La Corporación Guardianes del Yurupary compartió un vídeo tomado con una cámara trampa en el que se aprecia a una hembra de jaguar (Panthera onca) caminando con sus dos crías por la selva amazónica. La corporación hace monitoreo de esta y otras especies con el apoyo de la Red de monitoreo comunitario Lindonsensis y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FSZ Colombia).

El vídeo fue tomado en el raudal del Guayabero, en San José del Guaviare, capital de Guaviare. En este punto, cerca de la unión del río Guayabero con el Ariari, hay una gran diversidad de especies de aves, delfines grises y otros mamíferos.

La región también hace parte de la zona de distribución del jaguar en Colombia, que comprende regiones como el Chocó biogeográfico, la Sierra Nevada de Santa Marta y el bosque seco tropical del Caribe, los bosques de galería de la Orinoquía y la Amazonia.

El jaguar es el felino más grande que habita en América y tiene una distribución a lo largo de gran parte del continente. Es considerado un depredador tope, pues está en la cima de la cadena alimentaria. Es clave en el control de poblaciones de roedores, primates y otros grupos de animales.

Su presencia, como hemos contado en El Espectador, es un buen indicador de la conservación de los ecosistemas. A pesar de esto, su conservación en el país atraviesa grandes retos. La deforestación, la expansión de la frontera agrícola y otros motores de la pérdida de hábitat han reducido su distribución.

Colombia es un punto clave para la distribución del jaguar en el continente, pues es la conexión de su recorrido entre América Central y América del Sur. Los proyectos de monitoreo, como el que se realiza desde la Corporación de Guardianes del Yurupary, son claves para identificar su presencia y tomar decisiones para su conservación.

Algunas de las medidas que se han promovido desde la estrategia de conservación de esta especie, además de ponerle un freno a la deforestación, incluyen el diálogo con comunidades para evitar conflictos en zonas en las que hay contacto cercano y prevenir su caza.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Este viernes 8 de mayo, en Florencia (Caquetá), se entregó la primera Concesión Forestal Campesina (CFC) de Colombia, que busca reconocer al campesinado como un actor central en la conservación. La figura, básicamente, otorga a las comunidades el derecho al uso del bosque y de la biodiversidad en baldíos al interior de reservas forestales, sin que se requiera la sustracción del área.

Corpoamazonia, la autoridad ambiental del departamento de Caquetá, otorgó vía resolución la concesión a la Asociación Campesina para el Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (ASOBIOCAM). Dicha asociación está conformada por 75 familias de las veredas Pizarra, Peregrino e Isla Grande, en el municipio de Solano, que integran el Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad de Paraíso Amazónico.

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“Hoy podemos demostrar que sí es posible dar un paso hacia estrategias de bioeconomía en territorios amazónicos”, aseguró la directora general de Corpoamazonia, Sidaly Ortega. “Otorgamos un área de manejo de 23.000 hectáreas de bosque a la que ASOBIOCAM podrá acceder de manera sostenible durante 30 años”.

Por su parte, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, calificó la firma de esta CFC como una nueva forma de hacer presencia en los territorios. “Caquetá ha vivido el Estado a través de operaciones militares que han criminalizado al campesino. Este Gobierno decidió cambiar esa visión para convertir al campesinado en un actor con el cual cuidar la selva”.

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Durante la jornada también se resaltó que la deforestación se puede enfrentar, más allá de los instrumentos de control y sanción, con presencia institucional, el trabajo de la mano de las comunidades locales y la garantía de alternativas productivas basadas en el uso y la conservación.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el objetivo de la concesión es reducir el cambio de uso del suelo en la Amazonia, y así evitar que la región llegue a un punto de no retorno. Con la figura se pretende, además, dignificar los modos de vida de los campesinos, al permitir el manejo forestal sostenible de productos maderables, no maderables, de la flora silvestre y de los servicios ecosistémicos.

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En este caso, el plan de manejo que formularon Corpoamazonia y ASOBIOCAM, según dice a este diario el presidente de la asociación, José David Quiñones, se enfoca en el aprovechamiento de productos maderables. Ahora, las comunidades podrán implementar 30 Unidades de Corta Anuales (UCA), la primera de 400 hectáreas, y de ahí en adelante de 700 hectáreas. Se trata de un proceso en el que las UCA van rotando, con el fin de permitir la regeneración del bosque.

“La madera ha sido nuestro sustento desde hace tiempo”, cuenta Quiñones. “Nuestros abuelos aprovechaban los árboles que ya estaban por culminar su ciclo de vida y dejaban los pequeños y los medianos. Entonces, hemos ejercido una conservación sin saberlo, de manera indirecta”.

Quiñones apunta que desde ASOBIOCAM siembran plántulas nativas de esas mismas especies que utilizan, entre las cuales se encuentran los árboles comúnmente conocidos como achapo, sangretoro, guamo, arracacho, lechero rojo, entre otros. En total son 10 especies las que pueden aprovechar.

El presidente de la asociación agrega que, aunque venían trabajando de manera organizada, este aprovechamiento lo solían hacer sin mayor conocimiento técnico. Sin embargo, desde hace un par de años llegó al territorio el proyecto Corazón de la Amazonia, que, dice, les permitió instalar capacidades para organizarse legalmente.

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Corazón de la Amazonia es una iniciativa pública financiada por el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) e implementada por el Banco Mundial. Sus socios ejecutores son el Ministerio de Ambiente, el Ideam, Parque Nacionales Naturales, el Instituto SINCHI y Patrimonio Natural.

La Concesión Forestal Campesina Paraíso Amazónico se otorgó en el marco de la segunda Mesa de Gobernanza para la Contención de la Deforestación. El objetivo del espacio, al evaluar avances, ajustar acciones y lograr acuerdos con las comunidades, fue “acelerar resultados concretos” para contener la deforestación en Caquetá, según el Minambiente.

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Cabe recordar que las Concesiones Forestales Campesinas quedaron contempladas en el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Luego, por medio de la resolución 0057 de 2025, los ministerios de Ambiente y de Agricultura las reglamentaron. La figura está pensada para ayudar a controlar la pérdida de bosque en los núcleos activos de deforestación.

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam ha identificado 44 de estos núcleos que, en los últimos 20 años, han presentado persistentes tasas de deforestación. El Plan Integral de Contención de la Deforestación plantea transformar esas zonas en 28 Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB), 22 ubicados en la Amazonia, entre ellos el de Paraíso Amazónico.

“Hoy podemos decir con orgullo que las comunidades no somos un problema de conservación. Somos aliados fundamentales para cuidar la Amazonía y construir un futuro sostenible”, aseguró este viernes el secretario de ASIOBIOCAM, Jeferson Flores, desde la Universidad de la Amazonia. “El bosque tiene más valor vivo que destruido. Esta firma marca el comienzo de una nueva etapa, donde seguiremos trabajando con responsabilidad”.

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Colombia tendrá una nueva ley para la trazabilidad ganadera. En palabras simples, para evitar que la carne que llega a nuestros platos esté vinculada con la deforestación que afecta a ecosistemas claves del país, como los de la Amazonia.

Tras superar su trámite en el Senado y la Cámara de Representantes, esta mañana se anunció que el proyecto superó el trámite de conciliación entre ambas corporaciones. Con esto, sale del Congreso y solo resta la sanción presidencial para convertirse en ley.

Como contamos en este artículo, lo que busca esta iniciativa es contar con un sistema nacional que permita hacerle seguimiento a cada cabeza de ganado que se mueve y comercializa en el país. Con esto se busca evitar que la carne que se consume en el país y que se exporta provenga de zonas deforestadas, áreas protegidas o lugares en los que no esté permitida la ganadería.

La iniciativa tuvo un largo recorrido antes de contar con la aprobación del Congreso. Se presentó por primera vez hace cinco años y apenas en marzo logró superar su último debate, luego de haberse hundido en dos oportunidades.

Tras la conciliación, Julia Miranda y Juan Carlos Losada, representantes a la Cámara que impulsaron el proyecto, celebraron su aprobación e hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que se sancione lo más pronto posible.

Ahora, el reto de esta ley estará en la implementación, que tendrá que llegar a zonas alejadas de Colombia en las que se practica ganadería y garantizar que el registro de las cabezas de ganado se haga de manera rigurosa, sin permitir el ingreso de individuos que provengan de zonas prohibidas.

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¿Se imagina a la Amazonia convertida en bosques degradados o en un ecosistema similar a una sabana seca? Ese escenario podría estar más cerca de lo que pensamos, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature y liderado por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania. “La humanidad está ejerciendo presiones sin precedentes sobre el sistema forestal amazónico, a través del calentamiento global y los cambios en el uso del suelo”, apuntan sus autores.

Hasta el momento, se estima que la deforestación ha arrasado con entre el 17 % y el 18 % de esta selva tropical, la más grande del mundo. Si la situación continúa, advierten los investigadores, y se llega a perder entre el 22 % y el 28 % de su cobertura, sumado a un calentamiento global de 1,5 °C a 1,9 °C, dos tercios de la Amazonia podrían transformarse de manera crítica.

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El panorama es inquietante considerando el reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado mundial del clima. El documento, lanzado el pasado 23 de marzo en Ginebra (Suiza), señala que en 176 años de registros, 2025, con una temperatura promedio de 1,43 °C, fue el segundo o tercer año más cálido, dependiendo del conjunto de datos que se observe. En todo caso, 2024 se mantiene como el más caluroso, con una temperatura de 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900).

La Amazonia no estuvo al margen de ese registro récord. En 2024 la región vivió una sequía sin precedentes, que llevó a Colombia a declarar alerta roja. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) midió el agua del río Amazonas entre Leticia y Puerto Nariño, y encontró que en la estación hidrológica de Nazareth el caudal disminuyó un 82 % desde abril hasta septiembre de ese año, alcanzando mínimos históricos. De acuerdo con estimaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el abastecimiento de agua de alrededor de 3.000 personas se vio afectado.

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De acuerdo con Nico Wunderling, científico del PIK y principal autor del estudio recién publicado, la deforestación provoca que la Amazonia “sea mucho menos resiliente de lo que habíamos previsto. Incluso, un calentamiento adicional moderado podría desencadenar impactos en cascada en gran parte del bosque”. Si se frena la deforestación, dicen los científicos, los cambios a gran escala en la selva amazónica se podrían producir solo a temperaturas mucho mayores, de entre 3,7 °C a 4 °C.

Efectos en cadena

Además de Wunderling, en la investigación participaron los expertos Boris Sakschewski, Johan Rockström, Bernardo M. Flores, Marina Hirota y Arie Staal. Lo que hicieron los autores, básicamente, fue combinar proyecciones climáticas, así como modelos hidrológicos, enfocándose en la red de transporte de humedad atmosférica, de la cual hacen parte los comúnmente llamados “ríos voladores”.

¿Por qué la deforestación hace que la Amazonia sea más vulnerable? Cuando se pierde la selva tropical, también disminuye su capacidad de generar parte de su propia lluvia a través de los árboles. Se cree que la mitad de las precipitaciones de la región provienen de esta misma agua reciclada. Cuando se tumba el bosque, aumenta el estrés hídrico y su exposición a la degradación.

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En palabras de Staal, coautor del artículo y profesor asistente de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, “el calentamiento global y la deforestación afectan la retroalimentación de las precipitaciones en todo el sistema amazónico. Cuando la deforestación interrumpe el transporte de humedad en una zona del Amazonas, regiones enteras a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia también pueden perder resiliencia debido a los efectos en cascada de la sequía”.

En efecto, la función que cumple este bioma es clave para el resto de América del Sur. Gilvan Sampaio De Oliveira, experto en estudios climáticos con un doctorado en Meteorología (quien no participó en el reciente estudio de Nature), contaba hace un tiempo a este diario que un solo árbol de la Amazonia, a través de sus hojas, puede transpirar entre 300 y 500 litros de agua al día. El 50 % de esa agua es para la formación de lluvias que abastecerán la misma selva, pero el otro 50 % se distribuirá a lo largo de América del Sur, por ejemplo a la región de El Chaco, en Bolivia, Paraguay y Brasil.

“Cuando se corta un árbol amazónico, sus raíces ya no absorben el agua de lo profundo de la tierra, además de que se emite a la atmósfera el carbono que estaba contenido tanto en el árbol como en las primeras capas del suelo”, explicó en aquel entonces Sampaio De Oliveira. “Al retirar el bosque para poner pasto, la temperatura aumenta, incrementando el efecto invernadero. En suma, la vegetación más seca facilita el fuego”.

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Las consecuencias de perder la Amazonia, entonces, se extienden mucho más allá, desde zonas agrícolas en el sur de Brasil, hasta la cuenca del Río de la Plata, que abarca territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Esto pondría en riesgo los cultivos, la energía hidroeléctrica y la seguridad hídrica de los cuales dependen países como Colombia y Perú, llevándolos a enfrentar grandes impactos económicos.

Las amenazas, además, son latentes para las millones de personas indígenas que habitan la selva, muchas de ellas en aislamiento voluntario, así como para la biodiversidad de la región, que se estima que representa el 10 % de la que hay en todo el mundo. También habría repercusiones globales, pues se liberaría el carbono que capturan y retienen los árboles, agravando aún más el cambio climático.

Un llamado urgente

“Hasta ahora, la selva amazónica ha desempeñado un papel vital en la estabilización del sistema terrestre como sumidero de carbono, regulador del ciclo de la humedad y hogar de la mayor biodiversidad terrestre del planeta”, afirma Johan Rockström, director del PIK y coautor del estudio. “La deforestación continua está socavando esta estabilidad, empujando al bosque al borde del colapso. Esto no solo sería devastador para la región, sino que podría tener consecuencias de gran alcance para todo el planeta”.

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Es por ello que los científicos autores del estudio subrayan la importancia de detener la deforestación para aumentar la resiliencia de la Amazonia frente al cambio climático. A ojos de Rockström, la transformación de la selva tropical en una sabana no es inevitable, pero se requiere de una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“La humanidad tiene la capacidad de limitar el calentamiento global antes de que se alcancen los niveles más peligrosos. Sin embargo, el papel de la deforestación es crucial. Con la deforestación generalizada de la Amazonia, el calentamiento global actual ya estaría en un nivel peligroso. Por lo tanto, limitar la deforestación es clave para prevenir una transición sistémica de la región”, se lee en el estudio.

Los científicos resaltan las promesas de erradicar la deforestación para 2030 por parte de gobiernos como el de Colombia y otros países de América del Sur, aunque apuntan que no está claro si esa meta se cumplirá y en qué medida. Según un reciente análisis disponible en la plataforma Global Forest Watch, del World Resources Institute (WRI), en 2025 los bosques tropicales del mundo perdieron 4,3 millones de hectáreas, un área tan grande como el departamento del Casanare.

Frente a las 6,7 millones de hectáreas que se perdieron en 2024, una cifra récord en los registros de los últimos 20 años, el dato de 2025 representa una reducción del 36 %. A pesar de esa disminución las entidades encargadas del monitoreo explicaron que los niveles actuales están un 70 % más altos de lo necesario para cumplir la meta de detener y revertir la deforestación para 2030.

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Ante ese panorama, Wunderling y sus colegas señalan, entre sus recomendaciones, la restauración estratégica de los bosques de la Amazonia que se han perdido o degradado, con el fin de fortalecer su capacidad de reciclaje de humedad. Un ejemplo de esas apuestas es la del gobierno brasileño de recuperar cerca de 12 millones de hectáreas a través del denominado Arco de Restauración. Los investigadores concluyen que “estos esfuerzos deben considerarse de importancia global, ya que las transiciones en la Amazonia tendrán repercusiones no solo en las comunidades ribereñas, sino también en el desarrollo socioeconómico mundial”.

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La multinacional canadiense Libero Cobre retomará su exploración de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo, luego de lograr integrar dos títulos mineros de exploración en uno solo. De acuerdo con el medio local Mi Putumayo, el 21 de abril quedó inscrito en el Registro Minero Nacional el contrato de concesión integrado FJT-141, que une a FJT-131 y FJT-141.

En entrevista con ese medio de comunicación, Iván Darío Casas, gerente de sostenibilidad del proyecto, afirmó que oficialmente reiniciará la exploración. “Quiere decir que vamos a tener un mayor tiempo para poder generar nuestros estudios geológicos, que es lo que hace la empresa”, dijo.

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También afirmó que la integración logró excluir la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, en donde también se encuentra el río Putumayo, uno de los dos más importantes de la región, y que estaba en los anteriores títulos mineros.

“Somos la primera empresa que hace una devolución voluntaria de un área protegida que estaba dentro del título, sobre la cual nunca se hizo ningún trabajo”, sostuvo Casas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) le dijo a La Silla Vacía que la integración de los títulos implica que ahora solo habrá un programa único de exploración y Libero Cobre solo deberá realizar un estudio geológico, ambiental y social.

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Un proyecto que ha generado tensión

Libero Cobre llegó hace varios años al territorio con el fin de explorar y, eventualmente, explotar cobre y molibdeno. Como contamos en esta nota, el proyecto plantea varias dudas sobre sus impactos ambientales y una parte de la población, dentro de la que se encuentran indígenas y organizaciones ambientalistas, no está de acuerdo con que se realice.

Recientemente, en octubre del año pasado, el proyecto minero terminó su proceso de consulta previa con el resguardo indígena Condagua, un proceso que se estaba adelantando por una decisión de tutela que interpuso la comunidad. La razón es que los títulos mineros con los que cuenta el proyecto se traslapan con este resguardo indígena y con la zona de reserva forestal declarada por Corpoamazonia.

En el proceso de consulta se acordaron compensaciones por los impactos del proyecto que estarán enfocadas en inversiones sociales en educación, formación de las autoridades de la comunidad e integración de los conocimientos ecológicos indígenas en los procesos de gestión ambiental del proyecto, entre otros aspectos.

Sin embargo, en el municipio la población está dividida en torno al proyecto pues hay quienes consideran que pondría en riesgo el agua y la biodiversidad de ese lugar donde se unen los Andes y la Amazonia. Además, es una zona geológicamente inestable, con tendencia a los movimientos de tierra y las inundaciones, como las ocurridas durante la avalancha de 2017 en la que murieron más de 300 personas.

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Probablemente ha escuchado que la Amazonia, la selva tropical más grande que existe, alberga el 10 % de la biodiversidad del planeta. Jaguares, anacondas y nutrias gigantes son solo algunos de los animales que se suelen resaltar al hablar de esta región. En menor medida se nombran los peces de agua dulce, aunque se han registrado más de 2.700 especies en la gran red acuática amazónica, que incluye ríos, arroyos, lagos de llanura aluvial, humedales y zonas inundables.

Para comprender mejor su distribución, ciclos de vida y el papel clave que desempeñan en los ecosistemas, investigadores de varios países han venido trabajando en el informe “Peces olvidados del Amazonas”, cuyo prelanzamiento se realizará este sábado 2 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

La intención del reporte, cuenta una de sus coautoras, Silvia Benítez, directora de agua para América Latina en The Nature Conservancy (TNC), es llamar la atención sobre este grupo de animales, que es “importantísimo para la conservación de la biodiversidad de la Amazonia, pero también para el bienestar de las personas que la habitan”. El informe llega, además, ante las crecientes presiones que enfrenta el bioma y el declive en el número de peces que han advertido algunas organizaciones.

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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye 144 peces amazónicos en su Lista Roja de Especies Amenazadas. Otros 334 (aunque es probable que la cifra sea mayor) figuran con “Datos insuficientes”, lo cual significa que no hay información adecuada sobre su abundancia y distribución para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción.

Silvia López, bióloga, coautora y editora del informe, cuenta que los peces de agua dulce, o como prefiere llamarlo, de aguas interiores o continentales, han sido relegados. A sus ojos, no han recibido la suficiente atención, a pesar de que los ecosistemas acuáticos continentales representan entre el 1 y 6 % de la superficie de la Tierra, y aun así son hábitat del 51 % de las especies de peces que conocemos. “Si bien ocupan espacios pequeños, tienen una gran diversidad. Pero la gente le ‘para muchas bolas’ a los peces marinos”, dice.

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López, quien además es especialista regional en ecosistemas acuáticos continentales en Wildlife Conservation Society (WCS), apunta que el Amazonas ha sido históricamente destacado como el río más caudaloso, pero se ha desconocido su biodiversidad acuática. Es por ello que el reporte, que se lanzará oficialmente en las próximas semanas, busca resaltar que la Amazonia es la cuenca con mayor variedad de peces del mundo.

La iniciativa es parte de una serie cuyo primer informe, liderado por World Wildlife Fund (WWF), se denominó “The World’s Forgotten Fishes”, que traduce “Los peces olvidados del mundo”. A inicios de 2021, cuando fue publicado, reveló que una de cada tres de estas especies en el planeta está amenazada de extinción. “Después salió, en 2024, un reporte sobre los peces de la cuenca del río Mekong (en Asia) y otro en 2025 sobre los peces olvidados de África”, cuenta Benítez.

En esta ocasión el proyecto estuvo dirigido por TNC, y en él trabajaron cerca de 50 científicos de distintas organizaciones. Entre los colaboradores estuvieron el Instituto del Bien Común, WCS, el Instituto Sinchi, WWF, IBAMA, la AUNAP, entre otros. También hubo autores étnicos, de comunidades locales, y participó la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

El valor de los peces

Dos tercios de los peces de agua dulce de la Amazonia son endémicos, es decir, que solo se encuentran allí. “Este excepcional endemismo se refleja en una asombrosa diversidad de especies”, resume TNC. El pirarucú (Arapaima gigas), también llamado paiche o arapaima, es una de las más reconocidas debido a su gran tamaño, ya que puede llegar a medir tres metros de longitud y alcanzar los 200 kilogramos de peso. Pero en la región también habitan algunos tan pequeños como el tetra neón (Paracheirodon innesi), de hasta cuatro centímetros de largo.

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Benítez menciona otros peces que no solo dan cuenta de la rica biodiversidad amazónica, sino que reflejan interesantes dinámicas de la naturaleza. Un ejemplo son los bagres de armadura, de la familia Loricariidae, que han logrado adaptarse para vivir en ríos de corrientes muy rápidas, con algo así como una ventosa en su boca que le permite aferrarse a las rocas.

Por su parte, el bagre dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) es una especie que atraviesa fronteras y, sorprendentemente, nada por más de 11.000 kilómetros durante su migración. Desde las estribaciones de los Andes baja a Brasil, hasta la desembocadura del río Amazonas en el océano Atlántico. Luego emprende su viaje de regreso. “No hay ningún pez de agua dulce en el mundo que recorra una distancia tan grande como este”, afirma la especialista de TNC.

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Cada pez nativo tiene valor y cumple funciones relevantes en sus ecosistemas. Viven en un sistema interconectado de ríos de aguas blancas, que nacen en la zona andina, de aguas negras, que se originan y se asocian con llanuras forestales, y de aguas claras, que surgen en formaciones geológicas antiguas como el Escudo Guayanés y el Escudo Brasileño.

Estos animales, incluso, ejercen un rol dentro de los bosques que se inundan estacionalmente. Cuando el agua crece, “el espacio aumenta para los peces y tienen todas estas zonas en donde se reproducen”, cuenta Benítez. “Además, su relación con los árboles se vuelve muy cercana. Por ejemplo, la cachama negra (Colossoma macropomum) come sus frutos y luego ayuda a dispersar las semillas. Es una simbiosis fascinante”. De ese modo, esta, así como muchas otras especies, contribuye a la regeneración de los árboles y a la salud del bosque.

Un poco más evidente es el hecho de que estos peces representan alimento para depredadores, como el delfín rosado (Inia geoffrensis), emblemático de la Amazonia. También son la principal fuente de proteína para ciertos pueblos indígenas y comunidades locales de la región. De acuerdo con los investigadores, en asentamientos ribereños remotos, el consumo diario de pescado por persona puede superar los 600 gramos.

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Uno de los objetivos del reporte es, precisamente, explorar el lugar que ocupan los peces para las personas de la Amazonia. “No solamente brindan alimento, sino también representan parte importante de la mitología de las etnias”, explica Juan David Bogotá-Gregory, del programa de ecosistemas y recursos naturales del Instituto Sinchi, y otro de los coautores.

“El informe trata de ser muy integral y reunir todos esos conocimientos de las comunidades locales: nombres, historia y cómo se utilizan”, agrega. De hecho, un punto que destaca TNC es que al menos 200 especies de peces amazónicos se explotan comercialmente y, debido a su variedad, se han documentado alrededor de 15 tipos de artes de pesca en toda la cuenca.

Muchos riesgos, grandes retos

Las amenazas a las que se enfrentan los peces amazónicos no son menores, y son consecuencia directa de actividades humanas. López menciona cómo las represas interrumpen el flujo del agua en los ríos y, por tanto, los procesos ecológicos que los mantienen saludables. En el río Madeira ya se ha registrado cómo este tipo de infraestructuras limitan las migraciones de algunas especies y han aislado poblaciones.

Otro factor crucial es la pérdida de hábitat, principalmente por la deforestación, que “genera erosión y cambia totalmente las condiciones en el agua”, dice la bióloga. Para explicarlo mejor, hace una analogía: imagine que va caminando con tranquilidad por una trocha y, de repente, pasa una camioneta a toda velocidad. Levanta polvo y se vuelve difícil respirar.

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Eso es más o menos lo que les sucede a los peces cuando llueve sobre suelos “desnudos” y no hay árboles que frenen la velocidad o impidan que tantos sedimentos (tierra o rocas) lleguen a los ríos. “Los granos de polvo les tapan o dañan las branquias, por lo cual se ahogan y mueren”, subraya López. Esto, además, afecta a macroinvertebrados de los cuales se alimentan los peces.

La contaminación también es una amenaza latente para la biodiversidad de la Amazonia. Algunos de los impactos son producidos por vertimientos en los municipios, que en la región no cuentan con tratamiento de agua, o por el uso de agroquímicos, en muchos casos ilícitos para la producción de pasta de coca. En suma, López y Benítez concuerdan en otra fuente significativa de contaminación: el mercurio utilizado para la minería de oro. “Es un problema que ya se extiende en toda la cuenca y los peces son los grandes afectados porque acumulan el mercurio. Luego entra a los seres humanos que los consumen”, afirma Benítez.

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El informe subraya que, si bien las amenazas son muchas y diversas, en realidad no están aisladas, sino que interactúan entre sí. “Son aditivas, los impactos se van acumulando. Entonces, esto requiere acciones muy articuladas, una colaboración internacional”, dice López. Para ello puede servir el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y de los espacios de coordinación con pueblos indígenas.

A ojos de Benítez, es necesario elevar los ecosistemas de agua dulce al mismo nivel de los bosques, y que sean un objetivo de conservación. También considera clave, debido a que todavía no existen monitoreos sistemáticos de los peces, invertir en la ciencia y aplicar el conocimiento tradicional para poder tener más información sobre ellos.

En palabras de López: “Hay un montón de interacciones que nosotros desconocemos o que, por nuestra forma de entender el mundo, hemos intentado simplificar. Pero resulta que la naturaleza es mucho más compleja, y eso implica retos para un manejo integrado y para preservar los peces de la Amazonia”.

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¿Cómo pasar de las alertas de deforestación a evidencia sólida y confiable? ¿Cómo orientar medidas oportunas ante la pérdida de vegetación natural, que en el país cobró más de 113.000 hectáreas durante 2024? A partir de esas preguntas fue construida la plataforma de monitoreo MapBiomas Alerta Colombia, que ofrece datos abiertos y gratuitos sobre deforestación, y que fue lanzada este martes, 28 de abril, en Bogotá.

La herramienta, de hecho, ya revela información preocupante sobre los impactos que sufrieron en 2025 algunas áreas protegidas de la Amazonia colombiana. Una de ellas es la Serranía de Chiribiquete, declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco, reconocida por su gran biodiversidad y por ser hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Las cifras de MapBiomas Alerta indican que, el año pasado, Chiribiquete perdió alrededor de 1.666 hectáreas de cobertura forestal. El 44 % de ellas se puede atribuir a actividades humanas.

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“Se detectó la apertura de caminos en la zona norte del Parque Nacional Natural (PNN), actividad que persiste en 2026, con un área afectada acumulada de 119,14 hectáreas entre enero de 2025 y febrero de 2026”, comunicó la red MapBiomas. “Esta intervención ha facilitado procesos de deforestación en un radio de tres kilómetros alrededor de dichas vías, donde se registran 663,11 hectáreas deforestadas dentro del área protegida durante el mismo período”.

En el PNN Río Puré, por otra parte, la plataforma identificó una pérdida de 498,9 hectáreas en 2025, relacionada principalmente con la minería en la frontera con Brasil. La situación se torna aún más grave en Tinigua, donde se deforestaron unas 3.333 hectáreas el año pasado, mientras que entre enero y febrero de 2026 ya se han registrado unas 1.529 hectáreas afectadas, de acuerdo con MapBiomas Alerta. En total, entre los tres parques nacionales se habrían perdido más de 5.000 hectáreas de vegetación, debido tanto a actividades antrópicas como a eventos naturales.

De esa manera, la iniciativa presentada este martes brinda información sobre las posibles causas de la deforestación. Adriana Rojas Suárez, coordinadora de sistemas de información de la Fundación Gaia Amazonas, explica que, entre la diversidad de alertas, los eventos de minería son muy claros porque se dan a lo largo de los ríos, como el Puré. Además, explica Suárez, en estos casos se observa una reflectancia en las imágenes satelitales, es decir colores que permiten saber que se trata de minería, pues se ve el agua contaminada.

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“Pero hay otros motores que son más complejos de identificar, por ejemplo separar lo agrícola de lo pecuario; los pastos de los cultivos”, apunta la coordinadora. “Ahí no podemos estar 100 % seguros, hasta tanto pase cierto tiempo para poder determinarlo. Por ejemplo, sobre las alertas que estamos validando desde 2020, podemos tener mucha certeza de cuál fue el motor porque lo evidenciamos con el paso del tiempo”.

¿Qué es MapBiomas Alerta?

MapBiomas Alerta es una iniciativa de la red MapBiomas Colombia, cuya coordinación técnica y secretaría general está a cargo de la Fundación Gaia Amazonas. Además, la red está integrada por las universidades Nacional, Javeriana y Rosario, y la Alianza Biodiversity & CIAT. Colombia es el cuarto país, después de Brasil, Indonesia y Perú, al cual llega esta plataforma.

Pero, ¿cómo opera? Básicamente, semana a semana, un equipo técnico de 50 personas verifica y refina la información que proviene de alertas de varios sistemas de detección, como el del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Lo hacen a través de imágenes de alta resolución espacio temporal (de 3,7 metros) de la constelación de satélites PlanetScope. Hasta el momento, MapBiomas Alerta ha verificado 12.000 alertas de deforestación en Colombia.

En video: Aquí tiene una buena razón para volcarse a proteger la Amazonia colombiana

Las imágenes de alta resolución en las que se basa el equipo “se encuentran disponibles de manera diaria, es decir, el día de ayer ya lo podemos consultar”, cuenta a este diario Karen Huertas, líder técnica de MapBiomas Colombia. “Es información muy buena porque el problema con las imágenes gratuitas que todos conocemos es que tienen nubes, distorsiones atmosféricas, no podemos visibilizar muy bien desde el espacio lo que hay abajo. En cambio, con estas imágenes de alta resolución, tenemos mejor visibilidad sin interferencia, podemos ver claramente el bosque, masas extensas de vegetación, pero también vías y el uso que se les termina dando, a través de patrones geométricos”.

Por su parte, Rojas agrega que, tras esta validación, las áreas donde se presenta deforestación son delimitadas en polígonos muy detallados, lo cual permite el cruce con capas territoriales, como información catastral, áreas protegidas y territorios indígenas. Todos esos datos, finalmente, son consignados en un reporte individualizado por cada una de las alertas, ofreciendo un análisis contextualizado para, según MapBiomas, entender con mayor profundidad y precisión cómo se produce la deforestación en Colombia.

Para Rojas no es suficiente solo identificar que hubo deforestación. “Lo que hace la diferencia es poder ver exactamente dónde ocurrió, en qué magnitud, qué territorio se afectó, cuándo y en qué contexto. MapBiomas Alerta nos da ese salto: transforma una alerta en un reporte completo con imágenes satelitales del antes y el después, área exacta, fecha de ocurrencia y cruce con el territorio. Esa información detallada es lo que permite pasar de la observación a la acción, y lo que hace posible que cualquier persona pueda hacer veeduría real sobre lo que está ocurriendo en un lugar específico del país, sin necesidad de intermediaciones ni entrenamiento especializado”.

Durante el lanzamiento, el equipo de especialistas fue enfático sobre un punto: esta herramienta puede servir a las autoridades ambientales y organismos de control para que orienten decisiones institucionales de gestión territorial y seguimiento normativo. Pero no son los únicos actores a los que está dirigida la herramienta. La idea es que MapBiomas Alerta también sea utilizada por comunidades y organizaciones territoriales, para la investigación y la academia, por los medios de comunicación y, en general, por la sociedad civil. Así, busca contribuir a la democratización de la información.

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Otra de las apuestas es que el sector financiero y productivo use esta plataforma y la involucre en sus procesos de debida diligencia y gestión del riesgo. Les puede ser útil, además, para cumplir estándares de sostenibilidad en las cadenas de valor, en un contexto en que los mercados están exigiendo cada vez más requerimientos. Ejemplo de ello es el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exigirá este tipo de garantías.

Huertas resalta que la función de MapBiomas Alerta no es determinar la legalidad o responsabilidad de los eventos de pérdida de vegetación natural. Tampoco se trata de un nuevo sistema de detección de alertas ni busca reemplazar los existentes, sino que valida y refina los informes que ya están disponibles.

En otras palabras, la iniciativa no pretende sustituir los monitoreos que se desarrollan de manera nacional e internacional, “sino justamente busca resaltar esos esfuerzos que hace actualmente, por ejemplo, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, que genera datos muy importantes”, dice Huertas. “Sin embargo, nosotros aprovechamos todo ese set de información que tiene la institucionalidad, la traemos aquí y la complementamos, la reforzamos un poco para que sea más oportuna. Podemos ayudar a complementar estos sistemas”.

De hecho, la coordinadora aspira que, a futuro, estas entidades y fuentes oficiales se puedan integrar de algún modo a la red nacional de MapBiomas. Apunta que es un compromiso común monitorear la deforestación y que se pueden aunar esfuerzos para consolidar no solo cifras, sino reportes más detallados.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Asamblea de Guaviare dio a conocer esta semana que fue aprobada la adhesión del departamento a la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos, “con el objetivo de fortalecer la gestión de proyectos, el desarrollo económico y la competitividad regional”. Con esta decisión, Guaviare ahora hace parte de Los Llanos, pero también de la Amazonía, una decisión que ha causado rechazo en parte de la población departamental.

Sobre la decisión, que se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza No. 721 de 2026, el director del Departamento Administrativo de Planeación, Bryan Alexander Álvarez Pérez, dijo que la integración a los Llanos es una “oportunidad de cofinanciar proyectos de alto impacto que el departamento no podría asumir de manera individual”.

(Lea: Colombia ha gastado COP 80 billones subsidiando los combustibles fósiles desde 2020)

La administración departamental enfatizó que esta decisión no implica renunciar a la identidad amazónica, “sino ampliar las oportunidades de gestión con aliados estratégicos”. Pero diferentes habitantes no piensan de esta manera. En redes sociales han expresado su rechazo y califican la ordenanza como una “vulneración”, “una falta de respeto” y una “mala decisión”.

Los diputados aclaran que Guaviare continuará formando parte integral de la RAP Amazonía, y que “de esta manera, el departamento se posicionará como un eje conector estratégico, beneficiándose de las dinámicas económicas de los Llanos Orientales sin perder la protección y esencia de la región amazónica”, escribió la organización.

Durante la sesión de la Asamblea, la corporación le solicitó a la Gobernación suspender los giros a la RAP Amazonía. Esta medida se mantendrá hasta que dicha RAP les presente un informe de su gestión, avances y resultados del plan de acción.

Cabe resaltar que una RAP es una alianza entre varios departamentos para planificar y conseguir objetivos de desarrollo común como carreteras, que favorecen a todos los departamentos parte de la RAP. Otras alianzas que hay en el país son la de Eje Cafetero o la del Caribe, por mencionar un par de ejemplos.

De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos (FND), las alianzas de los departamentos a través de la RAP no implica que se unifiquen territorialmente en un solo ente, “pero cuando prosperen y maduren sí les permitirán a los gobernadores impulsar la creación de las RET (región entidad territorial), que sí implicarían cambios administrativos”.

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En los próximos días, delegaciones de decenas de gobiernos se reunirán en Colombia para la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles. Junto con las hojas de ruta publicadas en noviembre en la cumbre climática de la ONU en Brasil, que instan a los países a eliminar gradualmente los combustibles fósiles y detener la deforestación para 2030, se está generando voluntad política para salvar nuestros recursos naturales más importantes.

Ahora, necesitamos decisiones prácticas sobre dónde y cómo funcionará esto: lugares específicos donde se trace la línea contra la extracción de nuevos combustibles fósiles. Eso es lo que ofrecen las Zonas Libres de Combustibles Fósiles.

¿Qué es una Zona Libre de Combustibles Fósiles?

Una zona libre de combustibles fósiles es un área definida, delimitada por su importancia ecológica, de biodiversidad o cultural, donde la exploración, la extracción y el desarrollo de hidrocarburos están permanentemente prohibidos.

Pensemos en las selvas tropicales, las áreas clave para la biodiversidad, los territorios de los pueblos indígenas y los ecosistemas marinos críticos. Proteger estas zonas transforma el compromiso global abstracto de abandonar los combustibles fósiles en algo tangible: un mapa, una barrera, una garantía legal.

Lo que está en juego es enorme. Las investigaciones demuestran que bloques de petróleo y gas ya se superponen con aproximadamente 179 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos, lo que representa cerca del 21 % de la cubierta forestal del Amazonas, de la cuenca del Congo y del sudeste asiático. A nivel mundial, casi el 27 % de los recursos petroleros convencionales se encuentran bajo áreas socioambientales de máxima prioridad.

Solo en 2024, el 85 % de los nuevos descubrimientos de petróleo se realizaron en el mar, amenazando con frecuencia a importantes ecosistemas marinos.

Colombia: un modelo para el mundo

Ningún país ilustra mejor esta posibilidad que Colombia, país anfitrión de esta conferencia (junto con los Países Bajos). En septiembre pasado, Colombia anunció una prohibición histórica de la extracción de combustibles fósiles y minerales en toda su región amazónica: la primera Zona Libre de Fósiles de esta envergadura en el mundo.

(En contexto, puede leer: La ministra Irene Vélez dijo que Colombia declaró la Amazonia como reserva libre de petróleo, pero eso no ha sucedido)

La decisión de Colombia se produjo tras publicar nuestro informe que revelaba que el desarrollo de reservas no explotadas bajo la selva del país generaría miles de millones de dólares en activos varados, sin apenas contribuir a la seguridad energética nacional. Sin embargo, pondría en peligro el 20% de la selva amazónica intacta y los territorios de casi el 70% de las comunidades indígenas y locales cuyas tierras están superpuestas por concesiones de combustibles fósiles.

En la mayor parte de la Amazonía colombiana, el costo de la extracción supera al de la conservación. Otros países también están tomando medidas en esta dirección. México cuenta con 100 millones de hectáreas de Zonas de Salvaguarda similares; Guatemala puso fin a la extracción de petróleo en la Reserva de la Biosfera Maya, y parlamentarios de toda la cuenca amazónica han presentado legislación para extender la prohibición a toda la región.

El argumento económico para dejar los combustibles fósiles bajo tierra

El fin de la era fósil —un período de disminución de la demanda mundial a medida que se expanden las energías renovables— implica que las reservas no convencionales y fronterizas en bosques remotos son cada vez menos competitivas. Requieren una inversión pública masiva en infraestructura, incluyendo carreteras que, a su vez, se convierten en vías para la tala ilegal, la minería a pequeña escala y la invasión agrícola.

El riesgo de activos varados es real y creciente. En 2025, el despliegue de energía eólica y solar superó toda la nueva demanda de electricidad, y más de una cuarta parte de los vehículos vendidos fueron eléctricos.

Para los países con bosques también existe una justificación económica emergente para la protección: los bosques intactos generan empleos e ingresos provenientes de la gestión de áreas protegidas, de los servicios de las cuencas hidrográficas y del turismo sostenible, al tiempo que apoyan la agricultura familiar de la que depende la mayoría de las economías rurales.

Más de 33 millones de personas trabajan directamente en el sector forestal y existen más de 1.600 millones de pequeños productores agroforestales.

Zonas libres de combustibles fósiles en mercados energéticos volátiles

Los países en desarrollo con reservas de combustibles fósiles sufren grandes presiones para explotarlas: sus calificaciones crediticias, su estabilidad monetaria, sus servicios sociales y su seguridad energética están ligadas a una frontera fósil en constante expansión, especialmente dada la actual volatilidad de los mercados energéticos.

El conflicto en Irán ha intensificado esa volatilidad, disparando los precios del petróleo y ejerciendo una presión inmediata sobre los países productores de hidrocarburos para expandir su producción nacional. Esta presión hace más urgente aún la necesidad de instaurar zonas libres de combustibles fósiles con suficiente respaldo y apoyo financiero internacional.

Mecanismos financieros innovadores, como el Fondo para Bosques Tropicales para Siempre (Tropical Forests Forever Facility), un fondo presentado en la COP30 que proporcionará pagos a largo plazo a los países que protejan sus bosques tropicales, pueden modificar el cálculo económico lo suficiente como para que las zonas libres de combustibles fósiles en bosques de alta integridad sean políticamente viables.

Las industrias que lideran la transición energética, aquellas que desarrollan energías renovables e hidrógeno verde, instituciones financieras sostenibles y empresas tecnológicas con compromisos de cero emisiones netas en su cadena de suministros, también tienen un interés directo en ver realizadas zonas libres de combustibles fósiles.

Los bosques intactos son fundamentales para la seguridad hídrica de la agricultura y la generación de energía y actúan como sumideros de carbono. Además, los riesgos reputacionales y legales de las inversiones en zonas de combustibles fósiles están aumentando. Actualmente, 11 bancos han aplicado diversos niveles de restricciones financieras al sector del petróleo y el gas en la Amazonía.

Algunas de estas políticas son contundentes; otras se acercan al greenwashing, pero estos compromisos demuestran en general que los bancos reconocen los crecientes riesgos de financiar dichos proyectos.

¿Qué debería ocurrir? Nuestra esperanza para la conferencia en Colombia es que, como mínimo, las zonas libres de combustibles fósiles se consoliden como parte de una visión internacional compartida para la transición energética. En el mejor de los casos, una coalición de países se comprometería a incluir dichas zonas en sus planes nacionales de transición justa y adoptaría un marco común con principios para identificar nuevas zonas y directrices de implementación para otros países.

Declarar zonas libres de combustibles fósiles representa una vía de acceso práctica para aquellos países que desean avanzar en la transición energética y que necesitan un punto de partida concreto y geográficamente definido.

Además, representa una oportunidad también para avanzar la hoja de ruta contra la deforestación, traduciendo el compromiso global de detener la pérdida de bosques en acciones específicas que contrarrestan una causa importante de la deforestación. La cuestión ya no es si la extracción de combustibles fósiles cesará, sino si ese final será controlado o caótico, poniendo en peligro los ecosistemas más críticos del planeta.

Las zonas libres de combustibles fósiles ofrecen la esperanza de prevenir daños irreversibles a los bosques, los ecosistemas marinos y las comunidades indígenas que representan la mejor garantía que nos queda a la humanidad contra el colapso climático, un territorio tras otro.

*Senadora boliviana, Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

**Director de Vinculación y Políticas Públicas, Earth Insight

***Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Esta crónica nace del diálogo entre Patricia Suárez Torres y Luisa Fernanda Bacca. Aunque las líneas que la conforman surgieron de un espacio de conversación y escucha mutua —donde compartimos historias, visiones sobre la Amazonía y reflexiones frente a la crisis climática— este diálogo no comenzó allí. Se ha ido tejiendo a lo largo de los años, en encuentros interculturales, procesos comunitarios y organizativos y caminos compartidos en defensa de la autonomía indígena y de la visión plural que consagra la Constitución colombiana. Nuestras trayectorias —antes en Gaia Amazonas y hoy desde la OPIAC y el Instituto Panamazónico— han entrelazado búsquedas, preguntas y aprendizajes que encuentran en este texto una manera de hacerse palabra conjunta.

Patricia:

Crecí escuchando hablar de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En mi casa, mi hermano repetía que había que prepararse para cuando llegara ese tiempo de reconocimiento del gobierno propio. Yo no entendía del todo, pero sabía que se trataba de algo importante: defender la vida y nuestra existencia como pueblo Murui.

—Había que estar listas —es lo que siempre recuerdo y lo que me ha inspirado a formarme en el mundo urbano y rural..

Las ETI están reconocidas en la Constitución Política de Colombia desde 1991, como parte del ordenamiento político-administrativo del país, en el mismo nivel que los municipios y departamentos; y dotadas de autonomía política, fiscal y administrativa. Sin embargo, su implementación ha sido un camino largo — de más de treinta años— y se ha impulsado desde el territorio, desde nuestras autoridades y nuestros procesos de manejo y gestión propia. En la Amazonía, son una apuesta profunda: que la autonomía de los Pueblos Indígenas se ejerza plenamente como parte constitutiva del Estado.

Este proceso, reglamentado por los Decretos-Ley 632 de 2018 y 488 de 2025, plantea también un ejercicio de gobernanza climática basada en la gestión biocultural. Las ETI abarcan aproximadamente el 36% de la Amazonía colombiana y mantienen en pie la mayor parte de sus selvas, siendo esenciales para frenar la deforestación y proteger los principales sumideros de carbono del país.

Ese horizonte marcó mi vida. A los doce años salí de la comunidad de San Rafael, en el río Cara-Paraná, para estudiar en Leticia. Luego llegué a Bogotá. Uno se va para aprender —lo he dicho muchas veces—, pero también se da cuenta de todo lo que deja atrás. Irse afuera implica desaprender, para luego volver al territorio y reaprender desde lo propio. Salir del territorio siendo mujer e indígena es una cosa muy dura, lo que se vive no siempre se tiene la fuerza para contarlo.

Luisa:

Yo escucho esta historia con familiaridad.

Mi trabajo en la Amazonía comenzó hace casi dos décadas, acompañando a los Pueblos Indígenas del Putumayo en el reconocimiento de sus gobiernos propios, la defensa jurídica de sus territorios y el diálogo político con el Estado. Más adelante, contribuí al proceso de los pueblos de la Amazonía oriental —en Vaupés, Amazonas y Guainía— para avanzar en la formalización de las ETI, con la convicción de que un país que reconoce la diversidad étnica y cultural debe tomarse en serio los sistemas de gobierno, regulación y manejo territorial que, desde sus propios conocimientos, los pueblos han construido y sostenido durante siglos.

Ambas —Patricia y yo— sabemos que la autonomía no es teoría: es la facultad de los pueblos para decidir libremente sobre su gobierno, sus instituciones, su participación en la vida del Estado y su propio modelo de desarrollo. Es una autonomía que exige ser garantizada en la práctica, porque en la Amazonía se traduce en la salvaguarda de los sistemas de conocimiento y de gobernanza que contribuyen a sostener la selva y los ecosistemas de los que depende la estabilidad climática del planeta.

Y ese bienestar —o buen vivir como es conocido por los Pueblos Indígenas amazónicos— está hoy amenazado. La Amazonía enfrenta transformaciones que se sienten en el cuerpo: el calor que ya no cede, los ríos que ya no traen la abundancia de antes, los cultivos que se pierden y la vida que se apaga en silencio.

En nuestra conversación, Patricia lo resume con claridad: “El calor fuerte limita las siembras, los ríos se secan, el invierno llega con fuerza. Pero seguimos cultivando porque la chagra enseña cómo sostener el territorio y cómo sostenernos entre todos.”

Este conocimiento, construido desde la experiencia cotidiana, la relación con el territorio, y a través de nuestra propia piel, hoy también es advertido por la ciencia. El Panel Científico para la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés) advierte que un 34% del bioma se encuentra deforestado o degradado, debilitando su función como regulador climático global. Hoy vivimos sequías extremas cuatro veces más frecuentes que hace un siglo, mientras la temperatura global se acerca a límites irreversibles.

Para nosotras, esas no son cifras: es el riesgo de que la selva pierda su fuerza vital.

Patricia:

En mi lengua bue nos llaman irai naño: las dueñas de la candela.

El fuego no es solo hogar: es pensamiento, alimento, comunidad. Si el fuego se apaga, se apaga la vida.

También somos guardianas de la chagra, una práctica de manejo territorial basada en nuestro conocimiento propio, esencial para la soberanía alimentaria y la regeneración del bosque, que preserva la diversidad biológica y cultural al integrar saberes sobre suelos, semillas y manejo natural de plagas. Allí no solo se siembra alimento, sino también equilibrio: la chagra es un sistema de gobierno ecológico, donde se organiza el tiempo, se eligen los suelos y las semillas, y se conversa con la selva.

Cuando llegué al Externado a estudiar Trabajo Social encontré que la investigación y la escritura también podían ser una chagra: investigar es sembrar palabra. Me enseñaron –y confirmé en el territorio– que la palabra tiene su propio ritmo. No se fuerza: amanece cuando está lista. La palabra que desde entonces amanece es una que tiende puentes entre dos mundos: el del sistema de conocimiento indígena y el del conocimiento académico u occidental.

Mi tesis —Las dueñas de la candela— fue un tejido entre el conocimiento académico y el conocimiento de nuestras abuelas. La escribimos a tres voces, en un ejercicio intercultural, para que lo que las mujeres hacen cada día: sostener la vida, no vuelva a quedar invisible.

Ese proceso de escribir desde y con las abuelas no fue solo un ejercicio académico: marcó mi camino. Desde entonces, mi trabajo organizativo se ha guiado por una convicción profunda —que los desafíos que enfrentamos y los aportes que hacemos como Pueblos Indígenas deben ser contados desde nuestra propia voz y pensamiento—.

Hoy, el clima cambia más rápido de lo que pueden adaptarse nuestros calendarios. Y mientras avanzan intereses extractivos, los Pueblos Indígenas seguimos sosteniendo la selva que sostiene al mundo, aún cuando nuestras fuerzas empiezan a transformarse por los impactos y efectos de la crisis climática.

Los Territorios Indígenas mantienen viva la conectividad ecológica en la PanAmazonia, permitiendo que la selva siga regulando las lluvias y almacenando carbono. Allí donde se avanza en la implementación de las ETI, la deforestación se mantiene en niveles mínimos —no por quietud, sino por un gobierno vivo que articula chagra, espiritualidad y autoridad propia.

Nosotras no hablamos de “sostenibilidad”, hablamos de cuidar la semilla, la casa y el lugar donde está sembrado nuestro ombligo..

La semilla tiene espíritu y memoria. Es territorio, es historia y es futuro.

Ese tejido —de mujeres y selva, de cuidado y política— es el que hoy sostiene al planeta.

Luisa:

En esta conversación, vuelvo a lo esencial: gobernar es un acto de cuidado. La acción climática no se decreta: se cultiva, enseña y practica todos los días.

Patricia lo evoca en nuestro diálogo con una fuerza latente que une la memoria de su pueblo con el presente de la Amazonía: “El fuego del hogar es el mismo fuego del territorio.”

Ese fuego —que es pensamiento, relación y gobierno— sostiene una visión del mundo donde el conocimiento no está separado de la naturaleza ni de la política. Saber, habitar y decidir sobre el territorio son dimensiones inseparables de una misma trama de vida. Allí donde la modernidad separa naturaleza y cultura, las cosmologías amazónicas las mantienen unidas como un solo cuerpo vivo, con agencia propia, memoria y una profunda comprensión de la forma relacional e interdependiente que, siempre, sostiene la vida.

Esta forma de pensamiento —como plantea Marisol de la Cadena— es cosmopolítica: reconoce la coexistencia de múltiples mundos y ontologías, donde montañas, ríos y bosques no son objetos, sino seres con agencia que participan en las formas de decisión y cuidado del territorio. Sin embargo, el diálogo con otras matrices de conocimiento ha sido históricamente asimétrico. La colonialidad del saber redujo estos sistemas a “folclore” o “tradición”, negando su carácter de pensamiento político, filosófico y territorial sobre el mundo.

Cuando miro a Patricia veo a una mujer que camina con ese fuego antiguo: el que heredó de su abuela y que hoy impulsa la construcción de las ETI en Colombia y su defensa en la Amazonía. Su liderazgo se hizo visible también en la COP30, en Belém do Pará, donde contribuyó a fortalecer la voz y la visibilidad de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, exigiendo que la autonomía y los derechos territoriales sean reconocidos como condición para cualquier acción climática en la región.

Ella lo llama su misión: “Soy puente entre el conocimiento propio y el no indígena.”

Patricia:

Escucho esas palabras y me reconozco también en el caminar de Luisa. En estos años de encuentros y caminos compartidos, he visto cómo ella tiende puentes desde otro lugar: el de quienes acompañan, cuestionan y promueven visiones que superen el legado colonial; el de quienes dialogan con el Estado para que la diversidad cultural no sea adorno, sino fundamento. Su labor, como la mía, se mueve entre mundos distintos pero hacia un propósito común: que nuestras formas de gobierno, de pensamiento y de relación con la selva sean reconocidas con la dignidad y la fuerza que tienen. Ser puente —para ambas— no es una metáfora: es una tarea política y espiritual que exige claridad, escucha y reciprocidad; es sostener la palabra donde otros levantan muros, y mantener abierto el camino para que los mundos puedan encontrarse sin aniquilarse.

Al principio recordaba que había que estar listas. Hoy sabemos que ese tiempo ya llegó.

Los Pueblos Indígenas, las organizaciones de base, la sociedad civil y quienes caminamos junto a ellas no estamos preparándonos: estamos actuando, cada cual desde su lugar en este entramado vivo que sostiene la conectividad amazónica. La fuerza del territorio ya está en movimiento, y las alianzas también: mujeres, comunidades, procesos organizativos y quienes elegimos tender puentes estamos sosteniendo —desde distintos mundos— una misma defensa de la vida.

Mientras la candela permanezca encendida, el territorio seguirá vivo.

La pregunta ahora —para todas y todos— es otra, y es urgente: ¿qué puentes estamos dispuestas y dispuestos a sostener en este tiempo que ya nos convoca?

Después de la COP30, se hizo evidente que la acción climática global no puede seguir ignorando la autonomía indígena. Reconocer a los Pueblos Indígenas como autoridades y gobiernos territoriales implica un cambio de paradigma: pasar del discurso a la implementación y a la coordinación efectiva, donde sus normas y sistemas de manejo ambiental sean pilares —y no anexos— de la gobernanza del clima. En esa transformación ética que el presente exige, el mundo tiene mucho que escuchar y aprender de quienes sostienen el fuego y el territorio desde hace miles de años.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Este martes 21 de abril inicia la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la cual se estima que recibirá más de 600.000 personas. En esta ocasión, la FILBo contará con la franja Escucha la Amazonía, una programación especial de eventos enfocados en este bioma. A través de la literatura, la ciencia y el arte, la agenda buscará acercar al público a las diferentes realidades de esta región, que para Colombia representa más del 40 % de su territorio continental.

“La Amazonía merece ser escuchada y entendida desde los sistemas de conocimiento que la habitan y la cuidan”, dice Juana Hofman, directora de Asuntos Estratégicos de Amazon Conservation Team (ACT). “Merece ser entendida también desde el silencio de los pueblos que han elegido vivir alejados del mundo que los ha amenazado, y que, con su sola presencia, invisible y persistente, nos recuerdan que hay formas de habitar la tierra que la humanidad aún no comprende del todo”.

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El panorama es inquietante. De acuerdo con cifras de MapBiomas Colombia, entre 1985 y 2024 se perdieron 2,5 millones de hectáreas de la Amazonía, lo que equivale al 6,4 % de su cobertura boscosa. Además, las áreas destinadas a ganadería y agricultura pasaron de 1,8 millones a 4,6 millones de hectáreas, mientras que el suelo afectado por la minería creció en 771,2 hectáreas.

A partir de esos datos, que revelan cambios estructurales en el uso del territorio, uno de los espacios clave durante la FILBo será la presentación del cuaderno “Coordenadas para evitar el punto de no retorno en la Amazonía colombiana”. Se trata de un documento que establece siete principios orientadores para formular políticas públicas en la región: la institucionalidad diferenciada y representativa, el relacionamiento simétrico, la planeación a largo plazo, el pluralismo jurídico, el desarrollo propio, el acceso y transparencia en la información y la justicia ambiental y transición justa.

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Este cuaderno “es una brújula construida desde la sociedad civil para orientar la acción pública. La Amazonía necesita políticas de largo plazo con la participación de los pueblos que la han protegido durante generaciones”, según Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia.

Puntualmente, lo que se plantea es una agenda que articula distintos niveles de intervención, como redirigir los incentivos públicos que pueden fomentar la deforestación hacia esquemas de conservación o implementar sistemas comunitarios de monitoreo territorial para fortalecer el control local. Otra de las propuestas es diseñar una política de financiamiento climático, así como garantizar una coordinación efectiva con las ocho Entidades Territoriales Indígenas recién formalizadas y fortalecer la cooperación regional a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

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En cuánto a lo económico, el cuaderno insta a consolidar la bioeconomía como un motor de desarrollo con incentivos reales para la conservación, además de fortalecer instrumentos como los pagos por servicios ambientales y los mercados de carbono.

Cabe apuntar que este documento fue elaborado por la Alianza Escucha la Amazonía, que está conformada por TNC Colombia, la Fundación Etnollano, IRI-Colombia, la FCDS, la Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, ACT, la Fundación Gaia Amazonas y WWF Colombia. La estrategia de acciones está dirigida tanto a tomadores de decisión, como a la sociedad civil y a actores territoriales para el período 2026 - 2030.

La Amazonía en la FILBo

Para Luz Ángela Flórez, coordinadora para la región amazónica de WWF Colombia, “que la Amazonía tenga voz en la Feria Internacional del Libro de Bogotá no es solo un gesto cultural: es un acto necesario. Los espacios de reflexión que tendremos allí, como organizaciones de la sociedad civil y comunidades amazónicas, son una oportunidad para que el país entienda que proteger el bosque es también proteger el futuro de todos”.

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Estos son los detalles de la agenda, para que se programe:

Miércoles 22 de abril

Conversatorio “Amazonía, una selva que habla: ¿Qué necesitamos hacer hoy para garantizar su futuro?”. Los directores de organizaciones ambientales presentarán el Cuaderno de coordenadas y rutas de acción urgente para garantizar la protección y conservación de la Amazonía. Tendrá lugar en el Gran Salón B de Corferias, de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes 24 de abril

- Exposición “Voces de la Amazonía”. Una exhibición fotográfica de autores indígenas y locales que retrata la selva desde quienes la habitan. Lugar: Sala de Música, Biblioteca Pública Virgilio Barco desde las 3:00 p.m. Entrada Libre.

- Documental y taller “Sabores de la Amazonía: un primer bocado del Atlas del Alimento Amazónico”. Proyección de microdocumentales y construcción colectiva de un recetario para reflexionar sobre memoria y soberanía alimentaria. Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar: Sala Talleres 3 de Corferias.

- Taller “La naturaleza nos restaura: de la selva a la ciudad, memorias que sanan”. Se presentará el Botiquín Verde Urbano y el herbolario amazónico, con conversación y práctica de huertas urbanas. De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Sala Talleres 3 de Corferias.

Sábado 25 de abril

- Conversatorio “¿Cómo mostrar las crisis silenciosas de la Amazonía en imágenes?”, en el que cuatro fotógrafos compartirán su experiencia retratando las principales amenazas de la selva. Se realizará en la Sala Talleres 2 de Corferias de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

- Conversatorio “Ciencia indígena: el conocimiento que no está en libros”, donde líderes y lideresas indígenas hablarán sobre cómo el conocimiento ancestral guía su relación con la naturaleza. Lugar: Sala Talleres 3 de Corferias. Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

Domingo 26 de abril

Taller “Descubriendo los peces olvidados de la Amazonía”. Un espacio de ilustración y observación natural para aprender sobre especies poco visibles. Se llevará a cabo en la Sala FILBo LIJ de Corferias de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Miércoles 29 de abril

Conversatorio “Lo que nos cantan los árboles”. Una charla sobre literatura y naturaleza en la Sala María Mercedes Carranza de Corferias, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Jueves 30 de abril

- Conversatorio y presentación cultural “La palabra que cuida: mujeres, territorio y silencio en la Amazonía”. En la Sala María Mercedes Carranza de Corferias se dará una conversación sobre el rol de las mujeres en el cuidado del bosque, acompañada de un performance, de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

- Lanzamiento del libro “Mirar y nombrar: poesía, ciencia e ilustración en la Amazonía”. Un diálogo sobre libros ilustrados que cruzan ciencia y arte en Sala FILBo LIJ de Corferias, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado 2 de mayo

- Conversatorio y presentación del libro “El sol bajo la tierra: historias de un territorio en disputa”. Un diálogo sobre minería y territorio indígena a partir del libro Historia doble del oro. Hora: 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar: Sala Talleres 2 de Corferias.

- Panel y presentación del informe “Peces amazónicos: una biodiversidad olvidada”. Será el prelanzamiento, en la Sala Talleres 2 de Corferias de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., de la publicación ‘Peces olvidados del Amazonas’, que resalta su papel en la biodiversidad.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La ONG Amazon Watch, junto con otras organizaciones, presentó este lunes un informe en el que se analiza cómo las economías ilícitas —minería ilegal, narcotráfico y tala ilegal—, así como ciertas respuestas de los Estados, están amenazando los derechos y los territorios de los pueblos indígenas en el continente.

El reporte analizó la situación de territorios indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y cómo las formas de gobernanza criminal sustituyen o debilitan tanto las estructuras estatales como las locales, al imponer, por ejemplo, mecanismos de control social y económico sobre las poblaciones locales. Vale señalar que la cuenca amazónica abarca aproximadamente 7,8 millones de kilómetros cuadrados, y es habitada por más de 2,2 millones de personas indígenas pertenecientes a 511 pueblos.

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En los países mencionados, por su parte, según cifras compartidas por la ONG, al menos el 67 % de los 987 municipios registra presencia de redes criminales o grupos armados, y un 32 % de estos territorios se encuentra disputado por más de una organización criminal.

“La expansión de economías ilícitas en la Amazonía no puede entenderse únicamente como un problema de criminalidad o seguridad pública, sino como una amenaza existencial a los pueblos indígenas”, sostuvo en un comunicado Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch.

Entre los casos destacados por el informe se encuentran los casos de los pueblos Munduruku (Brasil); Siona, Kichwa, Inga, Murui y Cofán (Colombia); Kichwa del Napo (Ecuador); y Kakataibo y Wampis (Perú), en lo que se denuncia un patrón sistemático de despojo territorial.

“Las redes criminales restringen el acceso a recursos naturales, presionan o cooptan liderazgos, sabotean procesos de titulación y obligan a las comunidades a reorganizar su vida cotidiana bajo regímenes de miedo, vigilancia y dependencia”, advierte la investigación.

Por su parte, el informe también alerta sobre casos de reclutamiento forzoso que se están registrando en Putumayo (Colombia), así como reportes de violencia sexual contra mujeres en Venezuela y Perú.

Por su parte, “todos los casos analizados en este reporte denuncian daños a la salud. La contaminación por mercurio reporta niveles por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectando cuerpos de agua, peces y cuerpos indígenas. Las consecuencias incluyen: daños neurológicos y reproductivos”, alertan, a través de un comunicado, los investigadores de Amazon Watch.

En ese sentido, entre los principales impactos ambientales se encuentra la deforestación, con más de 88 millones de hectáreas de bosque amazónico que se han perdido entre 1985–2023, incluyendo más de 2 millones vinculadas a minería ilegal.

Una de las principales fuentes del informe fueron una serie de testimonios expresados durante el Encuentro Internacional de Defensores, realizado en Pucallpa (Perú) a inicios de 2026. En este espacio, más de 60 lideresas y líderes indígenas de la Amazonía occidental denunciaron cómo las economías ilícitas y el crimen organizado vulneran sus derechos a un ambiente sano, a la salud, la libre determinación, la autonomía y el ejercicio pleno del autogobierno.

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En línea con esto último, el reporte alerta que, aunque las intervenciones estatales son necesarias, estas continúan privilegiando estrategias reactivas centradas en la militarización y securitización de los territorios, lo que puede agravar los riesgos ya existentes.

“Es urgente incorporar enfoques interculturales en las políticas de seguridad y avanzar en el control de las cadenas de suministro que conectan estas economías ilícitas con mercados globales. Sin el reconocimiento, el financiamiento y el fortalecimiento de las autoridades indígenas, cualquier estrategia estará destinada a fracasar”, concluye Raphael Hoetmer, director de programas de la Amazonía occidental en Amazon Watch.

Acá puede leer el informe completo:

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Cuando guía uno de los sobrevuelos que suele hacer por las áreas protegidas de la Amazonia, Rodrigo Botero tiene una particular manera de presentar al Parque Nacional Natural Tinigua:

—Bienvenidos al “hato ganadero” Tinigua —dice, medio en broma, medio en serio.

Volamos a 2.500 pies, algo así como la altura que sumarían cuatro torres Colpatria. Es suficiente para ver los techos de las casas, el ganado disperso y las vías que avanzan por el parque.

—Ahí pueden ver los siete ejes viales que atraviesan Tinigua de Occidente a Oriente— añade Botero, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS), en el micrófono de la avioneta, en la que escuchamos siete pasajeros. El piloto y el copiloto, mientras tanto, van tarareando los accidentes geográficos en el recorrido que saben de memoria—. No me digan que esto no es un desarrollo planificado. ¡Planificación total para conectar con la Sierra de La Macarena y acabar con esta vaina!

Como es la temporada seca (entre diciembre y marzo), desde arriba se ven muy claros los fragmentos que quedan de las selvas húmedas tropicales del parque. A lo lejos, alguna otra quema, usual en estos meses, pues hay que ganarle tiempo a las lluvias que se pueden alargar por el resto del año.

Pero la parte sur del Parque Nacional Natural Tinigua no parece un hato ganadero. Son muchos hatos ganaderos con jagüeyes, casas, corrales y vías.

Seamos precisos: según el Censo Bovino del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, en 2024 había 56.338 cabezas de ganado. Después de la Sierra de La Macarena, es el área protegida de la Amazonia con más vacas. Las estimaciones de la FCDS indican que de esa cantidad se producen, fácilmente, más de 63.000 litros de leche diaria.

—Es que, ¿por qué no hablamos más de Tinigua? —se pregunta la exviceministra de Ambiente, Sandra Vilardy, hoy profesora de la Universidad de los Andes—. Está bien que miremos al Chiribiquete, pero lo que está pasando aquí, en Tinigua, es tremendo. Me atrevería a decir que es uno de los procesos más dramáticos de pérdida ambiental en toda nuestra historia.

Esperanza Leal, directora de la Sociedad Zoológica de Frankfurt - Colombia, una ONG que trabaja por la conservación de la Amazonia; Ómar Franco, exdirector del Ideam y exdirector de la organización Parques Cómo Vamos, y Adriana Rojas, coordinadora de sistemas de información en la Fundación Gaia Amazonas; concuerdan con Vilardy: es uno de los casos más dramáticos de un parque nacional y, posiblemente, dicen, no tenga vuelta de hoja.

—Yo creo que, tal vez, perdimos Tinigua. Esa conectividad andino-amazónica, que es tan importante, es muy frágil. Si viéramos un mapa de 2015, la podíamos notar entre los parques Nukak, Chiribiquete, La Macarena, Tinigua y Picachos, pero perder ese bosque es interrumpir la conectividad de muchas especies —añade Leal, en una llamada.

—Para mí Tinigua es uno de los corredores ecológicos más importantes y estratégicos del país, pero hoy es uno de los parques nacionales con mayor deforestación acumulada. Esta situación traerá, de manera inevitable, consecuencias como la reducción de la conectividad ecológica y la creciente inestabilidad en la regulación hídrica de la región—complementa Franco en un mensaje de WhatsApp.

Volvamos a las cifras: de acuerdo con los datos recopilados por MapBiomas Colombia, de las poco más de 210.000 hectáreas de bosque que tenía Tinigua, en 2024 le quedaban 134.901 hectáreas. La gran mayoría (unas 72.000 ha) de todo lo que perdió (76.000 ha) fue talado en el sector sur del río Guayabero, que divide al parque en dos.

La mejor manera de dimensionar lo que ha ocurrido es detenerse un par de minutos en los siguientes mapas. Muestran una breve línea del tiempo de lo que ha ocurrido en el PNN más deforestado del país.

Como explica Adriana Rojas, lo que se ve en esas imágenes es que, mientras hace cuatro décadas era muy claro que todo ese territorio de la Amazonia estaba conectado, se empezó a fragmentar poco a poco, hasta que quedaron parches. Para ella, la funcionalidad de la parte sur ya es muy vulnerable, si no es que ya se ha perdido.

Otro de los mapas que han construido en MapBiomas Colombia ayuda a comprender mejor a qué se refiere. En él se muestra la “pérdida de conectividad ecológica”.

Fíjense en la parte oscura, que indica lo que se ha perdido entre 1985 y 2022. La más clara, es el reflejo de lo que se ha degradado. Tinigua no se escapa de ninguna de las dos categorías y apenas unos puntos aparecen en “buen estado”.

“Los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados”, es como lo resume un informe de la FCDS, que detalla las dinámicas de la deforestación en la Amazonia.

La frágil conectividad

El ecólogo Camilo Correa-Ayram, PhD en Geografía e investigador de la Universidad Javeriana, ha tratado de entender con más certeza qué es lo que ha estado sucediendo en esa parte de la Amazonia colombiana, en términos de conectividad. Para explicar lo que se pierde, pide retroceder un poco en el tiempo: unos 23 millones de años, cuando se empezó a gestar ese corredor por el que ha transitado la biodiversidad.

—Esa región andino-amazónica, de la cual hace parte el PNN Tinigua, es importantísima en términos evolutivos. Es un área que abarca desde el páramo, en la cordillera oriental, hasta los bosques de tierras bajas de la Amazonia. Es muy importante en términos de diversificación genética —argumenta.

Para explicar un poco mejor por qué desconectar esa autopista es “romper” procesos evolutivos de especies que han “subido” de la Amazonia a los Andes y viceversa durante millones de años, menciona el caso de una especie de mariposa de alas transparentes que estaba en las partes altas y se diversificó en dos géneros hace 7 millones de años. También recuerda el caso de roedores andinos o de una especie de colibrí que “colonizó” de abajo hacia arriba hace 22,4 millones de años.

En 2022, junto con sus colegas Paulo J. Murillo-Sandoval y Nicola Clerici, publicaron un artículo en la revista Global Ecology and Conservation en el que calcularon la “pérdida de hábitat conectado” entre el 2000 y el 2020 en la región adino-amazónica. Con base en un índice que les permitió calcular la conectividad espacial y funcional de las porciones de bosque, concluyeron que había sido del 18 %, mientras que la pérdida de hábitat había sido menor (del 13 %).

Para volver al presente, Correa-Ayram pide pensar en que hay especies que suelen aprovechar esa conectividad, como las dantas, los monos churucos, los jaguares o los tigrillos.

Como lo señalaba en aquel trabajo, para nadie es un secreto que la deforestación en la Amazonia creció a un ritmo frenético después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

El PNN Tinigua tampoco se salvó de pagar ese precio. Luego de 2016, la tala ilegal aumentó: mientras en 2016 Tinigua tenía poco más de 172.000 hectáreas de bosque, pasó a tener 160.000 en 2018 y 134.000 en 2022.

El último informe de Parques Cómo Vamos (2024) lo dice claro: entre 2018 y 2023 Tinigua fue el Parque Nacional Natural donde se registró mayor pérdida de bosque: 33.575 hectáreas, es decir, un área similar a casi toda la ciudad de Medellín.

Quienes le han tenido que poner el pecho a esa situación han sido, precisamente, los guardaparques que, con pocos recursos, han tratado de sortear un escenario en el que ha aumentado la población al interior del parque, el ganado, las vías y, en algunos puntos, los cultivos ilícitos. Querubín Rodríguez Pinilla, que estuvo como jefe designado en 2017, lo resume con una frase: “La gobernabilidad es berraquísima”.

Hoy quien está al frente del parque es Edgar Lozano, quien hace una detallada introducción de los antecedentes del conflicto armado y de las viejas bonanzas (pieles, coca y ahora ganado) de las que vivieron los colonos que llegaron a Tinigua en la década de 1980 y de 1990. ¿Cuál es la salida para proteger un Parque Nacional Natural que puede tener ya, a su ojo de buen cubero —aunque aclara que no es oficial—, unas 3.000 o 3.200 familias?

La respuesta (que también es sobre un viejo debate sobre tener o no personas dentro de los PNN) ameritaría otro artículo, pero Lozano cree que un paso vital es construir confianza con quienes están dentro de Tinigua. Menciona varios acuerdos que han logrado hacer para que haya una economía mínima (abejas mieleras, cacao, turismo) que permita proteger el bosque y mantener la conectividad de lo que queda. Lo otro que cree vital es fortalecer la educación para que “haya apropiación de los procesos de conservación” (algo en lo que ahondaremos esta semana, en una segunda entrega).

En sus palabras, cada acuerdo ha costado mucho trabajo después de la Operación Artemisa, que lanzó el gobierno de Iván Duque en 2019 para combatir la deforestación, pero que recibió muchas críticas. Lo otro que le parece que no debió suceder en ese entonces fue el “ingreso de unas 1.500 familias de manera organizada entre 2018 y 2019”.

“Eso que pasó en ese gobierno fue catastrófico. Fue el período en el que más sufrió la naturaleza. ¿Por qué sucedió? Porque no implementaron el Acuerdo de Paz”, argumenta Luisz Olmedo, el director de Parques Nacionales Naturales.

A diferencia de lo que sucedió en ese entonces, reitera Olmedo, en estos últimos años han tratado de restablecer la confianza. Según él, han firmado más 70 acuerdos con las familias que están al interior del PNN Tinigua para frenar la tala y poner en marcha proyectos que ayuden a conservar la selva.

Pero, a la par que eso sucede, la deforestación no cesa. En el último año, indica la FCDS, se abrieron 58,9 kilómetros de vías (van 617,5 desde el 2018). Es un fenómeno que se mueve al vaivén de un actor que es la autoridad en la zona: las disidencias de las FARC.

“En el PNN Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población”, señala la FCDS en su informe sobre las tendencias de deforestación en la Amazonia.

Son las disidencias las que le marcan el paso a la tala ilegal. En 2023, por ejemplo, la pérdida de bosque en el PNN Tinigua se redujo notablemente: pasó de 4.832 hectáreas en 2022 a 650. Pero, luego de la “reapertura de permisos para deforestar” que dio el EMC, se lee en ese documento, la deforestación se activó frenéticamente: 3.304 ha se perdieron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Eso es, más o menos, 29 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar en Bogotá.

—La figura de PNN debería ser sagrada, pero creo que algunos funcionarios del Gobierno se olvidaron de eso en las mesas de negociación con las disidencias —reclama un conocido actor del sector ambiental, que prefiere no ser citado.

—Sabemos que los acuerdos no son puros y son diversos —responde Olmedo, director de PNN—. Y también sabemos que en parques como Tinigua, Picachos y Macarena hay disputas de poder, como ha sucedido históricamente. Pero nuestro rol ha sido estar ahí, aportar información, representar a la naturaleza y mantener la esperanza. Si no hay diálogo, hay guerra, y ese diálogo ya nos ha permitido acceder a zonas a las que no llegábamos hace mucho tiempo.

Aunque el paisaje que se ve desde el aire no es nada alentador, Botero también cree que aún hay tiempo para salvar esa área ubicada en el departamento del Meta y que se enfrenta a lo que él llama un “triple fenómeno: ganadería, deforestación y expansión vial”. Dice que, pese a su degradación, confía en que podría ser un “área de restauración de mediano y largo plazo”. Algo imposible, añade, si el Estado no se toma en serio la idea de estructurar una política pública de uso y ocupación de los PNN.

Por lo pronto, en Tinigua se siguen tumbando árboles: el año pasado, según las cifras de Mapbiomas Colombia, hubo 301 eventos de deforestación, que corresponden a 2.803,46 hectáreas.

Eso equivale a un área tan grande como cuatro veces el tamaño del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Un grupo internacional de investigadores confirmó el descubrimiento de una red de caminos antiguos de más de 350 kilómetros en el suroeste de la Amazonia.

Para llegar a estos resultados, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de un área de más de 134,400 kilómetros cuadrados, lo que permitió detectar 955 caminos, la mayoría de ellos construidos en líneas rectas y de menos de 500 metros.

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“A pesar de que, por lo general, cada tramo es corto, la longitud total de 350 kilómetros, junto con la presencia de perfiles tallados y bordes elevados, dan fe de una obra de gran envergadura. Estas características atestiguan un diseño deliberado y una ingeniería experta. Sin embargo, no todas las carreteras son de la misma época, ya que se construyeron y funcionaron en contextos temporales y culturales diferentes”, se lee en el estudio, publicado en la revista Latin American Antiquity.

Según la datación por radiocarbono, que consiste en datar objetos de acuerdo con la decadencia del carbono para determinar la antigüedad de un objeto, los científicos sugirieron que la construcción de caminos comenzó en el estado brasileño de Acre entre los años 763 y 399 a. C. Estos se extendieron a los estados brasileños de Amazonas y Rondônia, así como a Pando y Beni, en el norte de Bolivia.

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El hallazgo da nuevas pistas sobre el conocimiento acerca de los sistemas de caminos de hace cientos de años en el continente. Por ejemplo, se sabe que el Imperio Inca desarrolló un sistema de carreteras que permitía el movimiento de ejércitos, mercancías y mensajes en las montañas de los Andes. En particular, en el caso de la región amazónica, se tienen recuentos historiográficos que apuntaban a la existencia de caminos antiguos.

En ese sentido, una de las conclusiones de los autores es la relación que estos caminos tendrían con sitios ceremoniales. “Dado que muchas carreteras seguían los puntos cardinales, es posible que las observaciones de los fenómenos celestes influyeran en su diseño. Las carreteras estrechas que cubren mayores distancias entre distintos lugares indican un mayor grado de interacción en toda la región”, indicaron en el artículo.

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Por su parte, estos caminos también tendrían usos más cotidianos, pues también conducen a ríos y tierras circundantes.

Los autores advirtieron que existen las autopistas, las pistas de conducción fuera de carretera y los caminos ganaderos que se entrecruzan con vías milenarias y, entre otras, se labran grandes extensiones de terreno para el cultivo de productos comerciales. “El riesgo de que desaparezca un patrimonio arqueológico único es inminente, a menos que se adopten medidas de protección rápidas y definitivas”, concluyeron los científicos.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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El Gobierno dio un nuevo paso en su objetivo de llevar internet a zonas dispersas de la Amazonia a través de grandes cables de fibra óptica en el fondo de los ríos. Hasta hace unos días estuvieron abiertos a comentarios los prepliegos de la licitación pública para este proyecto, el cual contará con una inversión de, aproximadamente, COP 970.000 millones.

“Serán 1.600 kilómetros por el río Putumayo y 70 kilómetros por el río Amazonas (el más caudaloso del mundo), que junto con cerca de 210 kilómetros terrestres nos permitirán conectar alrededor de 100.000 hogares”, afirmó la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia.

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De ese modo, la idea es enlazar varios municipios de la región: a Leticia, Tarapacá, Puerto Nariño, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica en el departamento de Amazonas, y a Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel en Putumayo. Tras recibir observaciones, el Mintic presentaría a finales de este mes el pliego definitivo con los lineamientos para la contratación. La adjudicación, agregó, se daría en junio y la ejecución iniciaría en julio.

Por el momento, hay 46 proveedores, tanto nacionales como internacionales, interesados en la licitación. A través de la plataforma SECOP II, algunas de las empresas más grandes que han manifestado su interés son Claro Colombia (Comcel S.A.) y ETB. En la lista también se encuentran InterNexa, Inred, Infotic, Teleaccess, Bex Technology, Liberty Networks, entre otras.

Sin embargo, la cartera aclaró que esto corresponde a una fase preliminar, es decir, que todavía no implica la presentación de ofertas por parte de los proveedores, ni les genera derechos u obligaciones contractuales. Su participación se definirá tras un proceso de selección, y el trazado final del proyecto, así como la cartografía detallada, lo especificará el contratista que quede asignado.

Lo que sí se sabe es que la red de fibra óptica se enlazará con el programa Norte Conectado, del Gobierno de Brasil. Como hemos contado en estas páginas, Colombia firmó en abril de 2024 una alianza con el país vecino, de una vigencia inicial de cinco años, para mejorar la conectividad en la Amazonia colombiana. Así, Leticia se conectaría con el cable subfluvial que ya llegó a la ciudad fronteriza de Tabatinga.

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Aunque la publicación de los prepliegos de la licitación es un avance, todavía falta tiempo para que esta conexión de fibra óptica sea una realidad en la región. Una vez se adjudique el contrato, de acuerdo con el Mintic, el proyecto se desarrollará en varias fases; las primeras de ellas serán la ingeniería de detalle, que tomará seis meses, y la implementación, que durará 18 meses. Es por ello que se espera que los primeros servicios de esta red estén disponibles para los habitantes de la Amazonia a partir de 2028. Luego, la etapa de operación y mantenimiento tendría una duración de aproximadamente ocho años.

Los retos que traen los ríos

El Ministerio de las TIC es el primero en reconocer que esta iniciativa tiene varios retos. El más grande de ellos, apunta, tiene que ver con la “complejidad logística y ambiental en uno de los ecosistemas más sensibles y remotos del planeta”. En particular, el caudal y el lecho de los ríos amazónicos varían estacionalmente, lo cual hace que se requieran tecnologías especializadas.

Hugo Salazar conoce bien los desafíos que implica esta instalación, pues estuvo al frente de un proyecto de este tipo como director de ingeniería en Claro Colombia. Desde Bogotá, la empresa desplegó un cable de fibra óptica terrestre hasta las ciudades peruanas de Lima y, posteriormente, Yurimaguas. De allí derivó una red subfluvial que llegó a Tabatinga, pasando por Leticia e Iquitos.

Salazar explica que “los ríos son dinámicos. Son entes vivos y, con el paso del tiempo, cambia su caudal, cambian sus meandros, su profundidad y las corrientes”. Por lo tanto, dice, antes de materializar esta apuesta, es necesario realizar estudios específicos, con base en los cuales “se toman las decisiones finales”.

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Además de determinar qué cable en específico se va a usar, también se debe establecer si se desplegará por debajo de la tierra o utilizando algún tipo de anclaje. En los océanos se han instalado acompañados de algo similar a unas pesas para que se asienten en el fondo del mar. De esa manera se han conectado países y hasta continentes. Sin embargo, la estrategia se puede complicar en los ríos, empezando porque la visibilidad para que los buzos puedan instalar la red es mucho más limitada, debido a la sedimentación.

A diferencia de un cable submarino, explica Salazar, el subfluvial tiene que ser “aún más resistente en su revestimiento. Mientras que en el mar las corrientes no tienen un único sentido, sino que las olas van y vienen, en los ríos el movimiento es más fuerte y en una misma dirección”. El agua de los ríos, entonces, actúa como una especie de “lija” que podría erosionar el material del cable. También puede suceder que, con el paso del tiempo, se produzca un desanclaje (si es que se termina utilizando ese método), dejando la red a flote y expuesta.

Ante esos posibles escenarios, es clave realizar varios análisis previos. Los estudios batimétricos, por ejemplo, sirven para hacer un perfil del lecho de los ríos y entender su comportamiento. Estos hacen parte, precisamente, de los documentos del proceso de licitación anunciado por el Mintic, sobre todo para la evaluación del río Putumayo.

Pero uno de los asuntos más complejos es, quizás, la falta de ventanas operativas. En palabras sencillas, detalla Salazar, estos ríos pueden ser inaccesibles durante varios meses, debido a las variaciones en su nivel. Un caso basta para dar cuenta de este reto: en 2024, en Brasil, el proyecto Infovia 02 del programa Norte Conectado se tuvo que posponer, pues por causa de la sequía, los barcos no podían navegar para transportar y desplegar los cables.

Para Salazar, se debe pensar que habrá “tres o cuatro meses del año en los cuales no será posible hacer intervención alguna. Ese es un factor crítico a la hora de programar la ejecución del proyecto”. Esto es todavía más difícil durante la etapa de mantenimiento, cuando la red ya maneje una gran cantidad de tráfico, conecte mercados y, básicamente, se vuelva una infraestructura crítica para los países y sus operadores. “Es un servicio que debe estar disponible 24/7 y debe durar décadas. Los cables tienen una vida útil de entre 20 y 25 años”, afirma el ingeniero.

Un proyecto que involucre a varios

El proyecto, dice el Mintic a El Espectador, tiene otro requerimiento: “el de garantizar el respeto por los derechos territoriales y culturales de más de 50 comunidades étnicas presentes en el área de influencia del proyecto, cuya participación activa es condición esencial para la viabilidad y sostenibilidad de la iniciativa”.

Sumada a esta coordinación con las comunidades locales, la cartera también ha planteado articularse con diversas entidades nacionales, las Fuerzas Militares y autoridades ambientales. El contratista, por ejemplo, deberá solicitar ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana (Corpoamazonia) los permisos de ocupación de cauce de los ríos. Así lo establece el anexo ambiental del proyecto, que detalla la gestión para cada una de sus fases.

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En toda esta ecuación para llevar internet de fibra óptica a la Amazonia, hay quienes tienen otras peticiones para el ministerio. Franklin Erazo Torres trabaja en la empresa Comsyscol S.A.S., creada hace siete años, y dice que esta iniciativa es necesaria y estratégica para cerrar poco a poco la brecha digital en la región. Sin embargo, durante las últimas semanas ha manifestado al Mintic que la licitación, con las condiciones tarifarias que plantea, podría limitar la participación de pequeñas y medianas empresas locales, como la que integra.

“Nuestra solicitud se enfoca en que se generen condiciones más incluyentes, como la división del proyecto en lotes regionales y esquemas de acceso abierto a la infraestructura, que permitan la participación activa de los proveedores de servicio de Internet (ISP) que ya operamos en el territorio”, subraya Erazo. “Consideramos fundamental que se reconozca nuestro conocimiento y experiencia. Involucrarnos no solo fortalece el proyecto, sino que asegura una implementación más eficiente y sostenible en el tiempo”.

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La Agencia Nacional de Tierras, a través de un comunicado, informó que aprobó la entrega y ampliación de 126.000 hectáreas para comunidades indígenas que viven en las regiones de la Amazonía y el Pacífico. Con esta medida, añadió la entidad, esperan beneficiar a 1.345 familias.

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Olinto Rubiel Mazabuel, subdirector de Asuntos Étnicos de la entidad, explicó en el comunicado que dentro de esta medida también está contemplada la constitución del resguardo San Juan de Minisiare, que está ubicado entre Guainía y Vichada.

Asimismo, agregó Rubiel que en esta aprobación también se prevé la ampliación de otros resguardos indígenas, entre ellos El Itilla, en Guaviare, y Gran Sábalo, en Nariño.

Para el caso de la Amazonía, detalló Rubiel, se constituirá el resguardo San Juan de Minisiare, del pueblo Piapoco, para lo cual se destinarán más de 33.000 hectáreas. Entre los planes de la agencia está que, a través de este proceso, se beneficien 28 familias en Barrancominas y Cumaribo.

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En Calamar, Guaviare, también se realizará la ampliación del resguardo El Itilla, donde se sumarán más de 92.000 hectáreas, que se agregan a un área previamente formalizada de 8.720 hectáreas. En Nariño, por su parte, el resguardo Gran Sábalo recibirá 174 hectáreas adicionales.

En el comunicado, la entidad detalló que la aprobación de estas hectáreas responde a una serie de solicitudes de comunidades indígenas, algunas de las cuales, según la entidad, llevan más de 20 años en trámite.

Además, la entidad explicó que en estos territorios “se viene avanzando en estrategias como el monitoreo comunitario participativo y la articulación con esquemas de conservación ambiental”.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el cuarto boletín trimestral de 2025 (octubre-diciembre) sobre detección temprana de deforestación en el país. El informe reporta un aumento acumulado del 6 % frente a 2024.

“En 2025, la deforestación se estima en cerca de 72.409 hectáreas, un 6% más que en 2024. Este aumento está asociado a la expansión de la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y el acaparamiento de tierras en zonas que deberían estar destinadas a la conservación. Es importante decirlo con claridad: hoy, la deforestación en Colombia no está determinada por los cultivos ilícitos, sino por la praderización para ganadería y la colonización de tierras. En este contexto, seguimos empeñados desde el Ministerio en liderar acciones coordinadas para sostener la meta de reducción de la deforestación del 20% respecto a 2021, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.

El boletín, que coincide con el inicio de la temporada seca en las principales zonas forestales del país, muestra que la mayor concentración de alertas tempranas de deforestación se ubica en Caquetá, con 16.015 ha deforestadas; Meta, con 9.537 ha deforestadas; y Guaviare, con alrededor de 6.068 ha deforestadas. En total, el Ideam identificó 21 núcleos activos, que representan cerca de 36.129 ha en los siete departamentos de la Amazonía colombiana.

Estos focos se distribuyen en distintos puntos de la región y permiten dimensionar cómo se concentra la presión sobre el bosque. Entre ellos aparecen zonas como Cuemaní, entre San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá; Yaguara II, que abarca áreas de Meta y Guaviare; Mapiripán y Uribe, en Meta; y Solano, en Caquetá. También se identifican núcleos en Kuway–Nueva York, en El Retorno (Guaviare), y en Villa Catalina, en Puerto Guzmán (Putumayo).

A la lista se suman puntos como Caño La Cabra–río Cafre, en La Macarena; Vista Hermosa y La Macarena, ambos en Meta; Mecaya, en Puerto Leguízamo (Putumayo), y Calamar, en Guaviare. Otros núcleos se ubican en El Camuya (Caquetá), Puerto Caicedo (Putumayo), Angoleta, en San José del Guaviare, y Cueva del Jaguar, en Cartagena del Chairá. El reporte también señala áreas como el río Itilla (Guaviare), Nueva Ilusión, entre Solano y Cartagena del Chairá, Caño Jabón, en Mapiripán, el río Guayabero, que conecta Meta y Guaviare, y la Sierra de La Macarena.

Aunque se pueden consultar los detalles de cada núcleo en el informe completo, vale la pena detenerse en lo que el Ideam identifica como el núcleo Cuemaní, ubicado entre San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá. Para el cuarto trimestre de 2025, este aparece como el principal foco de detección temprana de deforestación en el país. Según el boletín, las áreas más afectadas se concentran en el sector occidental de los ríos Yarí y Cuemaní, muy cerca del límite norte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Allí, las alertas se agrupan en veredas como Ilusiones del Yarí, Cerros, Nueva Colombia, Las Dosas, Diamante de la Riña, Caño Azul y otras zonas del mismo corredor. El informe advierte, además, que este núcleo no solo se mantiene, sino que ha crecido frente a mediciones anteriores.

Detrás de este avance hay varias causas que se repiten en otros puntos de la Amazonía, pero que aquí aparecen con fuerza: la praderización del bosque para el acaparamiento de tierras, la expansión de la ganadería extensiva con prácticas poco sostenibles y la apertura de vías sin planificación. El Ideam también señala que la deforestación continúa a gran escala en áreas que antes eran pastizales, en un proceso impulsado por la expansión ganadera. A esto se suma la apertura de infraestructura de transporte, especialmente en corredores que conectan los ríos Caguán y Yarí, lo que facilita el acceso a zonas cada vez más cercanas al límite del Chiribiquete.

La respuesta del Gobierno

Frente al reporte, el Ministerio de Ambiente resaltó en un comunicado de prensa que, pese al aumento, “el país continúa avanzando en el cumplimiento de su meta de reducir la deforestación en al menos 20%”. La cartera liderada ahora por Vélez destacó que en 2025 los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía registraron una reducción estimada del 25% en la deforestación, al pasar de 9.298 hectáreas (ha) deforestadas en 2024 a 6.938 ha en 2025.

Para el Gobierno, el escenario “plantea la necesidad de revisar los incentivos económicos que hoy inciden en la expansión de la frontera ganadera, en el entendido de que la deforestación no es un fenómeno exclusivo del sector ambiente”. Y en ese sentido, el Ministerio también hace un llamado a las comunidades a mantener los esfuerzos conjuntos para contener la deforestación, al insistir en la necesidad de “no bajar la guardia y fortalecer el trabajo conjunto que ya adelantan con el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental”.

Dos medidas son resaltadas por la cartera. En primer lugar, “el fortalecimiento de las capacidades técnicas del país para enfrentar la deforestación”. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que “desde el Ideam seguimos fortaleciendo el monitoreo de los bosques del país para entregar información oportuna y confiable a través de detecciones tempranas” y agregó que “hoy contamos con mayores capacidades técnicas que nos permiten identificar con mayor precisión la deforestación y generar información más detallada”.

Y en segundo lugar, el Ministerio también destacó las acciones en territorio, especialmente a través del Plan Integral de Contención de la Deforestación y el programa Conservar Paga. De acuerdo con el comunicado, “6.730 familias campesinas, indígenas y afrodescendientes reciben incentivos económicos como reconocimiento a su compromiso con mantener la selva en pie”, lo que, según la cartera, ha contribuido a la protección de más de 270.000 hectáreas de bosque. Además, la cartera señaló que se han reforzado las acciones de control frente a economías ilegales. En ese frente, indicó que los operativos han permitido “el desmantelamiento de 19 puntos mineros” y la destrucción de 17 dragas en el Parque Nacional Natural Río Puré, así como intervenciones contra accesos terrestres ilegales en la Serranía de Chiribiquete.

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Esta semana se está llevando a cabo en Brasil la COP15 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), una conferencia que reúne a los países que hacen parte de esa convención. También hacen presencia organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y académicos.

El objetivo de este encuentro es tomar decisiones de carácter internacional para la protección de especies migratorias en el mundo. Al ser Brasil el país anfitrión, parte importante de las discusiones ha estado centrada en la Amazonia.

Ayer, 30 de marzo, dentro de las decisiones claves del día estuvo la adopción del Plan de Acción Regional para los grandes Bagres Migratorios de la Amazonía. Este es “un avance importante para la protección de especies clave para la conectividad ecológica de la cuenca y para la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la pesca en la Amazonía”, indicó el Instituto de Investigaciones para la Amazonia Peruana en un comunicado.

Esto implica tomar acciones conjuntas entre Brasil, Colombia, Perú y otros países de la región para proteger a especies clave que hacen parte de la biodiversidad y las economías de las zonas ribereñas del Amazonas.

“El plan prioriza la conservación de dos especies emblemáticas: el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la manitoa (Brachyplatystoma vaillantii), peces migratorios de gran valor ecológico, social y económico para los países amazónicos”, explican en el comunicado.

De acuerdo con el instituto, la supervivencia de estos peces depende del estado y la conectividad de las cuencas amazónicas, por lo que es necesario tomar acciones conjuntas entre varios gobiernos. Lo que se busca es afrontar problemáticas como la fragmentación de los ríos, la sobrepesca y la degradación de los ecosistemas.

“Igualmente, contempla acciones orientadas a proteger hábitats críticos, mantener la conectividad fluvial, fortalecer la cooperación entre países, ampliar la base de conocimiento científico y local, y promover cadenas de valor sostenibles, en articulación con políticas y marcos normativos más consistentes a nivel regional”, añadió la entidad peruana.

En la conferencia también se adoptó otro paquete de decisiones encaminadas a proteger a 40 especies migratorias. Además, se acordaron 16 acciones que implican la cooperación de varios países, con el fin de tomar medidas efectivas en la protección de ecosistemas.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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