Hace dos años, en la COP16 de biodiversidad celebrada en Cali, un grupo de parlamentarios de distintos países hicimos un llamado que hoy resulta más urgente que nunca: detener la expansión de los combustibles fósiles en los ecosistemas más valiosos del planeta. La petición reabría la pregunta de si es posible proteger la biodiversidad al tiempo que seguimos autorizando proyectos de petróleo, gas y carbón en los territorios que albergan esa riqueza.

En una carta al Gobierno colombiano, entonces presidencia de la COP16, pedimos que la Declaración de la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza incluyera ese compromiso, advirtiendo que el clima y la biodiversidad no podían tratarse como crisis separadas y que la respuesta debía reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Dos años después, mientras los gobiernos se reúnen en Ereván, Armenia, para la COP17, el balance es inquietante. El mundo sigue lejos de cumplir el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y los compromisos de conservación chocan con decisiones económicas que favorecen actividades que degradan los ecosistemas.

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De poco sirve declarar áreas protegidas o adoptar metas ambiciosas si seguimos abriendo explotaciones fósiles en territorios estratégicos. Cada nueva frontera extractiva trae deforestación, contaminación, daños a las comunidades y emisiones que agravan la pérdida de especies. En este sentido, proteger la biodiversidad y eliminar gradualmente los combustibles fósiles forman parte de una misma agenda política.

Desde aquel llamado en Cali, decidimos ir más allá de las declaraciones. Durante los últimos dos años, legisladores de la red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles (a la que pertenecemos) de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, presentaron proyectos de ley para prohibir nuevas actividades de explotación de hidrocarburos en la Amazonía. Adaptadas al marco jurídico de cada país, las iniciativas buscan que el ecosistema terrestre más importante del planeta no siga subordinado a la expansión petrolera y gasífera.

La Amazonía es solo el punto de partida. Su biodiversidad, sus reservas de carbono y su papel en la regulación del clima trascienden fronteras, y protegerla es una tarea planetaria. Pero esa responsabilidad compartida no puede servir de excusa para imponer soluciones desde afuera, desconociendo la soberanía de los países o ignorando los derechos de quienes habitan sus territorios.

Por eso, defendemos la creación de zonas de exclusión de combustibles fósiles, territorios de extraordinaria importancia ecológica, climática y cultural vedados a nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón. Y, en ese contexto, la Amazonía debe ser el primer gran referente de esta figura, que convierte los compromisos de conservación en decisiones concretas sobre el uso del territorio.

Estas zonas deben construirse a partir del respeto por los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las comunidades locales y los criterios de transición energética justa. Además, deben acompañarse de alternativas económicas sostenibles, cooperación internacional y financiamiento para reducir la dependencia de los ingresos fósiles sin profundizar las desigualdades que enfrentan las comunidades.

Tampoco podemos dejar de cuestionarnos cómo financiamos la biodiversidad. La financiación pública puede garantizar su continuidad, mientras que los bonos y créditos de biodiversidad pueden convertir ecosistemas complejos en productos financieros subordinados a la rentabilidad de corto plazo. Las naciones industrializadas, por su responsabilidad histórica, deben liderar esa financiación.

Esa misma convicción orientó el encuentro “Del río al Parlamento: voces amazónicas en Ottawa”, que reunió a parlamentarios y líderes indígenas de Canadá y la Amazonía. Allí dimos el primer paso hacia una coalición parlamentaria internacional por la Amazonía, que ya respaldan más de 30 parlamentarios y que significa el inicio de una alianza entre el Norte y el Sur Global para enfrentar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, y así construir una relación más justa con los pueblos indígenas y comunidades locales.

La COP17 llega en un momento decisivo. Es el momento de demostrar que los compromisos de biodiversidad orientan decisiones sobre energía, inversión y territorio, y las zonas de exclusión de combustibles fósiles deberían estar en el centro de esa discusión. Desde los parlamentos sabemos que presentar proyectos no basta, por eso, seguiremos trabajando para que estos se aprueben, se apliquen y beneficien a las comunidades.

En Cali pedimos un compromiso explícito para detener la expansión fósil, y hoy convertimos ese llamado en propuestas legislativas y alianzas internacionales; ahora, les corresponde a los gobiernos demostrar la misma voluntad. No podemos prometer armonía con la naturaleza mientras autorizamos actividades que comprometen su supervivencia. Proteger la biodiversidad también significa decidir dónde los combustibles fósiles ya no tienen cabida.

*Senadora de Perú

**Senadora de Canadá

Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Más de 61.5 millones de hectáreas protegidas y conservadas se superponen con bloques de petróleo y gas. Además, otras 42.7 millones de hectáreas se superponen con concesiones mineras en varios países de cuatro de las regiones tropicales más biodiversas del mundo. 

Estas cifras hacen parte de un reciente informe elaborado por distintas organizaciones internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Earth Insight, entre otras, que fue presentado en Ereván, la capital de Armenia, donde por estos días se desarrolla la Conferencia de la ONU sobre la Biodiversidad (COP17).

Para hacerse una idea, la superposición de las industrias extractivas corresponde a un área de más de la mitad del territorio continental de Colombia, mientras que la segunda ocupa un área un poco más grande que la de todo el territorio paraguayo.

El informe, en el que también participaron el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB) y la Alianza Global para las Comunidades Territoriales (GATC), se enfocó en la Meta 3, una de las más conocidas del histórico Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal  (GBF), firmado por más de 180 países. Esta meta busca que los firmantes conserven de manera efectiva al menos el 30 % de las áreas terrestres, aguas continentales y marinas del mundo para 2030, particularmente aquellas que son importantes para la biodiversidad.

Según explican las organizaciones que participaron en la elaboración, el nuevo reporte “aplica un marco de implementación (...) de alta integridad para analizar cómo las metas de conservación se están traduciendo en resultados ecológicos significativos sobre el terreno”. 

Para que la implementación de esta meta, también conocida como “30x30”, sea considerada de alta integralidad, continuaron los autores, se requiere que sea eficaz, equitativa, sostenible, al tiempo que prioriza las áreas de especial importancia para la biodiversidad y defiende los derechos, gobernanza y aportes de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Otro de los factores que analizaron los investigadores es que esas áreas protegidas y conservadas estén libres de actividades extractivas y otras actividades industriales a gran escala que son “incompatibles con la conservación de la biodiversidad”. 

Para adelantar el estudio, las organizaciones también llevaron a cabo análisis espaciales en los países de la Amazonia, Centroamérica, la región del Congo y el sudeste asiático. Así mismo, adelantaron estudios de caso. 

Con las cifras que arrojó el análisis, concluyeron que existe “una superposición alarmante entre las actividades extractivas y las actividades industriales a gran escala, tanto en curso como planeadas, y las áreas que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, incluyendo las áreas protegidas y conservadas (PCA), las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) y las tierras indígenas y comunitarias”. 

(Lea Casi todos los arrecifes de coral de aguas poco profundas podrían colapsar para 2075: UICN)

En palabras de Tyson Miller, director ejecutivo de Earth Insight, la organización que lideró el análisis y que se especializa en el análisis espacial para monitorear la expansión de las industrias extractivas sobre ecosistemas críticos, “sin medidas de protección, las áreas protegidas corren el riesgo de convertirse en ‘parques de papel’: protegidas en teoría, pero expuestas a la explotación en la práctica”.

Los autores del informe advierten que sus hallazgos ponen de manifiesto un riesgo fundamental para la iniciativa “30x30”. El mundo, aseguran, “está avanzando hacia los objetivos de protección basados en áreas, pero no logra proteger los ecosistemas más importantes para la biodiversidad, la estabilidad climática, la seguridad hídrica y alimentaria y el bienestar humano”.

El problema no es solo de calidad, advirtieron los científicos. Una revisión del progreso de la implementación de las metas del GBF, elaborado por la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y presentado en julio de este año, reveló que, aunque la superficie cubierta por las áreas de conservación prioritaria (PCA) ha aumentado en los últimos años, los compromisos de los países que firmaron el Marco Mundial “son insuficientes”. Al ritmo actual, estimó la Secretaría, para 2030 se alcanzaría solo el 23 % de áreas conservadas y protegidas. 

El ejemplo de Colombia y otras medidas

Aunque el informe se centra en las amenazas, las cuales estima como “conservadoras”, pues no abarca otros fenómenos, como la tala industrial, la agricultura a gran escala y la sobrepesca, entre otros, también identifica vías “prometedoras hacia una implementación de alta integralidad”.

“La decisión de Colombia de cerrar su Amazonía, según una nueva directiva, constituye un nuevo ejemplo al que debemos referirnos y al que debemos dar seguimiento”, dijo durante la presentación del informe Juan Carlos Jintiach Arcos, indígena ecuatoriano y secretario ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que elaboró el documento.

Jintiach, así como el informe, se refiere a la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026 con la que el gobierno de Gustavo Petro declaró los 483.283 kilómetros de la Amazonia colombiana (48 millones de hectáreas) como una reserva de recursos naturales renovables definitiva. La decisión implica que en este territorio ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, al tiempo que no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Como contamos en estas páginas, para varias organizaciones del sector ambiental colombiano, su debilidad jurídica era uno de los puntos más resaltados. Este es un tema que también inquieta a los autores del informe, quienes señalaron que “con un nuevo gobierno favorable a la extracción en el poder, la durabilidad de esta resolución está en duda”. 

En entrevista con El Espectador en julio de este año, cuando Abelardo de la Espriella ya lo había designado como ministro de Ambiente, Fabio Arjona calificó la medida adoptada por el gobierno de Gustavo Petro como “populista” y aseguró que estaba abierto a que estas actividades se desarrollaran en la Amazonía de manera “legal y en territorios no comprometidos”.

Para las organizaciones que elaboraron el reciente informe, “una ley vinculante y una política duradera son el siguiente paso necesario para transformar un compromiso político prometedor en un modelo de importancia mundial para prevenir nuevas actividades de extracción, reducir las amenazas industriales y lograr la implementación de la iniciativa 30x30 de alta integridad en una de las regiones ecológicas más importantes del planeta”.

A menos de cuatro años de que llegue el 2030, concluye el informe, “el margen para corregir el rumbo se está reduciendo”. Para alcanzar el objetivo de la Meta 3 con alta integralidad, dicen las organizaciones, se necesita más que avances en términos de superficie: “Habrá que garantizar que los puntos críticos de biodiversidad más importantes del mundo permanezcan intactos, conectados, gobernados de manera eficaz, administrados de forma equitativa y protegidos de las presiones industriales que socavan los resultados de la conservación y un futuro habitable para las personas y el planeta”.

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El 2023 fue un mal año para los delfines de la Amazonía. En octubre, más o menos, empezaron a aparecer cadáveres de individuos en varios puntos de la región, prendiendo las alarmas entre pobladores y entre quienes se han dedicado al estudio de estos animales.

Entonces, como ahora, se estaba presentando el fenómeno de El Niño, el cual había contribuido a intensificar la sequía en varios puntos de la Amazonía. Hubo una disminución de los niveles de agua y las temperaturas, en algunas ocasiones, alcanzaron niveles que no suelen ser usuales.

Al final, como recuerda ahora la Iniciativa Delfines de Río de Sudamérica (SARDI, por sus siglas en inglés), de 330 individuos murieron, entre Tefé y Coari en la cuenca media del río Solimões, en la Amazonía brasileña. Allí, la temperatura del agua llegó hasta a 40 °C.

(Lea ¿Por qué estas gráficas sobre el fenómeno de El Niño tienen preocupados a los científicos?)

Previendo que esa situación puede repetirse en los próximos meses, debido a uno de los fenómenos de El Niño más fuertes que se han vivido en las últimas décadas, SARDI está haciendo un llamado a los gobiernos, a las diferentes autoridades ambientales, a los institutos de investigación y a las organizaciones de conservación de los países donde se distribuyen los delfines de río, para que "fortalezcan las acciones de prevención y monitoreo en áreas críticas para los delfines de río".

¿Cómo sortear con las consecuencias de El Niño?

Las organizaciones les están pidiendo que tomen acciones prioritarias, antes de que la situación se ponga difícil. Solicitan, por ejemplo, que se intensifique el monitoreo de niveles de agua, temperatura y calidad del agua en ríos, lagos y humedales estratégicos. También, como se lee en un comunicado publicado por WWF y la Fundación Omacha, piden que se implementen sistemas de alerta temprana para identificar zonas con condiciones críticas para la fauna acuática.

De igual forma, creen que es clave "fortalecer la coordinación transfronteriza entre países amazónicos para el intercambio de información y la respuesta rápida ante emergencias" y "aumentar los esfuerzos de vigilancia y protección de hábitats clave para los delfines de río durante la temporada seca".

El otro punto que es fundamental para quienes están al frente de SARDI es involucrar a las comunidades indígenas y locales, pues sus "conocimientos y presencia permanente en los territorios son fundamentales para detectar riesgos tempranamente".

“Lo ocurrido en 2023 no puede verse como un hecho aislado. Fue una señal de alarma para toda la cuenca amazónica. Hoy contamos con información científica y sistemas de monitoreo que nos permiten anticipar riesgos. La diferencia entre una crisis y una tragedia evitable dependerá de qué tan rápido actuemos”, señala Mariana Paschoalini Frias, especialista en Conservación de WWF Brasil y Coordinadora de SARDI.

Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, que desde hace 18 años trabaja en la conservación de los delfines de la Amazonía, también cree que hay que continuar haciendo un esfuerzo por articular a comunidades locales, autoridades civiles y ambientales, la fuerza pública y organizaciones aliadas. 

Como recuerda SARDI, los delfines de río son una especie clave para los ecosistemas. Uno de los motivos es que son indicadores de la salud de los ecosistemas acuáticos: "su bienestar refleja el estado de los ríos, lagos y humedales de los que dependen millones de personas para obtener agua, alimentos y medios de vida".

Dicho de otro modo, son la mejor muestra de un concepto que se ha tomado fuerza en los últimos años: One Health (Una sola salud), un enfoque que insiste en que hay vínculos muy estrechos entre la salud de las personas, la de los animales y los ecosistemas. Promovido por universidades, institutos y desde la ONU, busca que haya más coordinación entre quienes se mueven en esos sectores.

“Por eso es importante estudiar a los delfines: nos dicen muy claro cómo está la salud de los ecosistemas”, la había dicho Trujillo a El Espectador hace unos meses. En Omacha, lo llaman los “centinelas” del agua.

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La Corte Constitucional falló a favor del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, ubicado a orillas del río Caquetá, en un caso relacionado con la formulación, en ese territorio, de una iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Básicamente, a través de los proyectos REDD+ se les paga a las comunidades, con giros directos o a cambio de los llamados “bonos de carbono”, con el fin de que no talen sus bosques. Por medio de esa estrategia, las empresas y los Estados buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

Ahora, con la Sentencia T-283 de 2026, la Corte Constitucional protege los derechos a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, luego de que este presentara una tutela contra Oxigreen S.A.S. 

De acuerdo con la comunidad, dicha empresa vulneró sus derechos en el marco de un proyecto REDD+ en su territorio ancestral, pues no garantizó una efectiva participación al formular la iniciativa, especialmente en la construcción del Documento de Diseño del Proyecto (PDD). Afirmó, además, que se presentaron dificultades con Oxigreen en torno al acceso a la información y a la participación en las decisiones del proyecto.

La comunidad también argumentó que, finalmente, se deconoció la decisión adoptada por sus autoridades, así como por la Asamblea General, de retirar el consentimiento y dar por terminada la relación asociada al proyecto. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, entonces, consideró procedente la acción de tutela respecto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad.

El alto tribunal, en efecto, determinó que Oxigreen no garantizó una participación efectiva del resguardo en la formulación y consolidación del PDD. Además, a pesar de que la sala encontró acreditada la existencia de espacios de socialización, señaló que no existían elementos suficientes para establecer que la comunidad contó con las condiciones adecuadas para conocer, deliberar e incidir de manera efectiva en la construcción del documento. 

La corte también concluyó que no se garantizaron las medidas suficientes para superar las “asimetrías de información” identificadas al formular iniciativa y que la decisión de retirar el consentimiento por parte de las autoridades constituía una “manifestación del ejercicio de los derechos al gobierno propio, a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado”.

En ese sentido, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Oxigreen reconocer formalmente la decisión adoptada por las autoridades tradicionales y la Asamblea General del resguardo. No obstante, precisó que la sentencia no resolvía controversias contractuales, arbitrales o patrimoniales derivadas del acuerdo suscrito entre las partes, sino que ello se debe alcanzar a través de los mecanismos judiciales correspondientes.

En todo caso, el alto tribunal subrayó que uno de los principales desafíos a la hora de implementar proyectos REDD+ es armonizar los objetivos de conservación ambiental y de mitigación del cambio climático con el respeto por la autonomía, la libre determinación y el gobierno propio de las comunidades étnicas que habitan los territorios donde se llevan a cabo este tipo de iniciativas. “En Colombia, los proyectos REDD+ adquieren una relevancia particular debido a la extensión de sus bosques naturales y a la presencia de amplios territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en áreas de especial importancia ecológica”, indicó la corte.

Otro de los retos, apuntó, tiene que ver con evitar que las estrategias de mitigación climática se transformen “en mecanismos de intervención externa sobre los territorios colectivos o en formas indirectas de limitación de la capacidad de decisión de las comunidades”.

La sala, en suma, recordó que, de acuerdo con lo reconocido por la jurisprudencia, la complejidad técnica, jurídica y financiera de estos proyectos puede generar asimetrías de información entre las comunidades y los distintos actores que participan en ellos.

La primera vez que la Corte Constitucional falló sobre un caso de bonos de carbono fue en 2024, a través de la Sentencia T-248, luego de que la Sala Segunda de Revisión examinara una acción de tutela interpuesta por el Consejo Indígena de Pirá Paraná del Vaupés. La comunidad buscaba que se protegieran sus derechos fundamentales en el marco de un proyecto REDD+ que, argumentaron, “desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio”.

De hecho, ahora, con la Sentencia T-283 de 2026, el alto tribunal reiteró el llamado y las recomendaciones que hizo en ese entonces, con el fin de fortalecer el marco institucional y regulatorio de los proyectos REDD+ que se llevan a cabo en territorios indígenas, “especialmente en materia de participación efectiva, superación de asimetrías de información, acompañamiento técnico independiente y protección permanente del consentimiento libre, previo e informado”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Entre agosto de 2025 y julio de este año, la Amazonía brasileña perdió 3.335 kilómetros, 41,8 % menos que un año antes. La cifra que dio a conocer el Gobierno nacional corresponde al nivel más bajo de deforestación desde que comenzaron a hacer mediciones vía satélite, en 1988.

De acuerdo con el gobierno, este es el quinto año consecutivo de disminución interanual de deforestación en la mayor selva tropical del planeta. Durante 2021, cuando gobernaba el ultraderechista Jair Bolsonaro, se llegaron a destruir 13..038 kilómetros cuadrados. En 2022, la cifra bajó a 11.594; en 2023 a 9.064; en 2024, a 6.518; en 2025 a 5.731.

(Le también: "Antes de transformar la Orinoquía, hay que aclarar la propiedad sobre la tierra")

La superfice deforestada en 2026 contrasta con el récord registrado en 1995: 29.050 kilómetros cuadrados, y mejora sustancialmente el anterior mínimo histórico, logrado en 2012 (4.571 km2), según los datos del sistema por satélite Prodes, divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que son más precisos y detallados que los informes que se divulgan mes a mes.

La deforestación también disminuyó en el Cerrado, la sabana tropical brasileña y una importante región agrícola, donde en términos interanuales cayó un 23,8 %, hasta los 5.517 kilómetros cuadrados, su nivel más bajo desde que comenzó el seguimiento en 2001. La máxima destrucción en la zona se dio en 2003 y 2004, con 28.767 km2 afectados en ambos años.

¿Por qué disminuyó la deforestación?

El Gobierno brasileño atribuyó la reducción  a las políticas de prevención y control de la deforestación, que combinan la vigilancia por satélite, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles.

"La reducción de la deforestación no es un hecho aislado, ni fruto de la suerte. Se trata de un proceso continuo, de reducción año tras año", dijo el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, en un comunicado.

(Lea: En video quedó registrada la visita de un de oso andino joven en los Farallones de Cali)

El ministro sostuvo que los buenos datos se deben políticas públicas estructuradas en torno a tres pilares fundamentales: "la ciencia, la información y la democracia, con la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas", así como la colaboración del Gobierno con las autoridades locales y regionales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, marcó como meta para el país alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030 y las cifras se publican nueve días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Desde 2023, las autoridades ambientales han realizado 76.095 operativos de fiscalización en todo Brasil e impuesto 25.101 multas por infracciones relacionadas con la deforestación, por un valor total de 11.800 millones de reales (2.322 millones de dólares), según datos oficiales.

Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil, las cifras representan un logro histórico, sitúan a Brasil como líder mundial en la protección de los bosques y demuestran al mundo que, con voluntad política, es posible frenar la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Este hito histórico es el resultado directo de decisiones políticas, entre ellas la inversión en vigilancia y control medioambiental, la continuidad de políticas públicas eficaces y el fortalecimiento sostenido de organismos de control como Ibama e ICMBio. Mantener la tendencia descendente de la deforestación dependerá en gran medida del Gobierno federal y de cómo aborde esta cuestión. Todos estos avances estarían en riesgo si un Gobierno contrario a la protección del medioambiente volviera al poder", advirtió Cristiane Mazzetti, coordinadora de Deforestación Cero de Greenpeace Brasil.

Para los ambientalistas, el descenso tiene importantes implicaciones para los esfuerzos mundiales contra el cambio climático. Evitar la pérdida de bosques reduce las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y contribuye a preservar el papel de la Amazonía como uno de los mayores depósitos de carbono del mundo,han recordado.

No obstante, a pesar de los avances, siguen existiendo desafíos. En el Cerrado, gran parte de la tala se produce en propiedades privadas mediante cambios en el uso del suelo autorizados legalmente, lo que limita la eficacia de las medidas de control centradas en la deforestación ilegal, han subrayado. 

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“Al principio, nosotros pensamos que los equipos se habían vuelto locos, que debía haber algún error instrumental”, cuenta Omar Ramírez, doctor en Ciencia Ambiental e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada.

Ramírez se refiere a los datos que arrojaron, en marzo de 2024, los instrumentos de la Estación Experimental El Trueno del Sinchi, en el municipio de El Retorno (Guaviare): en el aire de esta zona del noroeste de la Amazonia colombiana se detectaron rastros de potasio y de azufre, asociados con incendios forestales.

Como reportaron en una investigación publicada en septiembre en la revista Communications Earth & Environment de Nature, los valores detectados “indican claramente un alto nivel de contaminación, comparable a los que suelen observarse en zonas densamente pobladas, en ciudades tropicales de América Latina como Bogotá y Ciudad de México”. Las concentraciones máximas que se detectaron, precisan los autores, fueron de cerca de 90 μg m⁻³; una cifra es 45 veces mayor que la que los mismos investigadores midieron en temporada de lluvias, cuando el aire de la zona es extremadamente limpio.

Aunque el humo de los incendios llega a la Orinoquía en grandes cantidades, el estudio encontró que no influye de manera significativa en la formación de nubes medias, como se esperaba. La clave de su hallazgo vino, en contraste, del propio suelo y de los ecosistemas. Los investigadores aseguran que el polvo mineral y las partículas orgánicas emitidas en el Guaviare tienen una capacidad excepcional para convertir agua en cristales de hielo en las nubes más altas, un proceso clave para el balance de calor en el planeta y que puede influir en el ciclo del agua.

Las semillas para las nubes

Para entender este hallazgo, vale la pena recordar que las nubes están hechas de enormes conjuntos de gotas de agua, así como cristales de hielo que pueden permanecer suspendidos en el aire. Como señalan los investigadores, estas se forman cuando el aire cargado de vapor de agua se condensa o se congela. Pero el vapor no se condensa con facilidad, y en esto son claves las partículas.

Estas últimas en la atmósfera (llamadas aerosoles por los científicos) funcionan como “semillas” o catalizadores con diferentes capacidades para que se formen las nubes. Aunque se trata de un proceso complejo, que involucra química, termodinámica, entre otras disciplinas, para entenderlo sirve imaginar que las partículas diminutas, que miden entre 0,002 micrómetros (el ancho del ADN) hasta más de 100 µm de diámetro (el grosor de un cabello), sirven como una superficie física donde las moléculas de agua se adhieren más fácilmente y se pueden convertir en cristales de hielo más rápido.

Como explica Luis Ladino, uno de los autores del estudio e investigador colombiano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen dos tipos de procesos en los que participan estas partículas, que tienen origen natural y antrópico. El primero son los que se conocen como núcleos de condensación de nubes (CCN, por sus siglas en inglés), que ayudan a que el vapor de agua en el aire se condense y pase a estado líquido. Por otro lado, están las partículas de nucleación de hielo (INPs, por sus siglas en inglés), que permiten que el vapor de agua o las gotas de agua se congelen y formen cristales de hielo, y así formar nubes cirros , las cuales se encuentran a gran altitud.

Como lo resume en la introducción del libro Aerosols and Climate, Ken S. Carslaw, investigador del Instituto de Ciencias Climáticas y Atmosféricas de la Universidad de Leeds (Reino Unido), "los efectos de los aerosoles sobre el clima de la Tierra son diversos y complejos". Según el científico, se debe seguir estudiando las propiedades de las partículas con relación a su tamaño, su composición química, su forma y su ubicación respecto a las nubes.

El humo que viaja hacia la Orinoquia

Al revisar la ecuación de lo que estaba pasando en la Amazonia colombiana, se confirmó que el Chorro del Orinoco, unos vientos de baja altura que atraviesan los Llanos, transportaba el humo de los incendios hacia el sur, llevándolos hasta Villavicencio y, probablemente, también hasta la Amazonia.

“Y la teoría decía que estas partículas orgánicas provenientes de incendios podrían afectar la formación de nubes en esta parte de la Amazonia, al reemplazar a las partículas que ya están presentes”, cuenta Jaime Barrera, subdirector científico y tecnológico del Sinchi y quien participó en la investigación.

Lo que ocurre en la Amazonia es importante para todo el país, pues algunos estudios señalan que este bioma libera a la atmósfera cada día más de 20.000 millones de toneladas de vapor de agua. Y parte de estos ciclos dependen, aseguran los investigadores, del intercambio de partículas.

Se trata de un fenómeno similar al que ocurre con las nubes de polvo del Sahara o los famosos ríos voladores, donde hay diferentes interacciones intercambios de partículas y vapor de agua entre ecosistemas separados por kilómetros y que tienen que ver con los ciclos hídricos del planeta.

El investigador de la UNAM advierte que, aunque los principales incendios están ocurriendo en la región andina, el impacto de los incendios es crítico para la Amazonia. “El monóxido de carbono y otros contaminantes sí impactan sobre la vegetación y la pueden deteriorar. Entonces puede dañar todos los ciclos normales de vida de una planta, puede inclusive matarla, oxidarla o que su crecimiento sea más lento. Estos eventos están deteriorando significativamente el aire de esta zona de la Amazonia”.

Pero, ¿qué influye entonces en la formación de nubes?

Luego de recoger varias muestras del suelo, del polvo y de otros materiales detectados en el aire de la zona, el equipo realizó pruebas en lo que se denomina cámaras de nubes. “Lo que hacen es tratar de simular lo que ocurre allá arriba para intentar reproducir las condiciones que encontrarían las partículas de aerosol en la atmósfera. Y jugando con estos factores, se puede ver cómo ciertas partículas van formando gotas o se congelan”, precisa Ladino.

Los investigadores miraron lo que pasaba en las nubes de mayor altura, que están compuestas, principalmente, por cristales de hielo. Como se lee en el estudio de Ladino y sus colegas, "la mayor parte de las precipitaciones en los trópicos tiene su origen en nubes que contienen hielo, y es en los trópicos donde se registran las frecuencias globales más elevadas de nubes cirros".

“Decidimos regresar unos meses después, en una época de lluvias, en la que se limpia la atmósfera, y encontramos que el aire era extremadamente limpio”, indica Ladino, quien precisa que se detectaron, en promedio, 2 μg m⁻³ ; una cifra 45 veces menor que la que los mismos investigadores midieron en temporada de lluvias, cuando el aire de la zona es extremadamente limpio.

Esta situación permitió estudiar las partículas emitidas localmente, entre ellas las de bosques, ríos, plantas y el suelo de la región. A través de las observaciones con microscopio electrónico, se observó que, durante la temporada de lluvias, el polvo mineral y las sustancias orgánicas locales son los componentes predominantes. En esta época en la que las precipitaciones limpian la atmósfera, se identificaron en el aire rastros de hierro, aluminio, cobre, silicio y calcio.

Además, las imágenes de algunas partículas mostraban bordes afilados e irregulares, lo que apuntaría a que provienen, sostienen los autores, de la erosión del suelo y, entre otros, las vías no pavimentadas.

“En estos análisis salió el zirconio, que es lo que se encuentra en el suelo del Guaviare. A esto se suman partículas que emiten las plantas bajo forma de compuestos orgánicos, entre otros”, indica Ramírez, coautor del estudio. “Identificamos en el proceso de laboratorio que estas partículas provenían del suelo del Guaviare y que tienen la capacidad para que el hielo se forme sin tanta necesidad de mucha humedad ni temperaturas tan bajas”.

“También encontramos aerosoles naturales de origen biológico como polen, hongos, bacterias, virus, entre otros, pero encontramos que los minerales juegan un mayor rol en estos procesos en esta parte de la Amazonia”, agrega Ladino. “Estudios sugieren que, entre más altas son las latitudes, las bacterias emiten más proteínas relacionadas con la formación de hielo; sin embargo, en las regiones tropicales estas nunca experimentan el frío y no tienen la necesidad de producir esas proteínas que crean núcleos de hielo”.

Las nubes que ayudan a regular el calor del planeta

Estos hallazgos relacionan las partículas del Guaviare con nubes altas y frías, como las nubes cirros. Estas últimas, que se ubican por encima de los siete kilómetros, son reguladores del balance de radiación planetaria porque atrapan parte del calor que la Tierra emite hacia el espacio. Una de sus características es que están conformadas netamente por cristales de hielo, y en esto las partículas son claves en permitir que la radiación que emite la Tierra se vaya al espacio o, por el contrario, regrese nuevamente a la superficie terrestre.

Los investigadores, señalan que se trata de un proyecto piloto; indican que estos resultados ayudan a mejorar los modelos que estudian la alteración de nubes y del clima en los próximos años.

Por su parte, Barrera, del Sinchi, asegura que “como sociedad colombiana tenemos una corresponsabilidad con todos los biomas de nuestra región y debemos entender que el clima no es algo aislado, y que esas interconexiones comienzan a visibilizarse y a dilucidarse con la ciencia y el conocimiento, y todo lo que nos falta por entender sobre cuáles son los impactos a futuro”.

“Creo que el elemento más positivo es que es la primera vez que se mira la atmósfera amazónica a este nivel de detalle, en una zona de complejo acceso y de conflicto interno, lo que resalta el valor de lo que encontramos”, indica Ramírez. “Detrás hay mucho esfuerzo, y acá aportamos un pequeño grano de arena para entender la Amazonia”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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El Gobierno de Brasil informó esta semana que la deforestación en la Amazonia brasileña aumentó un 9 % en septiembre frente al mismo mes de 2025, lo que representa el primer incremento para un mes de septiembre desde 2022. A pesar de ese aumento, los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) muestran que la superficie devastada en la selva tropical más extensa del planeta fue la segunda más baja para ese mes en la última década, solo por detrás de la registrada en septiembre de 2025.

Según el sistema de alertas Deter del Inpe, el bioma perdió el mes pasado 350 kilómetros cuadrados de vegetación, una superficie equivalente a unas 35.000 hectáreas o a cerca de 49.000 canchas de fútbol. En constraste, la entidad también reportó reportó que durante los primeros nueve meses del año la deforestación en la Amazonia brasileña cayó un 26,9 % en relación con el mismo periodo del año pasado.

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Brasil se ha fijado la meta de eliminar la deforestación ilegal para 2030 y, de acuerdo con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, durante sus primeros tres años de mandato la tala en el bioma se redujo a la mitad.

Estos datos se conocen en plena campaña electoral en Brasil, en la que Flávio Bolsonaro, aunque no se ha referido directamente a las cifras, aseguró durante un evento que flexibilizaría la aplicación de las normas ambientales en el país.

Según el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal, la hoja de ruta con la que el Gobierno brasileño busca llegar a la deforestación cero en 2030, entre los principales motores de la tala se encuentran el acaparamiento de tierras públicas, la expansión de la ganadería y la construcción de grandes obras de infraestructura, como carreteras y represas. Según el documento, en 2022 cerca de un tercio de la deforestación ocurrió en tierras públicas que aún no tenían una destinación definida.

¿Cómo está la deforestación en la Amazonia colombiana?

De acuerdo con el más reciente boletín de detecciones tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el primer trimestre de 2026 se deforestaron 37.660 hectáreas en la Amazonia colombiana, un 40 % más que en el mismo periodo de 2025. La cifra, que equivale a unos 377 kilómetros cuadrados.

“Aproximadamente el 99 % de la deforestación estimada para este trimestre se concentra en cuatro departamentos, que son Meta (32 %), Caquetá (30 %), Guaviare (30 %) y Putumayo (6 %)”, precisó la entidad, que identificó febrero como el mes más crítico del periodo, con 21.064 hectáreas de bosque deforestadas.

A mediados de este año, el Ideam también dio a conocer el balance de deforestación de 2025, según el cual el país perdió 119.483 hectáreas de bosque, un 5,2 % más que en 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas.

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Aunque la deforestación aumentó, el Ideam insiste en que la cifra sigue siendo un 18 % menor que el promedio anual de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas, e incluso un 31 % inferior a la registrada en 2021, el año que el Gobierno toma como referencia para medir sus avances. Es decir, pese al repunte frente a 2024, el comportamiento de los últimos cinco años sigue mostrando una tendencia a la baja.

La Amazonia continúa concentrando la mayor parte de la pérdida de bosque del país, con 77.805 hectáreas deforestadas, el 65 % del total nacional. Sin embargo, esa cifra es apenas 681 hectáreas superior a la de 2024, de modo que buena parte del aumento se explica por lo ocurrido en otras regiones que también inquietan al Ideam. La situación más llamativa se presentó en el Pacífico, donde la deforestación creció un 22 %, seguida por el Caribe, con un 17,1 %, mientras que los Andes y la Orinoquia registraron incrementos cercanos al 10 %.

Tampoco se puede perder de vista que la deforestación dentro de los parques nacionales disminuyó un 18,7 %, aunque el Ideam advierte que los parques amazónicos siguen siendo los más presionados. Con todo, Colombia aún conserva 58,9 millones de hectáreas de bosque natural.

De acuerdo con el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, que implica talar el bosque para apropiarse del terreno, la ganadería extensiva y la construcción de vías sin planificación.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Rosalía León Marín es una mujer indígena tatuyo, el tercer pueblo indígena más grande de los que habitan las más de 530.000 hectáreas que tiene el territorio indígena del Río Pirá Paraná, en el oriente de la Amazonia oriental, justo en la frontera con Brasil. Hija de la ‘Anaconda Celeste’, como se conoce a su pueblo, León explica la importancia que tiene el ají para su comunidad.

“Antiguamente, nuestros ancestros inhalaban ají a las cuatro de la mañana para ser fuertes y sanos”, dice la mujer. Aunque este uso ya no se practica entre los indígenas tatuyos, los diferentes frutos de esta planta siguen teniendo un papel central dentro de los 21 pueblos indígenas que habitan el Pirá Paraná.

“Con el ají se hacen las curaciones a los niños, a las mujeres gestantes y a las mujeres en su etapa de desarrollo (cuando menstruan por primera vez). Todo es con el ají: es para curar, para la vida y para la salud”, anota León.

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Este conocimiento sobre los múltiples usos del ají hace parte del sistema de conocimiento que heredaron de sus ancestros. Las mujeres, como León, aprendieron de la importancia de este fruto trabajando en la chagra, un terreno de cultivo que imita la diversidad de la selva amazónica, conversando con sus madres y abuelas. “Todo gira alrededor de la conversación, del diálogo, de las prácticas, de las actividades rituales, del cuidado y de las recomendaciones que hacen los mayores”, agrega León.

En sus manos, ahora, León tiene el libro ‘La cultura del ají’, realizado por las mujeres de las comunidades Santa Isabel y San Miguel, del territorio indígena Pirá Paraná. “El trabajo del ají es pionero y va más allá de lo comercial: fortalece nuestro sistema de conocimientos y hace posible la transmisión de saberes a las generaciones más jóvenes, consolida nuestro banco en el sistema de gobierno del territorio y visibiliza nuestro rol en el sostenimiento del buen vivir”, aseguran en la introducción las Mujeres Madres de Semilla.

A lo largo de 26 páginas, las mujeres recorren la historia del ají, desde que Yawira, dueña espiritual de las semillas de la yuca, sembró las semillas de biti bia y behero bia (dos variedades), pasando por sus usos en la ritualidad, el alimento y la curación. Un ejemplo de esto es el proceso para lograr un buen moqueado, proceso tradicional para deshidratar los alimentos y que adquieran un sabor ahumado a leña, del cual, aseguran, “depende la calidad del ají, en sabor y color”.

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El paso de lo oral al documento físico, a través de “investigaciones propias o endógenas”, como las define León, surgió para que todo el conocimiento que circula entre los integrantes de su comunidad no se perdiera. También, como precisa Myriam Hernández, líder de gestión de la información territorial de la Fundación Gaia Amazonas, es un proceso que se ha fortalecido en la última década tras recorrer el camino para constituirse como Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una de las entidades territoriales que contempló la Constitución Política de 1991 y que tardó más de 34 años en materializarse.

El diálogo entre el Estado occidental y el Estado indígena

Para Juan David Varela, coordinador del Laboratorio Sociojurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación Gaia Amazonas, es importante empezar recordando que, según la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano “es de carácter pluralista y uno de los fundamentos es precisamente la diversidad cultural. Esta implica, según la Corte Constitucional, que las distintas formas de organización social, económica, política y jurídica gozan de la misma validez, legitimidad y dignidad”. En otras palabras, resume: “no existe para la Constitución una única expresión de vida o una uniformidad cultural”.

En el caso de los pueblos indígenas, continúa Varela, hay un derecho de especial relevancia que es el de la autodeterminación y establece que son ellos, “a través de sus sistemas de conocimiento, quienes determinan sus propias formas de organización social y que no le corresponde a la institucionalidad no indígena del Estado definir quiénes son, cuántos son o qué idiomas hablan, sino que eso hace parte del derecho a autodeterminarse”.

Tanto Varela y Hernández, de Gaia Amazonas, como León, indígena tatuyo, tienen presente otro artículo de la Constitución: el 286. Este estableció que en el país hay cuatro entidades territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Sin embargo, estos últimos se empezaron a materializar solo hasta finales de diciembre de 2025, 34 años después de expedida la Constitución.

El primer gran paso en el proceso para materializar las ETI, recuerda Gonzalo Macuna, secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, un gran sistema territorial y cultural integrado por más de 30 pueblos indígenas que abarcan ocho millones de hectáreas de la Amazonia colombiana, llegó en abril de 2018.

Tras años de trabajo, recuerda Macuna, del pueblo indígena macuna, el más numeroso del macroterritorio, el gobierno de Juan Manuel Santos expidió el Decreto 632 de 2018, mediante el cual se dictaron las normas fiscales y otras necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés.

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Este decreto, entre otras cosas, establecía la ruta que debían seguir los consejos indígenas que querían consolidarse como una Entidad Territorial Indígena. Para este fin, debían entregar varios documentos, como la propuesta de delimitación del territorio, la ubicación de las comunidades y un estimativo de la población de cada una de ellas. Además, tenían que definir su Plan Integral de Vida, la “constitución” de los pueblos indígenas, como la define Macuna.

Estos requisitos, apunta Hernández, “generaron un reto importante, pues estos pueblos indígenas tienen la tradición oral como uno de sus ejes principales”. Este proceso de formalización, continúa la integrante de Gaia Amazonas, Fundación que ha acompañado y asesorado a una decena de territorios en este camino, los pueblos indígenas tuvieron que hacer una “adecuación institucional” y entender que el Estado occidental todo lo sustenta en papeles.

León, del territorio indígena del Río Pirá Paraná, que hace parte del Macroterritorio de Jaguares de Yuruparí, define lo que ha pasado desde la expedición del Decreto 632 como una “oportunidad de organizar y materializar” sus conocimientos para tener un diálogo directo con el gobierno nacional.

Tras la apuesta por la formalización de las ETI, Hernández señala que los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana empezaron a recoger toda la información que han transmitido de generación en generación. “Poderlo representar de manera escrita, e incluso a través de gráficos, les iba a permitir dialogar con el otro, con el Estado, articular y coordinar y hacer que entendiera lo que significaba para ellos el territorio”, complementa.

Uno de los ejemplos claros de cómo llevaron a cabo este requisito, explica Hernández, fue el ejercicio de conteo poblacional que solicitaba el decreto. Sin embargo, la interpretación cultural de estos pueblos indígenas, continúa, les impedía adelantar todo un proceso solo para determinar cuántos hombres y mujeres había y a qué etnia pertenecían. “Entonces decidieron llevar a cabo un ejercicio que denominaron dimensión poblacional, que les permitió saber cómo estaban en diferentes dimensiones, como la cultural, la social y la económica”.

Gracias a este proceso, el Macroterritorio ahora sabe que, para 2021, lo habitaban 6.133 personas de 1.278 familias, siendo los macuna, los barasano y los tanimuca los pueblos indígenas más numerosos. Pero no solo eso. También saben cuáles son las lenguas tradicionales más habladas en cada comunidad, cuántas malocas hay y en dónde están ubicadas, e incluso cuántas chagras por familia hay.

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También, complementa Macuna, tienen información sobre tipo de tierras, tubérculos, especies de peces y calidad del agua, además de los documentos de las investigaciones endógenas como, por ejemplo, el libro sobre el ají que construyeron las mujeres del Pirá Paraná.

Toda esa información, explica el secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, “nos ha servido para planificar y para tomar decisiones. También para coordinar programas, no solamente con el gobierno nacional, sino con cualquier entidad con quien queramos ejecutar alguna actividad”.

También ha sido clave en el camino para formalizarse como Entidades Territoriales Indígenas. En mayo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 488, en el que dispuso que, para iniciar a ejercer las funciones y competencias como ETI, el Ministerio del Interior debía expedir un acto administrativo para protocolizar el acuerdo intercultural alcanzado entre el gobierno y los territorios indígenas. Este acuerdo, entre otras cosas, debía incluir la delimitación territorial, el censo y el registro del consejo indígena.

Todos los documentos, resume Hernández, que surgieron de las investigaciones endógenas de las comunidades, así como la información que recogieron durante el ejercicio de dimensión poblacional, terminaron conformando los acuerdos interculturales que en diciembre de 2025 llevaron a que se materializaran las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas.

“Es importante mencionar que estas entidades territoriales indígenas son parte del Estado. Entonces, en ese relacionamiento con otras entidades que son parte del Estado, han tenido diálogos interculturales con instituciones como el Dane, el Igac y los ministerios de Ambiente e Interior”, menciona Hernández sobre lo que ha venido ocurriendo desde diciembre del año pasado.

De estos diálogos, explica la experta de Gaia Amazonas, no solo han tenido que encontrar las formas de trabajar de manera articulada, sino generar también lo que se conoce como “complementariedad”. “No es que los gobiernos indígenas vayan a reemplazar al Dane o al Igac, sino que no hay otra persona dentro de ese territorio amazónico con la capacidad de hablar de los pueblos que lo habitan y sobre su territorio que esos mismos pueblos indígenas”.

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El reto, para los próximos meses, advierte Hernández, será, justamente, la coordinación entre las entidades indígenas y las no indígenas, para que las primeras “no terminen convirtiéndose en los que solo entregan información, sino que entendamos que son autoridades de sus territorios y que, por ende, pueden coordinar, decidir y sentarse a hablar con otras autoridades sobre las acciones que van a implementar en sus territorios”.

Macuna, el secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, anticipa una discusión que está por darse y en la que este diálogo intercultural será clave: el dinero que el Estado les transferirá como parte del Sistema General de Participaciones (SGP) a las recién constituidas Entidades Territoriales Indígenas.

* Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas.

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En el año 2024 la Corte Constitucional expidió la sentencia T-248 de 2024 a través de la cual tutela los derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad física y cultural y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos del Territorio Indígena del Pirá Paraná en la Amazonía colombiana, los cuales fueron vulnerados por el proyecto REDD+ “Baka Rokarire ~ia tir+~dito”.  Esta es la primera sentencia de la Corte Constitucional  sobre un proyecto REDD+ en territorios indígenas y es el resultado de un trabajo intercultural entre el Gobierno Indígena del Pirá Paraná y la Fundación Gaia Amazonas.

Por invitación de la organización estadounidense Namati, el Gobierno Indígena del Pirá Paraná y la Fundación Gaia Amazonas llegamos a Nanyuki, Kenia, para dialogar sobre este fallo con organizaciones y pueblos indígenas y comunitarias de Camboya, Costa Rica, Guatemala, Kenia, Perú y Tanzania. A pesar de las diferencias geográficas y culturales nos atraviesa una pregunta en común: ¿cuál es la intervención de los pueblos indígenas en los proyectos REDD+? Desde la Fundación Gaia Amazonas en conjunto con el Territorio Indígena del Pirá Paraná llevamos cinco ideas para poner en común.

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La primera es que la sentencia destaca la relevancia constitucional de los proyectos REDD+ en Territorios Indígenas y, por tanto, los saca del ámbito contractual y comercial. Por muchos años se instaló una interpretación por medio de la cual se asumía que estos mecanismos se debían abordar como negocios entre particulares, sujetos a la autonomía de la voluntad de las partes y sujetos a las lógicas del mercado. La Corte Constitucional precisó algo distinto: cuando un proyecto de carbono se desarrolla sobre un territorio indígena se comprometen sujetos de especial protección constitucional y derechos fundamentales: territorio, gobierno propio, libre determinación e integridad cultural.

La segunda es que los territorios indígenas se relacionan como autoridades públicas y territoriales en el financiamiento climático y de biodiversidad y no como comunidades o solamente propietarios de la tierra. Esto se fundamenta en ejercicio de la libre determinación y de sus competencias legales y constitucionales y dentro de su jurisdicción político-administrativa. Desde esta perspectiva, los recursos deben contribuir al funcionamiento de sus gobiernos, al ejercicio del poder público, y a las prioridades que han definido para sus territorios.

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La tercera es que los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas tienen la validez constitucional para regular y fijar las reglas para el desarrollo de mecanismos de financiamiento climático y de biodiversidad dentro de sus territorios. Son los gobiernos indígenas quienes determinan sus escenarios y formas para la toma de decisiones, la distribución de las responsabilidades y recursos, los ámbitos territoriales de ejecución del proyecto, las condiciones de operación y los mínimos para garantizar el desarrollo de su libre determinación. Los marcos normativos nacionales deben entrar a coordinar con estos, jamás a sustituirlos. La regulación nacional debe construirse en coordinación con las autoridades indígenas y articularse con sus sistemas normativos, respetando sus planes de vida.

La cuarta es que los pueblos indígenas no son "beneficiarios" de estos proyectos. Los verdaderos beneficiarios son los habitantes de grandes ciudades como Bogotá, que reciben agua y oxígeno gracias a la protección que los pueblos indígenas hacen de la Amazonía colombiana. Esta inversión de los roles no es un mero recurso retórico, sino que supone también  el cambio en quién pone las condiciones, quién rinde cuentas a quién y qué se entiende por justicia en la distribución de los recursos.

La quinta es que aunque el consentimiento previo, libre e informado es un estándar de protección reforzado, y la sentencia lo reafirma, es necesario priorizar la libre determinación, en tanto que el consentimiento aplica cuando se pretende desarrollar una iniciativa legislativa, administrativa o un proyecto externo que tiene la potencialidad de afectar directa e intensamente la pervivencia física y cultural; en el caso de los mecanismos de financiamiento climático y de biodiversidad y desde una perspectiva de gobierno, estos deberán ser siempre resultado de la iniciativa propia del territorio indígena.

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El intercambio en Nanyuki nos permitió llevar esta una reflexión constitucional colombiana a una conversación internacional y territorial que creemos puede servirle a distintos pueblos, culturas y geografías. Mientras crecen los mecanismos de financiamiento climático  y de biodiversidad, la pregunta para los pueblos de Asia, África y América Latina es la misma: ¿participación o gobierno propio? ¿consulta, consentimiento o libre determinación? El Pirá Paraná aporta una lección a este debate.

*Coordinador del Laboratorio Sociojurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación Gaia Amazonas

Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas.

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La Amazonia tiene una nueva especie de libélula entre su extenso listado de fauna. Se trata de la segunda especie conocida dentro de un género de caballitos del diablo (Leucobasis) que fue descrita por científicas colombianas en Guainía, uno de los departamentos al nororiente de la región amazónica.

La nueva especie fue hallada y descrita en medio de una investigación que contó con la participación de Jenilee Montes-Fontalvo, una investigadora que hace parte de la Sección de Entomología del Instituto Humboldt, uno de los centros de investigación científica más importantes del país. El estudio fue publicado recientemente en la revista International Journal of Odantology.

Hasta ahora, solo se conocía una especie del género Leucobasis, llamada L. Candicans. Sin embargo, en este nuevo análisis lograron diferenciar a esta especie por su coloración y tamaño. Utilizaron nueve individuos machos y dos hembras para hacer esta identificación, especímenes colectados en Guainía.

"La especie fue nombrada en honor al pueblo indígena Puinave de la comunidad El Remanso, quienes acogieron y guiaron a las investigadoras durante los muestreos en el arroyo San Joaquín. Como parte del proceso de apropiación social del conocimiento del proyecto, los habitantes locales participaron activamente en la identificación y denominación de los insectos", contó el Instituto Humboldt en un comunicado.

De acuerdo con esta entidad, durante el proceso de investigación la comunidad adoptó un vocablo en su lengua ancestral para referirse a esta libélula. "Dümpuinave", una palabra que vincula la ciencia, la protección del agua y su patrimonio lingüístico. Por eso, los científicos decidieron nombrar a la nueva especie en honor a este pueblo indígena:  Leucobasis puinave sp. nov.

‍Algunos de los rasgos que permitieron hacer la identificación de esta nueva especie, de acuerdo con el Humboldt, son la coloración en tonos azul claro brillante en los segmentos abdominales del insecto y el tamaño, que está entre los 33 y 35 milímetros. Estos rasgos la diferencian de la segunda especie de su género.

Además, las alas de la nueva especie presentaban una característica particular que también permitió diferenciarla, que tiene que ver con un tamaño reducido de la vena interior que se aprecia en esta parte del cuerpo.

"Los adultos vuelan cerca del suelo entre la hierba, en los claros de los bosques que se inundan estacionalmente durante la temporada de lluvias. Por lo general, los ejemplares se posan con el abdomen en posición horizontal sobre las puntas de la hierba o en arbustos bajos. En Guainía, la especie está estrechamente asociada a la vegetación herbácea de las sabanas de arena blanca. El sustrato arenoso claro parece mejorar el camuflaje de la especie durante el vuelo, ya que los ejemplares que vuelan a una altura de entre 0,5 y 1 m sobre el suelo suelen resultar casi imperceptibles con el fondo", detalló el Instituto Humboldt.

Los análisis también permitieron identificar que esta nueva especie tendría actividad únicamente durante los meses de lluvia en esta región del país. Por la sensibilidad de los ecosistemas en los que se encuentra y las amenazas que hay allí presentes, como la deforestación, las quemas y la variabilidad climática, las científicas creen que podría considerar como una especie Vulnerable, una de las categorías de amenaza establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

"El hallazgo se produjo en el marco del proyecto Dragones del Guainía, una iniciativa de expedición e investigación dedicada a catalogar la diversidad de odonatos (libélulas y caballitos del diablo o también llamados damiselas) en esta región remota influenciada por el Escudo Guayanés, la Orinoquía y la Amazonía. Los especímenes tipo de la nueva especie fueron depositados en la Colección Entomológica del Instituto Humboldt en su sede en Villa de Leyva, en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Antioquia", concluyó la entidad.

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No es lo mismo salvar un bosque que reconstruirlo. Y, en muchos casos, parece que puede resultar más barato y efectivo evitar que se pierda que intentar recuperarlo después.

Esa es una de las principales conclusiones de una investigación publicada esta semana en la revista Science sobre las distintas estrategias para proteger los bosques tropicales de la Amazonia y sus efectos sobre la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

Los investigadores compararon qué ocurre cuando se evita la deforestación, cuando se previenen otras formas de degradación, como los incendios y la tala, y cuando se intenta restaurar un bosque que ya ha sido afectado. Según sus autores, se trata del primer estudio comparativo sistemático de este tipo, contrastando las diferentes maneras de proteger los bosques.

Para hacerlo, analizaron más de tres millones de hectáreas en las regiones de Santarém y Paragominas, en el estado brasileño de Pará, entre 2010 y 2020. Combinaron imágenes satelitales de alta resolución con información recogida en campo en 381 transectos de muestreo, distribuidos en 38 cuencas hidrográficas y 499 propiedades rurales. También utilizaron modelos para analizar la distribución de 160 especies de aves y 426 especies de árboles.

Con toda esta información, construyeron distintos escenarios para comparar qué habría pasado con la biodiversidad y el carbono almacenado si se hubiera evitado la deforestación, la tala y los incendios, o si se hubieran restaurado las zonas afectadas. Incluso, los científicos estimaron los costos asociados a cada intervención, lo que permitió comparar los beneficios obtenidos en relación con los recursos invertidos dentro de un marco común.

Los resultados muestran que evitar el daño fue, en general, más efectivo que intentar repararlo después.

Pero la estrategia que más beneficios produjo dependió de lo que se quisiera proteger. Para el carbono, la intervención más efectiva fue evitar la deforestación. Según los investigadores, hacerlo habría permitido compensar el 60,8 % de las pérdidas de carbono que se produjeron entre 2010 y 2020 en el escenario observado. En cambio, evitar incendios y tala habría compensado el 46,8 % y restaurar las áreas degradadas apenas el 14,7 %.

Con la biodiversidad ocurrió algo diferente. En este caso, evitar los incendios y la tala tuvo un efecto mayor que evitar la deforestación: habría permitido compensar el 68,5 % de las pérdidas, frente al 28 % de la estrategia de evitar la deforestación. La restauración, nuevamente, tuvo el menor efecto cuando se aplicó por sí sola, con una compensación de apenas 6,5 % de las pérdidas. ¿Por qué la diferencia? Los autores encontraron que buena parte de la deforestación ocurrió en bosques que ya habían sufrido algún tipo de alteración, mientras que los incendios y la tala afectaron también zonas de bosque relativamente intactas. Para la biodiversidad, proteger esos bosques que todavía conservan buenas condiciones puede generar mayores beneficios.

En otras palabras, proteger un bosque que todavía está en buenas condiciones puede ser más efectivo que intentar recuperar uno que ya fue degradado. Los autores creen que esto último, por ejemplo, es especialmente importante dado el creciente énfasis en la restauración forestal en los compromisos mundiales y en las políticas federales y estatales brasileñas.

“La restauración es esencial donde se han perdido grandes extensiones de bosques. Pero nuestro estudio demuestra que invertir en nuevos bosques tiene poco sentido si, al mismo tiempo, no protegemos los bosques existentes”, afirmó la Dra. Joice Ferreira, coautora del estudio, investigadora principal de Embrapa e investigadora principal del programa de investigación ‘Capoeira’ sobre restauración. “De lo contrario, estamos malgastando dinero: restaurando bosques en un lugar mientras otros se degradan y desaparecen. Lo que necesitamos urgentemente es integrar estas agendas políticas, asegurando que la restauración forestal vaya de la mano con la protección de los bosques que aún conservamos”.

El estudio también encontró que ninguna de estas estrategias funciona igual de bien cuando se aplica por separado. Los resultados más importantes aparecieron cuando se combinaron. Evitar al mismo tiempo la deforestación, los incendios y la tala habría permitido que, al finalizar el período analizado, la biodiversidad fuera 12 % mayor que en 2010 y las reservas de carbono 18 % mayores.

Cuando además se incorporaba la restauración, los incrementos llegaban a 22 % para la biodiversidad y 42 % para el carbono.

“Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de implementar políticas y destinar recursos para prevenir y combatir los incendios forestales que perturban y degradan los bosques tropicales”, afirmó el profesor Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster y autor principal del estudio, citado en una nota de prensa. “Esto cobra aún mayor urgencia en este año de El Niño. Estos fenómenos, sumados al cambio climático, provocan estaciones secas más largas, calurosas e intensas en todo el ‘arco de deforestación’ del Amazonas, lo que aumenta considerablemente la extensión y la gravedad de los incendios forestales.”

Aunque el estudio se centra en dos regiones amazónicas, los investigadores afirman que estos hallazgos probablemente sean aplicables a las zonas de deforestación tropical de todo el mundo y que tengan relevancia para las políticas que se aplican más allá de los trópicos.

“Es necesario que las empresas y los mercados que se benefician de productos básicos comercializados a nivel nacional e internacional, como la soja y la carne de vacuno, asuman la responsabilidad no solo de la deforestación, sino también de la degradación de los bosques restantes, que está intrínsecamente ligada a estos sistemas de producción”, afirmó el Dr. Toby Gardner, coautor e investigador principal del Instituto Ambiental de Estocolmo y cofundador de la iniciativa de sostenibilidad de la cadena de suministro Trase.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Antes de la fiebre del caucho, cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX la explotación de este recurso se abrió paso con fuerza en la Amazonia, trayendo consigo empresarios, colonos y una violencia que transformaría para siempre la vida de los pueblos indígenas, decenas de clanes del pueblo muinane habitaban la región. Hoy solo quedan cinco: Gente de Gusano, Gente de Piña, Gente de Manguaré (o de tambor), Gente de Mujeres y Gente de Coco de Cumare. Gory Nejedeka pertenece a este último. Junto a sus tres hermanos: Jesús, Célimo y Henry, son los últimos hablantes de su dialecto. “Eso nos identifica”, afirma. “Estas palabras, estas expresiones, son únicas”.

Los muinanes tienen sus raíces en la Amazonia, entre los ríos Putumayo y Caquetá. Allí, en la sabana del río Cahuinarí está su territorio ancestral. La región también ha sido hogar de otros pueblos indígenas, como el bora, el nonuya, miraña y andoque, que en conjunto se reconocen como “Gente de Centro”. “Son ellos quienes han protegido, por muchos siglos y milenios, esas selvas a través de sus maneras de vivir y de ocuparlas”, afirma Consuelo de Vengoechea Rodríguez, antropóloga con un doctorado en ciencias del lenguaje y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. “Explotaban algunos recursos para su sobrevivencia, pero no para comercializar”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2018 había 2.113 indígenas muinanes en el país, organizados en clanes, que son grupos sociales que estructuran buena parte de la vida en comunidad. Entre los muinanes, estos clanes suelen llevar nombres relacionados con la naturaleza y sus tradiciones. Son, además, exogámicos: dos integrantes de un mismo clan no pueden casarse entre sí, y patrilineales: cada persona pertenece al mismo clan de su padre.

Los cinco clanes de este pueblo que sobreviven hablan muinane, una lengua en riesgo de desaparecer que pertenece a la familia lingüística bora, de la que también son parte la bora y la miraña. Vengoechea explica que las lenguas de esta familia comparten sistemas gramaticales, como el uso preferente de sufijos sobre prefijos, y un particular sistema de clasificación nominal que determina la forma en que se construyen las palabras. “A diferencia del español, en el que tenemos los géneros masculino, femenino y neutro, allá tienen 30 que describen unos conceptos generales sobre los animados o los inanimados. Por ejemplo, si están en colectividad, para hablar de un pueblo tienen una marca específica, o si están en un grupo más pequeño, como un consejo de ancianos, tienen otra”, detalla la docente.

Como sucede con el español, que comparte algunas características con el portugués, el italiano y, de manera más distante, con el francés, las lenguas indígenas de la familia lingüística bora tienen rasgos que evidencian su parentesco, aunque no son totalmente comprensibles entre sí.

“No son inteligibles una con la otra, es decir, no hay un entendimiento total”, explica Andrea Urquijo, lingüista con énfasis en el estudio de lenguas indígenas y criollas, quien trabaja en el Instituto Caro y Cuervo. “Puede que tengan ciertos términos en común, o que parezcan similares, pero sus significados son diferentes”. Así como en ocasiones podemos encontrar en una palabra en español con algún origen en el francés, no podemos entender a un francés cuando habla su lengua; algo similar sucede entre quien habla muinane y quien habla bora o miraña.

Y así como el muinane tiene rasgos que lo emparentan con esas otras lenguas indígenas, también tiene matices que cambian de un clan a otro. Para entenderlo mejor, Gory hace una analogía: no es igual, dice, el español que habla alguien del sur del país al que se habla en la costa Caribe. Gory pertenece al clan de la palma de cumare y, dentro de este, al linaje Sombra de Cumare. Las diferencias pueden ser sutiles, pero notorias. La Gente de Gusano tiende a hablar un poco más rápido que ellos, mientras que la Gente de Piña hace vibrar más la letra “r”. “Son cosas muy pequeñas, pero tienen un significado”, explica Gory.

Estas diferencias entre lenguas y dialectos no impedían, sin embargo, que los pueblos de la Amazonia se relacionaran entre sí. Muchos fueron, históricamente, políglotas. “Conocí viejos que sabían cuatro o cinco idiomas de la región”, recuerda Vengoechea. “Hablaban las lenguas de otros pueblos, pues tenían relaciones de todo tipo”.

La profesora, quien durante años ha estudiado este asunto y ha sido cercana al pueblo muinane, llegó a recopilar nombres de hasta 40 de sus clanes. Hoy estima que Gory y sus hermanos son parte de apenas unos 60 hablantes (pocos de ellos fluidos) de la lengua muinane que aún sobreviven, en medio de una historia marcada por opresiones y por el exterminio indígena.

Así se extermina una lengua

A mediados del siglo XIX las cosas comenzaron a cambiar para los pueblos indígenas de la Amazonia. Primero fue el “hambre” de Estados Unidos y de países como Inglaterra y Francia por la quina, la corteza de un árbol amazónico apetecida por sus propiedades para tratar la malaria, y por otras especies medicinales como la hoja de coca. Luego vino el “boom” del caucho, impulsado por su creciente demanda para la fabricación de neumáticos y, más adelante, para otros usos industriales, desde los zepelines hasta las telecomunicaciones. Por la explotación de esa planta que, cuenta Gory, era sagrada para los indígenas y se utilizaba en sus actividades tradicionales, la Gente de Centro fue esclavizada a través de la economía del endeude.

Como ha documentado el antropólogo y doctor en sociología Roberto Pineda Camacho, a cambio de alimento, medicamentos y herramientas, los indígenas debían extraer el látex de los árboles y entregarlo a los dueños de las tierras, denominados siringalistas. Si los trabajadores no cumplían con la cuota eran castigados con el cepo o torturados. “Hubo abusos muy grandes contra las poblaciones indígenas en toda la región amazónica”, señala Vengoechea. “Fueron diezmadas, muy afectadas, por lo que se le dio el nombre de ‘etnocidio cauchero’”.

Uno de los sobrevivientes de esa represión fue el abuelo de Gory, quien a sus ocho años logró escapar de un incendio provocado en una maloca tradicional. “Él resistió para que ahora nosotros contemos esa historia”, dice su nieto. La siguiente generación, sin embargo, no tendría el camino más fácil.

En La Chorrera, uno de los principales centros de explotación de la cauchera peruana Casa Arana, se creó un orfanato misionero para niñas y niños huérfanos tras el etnocidio. Pero los jóvenes indígenas, cuenta Gory, no eran considerados humanos; se les veía como salvajes y no tenían derechos. “Ahí entró la religión para ‘civilizarlos’, porque todas sus prácticas se percibían como cosas del demonio, incluida la lengua. Estaban prohibidas”, agrega. Sus padres fueron algunos de los que sufrieron esas consecuencias, que se extendieron durante años.

Cada vez que eran escuchados hablando su lengua nativa, eran golpeados o castigados. Por temor a que esa historia se repitiera con sus hijos, el padre de Gory, Aniceto Nejedeka, les enseñó español desde que eran muy pequeños. “Así también se fue perdiendo la lengua”.

A inicios de la década de 1960, el Instituto Lingüistico de Verano, una organización misionera evangélica de Estados Unidos, empezó a investigar las lenguas indígenas de Colombia. Con apoyo de los lingüistas James y Janice Walton, y hablantes muinane como Clementina Pakky de Buenaventura y Édgar Buenaventura, elaboró material de alfabetización, además de que llevó a cabo labores de evangelización. Tradujo a la lengua muinane resúmenes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y una colección de himnos religiosos. De hecho, existe un diccionario bilingüe muinane-español, cuyos autores son los Walton y Pakky de Buenaventura, aunque se publicó décadas más tarde, en 1997. “Queremos actualizarlo”, asegura Gory.

El legado de Aniceto

“Cuando empecé a crecer y a tener uso de razón, mi papá nos hablaba en español sobre la Biblia, la religión. Decía que no nos iba a enseñar la lengua muinane porque él sufrió aprendiendo el castellano y no quería ver a sus hijos atravesar por lo mismo”, menciona Gory. “Ese fue un momento difícil; me sentaba a escuchar sobre desiertos y camellos, y pensaba: ¿qué será eso?”. Poco a poco los hermanos Nejedeka comenzaron a preguntarse por esas cosas que escuchaban en español y que nunca habían visto porque no existían en la Amazonia. Con esas preguntas también empezaron a indagar por su propia cultura muinane.

Gory le pedía a su padre que le contara historias propias de la selva y de sus ancestros, y descubrió que los cantos tradicionales en lengua eran lo que más conservaban esa memoria.

“Mi padre cantaba mucho y yo le preguntaba, ¿qué significa esa canción?”. Así le fue contando sobre el Abuelo Garza de hierba fría, un ser tranquilo, que se alimentaba en los pantanos, pero jamás se manchaba el cuerpo. “Le decía: ‘Papá, cuénteme más’”, recuerda Gory.

Uno de los principales intereses de Aniceto Nejedeka fueron las aves. Cuando aprendió a escribir en muinane, redactó los relatos tradicionales sobre estos animales, transmitiéndolos a su comunidad. Sus manuscritos, que eventualmente fueron traducidos al español por sus hijos Célimo y Jesús Nejedeka, fueron la base de su obra “La ciencia de vida escrita en las aves”, de gran relevancia para el conocimiento tradicional y la etnolingüistica del pueblo muinane.

Allí, Aniceto clasificó unas 173 especies divididas en grupos. Para cada ave abordó desde sus colores, tamaño, cantos, hábitos y alimentación hasta su origen mitológico y etimología del nombre, interpretando sus características como “señales de la creación”. Esa labor fue una de las formas claves en que se ha conservado su lengua y, en particular, su dialecto del clan de la palma de cumare y del linaje Sombra de Cumare.

En efecto, Vengoechea subraya que estas lenguas aportan una gran cantidad de saberes en torno a la biodiversidad en la Amazonia, así como sus características: “Eso no lo tiene la biología. Son conocimientos muy propios de los pueblos indígenas”. La académica también sostiene que las sociedades indígenas son las únicas que han logrado mantener el bosque en pie, y recuerda, incluso, que durante todos sus años de trabajo con las comunidades ha conocido plantas que no tienen nombre en español, pero sí en muinane.

Es por ello que la profesora advierte sobre lo que implicaría que desaparecieran estas lenguas amazónicas: “Perderíamos un universo completo. Se perderían los conocimientos sobre diversidad biológica y el conocimiento indígena, que es supremamente importante para que nosotros como humanidad tengamos la posibilidad de ver otros mundos”.

Urquijo concuerda y apunta que la desaparición de estas lenguas no solamente afectaría la forma en que se comunicaban tradicionalmente los indígenas, sino que también empobrecería la riqueza lingüística y cultural del país.

Para evitar llegar a ese punto, Vengoechea afirma que se deben articular esfuerzos desde varias áreas, como los ministerios de Cultura, Ciencias y Educación, además de las universidades públicas y privadas que cuenten con programas de lingüística y antropología lingüística (rama de la antropología que estudia cómo el lenguaje se relaciona con la cultura, la sociedad y la forma en que las personas entienden y organizan el mundo). Lo ideal, plantea, es entrar en diálogos colaborativos con las comunidades que presentan complejos estados de amenaza hacia sus lenguas, con el fin de revitalizarlas.

Gory resalta las iniciativas que han llevado a cabo los mismos indígenas. Los clanes muinane han combinado las aulas físicas con los espacios tradicionales de la maloca, en los cuales no se permite hablar en español. En Leticia, donde Gory vive actualmente, tiene un proyecto de turismo biocultural llamado Fiivo Iyachi. Además, diseñó lo que denomina una “escuelita experimental de lengua propia”. Allí, en principio, compartió a sus hijos las enseñanzas que obtuvo de su padre Aniceto, quien falleció en 2020 por causa del covid-19. Luego comenzó a transmitir esa información a otros jóvenes: “Cantaba una canción en lengua, y los niños la repetían y la repetían. Me preguntaban: ‘¿Qué estás diciendo?’. De ese modo aprendían nuestra historia y le daban importancia”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Cuando el país comienza apenas a sentir los efectos del fenómeno de El Niño, con racionamientos de agua que ya viven grandes ciudades como Medellín, un estudio publicado este jueves en la prestigiosa revista Nature augura que el futuro para la Amazonía no pinta nada bien.

Los investigadores, adscritos a distintas instituciones de Brasil, del Reino Unido y de otros países, analizaron cómo han cambiado las condiciones climáticas de la Amazonía durante 43 años, entre 1981 y 2023. Para hacerlo, dividieron la región en cerca de 58.000 cuadrículas de 11 kilómetros. En todas analizaron las temperaturas promedio, los extremos de calor, la disponibilidad de agua y las condiciones de la atmósfera durante los periodos más secos.

"Nos interesan especialmente los fenómenos que ocurren en sus momentos de mayor calor y sequía, ya que es entonces cuando las altas temperaturas pueden causar mayores daños", afirmó, citado en una nota de prensa abierta al público, el profesor Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster y autor principal del informe. "Si bien esto se ha evaluado en la Amazonía meridional, que comparte una estación seca bastante similar, nunca se ha evaluado en toda la Amazonía, que incluye regiones al norte del ecuador con un período de estación seca diferente".

Los resultados, en grandes rasgos, apuntan a que los fenómenos climáticos extremos en la Amazonía han empeorado progresivamente durante los últimos 43 años. Los científicos reportan que mientras la temperatura media anual de la Amazonía aumentó alrededor de 0,21 °C por década, las temperaturas máximas extremas durante los periodos más secos aumentaron 0,49 °C por década.

En palabras más simples, el calor más intenso está aumentando a un ritmo más de dos veces superior al calentamiento promedio. Los autores creen que, dado que se prevé que el fenómeno de El Niño de 2026 sea el  más intenso de la historia reciente , la región podría sufrir temperaturas extremadamente altas y sequías apenas dos años después de la última gran sequía.

Y  si este rápido aumento de los fenómenos climáticos extremos continúa, temen los científicos, la Amazonía podría superar umbrales críticos.

La Amazonía no se está calentando igual

Pero ese aumento general de las temperaturas extremas no fue el único hallazgo importante del estudio. “Las tasas de cambio en los fenómenos climáticos extremos son mucho mayores que las tasas de cambio del clima promedio en la Amazonía, y las regiones más afectadas también difieren entre los extremos y el clima promedio”, afirmó, citada en la misma nota de prensa, Nathália Carvalho, investigadora postdoctoral asociada del Centro Ambiental de Lancaster. 

“Esto es importante porque demostramos que el clima de la Amazonía no está cambiando de manera uniforme”, dice Carvalho.

Según la investigación, el sur de la región aparece como la zona con mayores aumentos de temperatura cuando se mira la tendencia promedio. Pero cuando los investigadores se concentran en los episodios más extremos de calor, el principal foco de cambio se desplaza hacia el centro-norte de la Amazonía, una zona que, según los autores, había recibido menos atención como región especialmente vulnerable al cambio climático.

"Esta información será crucial para la planificación e implementación de estrategias de adaptación al cambio climático", cree Carvalho. Para la investigadora, conocer con mayor precisión dónde se están acelerando los extremos de calor y estrés hídrico puede ayudar a identificar las zonas que requieren mayor atención y a anticipar los riesgos que estos cambios pueden representar para los bosques y las comunidades que dependen de ellos.

En ese sentido, el profesor Barlow añadió: "Se necesitan urgentemente medidas de adaptación para hacer frente a los impactos de estos fenómenos climáticos extremos que cambian rápidamente, incluyendo la prevención de factores que amplifican los riesgos climáticos, como la deforestación. También debemos implementar medidas para combatir los incendios forestales y brindar apoyo a las comunidades locales cuando se sequen los ríos de los que dependen para navegar, especialmente en un año como 2026 con la llegada de un fenómeno de El Niño extremo".

Son bien conocidos los efectos que tiene el calor extremo en esta región. Según se referencia en la nota de prensa de la investigación, estudios recientes demuestran que los fenómenos climáticos extremos están afectando a la región, incluyendo la primera mortandad masiva de mamíferos observada en la Amazonía, donde se encontraron perezosos y otros mamíferos en el suelo del bosque o colgando muertos de los árboles del sotobosque; reducciones en el tamaño de las poblaciones de aves ; y cambios en la esperanza de vida , la apariencia y el comportamiento de las aves.

La región también ha sufrido extensos incendios forestales , calor extremo y sequía, lo que ha contribuido a megaincendios que han provocado contaminación atmosférica en la ciudad amazónica de Manaos; además, la desecación de los ríos ha afectado la salud de las personas que viven en los bosques.

“Los fenómenos climáticos extremos están impactando los medios de subsistencia locales de diversas maneras, afectando productos clave como 
el açaí . Esto elimina la red de seguridad que brindan los bosques, amenazando la seguridad alimentaria y debilitando su papel en una creciente socio-bioeconomía", agregó Joice Ferreira, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

"Lo más preocupante es que podría descarrilar las políticas públicas que actualmente diseñan e implementan los gobiernos brasileños y estatales para impulsar una transformación positiva en la región, como los planes de restauración forestal. Este escenario exige una acción global para detener el cambio climático en nombre de la justicia climática”.

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Después de varios años suspendida, la aspersión de cultivos de uso ilícito estaría cerca de ser, nuevamente, una realidad. Pero el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene en la mira un herbicida diferente al que por mucho tiempo estuvo asociado con esta estrategia. Se trata del glufosinato de amonio, un producto de uso agrícola utilizado para controlar malezas que compiten con los cultivos por recursos como agua, luz y nutrientes.

Para determinar si puede ser utilizado para la aspersión de cultivos de uso ilícito, el Gobierno dio luz verde a un plan piloto que pondrá a prueba este compuesto químico y busca obtener evidencia sobre, entre otros aspectos, su eficacia e impactos en la salud y el medio ambiente. A través de la Resolución 7 de 2026, publicada este 8 de septiembre en el Diario Oficial, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó iniciar con la fumigación que, según precisa el acto administrativo, será de carácter experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable. En ese sentido, no representa la adopción o autorización definitiva de un programa general o nacional.

Aunque las propiedades del glufosinato de amonio pueden ser similares a las del conocido glifosato, hay algunas diferencias importantes entre ambas sustancias. Gabriel Tobón, ingeniero agrícola, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la U. Javeriana, explica que el glifosato tiene un efecto sistémico: una vez que la planta lo absorbe, puede desplazarse hacia otras partes, incluidas las raíces y los bulbos, y sus efectos pueden hacerse evidentes incluso 15 o 20 días después de la aplicación. El glufosinato de amonio, en cambio, actúa principalmente por contacto. Su efecto se concentra en el follaje de las plantas y es más rápido: los daños, según Tobón, pueden comenzar a observarse entre tres y cinco días después de la aplicación. 

Un expediente técnico elaborado por Camilo Gonzalez Posso, ingeniero químico con una maestría en Economía y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explica con mayor detalle cómo actúa el glufosinato de amonio. Lo que hace, básicamente, es quemar los tejidos verdes de las hojas, por medio de los cuales las plantas hacen fotosíntesis. Así, bloquea la producción de una enzima llamada glutamina sintetasa, generando que el organismo se inunde internamente de amoniaco tóxico, destruyendo sus células vegetales y provocando su rápido colapso. 

El glufosinato, de ese modo, no tiene la misma capacidad del glifosato para desplazarse dentro de la planta y llegar hasta estructuras como las raíces. Eso, en principio, limitaría su acción a las partes que entran en contacto con el producto. Quienes lo defienden argumentan, entonces, que sus resultados son más instantáneos y que se degrada mejor en comparación con el glifosato, al no ir directamente al subsuelo.  Sin embargo, para los científicos que consultamos, que el glufosinato actúe de esa manera no resuelve completamente las preguntas que plantea su eventual utilización para erradicar cultivos de coca en Colombia. 

Esas preocupaciones van desde la posibilidad de que el herbicida alcance vegetación distinta de la que se busca eliminar, hasta sus efectos perjudiciales sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la salud de las personas expuestas. 

El mecanismo y el efecto “deriva”

Quienes llevan años estudiando el tema coinciden en que hay dos aspectos que no pueden analizarse por separado cuando se habla de estos herbicidas para erradicar cultivos de coca: qué contiene el producto y cómo se aplica sobre el territorio. No es lo mismo aplicar un herbicida de manera localizada, directamente sobre una planta, que dispersarlo desde una aeronave que vuela a gran altura sobre grandes extensiones de terreno. 

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El segundo elemento resulta particularmente importante. Tanto el glufosinato de amonio como el glifosato son herbicidas de amplio espectro, es decir, no selectivos. En términos sencillos, esto significa que no están diseñados para actuar únicamente sobre una planta específica, sino que pueden afectar distintas especies. De ahí que la forma de aplicación sea especialmente relevante. “La gran preocupación es que, al ser un herbicida de amplio espectro y al aplicarse en cultivos de coca en Colombia (en contextos de violencia), en la mayoría de las regiones se hace por vía aérea y a través de vuelos que no son rasantes, sino que son a medianas y altas alturas”, dice Tobón. “Así como afecta la coca, también va a afectar al maíz, la yuca o especies forestales de nuestras selvas húmedas tropicales”. 

Incluso considerando las diferencias entre ambos productos, para Alejandro Henao, biólogo, magíster en Agroecología y Desarrollo Rural e integrante del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia, el glufosinato no despeja esa inquietud.

“Es de contacto y daña los tejidos verdes cuando los toca, no se transporta a las raíces como sí lo hace el glifosato, pero eso se refiere a su efecto sobre la planta y no al destino en el ambiente”, explica Henao. En otras palabras, que el glufosinato actúe sobre los tejidos con los que entra en contacto no significa que el resto de la sustancia desaparezca allí. Una vez aplicada en aspersión aérea, su destino depende de las condiciones ambientales, que pueden favorecer su desplazamiento fuera de la vegetación que se busca tratar.

Lo que sucede es que, al emplear avionetas, entre más alto se lleve a cabo una aspersión, más posibilidad hay de lo que técnicamente se conoce como efecto deriva, que es cuando el viento dispersa las gotas del herbicida, ampliando considerablemente su radio de acción. Así, puede extenderse no solo hacia cultivos de coca, sino hasta otros como los de pancoger. “Lo hemos visto en Valle del Cauca, donde han pasado avionetas asperjando con glifosato y parcelas que antes tenían plátano se secaron; ya no son productivas”, recuerda Fabián Méndez, médico con un doctorado en Epidemiología y profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. del Valle.

Además, apunta Henao, cuando estos productos se han utilizado para la erradicación de cultivos de uso ilícito, las concentraciones empleadas han sido mayores que las habituales en la agricultura. Menciona, por ejemplo, que para una aplicación agrícola con bomba de espalda puede utilizarse un litro de producto por cada 22 litros de mezcla, mientras que en Colombia, durante las operaciones de aspersión con glifosato sobre cultivos de coca, “la concentración era de diez litros, diez veces más de lo que se aplica comercialmente”.

El biólogo explica que, originalmente, estos herbicidas fueron diseñados para controlar, como su nombre lo indica, hierbas no deseadas. Sin embargo, la coca es un arbusto de un tamaño considerablemente mayor que muchas de las malezas, y por eso las sustancias se han utilizado en grandes cantidades. Entonces, las condiciones de uso (incluida la concentración) son fundamentales para evaluar sus posibles efectos.

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Aunque en lugar de aeronaves tripuladas se ha planteado la posibilidad de utilizar drones para esa fumigación, Henao advierte que eso no necesariamente elimina el problema de la deriva. Las hélices de estos equipos generan corrientes de aire y turbulencias que pueden influir en la trayectoria de las gotas durante la aplicación. Por ello, señala, el hecho de utilizar drones no significa que el producto vaya a quedar restringido al área a tratar. 

Todo esto ha sido considerado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-236 de 2017. Allí aparece un concepto muy importante para entender esta discusión: el principio de precaución. En términos sencillos, significa que si existe una posibilidad razonable de que una actividad cause un daño grave, las autoridades no tienen que esperar a que ese daño esté completamente demostrado para tomar medidas que lo eviten. La incertidumbre científica, en otras palabras, no es una licencia para actuar como si el riesgo no existiera.  

Bajo ese principio, la Corte fijó una serie de condiciones para una eventual reanudación de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente. Para la Corte, el riesgo debe evaluarse sobre la actividad de aspersión en su conjunto, lo que incluye la sustancia utilizada, pero también el método de aplicación y las demás condiciones en las que se desarrolla. A pesar, entonces, de que no se conocen muchos detalles del piloto que el Gobierno esta preparando con el glufosinato de amonio, no está claro todavía con qué evidencia científica y bajo qué condiciones se pretende demostrar que esta nueva estrategia cumple con esos estándares. 

¿Es perjudicial para el ambiente y la salud?

El efecto de la deriva es importante para entender los posibles impactos que puede tener el glufosinato si llega a otros lugares, además de las hectáreas de coca. Por ejemplo, cultivos agrícolas, ecosistemas naturales, fuentes de agua, especies que no son el objetivo de la aplicación e incluso, potencialmente, personas expuestas al producto. 

Para entender eso, hay que hacer una distinción importante. El glufosinato y el glifosato son los ingredientes activos, es decir, las sustancias que producen la acción herbicida, pero la mezcla final del producto suele contener otros componentes. Entre ellos están los surfactantes, adherentes y coadyuvantes que, básicamente, ayudan a que el producto se “pegue” a las hojas y, en algunos casos, facilite su penetración o permanezca más tiempo sobre ellas. Méndez, de la Universidad del Valle, agrega que estos coadyuvantes pueden ser tan tóxicos como el glufosinato o el glifosato, o incluso más.

Henao coincide con esa perspectiva. Según explica, la combinación de los principios activos con esos distintos aherentes puede producir un efecto sinérgico, de manera que la mezcla tenga efectos potencialmente más dañinos que los de cada sustancia por separado.

Para los expertos, el problema es que buena parte de las pruebas toxicológicas se realizan sobre el ingrediente activo y no sobre la mezcla completa que finalmente se aplica. Esa falta de evaluación conjunta, advierte Henao, dificulta conocer qué ocurre cuando el herbicida entra en contacto con los demás componentes de la formulación. Un ejemplo de esto, dice, es el Cosmo-Flux 411F, un coadyuvante que fue utilizado en Colombia junto con el glifosato durante las operaciones de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. 

Según Tobón, este coadyuvante puede aumentar entre tres y cinco veces la potencia tóxica del herbicida sobre el follaje o sobre la planta de coca. Henao también recuerda que su utilización en las antiguas operaciones de aspersión aérea generó polémica por sus posibles efectos sobre otros organismos. “Varios estudios en el país encontraron que el Cosmo-Flux era muy tóxico para peces como la cachama blanca o para renacuajos y ranas nativas”, señala. 

El biólogo explica que esas consecuencias tienen que ver con la forma como actúan los coadyuvantes. Funcionan como una especie de “detergente”; ayudan a romper la capa cerosa que recubre las hojas y que las protege del exterior, facilitando así que el herbicida penetre en los tejidos de la planta. Pero esa capacidad de alterar membranas, de igual modo, puede afectar las membranas celulares de otros organismos, como animales, generando especial preocupación por especies acuáticas y anfibios. A esto se suma otro problema: qué ocurre con el producto que termina lejos de la coca. Las partículas que permanecen en el ambiente pueden ser arrastradas por la lluvia y acabar en cuerpos de agua. 

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Y en un país como Colombia, con una geografía tan montañosa, Henao advierte que el relieve puede favorecer ese desplazamiento. “Todo va a terminar en las quebradas, se va lixiviando hacia allá, bien sea por escorrentía o por infiltración. Por cualquiera de esas dos formas, llega a las fuentes hídricas”, explica. Además, se trata de un plaguicida polar, es decir, con una alta capacidad para disolverse en agua, y su comportamiento varía según el medio en el que se encuentre. Mientras en el suelo puede degradarse en cuestión de semanas, en el agua puede permanecer mucho más tiempo: “Puede tardar cientos de días. Si llega a una quebrada o un humedal, se queda allí”, asegura Henao.

Como ocurre con otros plaguicidas, el glufosinato puede transformarse en el ambiente y dar lugar a otras sustancias, conocidas por los expertos como los metabolitos. Estos productos de degradación tienen características diferentes a las del compuesto original y, dependiendo de cuáles se formen y de las condiciones ambientales, pueden desplazarse por el suelo y el agua.

Por otro lado, están los posibles efectos sobre la salud humana. En la Unión Europea, el glufosinato de amonio está clasificado como tóxico para la reproducción, categoría 1B, una categoría que contempla posibles efectos adversos sobre la fertilidad y el desarrollo. 

De hecho, la autorización europea de esta sustancia expiró el 31 de julio de 2018. Para Henao, esa es una clara señal de alerta sobre los efectos que esta sustancia puede tener en la salud. La Organización Mundial de la Salud clasifica el glufosinato de amonio como Clase II, moderadamente peligroso, mientras que el glifosato está en Clase III, ligeramente peligroso. Esta clasificación se refiere principalmente a la toxicidad aguda de las sustancias activas y no significa, por sí sola, que una exposición concreta vaya a producir un determinado daño. 

“La principal razón es que oficialmente está clasificada como un tóxico para la reproducción, es decir, hay advertencias de que puede perjudicar la fertilidad y causar daño al feto. Lo más preocupante de investigaciones recientes, que son estudios realizados en animales, es que han demostrado un daño en el desarrollo del cerebro de las crías, incluso en dosis bajas o cuando la madre estuvo expuesta durante el embarazo”, detalla Henao. Cabe aclarar que la evidencia obtenida en animales no permite afirmar, por sí sola, que esos mismos desenlaces ocurran en humanos. 

En todo caso, el glufosinato se ha relacionado con efectos sobre el sistema nervioso en casos de las personas. Al parecerse químicamente a una molécula que el cerebro usa para comunicarse, que es el glutamato, es considerado un neurotóxico. Es por ello que, en intoxicaciones agudas produce convulsiones y, de acuerdo con el expediente técnico de Indepaz, en los casos más graves puede generar pérdida de memoria e incluso, coma. El mecanismo exacto de su neurotoxicidad en humanos, no obstante, no está completamente esclarecido. 

Por su parte, la Unidad de Investigación de Agricultura y Medio Ambiente (AERU) de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, resalta que el glufosinato de amonio es nocivo si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel y posiblemente tóxico para los riñones, la vejiga, la sangre y los pulmones. En caso de una intoxicación, el manejo depende del producto y de la gravedad de la exposición. A diferencia de algunas sustancias para las que existen tratamientos específicos, el glufosinato de amonio no cuenta en la actualidad con un antídoto. El tratamiento se basa, principalmente, en medidas de soporte, como controlar las convulsiones, mantener la respiración y la función cardiovascular y, en situaciones graves, recurrir a procedimientos para intentar eliminar el tóxico del organismo. Para Henao, esa ausencia de un antídoto constituye una razón adicional para mirar con cautela la utilización de la sustancia.

Ante este panorama, los expertos que consultamos coinciden en que lo ideal, en este caso, sería aplicar el principio de precaución al que se refiere la Corte Constitucional. Para Tobón, el solo grado de toxicidad en el que está clasificado el glufosinato de amonio sería suficiente para adoptar esa medida. Méndez concuerda, y agrega que, más allá de contar con la evidencia científica, el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad especialmente de poblaciones vulnerables, pues esta sustancia podría tener repercusiones transgeneracionales.

Finalmente, y después de revisar los posibles efectos de la aspersión sobre los ecosistemas, los animales y la salud humana, los expertos plantean una pregunta básica: ¿realmente funciona para lo que se propone, es decir, para erradicar los cultivos de uso ilícito? 

Varios se refieren a otro efecto, conocido como “balón” o “mercurio”, en el que la aspersión no elimina los cultivos de uso ilícito, sino que genera que se desplacen hacia otras zonas, ejerciendo presiones sobre áreas protegidas o comunidades étnicas. Tobón recuerda, por ejemplo, el caso de Putumayo, que para finales de la década de los 90 era el departamento con más coca sembrada. Aunque la fumigación redujo miles de esas hectáreas, eventualmente se desplazaron hacia Nariño, que hoy es el departamento que más cultivos de coca presenta, un primer lugar que ocupa desde 2021. Para 2024, según un reciente informe de la UNODC, tenía un área de más de 70.000 hectáreas sembradas.

Pero eso no es todo. El profesor de la Javeriana afirma que tampoco está garantizado que una planta fumigada muera definitivamente. Puede haber rebrotes, especialmente en el caso del glufosinato de amonio, cuyo efecto se concentra principalmente en las partes de la planta que entran en contacto con el herbicida y no va hasta las raíces, como ocurre con el glifosato.  A esta discusión sobre la eficacia se suma otra preocupación: quién termina pagando el costo de la estrategia. Julio César Estrada, exsenador de la República, oriundo de Vaupés y dirigente indígena del pueblo wanano, considera que la aspersión aérea puede terminar afectando al “eslabón más débil de la cadena”, es decir, a campesinos e indígenas que dependen de estos cultivos como una de sus pocas alternativas de subsistencia. “En esos territorios hay necesidades básicas insatisfechas que se pueden identificar con un diagnóstico”, afirma. 

Por eso, y a la espera de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella entregue más detalles sobre lo que está planeando hacer, los entrevistados coinciden en que la discusión sobre cómo reducir los cultivos de coca no debería limitarse a qué sustancia utilizar para fumigarlos. Desde su perspectiva, la erradicación manual y, sobre todo, la sustitución de cultivos acompañada de alternativas económicas para las comunidades pueden ofrecer una respuesta más integral. 

En palabras de Méndez: “El principio de precaución dicta que se debe tomar una decisión para proteger la vida. En ciencia trabajamos con incertidumbre, y cuando los efectos son tan potencialmente negativos, como abortos, malformaciones congénitas, toxicidad para riñones, vejiga, entre otros, no podemos esperar a ver si el daño se produce”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Hace cinco años compré uno de mis libros favoritos: The Democracy of Species (La democracia de las especies). Ese día, la escritora y botánica Robin Wall Kimmerer me introdujo al lenguaje de la animicidad de su pueblo Potawatomi, en la región de los Grandes Lagos (en lo que hoy es el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá), con este ejemplo: “Una bahía es un sustantivo solo si el agua está muerta (...) atrapada entre sus orillas, pero el verbo wiikwegamaa —ser bahía— libera al agua de su cautiverio y la deja vivir”. Wall Kimmerer cuestiona con mucha sensibilidad cómo la academia y la ciencia occidental tienden a negarle la categoría de sujeto sintiente a otros seres con quienes cohabitamos la Tierra en un entramado de relaciones simbióticas —cuando les trata como algo (it) y no alguien (she o he), en inglés—.

En su libro, la gramática se convierte en una especie de llave maestra hacia un portal creativo tan fecundo y diverso como se desee: es posible entonces ser nevado, ser arrecife coralino, ser tormenta, ser crisálida, ser turbera, ser ceiba. También es posible estar emparamadas; sentirnos desbordadas, enraizadas, marchitas o nubladas; y desear, tras una semana feroz, encuevarnos. Incluso aparecen nuevas palabras para nuevas emociones en tiempos críticos, como la solastalgia, la ecoansiedad o la terrafuria.

Dado que las palabras importan porque nos ayudan a crear mundos —no solo narrarlos— hablar con y sobre otros seres es una invitación radical a cuestionar la supremacía humana. Esta idea de que tú y yo somos una especie superior y separada del resto de la naturaleza y, por tanto, con dominio sobre ella, con potestad de explotarla y mercantilizarla para nuestro beneficio. Como si “la única manera de estar vivo, de ser digno de respeto, consideración y responsabilidad moral, sea siendo humano”, cuestiona Wall Kimmerer. Su propuesta es: pasemos de la tiranía de una sola especie, a la democracia de muchas. Todo está “al alcance de los pronombres”.

Estas preguntas revolotean en otras disciplinas, incluyendo el derecho: ¿Puede un bosque de niebla ser reconocido como autor de una canción? ¿Cómo garantizarle a una selva —compartida por 9 países, hogar de 47 millones de personas y al menos el 13% de todas las especies que hasta ahora conocemos— su derecho a existir, a regenerarse, a mantener sus ciclos vitales y a estar libre de contaminación? ¿Quién tiene voz legítima para representar los intereses de un glaciar o una ballena azul? ¿Cómo proteger los derechos de las futuras generaciones de entidades no humanas? ¿De qué formas el reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede ser útil para responder a las crisis climática y ecológica? Son, creo yo, provocaciones para que, en palabras del filósofo y diseñador Tony Fry, no nos resignemos a la “desfuturización” y resistamos colectiva y creativamente al precipicio de la desolación y el colapso.

César Rodríguez, director del programa MOTH de la Universidad de Nueva York, se refiere al derecho como una “herramienta narrativa” que —fusionada con otras ciencias, incluyendo la indígena— expande nuestra imaginación sobre lo posible. “Cuando el derecho, una de las estructuras sociales más resistentes al cambio, deja de ser útil para el florecimiento de la vida, es momento de repensarlo, descomponerlo y transformarlo”, dice, inspirado en el poder de los hongos y sus redes miceliales.

A finales de agosto, durante el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), desarrollado en Puyo (Ecuador), conocí dos iniciativas que apuestan por una gobernanza comunal; por una justicia interespecie; por otras formas más amorosas de nombrar, habitar y relacionarnos.

¿Otro derecho es posible?: un tribunal ético para defender la vida

Durante ocho horas, el territorio —y todas las historias, memorias, relaciones y seres que le componen— compareció ante el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una instancia ética y ciudadana. En la voz de autoridades indígenas y líderes campesinos y pesqueros, la Amazonía contó cómo la exploración, extracción, transporte y refinación de combustibles fósiles han violado sus derechos de forma sistemática y cruel. Hablaron sus guardianes, quienes denunciaron ser víctimas de persecución y estigmatización por parte de actores criminales y el propio Estado.

El Tribunal juzga violaciones a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada en la Cumbre de Cochabamba en 2010, y es liderado por GARN (la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en español). Es, como dijeron algunos de sus integrantes, “una plataforma educativa”, un espacio de “enunciación, memoria, resistencia y verdad” para “imaginar un derecho menos antropocéntrico y más ecocéntrico” y “asumir una postura ética y de responsabilidad si queremos sobrevivir como especie”.

Quienes testimoniaron en los seis casos —la XI Ronda Petrolera (Ecuador), el Lote 64 (Perú), las tierras del Pueblo U’wa (Colombia), la Península de Paraguaná (Venezuela), la Reserva Tariquía (Bolivia) y la Foz do Amazonas (Brasil)— reclaman justicia haciendo memoria. Son territorios que se resisten a ser zonas de sacrificio y desafían la noción de la naturaleza como mercancía dentro de un sistema económico que activamente lastima y destruye lo que aman. Fuimos testigas y testigos de una relacionalidad distinta: “La Madre Tierra, como los seres humanos, llora (...) cuando golpean o cortan los árboles, la selva también sufre”, dijo Daniel Dagua, presidente de la Nación Andwa. “El petróleo es la sangre de la Madre Tierra; nosotros no podemos vivir sin sangre; y si la extraemos, ella va a morir”, explicó Berito Kuwaru’wa, líder U’wa. “¿Qué precio le pondrías a tu madre? Entonces no seamos sicarios de la Madre Tierra; seamos los cómplices de la vida”, dijo Olivia Bisa, presidenta de la Nación Chapra.

Según los abogados Ramiro Ávila y Mario Melo, ambos Fiscales de la Tierra en el Tribunal, uno de los principales objetivos del derecho es facilitar las relaciones económicas y un modelo de producción y consumo particular: el capitalista. En ese sentido, “para el derecho es importante garantizar que los elementos de la naturaleza sean entendidos como cosas, pues así es más fácil justificar la explotación y la devastación ecológica (...) si tenemos un relacionamiento patrimonial, por ejemplo, puedo comprar un pedazo de la superficie terrestre, me declaro dueño de ella con un título de propiedad, y ya entra al mercado”, explica Melo.

Bajo esta narrativa, los demás seres y ecosistemas pueden ser adquiridos, transferidos, subordinados, instrumentalizados y dotados de un valor de cambio en este sistema económico. Pero como advierte Ávila, “la catástrofe climática, queramos o no, nos exige replantear el derecho (...) y si tomamos en serio el llamado, la naturaleza debe salir del mercado”.

Todos los testimonios dejaron claro que la vida sucede en comunión, y que un territorio es mucho más que una superficie delimitada con bloques petroleros señalados en un mapa. Se trata de un entramado de relaciones entre entidades, visibles e invisibles, con quienes se convive y se generan acuerdos e intercambios para asegurar el balance y la reproducción de la vida. Quedó claro que ellas y ellos son el territorio mismo, y que es ahí donde la soberanía alimentaria, la medicina y la educación propia, la ciencia ancestral, el desarrollo de las artes, el goce y las prácticas espirituales se ejercen autónomamente para asegurar su pervivencia física y cultural.

Al final, luego de analizar las pruebas, el Tribunal declaró a la Amazonía como sujeto integral de derechos y zona de exclusión total de combustibles fósiles, y denunció que tales “efectos catastróficos” sobre el bioma y los Pueblos indígenas, configuran crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal enviará la sentencia alos gobiernos amazónicos, a las Naciones Unidas, a las organizaciones indígenas de la región y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no es vinculante, “lo que se busca es motivar a los gobiernos a escuchar a una ciudadanía organizada y activa que brinda recomendaciones sobre cómo las Cortes deberían fallar cuando se reconocen los derechos inherentes de la naturaleza y, especialmente, implementar lo que ya existe”, explica Natalia Greene, directora global de la GARN. “Lo que estamos haciendo es luchar contra un sistema que le hace la guerra a la naturaleza y la sigue tratando como esclava”.

La colombiana Yuvelis Morales, ganadora del premio Goldman y jueza del Tribunal, cerró con una invitación, incluso para ti que lees este texto: “Uno de nuestros grandes enemigos sigue siendo la indiferencia (...) pero hoy este Tribunal nos exhorta a pensar en los otros mundos posibles”.

La Selva está viva y es consciente

Nos congregamos al amanecer alrededor del fuego para beber guayusa —una planta sagrada usada ancestralmente para dar energía y compartir e interpretar los sueños—. El líder José Gualinga, del pueblo originario kichwa de Sarayaku, nos introdujo al Kawsak Sacha, la Selva Viviente. “En la visión holística de la Allpamama, nosotros somos parte de ella”, explica. Es unmodo de vidaque está orientado al “respeto entre seres y al uso armonioso de los bienes de vida de los que dependemos”.

Sarayaku está ubicado a las orillas del río Bobonaza, en la provincia de Pastaza. El territorio es compartido con los Sacha runakuna, los habitantes visibles e invisibles del bosque que “ayudan a mantener el equilibrio”. Es en el Kawsak Sacha, dice José, donde deciden y construyen autónomamente su destino.

Pero ese equilibrio fue interrumpido a inicios de los años 2000 cuando la petrolera argentina CGC y la fuerza pública ecuatoriana ingresaron violentamente y sin autorización para realizar actividades de exploración, dejando enterrados 1.500 kilos de pentolita (un conocido explosivo) que aún permanecen allí. Una década después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador —el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución— violó los derechos de Sarayaku a la consulta previa, libre e informada, a la propiedad comunal y a la identidad cultural. Como medida de reparación, el pueblo busca que el Kawsak Sacha sea reconocido como un ser vivo y consciente, sujeto de derechos. “No estamos diciendo que es solo un cerro o un río; es todo el Kawsak Sacha que está vivo, incluyéndonos”, aclara Gualinga.

Al igual que los testimonios del Tribunal, José narra otras relaciones. De la riqueza individual a la comunal, de la escasez a la abundancia y reverencia, de la acumulación a la reciprocidad y moderación, de la competencia a la cooperación, de la ilusión de autosuficiencia a la interdependencia y gratitud. “Cuando les han colonizado la mente ves en un árbol una cosa que tiene valor en dólares, pero para nosotros es el Kawsak Sacha, y los indicadores de riqueza son todo lo opuesto al PIB (Producto Interno Bruto), sino el Sumak Kawsay, la vida en armonía, el Buen Vivir”, señala Gualinga.

El Sumak Kawsay comprende tres principios: el Sumak Allpa, un territorio sano y libre de contaminación, donde se respetan las zonas sagradas y abundan los tres reinos —fauna, flora y funga—; el Runakuna Kawsay, que abarca la vida cotidiana del pueblo, la economía comunitaria, la unidad familiar y la toma de decisiones políticas; y el Sacha Runa Yachay, que reúne las sabidurías y ciencias propias, desde la música y el uso de plantas medicinales hasta las tecnologías para construir y preparar la tierra para el cultivo.

Para Mario Melo, el abogado que ha acompañado el proceso de los Sarayaku en instancias internacionales desde sus inicios, el Kawsak Sachaes la materialización misma de los derechos de la naturaleza.La historia, dice, nos recuerda que los cambios no son lineales: “Antes era normal pensar que los negros no eran seres humanos y que las mujeres no podían votar (...) llegará el momento en que nos parecerá inconcebible haber desacralizado nuestra relación con la naturaleza y pensarla como materia inerte para ser explotada sin misericordia”.

Tal vez lo que nos corresponde ahora sea diseñar otros mundos donde la vida no esté desencantada, aunque hoy solo parezcan ficciones utópicas. Tal vez sea momento de recordar a la escritora Úrsula K. Le Guin: “Vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible; pero también lo era el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos”. Empecemos a conjurar la magia.

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Hace unos días asistí a la conmemoración de los treinta años de la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mientras escuchaba a quienes participaron en las movilizaciones que dieron origen a estos espacios, pensaba en algo que ocurre con muchas conquistas democráticas: una generación lucha por hacerlas posibles y la siguiente puede recibirlas como si siempre hubieran estado ahí.

No siempre estuvieron.

Treinta años atrás, en 1996, Colombia todavía intentaba convertir en realidad las promesas de la Constitución de 1991. Entre el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los derechos existía una distancia enorme.

En medio de esa brecha, Natividad Mutumbajoy, mama del pueblo Inga, caminó desde su territorio ancestral en el Caquetá hasta Bogotá. Hizo parte de las movilizaciones indígenas de ese año, entre ellas la toma de la Conferencia Episcopal durante cuarenta días. Aquella movilización abrió un nuevo ciclo de interlocución con el Estado: el 8 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos fundamentales. El 1396 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el 1397, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

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Mientras se abrían estos nuevos espacios de interlocución, Colombia seguía desmontando parte del andamiaje jurídico heredado del siglo XIX. En abril de ese año, apenas cuatro meses antes de la creación de la MPC y la CNTI, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre varios artículos de la Ley 89 de 1890. No era letra muerta: varias de sus disposiciones seguían vigentes más de cien años después.

La ley había sido expedida para determinar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Entre las disposiciones examinadas por la Corte estaba el artículo 40, que asimilaba a los indígenas a la condición de menores de edad para el manejo de sus porciones en los resguardos. En la Sentencia C-139 de 1996, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, la Corte declaró inexequibles varios de esos preceptos por ser incompatibles con la Constitución de 1991 y su reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

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La coincidencia no es menor. En 1996 Colombia todavía estaba desmontando jurídicamente una concepción tutelar mientras los pueblos indígenas se movilizaban para construir nuevas formas de interlocución con ese mismo Estado. No fue una evolución natural ni ordenada. Buena parte de esa transformación fue impulsada por los propios pueblos, sus autoridades y organizaciones.

Treinta años después, estas instancias hacen parte de una arquitectura de interlocución que Colombia ha construido y que ha dejado aprendizajes más allá del país. La reciente Mesa Amazónica de Pueblos Indígenas, en el ámbito de la OTCA, recoge una idea que aquí lleva décadas poniéndose a prueba: los pueblos no pueden aparecer únicamente como invitados cuando una decisión los afecta; necesitan espacios permanentes de interlocución.

La conmemoración deja también una pregunta para los próximos treinta años: ¿qué significa realmente reconocernos como un país pluriétnico cuando distintos pueblos, autoridades, sistemas jurídicos y formas de conocimiento tienen que concurrir dentro de un mismo Estado?

Durante estas tres décadas ha habido avances importantes: territorios reconocidos y ampliados, espacios permanentes de concertación, desarrollos de la jurisdicción propia, políticas construidas con participación indígena y, más recientemente, pasos para hacer efectivas competencias territoriales y ambientales reclamadas por generaciones.

Esos avances importan. También hacen más visibles las brechas entre lo reconocido, lo acordado y lo que efectivamente ocurre en los territorios.

Hay una paradoja en la palabra que usamos para contar buena parte de esta historia: reconocimiento.

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El Estado reconoció territorios, autoridades, lenguas, jurisdicciones y sistemas de conocimiento que no comenzaron a existir cuando fueron incorporados a una Constitución, una ley o un decreto. Ya estaban allí. Vida, territorio, derecho propio y autonomía tampoco aparecieron cuando el Estado decidió nombrarlos. Los pueblos indígenas han sido sujetos activos de esa transformación, no destinatarios pasivos de ella.

Treinta años después, la pregunta es más exigente.

Reconocer puede significar incorporar al derecho aquello que el Estado acepta y protege. Pero supone también admitir que existen otras formas de ejercer autoridad, producir conocimiento y relacionarse con el territorio que tienen fundamento propio y no necesitan derivar su legitimidad de las instituciones estatales.

Colombia ha avanzado mucho más en lo primero que en lo segundo.

La Constitución dice que somos una nación pluriétnica y multicultural. La pregunta pendiente es cómo se gobierna un país que realmente lo es.

Pensemos en una autoridad ambiental indígena y una autoridad ambiental estatal con competencias sobre un mismo territorio. O en la jurisdicción propia y la ordinaria frente a asuntos que exigen coordinación. Ya no se discute simplemente la existencia de la autoridad indígena. El problema es cómo concurren autoridades y sistemas distintos sin que esa concurrencia termine convertida en subordinación.

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Esto ocurre en el territorio, la justicia, la salud, la educación, las lenguas y los sistemas de conocimiento. Y tropieza con una característica del Estado: administra por sectores. Tierras por un lado, ambiente por otro, justicia por otro más, cada uno con sus entidades, procedimientos y presupuestos. Para muchos pueblos, en cambio, territorio, agua, memoria, conocimiento y autoridad no son piezas separadas que después se ensamblan.

Algo semejante ocurre con las lenguas. Su reconocimiento como oficiales en los territorios indígenas pierde alcance si una persona no puede entender una decisión administrativa, acudir a la justicia o relacionarse con el Estado en su propia lengua. Una lengua tampoco contiene únicamente palabras: guarda conocimientos, memoria, maneras de interpretar el territorio y relaciones entre generaciones. Cuando una institución solo puede escuchar en castellano, el problema excede la traducción.

Los avances de estas tres décadas conviven con una dificultad persistente: convertir decisiones, acuerdos y órdenes judiciales en capacidades, recursos y garantías efectivas en los territorios.

El Auto 004 de 2009 es uno de los ejemplos más duros. La Corte Constitucional advirtió entonces que numerosos pueblos indígenas enfrentaban riesgo de exterminio físico y cultural y ordenó medidas específicas para protegerlos. Diecisiete años después, buena parte de esa agenda continúa abierta.

Cambian gobiernos y funcionarios; se reinstalan mesas, se actualizan diagnósticos y se reformulan planes. Se suceden decisiones judiciales, compromisos y nuevas normas mientras asuntos fundamentales pasan de una administración a la siguiente sin resolverse. La distancia entre la norma y el territorio termina midiéndose en generaciones.

Mirar estos treinta años exige reconocer ambas cosas. La MPC, la CNTI y la Comisión de Derechos Humanos cambiaron la interlocución entre los pueblos indígenas y el Estado y han permitido avances concretos. También acumulan acuerdos pendientes, compromisos incumplidos y discusiones que vuelven una y otra vez.

Hay preguntas que corresponde hacerse también hacia adentro: qué ocurre con una conquista política cuando se institucionaliza; cómo transmitirla a generaciones que no vivieron las luchas que la hicieron posible; cómo evitar que la concertación se convierta en trámite para el Estado o en rutina para las organizaciones. Una institución nacida de una movilización también tiene que preguntarse, treinta años después, cómo conserva su capacidad de transformar.

Pero esta historia desborda la agenda indígena.

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Cada vez que los pueblos indígenas consiguieron establecer límites al poder del Estado; que ciertas decisiones tuvieran que ser consultadas o concertadas; que una autoridad propia pudiera ejercer sus competencias; que una lengua tuviera derecho a ser escuchada; o que una determinada idea de desarrollo no pudiera imponerse sin más sobre un territorio, ampliaron nuestra comprensión de la democracia.

Y recordaron algo elemental que las democracias olvidan con facilidad: la mayoría, por el solo hecho de serlo, no tiene derecho a decidirlo todo.

Esto importa ahora. Los derechos pueden seguir escritos mientras pierden eficacia. Los mecanismos de participación pueden conservar sus nombres mientras se vacían. La democracia no se agota en las elecciones: depende también de los límites al poder, de la posibilidad de disentir y de instituciones capaces de garantizar derechos incluso cuando quienes los reclaman no constituyen la mayoría.

El territorio estaba antes del título. La autoridad, antes del decreto. Las lenguas y los conocimientos, antes de su reconocimiento constitucional. Y los pueblos eran sujetos políticos mucho antes de que el Estado estuviera dispuesto a tratarlos como tales.

Treinta años después de aquella caminata de Natividad Mutumbajoy hacia Bogotá, la relación con el Estado ya no es la de 1996. Hay derechos conquistados, instituciones construidas, territorios protegidos y formas de interlocución que entonces apenas comenzaban a abrirse camino. Las brechas que persisten no borran esos avances; muestran cuál es el paso que sigue.

En 1996 había que conquistar reconocimiento e interlocución. En 2026 el desafío es hacer efectiva la concurrencia: gobernar, de verdad, en la pluralidad. En ese camino, los pueblos indígenas no solo ampliaron su lugar dentro del Estado. Ampliaron también nuestra democracia. Y esa democracia no puede darse por sentada.

*Directora regional de Amazon Conservation Team.

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Durante décadas, Colombia se ha preguntado cómo reconocer y garantizar la diversidad que la constituye. Hoy el desafío es ir un paso más allá: traducir ese reconocimiento en formas concretas de ejercer el poder público y gobernar el territorio.

La Constitución Política de 1991 abrió para el país una posibilidad histórica: construir un Estado capaz de reconocer la diversidad que lo constituye y garantizar derechos desde el pluralismo. El reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, de los territorios indígenas como entidades territoriales y de la autonomía de los pueblos indígenas expresó una transformación profunda en la manera de comprender el Estado, el poder público, la democracia, y la ciudadanía.

Más de treinta años después, Colombia tiene ante sí la oportunidad de llevar ese mandato constitucional a una nueva etapa.

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Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son el resultado de más de cinco décadas de construcción política y jurídica en las que los pueblos indígenas, los gobiernos nacionales, el Congreso, las altas cortes y la sociedad civil han contribuido, desde distintos lugares, a hacer realidad este pacto constitucional. Es un proceso que ha atravesado diferentes gobiernos y que ha sido sostenido por los tres poderes públicos. En diciembre de 2025, Colombia alcanzó un momento histórico con la formalización de las primeras ocho ETI. El desafío ahora es asumir una política de Estado para garantizar la efectiva consolidación y funcionamiento pleno de las Entidades Territoriales Indígenas como parte estructural del ordenamiento político administrativo del país.

Las ETI representan una de las expresiones más concretas y avanzadas de profundizar nuestra democracia y hacer efectivo el pluralismo constitucional colombiano. Su consolidación permite materializar la descentralización política, administrativa y fiscal, creando mejores condiciones para cerrar brechas históricas de inequidad y garantizar derechos desde las particularidades de cada territorio.

Colombia puede demostrar que construir Estado no significa que todos debamos gobernar de la misma manera. Significa crear las condiciones para que distintas formas de entender la vida, el territorio, la autoridad y el bienestar puedan ejercer poder público y coordinarse dentro de un mismo Estado, con responsabilidades claramente definidas, compartidas y respeto por la autonomía.

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Esta es una experiencia pionera. Las ETI abren la posibilidad de desarrollar una arquitectura de coordinación intergubernamental entre instituciones estatales no indígenas y gobiernos indígenas, reconociendo que existen distintas formas de ejercer autoridad pública y diferentes maneras de organizar la vida colectiva. Colombia tiene la oportunidad de mostrar al mundo cómo un Estado puede construirse entre diferentes, sin negar la diversidad que lo constituye.

En la Amazonia, esta posibilidad adquiere una dimensión aún mayor.

Los gobiernos indígenas son actores fundamentales para sostener la integridad territorial y ecosistémica de la región. Los territorios bajo gobierno indígena presentan más del 99 % de sus coberturas naturales altamente preservadas, de acuerdo con información de MapBiomas Colombia. Esta cifra expresa una relación histórica entre las formas de gobierno territorial, los sistemas de conocimiento y los modos de vida de los pueblos indígenas, una relación cuya importancia trasciende estos territorios y tiene consecuencias directas para Colombia y para el planeta

La Amazonía es una fuente vital para el equilibrio climático, la biodiversidad, el agua y la estabilidad ecológica regional y global. También es un territorio estratégico para la seguridad multidimensional de Colombia. Su protección está relacionada con la seguridad hídrica, climática, alimentaria, económica y territorial, prevención de conflictos y economías ilícitas y con la capacidad del Estado para mantener presencia, gobernanza y cohesión en una región fundamental para el país.

Desde esta perspectiva, fortalecer los gobiernos indígenas y consolidar las ETI no es únicamente una política de reconocimiento de derechos: es una estrategia de gobierno del territorio y de protección de la vida.

Las ETI articulan la autonomía indígena con las obligaciones que tienen en tanto Estado y permiten construir políticas públicas desde las particularidades de cada territorio. En esa relación, los Planes de Vida, los sistemas propios de conocimiento, las autoridades indígenas y sus formas de organización entran en coordinación con las instituciones nacionales y territoriales. Es también una oportunidad de ampliar nuestra manera de entender el desarrollo, los horizontes de futuro, y el bienestar, reconociendo los límites ecológicos y la interdependencia entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza.

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Por eso, consolidar las ETI debe ser una política de Estado de enorme trascendencia para Colombia. No se trata de profundizar una división entre el Estado y los pueblos indígenas. Se trata precisamente de lo contrario: de construir un Estado más capaz de gobernar un país diverso, reconociendo diferentes formas de autoridad y generando mecanismos efectivos de coordinación entre ellas.

En un momento en que las democracias enfrentan profundas tensiones y en que el mundo busca respuestas frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, Colombia tiene la posibilidad de mostrar que el reconocimiento de la diversidad puede ser una fuente de fortaleza institucional; que la autonomía puede coexistir con la unidad del Estado; y que la protección de la naturaleza puede ser parte central de una estrategia de gobierno y de seguridad.

Las ETI son, en este sentido, una oportunidad para Colombia: para profundizar la democracia inaugurada por la Constitución de 1991, construir Estado entre diferentes y para demostrar que gobernar reconociendo la diversidad puede ser también una de las formas más efectivas de proteger la Amazonía y sostener la vida.

Consolidar este proceso permitiría que Colombia convierta una construcción de más de cinco décadas en una experiencia pionera de alcance mundial: un Estado que reconoce distintas formas de ser humanidad, distintas formas de ejercer el poder y distintas maneras de construir bienestar, y que encuentra en su coordinación una fuerza para proteger uno de los territorios esenciales para el futuro del planeta. En este momento histórico, las ETI pueden ser leídas como una herencia de la Constitución de 1991, pero también como una oportunidad para el futuro: una oportunidad para que Colombia profundice su democracia, fortalezca su Estado y ejerza liderazgo internacional desde una experiencia propia de gobierno, pluralismo y protección de la Amazonía.

*Julieth Rojas Guzmán, Subdirectora Técnica y Política -Fundación Gaia Amazonas

**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas

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Guaviare ha estado, históricamente, entre los territorios más afectados por la pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2025 fue uno de los departamentos (solo por debajo de Meta y Caquetá) donde se concentró este fenómeno, con 15.941 hectáreas taladas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ahora, una nueva política pública busca abordar esa situación y frenar la deforestación en un período de diez años.

“Nuestra meta es clara: alcanzar la deforestación cero para 2036 y construir prosperidad a partir de nuestra biodiversidad”, declaró, a través de un comunicado, el gobernador de Guaviare, Yeison Ferney Rojas Martínez. También dijo que su mensaje para el país y para el mundo es “demostrar que sí es posible generar desarrollo sin destruir la selva”.

La Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036, como se denomina, plantea, en pocas palabras, una transformación profunda del modelo económico del departamento. Su apuesta es transitar de las actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía que permita hacer uso sostenible del territorio.

Así, algunas de las actividades que pretende priorizar son la agricultura regenerativa, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, el aprovechamiento de productos forestales no maderables, el turismo de naturaleza, entre otras.

De ese modo, Guaviare aspira ser un referente de cero deforestación y de desarrollo para otros departamentos y regiones. “Consideramos que va a ser un norte estratégico”, afirma Ezequiel Barragán, líder del Ecosistema y Políticas Públicas en la Gobernación de Guaviare. Ante la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito, agrega, es urgente establecer modelos rentables y sostenibles, “y eso solamente es posible haciendo ver al campesinado, a los productores y a los empresarios que el bosque vale mucho más en pie”.

El proyecto, que contó con respaldo técnico de la organización Swisscontact y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue presentado por la gobernación, a través del Departamento Administrativo de Planeación, y lo aprobó la Asamblea Departamental. La política pública será implementada por medio de la Ordenanza 574 de 2026.

Una apuesta retadora

Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia, se muestra optimista ante esta propuesta de avance hacia la cero deforestación. A sus ojos, hay varios elementos que hacen de esta una política pública robusta. Por un lado, cuenta con una estrategia de financiamiento que no depende únicamente de recursos públicos, sino que contempla otras alternativas, como fuentes privadas y de cooperación internacional.

El BID, por ejemplo, tiene un compromiso de inversión a largo plazo en el territorio, con el fin de impulsar el valor de la biodiversidad y los activos ambientales. Para Sandra Durango, científica de la Alianza Bioversity - CIAT, la cual busca transformar de manera sostenible los sistemas alimentarios, esta política pública representa un paso importante y necesario. Sin embargo, apunta que pueden hacer falta recursos para su ejecución, pues un “modelo que depende en gran parte de la cooperación internacional, de los ciclos de esa cooperación, es un modelo vulnerable”.

En ello concuerda Alejandra Laina, directora del programa de alimentos, uso del suelo y agua del World Resources Institute en Colombia, quien plantea que para no caer en una alta dependencia de la cooperación internacional, esta política pública debe, además de tener una alta capacidad para administrar los fondos, contar con un plan de inversión claro para el sector privado.

Otra de los llamados de Durango tiene que ver con que Guaviare, junto con Meta y Caquetá, conforman el llamado arco de deforestación del país, y una de las principales causas de la pérdida de bosque es la ganadería extensiva. “En esa región hay millones de cabezas de ganado y una enorme dificultad para rastrear de qué predio sale cada animal. Hemos visto casos de fincas que registran el ganado por fuera de un Parque Nacional Natural o de un resguardo, pero luego lo regresan adentro”, dice la científica.

Por esa razón, de acuerdo con la científica, es clave que esta apuesta esté acompañada por un sistema de trazabilidad ganadera robusto, que vincule información catastral, guías de movilización de los animales y la capacidad del Ideam para monitorear la pérdida de bosque en el país.

Sobre este asunto, cabe apuntar, hace un par de meses, durante el gobierno de Gustavo Petro, se sancionó la Ley 2585 de 2026. Su objetivo, en términos simples, es seguirle el rastro a la ganadería para que sea sostenible y libre de deforestación, interoperabilizando los sistemas de información de distintos sectores: el agropecuario, el ambiental y el de ordenamiento territorial. Pero más allá de cruzar información, subraya Durango, se requiere fortalecer la institucionalidad, y agrega que lograr esa trazabilidad es fundamental para alcanzar la meta de cero deforestación al 2036 en Guaviare.

Hacia la bioeconomía

Maruri resalta que este proyecto define una hoja de ruta para generar condiciones que impulsen la bioeconomía, integrando el ordenamiento del territorio y la inclusión social. Entre los años cuatro y siete, la política pública buscará escalar esas intervenciones para lograr una integración regional y, finalmente, consolidar los impactos en sostenibilidad.

En otras palabras, la transformación productiva se hará de la mano de comunidades campesinas, afrodescendientes, de mujeres rurales y de indígenas (como los pueblos Jiw y Nükak), valorando sus conocimientos tradicionales. La idea es identificar productos del bosque que no solamente se puedan aprovechar, sino que tengan un buen potencial comercial. Mediante el uso de tecnología, la trazabilidad y estándares de sostenibilidad, el objetivo será posicionar a Guaviare dentro del mercado.

De ese modo, la política busca proteger ecosistemas estratégicos, como los de las serranías de Chiribiquete y de la Lindosa, a la vez que plantea cerrar las brechas de pobreza multidimensional, que en Guaviare afecta al 45 % de su población, mediante el impulso de esas cadenas de valor y la educación en torno a la sostenibilidad.

Barragán es de los primeros en reconocer la gran cantidad de trabajo que eso implica: “Debemos ser innovadores y perceptivos con las necesidades del territorio”. Para fortalecer la bioeconomía, dice, se necesita investigación, nuevos conocimientos y la generación de cadenas de valor, por ejemplo en torno a frutos amazónicos como el azaí o la cocona.

En la actualidad, la venta de estos productos se enfrenta a retos importantes como su distribución, es decir, sacarlos de zonas de difícil acceso. Por este tipo de razones, asegura Maruri, es muy difícil que compitan eficazmente en los mercados si no hay un sector privado que invierta y complemente esas cadenas de valor.

“El azaí ha existido en la selva colombiana durante siglos”, apunta. “¿Por qué no se comercializa ampliamente? No ha habido empresas que se comprometan a transformarlo y lo vuelvan un helado, una pulpa o un ingrediente natural para cosmética. Se debe lograr que el sector privado asuma el riesgo y ponga a estos productos en el mercado, y no solo en el local, sino en el de las grandes ciudades o incluso para exportar. Se requiere mucha inversión y tiempo”.

El reto que persiste es que la bioeconomía, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), representa apenas cerca del 0,13 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Para Laina, el principal desafío está en traducir el contenido de la ordenanza en un portafolio de inversiones, indicadores verificables y una gobernanza con responsabilidades claras en cuánto a la bioeconomía y la restauración amazónica.

Además, a ojos de Durango, para que Guaviare transite de una economía extractiva e ilícita en diez años se necesitan mercados que compren los productos agroforestales de manera sostenida. “Quizás el éxito de esta política dependa de si en 2030 ya haya un sistema de trazabilidad operando de verdad, con financiación consolidada más allá de esa cooperación externa, comunidades indígenas y campesinas con ingresos reales de ese modelo. Ese es uno de los retos más importantes que vienen”, dice Durango. “Pero el primer paso ya se dio, que es redactar y aprobar esa política. A partir de ahí empiezan las acciones”.

Maruri rescata que la nueva política pública de Guaviare fue un trabajo articulado, en varios municipios, en el que se incluyeron a las comunidades, a instituciones públicas y a las empresas. “El reto fue no hacer un documento desde un escritorio, sino convocando a los diferentes actores alrededor de esta apuesta. Y hay un consenso entre ellos. Toda la Asamblea Departamental se sentó, discutió el documento y lo aprobó de manera unánime”, apunta.

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En video quedó registrado el momento en que dos jaguares se aparean en inmediaciones del raudal del Guayabero, en Guaviare, en la Amazonia colombiana. Las imágenes fueron capturadas en los últimos días por medio de una cámara trampa instalada por la Corporación Guardianes de Yuruparí, en el marco de un programa apoyado por la red de monitoreo comunitario Lindonsensis y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

El hecho se registró en la Serranía de la Lindosa, caracterizada por su abundante biodiversidad. La zona es parte de la distribución del jaguar en Colombia, que también comprende regiones como el Chocó biogeográfico, la Sierra Nevada de Santa Marta y el bosque seco tropical del Caribe, así como los bosques de galería de la Orinoquía y la Amazonia.

En esta ocasión, se logró capturar el apareamiento de un macho y una hembra de esta especie, Panthera onca, un comportamiento difícil de observar. En la Serranía de la Lindosa, el programa que además de Guardianes de Yuruparí integra Corpolindosa, realiza actividades de muestreo y observaciones de la fauna silvestre a través de estas cámaras en siete predios. También llevan a cabo avistamiento aves, monitoreo de peces y de parámetros hidrobiológicos.

El objetivo de estos esfuerzos, de acuerdo con la SZF, es construir el primer informe de monitoreo con enfoque en aves, mamíferos y recursos hídricos que les permita a las comunidades tomar decisiones para mejorar el turismo.

Según Miguel Martínez, profesional de monitoreo de la SZF, realizar este tipo de actividades con las comunidades es clave, ya que “permite anidar los conocimientos de las personas que históricamente han habitado este territorio; mientras impulsa la investigación participativa y es una oportunidad de replicar conocimiento a través de la educación a las nuevas generaciones”.

De hecho, hace apenas un par de meses, la Corporación Guardianes de Yuruparí también registró en video a una hembra de jaguar y sus dos crías caminando por el raudal del Guayabero. Además de ser considerado un depredador tope, este animal es clave para el control de poblaciones de roedores, primates y otros grupos de animales. Su presencia, como hemos contado en El Espectador, es un buen indicador de la conservación de los ecosistemas.

Puntualmente, esta región en donde se ha observado, es un sistema complejo que agrupa varios ecosistemas de los biomas andino, amazónico y orinoquense. En suma, tiene importante valor hídrico, pues cuenta con una red de al menos siete caños que proporcionan agua a San José del Guaviare y varias poblaciones circundantes; dos de sus ríos, el Ariari y el Guayabero, desembocan en el río Guaviare.

“La Serranía de La Lindosa es un área protegida con una extensión de 28.224 hectáreas. En estas se solapan 225 familias. Desde 1987 se constituyó esta área como reserva forestal de protección. Esta zona es un punto de interconexión entre la Orinoquía y la Amazonía; cumple una función de corredor ecológico que intercomunica la Serranía de La Macarena con la Serranía del Chiribiquete en la cuenca amazónica”, apunta la SZF.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del viceministro general del Interior, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, el alto riesgo de contacto inicial no deseado al que están expuestos actualmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son los Yurí-Passé, que se encuentran en las áreas no municipalizadas de Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera, en el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré y su zona de amortiguamiento, en la Amazonia colombiana. A través de las alertas tempranas 002-21 y 007-24, la Defensoría ya ha subrayado estos riesgos a los que se enfrentan.

Como contamos en El Espectador, imágenes satelitales mostraron, en julio pasado, que casi 41 balsas mineras se encontraban en el cauce del río Puré. La información a la que tuvo acceso la Defensoría confirma y amplía la alerta emitida por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina, de la asociación Amazon Conservation, que ha reportado más de 500 hectáreas deforestadas para la minería ilegal de oro en el PNN Río Puré desde junio de 2024 hasta mayo de 2026.

“La totalidad de los hallazgos se localiza al interior de la zona prístina del área protegida, una categoría de manejo orientada a mantener las condiciones naturales del ecosistema con el mínimo nivel de intervención humana”, precisó la Defensoría.

Fuentes consultadas por el organismo también han señalado que las balsas mineras ya afectan zona intangible del PNN, en la parte alta de la cuenca. Esto implica la mayor gravedad para la protección de los Yurí- Passé, pues allí es donde se han confirmado sus asentamientos y la zona debería mantenerse ajena “a la más mínima alteración humana a fin de que las condiciones naturales se conserven a perpetuidad”, según la Resolución 143 de 2022.

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En ese sentido, la presencia de balsas mineras en el área representa, subrayó la Defensoría, una amenaza inminente para estos pueblos indígenas en aislamiento, los cuales se verán potencialmente afectados por posibles contactos iniciales no deseados con personas mineras. En suma, estas actividades ilegales en una zona de alta fragilidad ecológica traen presiones y daños como:

• Alteraciones significativas en la dinámica fluvial y en la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos asociados. Entre ellos, la remoción y movilización de sedimentos, el incremento de la turbidez del agua y la modificación de la morfología natural del cauce.

• Persistencia de la contaminación por mercurio, altamente tóxico para la salud humana y del ecosistema amazónico, utilizado para el azogue (amalgamación del oro, y separación de otros minerales).

• Reducción de la capacidad natural del ecosistema para recuperarse ante los impactos cada vez mayores de la minería ilegal.

La Defensoría agregó que esta situación se enmarca, además, en una reconfiguración de la violencia armada en la región, caracterizada por:

• La expansión de la disputa armada entre las disidencias del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (bajo el mando de alias Iván Mordisco) y del Bloque Jorge Suarez Briceño del Estado Mayor del Bloque y el Frente - EMBF (bajo el mando de alias Calarcá Córdoba), en el área no municipalizada de La Pedrera, en el Territorio Indígena del PANI. Esto, por causa de la avanzada del EMBF a través de la cuenca del río Caquetá y Apaporis a los territorios que antes estaban bajo control hegemónico del Frente Carolina Ramírez y Johnier Arenas, de la disidencia de alias Mordisco.
• La expansión de Comandos de la Frontera sobre la cuenca del río Putumayo hacia las áreas no municipalizadas de Puerto Arica y Tarapacá, incluyendo su presunta participación, si quiera en sede de financiación, de operaciones mineras ilegales en las cuencas del Putumayo y el Cotuhé.
• Presuntas alianzas entre estas organizaciones y estructuras del crimen organizado que provienen de Brasil, como Familia do Norte, Comando Vermelho, Primer Comando Capital, As Crianças. Estas sociedades se han dado para optimizar los circuitos ilegales de minería aurífera por aluvión.

La Defensoría llamó la atención que estas operaciones de minería ilegal que amenazan a los Yuri- Passé también tienen participación de la población civil, mayormente indígena, que está motivada por la precariedad económica o bajo coacción armada. También apuntó que el escenario actual supone un riesgo incluso para otras personas, aunque diferencial, como autoridades indígenas tradicionales o representativas de las áreas colindantes, personal del PNN, organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio con ingreso a la zona, entre otras.

Por todas esas razones, la entidad pidió al Viceministerio del Interior citar a una sesión de seguimiento sobre la situación de los Yurí- Passé, convocando, en el marco de las recomendaciones de las alertas tempranas 007-24 y 002-21, a las autoridades que hacen parte del Comité Nacional de Prevención y Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.

“Lo anterior con propósitos de articular la respuesta institucional a los riesgos críticos de contacto inicial no deseados para los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Yurí- Passé”, se lee en el documento. “Conforme a lo anterior, ruego se adopten las medidas aquí descritas, que reconocen los esfuerzos institucionales e instancias ya activadas para la superación de los riesgos y hechos descritos, solicitando además un informe de las gestiones que se efectúen en virtud del riesgo advertido”.

Esta es la comunicación, firmada por Nathalia Romero Figueroa, defensora delegada para la prevención de riesgos y violaciones de derechos humanos:

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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