar a largo plazo”.

La primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo BBNJ se llevará a cabo del 11 al 22 de enero de 2027 en la sede de la ONU en Nueva York, a la que Hubbard espera que los gobiernos acudan “con una actitud ambiciosa y constructiva para acordar la estructura institucional y las normas de funcionamiento necesarias para el éxito a largo plazo del Tratado”.

*Periodista independiente

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El Ideam acaba de publicar el boletín en el que detalla cuál es su pronóstico del tiempo para este fin de semana que tendrá el primer día festivo de noviembre. En síntesis, habrá regiones del país que deben prepararse para unas fuertes lluvias, mientras que en otras sucederá lo contrario: habrá temperaturas muy altas, como sucederá en Neiva, Barranquilla, Valledupar y Cúcuta, donde sobrepasarán los 34° Celsius. De hecho en la capital de Norte de Santander pueden alcanzar los 39° C.

En el caso de Bogotá, se prevén temperaturas mínimas entre 8 y 11 °C y máximas entre 19 y 23 °C. Además, se esperan lluvias en horas de la tarde, principalmente en el occidente y el norte de la ciudad.

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¿Cuál será el tiempo para el sábado, 31 de octubre?

En el día de Halloween el tiempo será muy diversos, de acuerdo con el Ideam, que divide su pronóstico en tiempo seco, lluvias fuertes, lluvias moderadas y lluvias ligeras y dispersas.

Lluvias fuertes: habrá en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, oriente de Norte de Santander, centro y sur de Bolívar, sur de Córdoba, el Golfo de Urabá y San Andrés y Providencia.

(Lea Lo que la ley de ajuste fiscal plantea sobre el impuesto al carbono y el Fondo para la Vida)

Lluvias moderadas: es probable que se presenten en Sucre, el norte de Córdoba, Cesar, el sur de La Guajira, el centro y el sur de Magdalena, Santander, el norte de Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, el norte de Amazonas, Vaupés y en el occidente de Meta.

Lluvias ligeras y dispersas: según el Ideam, se presentarán en sectores la región Orinoquía y en norte de la Amazonía, en Arauca, Casanare, Guaviare y Guainía.

Tiempo seco: se presentará en el norte de La Guajira y Bolívar, Atlántico, Tolima, Huila, Boyacá, el suroriente de Cundinamarca y Vichada.

¿Dónde habrá lluvias el domingo?

Las lluvias fuertes, indica el Ideam, se presentarán en La Guajira, en el sur de Cesar, en el norte de Magdalena, en el centro y sur de Bolívar, en el golfo de Urabá, en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en Chocó, en el centro y en el sur del Valle del Cauca.

También habrá en Cauca, Nariño, en el norte de Cundinamarca y en el oriente de Norte de Santander.

Las lluvias moderadas, por otra parte, se pueden registrar en Córdoba, en el norte de Tolima, Amazonas, Vaupés, Guainía, en el occidente de Putumayo y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las lluvias ligeras y dispersas se presentarán en Atlántico, Sucre, en el norte de Bolívar, el occidente de Caquetá y Putumayo y Arauca.

Casanare, Meta, Vichada, Boyacá, el suroriente de Cundinamarca, el sur de Tolima y el norte del Huila tendrán tiempo seco.

¿Dónde lloverá el lunes festivo?

Lluvias fuertes: habrá en La Guajira, Cesar, norte de Magdalena, centro y sur de Bolívar, en el Golfo de Urabá, Antioquía, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, el sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vaupés, Guaviare y San Andrés y Providencia.

Lluvias moderadas: habrá en el norte de Bolívar, en Córdoba, Santander, en el norte de Norte de Santander, el norte de Cundinamarca, Caquetá, Amazonas, Guainía y Vichada.

Lluvias ligeras y dispersas: se presentará en el centro y en el sur de Magdalena, en el occidente y sur de Meta, en Sucre y el sur de Cundinamarca.

Tiempo seco: se espera que haya en Atlántico, Casanare, Arauca, Boyacá y Huila.

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En la tarde de este viernes 30 de octubre, fue anunciada la declaratoria de una nueva área protegida: Los Farallones, en Cundinamarca, que ahora es un "Distrito Regional de Manejo Integrado". Se trata de una extensión de 23.776 hectáreas que están ubicadas junto al Parque Nacional Natural Chingaza.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Ambiente, aunque el proceso ha sido desarrollado y liderado por Corpoguavio (la Corporación Autónoma Regional del Guavio) desde 2017, en compañía de las organizaciones +Biomas y Andes Amazon Fund, como confirman a El Espectador desde esa entidad. De igual forma, ha participado ENEL Colombia.

(Lea La carta que 500 ingenieros forestales le enviaron a De la Espriella con sus preocupaciones)

Ese territorio está ubicado entre Gachalá, Medina y Ubalá y, como dice el Minambiente, es clave para la conservación de los bosques andinos y altoandinos. También para la preservación de la regulación hídrica de la región. De hecho, en esa zona se originan lo ríos Humea, Guacavía y Guavio.

Allí, además, habitan especies como el oso andino (Tremarctos ornatus), el cóndor andino (Vultur gryphus), el águila crestada (Spizaetus isidori), el jaguar (Panthera onca) y el mono churuco (Lagothrix lagothricha lugens).

La declaratoria la hizo el Consejo Directivo de Corpoguavio, el cual contó con la participación de los alcaldes de los municipios bajo jurisdicción de Corpoguavio; de representantes del representantes de la Fundación +Biomas, Andes Amazon Fund, del Instituto Humboldt, de las comunidades y del sector productivo.

Así mismo, estuvo presente el director de la CAR, Marcos Manuel Urquijo, y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que celebró la decisión y dijo que "podría significar un mejoramiento en la generación y una mayor compatibilidad entre la infraestructura gris y la infraestructura verde". También estuvo Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales.

Según esa cartera, cerca del 78% del área corresponde a bosque denso alto de tierra firme. Allí, indica, se han identificado 39 especies endémicas y 45 especies incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

“La conservación tiene que hacerse con la gente, escuchándola y entendiendo sus necesidades. Aquí tenemos bosques, montañas y fuentes hídricas que son fundamentales no solo para nuestra región, sino también para el país", señaló Urquijo.

¿Qué es un Distrito Regional de Manejo Integrado?

La figura de Distrito Regional de Manejo Integrado es muy diferente a un Parque Nacional Natural. En ese lugar se pueden llevar a cabo ciertas actividades productivas que deben guardar cierto equilibrio con la conservación.

Por ejemplo, pueden haber ciertas actividades agrícolas de bajo impacto, como sistemas agrosilvopastoriles, y se pueden levantar algunas construcciones que tengan bajo impacto ambiental.

"La elección respondió a un proceso de análisis técnico y diálogo con las comunidades. Durante la socialización de 2022 se realizaron más de 30 talleres, con las comunidades de Gachalá, Medina y Ubalá. A partir de este diálogo, se consideró que el DRMI era una categoría adecuada para la conservación
del territorio con sus características sociales y productivas", aclara el Minambiente en un comunicado.

El próximo paso es que se definan los usos permitidos y las condiciones para desarrollar actividades en ese área, que "deberán definirse de acuerdo con la zonificación y el Plan de Manejo, así como con las normas y determinantes ambientales".

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El proyecto de ley de ajuste fiscal que el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso de la República y que busca, al mismo tiempo, recortar en un 15 % el tamaño del Estado y aumentar los ingresos a través de impuestos, contempla dos medidas directas sobre el sector ambiental del país.

La primera tiene que ver con el impuesto al carbono, mientras la segunda se refiere al Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec), cuya denominación fue cambiada en 2023 a Fondo para la Vida y la Biodiversidad y que el Ministerio de Ambiente quiere acabar.

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Sobre la primera, el artículo 53 del proyecto de ley de ajuste fiscal (el 477 de 2026) disminuye el límite máximo de no causación para las empresas que certifiquen ser carbono neutro. 

Para entender esta medida, hay que recordar que el impuesto al carbono fue creado en 2016 con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que son las principales culpables del cambio climático que enfrenta el planeta.

Al inicio, las empresas obligadas a pagar el impuesto que certificaran ser carbono neutrales podían acceder a la no causación del impuesto al carbono del 100 %. Es decir, si una empresa demostraba que sus emisiones eran iguales a sus capturas (a través, por ejemplo, de los bonos de carbono), no debía pagar este impuesto.

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En 2022, una reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro limitó la no causación del impuesto al carbono al 50 %. Con la llegada de Fabio Arjona al Ministerio de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella, se prometió regresar la no causación del impuesto al carbono del 100 %, como una estrategia para reactivar el mercado de los bonos de carbono.

Sin embargo, en la propuesta que el gobierno nacional presentó este jueves 29 de octubre, la no causación del impuesto al carbono se redujo al 50 %. Es decir, una empresa que deba pagar este impuesto, pero que demuestra ser carbono neutral, solo tendrá una reducción del 25 % del valor a pagar.

La propuesta, que también cambia la base gravable y la tarifa del impuesto, modifica la destinación específica del gravamen. Tanto en la Ley 1819 de 2016, cuando se creó, como en la Ley 2277 de 2022, que lo modificó, el 80 % de este impuesto se ha destinado a atender diferentes problemáticas ambientales del país, como la erosión costera, la deforestación y la conservación de fuentes hídricas. En los últimos años, ese 80 % fue el principal ingreso del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, creado por el gobierno de Gustavo Petro en 2023. El restante 20 % se destina a la financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

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El artículo 55 del proyecto de ley que busca realizar un ajuste fiscal solo mantiene el 20 % de la destinación específica a la financiación del PNIS, mientras que la mención sobre el restante 80 % desaparece del articulado.

Aunque el proyecto de ley no menciona de manera explícita al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, su articulado sí tendría repercusiones sobre este. En este punto es importante recordar que la reforma tributaria de 2016 que creó el impuesto al carbono también creó el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec).

En 2023, el gobierno de Gustavo Petro expidió la Ley 2294 y modificó la denominación de Fonsurec a Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Este fondo, señalaban las reformas tributarias de 2016 y 2022, tendría, como parte de sus recursos, lo recaudado del impuesto al carbono. De hecho, el 80 % de lo recaudado por este impuesto en los últimos años fue apropiado por este fondo.

El mismo artículo 55 del proyecto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve a referirse al Fonsurec. Sin embargo, en el parágrafo que trata sobre los recursos, el articulado propuesto no menciona el impuesto al carbono.

Como contamos en esta nota a mediados de octubre, Fabio Arjona, ministro de Ambiente, confirmó su intención de acabar con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de octubre. Como ha sido común en las últimas semanas, se esperan lluvias en diferentes regiones del país, mientras en otras podrían presentarse temperaturas elevadas.

Las principales lluvias, que podrán ser de moderadas a fuertes y se esperan sobre todo en horas de la tarde, podrán presentarse en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Casanare, Vichada, Meta, Arauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

(Puede leer: La carta que 500 ingenieros forestales le enviaron a De la Espriella con sus preocupaciones)

Por otra parte, el Instituto también prevé condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores del norte de la región Caribe, centro de la región Andina y a lo largo de la región Pacífica.

De hecho, advierte el Ideam, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, sobre todo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, zonas de los litorales Caribe y Pacífico colombiano, y el centro de la región Caribe.

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Por estas condiciones, en el país hay actualmente 553 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, Chocó (17), Antioquia (16) y Cauca (12) son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja tienen.

Al tiempo, 48 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. Por el momento, ningún municipio se encuentra en un nivel de alerta rojo, mientras Cundinamarca (2) y Huila y Guaviare, con uno respectivamente, son los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta naranja.

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Finalmente, para la capital del país, el Ideam prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, mientras que en horas de la tarde se espera cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, sobre todo en el noroccidente y sur de la ciudad, en localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. El Instituto no descarta actividad eléctrica atmosférica.

Finalmente, en la noche se estima un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias dispersas en la ciudad.

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Este miércoles 28 de octubre se instaló la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonia en la Cámara de Representantes. Su objetivo, como su nombre lo indica, será promover la protección, conservación y el reconocimiento de la Amazonia colombiana mediante las funciones legislativas y de control político, así como de la articulación institucional y territorial. 

“En la Amazonía tenemos problemas muy grandes. Protegerla no es responsabilidad solo de los congresistas de los departamentos que la conforman, sino de todo el país”, dijo, durante la jornada, Jhon Fredi Valencia, quien coordinará la comisión junto con Miguel Ángel Rubio, ambos representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo. 

Cabe recordar que la Presidencia de la Cámara de Representantes ya había formalizado la creación de la comisión, la cual estará integrada por unos 16 representantes, a través de la Resolución 0643 del 21 de septiembre de 2026. Algunos de los que la conformarán son Juan Pablo Duque (Nuevo Liberalismo), Alexánder Bermúdez (Partido Liberal), Jhon Molina (Partido de la U), Sandra Chindoy (Pacto Histórico), Alejandro Castillo (curul de paz), Alexánder Quevedo (Partido Conservador), entre otros. 

Entre las funciones de estos congresistas estarán impulsar una agenda legislativa amazónica, además de hacer seguimiento a las políticas públicas y los proyectos que tienen que ver con la región. También estará en sus manos promover audiencias y espacios de participación territorial para fortalecer el diálogo entre el Congreso, las comunidades, los líderes, la academia y demás actores. “El siguiente paso es convertir la comisión en iniciativas, seguimiento institucional y acciones concretas a favor de la protección de la Amazonia colombiana”, afirmó el representante Rubio.

Las comisiones accidentales se encargan de cumplir misiones específicas, con el fin de hacer más eficiente la labor legislativa y administrativa de las cámaras y las comisiones permanentes. En este caso, la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonia fue impulsada por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia), la cual ha buscado acercar la acción parlamentaria a la evidencia científica y los conocimientos de las comunidades de la región. 

“Este encuentro recoge un proceso al que le hemos dedicado conviccion y trabajo. Ver está iniciativa convertida en una instancia en la Cámara de Representantes es motivo de satisfacción”, expresó Blanca Lucía Echeverry, directora de IRI-Colombia. 

Ahora, la comisión se enfocará en plantear y buscar soluciones para los principales problemas que afectan a la Amazonia, como lo son la deforestación, la ganadería extensiva, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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En la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, el cuidado de la naturaleza dejó de ser un tema exclusivo del aula. Desde octubre de 2022, EcoHumboldt conecta a estudiantes, docentes, instituciones educativas, recicladores, entidades públicas y comunidades del Quindío para convertir el aprendizaje en acciones concretas por el ambiente.

El proyecto nació al identificar una situación: muchos estudiantes entendían el cambio climático como un problema global, pero no siempre encontraban oportunidades para actuar desde su vida cotidiana y desde el territorio. Por eso, la Universidad creó EcoHumboldt, un programa de Proyección Social que busca fortalecer la cultura ambiental y promover soluciones sostenibles a partir de la educación, la participación y el trabajo conjunto con las comunidades.

La idea es sencilla: aprender sobre el ambiente mientras se trabaja para cuidarlo. Así, los estudiantes pueden llevar sus conocimientos a situaciones reales y participar en actividades relacionadas con el cuidado del agua, la reducción de residuos, la restauración ecológica, el consumo responsable y la protección de la biodiversidad.

Aprender haciendo para cuidar el territorio

Uno de los elementos centrales de EcoHumboldt es el aprendizaje a través de la experiencia. La Universidad encontró que los estudiantes se comprometen más cuando pueden trabajar directamente sobre problemas reales del territorio. Por eso, talleres, proyectos de aula, brigadas ambientales, jornadas de restauración y actividades con comunidades hacen parte de la propuesta.

Entre las actividades se encuentran los talleres sobre huella de carbono y cuidado del agua, proyectos relacionados con el aprovechamiento de residuos y la economía circular, el desarrollo de aplicaciones para apoyar la gestión ambiental, jornadas de siembra de especies nativas y espacios como foros, podcasts y campañas institucionales.

El proyecto también tiene cinco grandes líneas de trabajo:

• Educación para la acción climática
• Sensibilización y cambio de hábitos.
• Participación estudiantil.
• Innovación y tecnología.
• Articulación territorial.

Estas permiten que las acciones ambientales no se queden únicamente dentro de la Universidad, sino que lleguen a colegios, asociaciones de recicladores, entidades públicas y otros actores del departamento.

De la Universidad a las comunidades

Uno de los ejemplos de este trabajo conjunto es el acompañamiento a asociaciones de recicladores del Quindío. En estos procesos, estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria han participado en iniciativas destinadas a fortalecer capacidades técnicas, empresariales y logísticas, al tiempo que se buscan alternativas para disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

Otra de las experiencias es EcoHumboldt en tu Colegio, una iniciativa que lleva la educación ambiental a instituciones educativas y sus comunidades. Allí se trabajan temas como:

• Aprovechamiento de residuos.
• Diagnóstico de prácticas ambientales.
• Construcción conjunta de soluciones para proteger el entorno.

Este trabajo involucra a estudiantes de diferentes programas académicos, instituciones educativas públicas y privadas, asociaciones de recicladores, entidades gubernamentales y comunidades. La apuesta consiste en que cada actor pueda aportar desde sus conocimientos y experiencias para encontrar soluciones a las necesidades ambientales del territorio.

Tecnología al servicio del ambiente

EcoHumboldt también busca que la tecnología sea una herramienta para responder a problemas ambientales. Los estudiantes han participado en el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la separación de residuos, el seguimiento ambiental y la promoción de la moda circular.

La propuesta combina investigación, creatividad e innovación con problemas que hacen parte de la vida cotidiana. De esta manera, los estudiantes no solo reciben información sobre el cuidado del ambiente, sino que participan en la búsqueda y creación de soluciones.

Para conocer qué tanto estas actividades generan cambios, el proyecto utiliza diferentes herramientas, entre ellas evaluaciones antes y después de los procesos de sensibilización, seguimiento a la participación de estudiantes y comunidades y encuestas de satisfacción. También se promueve que los conocimientos adquiridos se conviertan en hábitos relacionados con el consumo de agua, la reducción de la huella de carbono y el manejo adecuado de los residuos.

Más de 1.000 personas vinculadas a proyectos ambientales

Los resultados alcanzados muestran el crecimiento de esta apuesta por la educación ambiental. De acuerdo con la información del proyecto, más de 840 personas han participado en procesos de sensibilización sobre huella de carbono y cuidado del agua, mientras que más de 1.000 personas han estado vinculadas a proyectos ambientales.

Además, EcoHumboldt ha articulado siete instituciones educativas, acompañado a cinco asociaciones de recicladores, desarrollado cuatro aplicaciones tecnológicas y realizado seis jornadas de restauración ecológica, con participación de estudiantes, docentes, egresados y comunidad.

Estas cifras hacen parte de un proceso que busca generar cambios más allá de una actividad puntual. La experiencia ha fortalecido la participación de los jóvenes, la cultura ambiental y la construcción colectiva de soluciones sostenibles en el Quindío, incluyendo acciones como la restauración con especies nativas, el consumo responsable y la adecuada separación de residuos.

Una experiencia que puede crecer

Para EcoHumboldt, el cuidado del ambiente requiere participación y continuidad. Entre los aprendizajes que ha dejado el proyecto está la importancia de trabajar sobre problemas reales, construir acciones de manera participativa y unir los esfuerzos de diferentes instituciones y comunidades.

La experiencia plantea, además, una posibilidad de llevar esta propuesta a otras instituciones de educación superior. El modelo puede desarrollarse a partir de los cinco componentes que orientan el proyecto:

• Educación para la acción climática.
• Sensibilización
• Participación estudiantil.
• Innovación tecnológica.
• Articulación territorial.

EcoHumboldt parte de una idea que se lleva a la práctica: cuidar la naturaleza también significa aprender a reconocer los problemas del territorio y participar en la construcción de soluciones. En el Quindío, estudiantes y comunidades ya están haciendo parte de ese proceso.

Cerca de 500 ingenieros forestales del país le enviaron una carta al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en la que le manifestaron su preocupación “por la destrucción incesante a la que están sometidos nuestros bosques naturales” y por la pérdida de la “enorme e invaluable” biodiversidad que ellos albergan.

El documento, que también cuenta con la firma de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF), asociaciones regionales, facultades de diferentes universidades y mesas forestales de diferentes partes del país, enumera una serie de causas de la destrucción de bosques, así como diferentes recomendaciones que los profesionales piden tener en cuenta durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

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Entre las causas, los ingenieros destacan la ampliación de la frontera agropecuaria (en la que destaca la ganadería extensiva), el acaparamiento de tierras, la minería ilegal, los incendios forestales, los cultivos de uso ilícito y la tala ilegal. Estas actividades “no han sido controladas y poco disminuidas durante los últimos gobiernos”, señalan en la carta. 

La razón de que no hayan disminuido, continúan los expertos, radica en que no han existido políticas, leyes, planes y programas orientados a un adecuado conocimiento y manejo sostenible de los bosques, porque las leyes y normas existentes no se han aplicado en la forma debida o, “en otros casos, simplemente porque las políticas en materia forestal no han sido implementadas o fueron abandonadas y dejadas en el olvido”.

Además de estas causas, los ingenieros forestales también denuncian que desde el Gobierno Nacional se ha priorizado “acciones coercitivas y prohibitivas, acompañadas de un abandono de las áreas forestales y de las comunidades que en ellas habitan, e incluso recientemente se han expedido instrumentos legales que favorecen la actividad minera en las Zonas de Reserva Forestal (...)”. 

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Para afrontar estas problemáticas, los expertos consideran necesario y urgente que se replanteen a fondo acciones para contrarrestar la deforestación, “catalogada como el principal problema ambiental de Colombia”. Esto, agregan, pasa por revisar y actualizar las políticas, leyes, planes, programas y proyectos que han sido aprobados, tanto en este gobierno como en anteriores.

El diagnóstico y propuestas de los ingenieros forestales

El primer programa al que se refieren los ingenieros forestales es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), aprobado en 2000 y con vigencia hasta 2025. Este contemplaba de manera integral los aspectos de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales, cadenas forestales productivas y desarrollo institucional. Sin embargo, advierten en la carta, “su implementación injustificablemente se abandonó por parte del Ministerio de Ambiente”, al tiempo que ha habido graves incumplimientos por parte de los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. 

“En este momento es indispensable realizar una evaluación de lo poco realizado y lo que se dejó de realizar, para actualizar el diagnóstico y elaborar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo Forestal a 25 años, pero con mecanismos que garanticen su cumplimiento”, proponen los ingenieros. 

El segundo programa al que se refieren en la carta es el Servicio Forestal Nacional (SFN), creado por la Ley 37 de 1989 y ratificado por la Ley 99 de 1993. Sin embargo, advierten, “Colombia es uno de los pocos países forestales que no tiene un Servicio Forestal Nacional a pesar de que dos leyes de la República y cuatro políticas públicas diferentes han ordenado su estructuración y puesta en funcionamiento”. 

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A esta grave carencia institucional, continúan los expertos, se suma la debilidad del actual esquema de Administración Forestal Pública, el cual debe ser objeto de una profunda reestructuración.

La tercera política a la que hacen referencia es a la de Crecimiento Verde, contemplada en el CONPES 3934 de 2018, que estableció varias directrices al Ministerio de Ambiente y a institutos de investigación, entre otras entidades. Sin embargo, hasta la fecha “no se ha cumplido ninguna de estas directrices”, aseguran los ingenieros. 

Sobre la Política de Plantaciones Forestales con Fines Comerciales 2018-2039, fue adoptada por el Ministerio de Agricultura en 2019, a la fecha registra escasos avances en su implementación. 

Los ingenieros forestales también se refieren a otras ocho políticas o programas, como los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), también conocidos como los “bonos de carbono”. Al respecto, señalan que estos deberían planificarse bajo principios de la silvicultura del bosque natural y priorizando la inversión en terreno. Por esto, consideran indispensable que se incluyan profesionales de ingeniería forestal en la “Comisión de Estudio para la promoción y desarrollo de los mercados de carbono en Colombia”, creada en 2021.

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Finalmente, los ingenieros aseguran estar dispuestos a colaborar activamente para llevar a cabo de manera conjunta la revisión, actualización y diseño de políticas, leyes, reglamentos, planes, programas y proyectos “que contribuyan al mejoramiento de la gobernanza forestal y conduzcan a la conservación, manejo y administración sostenible de los bosques, como una alternativa de desarrollo para contrarrestar la grave destrucción del patrimonio forestal de todos los colombianos (...)”. 

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó recientemente la primera evaluación global exhaustiva sobre los avances logrados en restauración. De acuerdo con la entidad, hasta el momento, se han restaurado 252 millones de hectáreas (ha) en 149 países, considerándose como el mayor esfuerzo de este tipo documentado hasta la fecha.

En el documento, titulado El regreso de la naturaleza: ampliar la restauración de los ecosistemas para las personas y el planeta, la organización explica que, con el objetivo de cumplir con los compromisos trazados para 2030 de restaurar alrededor de mil millones de hectáreas, es necesario que los diferentes gobiernos intensifiquen rápidamente sus acciones, dándole prioridad a los ecosistemas de agua dulce, los marinos y los costeros.

Para ello, la organización considera que la financiación que se destina cada año para la restauración debería cuadruplicarse. De hecho, a los ojos de la entidad, esta inversión se podría traducir en la generación de hasta 32 millones de nuevos empleos en todo el mundo para 2030.

Además de analizar los avances de los compromisos pactados para 2030, en este informe también se estudió cómo va el cumplimiento del objetivo del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado el 19 de diciembre de 2022 durante la COP15 en Montreal, Canadá, por 196 países. Allí se comprometieron a que al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros degradados estuvieran bajo restauración efectiva.

A pesar de los avances alcanzados, para Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, todavía no estamos restaurando la naturaleza a la escala ni a la velocidad necesarias. "Para 2030, debemos convertir las iniciativas inspiradoras en acciones sistémicas, transitando hacia economías de restauración que protejan lo que queda y restauren lo que se ha degradado", anota.

Este documento fue presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se está celebrando en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026. Allí se reconocieron a cinco iniciativas: una de China, otra de Colombia, Etiopía, Italia y Estados Unidos.

La iniciativa de Colombia que fue reconocida es el proyecto Urban Nature Reborn, el cual se ha centrado en la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, un humedal costero en la creciente ciudad de Barranquilla, Colombia. Por medio de esta iniciativa, explica la ONU, se están "restaurando sus manglares y otros hábitats, a la vez que abre nuevos espacios públicos que reconectan a los residentes con el humedal".

Según la ONU, por medio de esta iniciativa se están generando ingresos para los pescadores locales que trabajan en los viveros de manglares. Además, los residentes se están convirtiendo en guías de naturaleza y turismo, y los emprendedores están desarrollando negocios relacionados con el humedal.

Sin embargo, como lo hemos contado en estas páginas, desde hace un par de años, la construcción de un ecoparque adelantado por la alcaldía y el desarrollo de una ciudadela de 16.000 viviendas promovido por el Grupo Argos han puesto en el centro del debate los posibles impactos ambientales sobre la Ciénaga de Mallorquín.

En la actualidad, por medio de este programa se han restaurado 650 hectáreas de la ciénaga y, para 2030, se espera que la cifra sea de 740. Para Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, "la recuperación del humedal mallorquín ha demostrado que, cuando las comunidades, las instituciones y los socios internacionales trabajan juntos, la naturaleza puede volver a ser fuente de oportunidades, bienestar y orgullo para las futuras generaciones".

Cabe recordar que la restauración de los ecosistemas es esencial para la seguridad alimentaria e hídrica, la resiliencia climática, el empleo y el bienestar. De acuerdo con la ONU, "Asia concentra 192,2 millones de hectáreas del total documentado de la superficie restaurada, seguida de África con 36,3 millones de hectáreas, Europa con 9,1 millones de hectáreas, América del Norte y Central con 5,8 millones de hectáreas, América del Sur con 5,4 millones de hectáreas y Oceanía con 3,2 millones de hectáreas".

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A Darling Asprilla le cambió la vida en cuestión de segundos el pasado lunes 10 de agosto, cuando el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano tumbó la casa que había construido su familia hace más de 20 años en el barrio Medrano, en Quibdó. Asprilla, quien preside la Junta de Acción Comunal de su sector y conoce de memoria las necesidades de su territorio, fue una de las más de 300.000 familias afectadas por el temblor en Colombia.

Los primeros cinco días después de la emergencia, Asprilla, ingeniera agroforestal y cabeza de un hogar de cuatro personas, se dedicó a organizar ollas comunitarias y ayudas para sus vecinos que, como ella, lo habían perdido todo. La casa de su pareja fue su hogar mientras, junto a su familia, buscaba una forma de reconstruir la suya. Su plan inicial era modesto: apoyarse en las ayudas que iban llegando, como los 12 bultos de cemento que le regalaron o los 200 ladrillos que había logrado reunir su primo.

Pero sus planes cambiaron el lunes 7 de septiembre, cuando recibió, de forma simbólica, una llave grande azul. Abría una casa de unos 60 metros cuadrados de color verde oliva, levantada en menos de dos semanas con perfiles de acero y fibrocemento, y con la ayuda de soldados del Ejército Nacional y de un equipo de constructores. Era la primera de las 1.000 viviendas que se propuso construir Adopta un Hogar, la iniciativa que el Grupo Empresarial Argos y el artista Nicky Jam anunciaron para responder a la emergencia provocada por el terremoto.

Ese día, dijo Asprilla, lo que empezaba para ella y su familia iba más allá de las paredes, “pues era la reconstrucción de su hogar”. En la entrega también estuvo Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, quien resaltó la importancia de contar con un hogar, pues, en su opinión, “lo es todo, es el centro sobre el cual las familias proyectan todos sus sueños (…) hay una vivienda terminada y 999 razones más para seguir trabajando”. La casa de Asprilla es la primera de las 500 que se levantarán en Chocó, epicentro del temblor.

Reconstruyendo a Colombia

Tres días después del sismo, el 13 de agosto, Calle subió a la tarima del Congreso Empresarial Colombiano, en Cartagena, y anunció la alianza. Grupo Argos y Nicky Jam pondrían COP 13.000 millones, pero la idea no era cerrar la puerta ahí, sino que cualquier persona o empresa, dentro o fuera del país, podría “adoptar” un hogar, y por cada peso que donara, la empresa y el cantante aportarían otro.

Calle, en entrevista con Bibo, de El Espectador, explicó que el punto de partida fue entender qué capacidades del Grupo Argos podían ponerse al servicio de Colombia. “Dijimos: ya conocemos cómo se hacen viviendas industrializadas y sismorresistentes dignas de una forma costoeficiente y rápida, y tenemos unas capacidades de estructuración y gerencia de proyectos a gran escala. Ahí nació esta iniciativa”.

La campaña de Adopta un Hogar se creó para sumarse al Fondo Milagro y a los esfuerzos del Gobierno Nacional, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y de gobernaciones y alcaldías. Antes del anuncio, los empleados de las compañías del grupo (Cementos Argos, Celsia, Odinsa, entre otras) ya habían reunido más de COP 1.000 millones para llevar agua e insumos básicos a las zonas más afectadas.

Una de esas zonas damnificadas fue la vereda Alto de los Jaramillos, en Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño. Allí, la casa de Luz Ofelia Romero, de 52 años, viuda y cabeza de hogar, se derrumbó. Junto con sus hijos y nietos, se vio obligada a abandonar su finca cafetera y acomodarse donde unos familiares, lejos del lugar donde había construido su vida durante la última década.

Solo hasta el 24 de septiembre pudo regresar. Esta vez en compañía del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; de Juan Esteban Calle, del Grupo Argos, y de Guillermo Arcila, gerente para la reconstrucción de la Federación Nacional de Cafeteros.

La casa de Romero era la segunda entregada en el país por el programa Adopta un Hogar y la primera en Antioquia. La habían levantado, en parte, voluntarios del Grupo Empresarial Argos y, a diferencia de la vivienda de Asprilla, en Chocó, su diseño se ajustó a la rutina de una familia cafetera y reservó espacio para las labores del cultivo. “Nunca pensé que fuera a tener una casa tan hermosa”, dijo Romero, mientras recorría su nuevo hogar, de color azul rey.

Ese diseño no es fortuito, pues en Adopta un Hogar el objetivo es que cada vivienda responda a las características específicas de las familias, de la zona y la cultura en la que están. Como explicó Elizabeth Londoño, directora de Casa Para Mí, el intraemprendimiento de vivienda que desde hace cerca de 10 años desarrolla el Grupo Empresarial Argos y que aportó el modelo integral de vivienda para Adopta un Hogar, en el caso de la familia Romero era clave tener en cuenta que se trataba de una familia cafetera.

“Deben tener un espacio de producción”, dijo, y añadió que, por esta razón, diseñaron “una vivienda de dos habitaciones y una tercera que tiene ingreso separado para que pueda servir como habitación o como espacio productivo para los trabajadores durante la temporada de la cosecha”.

Otra de las viviendas entregadas por el Grupo Argos y Nicky Jam, en este caso con la Federación Nacional de Cafeteros y la Vicepresidencia de la República, fue en la vereda Barcelona Baja, zona rural de Circasia, Quindío. Al igual que Asprilla y Romero, Nolby Muñoz Vargas, de 53 años, ha hecho toda su vida en el mismo territorio. Sin embargo, el terremoto dejó su vivienda gravemente averiada y desde entonces durmió en un refugio improvisado con materiales de emergencia, en un predio de la familia. La casa de su hermano y de su cuñada, por su parte, quedó reducida a escombros.

Muñoz, quien además de su trabajo formal elabora artesanías y siembra café y plátano, recibió la tercera vivienda del programa, la primera de las 40 previstas en Quindío. Esta vez Grupo Argos y Nicky Jam pusieron el kit de la casa, mientras la Federación Nacional de Cafeteros e Isagen aportaron la mano de obra, con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) y la Vicepresidencia.

Para José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República de Colombia y quien fue parte de esta entrega, “la vivienda que recibe Nolby en Circasia demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos alrededor de un mismo propósito, porque cada hogar que recuperamos es también una familia que puede volver a mirar el futuro con seguridad y esperanza”.

La meta de Adopta un Hogar

La velocidad con la que se levantaron las casas de Darling Asprilla, Luz Ofelia Romero y Nolby Muñoz Vargas no fue casualidad. Adopta un Hogar, como señaló Calle, del Grupo Argos, se apoya en Casa para Mí, el modelo de vivienda social que la compañía lleva más de ocho años perfeccionando. Su base es el steel frame, que son perfiles de acero liviano, los cuales se fabrican de forma industrializada y se ensamblan en el sitio. Las piezas llegan por partes, se arman sobre una losa de concreto y el resultado es una vivienda que cumple con las normas sismorresistentes.

Después de que esa losa es vaciada, el montaje toma cerca de tres semanas. Sin embargo, antes se debe llevar a cabo un proceso previo, que puede ser más demorado, porque se debe identificar a la familia, confirmar que el predio es viable, estudiar el suelo, socializar el diseño y resolver cómo llegan los materiales a las zonas, que pueden ser desde una vereda cafetera o hasta un barrio ribereño del Pacífico. Esa fase previa, precisamente, es la que hace que la reconstrucción pueda tardar años.

Londoño, directora de Casa para Mí, explicó en agosto que la logística fue justamente una de las razones para buscar una alternativa a la construcción tradicional, y que la capacidad del programa, de unas tres viviendas diarias, se está duplicando. Por esta razón, los primeros diseños, que fueron presentados el 21 de agosto, contemplaban dos modelos. En el primero de ellos había dos habitaciones y 43 metros cuadrados cubiertos, con un costo estimado de COP 90 millones. El otro era de tres habitaciones y 59 metros cuadrados, de entre COP 100 y COP 110 millones.

Estos diseños, anotó Grupo Argos en sus comunicados de Adopta un Hogar, fueron socializados con las familias. En Quibdó, por ejemplo, el modelo que se iba a llevar a cabo se socializó primero con la familia Asprilla y con la comunidad para responder al calor, la lluvia y la forma de vivir en Chocó. Este mismo escenario se replicó en Ciudad Bolívar, donde abrieron un espacio en la casa para el café.

También ha sido clave que esta iniciativa ha tomado la decisión de hacer públicas sus cuentas. Con corte al 17 de octubre, Adopta un Hogar sumaba 6.479 donaciones por COP 4.432.425.732. Como Grupo Argos y Nicky Jam igualan cada peso, el total acumulado ascendía a COP 8.864.851.463. Cabe recordar que la meta inicial de donaciones es de COP 26.000 millones, y la aspiración es llegar hasta COP 60.000 millones en aportes agregados.

Pero quizá la cifra que ayuda a dimensionar un poco mejor el reto que tiene por delante Adopta un Hogar es otra: las 1.000 viviendas que buscan aportar para la reconstrucción del país. Para lograrlas, deberán alcanzar inversiones superiores a COP 100.000 millones, pues a cada casa hay que sumarle el transporte de materiales y la mano de obra para levantarla. Por eso, en este modelo han sido claves los aliados, como las gobernaciones, federaciones o empresas. Tecnoglass, por ejemplo, se comprometió a fabricar en su planta de Barranquilla todas las ventanas que necesitarán las casas.

En esta cadena, la Fundación Grupo Argos es la entidad encargada de administrar todos estos recursos entregados por privados, de coordinar la ejecución y, finalmente, de hacer el seguimiento a cada entrega. Este dinero se puede destinar a kits de vivienda, materiales, transporte, logística y construcción. ¿Y cómo se escogen las familias? Según ha dicho el Grupo Argos, lo primero que hacen es identificarlas con las alcaldías, las gobernaciones y el Fondo Milagro, cruzando los censos de damnificados con la situación concreta de cada hogar.

La meta, según la ruta que se ha trazado el Grupo Argos, es que, además de construir 500 casas en Chocó, se levantarán 235 en el Valle del Cauca, priorizando municipios como Argelia, El Águila y El Cairo; 100 en Dosquebradas, Risaralda; 100 en Chinchiná, Caldas, donde la Gobernación aportará la mano de obra; 40 en Quindío, y 25 en Antioquia, entre Andes y Ciudad Bolívar.

Para construirlas, el grupo planea que antes de que se termine 2026 entregarán 130 viviendas. Luego, para 2027, darán entre 500 y 600 y, en 2028, entre 260 y 360. La entidad aclaró que estas son proyecciones y que dependen de varios factores, como que cada predio supere la validación y de que los materiales lleguen a tiempo. Con el objetivo de cumplir con esta apuesta ambiciosa, la empresa trabaja con el Gobierno Nacional, la Vicepresidencia de la República, Minvivienda, el Fondo Milagro y las autoridades territoriales (como las gobernaciones del Valle del Cauca, de Caldas y de Chocó), y con más de 200 empresas, entre ellas Tecnoglass, Distracom, Acoplásticos y ABB.

También están la Fundación Santo Domingo, la Fundación Grupo Social, Itaú, Macquarie, Colpagro, Grupo Bios, Cubico, Inter Rapidísimo, Microplast, Fundación Parque Jaime Duque, BIP, EY, Mis propias Finanzas, la Feredación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colempaques, Pintuco, Alco, Rotoplast, Avianca, Pavco, Diaco y Haceb.

Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa lo podrán hacer por medio de la página web de Adopta un Hogar, donde están los canales oficiales para donar desde Colombia y el exterior. También podrá solicitar el certificado de donación o inscribirse como voluntario para seguir entregando viviendas para que familias como la Asprilla, Romero y Muñoz, que lo perdieron todo en el terremoto, puedan reconstruir sus hogares y proyectos de vida.

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Hace unas semanas, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI, por sus siglas en inglés) de California (Estados Unidos) se encontraba explorando las aguas profundas a 90 kilómetros de la costa cuando tuvo un encuentro con un pez poco común.

El equipo se encontraba filmando y recolectando animales a 600 metros de profundidad con el vehículo operado remotamente (ROV) Doc Rickett, cuando se toparon con un pez de ojos tubulares y cabeza transparente. 

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Se trató, como explican desde MBARI, del pez de ojos tubulares (Macropinna microstoma), cuyo nombre científico traduce “aletas grandes, boca pequeña”. Una de las características más comunes de este pez es su cabeza transparente.

Cuando esta especie, que vive entre los 600 y los 800 metros de profundidad, avista a una posible presa, “sus grandes ojos tubulares giran bajo una cabeza transparente para mantenerla a la vista”, explican los científicos. 

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Steven Haddock, científico principal del Instituto, declaró que “ver un pez de ojos tubulares es un verdadero placer. La tripulación de todo el barco se unió al equipo científico en la sala de control, fascinada por este extraordinario animal. Los animales de las profundidades marinas cautivan la imaginación, creando asombro y admiración que esperamos inspiren la protección del mayor hábitat de la Tierra”.

Desde MBARI, con casi 40 años de exploración oceánica, explicaron que han realizado aproximadamente 7.000 inmersiones con ROV y han grabado más de 41.000 horas de video en aguas profundas y esta especie solo ha aparecido 11 veces. De hecho, agregó el Instituto, el reciente avistamiento es el primero que se filma en 4K.

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“Macropinna nos recuerda las sorprendentes maneras en que los animales se han adaptado para prosperar en las zonas intermedias del océano. Muchos de ellos sobreviven buscando sutiles señales ópticas, como una sombra que pasa por encima, y ​​esto desencadena una competencia evolutiva, enfrentando el camuflaje bioluminiscente con capacidades visuales cada vez más sofisticadas”, concluyó Haddock.

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Desde hace décadas, los científicos saben que el océano es uno de los grandes aliados del planeta para hacerle frente al cambio climático y al aumento de temperatura, ya que absorbe alrededor del 30 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de origen humano, así como el 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero.

Sin embargo, un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que coorganiza la COP31, que comienza el 9 de noviembre, alerta sobre la reducción de esta capacidad.

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De acuerdo con el documento, lanzado este miércoles 28 de agosto, el aumento de las temperaturas, la acidificación, la desoxigenación, la contaminación y la degradación de los ecosistemas están alterando los procesos oceánicos que permiten esta función crucial de la regulación climática.

En otras palabras, estiman los científicos que elaboraron el informe, el calentamiento global ha llevado a que la capacidad del océano de absorber carbono haya disminuido cerca de un 6 %.

Sara Traerup, investigadora del Centro Climático del PNUMA en Copenhague (Dinamarca) y autora principal del informe, señaló que “durante mucho tiempo, el océano nos ha prestado un servicio inmenso en materia de clima, pero ese servicio está sometido a una presión creciente”. De hecho, advirtió la científica, la tendencia “puede, muy probablemente, acelerarse”.

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El resultado de esta disminución de la capacidad del océano, explicaron los autores del informe, es que una mayor parte del CO₂ permanece en la atmósfera, lo que alimenta aún más el calentamiento global.

Al respecto, Martin Krause, director de la División de Cambio Climático del PNUMA, declaró que “un sumidero de carbono oceánico más débil deja más dióxido de carbono en la atmósfera y dificulta y encarece el logro de los objetivos climáticos”.

“El océano ha ayudado a la humanidad a ganar tiempo en la lucha contra el cambio climático. No podemos dar por sentado ese papel”, agregó Krause.

Uno de los principales obstáculos que destacaron los encargados del informe tiene que ver con la falta de datos fiables del carbono oceánico. A pesar de que el interés por las soluciones climáticas basadas en los océanos está creciendo, estas importantes deficiencias “siguen limitando la capacidad de los gobiernos y los inversores para evaluar los riesgos climáticos y tomar decisiones informadas”.

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Si bien los autores destacaron la importancia de las soluciones basadas en los océanos, advirtieron que estas pueden complementar, mas no reemplazar, las reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta advertencia llega días después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmara que en 2025 se superaron nuevamente los niveles máximos de concentración de varios gases contaminantes en la atmósfera.

“Ante la creciente presión sobre los océanos y la necesidad cada vez mayor de una acción climática eficaz, la prioridad debe ser garantizar que las soluciones climáticas basadas en los océanos se guíen por la ciencia, la equidad y la transparencia”, concluyó Krause.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales publicó el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre. En términos generales, señaló la entidad, se prevé abundante nubosidad, lluvias en varias regiones del país y temperaturas máximas en otras.

Las lluvias más fuertes se esperan en horas de la tarde en los departamentos de Córdoba, Bolívar, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. 

(Puede leer: Organizaciones rechazan que el Minambiente revocara zona de reserva en la Amazonía )

Frente a las temperaturas máximas, el Ideam prevé condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores del oriente de la región Orinoquía y sur de la región Amazonia.

Estas condiciones de temperatura, agregó el Instituto, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas elevadas en horas de la tarde, sobre todo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, amplias zonas de los litorales Caribe y Pacífico y el centro de la región Caribe.

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Por estas condiciones, en el país hay 525 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento, siendo Chocó (20), Antioquia (16) y Santander (14) los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

Otros 62 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendio. De estos, Cundinamarca y Guaviare, con un municipio respectivamente, lideran los departamentos con territorios en alerta roja.

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En la capital del país, el pronóstico general es cielo parcial a mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde, se espera que se presenten algunas lluvias ligeras a moderadas en localidades como Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

A lo largo del día, la temperatura máxima estimada en Bogotá es 21 °C y, en horas de la noche, se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque existe probabilidad de lloviznas aisladas en el occidente de la ciudad.

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Diez organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional emitieron un comunicado en el que rechazaron la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de revocar una resolución de agosto de este año que declaró el bioma amazónico como una reserva de los recursos renovables y del ambiente con carácter definitivo. 

En la práctica, la medida implicaba que ya no se podrían otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirían nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades, en un área de 483.283 km², lo que representa el 42 % del territorio nacional.

(Puede leer: Minambiente revoca resolución de Gobierno Petro: Amazonía ya no es reserva de recursos)

Como contamos en esta nota, la cartera ambiental, liderada por Fabio Arjona, señaló que la resolución expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, incurrió en la causal de revocatoria directa por cuanto fue expedida con carácter definitivo sin haberse agotado la consulta previa a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la cual “había sido determinada por la autoridad competente y cuyo trámite permanecía inconcluso a la fecha de expedición”.

En el comunicado, que firman, entre otras, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Greenpeace, Amazon Watch, el Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) y Earth Insight, las organizaciones aseguran que la decisión del Ministerio de Ambiente “representa un preocupante retroceso en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y contradice el liderazgo internacional que Colombia ha construido en materia de biodiversidad y acción climática”.

La decena de organizaciones asegura que la “evidencia científica es contundente” y cita un informe de Earth Insight, una organización que desarrolla herramientas de transparencia, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y la OPIAC, en el que se revela que 14 millones de hectáreas, equivalentes al 28 % de la Amazonía colombiana, se superponen a bloques petroleros y gasíferos.

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De hecho, como contamos en este artículo, hace unos días Earth Insight, junto a otras organizaciones internacionales, presentó en la COP17 de Biodiversidad que se desarrolla en Armenia un informe que revela que más de 100 millones de hectáreas de áreas protegidas y conservadas en cuatro regiones claves para la biodiversidad (incluyendo la Amazonia) se superponen con extracción de petróleo, gas y concesiones mineras. Para las organizaciones que elaboraron el documento, la medida tomada en agosto de este año era “ejemplar”.

Ahora, las 10 organizaciones que firman el reciente comunicado señalan que “no se puede proteger la Amazonía mientras se mantenga abierta la puerta a su destrucción industrial. La conservación efectiva exige excluir nuevas actividades extractivas incompatibles con la integridad ecológica, respetar los derechos territoriales y garantizar alternativas económicas sostenibles”.

En ese sentido, le pidieron al Ministerio de Ambiente que complete el proceso de consulta previa con las comunidades afrocolombianas que había iniciado el gobierno anterior, en lugar de revocar la resolución.

“Construir sobre lo construido es responsabilidad del gobierno entrante de cara a los temas que deben ser política de Estado, como la protección de uno de los biomas más importantes, tanto por sus virtudes ecológicas y culturales, como por su interdependencia entre los sistemas ecológicos amazónicos y andinos, fundamental para la regulación y abastecimiento hídrico, y la estabilidad económica y social del país”, agregaron las organizaciones.

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Para las firmantes, la protección de la Amazonia exige fortalecer los principios de prevención y precaución ambiental, especialmente frente a actividades que puedan causar daños irreversibles.

“En este contexto, prevenir posibles daños a su integridad implica identificar de antemano los riesgos de destrucción grave, extensa o duradera de los ecosistemas, evitar autorizar actividades incompatibles con su integridad ecológica y garantizar que las decisiones del Estado prioricen la protección de la naturaleza y los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios”, concluyen las organizaciones.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Una película puede acercarnos a un ecosistema que nunca hemos visitado, revelar las consecuencias de una actividad humana o permitirnos escuchar las voces de comunidades que defienden sus territorios. También puede ayudarnos a comprender conflictos ambientales, compartir conocimientos y descubrir otras formas de relacionarse con el entorno. Pero ¿qué sucede con esas historias después de una función? ¿Cómo pueden llegar a quienes necesitan conocerlas, compartirlas o utilizarlas para generar nuevas conversaciones?.   Estas preguntas están en el origen de Pantalla Verde, una iniciativa de la Fundación Gestión Nodal y el Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali (FINCALI) que busca ampliar las posibilidades del cine como herramienta de educación, sensibilización y transformación socioambiental.

Creada en 2019, la plataforma reúne siete  años de trabajo articulando cultura, conocimiento y acción ambiental. Hoy cuenta con un catálogo abierto de 85 títulos audiovisuales de distintas partes del mundo y recibe entre 1.500 y 2.000 visitantes al mes según la temporada. Su acceso libre y gratuito busca facilitar que estas historias lleguen a públicos latinoamericanos e hispanohablantes, así como a personas y organizaciones que encuentran en el audiovisual una herramienta para aprender, enseñar y movilizar.

Un ecosistema digital para las historias socioambientales

Pantalla Verde es mucho más que un catálogo de películas. Es un espacio digital de circulación, mediación y articulación que conecta obras audiovisuales con organizaciones sociales, instituciones, realizadores y personas interesadas en las problemáticas ambientales.

Su catálogo aloja proyectos audiovisuales impulsados por realizadores independientes, instituciones y organizaciones que trabajan en la defensa de los territorios y la protección de la biodiversidad, contribuyendo a la ampliación de la circulación de sus contenidos y a conectar estos mensajes con nuevas audiencias. La plataforma también desarrolla colecciones temáticas y curadurías audiovisuales que responden a los intereses y necesidades de distintos públicos. Estas selecciones permiten descubrir películas alrededor de asuntos específicos, relacionando distintas perspectivas útiles para actividades educativas, campañas, encuentros comunitarios y procesos de sensibilización.

A este ecosistema se suma un Mapa interactivo de festivales y muestras de cine ambiental de Colombia y América Latina, que reúne 25 espacios de exhibición y circulación audiovisual. Esta herramienta permite a realizadores, programadores, gestores culturales y activistas descubrir iniciativas, establecer conexiones y explorar nuevas oportunidades para compartir sus películas. Al visibilizar estos espacios, Pantalla Verde contribuye a fortalecer las redes del cine ambiental y a ampliar la circulación de historias comprometidas con la justicia socioambiental y hace posible que las películas circulen más allá de su exhibición inicial encontrando nuevos contextos y públicos.

Del cine a los procesos educativos y comunitarios

Una película puede convertirse en un recurso pedagógico, ilustrar una problemática que afecta a una comunidad o ayudar a comprender las transformaciones de un territorio. Para docentes, formadores, multiplicadores, líderes sociales y ambientales, organizaciones comunitarias y personas interesadas en estos temas, el audiovisual ofrece una forma cercana de abordar realidades complejas y propiciar conversaciones informadas. 

Pantalla Verde facilita el acceso a historias que sensibilizan, informan e inspiran, y que pueden incorporarse a diferentes procesos de educación ambiental y participación ciudadana. Su apuesta reconoce que el conocimiento también se construye al escuchar otras experiencias, contrastar perspectivas y relacionar los relatos con las realidades de quienes los ven.  Esta labor digital se complementa con acciones presenciales de la Fundación Gestión Nodal y el Festival FINCALI, donde el cine continúa siendo una herramienta central para la educación ambiental. Durante las funciones y actividades, se utilizan plegables, materiales didácticos, códigos QR y otros recursos que invitan al público a visitar la plataforma, descubrir nuevas películas y profundizar en los temas abordados.

Así, una proyección puede convertirse en el comienzo de un recorrido que continúa en línea: los espectadores pueden volver sobre las historias, compartirlas con sus comunidades y utilizarlas como punto de partida para nuevas preguntas y aprendizajes. La intención es prolongar la experiencia del cine ambiental y facilitar que sus contenidos encuentren nuevos usos en la vida cotidiana y en los procesos colectivos.

Una trayectoria de alianzas y reconocimientos

A lo largo de su trayectoria, Pantalla Verde ha tejido una red de colaboración con entidades ambientales, instituciones públicas, organizaciones culturales y aliados nacionales e internacionales que contribuyen a fortalecer la circulación del cine socioambiental. Este recorrido también ha contado con reconocimientos y estímulos de programas del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali, así como con un reconocimiento internacional del Fondo Democrática por su apuesta por la divulgación de la democracia digital a través del cine ambiental.

En el ámbito ambiental, la plataforma cuenta con aliados institucionales como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), entidades vinculadas a la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la gestión ambiental.  En el ámbito público y cultural, su red incluye al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). La dimensión cultural y audiovisual se fortalece también con la colaboración con la Asociación Nacional de Festivales, Muestras y Eventos Cinematográficos y Audiovisuales de Colombia (ANAFE), y con productoras audiovisuales como Fosfenos Media y CreActivos Audiovisual, que contribuyen a la circulación de obras y al trabajo colaborativo.  En el plano internacional, la red incluye a Instituto Multimedia IMD (Argentina), a Movies That Matter - MTM (Países Bajos) a MasterPeace international, organizaciones vinculadas a iniciativas culturales, de derechos humanos y transformación social. Sus conexiones con el cine y la participación ciudadana amplían el horizonte de colaboración de Pantalla Verde y refuerzan el potencial del audiovisual para acercar conocimientos, visibilizar problemáticas y promover conversaciones colectivas.

Esta red reúne experiencias y capacidades diversas alrededor de un propósito compartido: conectar la cultura, la educación y la conciencia ambiental. 

Un reconocimiento que impulsa el camino

El 20 de agosto de 2026, el proyecto Pantalla Verde – Ecosistema digital de Cultura Ambiental a través del Cine recibió la estatuilla de plata de los Premios BIBO, de El Espectador, al obtener el segundo lugar en la categoría ConservArte: Colectivos o grupos culturales. La iniciativa fue reconocida entre 103 proyectos postulados y 16 finalistas de esta edición.  Este reconocimiento representa un impulso para un proceso construido durante siete años junto a realizadores, instituciones, organizaciones sociales, comunidades, aliados y públicos que encuentran en el cine una oportunidad para compartir conocimientos y fortalecer su compromiso con el cuidado del planeta.

“En un momento en el que la conservación de la biodiversidad, el acceso a la información y la participación ciudadana son fundamentales para el futuro de los territorios, iniciativas como Pantalla Verde - Plataforma de cine ambiental muestran cómo la cultura puede acercar estos temas a públicos diversos. Las películas permiten conocer experiencias que suceden en otros lugares, comprender sus conexiones con nuestra propia realidad y reconocer el trabajo de quienes impulsan alternativas para proteger la vida.”  Lorena Tavera Peña (Dir. Fundación Gestión Nodal / Jefe de programación en Pantalla Verde) 

Desde Cali, Pantalla Verde - Cine ambiental continúa ampliando las posibilidades de encuentro entre las historias audiovisuales y las personas que pueden darles nuevos sentidos. Su trabajo conecta el acceso digital con la exhibición cinematográfica, las iniciativas sociales y los procesos de educación ambiental, para que cada película tenga la oportunidad de llegar más lejos.  

Porque cuidar la tierra  también implica aprender a mirarla, escuchar las historias de quienes la habitan y encontrar formas de actuar colectivamente.

Pantalla Verde — Historias para cuidar el planeta.

Web: pantallaverde.org

Redes sociales: @pantallaverdeorg · @festivalfincali · @gestionodal

Según el documento final del Acuerdo de Paz firmado en La Habana (Cuba), “la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. La participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y la participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, es además una garantía de transparencia”. (p. 6)

Lo anterior, se ve materializado en las comunidades indígenas y campesinas del departamento del Putumayo, vinculadas al proyecto Sembrando Economías de Paz, liderado por Climalab en este departamento y que cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (UNPBF), Christian Aid y el acompañamiento de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. A su vez, este proyecto es liderado por Corambiente en Santander y por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP en Norte de Santander.

El objetivo del proyecto es promover el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades de mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado, para que sean agentes de cambio dentro de sus comunidades y tengan un rol central en los procesos de construcción de paz territorial. En este sentido, la transición agroecológica, la defensa territorial y la incidencia en escenarios de toma de decisiones se convierten en pilares fundamentales del proceso. 

La Naturaleza como víctima del conflicto armado

El Putumayo está ubicado en el suroeste de Colombia dentro de la exuberante región Amazónica, cuyo nombre originario proveniente de lenguas indígenas significa “río que nace muy alto” y que, también, le da nombre al río que lo baña. Su gran biodiversidad y riqueza cultural representada en diversas comunidades étnicas (indígenas, afrodescendientes) y campesinas, incluyendo más de 15 pueblos originarios, lo hacen un destino a conocer.

No obstante, históricamente este departamento ha afrontado de forma directa el conflicto armado, el desplazamiento forzado, las economías ilícitas, las amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales y ambientales. Estas afectaciones no sólo han impactado a las comunidades locales sino también a la Naturaleza, que se convierte en una víctima más del conflicto armado en nuestro país.

Según el Centro de Memoria Histórica, “los ríos, las montañas, los bosques y los territorios también han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Sus heridas no siempre tienen nombre en el derecho ni en la historia, pero sí en la memoria de los pueblos que los habitan”. 

Es así que desde el año 2011 en Colombia, ya se tenía un antecedente del reconocimiento de la Naturaleza como víctima desde el Decreto Ley 4633 de 2011 cuyo texto menciona que “para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra”. 

Luego, en el año 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, marcó un hito histórico al reconocer formalmente al territorio ancestral del pueblo Awá, denominado Katsa Su, como sujeto colectivo de derechos y víctima del conflicto armado.

Crisis climática y ambiental en el Putumayo

Desde Climalab, comprendemos que la crisis climática y ambiental, profundiza las vulnerabilidades ya causadas por el conflicto armado. En este departamento las altas temperaturas, los cambios drásticos en los regímenes de lluvias, las industrias extractivas, actividades productivas como la ganadería y las economías ilícitas, amenazan a los ecosistemas y seres que habitan en ellos, incluyendo a las comunidades locales que por mucho tiempo han salvaguardado estos territorios. Sequías, inundaciones, deforestación, contaminación de los ríos y los suelos, pérdida de especies, son solo algunas de las consecuencias de estos impactos.

Según cifras del Global Nature Watch, entre el 2002 y 2025 la deforestación ha provocado la pérdida de más de 190.000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa más de 266.000 canchas de fútbol. Así mismo, la contaminación por hidrocarburos sigue amenazando a cientas de comunidades, generando alertas cómo la presentada hace pocos meses en la quebrada Sardinas en la zona rural de Mocoa (ver más).

Además, según el IDEAM se espera que la temperatura aumente casi 1 °C hacia el año 2040, mientras que las precipitaciones muestran variaciones importantes con tendencias de incrementos moderados en varias subregiones, aunque con alertas constantes por eventos extremos. A esto se suma el fenómeno de El Niño, que amenaza con inundaciones, deslizamientos y calor extremo, convirtiendo al Putumayo en un territorio vulnerable al cambio climático. 

Comunidades locales por la acción climática para la reconstrucción social y la protección de la Naturaleza

Para Zuly Rivera, perteneciente a la Guardia Indígena del Pueblo Nasa y protagonista del documental “Retratos del Campo IV: Guardianas de la Amazonía” de Climalab, la deforestación y el extractivismo amenazan a este territorio. Según ella, “el municipio de Puerto Guzmán es uno de los que tiene más deforestación del departamento”. A su vez, las empresas petroleras causan una gran contaminación de los ríos, afirmando que “hay unos ríos de los que no se puede tomar de esas aguas, porque no están aptas para el consumo humano”. El contexto de este territorio y liderazgos como el de Zuly Rivera en Puerto Guzmán, Elvira Jossa en Sibundoy o Paola Melo en Mocoa, motivaron el surgimiento del proyecto Sembrando Economías de Paz.

Dicho proyecto, incluye un diplomado que es gestionado por la Universidad de la Amazonía, que ya ha graduado a 105 personas en 2 cohortes. Cada cohorte incluyó 10 módulos presenciales y 12 virtuales con sesiones enfocadas en liderazgo, participación, agroecología, justicia climática, cambio climático y formulación de iniciativas.

Según Jessica Villamil, lideresa vinculada al diplomado, “esta escuela territorial para la paz fue un espacio de encuentro y construcción colectiva para mujeres y jóvenes en el Putumayo”. A su vez, para Emilia Muchachasoy otra de las participantes, el diplomado “fue una experiencia muy enriquecedora por el intercambio de saberes”. Se suma también Olivia Chingunas, quién expresa que “todas las mujeres que estuvimos en el diplomado, construimos estrategias para cuidar nuestro territorio”.

A la fecha, también se han entregado más de 100 millones de pesos en capital semilla a las iniciativas productivas de la primera cohorte y próximamente se espera entregar recursos adicionales para las iniciativas de la segunda cohorte.

Para Jhoanna Cifuentes, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Climalab, “iniciativas como ésta, nos permiten dar cuenta de la importancia de promover la paz territorial desde la protección de la Naturaleza, la reconstrucción social y la lucha frente a la crisis climática, para generar territorios resilientes y en paz de la mano de las comunidades”. 

Tú también puedes ser parte de la acción climática con enfoque de paz. Para seguir materializando las apuestas de Climalab por la acción climática y la construcción de paz territorial, puedes sumar tus aportes como organización, empresa o persona natural a través de nuestra canal de donaciones https://climalab.org/donaciones/

La organización Oxfam acaba de publicar un informe en el que asegura que las personas más ricas del planeta, además de ser unos de los principales emisores de gases de efecto invernadero —responsables del cambio climático—, le está sacandoo jugo a la crisis climática.

El documento, titulado Desastre, ¿para quién?, indica que el 0,1 % de la población más rica del mundo está invirtiendo en un mercado que tiene un gran crecimiento: el de la preparación y recuperación ante desastres. Para 2029, señalan los cálculos de Oxfam, se prevé que ese mercado mueva unos USD 92.000 millones por año.

A los ojos de la organización, esta situación está generando una especie de "doble dividendo" de la crisis climática para ese grupo, pues quienes lo conforman son más contaminantes, pero, a su vez, se pueden beneficiar de las consecuencias que está dejando el cambio climático.

(Lea El informe que pide que el cambio climático se reconozca como una emergencia sanitaria)

El informe tiene varias cifras que ayudan a dimensionar mejor el escenario. Por ejemplo: el 0,1 % más rico del mundo, que está compuesto por 8 millones de personas, produce más emisiones que el 44 % más pobre (3.500 millones de personas).

Dicho de otro modo, ese grupo genera más del triple de emisiones que el conjunto de la población de África Subsahariana (1300 millones de personas).

O: "Una persona perteneciente al 0,1 % más rico contribuye 125 veces más a los episodios de calor extremo que una persona promedio: casi 400 veces más que alguien perteneciente al 50 % más pobre", se lee en el documento.

Según Oxfam, además, las emisiones derivadas de las inversiones de los 1.000 multimillonarios ascendieron a 486 millones de toneladas de C02e, una cifra comparable a las emisiones del 19.º país más contaminante del mundo, por detrás de Australia y por delante de Sudáfrica.

Jets privados, grandes contaminantes

El asunto, para la organización, es una muestra de la desigualdad global. La adaptación al cambio climático debería reducirla, no reforzarla, dice en un apartado.

"Es frecuente que los grandes inversores generen enormes beneficios a partir de las empresas que alimentan el cambio climático, al mismo tiempo que se embolsan sumas considerables gracias a las empresas encargadas de dirigir las operaciones de recuperación tras desastres", resalta Oxfam.

Para detallar esa situación, elaboró un listado de 217 empresas que se están lucrando de la creación de desastres climáticos, de la labor de preparación ante ellos o de la recuperación posterior e hizo un “índice de destrucción y reconstrucción".

"Seis grandes gestoras de activos (incluidas Vanguard, BlackRock y State Street) representan más de un cuarto del conjunto de empresas del índice de destrucción y reconstrucción", asegura. De hecho, BlackRock y Vanguard tienen participaciones en el 92 % de las empresas del índice.

El informe documenta algunos ejemplos para explicar cómo operan algunas de esas empresas que se benefician de la crisis climática. En 2017, en Puerto Rico, por ejemplo, el gobernador privatizó la red eléctrica luego del paso del huracán María, lo cual desencadenó un incremento en el número de apagones. En Barbuda, tras el desastre que causó el huracán Irma, "los litorales y humedales naturales fueron reemplazados por lujosas residencias y un campo de golf, lo que dejó sin acceso al mar a gran parte de la población local y de quienes se dedicaban a la pesca a pequeña escala".

(Vea en video: Récord de gases contaminantes: el mundo volvió a superar los niveles máximos en la atmósfera)

“Las poblaciones que menos han contribuido a la crisis climática son las que están sufriendo sus peores consecuencias, mientras que las que la han provocado son las que mejor pueden protegerse", le dijo al diario británico The Guardian Jean McLean, directora de relaciones públicas de Oxfam. "Los superricos se benefician de la crisis en ambos extremos: primero, mediante la inversión continua en industrias contaminantes, y segundo, mediante la inversión en la floreciente 'economía de la adaptación'".

El documento tiene otro buen caso que ayuda a dimensionar la contaminación que causa ese porcentaje más pequeño de multimillonarios: el uso de jets privados. Usados únicamente por el el 0,003 % más rico de la población mundial, es decir, unas 250 000 personas (la mayoría hombres), emitieron 16 millones de toneladas de CO2. "Para contrarrestarlas", dice Oxfam, "serían necesarios 80 millones de árboles".

O, mejor: cada vuelo en avión privado emitió de media 3,7 toneladas de CO2, que es la misma cantidad que una sola persona común y corriente emitiría a lo largo de un año.

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