“No podemos continuar con los ciclos permanentes de la violencia, en los que el Estado es un ente alejado de los problemas, y hoy, con estos resultados, buscamos empezar a revertir esa historia”. Con estas palabras, Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz, inició el evento de cierre del Programa Colombia Sostenible (PCS), una estrategia del Estado colombiano y la cooperación internacional que durante los últimos ocho años ha impulsado proyectos comunitarios en municipios afectados históricamente por la violencia.

El evento, que contó con la presencia de decenas de representantes de las más de 36.428 familias rurales beneficiadas por el programa, informó que en los últimos años se financiaron 164 iniciativas productivas sostenibles (incluyendo negocios verdes), 26 proyectos de conservación y Pagos por Servicios Ambientales (PSA), y 11 de tipología combinada.

En concreto y en materia productiva, se intervinieron más de 36.000 hectáreas que recibieron asistencia técnica para mejorar la sostenibilidad de sus producciones. Entre las cadenas impulsadas se encuentran proyectos comunitarios de cultivos de café, apicultura, frutos amazónicos, ecoturismo y, entre otros, artesanías que quedaron conectadas a mercados locales con la firma de 164 acuerdos con marcas comerciales como restaurantes, productos y, entre otros, supermercados.

Esta mejora en las producciones, además de mejorar los ingresos de las familias, también disminuyó, de acuerdo con el reporte oficial, el índice de carencia alimentaria en los municipios impactados, que pasó de 1,32 a 0,35 puntos porcentuales.

Por su parte, en términos ambientales, se logró la conservación, bajo esquemas de conservación y restauración, de más de 21.000 hectáreas, mientras que en los predios intervenidos el área de bosque pasó, en promedio, de 5,3 hectáreas a 11,3, de acuerdo con cifras estimadas por investigadores de las universidades de los Andes y de Antioquia, entidades encargadas de evaluar los resultados del proyecto.

“Estamos conjugando las fuerzas de la vida para proteger la biodiversidad; este modelo demuestra que el cuidado de las áreas de especial importancia ambiental es el camino efectivo para la descarbonización”, sintetiza Gómez.

Así se implementó el programa

Esta estrategia surge de tres documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), emitidos entre 2016 y 2017, en los que se recomendó al Estado colombiano asumir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el desarrollo rural, la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático en zonas afectadas por el conflicto armado.

“Tenemos que en los municipios PDET se registra una pobreza, medida por ingresos, superior al 40 %, muy por encima del promedio nacional”, indicó Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia. “Y eso es lo que ha diferenciado este proyecto desde que fue concebido, y es que busca atender esta situación”.

Para atender esta situación, se conformó un fondo con el que se invirtieron COP $364.037 millones con recursos del BID y la Nación. Según explicó el BID, más del 60 % de los recursos del préstamo de USD 100 millones consisten en créditos condonables provenientes de Suiza, Suecia y Noruega.

Con esta base, se lanzó una convocatoria, en febrero de 2018, en la que, a través de la ruta PDET, comunidades locales presentaron proyectos de tres tipos: de conservación (iniciativas con un área de intervención de mínimo 250 hectáreas registradas oficialmente), producciones sostenibles (con mínimo 65 beneficiarios asociados, priorizando población indígena, afro, mujeres y con discapacidad) y combinados.

Luego de estas, los proyectos seleccionados recibieron asistencia técnica para la estructuración de sus iniciativas, en la que fue central, como comenta Gómez, del Fondo Colombia en Paz, la participación comunitaria y articulación institucional.

En esta línea, se invirtió en la entrega de 27 obras de infraestructura, entre las que destacan 10 plantas de transformación, 7 de cosecha y 4 centros de acopio para impulsar las producciones locales.

Estas inversiones se focalizaron en poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado. Un registro sociodemográfico de los beneficiarios muestra que el 50 % de la población atendida corresponde a comunidades campesinas, el 34 % a indígenas y el 16 % a negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP).

Por su parte, el programa también fomentó la participación femenina en sus territorios, representando el 42 % de las personas vinculadas al proyecto, con un total de 15.254 lideresas vinculadas directamente a la dirección de las iniciativas.

Una de esas lideresas es Ximena Martínez, quien lideró el proceso de la asociación comunitaria de San Miguel del Tigre que consolidó la iniciativa Bosques con Alas de Yondo, en Antioquia, en la que se desarrolló un proyecto de artesanías en torno a las mariposas y también para consolidar el ecoturismo en la región con más de 300 hectáreas conservadas en sus municipios.

“A través del proyecto se construyó un taller en el que trabajamos diferentes piezas, así como un libro con especies de la zona. En estos procesos se involucró a los más jóvenes a través de oportunidades reales en el territorio”, aseguró Martínez.

Frente a los impactos del programa, según se lee en el informe entregado por las universidades encargadas de la evaluación de sus resultados, estos “demuestran incontrovertible que la transformación estructural del campo colombiano, operada en clave de paz y sostenibilidad ambiental, no es solo una aspiración normativa, sino una empresa técnica y socialmente viable”.

Si bien el evento de esta semana marcó el cierre del programa, tanto desde el BID como del Gobierno Nacional aseguraron que se tiene la intención de realizar un Colombia Sostenible 2.0 para continuar estos esfuerzos en el territorio.

“La paz tiene raíces sólidas; por ello, estos resultados demuestran que el modelo funciona y que estamos listos para una segunda fase que ponga la sostenibilidad y la innovación al servicio del mundo laboral rural”, concluyó Gómez.

*Esta información es publicada en alianza con el programa Colombia Sostenible.

El año pasado, los termómetros en diferentes lugares de América Latina y el Caribe alcanzaron temperaturas que no se habían visto antes. En Mexicali, alcanzaron 52,7 °C, un récord nacional, en Río de Janeiro llegaron a 44 °C y Paraguay registró 44,8 °C en Mariscal Estigarribia. Los datos confirman que la región vivió uno de los años más extremos desde que se tienen registros, no solo por el calor sin precedentes, sino también por las sequías persistentes, lluvias torrenciales, ciclones devastadores y el retroceso acelerado de los glaciares andinos, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El informe señala que 2025 fue uno de los ocho años más cálidos jamás registrados en América Latina y el Caribe, y además estima que entre 2012 y 2021 murieron unas 13.000 personas al año por causas relacionadas con el calor, teniendo en cuenta los datos de 17 países. Es posible que la cifra sea mayor, según la OMM, debido a las limitaciones en los sistemas de registro.

(Lea también: ¿Por qué se llama el fenómeno de El Niño y por qué no es preciso hablar de un “Súper Niño”?)

Pero, la temperatura no aumentó por igual en todas partes, ni a lo largo del tiempo, y muchas estaciones también registraron temperaturas más frías de lo normal (tomando como referencia el periodo 1991-2020). Por esto, el documento también describe un ciclo del agua cada vez más extremo, con lluvias torrenciales más intensas.

En México, por ejemplo, junio de 2025 fue el mes más lluvioso jamás registrado a nivel nacional. Allí se registraron al menos 83 muertes relacionadas con esta situación. Además, las precipitaciones extremas y las inundaciones dejaron más de 110.000 personas afectadas en Perú y Ecuador.

Al mismo tiempo, “la sequía alcanzó niveles severos en distintas zonas del continente”, señala la OMM. En su momento más crítico, hasta el 85 % del territorio mexicano se vio afectado por condiciones de sequía, mientras partes del Caribe enfrentaron una grave escasez de agua.

En algunas zonas del sur de América del Sur se registraron déficits de precipitaciones superiores al 40 %, lo que agravó las pérdidas agrícolas y elevó el riesgo de incendios forestales.

(Lea: Encuentran dos nuevas especies de ranas en los Farallones de Cali)

Un caso que genera especial preocupación es el de Amazonía que también registró temporadas secas más largas, eventos de lluvia más intensos y sequías más frecuentes.

Los registros de los huracanes

El informe también analizó las consecuencias de los huracanes que se registraron el año pasado en la región. Uno de estos fue el huracán Melissa, el primero de categoría 5 registrado en tocar tierra (el 28 de octubre) en Jamaica. El evento dejó 45 muertos y pérdidas económicas estimadas en 8.800 millones de dólares, equivalentes a más del 41 % del producto interno bruto del país.

De acuerdo con el informe, este fue uno de los huracanes más intensos que jamás hayan tocado tierra en el Atlántico Norte, y no solo generó daños en Jamaica, sino que continuó su trayectoria hasta afectar al este de Cuba. Haití y la República Dominicana también sufrieron graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias asociadas al huracán.

Otros eventos que también causaron daños el año pasado fueron el Huracán Erick, que tocó tierra el 19 de junio como sistema de categoría 3 en el oeste de Oaxaca (México), y la tormenta tropical Jerry, en octubre.

El alarmante estado de los glaciares

A estas situaciones se suma el estado de los glaciares andinos, que están perdiendo masa a un ritmo acelerado. Aproximadamente el 41 % de toda la masa perdida desde 1976 desapareció solo en la última década. Esto representa una grave amenaza para la seguridad hídrica de unos 90 millones de personas que dependen de estas “torres de agua”.

Según la OMM, los glaciares suministran agua para consumo humano, agricultura, generación hidroeléctrica e industria a lo largo de la cordillera andina. Sin embargo, el deshielo se está acelerando en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Esto es preocupante, teniendo en cuenta que los Andes tropicales concentran más del 95 % de los glaciares tropicales del mundo.

“Solo en tres de los glaciares monitoreados los balances de masas fueron positivos durante el período de cuatro años analizado (2022- 2025)”, se lee en el informe.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, sostiene que “las señales de un clima cambiante son inequívocas en toda América Latina y el Caribe. En este informe se evidencia el incremento de los riesgos, pero también el aumento de nuestra capacidad de anticipación y de actuación para salvar vidas y proteger medios de subsistencia”.

Sin embargo, también señalan la importancia de reforzar las observaciones meteorológicas, ampliar los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a las comunidades más vulnerables, lo cual será clave en los próximos años.

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A través de sus redes sociales, Parques Nacionales Naturales de Colombia hizo un anuncio: dos nuevas especies para la ciencia fueron descubiertas en el páramo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Se trata de dos ranas: Pristimantis regadatore y Pristimantis cantorcaelestis.

Sobre la primera, (Pristimantis regadatore), la entidad contó que recibió su nombre en homenaje a las y los guardaparques colombianos, “como reconocimiento a su compromiso con el cuidado de las áreas protegidas del país”, escribieron.

(Lea: ¿Por qué se llama el fenómeno de El Niño y por qué no es preciso hablar de un “Súper Niño”?)

Por otro lado, la segunda (Pristimantis cantorcaelestis) reicibió su nombre por su característico canto en las altas cumbres del área protegida: cantor caelestis, “cantante del cielo”.

Este descubrimiento fue desarrollado por los investigadores Wilmar Bolívar García, Oscar Cuellar y Brayan Esteban Bolaños Molina, vinculados a la Universidad del Valle y a expediciones científicas en el PNN Farallones, “cuyo trabajo continúa ampliando el conocimiento sobre la diversidad de anfibios del suroccidente colombiano”, mencionó Parques.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Colombia), Farallones de Cali acoge más de 1.000 especies de árboles, orquídeas, bromelias y helechos. Además, se han registrado más de 620 especies de aves residentes y migratorias.

“El parque Farallones también es hogar de emblemáticos mamíferos, como el oso de anteojos, el jaguar y el ocelote, los cuales desempeñan un papel crucial en el equilibrio de este frágil ecosistema. En total, se han registrado más de 100 especies de este grupo que recorren la densa vegetación del parque”, se lee en la página de la organización.

Además, Farallones de Cali es un área que agrupa diversidad de climas y ecosistemas que lo posicionan como un importante productor de bienes y servicios para la comunidad del Valle del Cauca. A esto se suma que es el área protegida más extensa de este departamento, con una extensión territorial de 196,364 hectáreas.

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Aunque en el mundo existen ocho especies de oso, agrupadas en la familia Ursidae, en América del Sur solo habita una: el oso andino (Tremarctos ornatus). Vive a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela y Colombia, hasta el norte de Argentina, abarcando hasta seis países y una gran diversidad de ecosistemas, como bosques nublados, selvas montanas y páramos de alta montaña, en diferentes altitudes que van desde los 200 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de eso, el único oso sudamericano está en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) lo cataloga como Vulnerable.

Esta amenaza pone en riesgo no solo su supervivencia, sino sus fuertes relaciones con los ecosistemas, así como con las comunidades que le han dado otros nombres a esta especie casi mítica, como ucumari, ukuku o el oso de anteojos, debido a las particulares manchas blancas, que son únicas en el rostro de cada individuo y que contrastan con su pelaje frondoso y marrón oscuro. Pero no se trata solo de una especie carismática, sino también clave para los ecosistemas.

¿Por qué? Para entenderlo, empecemos por un punto de partida: su distribución. Se extiende por casi la totalidad de la cordillera de los Andes —el sistema montañoso más grande del mundo—; se tienen registros de ella desde Argentina hasta Venezuela, así como en diferentes altitudes que van desde los 200 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar.

“El oso andino es una especie maravillosa y emblemática de los Andes, y en Colombia su presencia es considerada esencial para monitorear la calidad de los ecosistemas de soporte y para monitorear los ecosistemas”, precisa Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Esto se debe a que, con miles de años de relación con el territorio, este mamífero es lo que científicos e investigadores dedicados a la conservación denominan una especie sombrilla. Un ejemplo de esto tiene que ver con una particularidad de estos osos, que no digieren totalmente los diferentes alimentos que consumen.

Si bien se trata de una especie omnívora oportunista, es decir, que se alimenta de lo que va encontrando en su camino, su dieta es casi totalmente vegetal, principalmente a base de frutas y plantas. Al ingerirlas y expulsarlas a través de su sistema digestivo, va regando por los ecosistemas semillas que, con el tiempo, se convierten en nuevas plantas y árboles.

A esto se suma que es un animal que no se caracteriza por quedarse quieto. Un estudio realizado por el Instituto Humboldt y la Fundación Wii, que utilizó telemetría de GPS, encontró que un oso macho en el Parque Nacional Natural Chingaza recorrió un área de casi 24.000 hectáreas en un periodo de solo tres meses.

Como precisa Catalina Gutiérrez, directora ejecutiva de Wildlife Conservation Society (WCS), se trata de una “especie sombrilla, pues requiere grandes extensiones de tierra bien conservadas para sobrevivir, y, además, tiene interacciones positivas con muchas otras formas de vida, así como con servicios ecosistémicos como el agua”.

Además, tiene una fuerte relación con los bosques andinos y de niebla, pues en búsqueda de alimentos —en otro ejemplo de su alta movilidad— en ocasiones se trepa en árboles, rompiendo algunas de las ramas, lo que permite una mayor entrada de luz en algunos ecosistemas boscosos.

Esa interacción se ha visto amenazada en las últimas décadas por amenazas, entre las que se encuentran la expansión de la frontera agrícola, la degradación de los ecosistemas, la ganadería extensiva y, en ocasiones, su cacería en medio de conflictos con comunidades con las que comparten territorios.

Como respuesta a estas dificultades, en el país se viene realizando durante los últimos diez años la estrategia Conservando la Vida, una iniciativa intersectorial que cumplió diez años y que presentó el martes 12 de mayo sus resultados en un evento realizado en Bogotá.

Uno de los datos que más destacan de la estrategia, en la que participan la Fundación Grupo Argos, Wildlife Conservation Society (WCS), Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Fundación Smurfit Westrock Colombia, y a la que ahora se suma la Corporación Autónoma Regional del Quindío, es que se ha logrado un aumento de su ocupación en un corredor biológico intervenido que pasó de ser del 52 % al 76 % en la fecha. Y no se trata solo del oso, pues los esfuerzos de monitoreo, a través de cámaras trampa, revelan que en las áreas de restauración se han identificado y reportado 17 especies de fauna para su protección, una señal de ecosistemas más diversos y funcionales.

“Estos resultados se registran en un corredor biológico priorizado en las cordilleras occidental y central de Colombia, que hacen parte de los cinco núcleos necesarios para poder conservar el oso andino”, precisa María Camila Villegas, directora de la Fundación Grupo Argos.

Un modelo gana-gana

Como comenta John Bravo, un campesino de El Águila (Valle del Cauca), hace más de diez años él, su familia y su comunidad tenían una relación muy distinta con su territorio, en particular con los bosques y el oso de anteojos. “Yo vengo de una familia en la que históricamente veníamos haciendo cacería, talamos árboles para sacar su madera; teníamos el ecosistema en un mal estado. Esto cambió cuando al territorio llegaron estas instituciones en búsqueda del oso andino, y uno al principio no se lo cree, pero con el trabajo que hemos realizado, hemos entendido que tenemos cosas para mostrarle al mundo, y tenemos una biodiversidad con un alto valor”, sostiene Bravo.

Lo que cuenta Bravo es uno de los centros del modelo que fue presentado esta semana, y que consiste en trabajar de la mano con comunidades campesinas que viven cerca de los bosques que hacen parte del hábitat de esta especie de oso. En concreto, Conservamos la Vida buscó desarrollar alternativas basadas en la pedagogía, corresponsabilidad y acuerdos voluntarios.

“Detrás de estos hay varios factores que explican las buenas noticias que presentamos; uno central es que se trata de una alianza público-privada que permite sostenerla a largo plazo y a la escala de paisaje; la otra es la confianza de las comunidades y, finalmente, la robustez técnica que es clave para asegurar que realmente están mejorando los ecosistemas”, detalla Villegas de la Fundación Grupo Argos.

A lo largo de la implementación de este modelo, se han firmado más de 90 acuerdos voluntarios de conservación con comunidades rurales para proteger los ecosistemas claves para esta especie. Para esto, familias campesinas destinaron partes de predios para esfuerzos de conservación y regeneración de bosque, en los que se desarrolla la siembra de especies nativas. De manera paralela, se implementaron planes para desarrollar mejores prácticas agrícolas, lo que se suma al manejo de animales domésticos, en particular de los perros, muchas veces de libre movimiento, que tienen las familias en sus fincas. Con esto se buscó reducir las presiones sobre el hábitat del oso, así como fortalecer corredores biológicos.

“Para este tipo de apuestas que cubren extensiones tan amplias se necesitan acciones conjuntas, y por eso uno de los incentivos para las comunidades rurales es impulsar prácticas sostenibles de ganadería y agricultura, en particular en torno al cultivo de café”, indica Gutiérrez, de WCS.

Pero, como lo indican los organizadores de la estrategia, no se trata solo de conservar ecosistemas, sino también de fortalecer las comunidades que conforman el mosaico de actores presentes en estos territorios.

Este proceso vino acompañado de educación ambiental y de un fortalecimiento productivo para desarrollar iniciativas sostenibles en los territorios. El programa ya ha beneficiado a 3.660 personas mediante procesos de capacitación y empleo.

Un ejemplo de los resultados es un grupo de familias campesinas del Valle del Cauca que lidera hoy un referente de innovación productiva. Al destinar franjas de sus predios a la conservación, y junto con respaldo técnico para la producción y comercialización, se desarrolló la marca Café Oso Andino, que ha logrado poner en el mercado 34.587 kg entre 2019 y 2025 y la comercialización de 2.152 kg en mercados verdes.

“A la fecha se ha acompañado la venta de 34.587 kilos de Café Oso Andino, con un incremento del 143 % en los ingresos familiares de los productores vinculados”, precisa la Fundación Grupo Argos.

Los gestores de este proceso esperan escalarlo. Villegas, de la Fundación Grupo Argos, detalla que el objetivo es llegar a nuevos territorios para proteger al oso andino. “Una de las apuestas es desarrollar mecanismos financieros para que otras empresas puedan aportar de manera concreta a cada uno de los componentes del programa para permitir que esto continúe no solo diez años más, sino ojalá 40 o más, y sobre todo seguir mejorando la calidad de vida de las familias en los territorios”, sostiene.

Como concluye Martínez, de Parques Nacionales Naturales, “al cumplir diez años, esta estrategia nos permite no solo mirar atrás, sino para adelante. Nos muestra cómo, a través de diálogo abierto, articulación entre diferentes sectores y apuesta científica, se puede volver un modelo de desarrollo para el territorio”.

¿Alguna vez se ha preguntado de dónde viene el pescado que come? ¿Cómo y dónde lo pescaron? O, ¿si el momento en el que lo hicieron era el adecuado? Puede que no sean preguntas frecuentes, pero las respuestas cobran cada vez más importancia. Aunque Colombia es el segundo país del mundo con mayor riqueza de peces de agua dulce con 1.727 especies, esta riqueza no es inagotable, y enfrenta diferentes presiones como la sobrepesca, la degradación de sus hábitats y la captura de ejemplares de tallas muy pequeñas que no se han reproducido la primera vez.

Estas presiones no son únicas de los ecosistemas de agua dulce. Las áreas marinas también enfrentan algunas amenazas que tienen en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías, como menciona un estudio sobre los recursos hidrobiológicos en áreas marinas protegidas del Pacífico de Colombia, publicado en la revista Biota Colombiana en 2023. Entre estas están la contaminación marina, los eventos climáticos extremos como los fenómenos de El Niño y La Niña, y otras consecuencias del cambio climático, como el aumento de la temperatura y el nivel del mar.

El riesgo que representan estas amenazas no es menor. En el mundo, las pesquerías de agua dulce, por ejemplo, proporcionan alimentos a 200 millones de personas y son el sustento para 60 millones, de acuerdo con el informe Peces olvidados en el mundo, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), publicado en 2021.

En el caso de Colombia, de las más de 1.700 especies de agua dulce, “173 tienen valor económico por ser fuente de alimento, recreación y empleo para millones de compatriotas”, sostiene Saulo Usma, especialista de Agua Dulce de WWF Colombia.

En el río Magdalena, por ejemplo, de las más de 233 especies de peces que se han identificado, 65 son usadas como fuente de alimento directo para los humanos. Pese a ser un lugar estratégico para la seguridad alimentaria del país, sabemos que la producción pesquera en el Magdalena ha venido disminuyendo. Entre 1975 y 2016 pasó de 81.653 toneladas a 26.132, según un estudio del Instituto Humboldt y la Universidad de Antioquia que analizó los peces de esta cuenca.

Las razones son varias, incluida la sobrepesca. En el Magdalena, esta es una actividad tradicional que involucra a más de 30.000 personas, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Dependiendo de la especie que se quiere capturar, las condiciones ambientales y la época del año, los pescadores modifican su arte de pesca, o en otras palabras, la manera cómo lo hacen.

Esto es importante porque no todos los métodos son sostenibles, y hay unos denominados indiscriminados o destructivos porque capturan individuos sin importar su especie o tamaño, o porque dañan sus hábitats. Entre estos está la pesca con dinamita o explosivos, y la pesca de arrastre que consiste en, justamente, arrastrar gigantescas redes por el fondo marino sin importar las especies que se capturen.

En contraste, hay tipos de pesca sostenible en el que se incluyen las prácticas artesanales a pequeña escala que usan artes de pesca de bajo impacto ambiental, evitando la sobreexplotación de las especies de peces y asegurando una mayor productividad y la conservación de los recursos pesqueros a mediano y largo plazo. “La pesca sostenible mantiene la salud de nuestros humedales y genera ingresos a las comunidades económicamente más vulnerables”, sostiene Usma de WWF.

Entre estas artes se puede mencionar la pesca artesanal que se caracteriza por utilizar métodos tradicionales que capturan solo las especies deseadas y permiten devolver al ecosistema las que no se necesitan. La pesca con palangre, la cual usa una línea principal con anzuelos colocados a diferentes profundidades, lo que permite capturar especies de diferentes tamaños y evita la captura accidental de especies no deseadas, y la pesca con caña acompañada con un anzuelo y cebo, que es el arte más usado en el turismo de pesca, de acuerdo con el especialista de WWF.

No siempre se puede pescar

Además de la manera cómo se hace, el momento también importa. Usma explica que los peces tienen uno o varios períodos en el año donde se reproducen sexualmente. Estas épocas reproductivas se relacionan con los períodos de lluvia que generan inundaciones y permiten que los ríos se conecten con sus lagunas y madreviejas aledañas (humedales formados por antiguos cauces de ríos).

Un buen ejemplo para entenderlo mejor es el bocachico (Prochilodus magdalenae), una de las especies con gran valor económico, por su alto aporte a la pesca comercial y de consumo, y una de las más investigadas del país. Desde que nacen, estos peces pasan el tiempo confinados en los humedales. Cuando llegan las lluvias y estos ecosistemas se conectan con el río, los individuos salen hacia allí y comienzan la “subienda de pescado” buscando parejas para reproducirse. Si se pescan en esta época disminuye la posibilidad de que las poblaciones se renueven naturalmente.

Por esto, en Colombia, y prácticamente en todos los países donde hay actividad pesquera, estos periodos de reproducción se protegen a través de las vedas, una medida en la que se prohíbe la pesca comercial, almacenamiento, transporte y comercialización, una o varias veces al año, de una o varias especies en un territorio específico.

En el caso del bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), especie endémica de Colombia, este solo se encuentra en la cuenca del Magdalena. En Colombia, está prohibido capturar y comercializar esta especie entre el 1 y el 30 de mayo, y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Es decir, tiene dos periodos de veda.

Otras vedas no se centran solo en una especie sino en un ecosistema completo. Por ejemplo, en la Orinoquia actualmente (desde el 6 de abril y hasta el 31 de mayo) está activa la veda para los recursos pesqueros de consumo y ornamental extraídos de las poblaciones naturales en ríos de la Orinoquía, que incluye los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía y Guaviare.

Según la Resolución 2663 de 2022, hay una excepción. Su comercialización sólo podrá llevarse a cabo dentro del mismo municipio donde fueron capturados estos recursos, directamente por los pescadores, y únicamente con fines de subsistencia (5 kilogramos diarios máximo).

“En la Orinoquía la pesca es fundamental para el desarrollo de las comunidades. La veda tiene como objetivo la protección de la reproducción de más del 80% de las especies de interés comercial”, explica Carlos Andrés Cuervo Carvajal, ingeniero pesquero de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico de la Gobernación del Vichada.

El agua y la energía vuelven al centro de la conversación pública. Mientras el país enfrenta señales de estrés hídrico y una matriz eléctrica altamente ligada a los ríos, Antioquia siente la presión en clave territorial: subregiones con alta oferta hídrica conviven con zonas donde crecen la demanda, la variabilidad climática y la degradación de ecosistemas. Con ese telón de fondo, el 12 de mayo se realizará un encuentro que reunirá a autoridades, comunidades, expertos y organizaciones para aterrizar estrategias nacionales en prioridades del departamento.

La discusión llega en un momento clave: además de los impactos del cambio climático, el crecimiento urbano y la ocupación del territorio están elevando la presión sobre las fuentes que abastecen acueductos y sostienen actividades productivas.

El segundo semestre de 2026 podría estar marcado por la llegada del fenómeno de El Niño, asociado a una disminución de lluvias en buena parte del país. El escenario, según estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), pondría bajo mayor presión a más de 500 municipios con riesgo de desabastecimiento de agua por sequía.

La alerta climática se suma a advertencias científicas sobre cómo el calentamiento global y la degradación de ecosistemas ya están alterando los ciclos del agua. A finales de 2024, la Comisión Global sobre la Economía del Agua (GCEW, por sus siglas en inglés) señaló que “por primera vez en la historia de la humanidad, el ciclo hidrológico está desequilibrado”. Y a comienzos de 2025, un reporte de Global Water Monitor ubicó a regiones de Colombia entre las más afectadas del mundo por cambios en los patrones hidrológicos, en particular por el descenso de lluvias.

A la variabilidad climática se suma la huella humana sobre las cuencas. Juan Diego Giraldo, director del Instituto de Agua de la Universidad Javeriana, explicó en esta nota que los sistemas hídricos no solo enfrentan el clima: también la urbanización y los cambios en el uso del suelo. Un dato ilustra la magnitud del reto: se estima que cerca del 77 % de la población del país vive en la cuenca Magdalena–Cauca.

“Muchas de nuestras cuencas están altamente intervenidas porque concentran poblaciones muy grandes. De ahí la importancia de garantizar un estado básico de salud de cuencas y ríos para no deteriorarlos más: de lo contrario, frente a eventos como los que se vienen, los ríos no responderán igual”, afirmó Giraldo.

La discusión también revela una brecha de acceso. La Encuesta de Calidad de Vida de 2024 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima que más de 5,20 millones de personas no cuentan con cobertura de acueducto; 4,49 millones están en áreas rurales. Y, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Vivienda, cerrar las brechas de agua y saneamiento exigiría inversiones cercanas a COP 126 billones.

En paralelo, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, ha advertido que la estabilidad de los ríos es determinante para la matriz energética: las hidroeléctricas siguen siendo pieza central y han sentido el impacto de temporadas recientes de sequía.

En ese escenario, el 12 de mayo de 2026 arrancarán en Antioquia los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable (ExAER), con jornada de apertura en Medellín. La iniciativa —que se realiza desde hace más de 15 años— reúne a gobiernos, empresas, organizaciones sociales y academia para discutir cómo se gestiona el agua, cómo se garantiza la energía y cómo se ordena el territorio.

La jornada es liderada por Isagen y la campaña ambiental BIBO de El Espectador, con acompañamiento técnico de WWF Colombia. El objetivo: poner en la misma mesa a actores públicos, privados, académicos y comunitarios para discutir soluciones a los retos del agua y la energía, con énfasis en Antioquia.

Según los organizadores, el foco de 2026 será acordar rutas de implementación que se traduzcan en acciones concretas en los territorios. En 2025, el propósito fue incidir en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que definió el agua como “derecho y base fundamental para el ordenamiento territorial con justicia ambiental”.

El debate se cruza, además, con la actualización de la Política Nacional del Agua que adelanta el Ministerio de Ambiente. En Antioquia, la apuesta es traducir esos lineamientos en prioridades territoriales a través de conversatorios y mesas de trabajo con actores de distintas subregiones.

Antioquia bajo presión hídrica: qué está pasando en las cuencas y qué se está haciendo

Paola Echeverry, coordinadora regional de Los Andes de WWF Colombia, enumera varias presiones sobre cuencas abastecedoras en Antioquia: transformación urbana acelerada, pérdida de conectividad ecológica, mayor variabilidad hidrológica y un aumento de presiones sobre microcuencas. “En eventos secos recientes, varias fuentes hídricas menores han mostrado disminuciones importantes de caudal”, añade.

Para Echeverry, el diagnóstico muestra una dependencia alta de ecosistemas estratégicos —páramos, bosques altoandinos y cuencas reguladoras— que han venido perdiendo capacidad ecológica por urbanización, deforestación y transformación del territorio. El problema, sin embargo, no se queda en lo local: una investigación reciente de la Universidad de Antioquia (UdeA) sugiere que una de cada tres gotas de lluvia que caen sobre la cuenca del Magdalena proviene de los bosques de la Amazonia o de las sabanas de la Orinoquia.

En Antioquia confluyen cuencas ligadas a ríos como el Cauca y el Magdalena, además de sistemas regionales clave (por ejemplo, Atrato, Porce y Nechí). En estas cuencas se concentran usos que compiten entre sí —abastecimiento, generación, agricultura e industria— y se ubican proyectos de generación que influyen en la seguridad energética.

La oferta hídrica también depende de un mosaico de ecosistemas: páramos, ciénagas, humedales y bosques, además de aguas superficiales y subterráneas que sostienen la vida y la economía local.

En paralelo, en el departamento avanzan estrategias de conservación y gestión del agua. “Antioquia ha hecho un esfuerzo a través de su sistema departamental de áreas protegidas para declarar nuevas figuras de protección y fortalecer áreas de conservación. La idea es proteger bosques y coberturas naturales ubicadas en cuencas abastecedoras de acueductos”, comenta Echeverry.

También menciona la implementación de corredores verdes, que mejoran la regulación térmica, favorecen la infiltración y recuperan conectividad ecológica, además de avances en articulación entre municipios y autoridades ambientales.

En el Valle de Aburrá, por ejemplo, se han consolidado capacidades de monitoreo ambiental, gestión del riesgo y gobernanza metropolitana. Allí opera el sistema SIATA, una plataforma de monitoreo hidrometeorológico urbano cuyos aprendizajes pueden servir a otras subregiones de Antioquia.

Con ese panorama, el encuentro incluirá mesas de trabajo y la presentación de experiencias locales y nacionales para avanzar en un ordenamiento territorial alrededor del agua. Sobre la mesa estarán medidas para evitar la ocupación de rondas y zonas de recarga —con instrumentos de planificación más exigentes— y para priorizar infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Entre las propuestas aparecen inversiones en restauración ecológica y la protección de corredores ribereños, humedales y bosques.

Otro eje será la gestión de la demanda y la cultura del agua, con estrategias de hidroalfabetización, uso eficiente y reutilización del recurso. La agenda también incluye medidas de gestión del riesgo hídrico y de adaptación al clima.

Después del evento, allí se publicará una nota con las conclusiones y los principales mensajes del encuentro.

Es probable que en algún momento haya escuchado decir que Colombia es un país anfibio. Este es el término que se ha usado para hacer referencia a la riqueza hídrica que hay en el territorio nacional, representada en ríos, manglares, arrecifes y humedales. Todos estos ecosistemas hacen de Colombia el sexto país del mundo con mayores reservas de agua dulce, una condición privilegiada, pero que cada vez está más afectada por diferentes problemáticas.

Entre estas está la contaminación que generan los plásticos. Imagine, por ejemplo, que cada día arrojan entre 84 y 104 camiones llenos de botellas, bolsas, empaques, pitillos y residuos plásticos en general a estos ecosistemas. A ese ritmo, en un año, estos cuerpos de agua recibirían entre 3.100 y 3.800 camiones llenos de basura, una cantidad suficiente para degradarlos. Lo grave del ejemplo es que no es imaginario. Un estudio de la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos (NPAP Colombia) publicado este jueves señala que cada año, 31.000 toneladas de plásticos contaminan ecosistemas acuáticos.

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Esta situación se ve reflejada en el día a día. Alex Mesa, pescador de Puerto Colombia, Atlántico, recuerda que “anteriormente abundaban los peces. Pero ahora no. Se ha perdido por la cuestión de la basura. A veces en los trasmallos plásticos (un elemento usado en la pesca) se enredan los peces. También vemos residuos de muchos hospitales que vienen a caer acá al mar”.

A esto hay que sumarle otras 98.000 toneladas de residuos plásticos que contaminan los suelos y 202.000 toneladas que se queman a cielo abierto en el país. La problemática no solo debilita especies, también altera los ecosistemas que sostienen el agua limpia, la pesca, los alimentos y el bienestar humano. Por esto, el estudio no solo buscaba identificar las áreas más afectadas por este tipo de contaminación, sino que se enfocó también en los impactos sobre la biodiversidad y, de paso, en cómo estos impactos afectan la salud humana.

Sus resultados muestran que el problema no se reduce a una playa sucia, sino que compromete manglares, arrecifes, humedales, ríos, embalses, pesquerías y medios de vida.

El estudio, en el que participó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Foro Económico Mundial, que cuenta con el apoyo de países como Canadá, enfocó su trabajo sobre las cinco principales macrocuencas del país: Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoquía, Amazonía y Pacífico.

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Las zonas más afectadas por contaminación plástica

Como resultado, encontraron que hay tres áreas más afectadas: la macrocuenca Magdalena-Cauca, el Caribe y el Pacífico. “Allí coinciden tres cosas: una alta presión por residuos plásticos, ecosistemas muy vulnerables y una fuerte dependencia de la naturaleza para actividades como la pesca, el turismo y la provisión de agua y alimentos”, explica Jonathan David Sánchez Rippe, gerente de NPAP Colombia.

En particular, agrega, la parte baja del Magdalena-Cauca y su desembocadura en el Caribe son críticas, porque concentran una gran carga de residuos que viene de zonas urbanas y productivas del interior del país.

El estudio señala que Magdalena- Cauca es la zona más vulnerable, porque tiene ecosistemas y servicios de gran valor, desde páramos y otros ecosistemas andinos de alta montaña con una biodiversidad y especies endémicas excepcionales, hasta bosques tropicales y humedales. Pero a su vez, es la de menor presión. Esta dinámica, se lee en el estudio, puede ser parcialmente atribuida a la existencia de un sistema de infraestructura más desarrollado para la gestión de residuos en estas áreas.

Sin embargo, no pasa lo mismo en las zonas más remotas como la Orinoquía, el Amazonas, el Pacífico y el Caribe. En las dos costas, el riesgo se concentra en torno a las playas, los arrecifes de coral, los manglares y los hábitats del fondo marino, lo que amenaza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sustentan los medios de vida costeros, como la pesca y el turismo. Mientras que las otras dos regiones (Orinoquía y Amazonas) siguen siendo las menos estudiadas en cuanto a los impactos de la contaminación plástica en la biodiversidad.

“No es que sean zonas de menor importancia, sino regiones con menos información disponible, lo que nos muestra una deuda de investigación que el país necesita saldar”, señala Sánchez. Aunque estas regiones tienen menor población, sus servicios reguladores, culturales y de aprovisionamiento son importantes, y podrían verse gravemente comprometidos a medida que aumenta la fuga de plásticos.

¿Cómo se refleja esta problemática en la salud de las personas?

Lo que pasa con los ríos, manglares y humedales no es algo lejano a la salud humana. A medida que estos ecosistemas se degradan, perdemos beneficios claves como el suministro de agua, la calidad del aire, la provisión de alimentos, el esparcimiento y la pérdida de su capacidad para reducir el riesgo de desastres. Estos son considerados efectos indirectos de la contaminación por plásticos.

Pero también hay posibles consecuencias directas. “Hoy sabemos que los microplásticos están presentes en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los alimentos que consumimos, y eso abre una preocupación real por sus posibles efectos sobre órganos y sistemas del cuerpo humano”, sostiene el gerente de NPAP Colombia.

El informe además señala una conexión que se ve con mucha claridad en el tema alimentario. Los autores realizaron una revisión sistemática de la literatura científica disponible hasta 2025 sobre especies y ecosistemas afectados por plásticos en Colombia. Como resultado, observaron al menos 52 especies de peces afectadas, como la lisa, la tilapia, el pargo rayado y la mojarra plateada.

“Si los peces, moluscos y otros organismos acuáticos están expuestos a plásticos y microplásticos, además de ser un problema de fauna, también es una señal de riesgo para la seguridad alimentaria y para la salud de comunidades que dependen de esos recursos”, agrega Sánchez.

Pero no solo son los peces; hay más fauna marina y terrestre en Colombia afectada por ingestión de plásticos y enredos con residuos, entre ellas osos, abejas, bivalvos, y el caracol pala.

Esto también genera efectos indirectos porque, por ejemplo, si se afectan abejas, se comprometen procesos como la polinización; si se afectan bivalvos y otras especies acuáticas, se altera la calidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos; y si aparecen afectados mamíferos como los osos, esto indica que la presión del plástico ya está alcanzando incluso ecosistemas terrestres estratégicos. “Las especies funcionan como una señal de alerta: nos muestran que esta problemática ya está afectando procesos ecológicos clave y, por tanto, la salud general de los ecosistemas”, menciona Sánchez.

Parte de esta problemática se debe a la mala gestión de los residuos. Según un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 2024, el 31 % de los vertederos finales operan en condiciones de emergencia o tienen menos de tres años de vida útil restante. En algunos lugares, como Puerto Carreño, Vichada, los vertederos siguen funcionando como basureros a cielo abierto. Debido a que las alternativas seguras son limitadas, aproximadamente el 16.6 % del total de los residuos se filtran a la naturaleza a través de la quema a cielo abierto y de los sistemas acuáticos y terrestres, lo que aumenta la exposición y los riesgos para las comunidades cercanas.

Pese a que en Colombia está prohibida la quema abierta de residuos plásticos, todavía es una práctica persistente, sobre todo en lugares donde faltan alternativas seguras de disposición. Esta es una situación que también puede tener posibles impactos en la salud respiratoria, cardiovascular y reproductiva de las personas, al liberar sustancias tóxicas y deteriorar la calidad del aire.

El informe también subraya otros factores que están aportando a esta problemática: la presión del turismo en territorios costeros e insulares, el uso de plásticos en actividades productivas como agricultura y pesca y fenómenos como las redes fantasmas. “También encontramos una brecha importante de cultura e información: en varios territorios muchas personas no saben cuál es el destino final de sus residuos y eso refleja que el problema no es solo de comportamiento individual, sino de educación”, sostiene Sánchez, de la NPAP Colombia.

Una guía hacia el futuro

Con esta información, que además se obtuvo con la participación de las comunidades de San Andrés, Puerto Colombia y Puerto Carreño, los autores buscan contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés).

“Este informe deja claro el impacto de la contaminación por plásticos, pero también marca una hoja de ruta para actuar”, dice la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams. Por esto, los siguientes pasos apuntan en cuatro direcciones. Primero, sincronizarse con la hoja de ruta de plásticos al 2040, que básicamente son los planes y estrategias impulsados para reducir este tipo de contaminación para este año. Este ha sido uno de los retos que se han planteado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: reducir hasta en un 80 % esta problemática.

Segundo, entender mejor la presión de la contaminación plástica en los ecosistemas críticos como la Amazonía y Orinoquía donde todavía hay importantes vacíos en la información, pese a su importancia. Tercero, avanzar hacia sistemas de monitoreo más estandarizados y comparables. Y cuarto, mantener un enfoque que combine ciencia, gobernanza y territorio, pues como dicen sus autores, este tipo de problemáticas deben abordarse de manera integral. Lo técnico debe ir de la mano con la percepción de las comunidades para que refleje no sólo lo biológico, sino el problema cotidiano que perciben las personas en regiones que dependen altamente de la biodiversidad.

“Este trabajo ya ofrece una base muy sólida, pero también deja claro que el país necesita ampliar la investigación y llevarla a regiones donde el problema existe, aunque todavía no lo estemos viendo con suficiente nivel de detalle”, afirma el gerente de NPAP Colombia.

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Los proyectos de generación renovable no convencional o FNCER, son en el presente, la apuesta más fuerte en Colombia para avanzar en el camino de la transición energética. Y es que el potencial del país en esta materia no es menor, especialmente en el Caribe. La región concentra el 54 % de los proyectos renovables del país y aporta el 50,27 % de los 4.441 megavatios solares asignados por Cargo por Confiabilidad para 2027-2028.

Los proyectos solares marcan el ritmo de expansión en el sector por una razón particular: la Costa recibe un promedio de 5,5 a 6,0 kilovatios-hora por metro cuadrado (kWh/m²) de radiación solar diaria, cifra que supera el promedio nacional, además de poseer una topografía ideal para la distribución de paneles en proyectos de gran escala.

Respecto a la capacidad eólica, las proyecciones muestran que La Guajira tiene un potencial estimado de 15 gigavatios, y sumando otros territorios, el país llegaría a 25 gigavatios onshore o tierra adentro. Pero ahí no terminan las posibilidades, pues el potencial offshore o en el mar es de 50 gigavatios distribuidos en Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Pero aquí, la cuestión no es de potencial, sino de capacidad institucional para resolver los cuellos de botella administrativos, de infraestructura de transmisión y de conflictividad social.

La materialización de estas oportunidades está al alcance de la mano, pero todas las inversiones necesarias para lograrlo solo serán posibles con las condiciones adecuadas de estabilidad jurídica y seguridad para las empresas del sector.

En Chinú (Córdoba) Isagen toca la campana

En los últimos años, Isagen ha planeado inversiones estratégicas para diversificarse y aportar nuevos megavatios al sistema eléctrico en el corto y mediano plazo. Así como cambian las dinámicas del mercado eléctrico, la generadora también se adapta y gestiona nuevos modelos de negocio para cumplir sus metas corporativas.

Una de las estrategias más destacadas es la alianza con la empresa Atlas Renewable Energy, para el desarrollo de 1.000 megavatios hacia 2030, que en 2025 entregó sus primeros resultados con la entrada en operación del parque solar Shangri-La en Tolima. El 2026 trajo un nuevo resultado. Producto de esta suma de competencias, el parque solar El Campano, en Chinú, Córdoba, logró su cierre financiero con una inversión cercana a los 450 mil millones de pesos, bajo una estructura que combina capital privado y deuda de largo plazo. En esta operación participó la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) con aproximadamente el 50% del total de la deuda del parque.

En materia de capacidad instalada, El Campano entregará aproximadamente 245 gigavatios-hora (GWh) de energía verde anual, generación equivalente al consumo eléctrico de más de 110.000 hogares colombianos.

Otro aspecto destacado, es la garantía de una operación eficiente y estable para los inversionistas, pues El Campano contará con ingresos respaldados por un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con Isagen, bajo la modalidad ‘pague lo generado’ (modelo que paga únicamente la energía generada e ingresada al sistema eléctrico), y recibirá ingresos por el Cargo por Confiabilidad durante 20 años.

A diferencia de los proyectos de generación hídrica y térmica, la generación solar posibilita tiempos de construcción más ágiles, propicios para darle entrada a nueva energía al sistema en un horizonte de tiempo que ya representa desafíos en materia de balanza entre oferta y demanda. El Campano, proyecta su operación para el tercer trimestre de 2027.

Hablar de un proyecto FNCER es hablar de su contribución con el cuidado ambiental. El Campano, además de reforzar la capacidad del sistema eléctrico, contribuirá a la reducción de emisiones de CO₂ durante su vida útil. Cada paso en el camino de la descarbonización nacional cuenta, pues el país tiene como metas reducir el 51% de emisiones de GEI para 2030 y lograr la carbono neutralidad para 2050, conforme al propósito impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además de las condiciones operativas, comerciales y ambientales, el proyecto aporta a la creación de valor en el territorio, impulsando la capacitación y contratación de mano de obra local y la ejecución de programas sociales y ambientales que fortalecen las capacidades productivas comunitarias y el desarrollo de la región. Este esquema puede ser replicable para otros proyectos en el Caribe que hoy esperan cierre financiero. El Campano demuestra que la inversión se concreta cuando las reglas del juego son claras.

Con una visión que busca generar posibilidades para el fortalecimiento del sector eléctrico a largo plazo, Isagen espera seguir sonando la campana de la transición energética con alianzas estratégicas.

La tonada que alerta

Aunque el desarrollo de proyectos solares avanza, según el último informe de SER Colombia, la capacidad renovable proyectada para 2026 supera los 4.200 megavatios, distribuidos así: 2.876 megavatios en pruebas y más de 1.300 megavatios en generación distribuida; pero hay un dato que llama la atención y preocupa: solo 177 megavatios (16 proyectos) entrarían efectivamente este año.

De otro lado, cifras de XM muestran que en 2025 solo llegó al sistema el 10,8% de la energía esperada, y en lo que va de 2026, solo el 0,6%. La entrada efectiva de proyectos eléctricos a corto plazo es muy limitada.

Ahora viene el dilema, porque la demanda está creciendo más allá de la oferta generando un déficit de energía firme, que en 2025 fue del 1,6%. En un nuevo escenario, XM registra brechas más amplias para los próximos años respecto al déficit: 2,3% para 2026, 4,4% para 2027, 3,2% para 2028, 5,2% para 2029 y 6,8% para 2030. Una mayor demanda eléctrica y menor volumen de nueva energía no es la tonada que trae buenas noticias al sistema.

Hace un par de días, un centro de conservación de Reino Unido confirmó el nacimiento de una cría de gibón de Java, también conocido como gibon plateado (Hylobates moloch), una especie en peligro de extincción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

El nacimiento fue anunciado en el centro de conservación Port Lympne, en Kent (Inglaterra), que precisó que se trata de la cría del gibón macho Gapak y de Belle, que ya es madre por quinta vez.

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“Esta es la quinta cría de Belle, y su experiencia se nota: es una madre tranquila y atenta que, ahora que empieza a hacer buen tiempo, muestra a su cría con total confianza”, indicó el centro de conservación, a través de su cuenta de Instagram.

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Esta especie, como lo indica su nombre, es endémica de la isla de Java (Indonesia), donde se encuentra principalmente en las provincias occidentales de Java (Banten y Java Occidental), aunque también está presente en la zona central de la isla.

Según detalla la UICN en su sitio web, la tendencia de la población de esta especie se ha mantenido en los últimos años a la baja. Entre sus principales amenazas se encuentra la pérdida de hábitat debido a actividades agrícolas, así como su caza.

"El Hylobates moloch se encuentra amenazado en toda su área de distribución, en las provincias de Banten, Java Occidental y Java Central, debido a la deforestación continua (la tasa de pérdida forestal está aumentando en todas las localidades, pero es mayor en la provincia de Banten, según Global Forest Watch) y a la caza. En particular los ejemplares jóvenes son capturados como parte del comercio de animales de compañía", detalla la UICN.

Según estimaciones de la Lista Roja de la UICN, el número total de gibones plateados es inferior a 2.500 individuos maduros.

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Para atender esta problemática, la Fundación Aspinall, organización detrás del centro de conservación, tiene un programa, que cuenta con grupos familiares gestionados y hábitats especialmente diseñados para favorecer su reproducción, con el objetivo de proteger a individuos de esta especie en cautiverio para, posteriormente, devolverlos a su hábitat natural.

En total, “tres gibones nacidos bajo el cuidado de Port Lympne han tenido la oportunidad de volver a la naturaleza en hábitats forestales protegidos de Java, donde podrán vivir y reproducirse de forma natural”, indicó la fundación, a través de un comunicado. “De hecho, los dos primeros hijos de Belle ya han sido trasladados a Java como parte de un programa de reintroducción”.

Sembrando Futuro 2.0, el proyecto de restauración ecológica que se desarrolla en la región Andina de Colombia por la Fundación Grupo Argos y Terraformation, recibió la calificación “A” por parte de Sylvera, proveedor independiente de datos sobre carbono, que destacó la capacidad de la iniciativa para generar captura de carbono real, medible y con altos estándares de integridad.

La calificación reconoce el diseño técnico del proyecto, su enfoque de largo plazo y su capacidad para combinar restauración de ecosistemas, captura de carbono y generación de valor para las comunidades rurales. El proyecto contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó con la siembra de más de 2,3 millones de árboles. Su primera fase ya supera las 1.000 hectáreas, con actividades de siembra en marcha desde septiembre de 2023.

La iniciativa utiliza más de 70 especies nativas, entre ellas nueve especies amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés, y concentra sus acciones en seis áreas de alto valor de conservación, contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la restauración de ecosistemas estratégicos para el país.

Sembrando Futuro 2.0 está inscrito en el registro de Verra, organización sin ánimo de lucro que administra estándares internacionales para proyectos ambientales y sociales, incluido el programa de certificación de carbono más usado del mundo, bajo el código VCS 5169 y está en las últimas fases del proceso de certificación bajo la metodología VM0047 V1.1 utilizando únicamente especies nativas. Asimismo, aporta al cumplimiento de cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, igualdad de género, reducción de la pobreza y trabajo decente y crecimiento económico.

Un modelo que lleva la restauración al corazón del territorio

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su modelo centrado en los propietarios de la tierra. A través de acuerdos de conservación a 40 años que pueden ser renovados, pequeños productores, grupos comunitarios y propietarios privados se vinculan al proceso de restauración y participan de manera directa en sus beneficios. A la fecha, se han firmado 25 acuerdos de conservación con propietarios ya vinculados al proyecto, quienes reciben alrededor del 55% de los ingresos de carbono, creando un incentivo concreto para el cuidado de largo plazo de los bosques restaurados.

Además de su impacto ambiental, el proyecto ya ha generado más de 240 empleos locales, con participación femenina cerca del 20%. Esto convierte a Sembrando Futuro 2.0 en una iniciativa que no solo restaura ecosistemas, sino que también dinamiza economías rurales y fortalece capacidades territoriales.

La implementación local del proyecto está liderada por la Fundación Grupo Argos, que cuenta con más de una década de experiencia en restauración ecológica en Colombia. Terraformation aporta su experiencia en restauración y carbono, su plataforma de monitoreo Terraware y su acceso a mercados de carbono.

La evaluación de Sylvera destacó la solidez del proyecto en cuatro frentes. En primer lugar, concluyó que su contabilidad de carbono tiene un riesgo muy bajo, al considerar que cuenta con una metodología robusta para medir el carbono capturado, así como con mecanismos de monitoreo y control consistentes con estándares internacionales.

En segundo lugar, le otorgó una calificación de riesgo bajo en adicionalidad, al reconocer que, sin el proyecto y sin los ingresos asociados al carbono, una restauración de bosque nativo de esta escala difícilmente ocurriría en estas zonas del país. En tercer lugar, en permanencia, Sylvera identificó un riesgo moderado, propio de las condiciones ambientales de la región, pero destacó que este se reduce gracias a la diversidad de especies sembradas, la ubicación de las áreas restauradas en distintos territorios y el manejo técnico del proyecto. Finalmente, en cuarto lugar, calificó sus co-beneficios como excepcionales, por su aporte a la protección ambiental, la generación de empleo local y una distribución más equitativa de los ingresos.

Cada año, solo unas pocas decenas de proyectos de restauración de bosques nativos logran llegar al mercado de carbono. Sembrando Futuro 2.0 es uno de ellos. La calificación ‘A’ de Sylvera confirma que está entre los mejores.

Yishan Wong, fundador y CEO de Terraformation

Este reconocimiento valida no solo la integridad ambiental del proyecto, sino también un modelo de restauración basado en el conocimiento local, el trabajo con aliados rurales y el compromiso de largo plazo con el cuidado del territorio. Sembrando Futuro 2.0 demuestra que Colombia puede liderar proyectos de restauración de bosque nativo de alta calidad, con beneficios concretos para las comunidades y los ecosistemas.

María Camila Villegas, Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Argos

Una oportunidad para los dueños de la tierra y empresas

Sembrando Futuro 2.0 continuará su expansión e invita a propietarios de tierra en Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó con predios degradados, improductivos o subutilizados a explorar su vinculación al proyecto. Esta iniciativa, a su vez, representa una oportunidad para empresas interesadas en créditos de carbono con altos estándares de calidad, trazabilidad e impacto positivo sobre la biodiversidad y el desarrollo rural.

A finales de 2019, recuerda Jackeline Rivera, bióloga de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), se registró en el departamento el primer reporte de una danta de montaña (Tapirus pinchaque) herida y con una infección con gusanos. “Meses después la capturamos y se hizo un tratamiento en su hábitat, y se recuperó exitosamente”, cuenta Rivera.. “Pero luego de eso, año tras año, hemos recibido reportes de dantas con este tipo de heridas asociadas a infecciones causadas por un parásito”.

Se refiere al llamado gusano barrenador, que en realidad es la larva de una mosca (Cochliomyia hominivorax). Este parásito ha afectado durante décadas al ganado en Colombia y, en los últimos años, ha encendido alertas en la comunidad científica por su impacto en las dantas de montaña, una especie catalogada como En Peligro (EN) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Según cifras de la CARDER, entre 2019 y 2025, se han reportado siete casos de dantas con miasis, como se denomina a esta infección. Para poner esta cifra en perspectiva, se estima que quedan solo entre 200 y 300 individuos de esta especie en la Cordillera Central del país.

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Un pico de esta problemática se registró durante la temporada seca, entre finales de 2023 e inicios de 2024, periodo en el que las condiciones de mayor temperatura favorecen la presencia y proliferación de la mosca responsable de la infección. “En ese momento, logramos capturar a varias dantas para hacerles tratamiento, pero la miasis, en algunos casos, ya estaba muy avanzada. Lo que se hacía era tratar a los individuos durante meses, pero era muy complejo pues no hay un sitio con las condiciones para hacerlo ”, explica Rivera, responsable del programa de fauna amenazada de la CARDER.

Para atender esta, y otras problemáticas que varían a lo largo del año, en el departamento se creó una mesa regional compuesta por la CARDER, Parques Nacionales Naturales, organizaciones científicas y comunidades locales para adelantar proyectos para proteger la que es una de las cuatro especies de tapires de montaña, otra forma de denominar esta especie que es considerada uno de los mamíferos terrestres más grandes de los Andes colombianos. Según estudios y caracterizaciones puede medir hasta 1,80 metros de largo y alcanzar 90 centímetros de altura, es solitaria, tímida y principalmente nocturna, se alimenta de hojas, brotes y frutos, y vive entre 25 y 30 años.

En particular, en los últimos años, a través de alianzas con organizaciones como la Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las Áreas Protegidas de Risaralda (Fecomar) se han instalado, en zonas protegidas, cámaras trampa, que son dispositivos ubicados en árboles u otras estructuras y que, al detectar el paso de especies, se activan.

A finales de 2025 y principios de 2026, luego de que se firmó un acuerdo con Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, se instalaron 35 cámaras trampa en el Parque Regional Ucumarí, ubicado en la cuenca alta del río Otún, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre el estado de la especie en esta zona.

Los resultados de ese último monitoreo se acaban de conocer. “Lo que encontramos nos da bastante entusiasmo”, sostiene Carlos Saavedra, coordinador de especies de Wildlife Conservation Society. Tras analizar más de 22.600 fotografías en un periodo de 70 días, se encontró que las dantas ocupan más del 72 % del parque regional.

“Logramos captar imágenes muy interesantes y que nos sorprendieron como una fotografía de una danta juvenil, una muy pequeña que se mueve frente a la cámara”, cuenta Saavedra, de WCS. “Y algo muy interesante de estos dispositivos es que también permiten grabar videos, y se tomó uno en el que un individuo aparece jugueteando y otro en el que se escucha una danta emitiendo sondos, lo cuál es clave para conocer más sobre sus vocalizaciones”.

¿Cómo se determinó esta ocupación a través de cámaras trampa? Como aclaran los investigadores del monitoreo, que fue presentado en un evento en Pereira, las cámaras se pusieron en una parte del área protegida y, a través de modelos estadísticos, se calculó su presencia general en casi todo el ecosistema.

Aunque no existe una cifra directamente comparable con este resultado, algunos datos históricos permiten ponerlo en contexto. Según la CARDER, en 1996, cuando el área enfrentaba fuertes procesos de deforestación, se estimaba que había alrededor de una danta por cada 400 hectáreas. Hoy, gracias a las cámaras, los investigadores han individualizado hasta seis dantas en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros. “Con ese solo dato ya sabemos que las estimaciones que se tenían en el 96 son inferiores a la que estamos viendo en este momento”, precisa Rivera, de la CARDER, quien señala que este monitoreo hace parte de un macroproyecto que se viene trabajando en articulación con el Grupo de Especialistas en Tapires de la UICN.

Los funcionarios de la corporación indican que ahora las dantas se observan con mayor frecuencia, dejando rastros que muestran una mayor “abundancia en los bosques analizados”. Además, uno de los hallazgos destacados es que no se detectaron nuevos casos de miasis en los individuos registrados por las cámaras. En total, el monitoreo con las 35 cámaras trampa permitió analizar 114 registros de dantas, de los cuales el 82,5 % presentaba buena condición corporal y no evidenciaba heridas visibles.

Para Diego Lizcano, biólogo experto en dantas quien no participó en el estudio, se trata de “hallazgos bien interesantes y es positivo que en el muestreo con cámaras no encontraron dantas con la infección”.

“Este tipo de hallazgos son superpositivos, y creo que son ejemplos de los que nos debemos pegar. Y para lograr entender, con una visión compleja, que no necesariamente tenemos que chocar con la naturaleza, sino que con un poco de organización es posible coexistir con la biodiversidad del mundo”, comenta Saavedra.

¿Cómo se explican estos resultados?

A ojos de Rivera, de la CARDER, estos resultados hacen parte de estrategias que se vienen desarrollando en el departamento en los últimos años. “Por ejemplo, en el parque regional tenemos un gran hito de que casi no se ha registrado deforestación desde principios de siglo, ni cambios importantes en el uso del suelo”.

Además, desde hace dos años, según la corporación, se viene realizando un esfuerzo en la educación ambiental, que incluye la realización de un festival de la danta para fortalecer la apropiación social de esta especie.

A esto se suma, según Saavedra de WCS, el desarrollo en la región de prácticas sostenibles, así como actividades como el turismo de naturaleza que, a través de comunidades locales, buscan la protección del territorio. “Es una matriz bastante interesante la que se ha tejido en el territorio en aras de la biodiversidad”, precisa.

Esto es clave si se tiene en cuenta que las principales amenazas que enfrentan las dantas son su cacería, la ganadería y la deforestación. En ese caso, el estudio también detalló que no se reportaron casos de caza contra dantas, ni de ataques de perros ferales, en lo que ha sido una problemática alertada por científicos. En particular, como contamos en estas páginas, se han registrado varios casos en Santa Rosa de Cabal.

“En el caso del bosque, no los hemos visto, no se han obtenido rastros de ellos”, asegura Rivera, quien señala que esta problemática se registra en otros sectores del departamento.

En contexto: Ataques de perros a dantas, el vídeo que muestra el peligro que enfrentan especies amenazadas.

Un plan de choque ante nuevas amenazas

Estos resultados, sin embargo, no permiten a los científicos y funcionarios ambientales cantar victoria, en particular con relación a nuevas amenazas que enfrentan las dantas. Estos nuevos factores de riesgo están relacionados, principalmente, con el cambio climático.

Por ejemplo, los cambios en la temperatura pueden alterar las condiciones del territorio y, con ello, su distribución. Como habita entre los 1.700 y 4.000 m s. n. m., su rango podría reducirse o verse forzada a desplazarse hacia zonas más altas. A esto se sumarían variaciones en el régimen de lluvias, con efectos sobre la vegetación y las fuentes de agua de las que depende la danta.

Además, estas modificaciones en los patrones del clima también pueden favorecer la presencia del Cochliomyia hominivorax, el párasito que viene afectando estas especies.

Ante estos, los investigadores aseguran que, ante la inminente llegada de un fenómeno del El Niño para el segundo semestre de 2026, se realizarán más monitoreos para evaluar qué tanto aumenta el riesgo de infecciones durante las temporadas secas.

“Estos resultados nos permiten priorizar acciones en el territorio y anticiparnos a los riesgos. El monitoreo nos da información clave para enfocar esfuerzos en restauración, manejo sanitario y trabajo con comunidades antes de que las amenazas afecten a la población”, afirmó Leonor Valenzuela, bióloga y coordinadora del proyecto por WCS Colombia.

Una de las propuestas que maneja la comunidad científica ante este problema, como se detalla en un estudio publicado a finales de 2025 y en el que participó el biologo Diego Lizcano, es que, “para mitigar esta amenaza, Colombia debería considerar la posibilidad de poner en marcha un programa de control biológico mediante la técnica de insectos estériles, similar a las iniciativas de erradicación”, se lee en el estudio.

En esta línea, en este momento desde la CARDER y la WCS se trabaja en un documento en el que se detallará un plan de choque para asegurar la conservación ante los nuevos retos que enfrenta la especie. Entre las principales acciones están la restauración y conectividad de bosques, alertas tempranas de nuevos casos de miasis, la atención a eventos sanitarios como la miasis, y estrategias de educación y articulación institucional para reducir las presiones sobre la danta.

Después de dos años de espera, una ONG de Indonesia logró capturar en video a un orangután de Sumatra (Pongo abelii), una especie en peligro crítico de extinción, utilizando uno de los puentes colgantes artificiales que construyeron para evitar que crucen una carretera en Sumatra del Norte, en Indonesia.

La noticia fue presentada como un hito mundial para la conservación por la Sociedad del Orangután de Sumatra (SOS) y Tangguh Hutan Khatulistiwa dos organizaciones que en 2024 construyeron cinco puentes colgantes, tras la ampliación de una carretera vital para comunidades remotas que atravesaba la selva tropical.

Esta es la primera vez que se registra el uso de estos puentes por parte de esta especie de orangután, pero anteriormente ha sido usado por otros primates, como gibones, langures y macacos. “Este evento confirma que los orangutanes de Sumatra pueden y utilizarán estos puentes para superar la fragmentación del bosque”.

Para Helen Buckland, directora ejecutiva de SOS, este hecho representa que el desarrollo humano y la vida silvestre “no tienen porqué estar reñidos. A veces, las soluciones más sencillas son las más efectivas”, dijo a AFP.

Sumatra alberga algunas de las selvas tropicales más importantes del planeta. De este lugar dependen millones de personas que viven en comunidades aledañas a la selva, pero también orangutanes, tigres de Sumatra, rinocerontes, elefantes, leopardos nublados, gibones y osos malayos, así como cientos de especies de aves, insectos, entre otras.

“Muchas de las especies de Sumatra son endémicas de la isla y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, proteger a los orangutanes como especie emblemática también protege a miles de otras especies: toda la biodiversidad de la selva tropical”, explica SOS.

Pese a su importancia, los orangutanes de Sumatra, por ejemplo, una de las tres especies de orangutanes que existen, están en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Actualmente solo quedan 14.000 orangutanes de Sumatra y apenas 800 orangutanes de Tapanuli en estado salvaje.

Sus principales amenazas son justamente la fragmentación del bosque para agricultura, construcción de carreteras, viviendas e infraestructuras y la minería.

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En las costas del Chocó, la pesca artesanal tiene una lógica propia que poco se parece a la pesca de río o de litoral. Los pescadores de esta región del Pacífico colombiano recorren largas distancias en alta mar para llegar a caladeros ricos en especies de alto valor, una práctica que sus comunidades han perfeccionado durante generaciones.

Una de sus técnicas ancestrales más ingeniosas es el “payao”, en el que se sumerge un tronco de mangle nato (Mora oleifera), se ancla al fondo con cuerdas y estas se cubren con ramas de palma de coco para crear refugios artificiales donde, por acumulación progresiva de algas, moluscos y peces pequeños, terminan congregándose las especies más grandes. “Es una forma de llamar al pez sin perseguirlo”, describe Mauricio Bechara, investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Pero la distancia que hace posible esa pesca también la encarece y la complica. Hasta hace algunos años, el único punto de venta de hielo en toda la zona era Ciudad Mutis, la cabezera principal de Bahía Solano: un pescador que llegaba desde Cabo Marzo debía hacer más de tres horas de trayecto adicional solo para conservar su captura, quemando combustible y reduciendo sus márgenes de ganancia. Con el apoyo de ABRIGUE (Agroecología, Bioeconomía, Resiliencia, Innovación, Gobernanza y Unión Europea) y la cooperación de la Unión Europea, esa barrera comenzó a romperse. Se instalaron equipos de producción de hielo en salmuera fabricado con agua salada que tarda más en derretirse que el hielo convencional, en puntos estratégicos de la costa, acercando la cadena de frío a donde el pescador trabaja.

Las soluciones implementadas en estas zonas son parte del programa ABRIGUE, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y con el respaldo del programa DeSIRA (Desarrollo de Innovación Inteligente a través de la Investigación en Agricultura) de la Unión Europea, que durante los últimos cinco años se desarrollaron iniciativas para transformar los sistemas agroalimentarios del país de Colombia, en particular en alianza con organizaciones comunitarias, hacia modelos más sostenibles y resilientes al cambio climático.

“El proyecto ha trabajado directamente con comunidades campesinas y afrodescendientes, para fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas y de gobernanza para desarrollar modelos productivos que integran conocimiento local y ciencia aplicada. Entre sus principales resultados se destacan avances en cadenas de valor como cacao, canangucha o moriche (Maurita flexuosa), ganadería láctea, copoazú, vainilla, coco y sistemas de pesca artesanal sostenible”, explica Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Sinchi.

Según datos de la FAO, más del 90 % de los 570 millones de granjas agrícolas del mundo tienen una gestión individual o familiar y dependen sobre todo de mano de obra familiar. Según se lee en un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la gran mayoría de las fincas del mundo son pequeñas o muy pequeñas, que se definen como espacios de menos de dos hectáreas.

Con este enfoque se impulsaron producciones de en pequeñas parcelas de copoazú, cacao, ganadería láctea y canangucha en el sur del Caquetá, en los municipios de San José de Fragua, Belén, Montañita, y en el sur del Meta, en Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y Macarena, como puede ver en el mapa, y fueron apalancados en una alianza del Instituto SINCHI con el Ministerio de Ciencias, el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) de Francia, AGROSAVIA y la Universidad Tecnológica del Chocó.

Como explica Carlos Rodríguez, coordinador del proyecto ABRIGUE, “el sur del Meta, el Caquetá, el Chocó marino-costero son zonas que han cargado décadas de conflicto armado, economías ilegales, deforestación acelerada, donde se asientan comunidades rezagadas de la inversión del Estado. Son territorios de frontera, donde el Estado y la legalidad ha tenido que ganarse el espacio palmo a palmo. Y en ese sentido, el proyecto buscaba, con sus impactos, contribuir a la paz territorial”.

En total, el proyecto trabajó directamente con 586 familias en estos 10 municipios, que desarrollaron prácticas agroecológicas, que consisten en aplicar principios ecológicos al diseño y gestión de sistemas agrícolas sostenibles a través de cambios en sus modos de producción. En esta línea, se desarrollaron 12 productos de bioeconomía que benefician a 1.149 familias vinculadas a 14 organizaciones sociales.

Las plataformas de innovación

En los diferentes municipios en los que operó el proyecto, explica Rodríguez, del Sinchi, se desarrollaron diez plataformas de innovación, un modelo de trabajo en red de múltiples actores aplicado en varias regiones del mundo y ajustado por ABRIGUE para las zonas del proyecto, y en el marco del cual se realizaron 50 encuentros para co-diseñar y probar soluciones de agroecología y bioeconomía para las necesidades locales y fortalecer las diferentes cadenas productivas de las comunidades.

En estos espacios, comunidades, investigadores y miembros de la cooperación internacional presentaron proyectos e ideas para avanzar hacia sistemas agroecológicos y se generaron las bases para la co-creación de conocimientos y tecnología.

“A estas redes de trabajo las soluciones no llegaron hechas, sino que estas y los problemas se encontraron ahí. Y para esto se trazó un plan con una estrategia, cada una de las cuales poseía una serie de innovaciones para determinar cómo se avanzaría hacia el sistema agroecológico”, sostiene Rodríguez, de SINCHI. La agroecología se basa en la aplicación de principios ecológicos para diseñar y gestionar sistemas agropecuarios que sean productivos, resistentes y sostenibles.

En algunas zonas del Chocó, cuenta Becharra, docente de la UTC, crecen de “manera silvestre” plantas de Vanilla planifolia, la especie de la que, luego de un curado, se vende para gastronomía y también se saca su extracto. Algunas familias han obtenido de allí el material vegetal para plantarlas en sus fincas y su posterior aprovechamiento.

“La humedad del Chocó es casi siempre por encima del 80 % y uno de los trucos del manejo de la vainilla es el secado, intercalando periodos de sol y sombra. Y para esto se construyó un domo, un espacio para mejorar este proceso, en lo que era una de las falencias de este producto en el Chocó”, precisa el investigador.

Por su parte, cuenta Miguel Serrano López, director de Agrosavia, una de las vulnerabilidades que tienen los sistemas agroalimentarios en estos territorios es su vulnerabilidad al cambio climático. “Para esto, una de las claves es tener sistemas diversificados. Este es el caso de la cadena de cacao, se está trabajando en sistemas agroforestales, que incorporan especies que tengan otras utilidades, como el aprovechamiento de madera o que permitan el autoabastecimiento, pues una planta de cacao no va a producir el mismo año de la siembra”, puntualiza.

En ese sentido, Serrano recuerda que “para las comunidades campesinas este no es un experimento, es un medio de vida, y hay una responsabilidad de ayudar a estas producciones para ser más rentables, no solo en su producción, sino en aspectos sociales y ambientales”.

En el balance del proyecto se señaló aquellas fincas que “completaron un 80 % de su transición hacia la agroecología lograron reducir en un 17,4 % su impacto en el calentamiento global”, indica Mantilla, del instituto Sinchi.

En el caso de los sectores piloto del Caquetá, estimaciones del mismo instituto, apunta a que si las prácticas de agroecología y bioeconomía se adoptan masivamente en los sectores piloto en el departamentos, las emisiones de CO2 podrían reducirse en más de 19 millones de toneladas cada año. Vale señalar que, en materia de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el país se comprometió, a finales de 2025, a que en 2030 las emisiones no superen los 169,44 millones de toneladas de CO₂ equivalente y que para 2035 se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas.

Según cifras del Sinchi además, en las fincas que participaron en el programa incrementaron en 36 % las reservas de carbono almacenado, 35 % de su diversidad taxonómica de plantas y hongos del suelo, en más de 30 % la riqueza de macrofauna del suelo y en 66,4 % la diversidad productiva de la finca respecto al sistema tradicional. Adicional a estos impactos ambientales, familias con fincas en un avanzado estado de transición pueden alcanzar, a los 8 años, unas tasas de rentabilidad entre 30 y 35% superiores a la que se recibe con actividades como la ganadería.

Por su parte, durante estos espacios se generaron productos comerciales: chocolate artesanal, vainilla curada, aceite de coco, derivados de la canangucha y copoazú y otros subproductos asociados que reciben un sello de garantía comunitario creado mediante un Sistema de Garantía Participativo, donde las mismas comunidades certifican el origen orgánico y cero deforestación de los productos.

“Y es un campo que no podemos perder de vista es la importancia de las decisiones de consumo. Es decir buscar formas para hacer que los productos agroecológicos no sean consumidos por unos pocos consumidores, sino hacerlos mucho más accesibles para todos”, explicó Isabelle Vagneron, doctora en Economía e investigadora del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) .

El El proyecto ABRIGUE también realizó, en un proceso liderado por Minciencias, una caracterización de las capacidades, el financiamiento y la gobernanza y en ciencia, tecnología e innovación para la agroecología y la bioeconomía en los tres departamentos. Con esta base se desarrollaron 10 propuestas para avanzar hacia sistemas más sostenibles y en áreas como redes de conocimiento, servicios de apoyo técnico, ecosistemas de financiamiento, sistemas de garantía de calidad participativos y apropiación social de la innovación.

Además, se desarrollaron propuestas de instrumentos de política para planes departamentales de bioeconomía con bases agroecológicas, sistemas territoriales de innovación, criterios para la pesca artesanal responsable, compensación por servicios ecosistémicos y reorientación del financiamiento rural hacia modelos sostenibles.

El reto de escalarlo

En línea con esto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, durante el evento de cierre, expresó que “durante estos cinco años, el proyecto ABRIGUE ha demostrado que es posible transitar hacia modelos agroalimentarios que son más sostenibles y resilientes al cambio climático”.

El instituto Sinchi asegura que los desarrollos conceptuales, metodológicos y las evidencias de las transiciones hacia la agroecología y bioeconomía ya han sido incorporados en iniciativas de alcance nacional como en los Núcleos de Desarrollo Forestal y la Biodiversidad liderados por el Instituto Sinchi, en el que este modelo de transiciones es uno de los pilares conceptuales. Además, más de 4.100 personas recibieron conocimientos y capacidades técnicas para sus proyectos.

El desafío, según el Instituto Sinchi, es ampliar su implementación y acompañarlo con instrumentos de política pública y financiamiento. “El modelo está probado y validado con las comunidades; necesitamos la voluntad de escalar a otras zonas del país”, concluye Luz Marina Mantilla, del Sinchi.

Colombia tiene sol, agua y viento en cantidades que muchos países envidiarían. Es uno de los territorios con mayor potencial de generación renovable del continente, con cuencas hidrográficas que han sostenido el sistema eléctrico durante décadas y con un gran potencial por ser desarrollado. Posee además una irradiación solar potente en buena parte del territorio y vientos fuertes en la región caribe por encima del promedio mundial. Aun así, el sector eléctrico enfrenta retrasos en la entrada de nuevos proyectos, que presionan la oferta frente a una demanda creciente; así como una gran incertidumbre regulatoria que, sumada a la deuda estructural con el sector, genera inquietudes en los inversionistas.

Desde Isagen llevamos más de treinta años generando energía renovable, aportando cerca del 20% de la energía anual. Conocemos el entorno para desarrollar un proyecto: años de trabajo, inversión sostenida, relacionamiento sólido e instituciones funcionales y oportunas. Cuando ese entorno se traba (cuellos de botella regulatorios, largos procesos de licenciamiento, señales de política pública cambiantes) los megavatios que el país necesita simplemente no llegan. Y las consecuencias las pagamos todos los colombianos.

La hidroelectricidad con embalse sigue entregando confiabilidad: aporta firmeza cuando las fuentes intermitentes no pueden y puede extender su vida útil por décadas. Complementarla con nueva oferta renovable es la dirección correcta, pero se requiere mayor estabilidad y reglas claras. Los sistemas de almacenamiento de energía abren una nueva frontera y la transformación digital fortalece la competitividad operativa. El sector tiene con qué responder.

Lo que Colombia necesita es que el entorno institucional acompañe ese ritmo. Que las decisiones regulatorias lleguen con la misma urgencia con que llega la demanda. Que los proyectos listos para construirse puedan hacerlo. Los sistemas de almacenamiento de energía, por ejemplo, podrían transformar la forma en que el país gestiona su matriz: suavizan la intermitencia de las renovables, fortalecen la confiabilidad del sistema y abren una nueva frontera de inversión. Pero su desarrollo también depende de señales regulatorias claras. Y ahí está precisamente la paradoja de la abundancia: no hay escasez de recursos naturales, ni de tecnología, ni de capital. Los inversionistas están atentos y dispuestos a apostar por Colombia, pero las señales tienen que ser sostenidas en el tiempo. La inversión llega donde hay reglas estables y voluntad política de cumplirlas. El potencial está, el capital está, las empresas con capacidad técnica y vocación de largo plazo también. La transición energética no puede seguir siendo un horizonte: Colombia tiene todo para convertirla en una agenda concreta de ejecución, y el sistema eléctrico no puede seguir esperando.

Hace unas semanas empezó a operar un proyecto piloto en producciones de papa en Cundinamarca y Boyacá que busca, a través de la utilización de fertilizantes fabricados con energía renovable y procesos más eficientes, reducir las emisiones asociadas con este tipo de insumo en las producciones agrícolas.

Se trata de una alianza entre PepsiCo, empresa agroindustrial líder en alimentos y bebidas, junto a Yara Colombia, una multinacional de fertilizantes que opera en más de 60 países en el mundo.

Lo invitamos a leer: La estrategia de esta fundación para escalar soluciones sostenibles en los territorios.

Uno de los nuevos pasos que implica esta estrategia que, se implementará en más de 596 hectáreas de papa, es que se utilizará un fertilizante denominado Yara Climate Choice™, con el objetivo de avanzar hacia la descarbonización de este cultivo en Colombia, integrando innovación tecnológica y buenas prácticas agrícolas. Esto se suma a otras iniciativas para hacer un uso más eficiente del agua, la energía y de otras aplicaciones de manejo fitosanitario en campo.

Según precisan, en conjunto, estas acciones podrían generar hasta un 27 % de reducción adicional en la huella por tonelada de papa producida, que se suma al 72 % del volumen total de papa que ya utiliza fertilizantes de baja huella de carbono, producidos por Yara Colombia en su planta de Cartagena, con reducciones cercanas al 60 % frente a alternativas tradicionales.

“Más allá de su dimensión productiva, esta primera etapa tiene como objetivo principal transferir conocimiento, generar aprendizaje en campo y fortalecer capacidades en torno a prácticas de descarbonización, especialmente en el manejo eficiente de la fertilización”, destacó Esaú Cervantes, responsable de Agro Andinos de PepsiCo.

Además de reducir significativamente las emisiones de CO₂ asociadas a la producción del fertilizante y a la descarbonización del cultivo, y reducir la huella de carbono por cada kilo de papa producida, el proyecto también promueve el uso más eficiente de los nutrientes, proteger las fuentes hídricas y mejorar la salud del suelo, fortaleciendo la productividad en campo y la agricultura regenerativa.

Como argumenta Andrés Useche Díaz, vicepresidente Región Andina Yara Latam, “Colombia es uno de los principales productores de papa en América Latina y es parte fundamental de la seguridad alimentaria del país. Estos agricultores, que llevan generaciones cultivando en las montañas colombianas, merecen las mejores herramientas para seguir haciéndolo de manera sostenible. Alianzas como esta demuestran que cuando la industria se une con un propósito claro, el cambio llega al campo: reducir hasta un 90% las emisiones asociadas a su producción no es una promesa, es una tecnología disponible hoy y está en manos de los agricultores colombianos”.

Según explican las compañías detrás de este piloto, estas prácticas podrán implementarse potencialmente en todas las hectáreas de los agricultores proveedores de PepsiCo, que suman cerca de 2.300 hectáreas de cultivo de papa en Colombia.

Hay momentos en los que el agua parece un asunto técnico, encerrado en boletines, cifras de cuánta agua nos queda en los embalses o documentos de política pública para gestionar el recurso hídrico. Pero hay otros como el actual en los que aterriza una realidad innegable: la vida cotidiana de las personas depende del agua. Y no sólo eso, también constituye un factor determinante de la economía y de la estabilidad territorial.

El Ideam y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace unas semanas advirtieron que existe un 61 % de probabilidad de que se den las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, entre mayo y julio de 2026, aumentando progresivamente hasta llegar al 90 % a partir de septiembre. Para el último trimestre del año se prevé que su intensidad sea moderada o superior.

La advertencia debe leerse más allá del pronóstico climático. Esto puede traducirse en un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones sobre la producción de alimentos y energía. Todo lo anterior, con un impacto directo negativo en el bienestar de las personas. Una alarma que retoma desafíos históricos y cíclicos para el país: fortalecer capacidades, ordenar prioridades y acelerar las acciones de mitigación de riesgo y de adaptación antes de que se sienta con mayor fuerza.

(Lea también: Colombia, un país anfibio que no ha aprendido a vivir con el agua)

Los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable, liderados por la campaña BIBO de El Espectador, con la dirección técnica de WWF Colombia y el apoyo de Isagen, recogen esa lectura y proponen que la seguridad hídrica sea el hilo conductor de la conversación del 2026, entendida como la capacidad de los territorios para anticipar y gestionar los riesgos asociados a la variabilidad climática. En otras palabras: prepararnos mejor para que, cuando llegue una emergencia, la afectación sea la menor posible.

“La alerta frente a los fenómenos de variabilidad climática y la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño debe acelerar el fortalecimiento de la gobernanza a nivel territorial para actuar con mayor anticipación, de la mano de quienes habitan el territorio. Este ha sido el foco de nuestro trabajo durante más de 15 años, a través de los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable. En Colombia, hablar de agua es hablar de la posibilidad de la vida, del equilibrio de los ecosistemas y de aquello que sostiene la seguridad alimentaria, la energía y el bienestar de las comunidades. Su protección y gestión sostenible es fundamental para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de los territorios”, afirma Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.

Ecosistemas sanos para una transición energética justa

El diálogo adquiere más peso si se mira el sector energético. En febrero, el Ministerio de Minas y Energía informó que Colombia alcanzó los 4 gigavatios de generación con energía solar, equivalentes al 17,09 % de la matriz energética del país. Es un avance importante y una señal de que la transición energética está dejando de ser una promesa para convertirse en infraestructura real, especialmente con el crecimiento de esta tecnología.

Esa buena noticia convive con otra realidad estructural: la seguridad energética colombiana sigue dependiendo, en buena parte, del agua. Aunque el país avanza en diversificación, el sistema todavía respira al ritmo de las lluvias, de los aportes hídricos y de la salud de las cuencas.

Camilo Marulanda, presidente de Isagen, insiste en que allí está uno de los puntos centrales del debate. “Para Isagen, la seguridad hídrica, la generación de energía y el ordenamiento del territorio son tres dimensiones inseparables. La disponibilidad de agua no depende solo del clima, sino también de decisiones históricas sobre el uso del suelo, la ocupación de las cuencas y la protección de los ecosistemas estratégicos”, señala.

Esa visión refuerza la idea de que hablar de agua y energía no es hablar de dos agendas separadas. Es hablar de cómo protegiendo la oferta hídrica se aumenta la resiliencia del sistema y se acelera una transición energética justa. Con un mayor peso de fuentes como la solar, la biomasa y otras alternativas, estas pueden ayudar a aliviar la presión sobre grandes embalses cuando el clima se vuelve más incierto.

Marulanda lo resume en una frase que encaja con el diálogo de este año: “No hay seguridad energética sin seguridad hídrica, y esta última solo es posible si el agua se gestiona de manera integral, anticipada y con visión de largo plazo en los territorios”.

Ejes de los encuentros

En Colombia, la paradoja hídrica sigue intacta: el país tiene una oferta alta, pero el acceso es desigual, la calidad sigue siendo un reto y la gobernanza no siempre logra articular los instrumentos existentes. El documento de recomendaciones que hicimos al Plan Nacional de Desarrollo en la edición 2025 de los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable recuerda que el agua debe convertirse en el punto de partida de la planificación territorial y no seguir subordinada a decisiones urbanas, productivas o de infraestructura que avanzan sin suficiente coordinación.

Para el 2026, en los 15 años de los Encuentros, el propósito es contribuir a la Política Nacional del Agua, hoy en formulación, para que se traduzca en acciones concretas en los territorios. Este año se organizarán en cinco ejes temáticos: Ordenamiento territorial, gobernanza de cuenca y gestión de conflictos socioambientales, soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como eje agua–energía–clima, gestión del riesgo hídrico y adaptación climática territorial, y conocimiento, cultura del agua y capacidades territoriales y servirá para cruzar las recomendaciones del 2025 con oportunidades reales de implementación.

“Lo que buscan los Encuentros este año, es pasar del diagnóstico a la implementación. La Política Nacional del Agua puede ser una oportunidad para ordenar prioridades, alinear actores y aterrizar decisiones en los territorios, especialmente en un momento en que la variabilidad climática obliga a anticipar sus impactos”, añade Barrera.

Adaptación y soluciones basadas en la naturaleza

Uno de los giros más valiosos de esta conversación es que pone sobre la mesa no solo los riesgos, sino las herramientas para enfrentarlos mejor. WWF Colombia ha insistido en que las soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales para fortalecer las sinergias entre las agendas de clima y biodiversidad. Conservar y restaurar bosques, humedales, páramos y otros ecosistemas ayuda a capturar carbono, pero también a reducir vulnerabilidades, regular el ciclo del agua, disminuir erosión y fortalecer la resiliencia tanto de las personas como de los territorios frente a sequías, inundaciones y otros eventos extremos.

Ese enfoque es especialmente pertinente para Colombia. La protección de cuencas, suelos, nacimientos, bosques altoandinos, bosques tropicales húmedos y secos, y humedales,no es sólo una tarea ambiental, sino también una forma concreta de fortalecer la regulación hídrica y reducir la vulnerabilidad frente a futuras emergencias.

Desde la mirada de Isagen, la experiencia acumulada en estos espacios también deja una lección clara. “La transición energética no puede entenderse únicamente como un cambio tecnológico, sino como un proceso profundamente territorial, social y ambiental”, dice Marulanda. Y agrega: “La protección de fuentes hídricas, bosques, páramos y cuencas no es un obstáculo para la transición, sino una condición habilitante”.

Este planteamiento cobra relevancia porque cambia el tono de la conversación. Ya no se trata solo de cuánto riesgo puede traer un nuevo verano intenso, sino de qué tan capaces somos de reforzar desde ahora las bases ecológicas e institucionales que hacen posible enfrentar mejor ese riesgo.

Una agenda para actuar

En ese sentido, la novedad de los Encuentros 2026 es sólo metodológica en su aproximación política y periodística. La apuesta es sacar el agua del lenguaje cerrado de los expertos y devolverla a una conversación pública más cercana: cómo asegurar agua de mejor calidad, cómo usar mejor los instrumentos existentes, cómo coordinar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), cómo fortalecer la prevención y el monitoreo, cómo restaurar ecosistemas estratégicos y cómo ampliar una transición energética que ayude a responder mejor cuando las lluvias bajen.

Para que eso ocurra, Marulanda plantea tres prioridades que encajan con el espíritu de este nuevo ciclo: una gobernanza efectiva del agua en las cuencas, una mejor alineación entre planeación hídrica, energética y territorial, y una inversión sostenida en conservación y gestión del recurso. “Proteger ecosistemas estratégicos, restaurar cuencas y fortalecer capacidades locales no debe verse como un gasto, sino como una inversión clave para la seguridad hídrica, energética y social del país”, afirma.

Ese mensaje conecta con la apuesta de fondo de los encuentros: la nueva Política Nacional del Agua va a fortalecer las acciones de adaptación a la variabilidad y cambio climático y amplía el componente de gestión y prevención del riesgo propendiendo por disminuir la vulnerabilidad de los sistemas hídricos.. O, dicho de otra manera, usar este momento de alerta para construir mejores capacidades antes de que llegue la próxima emergencia.

Con el 2030 a la vuelta, la discusión sobre el agua no puede reducirse a cuánto llueve o en qué nivel están los embalses. El foco es qué tan bien estamos usando este tiempo para prepararnos. Los Encuentros 2026 apuntan a construir, de manera conjunta, una agenda más clara para que el país no solo responda mejor ante el próximo verano intenso, sino que construya territorios más resilientes, con mejor gobernanza del agua, ecosistemas más sanos y una transición energética mejor conectada con la realidad de sus cuencas.

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Colombia florece en capas: cada metro sobre el nivel del mar es un coloquio de hojas, flores y semillas que cuentan la historia de la riqueza natural única del país.

Según cifras del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), Colombia es el primer país del mundo en diversidad de orquídeas, segundo en diversidad de palmas y tercero en diversidad de plantas. Son más de 38 mil especies de plantas registradas en el SiB, de las cuales 5 mil 300 son endémicas y mil 100 son exóticas, aunque podría existir un gran subregistro debido al potencial natural de muchas zonas inexploradas.

Con una diversidad tan extensa, el cuidado de la flora nacional necesita la articulación de varios actores, incluyendo autoridades, universidades, comunidades, campesinos y, por último, la empresa privada que desde cada área de influencia puede impulsar programas de conservación con el apoyo de comunidades vecinas y aliados estratégicos de múltiples vertientes.

Guardianes de la flora en las regiones

Por más de 30 años, Isagen ha entregado no solo la energía que mueve al país, sino también acciones en beneficio de la biodiversidad. Los buenos resultados en materia de protección de la flora han sido posibles gracias al conocimiento y experiencia de su equipo ambiental y a las alianzas que se construyen en cada territorio, para desarrollar estrategias y actividades de protección.

Coberturas vegetales

La generadora gestiona el 100% de las coberturas vegetales propias, equivalentes a más de 166 km2, una extensión similar a la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, interviene en otras áreas estratégicas para actividades de restauración. Estas actividades son revisadas y aprobadas por las autoridades ambientales.

En los predios asociados a sus centrales se identifica la presencia de diversas especies de flora en algún estado de amenaza o endemismo, conforme a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Resolución 0126 de 2024 y el endemismo. Para el año 2025, el registro asentado por el equipo ambiental fue el siguiente: 63 endémicas, 23 en categoría Vulnerable (VU) y 12 En peligro (EN), para un total de 98 especies.

Además del compromiso en sus predios, Isagen apoya siete áreas protegidas en el país que albergan gran riqueza de flora: Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI- Las Camelias, Reserva Forestal Protectora de Orden Regional – RFPR- Punchiná y Reserva Forestal Protectora de Orden Regional – RFPR- San Lorenzo, en Antioquia; Parque Nacional Natural Selva de Florencia, en Caldas; Parque Nacional Natural Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño, en Tolima; Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI- Luriza, en Atlántico, y el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, en Santander.

Semillas nativas forestales

Dentro del Programa de Educación Ambiental (PREDA) y apoyado por el programa de guardabosques que vincula vecinos de las centrales de generación; junto con las comunidades de las áreas de influencia en oriente antioqueño, oriente de Caldas, Santander y Tolima, se siguen procesos de reforestación y compensación con semillas forestales nativas.

Las especies forestales nativas cumplen diferentes funciones: apoyan los afloramientos hídricos y posibilitan el desarrollo de fauna y flora complementaria; son aliadas de los cultivos y la ganadería; y facilitan la elaboración de cercos y muebles, y la disponibilidad de leña para estufas ecoeficientes, entre otros.

Julián Aristizábal, técnico forestal del equipo de guardabosques de la Central Miel I, en Caldas, destaca su importancia para la salud del suelo: “El aporte de las especies nativas a la recuperación del suelo es muy amplio, por ejemplo, la fijación de nitrógeno que mejora la fertilidad, y el mejoramiento de la estructura del suelo mediante las raíces de las plantas que lo mantienen en su lugar y evitan la pérdida de nutrientes”.

El uso de estas semillas para procesos de reforestación y compensación no es casualidad, sino que responde al cumplimiento de requisitos en temperatura ambiente, cantidad de lluvias, condiciones de suelo, funcionalidad e interacción con otra flora y fauna en el área intervenida. La clave está en usar las semillas adecuadas para respetar las necesidades naturales del ecosistema y las de las comunidades que lo habitan.

El programa también emplea especies amenazadas en las regiones de influencia, como la “ceiba barrigona” y el tagüí en Santander, el chupo (Gustavia romeroi) en Caldas y el abarco en Antioquia, por exponer algunos ejemplos.

Esta estrategia, en su componente pedagógico, involucra igualmente a los estudiantes de las instituciones educativas aledañas como los llamados a continuar con la bandera de la conservación en sus territorios.

Alianzas para la conservación

Cuando se trata de procesos de conservación especializada e investigativos, la suma de experiencias y saberes trae los mejores resultados.

Desde hace más de diez años, Isagen y la Universidad de Caldas desarrollan acciones para conservar la especie Gustavia romeroi, árbol endémico de los bosques húmedos del oriente de Caldas, en riesgo de extinción. Esta especie solo crece en una franja restringida del Magdalena Medio, y es vital por sus asociaciones con fauna dispersora y microorganismos del suelo.

El convenio se enfoca en restauración ecológica, monitoreo de flora y fauna, reproducción en viveros y educación ambiental. Las actividades se ejecutan en parcelas permanentes dentro del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Miel I y el trasvase Manso.

En 2025, la generadora, junto a la Universidad de Antioquia, la Fundación Conservación de la Selva Colombiana y la Universidad de Caldas, registró el descubrimiento de dos nuevas especies de flora del género endémico colombiano Allomaieta (Melastomataceae: Cyphostyleae): melidae y peltata, como resultado del monitoreo de flora en el trasvase Manso, asociado a la operación de la central Miel.

Allomaieta melidae se conoce solo en la cordillera Central de los Andes colombianos, a 1.400 m.s.n.m. aproximadamente. La única población registrada crece en un área no protegida y que enfrenta pérdida continua de cobertura forestal por actividades ganaderas, llevando a delimitar su área de protección (AOO) en 4 km2. Bajo este contexto, la especie fue catalogada provisionalmente con la categoría En Peligro Crítico (CR), según la clasificación de la UICN.

Allomaieta peltata también se conoce en la cordillera Central de los Andes colombianos, pero con variación entre los 1.350 y 1.700 m.s.n.m. Se ubica en dos locaciones: un área no protegida con la misma amenaza de la especie anterior, y otra, dentro del Parque Nacional Natural Selva de Florencia, con un área de ocupación (AOO) de 12 km2. Debido a las condiciones de distribución y amenaza, es una especie catalogada provisionalmente En Peligro (EN), según la clasificación de la UICN.

Las exploraciones botánicas que apoya Isagen revelaron estos ejemplares desconocidos. Este hallazgo confirma que los valles interandinos de Caldas son clave para el descubrimiento de endemismos, aunque altamente vulnerables por la degradación del hábitat, y resalta la importancia de nuestras acciones de conservación a través de nuestros aliados.

La generadora continúa implementando estrategias y acciones que contribuyan al beneficio de la flora colombiana, pues reconoce que un país que no conoce y no protege su riqueza natural, no puede florecer a un futuro sostenible ni puede generar posibilidades de transformación social y ambiental.

Este miércoles, 22 de abril, en el marco de BIBO, se realizará el evento de cierre del proyecto ABRIGUE, una iniciativa que durante cinco años ha demostrado, con evidencia científica, que es posible avanzar hacia sistemas productivos sostenibles, resilientes al cambio climático y basados en la biodiversidad.

Liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, con el respaldo de la Unión Europea y en alianza con el CIRAD, AGROSAVIA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y la Universidad Tecnológica del Chocó, ABRIGUE ha impulsado procesos de innovación en agroecología y bioeconomía en territorios de frontera forestal y marítima en Caquetá, sur del Meta y Chocó.

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“El proyecto ha trabajado directamente con comunidades campesinas y afrodescendientes, para fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas y de gobernanza para desarrollar modelos productivos que integran conocimiento local y ciencia aplicada. Entre sus principales resultados se destacan avances en cadenas de valor como cacao, canangucha o maurita flexuosa, copoazú, vainilla, coco y sistemas de pesca artesanal sostenible”, explica Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto SINCHI.

ABRIGUE generó evidencia científica que demuestra que el escalamiento de las transiciones agroecológicas y bioeconómicas puede reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en zonas de frontera forestal, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de las metas climáticas de Colombia. El proyecto involucró a 586 familias, consolidó 10 plataformas de innovación de Agroecología y Bioeconomía (AEBE), implementó 33 prácticas agroecológicas y desarrolló 12 productos de bioeconomía.

Además, el proyecto diseñó instrumentos técnicos que aportan a la formulación de política pública y facilitan la expansión de estos modelos en otros territorios. El evento de cierre será un espacio para presentar estos resultados y promoverá el diálogo entre comunidades, instituciones y cooperación sobre los retos y oportunidades de la bioeconomía y la agroecología en Colombia.

Datos del evento:

🗓 Fecha: 22 de abril de 2026

🕦 Hora: de 11:30 a. m. a la 1:00 p. m.

Siga la transmisión por todas las redes de BIBO – EL ESPECTADOR y el Instituto SINCHI.

En un contexto donde las problemáticas ambientales y sociales coinciden en los mismos territorios, la Fundación Grupo Argos avanza en una profundización de su estrategia con el objetivo de cerrar estas brechas y escalar soluciones que potencien la construcción de comunidades sostenibles, resilientes y en armonía con la naturaleza. Esta apuesta busca intervenciones sintéticas y de largo plazo que permitan transformar las brechas en comunidades vulnerables en donde está presente el grupo empresarial.

El cambio se estructura en tres ejes: agua y biodiversidad, infraestructura sostenible y creación de valor social. Este enfoque busca superar la mirada tradicional de proyectos aislados y avanzar hacia un modelo que integre intervenciones y actúe sobre las causas estructurales de las carencias territoriales.

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La decisión se da en medio de un panorama retador. Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta una paradoja crítica: más del 65 % de sus ecosistemas están amenazados y en apenas seis meses se perdieron más de 89.000 hectáreas de bosque. Al mismo tiempo, millones de personas viven sin acceso a servicios básicos, educación o trabajo digno. Estas realidades no ocurren de forma aislada; se concentran en los mismos territorios y se alimentan mutuamente.

Uno de los principales cambios en la estrategia es el rol de la infraestructura, que pasa a ser un eje central de intervención. La Fundación está impulsando modelos integrales de acceso a agua, saneamiento e higiene, así como el uso de mecanismos como Obras por Impuestos para llevar inversión a zonas históricamente olvidadas. El objetivo es mejorar condiciones de vida, reducir impactos ambientales como la contaminación hídrica y fortalecer la relación entre comunidades y entorno natural.

En Urabá, la alianza Juntos por Urabá, con más de COP 200.000 millones de inversión y 30 empresas articuladas, avanza en la transformación de Nueva Colonia (Turbo), más del 17% de la población experimenta pobreza multidimensional, cerca del 30% presenta carencias en sus necesidades básicas y alrededor del 40% se encuentra en situación de pobreza monetaria. Allí se desarrolla un sistema de alcantarillado por más de COP 112.000 millones, junto con mejoras en vivienda, acceso a agua y generación de empleo.

En La Guajira, el proyecto Miiroku implementó soluciones de acceso a agua adaptadas al contexto local. A través de 30 viviendas con sistemas de captación y filtración, la iniciativa beneficia a más de 270 personas, integrando infraestructura con identidad cultural. Bajo este enfoque, la infraestructura deja de ser únicamente obra física y se convierte en una plataforma para habilitar procesos de sostenibilidad en los territorios.

En paralelo, el eje de agua y biodiversidad mantiene el foco en la protección de ecosistemas estratégicos como manglares, bosques secos tropicales y bosques andinos, pero incorpora herramientas orientadas a su sostenibilidad financiera. Entre estos se encuentran mecanismos como mercados de carbono que buscan generar incentivos económicos para la conservación y facilitar su escalabilidad. Además, la estrategia incluye trabajo con comunidades a través de educación ambiental, acuerdos de conservación y el impulso de economías locales basadas en la biodiversidad.

El tercer eje, creación de valor social, está enfocado en fortalecer capacidades y oportunidades en los territorios para la movilidad social en el país a través de la educación y el empleo. La Fundación continuará impulsando iniciativas de acceso a educación superior, formación de líderes comunitarios y generación de oportunidades de empleo.

Programas como becas educativas y procesos de formación buscan que las comunidades no solo se beneficien de las intervenciones, sino que lideren los procesos de transformación y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

Un modelo basado en la articulación

El diferencial del nuevo enfoque está en la integración de los tres ejes. En este modelo, el desarrollo social no es un resultado paralelo a la conservación, sino su principal motor. Según la Fundación, las intervenciones están diseñadas para potenciarse entre sí: proyectos de agua que impulsan procesos de conservación, infraestructura que mejora la relación con el entorno y comunidades fortalecidas que sostienen los resultados.

Esto no sería posible sin el impulso de una red de aliados públicos, privados, fundaciones y la academia. La estrategia se apoya en alianzas entre sector privado, Estado, comunidades y organizaciones sociales, con el objetivo de escalar y replicar soluciones en distintos territorios del país.

Con esta reorganización, la Fundación Grupo Argos busca consolidar un modelo de intervención que responda a la complejidad de los desafíos actuales, donde desarrollo social, conservación ambiental e infraestructura ya no se abordan por separado, sino como parte de un mismo sistema.