Cuando el país comienza apenas a sentir los efectos del fenómeno de El Niño, con racionamientos de agua que ya viven grandes ciudades como Medellín, un estudio publicado este jueves en la prestigiosa revista Nature augura que el futuro para la Amazonía no pinta nada bien.

Los investigadores, adscritos a distintas instituciones de Brasil, del Reino Unido y de otros países, analizaron cómo han cambiado las condiciones climáticas de la Amazonía durante 43 años, entre 1981 y 2023. Para hacerlo, dividieron la región en cerca de 58.000 cuadrículas de 11 kilómetros. En todas analizaron las temperaturas promedio, los extremos de calor, la disponibilidad de agua y las condiciones de la atmósfera durante los periodos más secos.

"Nos interesan especialmente los fenómenos que ocurren en sus momentos de mayor calor y sequía, ya que es entonces cuando las altas temperaturas pueden causar mayores daños", afirmó, citado en una nota de prensa abierta al público, el profesor Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster y autor principal del informe. "Si bien esto se ha evaluado en la Amazonía meridional, que comparte una estación seca bastante similar, nunca se ha evaluado en toda la Amazonía, que incluye regiones al norte del ecuador con un período de estación seca diferente".

Los resultados, en grandes rasgos, apuntan a que los fenómenos climáticos extremos en la Amazonía han empeorado progresivamente durante los últimos 43 años. Los científicos reportan que mientras la temperatura media anual de la Amazonía aumentó alrededor de 0,21 °C por década, las temperaturas máximas extremas durante los periodos más secos aumentaron 0,49 °C por década.

En palabras más simples, el calor más intenso está aumentando a un ritmo más de dos veces superior al calentamiento promedio. Los autores creen que, dado que se prevé que el fenómeno de El Niño de 2026 sea el  más intenso de la historia reciente , la región podría sufrir temperaturas extremadamente altas y sequías apenas dos años después de la última gran sequía.

Y  si este rápido aumento de los fenómenos climáticos extremos continúa, temen los científicos, la Amazonía podría superar umbrales críticos.

La Amazonía no se está calentando igual

Pero ese aumento general de las temperaturas extremas no fue el único hallazgo importante del estudio. “Las tasas de cambio en los fenómenos climáticos extremos son mucho mayores que las tasas de cambio del clima promedio en la Amazonía, y las regiones más afectadas también difieren entre los extremos y el clima promedio”, afirmó, citada en la misma nota de prensa, Nathália Carvalho, investigadora postdoctoral asociada del Centro Ambiental de Lancaster. 

“Esto es importante porque demostramos que el clima de la Amazonía no está cambiando de manera uniforme”, dice Carvalho.

Según la investigación, el sur de la región aparece como la zona con mayores aumentos de temperatura cuando se mira la tendencia promedio. Pero cuando los investigadores se concentran en los episodios más extremos de calor, el principal foco de cambio se desplaza hacia el centro-norte de la Amazonía, una zona que, según los autores, había recibido menos atención como región especialmente vulnerable al cambio climático.

"Esta información será crucial para la planificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático", cree Carvalho. Para la investigadora, conocer con mayor precisión dónde se están acelerando los extremos de calor y estrés hídrico puede ayudar a identificar las zonas que requieren mayor atención y a anticipar los riesgos que estos cambios pueden representar para los bosques y las comunidades que dependen de ellos.

En ese sentido, el profesor Barlow añadió: "Se necesitan urgentemente medidas de adaptación para hacer frente a los impactos de estos fenómenos climáticos extremos que cambian rápidamente, incluyendo la prevención de factores que amplifican los riesgos climáticos, como la deforestación. También debemos implementar medidas para combatir los incendios forestales y brindar apoyo a las comunidades locales cuando se sequen los ríos de los que dependen para navegar, especialmente en un año como 2026 con la llegada de un fenómeno de El Niño extremo".

Son bien conocidos los efectos que tiene el calor extremo en esta región. Según se referencia en la nota de prensa de la investigación, estudios recientes demuestran que los fenómenos climáticos extremos están afectando a la región, incluyendo la primera mortandad masiva de mamíferos observada en la Amazonía, donde se encontraron perezosos y otros mamíferos en el suelo del bosque o colgando muertos de los árboles del sotobosque; reducciones en el tamaño de las poblaciones de aves ; y cambios en la esperanza de vida , la apariencia y el comportamiento de las aves.

La región también ha sufrido extensos incendios forestales , calor extremo y sequía, lo que ha contribuido a megaincendios que han provocado contaminación atmosférica en la ciudad amazónica de Manaos; además, la desecación de los ríos ha afectado la salud de las personas que viven en los bosques.

“Los fenómenos climáticos extremos están impactando los medios de subsistencia locales de diversas maneras, afectando productos clave como 
el açaí . Esto elimina la red de seguridad que brindan los bosques, amenazando la seguridad alimentaria y debilitando su papel en una creciente socio-bioeconomía", agregó Joice Ferreira, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

"Lo más preocupante es que podría descarrilar las políticas públicas que actualmente diseñan e implementan los gobiernos brasileños y estatales para impulsar una transformación positiva en la región, como los planes de restauración forestal. Este escenario exige una acción global para detener el cambio climático en nombre de la justicia climática”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Después de varios años suspendida, la aspersión de cultivos de uso ilícito estaría cerca de ser, nuevamente, una realidad. Pero el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene en la mira un herbicida diferente al que por mucho tiempo estuvo asociado con esta estrategia. Se trata del glufosinato de amonio, un producto de uso agrícola utilizado para controlar malezas que compiten con los cultivos por recursos como agua, luz y nutrientes.

Para determinar si puede ser utilizado para la aspersión de cultivos de uso ilícito, el Gobierno dio luz verde a un plan piloto que pondrá a prueba este compuesto químico y busca obtener evidencia sobre, entre otros aspectos, su eficacia e impactos en la salud y el medio ambiente. A través de la Resolución 7 de 2026, publicada este 8 de septiembre en el Diario Oficial, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó iniciar con la fumigación que, según precisa el acto administrativo, será de carácter experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable. En ese sentido, no representa la adopción o autorización definitiva de un programa general o nacional.

Aunque las propiedades del glufosinato de amonio pueden ser similares a las del conocido glifosato, hay algunas diferencias importantes entre ambas sustancias. Gabriel Tobón, ingeniero agrícola, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la U. Javeriana, explica que el glifosato tiene un efecto sistémico: una vez que la planta lo absorbe, puede desplazarse hacia otras partes, incluidas las raíces y los bulbos, y sus efectos pueden hacerse evidentes incluso 15 o 20 días después de la aplicación. El glufosinato de amonio, en cambio, actúa principalmente por contacto. Su efecto se concentra en el follaje de las plantas y es más rápido: los daños, según Tobón, pueden comenzar a observarse entre tres y cinco días después de la aplicación. 

Un expediente técnico elaborado por Camilo Gonzalez Posso, ingeniero químico con una maestría en Economía y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explica con mayor detalle cómo actúa el glufosinato de amonio. Lo que hace, básicamente, es quemar los tejidos verdes de las hojas, por medio de los cuales las plantas hacen fotosíntesis. Así, bloquea la producción de una enzima llamada glutamina sintetasa, generando que el organismo se inunde internamente de amoniaco tóxico, destruyendo sus células vegetales y provocando su rápido colapso. 

El glufosinato, de ese modo, no tiene la misma capacidad del glifosato para desplazarse dentro de la planta y llegar hasta estructuras como las raíces. Eso, en principio, limitaría su acción a las partes que entran en contacto con el producto. Quienes lo defienden argumentan, entonces, que sus resultados son más instantáneos y que se degrada mejor en comparación con el glifosato, al no ir directamente al subsuelo.  Sin embargo, para los científicos que consultamos, que el glufosinato actúe de esa manera no resuelve completamente las preguntas que plantea su eventual utilización para erradicar cultivos de coca en Colombia. 

Esas preocupaciones van desde la posibilidad de que el herbicida alcance vegetación distinta de la que se busca eliminar, hasta sus efectos perjudiciales sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la salud de las personas expuestas. 

El mecanismo y el efecto “deriva”

Quienes llevan años estudiando el tema coinciden en que hay dos aspectos que no pueden analizarse por separado cuando se habla de estos herbicidas para erradicar cultivos de coca: qué contiene el producto y cómo se aplica sobre el territorio. No es lo mismo aplicar un herbicida de manera localizada, directamente sobre una planta, que dispersarlo desde una aeronave que vuela a gran altura sobre grandes extensiones de terreno. 

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El segundo elemento resulta particularmente importante. Tanto el glufosinato de amonio como el glifosato son herbicidas de amplio espectro, es decir, no selectivos. En términos sencillos, esto significa que no están diseñados para actuar únicamente sobre una planta específica, sino que pueden afectar distintas especies. De ahí que la forma de aplicación sea especialmente relevante. “La gran preocupación es que, al ser un herbicida de amplio espectro y al aplicarse en cultivos de coca en Colombia (en contextos de violencia), en la mayoría de las regiones se hace por vía aérea y a través de vuelos que no son rasantes, sino que son a medianas y altas alturas”, dice Tobón. “Así como afecta la coca, también va a afectar al maíz, la yuca o especies forestales de nuestras selvas húmedas tropicales”. 

Incluso considerando las diferencias entre ambos productos, para Alejandro Henao, biólogo, magíster en Agroecología y Desarrollo Rural e integrante del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia, el glufosinato no despeja esa inquietud.

“Es de contacto y daña los tejidos verdes cuando los toca, no se transporta a las raíces como sí lo hace el glifosato, pero eso se refiere a su efecto sobre la planta y no al destino en el ambiente”, explica Henao. En otras palabras, que el glufosinato actúe sobre los tejidos con los que entra en contacto no significa que el resto de la sustancia desaparezca allí. Una vez aplicada en aspersión aérea, su destino depende de las condiciones ambientales, que pueden favorecer su desplazamiento fuera de la vegetación que se busca tratar.

Lo que sucede es que, al emplear avionetas, entre más alto se lleve a cabo una aspersión, más posibilidad hay de lo que técnicamente se conoce como efecto deriva, que es cuando el viento dispersa las gotas del herbicida, ampliando considerablemente su radio de acción. Así, puede extenderse no solo hacia cultivos de coca, sino hasta otros como los de pancoger. “Lo hemos visto en Valle del Cauca, donde han pasado avionetas asperjando con glifosato y parcelas que antes tenían plátano se secaron; ya no son productivas”, recuerda Fabián Méndez, médico con un doctorado en Epidemiología y profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. del Valle.

Además, apunta Henao, cuando estos productos se han utilizado para la erradicación de cultivos de uso ilícito, las concentraciones empleadas han sido mayores que las habituales en la agricultura. Menciona, por ejemplo, que para una aplicación agrícola con bomba de espalda puede utilizarse un litro de producto por cada 22 litros de mezcla, mientras que en Colombia, durante las operaciones de aspersión con glifosato sobre cultivos de coca, “la concentración era de diez litros, diez veces más de lo que se aplica comercialmente”.

El biólogo explica que, originalmente, estos herbicidas fueron diseñados para controlar, como su nombre lo indica, hierbas no deseadas. Sin embargo, la coca es un arbusto de un tamaño considerablemente mayor que muchas de las malezas, y por eso las sustancias se han utilizado en grandes cantidades. Entonces, las condiciones de uso (incluida la concentración) son fundamentales para evaluar sus posibles efectos.

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Aunque en lugar de aeronaves tripuladas se ha planteado la posibilidad de utilizar drones para esa fumigación, Henao advierte que eso no necesariamente elimina el problema de la deriva. Las hélices de estos equipos generan corrientes de aire y turbulencias que pueden influir en la trayectoria de las gotas durante la aplicación. Por ello, señala, el hecho de utilizar drones no significa que el producto vaya a quedar restringido al área a tratar. 

Todo esto ha sido considerado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-236 de 2017. Allí aparece un concepto muy importante para entender esta discusión: el principio de precaución. En términos sencillos, significa que si existe una posibilidad razonable de que una actividad cause un daño grave, las autoridades no tienen que esperar a que ese daño esté completamente demostrado para tomar medidas que lo eviten. La incertidumbre científica, en otras palabras, no es una licencia para actuar como si el riesgo no existiera.  

Bajo ese principio, la Corte fijó una serie de condiciones para una eventual reanudación de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente. Para la Corte, el riesgo debe evaluarse sobre la actividad de aspersión en su conjunto, lo que incluye la sustancia utilizada, pero también el método de aplicación y las demás condiciones en las que se desarrolla. A pesar, entonces, de que no se conocen muchos detalles del piloto que el Gobierno esta preparando con el glufosinato de amonio, no está claro todavía con qué evidencia científica y bajo qué condiciones se pretende demostrar que esta nueva estrategia cumple con esos estándares. 

¿Es perjudicial para el ambiente y la salud?

El efecto de la deriva es importante para entender los posibles impactos que puede tener el glufosinato si llega a otros lugares, además de las hectáreas de coca. Por ejemplo, cultivos agrícolas, ecosistemas naturales, fuentes de agua, especies que no son el objetivo de la aplicación e incluso, potencialmente, personas expuestas al producto. 

Para entender eso, hay que hacer una distinción importante. El glufosinato y el glifosato son los ingredientes activos, es decir, las sustancias que producen la acción herbicida, pero la mezcla final del producto suele contener otros componentes. Entre ellos están los surfactantes, adherentes y coadyuvantes que, básicamente, ayudan a que el producto se “pegue” a las hojas y, en algunos casos, facilite su penetración o permanezca más tiempo sobre ellas. Méndez, de la Universidad del Valle, agrega que estos coadyuvantes pueden ser tan tóxicos como el glufosinato o el glifosato, o incluso más.

Henao coincide con esa perspectiva. Según explica, la combinación de los principios activos con esos distintos aherentes puede producir un efecto sinérgico, de manera que la mezcla tenga efectos potencialmente más dañinos que los de cada sustancia por separado.

Para los expertos, el problema es que buena parte de las pruebas toxicológicas se realizan sobre el ingrediente activo y no sobre la mezcla completa que finalmente se aplica. Esa falta de evaluación conjunta, advierte Henao, dificulta conocer qué ocurre cuando el herbicida entra en contacto con los demás componentes de la formulación. Un ejemplo de esto, dice, es el Cosmo-Flux 411F, un coadyuvante que fue utilizado en Colombia junto con el glifosato durante las operaciones de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. 

Según Tobón, este coadyuvante puede aumentar entre tres y cinco veces la potencia tóxica del herbicida sobre el follaje o sobre la planta de coca. Henao también recuerda que su utilización en las antiguas operaciones de aspersión aérea generó polémica por sus posibles efectos sobre otros organismos. “Varios estudios en el país encontraron que el Cosmo-Flux era muy tóxico para peces como la cachama blanca o para renacuajos y ranas nativas”, señala. 

El biólogo explica que esas consecuencias tienen que ver con la forma como actúan los coadyuvantes. Funcionan como una especie de “detergente”; ayudan a romper la capa cerosa que recubre las hojas y que las protege del exterior, facilitando así que el herbicida penetre en los tejidos de la planta. Pero esa capacidad de alterar membranas, de igual modo, puede afectar las membranas celulares de otros organismos, como animales, generando especial preocupación por especies acuáticas y anfibios. A esto se suma otro problema: qué ocurre con el producto que termina lejos de la coca. Las partículas que permanecen en el ambiente pueden ser arrastradas por la lluvia y acabar en cuerpos de agua. 

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Y en un país como Colombia, con una geografía tan montañosa, Henao advierte que el relieve puede favorecer ese desplazamiento. “Todo va a terminar en las quebradas, se va lixiviando hacia allá, bien sea por escorrentía o por infiltración. Por cualquiera de esas dos formas, llega a las fuentes hídricas”, explica. Además, se trata de un plaguicida polar, es decir, con una alta capacidad para disolverse en agua, y su comportamiento varía según el medio en el que se encuentre. Mientras en el suelo puede degradarse en cuestión de semanas, en el agua puede permanecer mucho más tiempo: “Puede tardar cientos de días. Si llega a una quebrada o un humedal, se queda allí”, asegura Henao.

Como ocurre con otros plaguicidas, el glufosinato puede transformarse en el ambiente y dar lugar a otras sustancias, conocidas por los expertos como los metabolitos. Estos productos de degradación tienen características diferentes a las del compuesto original y, dependiendo de cuáles se formen y de las condiciones ambientales, pueden desplazarse por el suelo y el agua.

Por otro lado, están los posibles efectos sobre la salud humana. En la Unión Europea, el glufosinato de amonio está clasificado como tóxico para la reproducción, categoría 1B, una categoría que contempla posibles efectos adversos sobre la fertilidad y el desarrollo. 

De hecho, la autorización europea de esta sustancia expiró el 31 de julio de 2018. Para Henao, esa es una clara señal de alerta sobre los efectos que esta sustancia puede tener en la salud. La Organización Mundial de la Salud clasifica el glufosinato de amonio como Clase II, moderadamente peligroso, mientras que el glifosato está en Clase III, ligeramente peligroso. Esta clasificación se refiere principalmente a la toxicidad aguda de las sustancias activas y no significa, por sí sola, que una exposición concreta vaya a producir un determinado daño. 

“La principal razón es que oficialmente está clasificada como un tóxico para la reproducción, es decir, hay advertencias de que puede perjudicar la fertilidad y causar daño al feto. Lo más preocupante de investigaciones recientes, que son estudios realizados en animales, es que han demostrado un daño en el desarrollo del cerebro de las crías, incluso en dosis bajas o cuando la madre estuvo expuesta durante el embarazo”, detalla Henao. Cabe aclarar que la evidencia obtenida en animales no permite afirmar, por sí sola, que esos mismos desenlaces ocurran en humanos. 

En todo caso, el glufosinato se ha relacionado con efectos sobre el sistema nervioso en casos de las personas. Al parecerse químicamente a una molécula que el cerebro usa para comunicarse, que es el glutamato, es considerado un neurotóxico. Es por ello que, en intoxicaciones agudas produce convulsiones y, de acuerdo con el expediente técnico de Indepaz, en los casos más graves puede generar pérdida de memoria e incluso, coma. El mecanismo exacto de su neurotoxicidad en humanos, no obstante, no está completamente esclarecido. 

Por su parte, la Unidad de Investigación de Agricultura y Medio Ambiente (AERU) de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, resalta que el glufosinato de amonio es nocivo si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel y posiblemente tóxico para los riñones, la vejiga, la sangre y los pulmones. En caso de una intoxicación, el manejo depende del producto y de la gravedad de la exposición. A diferencia de algunas sustancias para las que existen tratamientos específicos, el glufosinato de amonio no cuenta en la actualidad con un antídoto. El tratamiento se basa, principalmente, en medidas de soporte, como controlar las convulsiones, mantener la respiración y la función cardiovascular y, en situaciones graves, recurrir a procedimientos para intentar eliminar el tóxico del organismo. Para Henao, esa ausencia de un antídoto constituye una razón adicional para mirar con cautela la utilización de la sustancia.

Ante este panorama, los expertos que consultamos coinciden en que lo ideal, en este caso, sería aplicar el principio de precaución al que se refiere la Corte Constitucional. Para Tobón, el solo grado de toxicidad en el que está clasificado el glufosinato de amonio sería suficiente para adoptar esa medida. Méndez concuerda, y agrega que, más allá de contar con la evidencia científica, el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad especialmente de poblaciones vulnerables, pues esta sustancia podría tener repercusiones transgeneracionales.

Finalmente, y después de revisar los posibles efectos de la aspersión sobre los ecosistemas, los animales y la salud humana, los expertos plantean una pregunta básica: ¿realmente funciona para lo que se propone, es decir, para erradicar los cultivos de uso ilícito? 

Varios se refieren a otro efecto, conocido como “balón” o “mercurio”, en el que la aspersión no elimina los cultivos de uso ilícito, sino que genera que se desplacen hacia otras zonas, ejerciendo presiones sobre áreas protegidas o comunidades étnicas. Tobón recuerda, por ejemplo, el caso de Putumayo, que para finales de la década de los 90 era el departamento con más coca sembrada. Aunque la fumigación redujo miles de esas hectáreas, eventualmente se desplazaron hacia Nariño, que hoy es el departamento que más cultivos de coca presenta, un primer lugar que ocupa desde 2021. Para 2024, según un reciente informe de la UNODC, tenía un área de más de 70.000 hectáreas sembradas.

Pero eso no es todo. El profesor de la Javeriana afirma que tampoco está garantizado que una planta fumigada muera definitivamente. Puede haber rebrotes, especialmente en el caso del glufosinato de amonio, cuyo efecto se concentra principalmente en las partes de la planta que entran en contacto con el herbicida y no va hasta las raíces, como ocurre con el glifosato.  A esta discusión sobre la eficacia se suma otra preocupación: quién termina pagando el costo de la estrategia. Julio César Estrada, exsenador de la República, oriundo de Vaupés y dirigente indígena del pueblo wanano, considera que la aspersión aérea puede terminar afectando al “eslabón más débil de la cadena”, es decir, a campesinos e indígenas que dependen de estos cultivos como una de sus pocas alternativas de subsistencia. “En esos territorios hay necesidades básicas insatisfechas que se pueden identificar con un diagnóstico”, afirma. 

Por eso, y a la espera de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella entregue más detalles sobre lo que está planeando hacer, los entrevistados coinciden en que la discusión sobre cómo reducir los cultivos de coca no debería limitarse a qué sustancia utilizar para fumigarlos. Desde su perspectiva, la erradicación manual y, sobre todo, la sustitución de cultivos acompañada de alternativas económicas para las comunidades pueden ofrecer una respuesta más integral. 

En palabras de Méndez: “El principio de precaución dicta que se debe tomar una decisión para proteger la vida. En ciencia trabajamos con incertidumbre, y cuando los efectos son tan potencialmente negativos, como abortos, malformaciones congénitas, toxicidad para riñones, vejiga, entre otros, no podemos esperar a ver si el daño se produce”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Hace cinco años compré uno de mis libros favoritos: The Democracy of Species (La democracia de las especies). Ese día, la escritora y botánica Robin Wall Kimmerer me introdujo al lenguaje de la animicidad de su pueblo Potawatomi, en la región de los Grandes Lagos (en lo que hoy es el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá), con este ejemplo: “Una bahía es un sustantivo solo si el agua está muerta (...) atrapada entre sus orillas, pero el verbo wiikwegamaa —ser bahía— libera al agua de su cautiverio y la deja vivir”. Wall Kimmerer cuestiona con mucha sensibilidad cómo la academia y la ciencia occidental tienden a negarle la categoría de sujeto sintiente a otros seres con quienes cohabitamos la Tierra en un entramado de relaciones simbióticas —cuando les trata como algo (it) y no alguien (she o he), en inglés—.

En su libro, la gramática se convierte en una especie de llave maestra hacia un portal creativo tan fecundo y diverso como se desee: es posible entonces ser nevado, ser arrecife coralino, ser tormenta, ser crisálida, ser turbera, ser ceiba. También es posible estar emparamadas; sentirnos desbordadas, enraizadas, marchitas o nubladas; y desear, tras una semana feroz, encuevarnos. Incluso aparecen nuevas palabras para nuevas emociones en tiempos críticos, como la solastalgia, la ecoansiedad o la terrafuria.

Dado que las palabras importan porque nos ayudan a crear mundos —no solo narrarlos— hablar con y sobre otros seres es una invitación radical a cuestionar la supremacía humana. Esta idea de que tú y yo somos una especie superior y separada del resto de la naturaleza y, por tanto, con dominio sobre ella, con potestad de explotarla y mercantilizarla para nuestro beneficio. Como si “la única manera de estar vivo, de ser digno de respeto, consideración y responsabilidad moral, sea siendo humano”, cuestiona Wall Kimmerer. Su propuesta es: pasemos de la tiranía de una sola especie, a la democracia de muchas. Todo está “al alcance de los pronombres”.

Estas preguntas revolotean en otras disciplinas, incluyendo el derecho: ¿Puede un bosque de niebla ser reconocido como autor de una canción? ¿Cómo garantizarle a una selva —compartida por 9 países, hogar de 47 millones de personas y al menos el 13% de todas las especies que hasta ahora conocemos— su derecho a existir, a regenerarse, a mantener sus ciclos vitales y a estar libre de contaminación? ¿Quién tiene voz legítima para representar los intereses de un glaciar o una ballena azul? ¿Cómo proteger los derechos de las futuras generaciones de entidades no humanas? ¿De qué formas el reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede ser útil para responder a las crisis climática y ecológica? Son, creo yo, provocaciones para que, en palabras del filósofo y diseñador Tony Fry, no nos resignemos a la “desfuturización” y resistamos colectiva y creativamente al precipicio de la desolación y el colapso.

César Rodríguez, director del programa MOTH de la Universidad de Nueva York, se refiere al derecho como una “herramienta narrativa” que —fusionada con otras ciencias, incluyendo la indígena— expande nuestra imaginación sobre lo posible. “Cuando el derecho, una de las estructuras sociales más resistentes al cambio, deja de ser útil para el florecimiento de la vida, es momento de repensarlo, descomponerlo y transformarlo”, dice, inspirado en el poder de los hongos y sus redes miceliales.

A finales de agosto, durante el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), desarrollado en Puyo (Ecuador), conocí dos iniciativas que apuestan por una gobernanza comunal; por una justicia interespecie; por otras formas más amorosas de nombrar, habitar y relacionarnos.

¿Otro derecho es posible?: un tribunal ético para defender la vida

Durante ocho horas, el territorio —y todas las historias, memorias, relaciones y seres que le componen— compareció ante el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una instancia ética y ciudadana. En la voz de autoridades indígenas y líderes campesinos y pesqueros, la Amazonía contó cómo la exploración, extracción, transporte y refinación de combustibles fósiles han violado sus derechos de forma sistemática y cruel. Hablaron sus guardianes, quienes denunciaron ser víctimas de persecución y estigmatización por parte de actores criminales y el propio Estado.

El Tribunal juzga violaciones a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada en la Cumbre de Cochabamba en 2010, y es liderado por GARN (la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en español). Es, como dijeron algunos de sus integrantes, “una plataforma educativa”, un espacio de “enunciación, memoria, resistencia y verdad” para “imaginar un derecho menos antropocéntrico y más ecocéntrico” y “asumir una postura ética y de responsabilidad si queremos sobrevivir como especie”.

Quienes testimoniaron en los seis casos —la XI Ronda Petrolera (Ecuador), el Lote 64 (Perú), las tierras del Pueblo U’wa (Colombia), la Península de Paraguaná (Venezuela), la Reserva Tariquía (Bolivia) y la Foz do Amazonas (Brasil)— reclaman justicia haciendo memoria. Son territorios que se resisten a ser zonas de sacrificio y desafían la noción de la naturaleza como mercancía dentro de un sistema económico que activamente lastima y destruye lo que aman. Fuimos testigas y testigos de una relacionalidad distinta: “La Madre Tierra, como los seres humanos, llora (...) cuando golpean o cortan los árboles, la selva también sufre”, dijo Daniel Dagua, presidente de la Nación Andwa. “El petróleo es la sangre de la Madre Tierra; nosotros no podemos vivir sin sangre; y si la extraemos, ella va a morir”, explicó Berito Kuwaru’wa, líder U’wa. “¿Qué precio le pondrías a tu madre? Entonces no seamos sicarios de la Madre Tierra; seamos los cómplices de la vida”, dijo Olivia Bisa, presidenta de la Nación Chapra.

Según los abogados Ramiro Ávila y Mario Melo, ambos Fiscales de la Tierra en el Tribunal, uno de los principales objetivos del derecho es facilitar las relaciones económicas y un modelo de producción y consumo particular: el capitalista. En ese sentido, “para el derecho es importante garantizar que los elementos de la naturaleza sean entendidos como cosas, pues así es más fácil justificar la explotación y la devastación ecológica (...) si tenemos un relacionamiento patrimonial, por ejemplo, puedo comprar un pedazo de la superficie terrestre, me declaro dueño de ella con un título de propiedad, y ya entra al mercado”, explica Melo.

Bajo esta narrativa, los demás seres y ecosistemas pueden ser adquiridos, transferidos, subordinados, instrumentalizados y dotados de un valor de cambio en este sistema económico. Pero como advierte Ávila, “la catástrofe climática, queramos o no, nos exige replantear el derecho (...) y si tomamos en serio el llamado, la naturaleza debe salir del mercado”.

Todos los testimonios dejaron claro que la vida sucede en comunión, y que un territorio es mucho más que una superficie delimitada con bloques petroleros señalados en un mapa. Se trata de un entramado de relaciones entre entidades, visibles e invisibles, con quienes se convive y se generan acuerdos e intercambios para asegurar el balance y la reproducción de la vida. Quedó claro que ellas y ellos son el territorio mismo, y que es ahí donde la soberanía alimentaria, la medicina y la educación propia, la ciencia ancestral, el desarrollo de las artes, el goce y las prácticas espirituales se ejercen autónomamente para asegurar su pervivencia física y cultural.

Al final, luego de analizar las pruebas, el Tribunal declaró a la Amazonía como sujeto integral de derechos y zona de exclusión total de combustibles fósiles, y denunció que tales “efectos catastróficos” sobre el bioma y los Pueblos indígenas, configuran crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal enviará la sentencia alos gobiernos amazónicos, a las Naciones Unidas, a las organizaciones indígenas de la región y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no es vinculante, “lo que se busca es motivar a los gobiernos a escuchar a una ciudadanía organizada y activa que brinda recomendaciones sobre cómo las Cortes deberían fallar cuando se reconocen los derechos inherentes de la naturaleza y, especialmente, implementar lo que ya existe”, explica Natalia Greene, directora global de la GARN. “Lo que estamos haciendo es luchar contra un sistema que le hace la guerra a la naturaleza y la sigue tratando como esclava”.

La colombiana Yuvelis Morales, ganadora del premio Goldman y jueza del Tribunal, cerró con una invitación, incluso para ti que lees este texto: “Uno de nuestros grandes enemigos sigue siendo la indiferencia (...) pero hoy este Tribunal nos exhorta a pensar en los otros mundos posibles”.

La Selva está viva y es consciente

Nos congregamos al amanecer alrededor del fuego para beber guayusa —una planta sagrada usada ancestralmente para dar energía y compartir e interpretar los sueños—. El líder José Gualinga, del pueblo originario kichwa de Sarayaku, nos introdujo al Kawsak Sacha, la Selva Viviente. “En la visión holística de la Allpamama, nosotros somos parte de ella”, explica. Es unmodo de vidaque está orientado al “respeto entre seres y al uso armonioso de los bienes de vida de los que dependemos”.

Sarayaku está ubicado a las orillas del río Bobonaza, en la provincia de Pastaza. El territorio es compartido con los Sacha runakuna, los habitantes visibles e invisibles del bosque que “ayudan a mantener el equilibrio”. Es en el Kawsak Sacha, dice José, donde deciden y construyen autónomamente su destino.

Pero ese equilibrio fue interrumpido a inicios de los años 2000 cuando la petrolera argentina CGC y la fuerza pública ecuatoriana ingresaron violentamente y sin autorización para realizar actividades de exploración, dejando enterrados 1.500 kilos de pentolita (un conocido explosivo) que aún permanecen allí. Una década después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador —el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución— violó los derechos de Sarayaku a la consulta previa, libre e informada, a la propiedad comunal y a la identidad cultural. Como medida de reparación, el pueblo busca que el Kawsak Sacha sea reconocido como un ser vivo y consciente, sujeto de derechos. “No estamos diciendo que es solo un cerro o un río; es todo el Kawsak Sacha que está vivo, incluyéndonos”, aclara Gualinga.

Al igual que los testimonios del Tribunal, José narra otras relaciones. De la riqueza individual a la comunal, de la escasez a la abundancia y reverencia, de la acumulación a la reciprocidad y moderación, de la competencia a la cooperación, de la ilusión de autosuficiencia a la interdependencia y gratitud. “Cuando les han colonizado la mente ves en un árbol una cosa que tiene valor en dólares, pero para nosotros es el Kawsak Sacha, y los indicadores de riqueza son todo lo opuesto al PIB (Producto Interno Bruto), sino el Sumak Kawsay, la vida en armonía, el Buen Vivir”, señala Gualinga.

El Sumak Kawsay comprende tres principios: el Sumak Allpa, un territorio sano y libre de contaminación, donde se respetan las zonas sagradas y abundan los tres reinos —fauna, flora y funga—; el Runakuna Kawsay, que abarca la vida cotidiana del pueblo, la economía comunitaria, la unidad familiar y la toma de decisiones políticas; y el Sacha Runa Yachay, que reúne las sabidurías y ciencias propias, desde la música y el uso de plantas medicinales hasta las tecnologías para construir y preparar la tierra para el cultivo.

Para Mario Melo, el abogado que ha acompañado el proceso de los Sarayaku en instancias internacionales desde sus inicios, el Kawsak Sachaes la materialización misma de los derechos de la naturaleza.La historia, dice, nos recuerda que los cambios no son lineales: “Antes era normal pensar que los negros no eran seres humanos y que las mujeres no podían votar (...) llegará el momento en que nos parecerá inconcebible haber desacralizado nuestra relación con la naturaleza y pensarla como materia inerte para ser explotada sin misericordia”.

Tal vez lo que nos corresponde ahora sea diseñar otros mundos donde la vida no esté desencantada, aunque hoy solo parezcan ficciones utópicas. Tal vez sea momento de recordar a la escritora Úrsula K. Le Guin: “Vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible; pero también lo era el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos”. Empecemos a conjurar la magia.

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Hace unos días asistí a la conmemoración de los treinta años de la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mientras escuchaba a quienes participaron en las movilizaciones que dieron origen a estos espacios, pensaba en algo que ocurre con muchas conquistas democráticas: una generación lucha por hacerlas posibles y la siguiente puede recibirlas como si siempre hubieran estado ahí.

No siempre estuvieron.

Treinta años atrás, en 1996, Colombia todavía intentaba convertir en realidad las promesas de la Constitución de 1991. Entre el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los derechos existía una distancia enorme.

En medio de esa brecha, Natividad Mutumbajoy, mama del pueblo Inga, caminó desde su territorio ancestral en el Caquetá hasta Bogotá. Hizo parte de las movilizaciones indígenas de ese año, entre ellas la toma de la Conferencia Episcopal durante cuarenta días. Aquella movilización abrió un nuevo ciclo de interlocución con el Estado: el 8 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos fundamentales. El 1396 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el 1397, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

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Mientras se abrían estos nuevos espacios de interlocución, Colombia seguía desmontando parte del andamiaje jurídico heredado del siglo XIX. En abril de ese año, apenas cuatro meses antes de la creación de la MPC y la CNTI, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre varios artículos de la Ley 89 de 1890. No era letra muerta: varias de sus disposiciones seguían vigentes más de cien años después.

La ley había sido expedida para determinar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Entre las disposiciones examinadas por la Corte estaba el artículo 40, que asimilaba a los indígenas a la condición de menores de edad para el manejo de sus porciones en los resguardos. En la Sentencia C-139 de 1996, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, la Corte declaró inexequibles varios de esos preceptos por ser incompatibles con la Constitución de 1991 y su reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

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La coincidencia no es menor. En 1996 Colombia todavía estaba desmontando jurídicamente una concepción tutelar mientras los pueblos indígenas se movilizaban para construir nuevas formas de interlocución con ese mismo Estado. No fue una evolución natural ni ordenada. Buena parte de esa transformación fue impulsada por los propios pueblos, sus autoridades y organizaciones.

Treinta años después, estas instancias hacen parte de una arquitectura de interlocución que Colombia ha construido y que ha dejado aprendizajes más allá del país. La reciente Mesa Amazónica de Pueblos Indígenas, en el ámbito de la OTCA, recoge una idea que aquí lleva décadas poniéndose a prueba: los pueblos no pueden aparecer únicamente como invitados cuando una decisión los afecta; necesitan espacios permanentes de interlocución.

La conmemoración deja también una pregunta para los próximos treinta años: ¿qué significa realmente reconocernos como un país pluriétnico cuando distintos pueblos, autoridades, sistemas jurídicos y formas de conocimiento tienen que concurrir dentro de un mismo Estado?

Durante estas tres décadas ha habido avances importantes: territorios reconocidos y ampliados, espacios permanentes de concertación, desarrollos de la jurisdicción propia, políticas construidas con participación indígena y, más recientemente, pasos para hacer efectivas competencias territoriales y ambientales reclamadas por generaciones.

Esos avances importan. También hacen más visibles las brechas entre lo reconocido, lo acordado y lo que efectivamente ocurre en los territorios.

Hay una paradoja en la palabra que usamos para contar buena parte de esta historia: reconocimiento.

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El Estado reconoció territorios, autoridades, lenguas, jurisdicciones y sistemas de conocimiento que no comenzaron a existir cuando fueron incorporados a una Constitución, una ley o un decreto. Ya estaban allí. Vida, territorio, derecho propio y autonomía tampoco aparecieron cuando el Estado decidió nombrarlos. Los pueblos indígenas han sido sujetos activos de esa transformación, no destinatarios pasivos de ella.

Treinta años después, la pregunta es más exigente.

Reconocer puede significar incorporar al derecho aquello que el Estado acepta y protege. Pero supone también admitir que existen otras formas de ejercer autoridad, producir conocimiento y relacionarse con el territorio que tienen fundamento propio y no necesitan derivar su legitimidad de las instituciones estatales.

Colombia ha avanzado mucho más en lo primero que en lo segundo.

La Constitución dice que somos una nación pluriétnica y multicultural. La pregunta pendiente es cómo se gobierna un país que realmente lo es.

Pensemos en una autoridad ambiental indígena y una autoridad ambiental estatal con competencias sobre un mismo territorio. O en la jurisdicción propia y la ordinaria frente a asuntos que exigen coordinación. Ya no se discute simplemente la existencia de la autoridad indígena. El problema es cómo concurren autoridades y sistemas distintos sin que esa concurrencia termine convertida en subordinación.

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Esto ocurre en el territorio, la justicia, la salud, la educación, las lenguas y los sistemas de conocimiento. Y tropieza con una característica del Estado: administra por sectores. Tierras por un lado, ambiente por otro, justicia por otro más, cada uno con sus entidades, procedimientos y presupuestos. Para muchos pueblos, en cambio, territorio, agua, memoria, conocimiento y autoridad no son piezas separadas que después se ensamblan.

Algo semejante ocurre con las lenguas. Su reconocimiento como oficiales en los territorios indígenas pierde alcance si una persona no puede entender una decisión administrativa, acudir a la justicia o relacionarse con el Estado en su propia lengua. Una lengua tampoco contiene únicamente palabras: guarda conocimientos, memoria, maneras de interpretar el territorio y relaciones entre generaciones. Cuando una institución solo puede escuchar en castellano, el problema excede la traducción.

Los avances de estas tres décadas conviven con una dificultad persistente: convertir decisiones, acuerdos y órdenes judiciales en capacidades, recursos y garantías efectivas en los territorios.

El Auto 004 de 2009 es uno de los ejemplos más duros. La Corte Constitucional advirtió entonces que numerosos pueblos indígenas enfrentaban riesgo de exterminio físico y cultural y ordenó medidas específicas para protegerlos. Diecisiete años después, buena parte de esa agenda continúa abierta.

Cambian gobiernos y funcionarios; se reinstalan mesas, se actualizan diagnósticos y se reformulan planes. Se suceden decisiones judiciales, compromisos y nuevas normas mientras asuntos fundamentales pasan de una administración a la siguiente sin resolverse. La distancia entre la norma y el territorio termina midiéndose en generaciones.

Mirar estos treinta años exige reconocer ambas cosas. La MPC, la CNTI y la Comisión de Derechos Humanos cambiaron la interlocución entre los pueblos indígenas y el Estado y han permitido avances concretos. También acumulan acuerdos pendientes, compromisos incumplidos y discusiones que vuelven una y otra vez.

Hay preguntas que corresponde hacerse también hacia adentro: qué ocurre con una conquista política cuando se institucionaliza; cómo transmitirla a generaciones que no vivieron las luchas que la hicieron posible; cómo evitar que la concertación se convierta en trámite para el Estado o en rutina para las organizaciones. Una institución nacida de una movilización también tiene que preguntarse, treinta años después, cómo conserva su capacidad de transformar.

Pero esta historia desborda la agenda indígena.

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Cada vez que los pueblos indígenas consiguieron establecer límites al poder del Estado; que ciertas decisiones tuvieran que ser consultadas o concertadas; que una autoridad propia pudiera ejercer sus competencias; que una lengua tuviera derecho a ser escuchada; o que una determinada idea de desarrollo no pudiera imponerse sin más sobre un territorio, ampliaron nuestra comprensión de la democracia.

Y recordaron algo elemental que las democracias olvidan con facilidad: la mayoría, por el solo hecho de serlo, no tiene derecho a decidirlo todo.

Esto importa ahora. Los derechos pueden seguir escritos mientras pierden eficacia. Los mecanismos de participación pueden conservar sus nombres mientras se vacían. La democracia no se agota en las elecciones: depende también de los límites al poder, de la posibilidad de disentir y de instituciones capaces de garantizar derechos incluso cuando quienes los reclaman no constituyen la mayoría.

El territorio estaba antes del título. La autoridad, antes del decreto. Las lenguas y los conocimientos, antes de su reconocimiento constitucional. Y los pueblos eran sujetos políticos mucho antes de que el Estado estuviera dispuesto a tratarlos como tales.

Treinta años después de aquella caminata de Natividad Mutumbajoy hacia Bogotá, la relación con el Estado ya no es la de 1996. Hay derechos conquistados, instituciones construidas, territorios protegidos y formas de interlocución que entonces apenas comenzaban a abrirse camino. Las brechas que persisten no borran esos avances; muestran cuál es el paso que sigue.

En 1996 había que conquistar reconocimiento e interlocución. En 2026 el desafío es hacer efectiva la concurrencia: gobernar, de verdad, en la pluralidad. En ese camino, los pueblos indígenas no solo ampliaron su lugar dentro del Estado. Ampliaron también nuestra democracia. Y esa democracia no puede darse por sentada.

*Directora regional de Amazon Conservation Team.

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Durante décadas, Colombia se ha preguntado cómo reconocer y garantizar la diversidad que la constituye. Hoy el desafío es ir un paso más allá: traducir ese reconocimiento en formas concretas de ejercer el poder público y gobernar el territorio.

La Constitución Política de 1991 abrió para el país una posibilidad histórica: construir un Estado capaz de reconocer la diversidad que lo constituye y garantizar derechos desde el pluralismo. El reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, de los territorios indígenas como entidades territoriales y de la autonomía de los pueblos indígenas expresó una transformación profunda en la manera de comprender el Estado, el poder público, la democracia, y la ciudadanía.

Más de treinta años después, Colombia tiene ante sí la oportunidad de llevar ese mandato constitucional a una nueva etapa.

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Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son el resultado de más de cinco décadas de construcción política y jurídica en las que los pueblos indígenas, los gobiernos nacionales, el Congreso, las altas cortes y la sociedad civil han contribuido, desde distintos lugares, a hacer realidad este pacto constitucional. Es un proceso que ha atravesado diferentes gobiernos y que ha sido sostenido por los tres poderes públicos. En diciembre de 2025, Colombia alcanzó un momento histórico con la formalización de las primeras ocho ETI. El desafío ahora es asumir una política de Estado para garantizar la efectiva consolidación y funcionamiento pleno de las Entidades Territoriales Indígenas como parte estructural del ordenamiento político administrativo del país.

Las ETI representan una de las expresiones más concretas y avanzadas de profundizar nuestra democracia y hacer efectivo el pluralismo constitucional colombiano. Su consolidación permite materializar la descentralización política, administrativa y fiscal, creando mejores condiciones para cerrar brechas históricas de inequidad y garantizar derechos desde las particularidades de cada territorio.

Colombia puede demostrar que construir Estado no significa que todos debamos gobernar de la misma manera. Significa crear las condiciones para que distintas formas de entender la vida, el territorio, la autoridad y el bienestar puedan ejercer poder público y coordinarse dentro de un mismo Estado, con responsabilidades claramente definidas, compartidas y respeto por la autonomía.

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Esta es una experiencia pionera. Las ETI abren la posibilidad de desarrollar una arquitectura de coordinación intergubernamental entre instituciones estatales no indígenas y gobiernos indígenas, reconociendo que existen distintas formas de ejercer autoridad pública y diferentes maneras de organizar la vida colectiva. Colombia tiene la oportunidad de mostrar al mundo cómo un Estado puede construirse entre diferentes, sin negar la diversidad que lo constituye.

En la Amazonia, esta posibilidad adquiere una dimensión aún mayor.

Los gobiernos indígenas son actores fundamentales para sostener la integridad territorial y ecosistémica de la región. Los territorios bajo gobierno indígena presentan más del 99 % de sus coberturas naturales altamente preservadas, de acuerdo con información de MapBiomas Colombia. Esta cifra expresa una relación histórica entre las formas de gobierno territorial, los sistemas de conocimiento y los modos de vida de los pueblos indígenas, una relación cuya importancia trasciende estos territorios y tiene consecuencias directas para Colombia y para el planeta

La Amazonía es una fuente vital para el equilibrio climático, la biodiversidad, el agua y la estabilidad ecológica regional y global. También es un territorio estratégico para la seguridad multidimensional de Colombia. Su protección está relacionada con la seguridad hídrica, climática, alimentaria, económica y territorial, prevención de conflictos y economías ilícitas y con la capacidad del Estado para mantener presencia, gobernanza y cohesión en una región fundamental para el país.

Desde esta perspectiva, fortalecer los gobiernos indígenas y consolidar las ETI no es únicamente una política de reconocimiento de derechos: es una estrategia de gobierno del territorio y de protección de la vida.

Las ETI articulan la autonomía indígena con las obligaciones que tienen en tanto Estado y permiten construir políticas públicas desde las particularidades de cada territorio. En esa relación, los Planes de Vida, los sistemas propios de conocimiento, las autoridades indígenas y sus formas de organización entran en coordinación con las instituciones nacionales y territoriales. Es también una oportunidad de ampliar nuestra manera de entender el desarrollo, los horizontes de futuro, y el bienestar, reconociendo los límites ecológicos y la interdependencia entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza.

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Por eso, consolidar las ETI debe ser una política de Estado de enorme trascendencia para Colombia. No se trata de profundizar una división entre el Estado y los pueblos indígenas. Se trata precisamente de lo contrario: de construir un Estado más capaz de gobernar un país diverso, reconociendo diferentes formas de autoridad y generando mecanismos efectivos de coordinación entre ellas.

En un momento en que las democracias enfrentan profundas tensiones y en que el mundo busca respuestas frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, Colombia tiene la posibilidad de mostrar que el reconocimiento de la diversidad puede ser una fuente de fortaleza institucional; que la autonomía puede coexistir con la unidad del Estado; y que la protección de la naturaleza puede ser parte central de una estrategia de gobierno y de seguridad.

Las ETI son, en este sentido, una oportunidad para Colombia: para profundizar la democracia inaugurada por la Constitución de 1991, construir Estado entre diferentes y para demostrar que gobernar reconociendo la diversidad puede ser también una de las formas más efectivas de proteger la Amazonía y sostener la vida.

Consolidar este proceso permitiría que Colombia convierta una construcción de más de cinco décadas en una experiencia pionera de alcance mundial: un Estado que reconoce distintas formas de ser humanidad, distintas formas de ejercer el poder y distintas maneras de construir bienestar, y que encuentra en su coordinación una fuerza para proteger uno de los territorios esenciales para el futuro del planeta. En este momento histórico, las ETI pueden ser leídas como una herencia de la Constitución de 1991, pero también como una oportunidad para el futuro: una oportunidad para que Colombia profundice su democracia, fortalezca su Estado y ejerza liderazgo internacional desde una experiencia propia de gobierno, pluralismo y protección de la Amazonía.

*Julieth Rojas Guzmán, Subdirectora Técnica y Política -Fundación Gaia Amazonas

**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas

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Guaviare ha estado, históricamente, entre los territorios más afectados por la pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2025 fue uno de los departamentos (solo por debajo de Meta y Caquetá) donde se concentró este fenómeno, con 15.941 hectáreas taladas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ahora, una nueva política pública busca abordar esa situación y frenar la deforestación en un período de diez años.

“Nuestra meta es clara: alcanzar la deforestación cero para 2036 y construir prosperidad a partir de nuestra biodiversidad”, declaró, a través de un comunicado, el gobernador de Guaviare, Yeison Ferney Rojas Martínez. También dijo que su mensaje para el país y para el mundo es “demostrar que sí es posible generar desarrollo sin destruir la selva”.

La Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036, como se denomina, plantea, en pocas palabras, una transformación profunda del modelo económico del departamento. Su apuesta es transitar de las actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía que permita hacer uso sostenible del territorio.

Así, algunas de las actividades que pretende priorizar son la agricultura regenerativa, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, el aprovechamiento de productos forestales no maderables, el turismo de naturaleza, entre otras.

De ese modo, Guaviare aspira ser un referente de cero deforestación y de desarrollo para otros departamentos y regiones. “Consideramos que va a ser un norte estratégico”, afirma Ezequiel Barragán, líder del Ecosistema y Políticas Públicas en la Gobernación de Guaviare. Ante la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito, agrega, es urgente establecer modelos rentables y sostenibles, “y eso solamente es posible haciendo ver al campesinado, a los productores y a los empresarios que el bosque vale mucho más en pie”.

El proyecto, que contó con respaldo técnico de la organización Swisscontact y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue presentado por la gobernación, a través del Departamento Administrativo de Planeación, y lo aprobó la Asamblea Departamental. La política pública será implementada por medio de la Ordenanza 574 de 2026.

Una apuesta retadora

Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia, se muestra optimista ante esta propuesta de avance hacia la cero deforestación. A sus ojos, hay varios elementos que hacen de esta una política pública robusta. Por un lado, cuenta con una estrategia de financiamiento que no depende únicamente de recursos públicos, sino que contempla otras alternativas, como fuentes privadas y de cooperación internacional.

El BID, por ejemplo, tiene un compromiso de inversión a largo plazo en el territorio, con el fin de impulsar el valor de la biodiversidad y los activos ambientales. Para Sandra Durango, científica de la Alianza Bioversity - CIAT, la cual busca transformar de manera sostenible los sistemas alimentarios, esta política pública representa un paso importante y necesario. Sin embargo, apunta que pueden hacer falta recursos para su ejecución, pues un “modelo que depende en gran parte de la cooperación internacional, de los ciclos de esa cooperación, es un modelo vulnerable”.

En ello concuerda Alejandra Laina, directora del programa de alimentos, uso del suelo y agua del World Resources Institute en Colombia, quien plantea que para no caer en una alta dependencia de la cooperación internacional, esta política pública debe, además de tener una alta capacidad para administrar los fondos, contar con un plan de inversión claro para el sector privado.

Otra de los llamados de Durango tiene que ver con que Guaviare, junto con Meta y Caquetá, conforman el llamado arco de deforestación del país, y una de las principales causas de la pérdida de bosque es la ganadería extensiva. “En esa región hay millones de cabezas de ganado y una enorme dificultad para rastrear de qué predio sale cada animal. Hemos visto casos de fincas que registran el ganado por fuera de un Parque Nacional Natural o de un resguardo, pero luego lo regresan adentro”, dice la científica.

Por esa razón, de acuerdo con la científica, es clave que esta apuesta esté acompañada por un sistema de trazabilidad ganadera robusto, que vincule información catastral, guías de movilización de los animales y la capacidad del Ideam para monitorear la pérdida de bosque en el país.

Sobre este asunto, cabe apuntar, hace un par de meses, durante el gobierno de Gustavo Petro, se sancionó la Ley 2585 de 2026. Su objetivo, en términos simples, es seguirle el rastro a la ganadería para que sea sostenible y libre de deforestación, interoperabilizando los sistemas de información de distintos sectores: el agropecuario, el ambiental y el de ordenamiento territorial. Pero más allá de cruzar información, subraya Durango, se requiere fortalecer la institucionalidad, y agrega que lograr esa trazabilidad es fundamental para alcanzar la meta de cero deforestación al 2036 en Guaviare.

Hacia la bioeconomía

Maruri resalta que este proyecto define una hoja de ruta para generar condiciones que impulsen la bioeconomía, integrando el ordenamiento del territorio y la inclusión social. Entre los años cuatro y siete, la política pública buscará escalar esas intervenciones para lograr una integración regional y, finalmente, consolidar los impactos en sostenibilidad.

En otras palabras, la transformación productiva se hará de la mano de comunidades campesinas, afrodescendientes, de mujeres rurales y de indígenas (como los pueblos Jiw y Nükak), valorando sus conocimientos tradicionales. La idea es identificar productos del bosque que no solamente se puedan aprovechar, sino que tengan un buen potencial comercial. Mediante el uso de tecnología, la trazabilidad y estándares de sostenibilidad, el objetivo será posicionar a Guaviare dentro del mercado.

De ese modo, la política busca proteger ecosistemas estratégicos, como los de las serranías de Chiribiquete y de la Lindosa, a la vez que plantea cerrar las brechas de pobreza multidimensional, que en Guaviare afecta al 45 % de su población, mediante el impulso de esas cadenas de valor y la educación en torno a la sostenibilidad.

Barragán es de los primeros en reconocer la gran cantidad de trabajo que eso implica: “Debemos ser innovadores y perceptivos con las necesidades del territorio”. Para fortalecer la bioeconomía, dice, se necesita investigación, nuevos conocimientos y la generación de cadenas de valor, por ejemplo en torno a frutos amazónicos como el azaí o la cocona.

En la actualidad, la venta de estos productos se enfrenta a retos importantes como su distribución, es decir, sacarlos de zonas de difícil acceso. Por este tipo de razones, asegura Maruri, es muy difícil que compitan eficazmente en los mercados si no hay un sector privado que invierta y complemente esas cadenas de valor.

“El azaí ha existido en la selva colombiana durante siglos”, apunta. “¿Por qué no se comercializa ampliamente? No ha habido empresas que se comprometan a transformarlo y lo vuelvan un helado, una pulpa o un ingrediente natural para cosmética. Se debe lograr que el sector privado asuma el riesgo y ponga a estos productos en el mercado, y no solo en el local, sino en el de las grandes ciudades o incluso para exportar. Se requiere mucha inversión y tiempo”.

El reto que persiste es que la bioeconomía, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), representa apenas cerca del 0,13 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Para Laina, el principal desafío está en traducir el contenido de la ordenanza en un portafolio de inversiones, indicadores verificables y una gobernanza con responsabilidades claras en cuánto a la bioeconomía y la restauración amazónica.

Además, a ojos de Durango, para que Guaviare transite de una economía extractiva e ilícita en diez años se necesitan mercados que compren los productos agroforestales de manera sostenida. “Quizás el éxito de esta política dependa de si en 2030 ya haya un sistema de trazabilidad operando de verdad, con financiación consolidada más allá de esa cooperación externa, comunidades indígenas y campesinas con ingresos reales de ese modelo. Ese es uno de los retos más importantes que vienen”, dice Durango. “Pero el primer paso ya se dio, que es redactar y aprobar esa política. A partir de ahí empiezan las acciones”.

Maruri rescata que la nueva política pública de Guaviare fue un trabajo articulado, en varios municipios, en el que se incluyeron a las comunidades, a instituciones públicas y a las empresas. “El reto fue no hacer un documento desde un escritorio, sino convocando a los diferentes actores alrededor de esta apuesta. Y hay un consenso entre ellos. Toda la Asamblea Departamental se sentó, discutió el documento y lo aprobó de manera unánime”, apunta.

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En video quedó registrado el momento en que dos jaguares se aparean en inmediaciones del raudal del Guayabero, en Guaviare, en la Amazonia colombiana. Las imágenes fueron capturadas en los últimos días por medio de una cámara trampa instalada por la Corporación Guardianes de Yuruparí, en el marco de un programa apoyado por la red de monitoreo comunitario Lindonsensis y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

El hecho se registró en la Serranía de la Lindosa, caracterizada por su abundante biodiversidad. La zona es parte de la distribución del jaguar en Colombia, que también comprende regiones como el Chocó biogeográfico, la Sierra Nevada de Santa Marta y el bosque seco tropical del Caribe, así como los bosques de galería de la Orinoquía y la Amazonia.

En esta ocasión, se logró capturar el apareamiento de un macho y una hembra de esta especie, Panthera onca, un comportamiento difícil de observar. En la Serranía de la Lindosa, el programa que además de Guardianes de Yuruparí integra Corpolindosa, realiza actividades de muestreo y observaciones de la fauna silvestre a través de estas cámaras en siete predios. También llevan a cabo avistamiento aves, monitoreo de peces y de parámetros hidrobiológicos.

El objetivo de estos esfuerzos, de acuerdo con la SZF, es construir el primer informe de monitoreo con enfoque en aves, mamíferos y recursos hídricos que les permita a las comunidades tomar decisiones para mejorar el turismo.

Según Miguel Martínez, profesional de monitoreo de la SZF, realizar este tipo de actividades con las comunidades es clave, ya que “permite anidar los conocimientos de las personas que históricamente han habitado este territorio; mientras impulsa la investigación participativa y es una oportunidad de replicar conocimiento a través de la educación a las nuevas generaciones”.

De hecho, hace apenas un par de meses, la Corporación Guardianes de Yuruparí también registró en video a una hembra de jaguar y sus dos crías caminando por el raudal del Guayabero. Además de ser considerado un depredador tope, este animal es clave para el control de poblaciones de roedores, primates y otros grupos de animales. Su presencia, como hemos contado en El Espectador, es un buen indicador de la conservación de los ecosistemas.

Puntualmente, esta región en donde se ha observado, es un sistema complejo que agrupa varios ecosistemas de los biomas andino, amazónico y orinoquense. En suma, tiene importante valor hídrico, pues cuenta con una red de al menos siete caños que proporcionan agua a San José del Guaviare y varias poblaciones circundantes; dos de sus ríos, el Ariari y el Guayabero, desembocan en el río Guaviare.

“La Serranía de La Lindosa es un área protegida con una extensión de 28.224 hectáreas. En estas se solapan 225 familias. Desde 1987 se constituyó esta área como reserva forestal de protección. Esta zona es un punto de interconexión entre la Orinoquía y la Amazonía; cumple una función de corredor ecológico que intercomunica la Serranía de La Macarena con la Serranía del Chiribiquete en la cuenca amazónica”, apunta la SZF.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del viceministro general del Interior, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, el alto riesgo de contacto inicial no deseado al que están expuestos actualmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son los Yurí-Passé, que se encuentran en las áreas no municipalizadas de Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera, en el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré y su zona de amortiguamiento, en la Amazonia colombiana. A través de las alertas tempranas 002-21 y 007-24, la Defensoría ya ha subrayado estos riesgos a los que se enfrentan.

Como contamos en El Espectador, imágenes satelitales mostraron, en julio pasado, que casi 41 balsas mineras se encontraban en el cauce del río Puré. La información a la que tuvo acceso la Defensoría confirma y amplía la alerta emitida por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina, de la asociación Amazon Conservation, que ha reportado más de 500 hectáreas deforestadas para la minería ilegal de oro en el PNN Río Puré desde junio de 2024 hasta mayo de 2026.

“La totalidad de los hallazgos se localiza al interior de la zona prístina del área protegida, una categoría de manejo orientada a mantener las condiciones naturales del ecosistema con el mínimo nivel de intervención humana”, precisó la Defensoría.

Fuentes consultadas por el organismo también han señalado que las balsas mineras ya afectan zona intangible del PNN, en la parte alta de la cuenca. Esto implica la mayor gravedad para la protección de los Yurí- Passé, pues allí es donde se han confirmado sus asentamientos y la zona debería mantenerse ajena “a la más mínima alteración humana a fin de que las condiciones naturales se conserven a perpetuidad”, según la Resolución 143 de 2022.

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En ese sentido, la presencia de balsas mineras en el área representa, subrayó la Defensoría, una amenaza inminente para estos pueblos indígenas en aislamiento, los cuales se verán potencialmente afectados por posibles contactos iniciales no deseados con personas mineras. En suma, estas actividades ilegales en una zona de alta fragilidad ecológica traen presiones y daños como:

• Alteraciones significativas en la dinámica fluvial y en la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos asociados. Entre ellos, la remoción y movilización de sedimentos, el incremento de la turbidez del agua y la modificación de la morfología natural del cauce.

• Persistencia de la contaminación por mercurio, altamente tóxico para la salud humana y del ecosistema amazónico, utilizado para el azogue (amalgamación del oro, y separación de otros minerales).

• Reducción de la capacidad natural del ecosistema para recuperarse ante los impactos cada vez mayores de la minería ilegal.

La Defensoría agregó que esta situación se enmarca, además, en una reconfiguración de la violencia armada en la región, caracterizada por:

• La expansión de la disputa armada entre las disidencias del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (bajo el mando de alias Iván Mordisco) y del Bloque Jorge Suarez Briceño del Estado Mayor del Bloque y el Frente - EMBF (bajo el mando de alias Calarcá Córdoba), en el área no municipalizada de La Pedrera, en el Territorio Indígena del PANI. Esto, por causa de la avanzada del EMBF a través de la cuenca del río Caquetá y Apaporis a los territorios que antes estaban bajo control hegemónico del Frente Carolina Ramírez y Johnier Arenas, de la disidencia de alias Mordisco.
• La expansión de Comandos de la Frontera sobre la cuenca del río Putumayo hacia las áreas no municipalizadas de Puerto Arica y Tarapacá, incluyendo su presunta participación, si quiera en sede de financiación, de operaciones mineras ilegales en las cuencas del Putumayo y el Cotuhé.
• Presuntas alianzas entre estas organizaciones y estructuras del crimen organizado que provienen de Brasil, como Familia do Norte, Comando Vermelho, Primer Comando Capital, As Crianças. Estas sociedades se han dado para optimizar los circuitos ilegales de minería aurífera por aluvión.

La Defensoría llamó la atención que estas operaciones de minería ilegal que amenazan a los Yuri- Passé también tienen participación de la población civil, mayormente indígena, que está motivada por la precariedad económica o bajo coacción armada. También apuntó que el escenario actual supone un riesgo incluso para otras personas, aunque diferencial, como autoridades indígenas tradicionales o representativas de las áreas colindantes, personal del PNN, organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio con ingreso a la zona, entre otras.

Por todas esas razones, la entidad pidió al Viceministerio del Interior citar a una sesión de seguimiento sobre la situación de los Yurí- Passé, convocando, en el marco de las recomendaciones de las alertas tempranas 007-24 y 002-21, a las autoridades que hacen parte del Comité Nacional de Prevención y Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.

“Lo anterior con propósitos de articular la respuesta institucional a los riesgos críticos de contacto inicial no deseados para los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Yurí- Passé”, se lee en el documento. “Conforme a lo anterior, ruego se adopten las medidas aquí descritas, que reconocen los esfuerzos institucionales e instancias ya activadas para la superación de los riesgos y hechos descritos, solicitando además un informe de las gestiones que se efectúen en virtud del riesgo advertido”.

Esta es la comunicación, firmada por Nathalia Romero Figueroa, defensora delegada para la prevención de riesgos y violaciones de derechos humanos:

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Contraloría General de la República le envió una solicitud de información a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el proyecto de Fibra Óptica para la Amazonía que, como contamos la semana pasada, fue cancelado por la ministra Falla.

De acuerdo con el contralor delegado para el sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Hernán González, el ente de control le había manifestado al gobierno entrante “la especial relevancia del proyecto (...) en consideración a su importancia estratégica y al impacto que su ejecución representa para la población de la región amazónica, especialmente en términos de conectividad, acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y reducción de la brecha digital”.

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Como contamos en este artículo a mediados de abril de este año, el objetivo del proyecto, que contemplaba una inversión de cerca de COP 1 billón, era llevar internet a zonas dispersas de la Amazonia a través de grandes cables de fibra óptica en el fondo de los ríos. De acuerdo con Carina Murcia, minTIC de ese momento, alrededor de 100.000 hogares se verían beneficiados.

La semana pasada, sin embargo, la nueva ministra señaló que el proyecto sería cancelado “después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura”.

Ante esta decisión, la Contraloría elevó una serie de solicitudes a la cartera. Para el ente de control, se lee en el documento, “resulta necesario conocer, con suficiencia y precisión, el alcance jurídico, técnico, contractual, presupuestal y financiero de la decisión anunciada, así como sus efectos sobre la gestión y los recursos públicos vinculados al proyecto”.

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En ese sentido, la Contraloría pidió precisar qué debe entenderse, en términos jurídicos y administrativos, por la expresión “cancelado”, que fue utilizada por el MinTIC en el comunicado de prensa de la semana pasada. En concreto, la cartera deberá explicar si corresponde a terminación definitiva del proyecto, suspensión, desistimiento, reformulación, modificación de su alcance, terminación de los instrumentos contractuales asociados o sustitución por una nueva iniciativa.

Además, el MinTIC debe remitir el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico que fue utilizado por la cartera para materializar o formalizar dicha determinación.

“De igual manera, se solicita informar de manera detallada cuáles son los efectos derivados de la decisión respecto de las actuaciones y avances previamente ejecutados, especificando el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales desarrollados hasta la fecha, así como su grado de avance”, agregó el ente de control.

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Otro de los puntos claves del requerimiento apunta que la cartera deberá exponer de manera clara y debidamente soportada “las razones técnicas, jurídicas, contractuales, financieras, presupuestales y administrativas que fundamentaron la decisión de cancelar el proyecto, identificando y remitiendo copia de los estudios, conceptos, informes, análisis de riesgos, evaluaciones, actos administrativos y demás documentos que sirvieron de sustento para su adopción”.

Como último punto, el MinTIC debe informar cuáles son las acciones o alternativas para garantizar la continuidad de los objetivos de política pública asociados al cierre de la brecha digital y al acceso efectivo. a los servicios de la conectividad en la región amazónica. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público por parte del ministerio ni de la ministra Falla.

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“Estamos viendo todas estas noticias sobre el fenómeno de El Niño, que por ahora es moderado y se volverá más fuerte en unos meses, entre octubre y diciembre, pero, en realidad, los impactos más graves por incendios forestales en la Amazonia se verán hacia julio del próximo año”. Matt Finer es especialista sénior en investigación de la organización Amazon Conservation y fue quien dirigió un nuevo análisis que muestra lo que le puede esperar a la Amazonia con la llegada de ese fenómeno.

El estudio fue elaborado por el Programa de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP) — de Amazon Conservation— y en él sus autores analizaron ocho eventos de El Niño ocurridos desde 2002. Tras hacerlo, encontraron un patrón: las temporadas más severas de incendios en la Amazonia ocurrieron el año inmediatamente posterior a los episodios más intensos del fenómeno de El Niño.

Para entender esto mejor, basta con darle una mirada a un gráfico, en el que las líneas azules representan las anomalías en la temperatura de la superficie del mar, y las barras rojas la pérdida de bosque primario amazónico a causa del fuego. Se puede observar que el año 2015 estuvo marcado por un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte, con una temperatura de 2,34 °C por encima de lo normal en la superficie del mar. Después, en 2016, los incendios arrasaron con 1,76 millones de hectáreas de bosque primario de la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió frenar un proyecto de infraestructura digital para conectar la Amazonia mediante un cable de fibra óptica porque, dijo, después de revisarlo, encontró riesgos que consideró demasiado altos para continuar.

Para entender esto, hay que explicar un par de cosas. El proyecto corresponde a la licitación FTIC-LP-001-2026 del Gobierno de Gustavo Petro, denominada cable de fibra óptica Putumayo, que incluía tanto la construcción del proyecto como su interventoría. Según el Ministerio TIC, la iniciativa tenía un valor estimado de COP 1,14 billones y fue cancelada por instrucción de la ministra Alexandra Falla, después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura.

Según el MinTIC, un punto importante es el aumento del costo. El proyecto había sido planteado inicialmente por COP 683.000 millones en el Conpes 4167 de 2025. Para 2026, el valor había aumentado 67,1 %, hasta llegar al monto que tenía el proceso de contratación. La autorización de las vigencias futuras (es decir, el permiso para comprometer recursos de presupuestos de años posteriores) fue expedida el 4 de agosto de 2026. El Ministerio dice que, al revisar el proyecto, encontró incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podían convertirse en riesgos importantes.

En concreto, menciona tres áreas: riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Esto último es importante, pues no se refiere solamente a si el cable podía construirse, sino también a si la infraestructura finalmente lograría llevar conectividad de manera efectiva a las zonas que se buscaba beneficiar. Según se explica en el comunicado, la ministra había empezado a hacer seguimiento al proceso desde su designación y, después de asumir el cargo, creó un equipo especializado para estudiar la licitación en profundidad. Según el comunicado, ese análisis terminó llevando a la decisión de cancelar el proceso.

Como explicamos a mediados de 2025 en El Espectador, la idea surgió a partir de la experiencia de Brasil con el tendido de cables de fibra óptica en los ríos amazónicos.

El objetivo era aprovechar esa infraestructura y el conocimiento técnico desarrollado por el país vecino para extender un corredor digital hacia Colombia, desde el río Amazonas y, posteriormente, aguas arriba por el Putumayo. La apuesta contemplaba llevar la conexión hasta Puerto Asís y, con ella, mejorar el acceso a internet de municipios y comunidades apartadas de la región. En ese momento, sin embargo, el proyecto todavía estaba en una etapa de estudios. Brasil financiaba los análisis técnicos para determinar la viabilidad del trazado por el Putumayo, mientras Colombia aún no tenía definida una fuente de financiación para ejecutar la obra. También quedaban por resolver asuntos técnicos importantes, como el comportamiento del río, la profundidad y sedimentación de su lecho y las condiciones para instalar y mantener un cable de estas características.

Desde entonces, la propuesta dejó de ser solo una iniciativa en estudio y pasó a convertirse en un proyecto de infraestructura del Gobierno colombiano. En octubre de 2025, el Plan de Fibra Óptica para la Amazonia recibió la declaratoria de importancia estratégica y el aval para avanzar hacia su financiación. La iniciativa terminó ampliándose: además del corredor por el Putumayo, contempla conexiones por el río Amazonas y tramos terrestres para integrar a municipios de Amazonas y Putumayo con la red nacional y con Brasil.

Para marzo de 2026, el Ministerio de las TIC del Gobierno Petro ya había publicado los prepliegos de la licitación ahora cancelada. El proyecto contemplaba unos 1.600 kilómetros de fibra óptica por el río Putumayo, 70 kilómetros por el Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, con la meta de conectar alrededor de 100.000 hogares.

“Resulta que Brasil ya tiene todos sus ríos amazónicos con fibra óptica y garantiza conexión a ciudades, pueblos y aldeas de ríos amazónicos. Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron. El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el gobierno”, reaccionó el expresidente Gustavo Petro en X.

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El sonido de la música hace parte de la madrugada. Hombres y mujeres repiten la letra de una canción en un idioma desconocido para nosotros. Es la misma que cantaron unas horas antes, tomados de las manos y saltando al ritmo de las maracas, para demostrar que los mapayerris todavía recordaban sus cantos y danzas, a pesar de haber cambiado su vida nómada en la selva para asentarse en el resguardo Nacuanëdorro, en Vichada, y entrar en contacto con un mundo que temían y evitaban a toda costa, pero que ahora los arrastra a un nuevo modo de vida al que todavía se están acostumbrando. (Recomendamos más crónicas de César Mora sobre las lenguas indígenas en Colombia).

Para visitar el resguardo Nacuanëdorro desde Bogotá se debe llegar primero a Villavicencio (Meta) y desde allí emprender un viaje por tierra de casi dieciséis horas hasta el municipio de Cumaribo (Vichada). Una vez alcanzada la primera parada, el viaje “a donde los mapayerris” toma alrededor de quince horas en temporada de lluvias. El trayecto incluye atascadas en el barro, desvíos para vadear los arroyos y una que otra pausa en la que el conductor tendrá que disponer de todos sus conocimientos para encender el motor del carro. Luego, hay que seguir avanzando por trochas hasta divisar las viviendas construidas con troncos y techos de palma de moriche que anuncian que se ha llegado al lugar correcto.

Los mapayerris son un grupo indígena de cazadores y recolectores que vive en la Orinoquia colombiana. Históricamente este pueblo, que evitaba cualquier contacto con los blancos, se movía con libertad entre los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela y dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro. El mayor Boyoli —cacique del resguardo, quien siente que va a morir pronto y por eso quiere transmitirle sus saberes a su nieto— recuerda en su lengua: “Antiguamente nosotros vivíamos en el monte. Íbamos de un lado a otro y solo nos alimentábamos de frutas”. Tanto él como su familia nacieron y crecieron en campamentos que armaban en lugares donde hubiera disponibilidad de frutos como moriche o seje y allí permanecían entre quince y veinte días hasta acabar con la cosecha. En esos mismos lugares el chamán lideraba rituales en los que todos cantaban y bailaban para que nunca les faltaran los regalos de los árboles.

Pero ya no hay ninguna persona con los conocimientos para transmitir el legado de los chamanes y desde el año 2000 se intensificó una serie de hechos que forzaron a los mapayerris a cambiar de forma drástica su estilo de vida: la presencia de grupos guerrilleros controlando el tránsito por el río Tuparro, de gran importancia para el pueblo, el aumento de los cultivos de coca, la construcción de una carretera (que incrementó el tránsito de colonos), las amenazas de hombres armados y las prohibiciones para realizar actividades de caza y recolección de frutos en sus territorios ancestrales —entre otros hechos registrados en un documento del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (2018)— limitaron de forma considerable su libertad en el territorio y los obligaron a adoptar una vida sedentaria en un resguardo conformado por los asentamientos Seiwa, Yorrobo y Brisas del Llano.

El trauma de la colonización llanera

El mayor Boyoli cuenta que el pueblo sentía tanto terror al escuchar que alguien extraño se acercaba, que llegaba a abandonar a los niños y viejos que no pudieran seguir el ritmo de la huida desesperada. No es de extrañar ese miedo considerando que en los Llanos Orientales tuvieron lugar las guahibiadas o “cacerías de indios”, persecuciones contra los pueblos originarios para su exterminio y la apropiación de sus tierras, cuyas primeras masacres se registraron en 1920. El informe Colombia adentro (2022) de la Comisión de la Verdad señala: “A través de las mal llamadas guahibiadas, muchos colonos persiguieron y diezmaron a la población indígena. El exterminio condujo a la pérdida y el despojo de extensos territorios de la comunidad sikuani, que fueron desplazados hacia Vichada. Les dieron látigo y los quemaron. También a los jiws los persiguieron y cazaron (…) Los relatos de los piapocos, sálibas y amorúas dan cuenta de los escenarios de violencia, desplazamiento y discriminación que contribuyeron a la pérdida del territorio y a la casi extinción de su cultura” (p. 53).

De acuerdo con datos de Gobierno mayor (2026), se estima que la población del pueblo mapayerri es cercana a las setenta personas. Por tratarse de un grupo no muy numeroso, que mantiene contacto con los indígenas sikuanis, con los que intercambian productos, y con los colonos que viven en Santa Rita y Cumaribo, a quienes venden los animales que cazan, el riesgo de asimilación cultural es muy alto. Estos procesos de cambios ya empiezan a ser visibles en las casas de palma al estilo sikuani en las que viven; en el cultivo de yuca para su subsistencia, siguiendo el ejemplo de otros grupos de los Llanos; en la creación de una guardia indígena, como los nasas y los misaks; en la ropa que utilizan, que ha reemplazado sus tradicionales vestimentas elaboradas con la parte interior de la corteza de un árbol al que llaman “mapata” o “taicuta”, y en las transformaciones que ha sufrido su idioma al incorporar términos provenientes del sikuani y el español.

Aunque hasta el momento no se han realizado estudios en profundidad sobre la lengua mapayerri, Yaty Urquijo y Katherine Bolaños, investigadoras del Instituto Caro y Cuervo, consideran que es importante iniciar trabajos lingüísticos para confirmar si se trata de un idioma independiente o de una variante dialectal del sikuani. Sobre la relación entre ambos pueblos, en el Diccionario Sikuani-Español (1989), de Francisco Queixalós, hay una entrada para la palabra “mapayerri”, definida como “un subgrupo sikuani”. Sin embargo, integrantes de ambos pueblos niegan que sean el mismo grupo o que hablen la misma lengua.

Al respecto, Katherine Bolaños señala que resulta de gran importancia entender los escenarios de contacto intenso y reciente entre pueblos: “Todos en la comunidad coinciden en que el mapayerri está muy sikuanizado. De hecho, durante nuestra visita presenciamos momentos en los que las personas discutían cómo decir determinadas palabras. Eran conversaciones muy largas porque insistían en usar la forma propia y no la prestada del sikuani. Para el trabajo de documentación y revitalización que estamos realizando juntos, estos procesos son especialmente valiosos porque ofrecen un panorama que pocas veces podemos observar: cómo reacciona el ser humano frente a escenarios de cambios lingüísticos”.

Asimismo, Yaty Urquijo destaca la necesidad del Instituto Caro y Cuervo de mantener un trabajo cercano con la comunidad, conociendo sus necesidades, preocupaciones y particularidades culturales: “Muchas veces se emiten conceptos desde la distancia, sin conocer las realidades de los pueblos. Y el restablecimiento de los derechos lingüísticos, territoriales y del reconocimiento como pueblo requiere precisamente esa cercanía que esperamos establecer con la comunidad para apoyarlos en la preservación de su lengua”.

Cacería y relatos de Nacuanëdorro

Falta poco para el amanecer, pero tanto adultos como niños siguen cantando sin importarles la hora. Uno podría pensar que no duermen porque las canciones, las conversaciones y las risas se han extendido durante toda la noche y aumentan de intensidad cuando el rugido de la motocicleta anuncia que los cazadores están de regreso. Con las primeras luces naranjas coloreando el cielo, acomodan sobre una mesa al aire libre el cuerpo tibio de un roedor mediano de pelaje marrón y varias manchas blancas a lo largo del estómago. Es una de las dos lapas (“Cuniculus paca”) que Alfonso Cariban cazó junto a una babilla (“Caiman crocodilus”) en el río Tuparro. Mientras el cazador muestra la manera correcta de sostener el arco y la flecha —herramientas que adoptaron de los sikuanis—, con una sonrisa tímida explica que antes las puntas de las armas eran fabricadas con huesos de dantas, pero el sonido de las escopetas hoy marca el ritmo de la canción que celebra la cacería.

Además de la caza, para los mapayerris el canto constituye una parte fundamental de su cultura. Como señala Félix Cariban, miembro de la guardia indígena conformada en su proceso de organización, se canta al recolectar seje, al despedir a un ser querido que fallece, durante el proceso de sorber yopo, cuando una joven tiene su primera menstruación, cuando un niño va a comer por primera vez pescado y antes de nombrar a los recién nacidos. Estas son tradiciones que tratan de mantener a pesar de los cambios en su modo de vida, así como la transmisión de sus historias. Una de estas es la de Nacuanëdorro, personaje mítico cuyo nombre se traduce como “hombre enorme” y en honor a quien nombraron el resguardo. Según los relatos, Nacuanëdorro es un gigante que se pasea por el monte con una mochila y una gallina enorme e incluso ha sido visto por algunos integrantes del pueblo: “Mi padre lo vio una vez”, cuenta Félix.

Él es también uno de los protagonistas de la historia del “Árbol de la vida”, un mito que habla del árbol del que provienen todas las frutas y que, aunque fuera talado, se regeneraba todos los días. Un día, Nacuanëdorro, una lapa y el mico nocturno se reunieron para tumbarlo. Al hacerlo, sus ramas se desperdigaron por todos lados y se convirtieron en los distintos alimentos que existen.

Hijos de los árboles

“Para nosotros, los árboles eran sagrados”, dice Manuel López, profesor de la institución educativa del pueblo, sentado muy cerca de un terreno que deforestaron y quemaron para poder sembrar yuca: “Nosotros salimos de un árbol. Nuestra madre son los árboles. Cuando vamos al monte nunca nos falta la fruta. Allí está el seje. Yo creo que la madre nos dejó la fruta porque nosotros somos sus hijos. Por eso, antiguamente no tumbábamos los palos, pero ahora nos toca”, apunta casi con pesar. Para dejar claro el papel que tienen los árboles en su tradición, Manuel narra uno de los relatos de origen más importantes de su pueblo: En el pasado no existían las mujeres, solo los hombres. Pero un día Nacuanëdorro se apareció y les entregó a los hombres una ramita de un árbol a cada uno con la instrucción de sumergirla en el agua. Poco tiempo después de hacerlo, los trozos de madera se transformaron en mujeres y así fue como los hombres mapayerris pudieron tener parejas y multiplicarse.

El caso de los mapayerris es un buen ejemplo que muestra la enorme presión para el cambio que puede enfrentar un grupo con muy pocos hablantes y la facilidad de adaptarse a esta serie de transformaciones. Fue en 2017 cuando empezaron a construir sus casas y a abrirse cada vez más al mundo de los blancos. Hoy tienen radios para comunicarse entre asentamientos, con paneles solares que les permiten cargar sus dispositivos electrónicos y con bicicletas y motos, que han acortado las distancias dentro de su territorio. Aunque todos reconocen las ventajas de vivir bajo un techo donde están mejor protegidos de las picaduras de las culebras y de la dureza de las lluvias, Manuel recuerda con nostalgia su pasado: “Los niños de ahora no conocerán cómo era vivir en el monte. Eso es como si un familiar tuyo muriera y te perdieras de la oportunidad de conocerlo. Así siento que podría describirse lo que ellos se perderán”.

Asimismo, el mayor Boyoli reconoce que, aunque haberse asentado ha traído cosas positivas para el pueblo, no pueden permitir que su cultura y su lengua desaparezcan justo como perdieron a sus chamanes: “Mi abuelo me decía que nunca debíamos olvidar de dónde venimos ni nuestras costumbres. Eso mismo es lo que yo le digo a mi nieto”, concluye el anciano.

*Periodista de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

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Mientras las agujas del reloj marcaban cada vez más cerca el cierre del gobierno de Gustavo Petro, que terminó su mandato este jueves, 6 de agosto, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, sacó una serie de normas que había prometido, pero que podrían ser frenadas o transformadas por la nueva administración.

Uno tiene que ver con una promesa que había hecho la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, durante la COP30, realizada en la Amazonia brasileña a finales del año pasado. En la cumbre climática de las Naciones Unidas, la funcionaria anunció la intención de declarar toda la Amazonia colombiana como zona de reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos.

En contexto: Declaran la Amazonia como reserva, no se otorgarán nuevos contratos mineros ni de petróleo.

Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, para ese momento, la iniciativa todavía no había quedado en firme, pues el ministerio debía adelantar el proceso de consulta previa con los pueblos de la Amazonia. Solo fue hasta hace poco que inició ese proceso: entre el pasado 25 y 26 de junio, durante una sesión de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional.

Aunque quedaron algunos cabos por atar —como un proceso inconcluso de consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, en cuyos territorios se adoptó una medida transitoria— el Minambiente decretó, oficialmente, el bioma amazónico colombiano como una “reserva de los recursos naturales renovables definitiva”. La medida implica que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirán nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.

“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, se lee en la resolución, publicada en la edición de este 5 de agosto del Diario Oficial. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos en tomar esta determinación.

El Minambiente aclara, en todo caso, que los proyectos que cuenten de manera concurrente con título minero, el instrumento técnico y el instrumento ambiental vigente podrán seguir ejecutándose hasta que termine su contrato, sin lugar a prórroga. De manera similar, los proyectos de hidrocarburos vigentes que se desarrollen a través de contratos y/o convenios, que cuenten con los requerimientos (por ejemplo, plan de manejo ambiental), podrán seguir ejecutándose hasta la terminación de su plazo contractual, también sin lugar a prórroga.

Esta decisión, sin embargo, contará casi de inmediato con resistencia por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Al nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no le suena mucho la idea de declarar la Amazonía libre de explotación de petróleo, de gas y explotación de minerales.

Así lo expresó en una entrevista con este diario a principios de julio, en la que aseguró que “reglamentar no es gobernar. Cuando haces ese tipo de exclusiones, lo que estás fomentando es una enorme ilegalidad. Es difícil que haya hidrocarburos ilegales por todo lo que conlleva su extracción. Pero en el caso de los minerales metálicos, oro y demás, pues es la tierra de nadie. Si hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es que la ilegalidad llegue masivamente. Entonces, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Eso es un tema más que todo de origen populista”.

Sobre si está abierto a que haya esas actividades de manera legal, Arjona aseguró, en ese momento, que “eso no depende del Ministerio de Ambiente, depende de la propuesta que haga el sector de minas y energía”.

Nuevas reglas para los mercados de carbono

A la normativa en torno a la Amazonia, se suma otra gran deuda que se esperaba en el sector ambiental: la reglamentación sobre los mercados de bonos de carbono en Colombia, algo que había pedido la Corte Constitucional desde mediados de 2024, cuando se emitió la primera sentencia sobre este tema en Colombia.

La normativa, firmada el 4 de agosto, establece varios criterios claves para el funcionamiento de este mercado, como la duración máxima de un proyecto, que puede ser de 15 o 30 años, dependiendo del tipo de iniciativa, o las obligaciones de las empresas a reportar cada fase del proyecto ante el Minambiente. Cuando este decreto se publicó para comentarios, generó diversas reacciones entre empresas y ONG del sector.

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En resumidas cuentas, estos mercados consisten en la compra de ciertos bonos que representan la reducción o la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos pueden ser comprados por empresas y Estados, y son generados a través de actividades como la protección de bosques, la restauración de ecosistemas o, entre otras, la captura de gases de efecto invernadero.

Uno de los puntos que plantea el nuevo decreto es que los proyectos de mitigación o reducción de emisiones, como los que se dedican a la conservación de bosques en territorios indígenas, podrán vender sus bonos de carbono durante cinco años, renovables por dos períodos similares, o tener un único período no renovable de 10 años. Es decir, este tipo de iniciativas podría durar máximo 15 años.

Pero, esos no son los únicos cambios que plantea la regulación del mercado publicada hoy. El Ministerio de Ambiente también establece fuertes controles para los proyectos, que deben contar con la aprobación de esa entidad para pasar de una etapa a otra. El decreto también plantea que se le dará prioridad a la reducción de emisiones a las que Colombia se ha comprometido a nivel internacional y que están planteadas en su estrategia hacia 2030. Esto no quiere decir que no puedan venderse bonos de carbono a nivel internacional, pero los proyectos que quieran hacerlo estarán sujetos a la aprobación del Minambiente.

Arjona, nuevo ministro de Ambiente, también se refirió a este tema cuando conversó con este diario hace unas semanas. Dijo que echaría para atrás los intentos de regulación de este mercado que estaba planteando Irene Vélez.

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A través de la Resolución 0961 de 2026, el Ministerio de Ambiente declaró, oficialmente, el bioma amazónico colombiano como una reserva de los recursos naturales renovables definitiva. La medida implica que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirán nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.

“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, se lee en la resolución, publicada en la edición de este 5 de agosto del Diario Oficial. Por su parte, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos en tomar esta determinación.

El Minambiente aclara, en todo caso, que los proyectos que cuenten de manera concurrente con título minero, el instrumento técnico y el instrumento ambiental vigente, podrán seguir ejecutándose hasta que termine su contrato, sin lugar a prórroga. De manera similar, los proyectos de hidrocarburos vigentes que se desarrollen a través de contratos y/o convenios, que cuenten con los requerimientos (por ejemplo plan de manejo ambiental), podrán seguir ejecutándose hasta la terminación de su plazo contractual, también sin lugar a prórroga.

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La resolución es clara en que no se restringirán la concesión ni las autorizaciones para usar los recursos naturales y el ambiente de la Amazonia en actividades distintas a las de minería e hidrocarburos, las cuales “continuarán rigiéndose por la normatividad aplicable y los usos definidos en los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial”. Apunta, además, que los derechos preexistentes de los pueblos indígenas serán respetados, y las comunidades podrán hacer dicho aprovechamiento.

La reserva, de acuerdo con la cartera, no podrá usarse como causal para suspender, negar o condicionar los procesos de titulación colectiva o formalización de resguardos o territorios indígenas. El acto administrativo tampoco modifica el régimen jurídico de áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales (PNN), ni otras estrategias de conservación en la Amazonia. Tampoco sustituye ni busca interferir el ejercicio de las autoridades ambientales de los diferentes territorios.

¿Y la consulta previa?

Durante la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, en noviembre del año pasado, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, dijo con orgullo que Colombia había declarado su territorio amazónico como una reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, para ese momento, la iniciativa todavía no había quedado en firme, pues el ministerio debía adelantar el proceso de consulta previa con los pueblos de la Amazonia.

En video: Estas imágenes muestran cómo la minería ilegal ya amenaza a pueblos indígenas no contactados

Así lo determinó el Ministerio del Interior a través de un concepto que envió al Minambiente pocos días después de que se publicara el primer borrador de la propuesta, el 26 de septiembre de 2025. El Mininterior señaló que el proyecto de resolución era de especial interés colectivo para los pueblos étnicos y le recordó que en la región se han identificado 566 comunidades étnicas, a las cuales se les debe “valorar y respetar el conocimiento propio”, así como sus “métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio”. Por lo tanto, la medida estaba sujeta al desarrollo de consulta previa.

Fue hasta hace poco que inició ese proceso, entre el pasado 25 y 26 de junio, durante la sesión No. 006 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional. En ese momento, varios actores del sector se preguntaron si el Minambiente lograría expedir la resolución a tan solo un mes de que llegara el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Por su parte, la ministra Vélez aseguró que la decisión no fue improvisada ni apresurada.

Según se lee en la resolución, la consulta previa se realizó durante varias sesiones que incluyeron a las autoridades territoriales de los diez departamentos que se ubican total o parcialmente en la Amazonia. Así quedó consignado en el acta de protocolización de la Sesión 008 de la MRA, al cierre de los diálogos, que se dio entre el pasado 19 y 20 de julio. La región está conformada por Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés (en su totalidad), y parcialmente por Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

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El Minambiente aclaró que aunque se adelantaron acciones para el desarrollo de la consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, ese proceso en particular permanece inconcluso. “No obstante, en consideración de la necesidad de garantizar la eficacia de la reserva y la prevención daños graves e irreversibles sobre el bioma amazónico, se adopta una medida transitoria, sin efectos, sobre sus territorios colectivos, hasta tanto se desarrolle y culmine el proceso de consulta previa”, dice el documento.

Futuro incierto

Desde el punto de vista jurídico y procedimental, hay dudas sobre la vinculatoriedad de la resolución, lo que significa que no está del todo claro cuáles son sus efectos jurídicos obligatorios.

“El riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”, dijo hace unas semanas a este diario un abogado en asuntos indígenas y ambientales, que conoce de cerca el proceso, pero prefiere no ser citado.

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Además, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, se podría impulsar la modificación o derogatoria de la medida a través de un nuevo acto administrativo, especialmente si el nuevo gobierno considera que genera impactos económicos importantes sobre los sectores de hidrocarburos o de minería.

“Incluso, bajo determinadas circunstancias previstas, podría analizarse la procedencia de mecanismos como la revocatoria directa, aunque ello estaría sujeto al cumplimiento de los requisitos y limitaciones que establece el ordenamiento jurídico”, explicó, por su parte, María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight, una firma de abogados que asesora a empresas del sector energético.

Por ahora, Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por De la Espriella, ha recibido con escepticismo la medida que ha querido implementar el Gobierno Petro. En entrevista con este diario, dijo que “reglamentar no es gobernar”, refiriéndose a la manera en que se atienden las diversas y complejas dinámicas en la Amazonia. “Cuando se hacen ese tipo de exclusiones (especialmente de minería), lo que se está fomentando es una enorme ilegalidad”, aseguró. Para Arjona, una declaración de la Amazonia libre de explotación minera, se “quedará en el papel”.

Como contamos en esta nota, además, ciertas organizaciones tienen dudas sobre el impacto real de la resolución del Minambiente a la hora de proteger la región, pues si bien se enfoca en las actividades legales de minería y de hidrocarburos, algunos de los mayores desafíos ambientales y sociales de la Amazonia están asociados a dinámicas ilícitas.

Al respecto, la ministra Vélez se pronunció: “A aquellos que buscarán deslegitimar esta decisión porque hay una mayor complejidad de los problemas sociales y ambientales en la Amazonia, quiero decirles que tenemos total claridad de que una reserva como esta no resuelve por sí sola todos los problemas de una región. Sin embargo, sí hace parte de una estrategia más amplia que yo misma llamo un ecosistema de actuaciones, planes y proyectos”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Organismos policiales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú adelantaron una gran operación internacional en contra del crimen ambiental en la Amazonia. La Operación Green Shield 2026, como se denominó, fue coordinada desde un centro de mando en Bogotá y organizada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC).

Las autoridades de los distintos países realizaron despliegues sincronizados en zonas fluviales remotas y fronterizas, mientras hacían seguimiento geoespacial de las misiones en tiempo real. También llevaron a cabo investigaciones posteriores para desmantelar redes criminales, y no solo limitarse a incautar bienes ilícitos.

“Esta operación ha transformado la cooperación y el intercambio de inteligencia en acciones concretas contra la minería ilegal, el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, la deforestación y otros delitos ambientales. La protección de nuestros recursos naturales exige una respuesta compartida”, declaró el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional de Colombia, a través de un comunicado.

La operación contó con más de 3.600 agentes de policía y se detuvieron a 835 personas durante 1.045 acciones operativas. Además, se incautaron 280.450 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal, 195 toneladas de minerales y productos relacionados con 800 incidentes de pesca ilegal. También se decomisaron más de 32.000 elementos de equipamiento utilizados en actividades de minería ilegal.

La estrategia, en suma, permitió rescatar a más de 3.000 animales vivos y otros 430 muertos, vinculados al tráfico de fauna silvestre. De hecho, hace algunos días, durante la segunda fase de la operación Green Shield 2026, la Policía Nacional de Colombia adelantó una serie de acciones operativas en el departamento de Meta, a través de las cuales aprehendió fauna silvestre, madera, flora no maderable e intervino ocho minas destinadas a la extracción ilegal.

“Con la Operación Green Shield II reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales del Meta. Los resultados obtenidos reflejan el trabajo permanente de nuestro Grupo de Carabineros y Protección Ambiental para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, así como, las actividades que deterioran nuestros ecosistemas. Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier delito ambiental; proteger la biodiversidad es una responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro de nuestro departamento y del país.”, indicó en ese momento el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta.

En total, el valor acumulado de las incautaciones a lo largo de todos los países asciende a más de 280 millones de dólares estadounidenses. La coronel Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que la operación Green Shield 2026 es resultado del trabajo conjunto entre países, combinando inteligencia, experiencia operativa y el objetivo común de desmantelar redes delictivas organizadas.

Por su parte, el general J. Manuel Cruz, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, subrayó que delitos como la minería ilegal, lel tráfico de fauna silvestre, el contrabando de combustibles, entre otros, “no respetan fronteras; por ello, requieren una respuesta internacional coordinada”.

Ya en años anteriores se habían adelantado despliegues de este tipo, pues Green Shield 2026 es parte de una serie de operaciones policiales mundiales de I2LEC, liderada por Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su objetivo es fortalecer las fuerzas de seguridad frente a los crímenes ambientales y los riesgos de seguridad relacionados con el clima.

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Hay imágenes que no necesitan muchas explicaciones. A veces, basta con darles una simple mirada para que nos ayuden a dimensionar lo que sucede en algunos puntos de la Tierra. Las que acompañan este artículo hacen parte de ese grupo. Algunas son satelitales; otras son fotografías tomadas en sobrevuelos hechos en el Parque Nacional Natural Río Puré, un lugar que no suele captar mucha atención cuando se habla de la Amazonía.

Está al suroriente de Colombia, en el límite con Brasil. Además de ser un lugar especial por su biodiversidad, fue declarado como Parque Nacional Natural en 2002 porque es el hogar de los Yuri y Passé, los pueblos indígenas no contactados que decidieron aislarse de manera voluntaria.

Pero, como lo muestran los mapas y las imágenes de estas páginas, el PNN Río Puré no está pasando por un buen momento.

“El panorama de destrucción y degradación es brutal”, resumen desde la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO).

“Brutal” es un adjetivo que, tal vez, se quede pequeño para lo que está sucediendo en ese río que en Brasil adquiere el nombre de Purué: mientras ustedes están leyendo este texto, hay, al menos, 41 “dragones” distribuidos en él intentando extraer oro. Son infraestructuras de más de 30 metros de longitud y tan altas como una casa de dos o tres pisos, que la Sociedad Zoológica de Frankfurt identificó en las últimas imágenes satelitales de la constelación PlanetScop que chequearon el 29 de julio.

“Podemos decir con certeza que esos 41 dragones están operando en este momento. Se ven con toda claridad y, a diferencia de otros años, se ven cada vez más cerca del territorio de los Yuri y Passé”, lamentan desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que recopiló esa información en un trabajo conjunto con PNN.

De acuerdo con sus cálculos, cada una de esas balsas logra extraer hasta 3 kilos de oro al mes. A ojo de buen cubero, eso quiere decir que se podrían estar sacando de ese punto del Parque Nacional Natural Río Puré unos 120 kilogramos de oro en un mes.

En un mercado internacional en el que el oro alcanzó este año precios récord, parece que a quienes financian esas balsas poco les importa que las bombardeen de vez en cuando, como sucedió en un trabajo conjunto entre las fuerzas armadas colombianas y brasileras a finales de noviembre de 2025. Si detallan esta gráfica, verán que el 24 de febrero de este año un kilo de oro pasó a valer USD 168.252 (dólares) cuando en 2022 estuvo alrededor de los USD 60.000.

Por eso, dicen desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS), a los dos o tres días de que destruyen seis o siete dragones (14 en el caso del operativo de noviembre), regresan a trabajar. “Es una estructura muy organizada”.

De hecho, en las imágenes satelitales y las fotografías aéreas que han analizado en la FSZ, han observado que en la línea limítrofe con Brasil hay una especie de “astillero” a donde llegan los mineros. Allí, cuentan desde la organización, aparcan botes, hay dragas y, al parecer, hacen mejoras a sus balsas y a sus motores.

Luego, regresan al río Puré a seguir buscando oro y a seguir tumbando selva.

El informe que publicó hace unos días el Monitoring of the Andes Amazon Program —una iniciativa de Amazon Conservation Association, en alianza con AARIMO y la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible— es preciso en ese aspecto: han documentado 506 hectáreas deforestadas por la actividad minera ilegal en el Parque Natural Nacional Río Puré entre junio de 2024 y mayo de 2026″.

Eso quiere decir más de cuatro veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá, que acoge, en una porción pequeña, a todos los visitantes del festival Estéreo Picnic o el Festival Cordillera.

¡Que alguien salve al Puré!

Marisol Castro tiene un cargo difícil de memorizar: es la profesional de Prevención, vigilancia y control de la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales. En estos últimos años ha visto cómo la situación en ese punto fronterizo del río Puré se ha puesto más compleja.

Recuerda que en 2020 aún existía la sede operativa “Puerto Franco” de PNN, que estaba situada en el límite con Brasil. Sin embargo, ese año las dificultades de orden público obligaron a los funcionarios del Parque a salir del territorio y a la sede la incineraron.

“El equipo fue amenazado y tuvo que ser replegado a una sede administrativa de Leticia. Ya no podemos estar en campo”, dice Castro en una llamada.

Desde la capital del departamento del Amazonas hacen monitoreo y vigilancia con varias de las ONG que tienen sus ojos puestos sobre la zona, a través de sobrevuelos y de imágenes satelitales. También mandan requerimientos a todas las instituciones del Estado que deben estar pendientes de proteger los Parques Nacionales Naturales y a los indígenas Yuri y Passé. “A todas les hemos remitido requerimientos porque la situación es grave”, reitera Castro.

En el tiempo que le han seguido la pista al avance de la explotación ilegal de oro en el río Puré, ella ha visto tres cosas particulares: una, es el incremento de las balsas mineras. Otra, es la transformación de esas balsas mineras en enormes “dragones” que tienen prácticas más agresivas para extraer oro. Ahora cuentan con tecnología hidráulica. Y la tercera es, precisamente, que ya no sólo se está haciendo extracción en el río sino que están removiendo la cobertura vegetal en las orillas y en los meandros.

Las siguientes gráficas detallan cómo ha sido la deforestación ribereña y los mapas elaborados por MapBiomas Colombia ayudan a dimensionar la preocupación de Castro.

Karen Huertas, integrante del grupo de MapBiomas, cuenta que en el proceso para analizar lo que está sucediendo en esa área, notaron que en 2016 ya había unas huellas que sugerían el inicio de actividad minera, aunque eran muy incipientes. En el 2020, cuando el grupo de PNN tuvo que abandonar la zona, empezaron a ver indicios claros en las imágenes satelitales. Pero en el 2024 y en el 2025, la situación fue a otro precio.

“Es clarísimo cómo antes de esos dos años el margen del río estaba intacto. Ahora, en cambio, hay puntos donde detectamos que se perdieron 53 hectáreas de bosque, 37 o 29”, asegura.

Según el reporte de Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), hay cuatro zonas críticas donde la minería ilegal ha afectado la ribera del río. Aunque los dos operativos de la fuerza pública colombiana y brasilera que hubo en 2025 menguaron un poco el avance de la deforestación, en 2026 ha aumentado a “un ritmo alarmante comparado con los meses del año anterior”.

Mayo fue el mes con la cifra más alta: se perdieron 177 hectáreas de bosque, es decir, dos veces el tamaño del Centro Histórico de La Candelaria, en Bogotá.

El otro problema que tiene con los pelos de punta a quienes están observando desde el aire la pérdida de una porción del PNN Río Puré es un viejo conocido de Colombia: el mercurio. Entre ellos está Juan David Varela, coordinador del laboratorio socio-jurídico, Fundación Gaia Amazonas, que ve cómo se incumple la sentencia T-106 de la Corte Constitucional, que protegió los derechos de los Jaguares de Yuruparí por los “alarmantes niveles de contaminación de mercurio”.

“Además de alterar el cauce de los ríos, remover sedimentos y afectar la calidad del agua, la contaminación por mercurio pone en riesgo los hábitats acuáticos y el sistema hidrobiológico en general (...) Las lluvias lo arrastran a fuentes de agua cercanas, afectando no solo al pueblo Yuri y Passé, sino también a los territorios indígenas colindantes”, señalan desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

Ese metal, prohibido en Colombia, pero usado para separar y concentrar las pepitas de oro en el Puré, suele terminar en los organismos de los peces que pueden ser parte de la dieta de varias comunidades. “Eso no solo está comprometiendo la salud de las generaciones actuales, sino de las futuras. Estamos enfrentando un riesgo de que se extingan comunidades únicas en el mundo”, añaden desde AARIMO.

Para frenar esta tragedia se necesitan estrategias de largo plazo y no solo operativos de un día, coinciden todas las organizaciones. Deben contar con el apoyo de Brasil, pues todo parece indicar, dice el reporte de MAAP, que los “insumos, las dragas e infraestructura minera son suministradas por empresarios de municipios vecinos, especialmente Japurá (el centro urbano más próximo a esta zona), Maraã y Jutaí”.

Luego el oro viaja por los ríos Puré-Purué, Japurá y Tefé, hasta llegar a Manaos, la ciudad más importante de la Amazonía brasileña.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) analizó muestras de roca, que se encuentran a cientos de metros de profundidad, en un depósito de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo. Los investigadores encontraron que la mayoría de ellas podrían generar un proceso conocido como drenaje ácido si son expuestas a la superficie.

En otras palabras, las rocas de las montañas de la región contienen minerales sulfurados que, al entrar en contacto con el oxígeno y el agua, son capaces de producir soluciones ácidas y aumentar la movilidad de elementos químicos potencialmente tóxicos.

En su investigación, desarrollada entre 2025 y 2026, el SGC examinó 89 muestras que se encuentran en la Litoteca Nacional, la biblioteca de rocas más grande de Colombia, que habían sido obtenidas entre 1978 y 1983 durante estudios del Ingeominas y las Nacional Unidas. A través de un análisis microscópico y pruebas de laboratorio, los científicos pudieron hacer un balance entre los procesos químicos que resultan en aguas ácidas y los procesos con capacidad para neutralizarlas. También identificaron los principales factores geológicos y mineralógicos que condicionan ese comportamiento.

“Más del 90 % de las muestras presentan potencial para generar drenaje ácido si las rocas son expuestas al ambiente, mientras que cerca del 10 % no generarían acidificación o tendrían capacidad para neutralizarla”, comunicó el SGC. “El estudio también identificó la presencia de elementos potencialmente tóxicos en el depósito, entre ellos molibdeno, selenio, cadmio y wolframio, además de arsénico, mercurio, plomo, vanadio y talio en algunos sectores”.

La entidad aclaró, no obstante, que debido a la metodología empleada, no fue posible evaluar la velocidad con la que se podría desarrollar la acidificación de las aguas bajo condiciones naturales. El SGC aspira evaluar ese punto en una segunda fase de su estudio, mediante ensayos de larga duración.

Por el momento, los hallazgos fortalecen la evaluación geoambiental del depósito, permiten establecer su susceptibilidad geoquímica y, de ese modo, contribuir a decisiones para prevenir impactos asociados con la exposición de este tipo de rocas.

“Comprender cómo interactúan las rocas, el agua y el oxígeno permite fortalecer la evaluación geoambiental del territorio y generar información científica que contribuya a prevenir riesgos asociados con procesos naturales y actividades humanas, como la minería en depósitos ricos en sulfuros”, apuntó el SGC.

Estas rocas que contienen sulfuros pueden exponerse rápidamente al ambiente a través de procesos como la erosión, bien sea natural o la que se deriva de la deforestación. De acuerdo con el SGC, aún más desequilibrante podrían ser los escenarios de minería, pues es una actividad en la que las rocas se sacan del subsuelo para extraer minerales y los desechos pueden quedar en la superficie.

“La minería, particularmente la de metales como el oro, la plata o el cobre, está frecuentemente asociada a minerales ricos en sulfuros, lo que implica el riesgo de potenciar los procesos que generan drenaje ácido”, publicó el SGC en sus redes sociales.

Cabe recordar que, como hemos contado en estas páginas, la minería ha sido un tema especialmente sensible en Mocoa. Allí, la Agencia Nacional Minera (ANM) ha otorgado títulos para extraer principalmente cobre a la empresa Libero Cobre, cuya casa matriz está en Canadá.

La intención de explotar este mineral ha generado tensiones en el territorio y entre las comunidades. De hecho, hace una semana, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y campesinas de Putumayo realizaron un plantón artístico y cultural frente a la ANM, pidiendo que se cumpla una resolución de Corpoamazonia que protege más de 57.000 hectáreas. Exigían que se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Hace un par de semanas, Maria Francisca Silva de Oliveira salió en bote de su comunidad de São Raimundo, en la Amazonia brasileña. Hizo un recorrido en ferri de casi 30 horas hasta Manaos, tomó un vuelo hacia Tabatinga y, desde allí, se trasladó a la ciudad vecina: Leticia. Otros representantes indígenas, campesinos y afrodescendientes viajaron desde las planicies inundables de Bolivia o volaron desde Surinam hasta Curazao, pasando por Bogotá, para arribar a la capital del departamento de Amazonas, en Colombia.

Los líderes llegaron desde 14 comunidades de la Amazonia para conocer el resultado de un trabajo que inició hace más de un año: un Atlas que detalla la riqueza histórica y cultural que se esconde detrás de un plato de comida amazónico. Todos los participantes, que venían de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y otras partes de Colombia, se reunieron en Acapú, reserva natural de la sociedad civil a 14 kilómetros del casco urbano de Leticia.

Conversaron en un recinto abierto: una gran estructura de madera en cuyo centro la fogata casi siempre se mantuvo encendida. Los lideres presentaron sus mapas y contaron historias de sus comunidades; hubo noches de cine en las que se proyectaron documentales sobre sus territorios y, entre todos, se preparó “patarashca”, un plato tradicional de la región.

La idea del Atlas del Alimento Amazónico, como se denomina el proyecto recién lanzado, se empezó a cocinar hace más de un año con el propósito de contar la Amazonia no desde sus problemas, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad, sino desde lo que continúa vivo gracias al cuidado de sus habitantes.

“El alimento nos pareció la puerta de entrada más honesta a esa vida cotidiana porque hablar de comida es hablar de relaciones entre la gente, la flora, la fauna y el agua; entre memoria y futuro; entre autonomía y dependencia”, explican desde la organización Amazon Conservation Team (ACT), que diseñó y desarrolló el proyecto.

Por eso, los equipos de investigación de esa organización viajaron entre cuatro y cinco días a las comunidades de Yurayaco y Morroco, en Colombia; Siekoya Remolino y Chumpí, en Ecuador; Nueva Esperanza y Quiteni, en Perú; Santa María y Altagracia, en Bolivia; São Raimundo y Arapucu, en Brasil; Toka y Moraikobai, en Guyana, y Pikin Slee y Kwamalasamutu, en Surinam. “Nos abrieron las puertas. Nos compartieron su comida y sus historias, nos contaron sobre sus territorios”, detalla ACT.

Aunque comparten el mismo bioma, estas comunidades habitan paisajes distintos, desde el Escudo Guayanés, donde están los cimarrones de Pikin Slee, hasta las planicies inundables, con los campesinos de Altagracia o los quilombolas de Arapucu. Otras viven en el piedemonte andino-amazónico, como la comunidad de Yurayaco, del pueblo Inga, en Caquetá.

Cuando estuvieron en esos territorios, de febrero a julio de 2025, los investigadores guiaron las conversaciones a partir de una pregunta: ¿qué nace aquí para alimentar? Las comunidades hicieron una lista de entre 150 y 350 de sus alimentos, de los cuales eligieron, cada una, los 10 más representativos. También dibujaron mapas colectivos con tintes naturales, como el del ñame morado y el achiote, e hicieron calendarios ecológicos de sus alimentos. Luego, compartieron sus relatos, cocinaron junto a los equipos de ACT y les enseñaron algunas de sus recetas.

Fueron meses de trabajo en los que participaron antropólogos, sociólogos, biólogos, ingenieros forestales, diseñadores, comunicadores y fotógrafos, entre otros. La información que recopilaron se materializó en el Atlas del Alimento Amazónico, compuesto por un libro, videos documentales, un pódcast y un juego de mesa pedagógico. Todos, excepto por la herramienta lúdica, están disponibles en línea para quien desee consultarlos.

El proyecto fue diseñado y desarrollado por ACT, y encargado por el Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL), programa financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y liderado por el Banco Mundial.

“Hemos sido parte de un mismo proceso, pero esta es la primera vez que nos vemos y nos conocemos todos”, resaltó ACT durante el encuentro en Leticia. Desde una maloca del pueblo bora, la organización les explicó a los integrantes de las comunidades que habían viajado hasta allá el motivo por el cual llamó “Atlas” a este repositorio del alimento amazónico.

En la mitología griega, el dios Zeus dio al titán Atlas el mandato de sostener sobre sus hombros la bóveda celeste o, según versiones más recientes, el mundo. “Algunos de ustedes tendrán que cargar 60 kilos de libros para devolver a sus comunidades, pero más importante es cargar el compromiso de transmitir ese conocimiento de la Amazonia a los jóvenes, de celebrar el alimento, y la mejor forma de celebrarlo es reproduciéndolo, cultivándolo, cosechándolo y compartiéndolo”, dijo el equipo.

En efecto, el último día del encuentro, tras cenar “patarashca”, los representantes empezaron el largo recorrido de vuelta. Llevaron consigo decenas de los libros del Atlas para que puedan ser leídos en sus territorios. “Les haremos conocer a nuestras comunidades que no somos diferentes a otros pueblos porque cultivamos lo mismo. Tenemos muchos alimentos en común”, aseguró Ivana Imanareico, de la comunidad campesina de Altagracia, de Bolivia.

El objetivo, según Kory Barras, representante del Banco Mundial y de ASL, es “honrar el conocimiento”, que el Atlas se siga nutriendo y sea “el comienzo de muchos más esfuerzos regionales”.

La yuca, “el hilo que atraviesa las cocinas amazónicas”

En el encuentro regional, Maike Jaachpi se conmovió por el parecido de la comida de Leticia con la de su comunidad, Kwamalasamutu, de Surinam. Notó que en la Amazonia colombiana también se consume tapioca, tal como lo hacen su papá y otros indígenas wai wai de su país. Ellos lo llaman “gomma” y es, básicamente, el almidón puro que se extrae de la yuca. “Lo que he visto aquí me ha hecho sentir cerca de la familia de mi padre”, expresó en neerlandés.

La yuca es un alimento de vital importancia en la Amazonia y ha estado presente en todas las comunidades que visitó el equipo de ACT. Dependiendo del territorio, se le suele llamar de distintas maneras, como mandioca, macaxeira, cassava, kasab o rumu. Es, en palabras sencillas, “el hilo que atraviesa todas las cocinas amazónicas”.

Existen, eso sí, diferencias notorias en las tecnologías y los utensilios de cada territorio y en la forma en que preparan la yuca. Los investigadores encontraron que, mientras en las comunidades de Perú es común hacer masato con la yuca, en Brasil se transforma en fariña, un tipo de harina granulada.

Carmen Rodríguez, representante de Morroco, el pueblo curripaco en Guainía, explicó que en su comunidad utilizan un cesto tradicional, denominado “catumare”, para sumergir la yuca y fermentarla durante tres días. Así obtienen el “murucúi”, una masa que luego rallan, prensan y tuestan como harina para elaborar, entre otras cosas, casabe, un pan redondo y plano. Se trata de un proceso de gran “sofisticación tecnológica”, según Amazon Conservation Team, pues permite eliminar la toxicidad de la yuca amarga y volverla apta para su consumo.

“La yuca (Manihot esculenta) nace de una historia profunda entre los pueblos amazónicos, sus saberes y el bosque. Originaria de la cuenca amazónica, ha sido observada, seleccionada y transformada durante siglos, hasta convertirse en uno de los alimentos más importantes de la región. En ella vive una memoria agrícola antigua, paciente y minuciosa”, se lee en el libro del Atlas.

Pero además de esta raíz tuberosa, las palmas de asaí, de moriche, de chontaduro y el pescado son importantes fuentes de alimento que tienen en común estas 14 comunidades amazónicas. Algunas también basan su dieta en la caza de animales como la boruga, roedor de tamaño mediano y de hábitos nocturnos. Esa “carne de monte” se consume en los territorios de Quiteni (Perú), Chumpí (Ecuador), São Raimundo (Brasil), Moraikobai (Guyana) y Yurayaco (Colombia).

La relación con la selva

Carmen, de la comunidad de Morroco, nunca había salido de su territorio, pero con casi cinco meses de embarazo viajó desde la Estrella Fluvial de Inírida hasta Leticia para el encuentro. Entre sonrisas, y tras comer helado de asaí, explicó la importancia que, como en muchas otras comunidades, tienen sus sistemas de cultivo.

“El conuco (como denominan en Morroco a las parcelas donde siembran) es nuestro supermercado. Así como los blancos salen a comprar pan y arroz, del conuco obtenemos el casabe y el mañoco (ambos provenientes de la yuca). Tenemos diferentes cultivos: de ñame, batata, piña y algunos de ají. Hay gran variedad. Es primordial para nosotros”, dijo.

En el caso de la comunidad de Carmen, cada mes los hombres van al “monte virgen” a despejar campos para las también llamadas chagras, mientras que las mujeres se encargan de su mantenimiento. “Tenemos un mes específico en el que sembramos, no lo hacemos cualquier día”. Los curripacos saben que cuando empieza a haber un vuelo masivo de mariposas, hacia finales de abril, se avecinan las lluvias más intensas. Por eso, las mejores cosechas se dan entre febrero y junio.

A cientos de kilómetros de distancia, a orillas del río Sipaliwini (Surinam), el pueblo trio de la comunidad de Kwamalasamutu también usa de guía a los insectos para producir sus alimentos. “En tiempos remotos, nuestros ancestros no sabían sobre los meses. Solían trabajar y sembrar con base en la luna o el sol y un pequeño insecto en el bosque, una cigarra, hacía un sonido muy fuerte y les avisaba que debían empezar a preparar las chagras”, apuntó Maike.

Por su parte, Sandra Payaguaje, representante de Siekoya Remolino (Ecuador), del pueblo indígena siekopai, contó que en las chagras de su comunidad también se siembran plantas medicinales y para el uso en rituales. Pero más allá de ser solo un sistema de cultivo tradicional, el tsío, como ellos lo nombran, significa “compartir entre todos” y es la forma en que los siekopais conectan espiritualmente con la tierra. Las mujeres son sus guardianas.

En un contexto en el que la alimentación global depende cada vez más de ciertos cultivos dominantes, como el arroz, el Atlas del Alimento Amazónico busca mantener y fortalecer dichos saberes como una herramienta para conservar la Amazonia. Para ACT, entender esa diversidad alimentaria construida durante siglos “es también una forma de conservación, no solo como protección del entorno, sino como continuidad de la vida”.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer, en la tarde de este viernes 31 de julio, el informe de deforestación de 2025. Según el monitoreo realizado por la entidad, el año pasado se perdieron 119.483 hectáreas de bosque en el país, lo que representa un aumento de 5,2 % frente a 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas.

(Lea: Lluvias y tiempo seco: así será el clima este fin de semana, según el Ideam)

Aunque la deforestación aumentó, el Ideam insiste en que esta cifra sigue siendo un 18 % menor que el promedio anual de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas por año; y que incluso es 31 % menor que la registrada en 2021, el año que el Gobierno toma como referencia para medir sus avances.

Es decir, aunque hubo un aumento frente a 2024, el comportamiento de los últimos cinco años sigue mostrando una tendencia de reducción. De hecho, el Ideam sostiene en el informe que el país sigue “en línea de cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo”, que busca reducir la deforestación en al menos un 20 % frente a 2021.

El informe también muestra que el aumento estuvo impulsado principalmente por la Amazonía, donde se registraron 77.805 hectáreas deforestadas, apenas 681 más que en 2024, pero una cifra suficiente para explicar buena parte del incremento nacional.

(Puede leer: OMM confirma que fenómeno de El Niño seguirá intensificándose entre agosto y octubre de 2026)

La Amazonía sigue concentrando la mayor parte de la deforestación del país, con el 65 % del total registrado. Sin embargo, hay otras regiones que también inquietan al Ideam. La situación más llamativa se presentó en el Pacífico, donde la deforestación creció un 22 %, seguida por el Caribe, con 17,1 %. Los Andes y la Orinoquia también registraron un incremento del 10 %.

Al mirar por departamentos, cinco concentran el 71 % de toda la deforestación del país. Caquetá es donde más se prenden las alarmas, pues fue el que más aumentó en términos absolutos, al pasar de 25.263 hectáreas a 30.414. Además, se consolidó como el departamento con la mayor superficie deforestada del país.

El caso de Putumayo también es preocupante. De acuerdo con el Ideam, fue el departamento que más aceleró la pérdida de bosque en términos porcentuales, al pasar de 5.443 hectáreas a 8.961; es decir, hubo un aumento de 64,6 %.

En cuanto a los municipios, Cartagena del Chairá, en Caquetá, volvió a encabezar la lista de los territorios con mayor deforestación, con 16.983 hectáreas, seguido de Mapiripán (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare).

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A pesar de estas cifras, otros departamentos lograron reducir la deforestación de forma significativa. Uno de ellos fue Meta, con una caída del 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.

Tampoco se puede perder de vista que la deforestación dentro de los parques nacionales bajó 18,7 %. Aun así, el Ideam advierte que los parques amazónicos siguen siendo los más presionados. En contraste, Colombia conserva 58,9 millones de hectáreas de bosque natural.

De acuerdo con el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, que implica la tala de bosque para apropiarse del terreno; la ganadería extensiva; y la construcción de vías sin planificación.

(Puede leer: Mientras lee este artículo, 41 dragas sacan oro y destruyen el Parque Nacional Río Puré)

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