En la tarde de este 24 de octubre, la Alcaldía de Santa Marta, declaró "alerta roja" por las inundaciones que se están presentando en la ciudad y por la crecientes súbitas que ocurren en dos ríos: el Piedras y el Manzanares.

De hecho, el Ideam había advertido que era posible que se presentaran fuertes lluvias en el Caribe, además del norte, occidente y centro de Colombia. También en la Amazonía.

En su último boletín de "Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos" el Ideam indica que hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe. Entre ellos menciona a los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como a uno de sus aportantes: la quebrada Tigrera.

(Lea SOS urgente por los delfines del Amazonas, debido a las consecuencias de El Niño)

Pide "especial atención" a los corregimientos de Minca y Guachaca, a la ciudad de Santa Marta y al municipio de Ciénaga (Magdalena).

De igual forma, señala que hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Córdoba, Toribio y sus aportantes en el municipio de Ciénaga. Una situación similar se puede presentar en los ríos Guachaca, Mendiguaca, Buritaca y en la quebrada Valencia.

El otro río para el que hay alerta amarilla es Don Diego. De presentar una creciente súbita puede afectar al corregimiento Don Diego, que también queda en Santa Marta.

Así mismo, el Ideam indica que hay que prestar atención a lo que suceda en la Cuenca del río Ancho y al río Palomino, pues pueden afectar al "municipio de Dibulla (Guajira) y zona rural de la parte oriental del municipio de Santa Marta".

En este momento, según medios locales, algunos sectores de la capital del Magdalena se encuentran inundados. Uno de los puntos en los que se ha presentado afectaciones es el corredor turístico de la vía a Minca. Usuarios en redes sociales han publicado imágenes en las que se ven calles inundadas, en las que el agua alcanza la mitad de los carros.

Otros lugares a los que hay que prestar atención, según el Ideam

De acuerdo con la información del Ideam, en el caso del área hidrográfica del Caribe, hay un lugar en especial al que vale prestarle atención: el municipio de Coveñas, pues ya se presentó el desbordamiento del arroyo Amanzaguapo.

También, señala, a la Cuenca del río San Juan, en donde pueden resultar afectados por desbordamientos los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá. Lo mismo sucede con la Cuenca del río Canalete, en donde los municipios de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba) pueden sufrir inundaciones.

La zona rural de Montería y los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba) son otros lugares que no se pueden perder de vista, pues hay probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Sinú y en sus afluentes, como el río Tay y la cascada Tuis Tuis.

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El 2023 fue un mal año para los delfines de la Amazonía. En octubre, más o menos, empezaron a aparecer cadáveres de individuos en varios puntos de la región, prendiendo las alarmas entre pobladores y entre quienes se han dedicado al estudio de estos animales.

Entonces, como ahora, se estaba presentando el fenómeno de El Niño, el cual había contribuido a intensificar la sequía en varios puntos de la Amazonía. Hubo una disminución de los niveles de agua y las temperaturas, en algunas ocasiones, alcanzaron niveles que no suelen ser usuales.

Al final, como recuerda ahora la Iniciativa Delfines de Río de Sudamérica (SARDI, por sus siglas en inglés), de 330 individuos murieron, entre Tefé y Coari en la cuenca media del río Solimões, en la Amazonía brasileña. Allí, la temperatura del agua llegó hasta a 40 °C.

(Lea ¿Por qué estas gráficas sobre el fenómeno de El Niño tienen preocupados a los científicos?)

Previendo que esa situación puede repetirse en los próximos meses, debido a uno de los fenómenos de El Niño más fuertes que se han vivido en las últimas décadas, SARDI está haciendo un llamado a los gobiernos, a las diferentes autoridades ambientales, a los institutos de investigación y a las organizaciones de conservación de los países donde se distribuyen los delfines de río, para que "fortalezcan las acciones de prevención y monitoreo en áreas críticas para los delfines de río".

¿Cómo sortear con las consecuencias de El Niño?

Las organizaciones les están pidiendo que tomen acciones prioritarias, antes de que la situación se ponga difícil. Solicitan, por ejemplo, que se intensifique el monitoreo de niveles de agua, temperatura y calidad del agua en ríos, lagos y humedales estratégicos. También, como se lee en un comunicado publicado por WWF y la Fundación Omacha, piden que se implementen sistemas de alerta temprana para identificar zonas con condiciones críticas para la fauna acuática.

De igual forma, creen que es clave "fortalecer la coordinación transfronteriza entre países amazónicos para el intercambio de información y la respuesta rápida ante emergencias" y "aumentar los esfuerzos de vigilancia y protección de hábitats clave para los delfines de río durante la temporada seca".

El otro punto que es fundamental para quienes están al frente de SARDI es involucrar a las comunidades indígenas y locales, pues sus "conocimientos y presencia permanente en los territorios son fundamentales para detectar riesgos tempranamente".

“Lo ocurrido en 2023 no puede verse como un hecho aislado. Fue una señal de alarma para toda la cuenca amazónica. Hoy contamos con información científica y sistemas de monitoreo que nos permiten anticipar riesgos. La diferencia entre una crisis y una tragedia evitable dependerá de qué tan rápido actuemos”, señala Mariana Paschoalini Frias, especialista en Conservación de WWF Brasil y Coordinadora de SARDI.

Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, que desde hace 18 años trabaja en la conservación de los delfines de la Amazonía, también cree que hay que continuar haciendo un esfuerzo por articular a comunidades locales, autoridades civiles y ambientales, la fuerza pública y organizaciones aliadas. 

Como recuerda SARDI, los delfines de río son una especie clave para los ecosistemas. Uno de los motivos es que son indicadores de la salud de los ecosistemas acuáticos: "su bienestar refleja el estado de los ríos, lagos y humedales de los que dependen millones de personas para obtener agua, alimentos y medios de vida".

Dicho de otro modo, son la mejor muestra de un concepto que se ha tomado fuerza en los últimos años: One Health (Una sola salud), un enfoque que insiste en que hay vínculos muy estrechos entre la salud de las personas, la de los animales y los ecosistemas. Promovido por universidades, institutos y desde la ONU, busca que haya más coordinación entre quienes se mueven en esos sectores.

“Por eso es importante estudiar a los delfines: nos dicen muy claro cómo está la salud de los ecosistemas”, la había dicho Trujillo a El Espectador hace unos meses. En Omacha, lo llaman los “centinelas” del agua.

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Este jueves 22 de octubre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advirtió que casi todos los ecosistemas de arrecifes de coral de aguas cálidas y poco profundas se enfrentan a un riesgo extremadamente alto de colapso para el año 2075. Así lo reveló a través de la primera evaluación mundial de estos arrecifes que hace uso de su Lista Roja de Ecosistemas.

En total, el análisis abarcó 127 ecosistemas de arrecifes de coral en el planeta que suman 188.362 kilómetros cuadrados de extensión en más de 80 países y territorios. De manera alarmante, subrayó la organización, el estudio arrojó que 122 de estos ecosistemas (el 96 %), están en peligro crítico de extinción. Algunos de los más grandes y con mayor biodiversidad del mundo entran en esa categoría, como los de la Gran Barrera de Coral en Australia, el Triángulo de Coral en el Pacífico occidental y el sudeste asiático, el Sistema Arrecifal Mesoamericano y los arrecifes de coral del Mar Rojo. 

De hecho, la proporción de ecosistemas en este nivel de riesgo podría ser aún mayor, pues cuatro de las ecorregiones evaluadas siguen teniendo datos insuficientes. Para hacer estas proyecciones, la evaluación utilizó en el escenario intermedio planteado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que proyecta un calentamiento atmosférico de 2,7 °C para finales de siglo, lo cual resultará en un calentamiento continuo de la superficie oceánica.

Precisamente, de acuerdo con la UICN, la principal amenaza que enfrentan los arrecifes de coral en todo el mundo, y que impulsa su declive, es el estrés térmico derivado del cambio climático. El calentamiento de los océanos, así como las olas de calor marinas, provocan episodios de blanqueamiento masivo y, por tanto, una mortandad de corales cada vez mayor. 

El ecosistema de las Islas Galápagos Occidentales es uno de los que ya ha colapsado, desde el fenómeno de El Niño de 1982-83. Según explicó la UICN, esto sucede cuando los corales duros, que constituyen la base viva y de crecimiento del arrecife en el lecho marino, básicamente desaparecen, y el espacio es invadido por los escombros, las algas y las esponjas. De ese modo, un ecosistema complejo y próspero se transforma en uno “empobrecido”, afectando la diversidad de la vida marina y las cadenas alimentarias de desde pequeños invertebrados hasta peces de arrecife, tortugas e incluso grandes depredadores como tiburones. 

La organización, sin embargo, resaltó que todavía hay una ventana de oportunidad para actuar, aunque se está reduciendo. “El riesgo de colapso de los arrecifes de coral está aumentando, pero esto debe ser una llamada de atención, no un motivo de desesperación”, declaró Mishal Gudka, director de investigación de CORDIO África Oriental, investigador de la Universidad de Melbourne y responsable científico de la evaluación global de la Lista Roja de Ecosistemas de Arrecifes de Coral de la UICN. 

“Los arrecifes de coral han demostrado una notable capacidad de recuperación tras devastadores episodios de blanqueamiento. Aún pueden existir zonas de arrecifes de coral resilientes en el futuro, por lo que debemos hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia”, agregó. 

Para el investigador, en todo caso, la evaluación recién publicada hace evidente la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También instó a las autoridades nacionales y locales a actuar, manteniendo las aguas costeras limpias y libres de contaminación, además de garantizar una pesca sostenible.

Por su parte, Grethel Aguilar, directora general de la UICN, afrimó que “todavía estamos a tiempo de darles a los arrecifes de coral la oportunidad de recuperarse, pero se requieren medidas decisivas para abordar el cambio climático y detener el calentamiento de los océanos”. Según Aguilar, para ello se requieren una ambiciosa reducción de las emisiones, mayores esfuerzos de protección y restauración, y una inversión sostenida en los ecosistemas costeros resilientes y en las comunidades que dependen de ellos. 

Los arrecifes de coral resaltó la directora de la UICN, son unos de los indicadores más claros de la salud del océano, pues sustentan a una cuarta parte de todas las especies marinas.

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Es la última semana de julio y las lluvias se adelantaron un poco en Inírida. Desde la ventana, mientras el avión aterriza en la pista del Aeropuerto César Gaviria Trujillo, de Puerto Inírida, el río parece desbordarse sobre la selva, en una maraña de brazos y caños que hacen muy difícil distinguir dónde termina el agua y dónde comienza la tierra.

Moverse aquí es seguir el curso del agua. Las distancias se miden según el motor de la lancha. Si es de 40 caballos, el trayecto puede tomar unas horas; si es de 75, el mismo recorrido se hace en menos tiempo. Del puerto de la capital hasta La Ceiba demoramos poco más de dos horas. El río Inírida está ancho y sereno. Sus aguas reflejan, como un espejo, el azul del cielo y las nubes. Cuando nos detenemos por cualquier razón, el agua se calma y el río, el cielo y la selva parecen fundirse en un mismo cuadro. A lado y lado, la vegetación se asoma sobre el agua. Navegamos junto a una orilla infinita cubierta de árboles. “Me sorprendí cuando supe que lo que vemos son apenas las copas de los árboles”, comenta alguien.

“Usted está en la comunidad de La Ceiba, una comunidad multiétnica y muy antigua”, es lo primero que escuchamos de Delio Suárez al llegar. Habla de pie, en medio de casas de madera, cubiertas con techos de palma. El suelo es de tierra y, en algunos puntos, aparecen estructuras metálicas que sirven para sostener paneles solares. “Esto fue tierra de puinaves; todo el río Inírida era puinave. Nosotros, los tucanos, llegamos después”. Suárez nació en el Vaupés y arribó a estas tierras cuando apenas tenía seis meses de edad. Su abuelo, cuenta, migró hacia Inírida en 1957, en medio de los procesos de evangelización que transformaron la vida de las comunidades indígenas de la región, varios años antes de la fundación de Puerto Inírida, en 1965.

Hoy en La Ceiba conviven puinaves, tucanos y curripacos. Delio habla pausado y su voz es firme y tranquila. De cuando en cuando se le escapa una sonrisa y alguna risa, sin razón aparente. “A mí me tocó ser el precursor, el primer iniciador de la Mesa Ramsar”, dice. Poco antes de 2014, llegaron a su comunidad con una palabra desconocida hasta entonces: Ramsar. Es el nombre de una ciudad iraní donde, en 1971, representantes de unos 18 países se pusieron de acuerdo en que algunos de los humedales del mundo, por su importancia, requieren una protección especial. Hoy son 171 los países, incluído Colombia, que hacen parte de ese acuerdo.

Desde entonces, Ramsar identifica aquellos lugares que por su importancia ecológica requieren medidas especiales para su conservación. A Delio lo buscaron porque, para entonces, ya era un referente dentro de su comunidad y conocía de cerca el territorio. Querían que La Ceiba diera su aprobación a la declaratoria de la Estrella Fluvial de Inírida como parte de ese índice. “Hubo mucha desinformación”, recuerda, más de 10 años después. “Que nos iban a quitar la tierra y todo eso. Fue un alboroto, no solo entre los indígenas, también entre los campesinos”. El 8 de julio de 2014, mediante el Decreto 1275, la Estrella Fluvial de Inírida fue designada como sitio Ramsar.

El complejo de humedales abarca alrededor de 250.000 hectáreas y se extiende por un territorio en el que confluyen los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, antes de desembocar en una gran masa de agua en el Orinoco. En un par de días estaremos allí, en ese punto natural del territorio donde confluyen los tres inmensos ríos. Navegaremos de las aguas mansas y cristalinas del Inírida a las del Atabapo, más oscuras, que alguien en la lancha asimilará con el “agua de Coca-Cola”, y luego a las aguas marrones del Guaviare, cargadas de sedimentos.

Navegaremos y navegaremos por un territorio de agua, entre comunidades como La Ceiba y otras comunidades indígenas y campesinas que dependen de los ríos, las lagunas, los caños y las sabanas inundables para buena parte de su vida cotidiana.

Hoy estamos con Delio, en La Ceiba. “Yo me siento contento porque, por ser sitio Ramsar, hemos comenzado a resolver muchas de las problemáticas que teníamos y que pensábamos que no tenían solución. Así nació todo el plan de manejo de la Estrella Fluvial, con los diagnósticos que nosotros, los capitanes, hicimos frente a esos problemas. Y hoy en día hay monitoreo pesquero, de fauna y del territorio. Podemos hablar con propiedad de qué tenemos y qué está pasando”. En una cabaña, ubicada hacia el centro de la comunidad, un mapa dibujado a mano está pegado a la pared. El río Inírida lo atraviesa de lado a lado y, a su alrededor, aparecen caños, lagunas, caminos y zonas que aparecen o desaparecen según el nivel del agua.

El dibujo distingue entre zonas inundables, de rebalse y de tierra firme. Están marcados los conucos, las casas, los saladeros, las cámaras trampa y los lugares de pesca y caza. Los árboles y las palmas aparecen dibujados con trazos sencillos, apenas unas líneas para representar sus troncos, ramas y hojas. Algunos tienen nombres: la palma de ceje, la de fibra, la de moriche o la palma de caraná. “Este es nuestro territorio. Lo conocemos”, dice Wilber Delio Suárez, hijo de Delio, mientras recorre con las manos el mapa.

Cuando la Estrella Fluvial de Inírida fue declarada sitio Ramsar, representantes de las comunidades indígenas y campesinas conformaron la Mesa Ramsar, una instancia de participación y concertación en la que las comunidades, junto con las instituciones ambientales, discuten los problemas del territorio y acuerdan cómo deben manejarse.

Allí se construyeron distintos componentes del plan de manejo ambiental del sitio: desde la zonificación de las áreas de conservación, recuperación y uso sostenible, hasta los usos permitidos y prohibidos y los objetivos de manejo. Y allí también empezó a tomar forma una manera más sistemática de recorrer y reconocer lo que ocurría en el territorio.

“No se trataba de llegar a enseñarles a los indígenas qué había en su territorio. Ellos ya lo conocían. El reto era encontrar una manera de compartir ese conocimiento, entenderlo y ponerlo en registros que también pudieran ser útiles para tomar decisiones”, dice Jaime Andrés Cabrera, quien trabaja con WWF en temas de monitoreo comunitario y acompaña a las comunidades en estos procesos. “El monitoreo es una vía para conocer el territorio y manejarlo acorde con la gente”, agrega.

Hay monitoreo del territorio y de la pesca. En La Ceiba, Wilber y otros tres compañeros se encargan de recorrer y registrar el primero.
Cada salida comienza con un GPS en la mano: anotan la hora, marcan el punto de partida y emprenden el recorrido por los senderos de la comunidad.

Durante horas caminan y van registrando lo que encuentran a su paso: una zona de monte, un rebalse, una laguna, un rastro de animales o una tala que no debería estar allí. También instalan cámaras trampa en algunos puntos. Con ellas pueden saber qué animales pasan por esos senderos y qué ocurre allí cuando ellos no están. Wilber vuelve entonces al mapa y señala uno de esos puntos.

Las cámaras les han permitido reconocer lugares donde hay abundancia de alimento y, por eso, más presencia de animales. Han identificado senderos que pueden tomar tres o cuatro horas de caminata y zonas donde la comunidad recolecta fibras, bejucos o plantas medicinales. También han detectado el ingreso de personas ajenas a la comunidad, tala de árboles sin permiso y cambios en la presencia de algunas especies.

Cada recorrido deja algo en los registros que luego llevan a la cabaña y en las cartografías que actualizan con lo que encuentran: una nueva línea, un sendero, una laguna, una zona de rebalse o un lugar que antes no estaba registrado. Poco a poco, el mapa del territorio se completa.

*
Jair es un hombre de rostro alargado, piel morena y facciones marcadas. Tiene los pómulos definidos, la nariz ancha y recta y los labios gruesos. Sus ojos, de un café oscuro, se entrecierran ligeramente cuando habla del río. Jair y su familia deciden desde el día anterior qué van a buscar. Quizá mojarra, pavón, guavina, matagorda o waracú, dependiendo de lo que esté abundando.

Al amanecer, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, sale hacia el agua. La faena puede durar varias horas.

Dependiendo de la especie, la temporada y el lugar, Jair utiliza distintas artes de pesca: malla, vara o careta. Si es waracú, por ejemplo, un pez de agua dulce común en estos ríos, puede utilizar la malla en los artesanales puertos de la ribera del Inírida. “Nosotros vemos esto como una sola actividad. O sea, no vamos solo para sacar para el monitoreo. Es la faena, eso es nuestra vida diaria y esta es mi labor”. Después de pescar, Jair toma cada pez y lo cuelga de una pequeña balanza de resorte. El instrumento, cilíndrico y transparente, cabe en una mano; tiene una escala graduada en su interior y un pequeño gancho metálico en la parte inferior. Primero registra cuánto pesa. Después mide el ejemplar y anota sus datos antes de pasar al siguiente.

Tiene un cuaderno en donde una letra pequeña, ligeramente inclinada y de trazos redondeados va llenando las páginas con nombres de peces, pesos y longitudes: Palometa, 15 centímetros, 100 gramos. Bocachico, 19,5 centímetros, 160 gramos. Mataguarro, 23 centímetros, 210 gramos. Cada número corresponde a un pez que ha pasado por sus manos. Alrededor de 3.400 solo en 2025.

Jair sabe si son machos o hembras. En el pasado, durante casi diez días, acompañado por biólogos de WWF, aprendió a distinguirlo. Lo hace parecer sencillo. No hace falta más que observar una parte del pez: el filamento, dice. Si es blanco y aplastado, explica, es macho. Si es rojo y redondo, es hembra. Cuando son pequeños y todavía no es posible identificar el sexo, los registra como indeterminados.“No llenamos solo un cuaderno o una bitácora. Esto es un ejemplo muy claro de cómo podemos ponerle un valor a cada recurso. Cada recurso tiene una limitación y nuestra historia nos dice eso. Por eso es importante saber qué tenemos y qué está pasando”. Jair relaciona cantidad de pescado, número de personas, tiempo de pesca y esfuerzo.

En una de las páginas de su cuaderno, después de anotar siete peces —guaracús, un pavón y otros ejemplares— suma el peso de la pesca: 3.400 gramos. Debajo escribe: “Para alimentar a 10 personas”. Son cinco adultos y cinco niños. Al año, y según los cálculos de su monitoreo, La Ceiba pesca un volumen de alrededor de 150 toneladas destinadas al autoconsumo. Es el pescado que la comunidad extrae para alimentarse.

Con el tiempo, explica, comenzaron a registrar las horas efectivas de pesca, es decir, cuánto tiempo permanecieron en el agua lanzando la malla, la vara o el arte que correspondiera. De esa forma, pueden relacionar el pescado que consiguen con el tiempo y el esfuerzo que les tomó obtenerlo. Y así, con la salud del río. “Estos datos son importantes para saber si el río está bien, o sea, si nos está dando los peces que necesitamos. Si el ecosistema está saludable, pues nosotros vamos a poder comer y estar saludables, pero si algo falla, nosotros tenemos que fallar. Esa es la relación que tenemos con el río, esa es nuestra cosmovisión de la Madre Naturaleza”.

Al igual que ocurre con el monitoreo del territorio, los registros de Jair permiten ordenar un conocimiento que ya estaba en las comunidades. Jonathan Mauricio Quiñones Montiel, biólogo especializado en peces que acompaña el proceso de WWF en la Estrella Fluvial de Inírida, explica que los pescadores llevan años observando las especies, sus lugares de reproducción, su alimentación y sus movimientos.

“No es nada nuevo para ellos, porque es lo que han hecho durante toda su vida. El monitoreo solo recoge esas observaciones y las convierte en registros que pueden compararse con el tiempo y compartirse con otras personas e instituciones”.

En 2022, Jair y otros pescadores comenzaron a registrar en sus bitácoras hembras con huevos antes del inicio del periodo establecido para la veda, la medida con la que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) restringe temporalmente la pesca de ciertas especies durante su época de reproducción. Cuando las aguas comenzaban a subir, incluso antes de junio, ya encontraban peces en proceso reproductivo. Los registros mostraban, entonces, que la reproducción estaba empezando antes de lo que contemplaba el calendario. Esa información llegó a las discusiones sobre el manejo de la pesca y ayudó a sustentar un ajuste en el periodo de veda. Ese mismo año, la AUNAP modificó las fechas de la medida.

Justamente por eso, dice Quiñones, el monitoreo de pesca, de territorio y de fauna es una forma de gobernanza local: “Permite tomar decisiones”.
Quizá su mayor valor está en reconocer que el cuidado que las comunidades han tenido durante años por esta selva es conocimiento y que ese conocimiento la ha conservado. En La Ceiba la conversación sobre el territorio no ocurre solo cuando se reúnen para hablar de conservación.

“Aquí la conversación diaria es si el río subió o si el río bajó. Sí, los puercos están por allá. El conuco, ahora que está subiendo el agua, ¿hasta dónde va a subir? Porque se me puede acabar la semilla”, dice Cabrera, de WWF. Es su vida.

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La mortandad de ballenas francas australes no cesa en la Península de Valdés, en la Patagonia argentina. Según ha indicado el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) de dicho país, durante los últimos meses han aparecido varias crías muertas en aguas de la península, además de recientes casos de adultos que tienen inquietos tanto a la comunidad como a los científicos.

“Quienes dedicamos nuestra vida a estudiar y proteger a estos animales sentimos cada pérdida, así como la sienten quienes viven en la región y las personas que encuentran en las ballenas un vínculo especial con el mar y la naturaleza”, se lee en el comunicado del ICB.

Pese a la incertidumbre y la preocupación que despierta la situación, el instituto pidió, antes de elaborar conclusiones, esperar los resultados de las investigaciones que ya están adelantando los equipos de trabajo, con el fin de determinar las posibles causas de esta mortandad. “La ciencia necesita tiempo para producir respuestas confiables, y ese tiempo no debe confundirse con inacción”, apuntó.

Por el momento, el gobierno de la provincia de Chubut ha informado que, mientras que las pruebas de ballenatos analizadas previamente habían arrojado la presencia de una bacteria (Erysipelothrix rhusiopathiae) asociada a casos de septicemia, los adultos que se hallaron recientemente no han presentado signos preliminares similares. 

De ese modo, una de las hipótesis en cuánto a los adultos fallecidos tiene que ver con las llamadas “mareas rojas”, una proliferación de microalgas que generan biotoxinas naturales y, bajo ciertas condiciones, pueden causar la muerte de ballenas y otras especies de fauna marina. Algo parecido ocurrió entre septiembre y octubre de 2022, cuando varias ballenas adultas y juveniles murieron durante una floración algal nociva en el Golfo Nuevo. En ese entonces, la investigación, que tomó meses de trabajo para llegar a esos hallazgos, fue coordinada por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral y participaron investigadores de instituciones como el ICB.

Respecto a la situación actual, el Instituto de Conservación de Ballenas destaca que los investigadores continúan recogiendo muestras de las ballenas y haciendo los análisis de laboratorio correspondientes. 

Desde hace décadas, el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, junto a una red colaboradores de Chubut y las autoridades ambientales locales, han realizado el seguimiento sanitario y la investigación de varamientos de ballenas. Algunas de sus acciones han incluido la toma de medidas corporales, la recolecta de muestras biológicas y, en general, el levantamiento de información asociada con las ballenas que mueren en la Península de Valdés y sus alrededores. 

En 2012, por ejemplo, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral registró 113 individuos muertos, el mayor número documentado hasta ese momento para la especie, tanto localmente como a nivel mundial. No obstante, el ICB ya ha advertido que los reportes preliminares de este 2026 podrían evidenciar una escala aún mayor. "Consolidar la cifra y analizarla en relación con el número de nacimientos registrados en la temporada servirá para dimensionar su magnitud a nivel poblacional”, señaló hace unas semanas.

Las ballenas, subraya el instituto, suelen ser indicadores de la salud de los ecosistemas marinos, lo cual significa que los cambios observados en sus poblaciones pueden aportar información sobre las condiciones del ambiente. Por esa razón, a las muestras que se han recolectado recientemente, se sumará, progresivamente y por etapas, un esquema de muestreo de agua y moluscos en los golfos Nuevo y San José.

Frente a estos hechos de las últimas semanas, la organización Greenpeace se pronunció y manifestó su profunda preocupación por la fragilidad de estos ecosistemas, considerados Monumento Natural Nacional. Greenpeace enfatizó que, más allá de la causa específica que investigan los científicos, la especie de la ballena franca austral (Eubalaena australis) atraviesa una “crisis agravada” debido a las presiones industriales en el mar argentino. También resaltó que las ballenas que buscan alimento y refugio en el Atlántico Sur no pueden adaptarse al impacto de las actividades humanas, por lo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar la protección de estos ecosistemas.

“Las alarmas se encendieron tras registrarse un récord histórico de más de 340 crías muertas en los Golfos Nuevo y San José (lo que representa la pérdida de más del 70 % de los ballenatos contabilizados en la temporada), sumado al reciente varamiento de adultos y juveniles en Puerto Madryn”, detalla el comunicado de Greenpeace. “Actualmente, los científicos analizan como hipótesis principales una posible infección por bacteria marina en el caso de los ballenatos, y marea roja para los animales más grandes”.

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El pasado 8 de octubre el IDEAM confirmó oficialmente el inicio del fenómeno del Niño, advirtiendo que podría mantener una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, que se pronostica como el año más caluroso de nuestra historia.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, alterando la circulación de la atmósfera y modificando los patrones de lluvia y temperatura. En el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela, éste fenómeno generará disminución en lluvias y picos históricos en temperaturas; aumentando la presión sobre los ríos, los embalses y las fuentes que utilizamos para abastecernos. La falta de conocimiento detallado de las fuentes de agua que disponemos en el país nos impide prepararnos de la mejor manera, antes de que la disminución de las precipitaciones se convierta en una crisis de abastecimiento.

Nuestra tarea no debe limitarse a buscar más fuentes de agua cuando llega la emergencia, sinó ser previsivos de los efectos del fenómeno natural, y una de esas fuentes, generalmente pasa desapercibida; el agua que se encuentra bajo nuestros pies. Cuando llueve, una parte del agua discurre por la superficie y otra se infiltra en el suelo, almacenandose en los poros y las fracturas de los materiales geológicos. A los sistemas capaces de almacenar y transmitir agua los llamamos acuíferos, los cuales funcionan como una esponja natural, cuya capacidad para guardar y dejar circular el agua varía en cada material.

La importancia de los acuíferos radica en que pueden funcionar como una reserva estratégica de agua que podemos extraer mediante pozos, y así, complementar el abastecimiento de los habitantes cuando disminuyen las lluvias. Adicionalmente, las aguas subterráneas mantienen ríos, lagos y humedales durante los periodos secos; por lo tanto, no debemos verlas solamente como una fuente alternativa para el consumo humano, sino también como parte fundamental del funcionamiento de nuestros ecosistemas.

Colombia tiene un potencial importante de aguas subterráneas: se estima que, aproximadamente el 75 % del territorio presenta condiciones favorables para almacenar este recurso. Sin embargo, el conocimiento de los sistemas acuíferos del país aún es muy bajo, impidiendonos conocer cuánta agua podemos extraer de manera sostenible. Es fundamental que el estado priorice avanzar en la investigación y el conocimiento detallado de los acuíferos; la extensión, entender cómo se recargan, evaluar la calidad de sus aguas y establecer cuánto podemos aprovechar sin afectar las reservas ni los ecosistemas asociados.

Conocer nuestras aguas subterráneas con anticipación nos permitiría tomar mejores decisiones y desarrollar soluciones de abastecimiento adaptadas para enfrentar las sequías en los territorios, pero necesitamos conocerlas para aprovecharlas responsablemente.

Dada su geografía y tipos de suelos, Colombia tiene la particularidad de experimentar inundaciones durante temporadas de lluvias y, enfrentar escasez de agua en las mismas regiones durante los periodos secos; marcando así, uno de los grandes retos en la gestión del agua en el territorio nacional. La pregunta fundamental sería, ¿Cómo podríamos aprovechar ese exceso de agua que se da en las temporadas de lluvias durante los momentos de sequía?.

Y la respuesta está en ver los acuíferos como algo más que una fuente de extracción; son un reservorio con volúmenes finitos, al que debemos incentivar el ingreso de agua o recarga, para garantizar su sostenibilidad y nuestro abastecimiento. La recarga artificial de aguas subterráneas consiste en facilitar que una cantidad controlada de agua llegue a un acuífero para favorecer su almacenamiento.

En términos sencillos, es una manera de aprovechar la capacidad del subsuelo para guardar agua donde las condiciones geológicas sean adecuadas, de esta manera, parte del agua disponible durante las lluvias podría contribuir a fortalecer las reservas para periodos posteriores. No obstante, llegar a esos sitiales nos requerirá conocer los acuíferos de los territorios, comprobar que el agua no contamine el acuífero y evaluar cómo responderá el sistema.

La idea es pasar de depender exclusivamente del agua que almacenamos en la superficie a aprovechar, cuando sea viable, la capacidad natural de almacenamiento del subsuelo.

El país necesita conocer mejor el funcionamiento de sus aguas superficiales y subterráneas, antes de que se presente una emergencia. Si bien Colombia tiene un gran potencial hídrico, hay que comprender que el agua no siempre está disponible donde la necesitamos: no podemos esperar a que llegue una sequía para empezar a pensar en soluciones. Lo anterior implica invertir en estudios hidrogeológicos, monitorear los niveles de los acuíferos, proteger las zonas donde el agua se infiltra y planificar el abastecimiento de acuerdo con las condiciones de cada región.

Por supuesto, debemos seguir promoviendo el ahorro y el uso eficiente del agua, y también debemos evaluar alternativas como el reúso de agua tratada y la desalinización con energías renovables; ya que no existe una fórmula mágica para mitigar los efectos del Niño, sino un cúmulo de técnicas y metodologías que requieren inversión, decisión e investigación previa.

No podemos controlar los fenómenos naturales del clima, ni es preciso predecir cuándo será el próximo evento de sequía a largo plazo; pero sí podemos mejorar nuestra preparación y reducir nuestra vulnerabilidad a través de la ciencia y la planificación que nos lleven una mejor gestión del agua. La verdadera solución no es solamente encontrar más agua cuando llega la sequía, sino prepararnos desde hoy para garantizar el abastecimiento de mañana.

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La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial de más de COP 3.000 millones, es decir, una posible pérdida de recursos públicos, en un proyecto para recuperar arrecifes coralinos en San Andrés.

El contrato, que había sido celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Asociación de Municipios de la Costa (ASOMUCOSTA), contaba con recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Su objetivo era recuperar arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago.

Los recursos, de ese modo, estaban destinados a cuidar estos ecosistemas, considerados esenciales para la supervivencia de cientos de especies marinas y para la sostenibilidad ambiental de las islas. De acuerdo con la Contraloría, la pérdida de corales implica una reducción de la biodiversidad, así como una menor capacidad de protección frente a fenómenos climáticos extremos y un impacto sobre actividades económicas clave para las comunidades locales.

A pesar de ello, la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del órgano de control adelantó acciones que le permitieron identificar un posible daño patrimonial. Tras una visita del contralor general de la república, Jorge Laverde, en el marco de la “Vuelta Colombia por el Control”, se abrió el proceso, vinculando a cinco personas como presuntos responsables fiscales. 

Se trata de servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control del contrato y la liquidación, así como al representante legal de la entidad contratista vinculada al desarrollo del proyecto.

“La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos, fundamentales para la conservación ambiental de este territorio”, afirmó Laverde.

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En un documento fechado el 19 de octubre, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que decrete una medida cautelar para que el Ministerio de Ambiente adopte, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión sobre la continuidad de la protección ambiental temporal en Santurbán. La solicitud se produce después de que Minambiente revocó la resolución que había prorrogado esa protección hasta 2029.

Para entender la solicitud de la Procuraduría, hay que conocer un poco el contexto y recordar un par de cosas. Todo esto hace parte de un proceso de acción popular que busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el agua y el ambiente en Santurbán, en medio de la controversia por el proyecto de explotación minera Soto Norte, de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán.

El 2 de septiembre de 2026, un grupo de demandantes solicitó al Tribunal una serie de medidas cautelares para prevenir posibles afectaciones ambientales asociadas al proyecto. Entre ellas, pidieron que las autoridades ambientales se abstuvieran de otorgar licencias, permisos o modificaciones relacionados con Soto Norte mientras se resuelve el proceso. También solicitaron mantener la protección temporal del territorio, avanzar en la protección definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja y adoptar otras medidas para evitar que se materialicen los riesgos que, según argumentan, enfrenta el sistema hídrico.

La solicitud se presentó después de que, en junio de 2025, el Tribunal negara medidas cautelares anteriores. Según los demandantes, desde entonces cambió el panorama jurídico y técnico que había sustentado esa decisión, tanto por los avances que la empresa habría anunciado para el proyecto como por nuevos estudios del Servicio Geológico Colombiano sobre las conexiones entre las aguas del páramo y las zonas donde existen labores mineras.

A ese escenario se sumó la situación de la reserva temporal. Se trata de una figura de protección ambiental que el Ministerio de Ambiente estableció en 2025 para proteger determinadas áreas de Santurbán mientras se adelantaban los estudios técnicos necesarios para definir su ordenamiento ambiental. En agosto de 2026, el Ministerio prorrogó su vigencia hasta marzo de 2029, pero esa decisión fue revocada el 28 de septiembre mediante la resolución 1277.

Con esa revocatoria, la reserva temporal no desapareció, pero su fecha de vencimiento volvió a ser el 4 de marzo de 2027. "La expedición de la resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026 constituye una circunstancia sobreviniente que obliga a reconsiderar la necesidad de adoptar medidas de protección provisional dentro de la presente acción popular", se lee en el concepto de la Procuraduría. Según se explica en ese concepto, esa decisión "obedeció a un motivo de naturaleza procedimental" y no "comporta una valoración técnica o científica que desvirtúe las razones que llevaron a la autoridad a considerar necesaria la continuidad de las medidas de protección ambiental. En otras palabras, la corrección de una irregularidad en el trámite administrativo no elimina los riesgos ambientales que justificaron la adopción de la medida, ni releva a las autoridades de la obligación de prevenir su materialización".

Para esa entidad, este cambio hace necesario que Minambiente tome una decisión sobre la continuidad de la protección antes de esa fecha (4 de marzo de 2027), pues todavía están pendientes estudios sobre el ciclo del agua, las zonas de recarga hídrica, la calidad del agua y las medidas de conservación y ordenamiento ambiental que requiere el territorio. "(...) la ausencia de certeza científica absoluta frente a un riesgo de daño grave e irreversible no puede utilizarse como justificación para aplazar la adopción de medidas eficaces de protección", se lee en otro de los apartes del documento.

Por eso, el Ministerio Público le pide al Tribunal que considere ordenar a Minambiente adelantar y culminar el procedimiento administrativo necesario para adoptar, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión expresa y motivada sobre la continuidad de la protección preventiva.

Para la Procuraduría, la medida solicitada "guarda una relación directa con la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas comprometidos en esta acción popular, pues busca evitar que la falta de una decisión administrativa oportuna debilite un instrumento preventivo cuya finalidad sigue siendo relevante mientras subsistan cuestiones técnicas pendientes de definición". Además, agrega, es idónea porque "promueve una respuesta efectiva antes de que expire la protección actualmente vigente, mientras que su necesidad se evidencia en que la sola expectativa de actuaciones futuras no garantiza que las decisiones correspondientes sean adoptadas dentro del tiempo".

En el concepto se señala que "lo que se busca no es imponer una solución técnica determinada, sino evitar que la respuesta institucional llegue tardíamente y que, para cuando se profiera la sentencia, se haya producido un vacío de protección que razonablemente pudo prevenirse mediante el ejercicio diligente y oportuno de las competencias administrativas correspondientes".

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El 20 de abril de 2010, una explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en el golfo de México, desencadenó un derrame que liberó entre 4 y 4,9 millones de barriles de petróleo al océano. Más de 16 años después, la vida marina de las profundidades sigue sin recuperarse.

Una investigación publicada esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), basada en más de 12 años de observaciones y muestreos en el golfo de México, encontró una caída abrupta y persistente de la abundancia de animales que habitan las aguas profundas.

Los investigadores encontraron que, entre 2011 y 2015, las poblaciones de peces disminuyeron un 63,5 %, las de grandes crustáceos un 62 % y las de cefalópodos pequeños (como los calamares) un 59,7 %. La reducción se mantuvo en los muestreos posteriores, realizados entre 2015 y 2023, sin señales de que las poblaciones hubieran regresado a sus niveles iniciales.

Para llegar a estos resultados, el equipo analizó más de 2.000 muestras recolectadas durante un periodo de 13 años, desde la superficie hasta los 1.500 metros de profundidad. También utilizó sensores que permiten estimar la abundancia de organismos mediante los ecos que producen las ondas sonoras en el agua. Ambos métodos mostraron tendencias similares, lo que refuerza la conclusión de que se produjo una disminución real de la vida marina y no un cambio aparente causado por las técnicas de muestreo, como se lee en el estudio. Además, los investigadores compararon los resultados con registros de las décadas de 1980 y 1990 y encontraron que las abundancias observadas en 2011 eran más cercanas a las de esos registros que a las cifras posteriores.

La caída fue especialmente pronunciada en algunos grupos fundamentales para el funcionamiento del ecosistema, escriben los científicos. Los eufáusidos, que son pequeños crustáceos conocidos como kril, disminuyeron un 72,8 %; los peces linterna, un 62,9 %; y los peces del género Cyclothone, un 69 %.

Estos animales, según se lee en la investigación, ocupan una posición clave en la cadena alimentaria marina, pues consumen organismos más pequeños y, a su vez, sirven de alimento a peces de mayor tamaño, calamares, tiburones, cetáceos y aves marinas.

Los científicos también observaron que, después de la caída, se hicieron mucho menos frecuentes las grandes concentraciones de presas, agrupaciones que permiten a los depredadores encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Muchos de estos animales realizan migraciones verticales diarias, es decir, durante la noche ascienden desde las profundidades para alimentarse y luego regresan a aguas más profundas.

Al hacerlo, transportan carbono desde las capas superficiales del océano hacia zonas donde puede quedar almacenado durante periodos prolongados. Por eso, su reducción podría alterar tanto las redes alimentarias como el ciclo del carbono y otros procesos.

La investigación también identificó una disminución de la diversidad genética en dos de las tres especies de peces linterna analizadas, un fenómeno que puede limitar la capacidad de las poblaciones para adaptarse a cambios ambientales y recuperarse después de una crisis.

¿Qué hay detrás de todo esto? Los científicos examinaron varias explicaciones posibles para el descenso, entre ellas los cambios en la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y la cantidad de alimento. Sin embargo, no encontraron que esas variables naturales coincidieran con la magnitud y la persistencia de la caída. También descartaron que las diferencias en los equipos o en los procedimientos de muestreo explicaran los resultados, pues utilizaron métodos estandarizados y compararon datos obtenidos en condiciones equivalentes.

Por ello, el artículo señala como principal explicación posible el desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon.

Los autores advierten, no obstante, que la coincidencia temporal y las pruebas disponibles no constituyen una demostración experimental definitiva de que el derrame causó por sí solo toda la disminución observada. Su interpretación es que el desastre y las operaciones asociadas a su contención son la explicación más consistente con los datos, dado que no encontraron otros factores que explicaran el patrón.

Entre los mecanismos posibles están la toxicidad del petróleo, los efectos sobre el desarrollo y la supervivencia, la reducción de la capacidad reproductiva y las dificultades para que los animales encuentren pareja en un ambiente oscuro y disperso.

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Hace unos días, un equipo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), uno de los institutos de investigación científica del país, publicó la segunda edición de un boletín que informa sobre la evolución de la erosión costera en Colombia.

Como lo define el Ministerio de Ambiente en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC), la erosión es “uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos del país” al implicar la pérdida progresiva de territorio en la zona costera, afecta ecosistemas estratégicos, infraestructura y comunidades.

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Los nuevos resultados hacen parte de una actualización del Índice de Erosión Costera de Colombia (IECC), que cubrió el periodo entre 2020 y 2024 y que apunta a que casi dos de cada tres kilómetros estudiados (63 %) perdieron terreno en ese lapso, frente al 47 % del periodo anterior (2016-2020). En esos tramos, el retroceso ocurre a un ritmo promedio de cerca de seis metros por año. 

Por su parte, el boletín no mira solo la pérdida total de playa, sino también lo que se conoce como “acreción”, donde la línea costera “gana espacio” al mar. En total, si se descuenta lo que la costa gana en otros lugares, el balance nacional es una pérdida de 2,06 metros por año.

Constanza Ricaurte, coordinadora del Programa de Geociencias Marinas y Costeras (GEO) del Invemar y quien lideró la construcción del informe, destaca que se han detectado puntos de acreción de más de 100 metros en las playas de Riohacha (Guajira), en las Islas del Rosario (Bolívar) y en Costa Verde (Magdalena).

Según la coordinadora del Invemar, en los últimos ocho años que se ha hecho la medición, se ha detectado una tendencia hacia la erosión de las costas en Colombia. “Lo que hemos visto es que se ha mantenido ese aumento por dos factores que son cruciales en este proceso. Por un lado está el ascenso del nivel del mar y, por el otro, el tema de la ocupación humana, lo que va ligado a que este proceso se presenta precisamente en zonas donde hay más personas”, precisa Ricaurte. 

Como recuerda Andrés Enríquez, doctor en Ciencias del Mar de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y doctor en Ingeniería de la Universidad Javeriana, la evolución de las playas es un proceso complejo. “Es importante aclarar, por ejemplo, que esta cifra de 2,06 metros por año no quiere decir que toda la costa colombiana esté retrocediendo exactamente ese número. Ese valor es un resumen a escala nacional, pero también hay que mirar la acreción y esos sitios en los que la playa ganó terreno”.

En línea con esto, el boletín señala que el 36 % de la costa registra procesos de acreción. Por eso, explica Enríquez, se habla de una tendencia general hacia la erosión, “pero no de un comportamiento uniforme de toda la costa”.

Que crezcan tanto la acreción como la pérdida de costa “es una señal normal de cómo funciona el equilibrio entre lo que el mar se lleva y lo que deja, porque lo que arranca en un lugar lo acumula en otro, y viceversa. Sin embargo, hoy las olas y las corrientes llegan con más energía, lo que intensifica estos fenómenos y arrastra la arena hacia lugares difíciles de prever, o la deja atrapada mar adentro, lejos de la playa. En Colombia es fácil ver cómo se rompe ese equilibrio en zonas mal planificadas, con espolones, rompeolas o puertos, y también por cuenta de hidroeléctricas y otras obras que impiden que los sedimentos lleguen a la costa”, explica Manuel Velandia, coordinador de ciencias de la Fundación MarViva.

Cabe señalar que este reporte utiliza una metodología que, más que determinar las causas del fenómeno, hace una valoración numérica de los cambios en imágenes satelitales de las costas colombianas a lo largo del tiempo.

Una mirada regional

A ojos de Vladimir Toro, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia (UdeA), quien ha estudiado estos fenómenos en las costas Caribe y Pacífica, investigar la erosión en Colombia implica entender que cada caso es diferente.

“Cada playa es un paciente diferente. En algunos casos son sitios críticos que llegan a urgencias, No es lo mismo un oleaje en Turbo, donde hay un golfo, que en una playa en Arboletes, donde las olas son mucho más energéticas”, indica Toro.

El investigador propone mirar las playas como una “bolsita de arena”, la cual se tiene que mantener con sedimentos que llegan de la desembocadura de ríos y otros lugares. “En resumen, se podría decir que uno nunca se para en la misma playa, pues la arena siempre va migrando. El problema es cuando esa arena no llega a las playas o cuando se pierde esa protección natural frente a la energía del mar”, precisa Toro.

Entendiendo esas dinámicas regionales, una de las miradas que ofrece el nuevo boletín del Invemar es esa mirada local, en particular de las dos costas que hay en el territorio nacional. Según el informe, en la costa Pacífica el 69 % de sus 1.892 kilómetros de línea de costa registró retroceso entre 2020 y 2024. En esos tramos, la pérdida ocurrió a un ritmo promedio de 7,60 metros por año, casi tres veces el promedio nacional. 

“Lo que hemos encontrado es que el ascenso del nivel del mar es mayor en la costa Pacífica, lo que tiene incidencia en la erosión que detectamos”, indica Ricaurte, del Invemar. “Son zonas donde hay menos intervención humana, con comunidades un poco más naturales, pero sí tienen un proceso de ascenso del nivel del mar más alto”.

La investigadora también agrega que durante fenómenos de El Niño, como el que se hace presente en el continente, “el nivel del mar aumenta todavía más porque el agua se repliega hacia la costa de Suramérica, entonces se pueden sumar varios factores y por eso tenemos tasas más altas en esa zona en este momento”.

Para el caso del Pacífico también se registró, en los tramos que ganaron terreno, una acreción promedio de 5,40 metros por año. En total, el Índice de Movimiento de la Línea de Costa fue de -3,60 metros por año, confirmando la tendencia hacia la erosión, con mayores afectaciones en Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

Por su parte, en la costa Caribe, “en términos de distribución espacial, el 59 % de la línea de costa presenta procesos erosivos, mientras que el 40 % evidencia procesos de acreción. En conjunto, el Índice de Movimiento de la Línea de Costa de Colombia (IMLC) registra una tendencia negativa de -0,71 m/año, lo que indica un predominio regional del retroceso de la línea de costa durante el período analizado”, se lee en el boletín. Según reportó el Invemar, los mayores cambios se detectaron en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y La Guajira. 

En concreto, respecto al periodo 2016-2020, el Invemar reportó para esta región una intensificación de los cambios en la línea de costa, con una relativa compensación entre erosión y acreción, pero con predominio de la erosión.

A ojos de Ricaurte, del Invemar, hay dos factores que pueden explicar el aumento de la acreción, sobre todo en los deltas de los ríos. “La primera tiene que ver con el aumento de las lluvias, con varios fenómenos de La Niña continuos, y por otro lado, hay señales de que está incidiendo el tema de la deforestación y la modificación de las cuencas de los ríos y sus afluentes”, indica la investigadora.

Por su parte, en lo que representa una de las pocas noticias positivas del informe, para las costas insulares del Caribe el Índice de Movimiento de la Línea de Costa (IMLC) muestra una tendencia positiva de 0,27 metros por año, sugiriendo una tendencia hacia la acreción. Según explican los investigadores del Invemar, estos datos se deben, en su mayoría, a que no se han registrado fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes, que afectan considerablemente la costa.

¿Y las soluciones?

Como lo admiten los investigadores del Invemar, a pesar de la robustez de estos datos, no siempre esta información es tenida en cuenta en las instancias nacionales dedicadas a atender la erosión costera.

“Efectivamente debería ser algo que influyera en la toma de decisiones, pero lo cierto es que no hay esa articulación completa. Muchas veces otras entidades nacionales y regionales toman parte de estos datos, y van evaluando de manera particular la dirección que hay que tomar, pero no hay algo unificado”, admite Ricaurte, del Invemar.

Precisamente, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señaló hace dos semanas que “hemos destinado por primera vez COP 230.000 millones que serán invertidos en el control de erosión costera en el Caribe. Se utilizarán tanto Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), así como infraestructura gris, según sea el caso”.

Hace unos días se presentó un choque entre la exministra de Ambiente, Irene Vélez, y el actual jefe de la cartera, Fabio Arjona. En un cruce de respuestas a través de la red X, el actual ministro aseguró que el gobierno anterior no avanzó en la implementación de soluciones para mitigar la erosión costera y que sus propuestas finales para una convocatoria pública en esta problemática no fueron aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En respuesta, la exministra Vélez negó los señalamientos y sostuvo que durante ese gobierno se creó “por primera vez, una línea de financiamiento para las regiones costeras que tanto han sido afectadas, entre otras por el Frente Frío”.

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En todo caso, los anuncios del actual Ministerio de Ambiente apuntan a que se buscarán otros caminos en comparación con el gobierno anterior. En línea con esto, la cartera anunció que lanzará una convocatoria del Sistema General de Regalías (SGR), que maneja los recursos que recibe el Estado como compensación por la explotación de recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos y los minerales, para implementar soluciones en las playas del Caribe.

Frente a esto, Velandia, de MarViva, asegura que “los datos demuestran la obsolescencia y los efectos contraproducentes de las obras duras tradicionales (como los espolones y terraplenes), obligando a las autoridades a migrar hacia Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), tales como la restauración de manglares y el descanso y preservación de cursos de agua usados tradicionalmente para extraer material de construcción”. 

Por su parte, Velandia  recuerda que el PMEC es la hoja de ruta del país para entender, prevenir, mitigar y adaptarse a la erosión costera, y su implementación irá hasta el 2040. 

“Este escenario fuerza al plan a coordinar e instrumentar financieramente esquemas de adaptación a comunidades vulnerables que no podrán ser protegidas artificialmente y deberán ser reubicadas de forma prioritaria hacia el interior del continente”, indica Velandia. 

Por su parte, Enríquez, de la UPC, asegura que “el enfoque no debe ser solamente relacionar cuando una infraestructura ya está afectada, sino incorporar información sobre la dinámica de la costa, hablar de vulnerabilidad y sobre todo los escenarios y alternativas de adaptación en las decisiones territoriales para concretar lo planteado en el Plan Maestro de Erosión Costera”.

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En abril de 2025, el mundo científico dio a conocer una noticia desalentadora: el cuarto episodio de blanqueamiento de corales a nivel mundial, que fue declarado oficialmente en 2024, es el episodio más grave que se ha registrado hasta ahora.

El incremento de la temperatura de los océanos ha puesto en jaque a los arrecifes coralinos, uno de los tipos de ecosistemas marinos más importantes del mundo. Los corales cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas en el mar, pero también brindan diferentes servicios a la humanidad, pues son fundamentales para mitigar el impacto de fenómenos como los ciclones.

Además, gracias a la gran variedad de especies de peces y otros animales que llegan a los arrecifes, estos ecosistemas también son fundamentales para las economías de territorios insulares, como San Andrés y Providencia, que dependen principalmente de la pesca.

El blanqueamiento de corales que ocurrió durante los últimos años afectó al 84 % de los arrecifes del mundo. Este fenómeno "se produce cuando los corales sufren estrés físico debido a cambios extremos de temperatura, luz o concentración de nutrientes en su hábitat circundante, y expulsan las algas fotosintéticas que se encuentran en sus tejidos, lo que los vuelve de un blanco pálido y los deja vulnerables a la mortalidad. Sin embargo, el blanqueamiento no significa que los corales mueran inmediatamente, y pueden recuperarse de un episodio de blanqueamiento", explica la NOAA, la organización estadounidense que hace seguimiento al blanqueamiento de corales a nivel mundial, en su página web.

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Pero un grupo de científicos está estudiando lo que podría ser una nueva oportunidad para algunos corales que están sufriendo debido a las altas temperaturas. Se trata de un experimento adelantado en laboratorio que ya mostró sus primeros resultados y que los investigadores esperan llevar al océano para ponerlo a prueba directamente en los ecosistemas.

El estudio, que fue publicado recientemente en Science Advances, describe la "rápida recuperación" de unos individuos de coral blanqueado de la Pocillopora damicornis al ponerlo en contacto con un fragmento de coral que se encuentra sano. Lo que ocurre es que el individuo sano le transfiere algas y otros organismos vivos de los cuales el coral blanqueado obtiene su alimento.

Aunque la cantidad de individuos sanos que usaron fue de solo cinco, "este estudio proporciona una demostración reproducible de la recuperación del blanqueamiento de corales mediante el contacto directo con corales sanos, no blanqueados y de la misma genética, lo que resulta en la recuperación completa de los fragmentos blanqueados en tan solo 4 semanas", señalan los investigadores en su publicación.

(Lea El Niño: esta actualización de la OMM le ayuda entender qué viene para finales de 2026)

Al transferir los simbiontes (como se conoce a los organismos que mantienen una relación de codependencia con los corales), estos se distribuyen rápidamente por todo el cuerpo del coral blanqueado, lo que da como resultado su recuperación.

Esta técnica para la recuperación de los corales plantea una innovación sin precedentes en el estudio de estas especies y en los esfuerzos por conservarlas. Sin embargo, la investigación es apenas un primer paso para ponerla en práctica.

"Persisten interrogantes sobre los mecanismos responsables de la rápida expansión poblacional y el rápido transporte de colonias que documentamos, así como sobre la generalidad y la escalabilidad de nuestros hallazgos sobre la recuperación del blanqueamiento coralino", advierten los científicos en el artículo.

Además de ser un proceso que debe realizarse con especies genéticamente similares y que hasta ahora solo fue probado en laboratorio, bajo condiciones controladas, se necesitan más investigaciones que permitan replicar sus resultados y empezar a realizar pruebas fuera de los laboratorios. También es necesario entender cómo funciona el mecanismo y por qué ocurre ese comportamiento entre los corales blanqueados y los sanos, para comprobar que la recuperación se deba efectivamente a su contacto.

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“El río está seco y sigue mermando”, dice desde Pinillos (Bolívar) Víctor Gómez, pescador y agricultor de este municipio a orillas del Magdalena y a poco menos de cinco kilómetros del punto donde este y el Cauca se encuentran. Las ciénagas también se están secando. En zonas donde el agua antes alcanzaba entre cuatro y cinco metros, ahora no supera el metro de altura, dice el habitante de La Mojana, una región que alberga un complejo entramado de más de 500.000 hectáreas de humedales.

El municipio de Gómez, en el sur de Bolívar, es uno de los seis tramos del río Magdalena en el que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lleva dos meses reportando niveles bajos, que “pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca, entre otros”.

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Por estas condiciones, Gómez define la situación que viven desde hace dos meses como “bastante crítica”. Al hecho de que los pescadores no están logrando pescar “ni para el consumo de ellos mismos”, el líder social de Pinillos agrega que los cultivos se están dañando e incluso los ganaderos están teniendo problemas, pues “el agua se está perdiendo”.

Omar Guarín Villazón, director ejecutivo de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (Comenalpac), utiliza las mismas palabras para describir la situación que le han relatado desde otras regiones del país, como el Bajo Cauca y Huila, en los últimos meses.

Aunque la situación ha cambiado desde mediados de agosto, cuando el Ideam publicó una alerta por los bajos niveles en 20 puntos del área hidrográfica Magdalena-Cauca, que abarcaba incluso los departamentos de Tolima y Risaralda, el panorama, con corte al 13 de octubre, seguía mostrando que seis tramos del Bajo Magdalena todavía presentaban niveles bajos: desde Puerto Wilches, en Santander, hasta Calamar, en Bolívar, en el delta del río.

La situación, sobre todo en la parte alta y media de la cuenca Magdalena-Cauca, ha mostrado una leve recuperación en las últimas dos semanas por efecto de las lluvias que se han presentado en diferentes sectores, explica Fabio Bernal, subdirector de Hidrología del Ideam. Como explicó este Instituto a inicios de este mes, el país atraviesa actualmente la segunda temporada de más lluvias, que irá desde finales de septiembre y alcanzará sus mayores probabilidades de precipitación entre octubre y noviembre, principalmente en las regiones Andina y Caribe.

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Estas lluvias, complementa Bernal, generarán crecientes de forma intermitente en cuencas pequeñas y un aumento progresivo en cuencas más grandes, pero “dentro del rango de valores bajos a medios en los próximos meses”. Por eso, continúa el funcionario, se espera que en los próximos días los niveles empiecen a aumentar en la parte baja de la cuenca, en la región donde habita Gómez.

¿Qué viene con El Niño?

El jueves 8 de octubre, el Ideam confirmó que se cumplieron las condiciones técnicas para la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia. Ese mismo día, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aseguró que sus previsiones indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, “lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde, al menos, 1950”, según la secretaria general de la agencia, Celeste Saulo.

Lo que se espera en los próximos meses, dice Bernal, es un efecto sobre el volumen total de precipitaciones. “Eso quiere decir que, aunque es natural que se presenten más lluvias en estos meses por condiciones de procesos atmosféricos que son característicos, los volúmenes no van a ser los mismos de las condiciones promedio y, por tanto, si bien puede haber una recuperación, muchos de los cauces no van a alcanzar a estar por mucho tiempo en el rango de valores medios”, apunta el subdirector de Hidrología del Ideam.

Si bien Bernal no puede anticiparse sobre lo que puede pasar en los próximos meses, advierte que el Ideam cuenta con un informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, que sirve para aproximarse a las condiciones que se vivirán. En el más reciente, publicado el 18 de septiembre, el Instituto señalaba que en las regiones Caribe y Andina podrían presentarse disminuciones en las precipitaciones entre el 10 y el 50 % durante octubre.

Como puede ver en el mapa que acompaña este texto, para noviembre, las reducciones en las lluvias podrán oscilar entre el 10 y el 20 % en el Caribe, con porcentajes cercanos al 60 % en departamentos como La Guajira, y entre el 10 y el 40 % en la región Andina. En diciembre, el mes “más crítico” en lo que respecta a lluvias, según el mismo Ideam, las reducciones podrían ser entre el 70 y el 80 % en el Caribe, y entre el 60 y el 80 % en la Andina.

Previendo que los próximos meses van a ser críticos, Guarín, director ejecutivo de Comenalpac, le envió una carta al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, solicitando una reunión para planear un plan de choque para los pescadores artesanales frente a El Niño. La respuesta, como conoció El Espectador, fue que la reunión podría adelantarse en la próxima sesión de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, programada para entre el 10 y el 12 de noviembre.

Para Guarín, la reunión llegará tarde, teniendo en cuenta que el sector quería presentar las dificultades que han padecido en los últimos meses —que incluyen una reducción en la pesca de hasta el 92 %, según el directivo de los pescadores artesanales—, así como trazar un plan de choque para los meses más críticos.

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Desde Pinillos, el municipio de Bolívar, el pescador y agricultor Gómez denuncia, de manera similar, que ninguna autoridad se ha acercado para presentar planes o programas que les permitan enfrentar los bajos niveles del río Magdalena.

De acuerdo con el Ideam, para el periodo de enero a marzo de 2027, “las predicciones muestran una transición desde condiciones predominantemente deficitarias en enero hacia una mayor presencia de precipitación por encima de lo normal durante febrero y marzo”. Sin embargo, el mismo Instituto advierte que, debido al horizonte de predicción, “esta señal es preliminar y está sujeta a actualización mensual”.

Las previsiones de la OMM, por su parte, indican una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno de El Niño persista hasta febrero de 2027.

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Esta semana, varias organizaciones internacionales y nacionales publicaron actualizaciones sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño y su posible intensidad para finales de 2026 y comienzos de 2027.

Una de ellas fue la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En su informe mensual “Actualización climática estacional mundial”, explica que El Niño seguirá intensificándose, lo que provocará temperaturas superiores al promedio en gran parte del planeta y alterará los patrones de lluvia.

“El Niño está plenamente consolidado y se está intensificando rápidamente. Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde, al menos, 1950”, afirmó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo. “El océano del que se alimenta es el más cálido que jamás hayamos medido. Simplemente hay más calor disponible para liberar”.

En contexto: IDEAM declara oficialmente el fenómeno El Niño en Colombia

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno en el país.

“La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo con la última medición rompió récords, alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3,49 °C”, señaló la entidad en un comunicado.

El Ideam explicó que se completaron cinco trimestres móviles consecutivos en los que la temperatura promedio del mar en el Pacífico central superó en al menos 0,5 °C su valor normal. Ese es uno de los criterios técnicos para confirmar la presencia de El Niño.

La dimensión de las anomalías

Cabe recordar que este fenómeno natural está relacionado con el calentamiento de las aguas oceánicas en la zona oriental y central del Pacífico ecuatorial. Se trata de un evento que se produce cada dos a siete años. Para seguir la evolución de El Niño, los científicos vigilan la temperatura superficial del océano Pacífico tropical, pues los cambios en esas aguas modifican los patrones de lluvia y de viento. Más que la temperatura en sí, lo que se mide es la anomalía, es decir cuánto se aparta el valor registrado del promedio histórico para esa época del año.

Según la actualización más reciente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), El Niño se fortaleció aún más durante septiembre, con anomalías superiores a +4,0 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental.

“Las anomalías de temperatura en la subsuperficie permanecieron en exceso de +10,0 °C a profundidad en el este del océano Pacífico. Las anomalías de vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera y las anomalías de vientos del este en los niveles altos se extendieron desde el oeste hasta el este-central del Pacífico ecuatorial”, indica la NOAA.

Uno de los sectores más vigilados es la región conocida como Niño 3.4, ubicada en pleno centro del Pacífico ecuatorial. Es uno de los indicadores más útiles, pues los cambios de temperatura en esa zona son los que mejor se relacionan con las alteraciones en los vientos y las lluvias.

De acuerdo con la OMM, “para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se prevé que la anomalía estacional media de la temperatura de la superficie del mar en la zona Niño 3.4 alcance aproximadamente +3,7 °C, con un máximo alrededor de diciembre. Se trata del valor más alto desde que se iniciaron las observaciones y supera el récord anterior de +2,6 °C registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016”.

La NOAA, por su parte, calcula que siguen siendo altas las probabilidades de un “evento histórico que superaría la intensidad de los eventos previos de El Niño en el registro que data desde 1950”: 54 % para septiembre-noviembre, 83 % para octubre-diciembre y 70 % para noviembre-enero.

“Con un evento de esta magnitud, las probabilidades de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas”, advirtió la entidad.

La relación entre El Niño y el cambio climático

Lo primero es que conviene diferenciar ambos fenómenos. El cambio climático se refiere a transformaciones de largo plazo en los patrones del clima, mientras que El Niño y La Niña son eventos de variabilidad climática, de duración más corta.

Sobre esa base, la organización Climate Central publicó un informe en el que explica que este El Niño está tomando fuerza en un planeta que ya se está sobrecalentando. Eso agravaría los riesgos derivados de décadas de contaminación que retiene el calor.

“El Niño puede elevar temporalmente la temperatura media global al liberar a la atmósfera parte del enorme calor acumulado en el océano Pacífico tropical”, indica el reporte. “Este efecto de calentamiento natural temporal se suma a la tendencia de calentamiento a largo plazo provocada por el ser humano debido a la contaminación que retiene el calor —que es, con diferencia, la principal causa del calentamiento del planeta—, aunque su magnitud es mucho menor que la de esta última”.

La organización agrega que el cambio climático causado por el ser humano calienta todo el planeta de forma sostenida, mientras que el calentamiento asociado a El Niño es temporal y se concentra en regiones específicas.

“Los fenómenos de El Niño de gran intensidad registrados en el pasado han elevado las temperaturas medias globales entre 0,1 °C y 0,3 °C durante los años en que se han producido. Ese calentamiento adicional puede, en ocasiones, hacer que un año que ya era cálido alcance niveles récord. Sin embargo, es el calentamiento de referencia provocado por el ser humano —que actualmente se sitúa 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales— lo que hace que esos récords sean cada vez más frecuentes”, indica la organización.

Con este escenario, advirtió esta semana el Ideam, se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, la entidad advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

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Esta temporada, no obstante, "por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe". Diciembre, por su parte, será el mes de menor déficit de lluvias.

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El episodio de El Niño se está intensificando rápidamente y podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde, al menos, 1950, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El organismo prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad alrededor de diciembre y estima que existe una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027.

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El fortalecimiento de El Niño, alimentado por unas temperaturas excepcionalmente elevadas del océano Pacífico tropical, alterará las pautas climáticas en distintas regiones del mundo durante los próximos meses.

La OMM prevé temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y un aumento del riesgo de episodios de calor extremo, así como de sequías e inundaciones asociadas a cambios en las precipitaciones.

Las nuevas previsiones, publicadas este 8 de octubre en el boletín sobre el clima estacional mundial de la OMM, apuntan a que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical alcanzarán valores sin precedentes entre octubre y diciembre de 2026.

Una anomalía oceánica sin precedentes

La evolución del fenómeno se sigue mediante, entre otros indicadores, el índice Niño 3.4, que mide las anomalías de la temperatura superficial del mar en una región del Pacífico ecuatorial central y oriental.

La anomalía registrada pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto de 2026, lo que refleja la rápida intensificación del episodio. Para el trimestre octubre-diciembre, la OMM prevé una anomalía media estacional de aproximadamente +3,7 °C, con un máximo alrededor de diciembre.

De confirmarse, sería el valor más elevado desde que comenzaron las observaciones y superaría ampliamente el anterior récord de +2,6 °C, registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

La OMM ya había advertido en septiembre de que El Niño se encaminaba hacia una intensidad muy fuerte y de que sus efectos climáticos podían prolongarse hasta bien entrado 2027. El nuevo boletín confirma esa tendencia y aporta unas previsiones de temperatura del Pacífico todavía más elevadas.

Más calor, pero también cambios en las lluvias

El Niño no significa que las temperaturas vayan a aumentar de forma uniforme en todas las regiones ni que vaya a hacer más calor todos los días. Se trata de un fenómeno climático de gran escala que modifica las probabilidades de determinados patrones meteorológicos.

Según la OMM, su intensificación favorecerá temperaturas superiores a la media en amplias zonas del planeta y alterará los patrones de precipitación. Esto puede traducirse en un mayor riesgo de sequías e inundaciones, dependiendo de la región.

La organización señala además que la evolución de otros océanos está contribuyendo a las condiciones previstas. El dipolo del océano Índico entrará previsiblemente en fase positiva y alcanzará su máximo en octubre, mientras que las temperaturas superficiales del Atlántico ecuatorial se mantendrán por encima de lo normal.

El océano libera parte del calor acumulado

La OMM subraya que El Niño no añade calor al sistema climático, sino que favorece la liberación de calor que el océano ha almacenado bajo su superficie. En un contexto de calentamiento global, un episodio intenso puede contribuir a que las temperaturas mundiales alcancen valores excepcionalmente elevados.

“Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas”, señaló la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, durante el Foro Mundial sobre el Calor celebrado en Bangkok.

La combinación de un océano excepcionalmente cálido y un episodio intenso de El Niño aumenta así el potencial de que se produzcan temperaturas extremas durante los próximos meses.

La OMM recuerda, no obstante, que sus previsiones son estacionales y probabilísticas, y no sustituyen a los pronósticos meteorológicos nacionales y locales.

El organismo considera prácticamente segura la persistencia de El Niño hasta febrero de 2027. Esta previsión se basa en el consenso de los resultados de 13 centros nacionales e internacionales y en la evaluación de expertos, a partir de datos procedentes, entre otras fuentes, de boyas oceánicas, satélites y radiosondas.

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Hace unos días, el Servicio Marino de Copernicus, el programa de la Unión Europea que monitorea el medio ambiente y el cambio climático, publicó el décimo Informe sobre el Estado de los Océanos.

El informe, que documenta “una transformación oceánica provocada por el cambio climático, con cambios particularmente notables en la última década”, contiene una serie de hallazgos que generan preocupación entre los científicos. 

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El primero de ellos apunta a que la cantidad total de calor almacenado en el océano alcanzó su nivel más alto registrado en 2025. En términos más precisos, durante el año pasado el océano absorbió 23 zettajulios de calor. Esto es, para hacerse una idea, casi 40 veces más que toda la energía que la humanidad utilizó ese año.

Otro de los hallazgos está relacionado con el aumento del nivel medio global del mar. Mientras entre 1999 y 2025 fue de 3,8 milímetros por año, entre 2012 y 2025 fue de 4,2 milímetros anuales. Además, entre 1985 y 2025, el océano se volvió aproximadamente un 17 % más ácido.

Respecto a las conclusiones del informe, elaborado por más de 120 científicos de varias partes del mundo, Pierre Bahurel, director general de Mercator Ocean International, que implementa el Servicio Marino de Copernicus, “el océano se está transformando ante nuestros ojos: el calentamiento, la subida del nivel del mar y la degradación de los ecosistemas son señales interconectadas de un cambio significativo y a largo plazo”. 

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A medida que el océano absorbe más calor, advierten los autores del informe, los efectos se propagan por todo el sistema marino. Por ejemplo, las aguas más cálidas alimentan las olas de calor marinas y pueden intensificar las tormentas, alterar los ecosistemas y contribuir al aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica y el deshielo de los glaciares.

“Estas no son tendencias aisladas, sino consecuencias interconectadas del calentamiento oceánico, cada vez más visibles en los mares regionales y las comunidades costeras de todo el mundo”, señalaron los científicos. 

En 2024, reseñan en el informe, el Mediterráneo y el Mar Negro experimentaron olas de calor marinas sin precedentes. Algunas duraron más de 30 días y alcanzaron temperaturas que superaron la media en más de 4,6 °C. 

De acuerdo con sus autores, el décimo Informe sobre el Estado de los Océanos de Copernicus “ofrece la advertencia más contundente hasta la fecha sobre los profundos cambios que se están produciendo en los océanos, a medida que se configura un fenómeno de El Niño probablemente sin precedentes en el Pacífico”.

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Para Karina von Schuckmann, directora del informe, el documento proporciona “un registro científico cada vez más completo de un océano sometido a una presión creciente, al tiempo que demuestra cómo la observación, la modelización y la predicción constantes, junto con la colaboración científica, pueden ayudar a las sociedades a comprender qué está cambiando, dónde y por qué, así como a anticipar los riesgos futuros y prepararse para sus consecuencias”.

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El Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicaron el informe anual sobre explotación de oro de aluvión en Colombia durante 2025. De acuerdo con el análisis la explotación de este mineral en Colombia incrementó en un 4,5 % entre 2024 y 2025 y la mayoría se hace de manera ilícita.

Durante el año pasado, la explotación de oro de aluvión, que es el mineral que se almacena cerca de los ríos, quebradas y llanuras aluviales, alcanzó las 118.410 hectáreas en el país, superando las 113.310 hectáreas de 2024. De acuerdo con la ONU y el Minminas, la explotación ilícita incrementó un 10 % durante ese período.

"El reporte para 2025 indica que 15 de los 32 departamentos del país muestran evidencia de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) en tierra; asimismo, que la mayor parte de la explotación ilícita (82 %) se concentra en Chocó (41.493 hectáreas), Antioquia (24.282 hectáreas) y Bolívar (7.222 hectáreas). Además, diez municipios concentran el 54 % de esta actividad en la categoría ilícita: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba", explican mediante un comunicado sobre el informe.

En Chocó se encuentra la gran mayoría de esta explotación. El informe detalla que las tierras de comunidades afros albergan el 45 % de las hectáreas afectadas por la minería de oro de aluvión durante 2025, y que el 84 % de esas tierras se encuentran en Chocó. Por otra parte, aunque la explotación en tierras indígenas es mínima frente al total (0,4 %), el informe reporta un crecimiento del 25 % durante la última medición.

"Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que el incremento de la explotación de oro de aluvión entre 2024 y 2025 ocurrió, en su mayoría, en tierras de las comunidades negras (61 % del aumento, equivalente a 3.096 hectáreas). Asimismo, se detectó evidencia directa o cercana de
EVOA en tierra en 30 resguardos indígenas y se identificaron 215 sectores con alertas de EVOA en agua en 11 ríos de la Amazonía, ubicados en zonas cercanas a 64 resguardos", añaden.

Otro de los aspectos que preocupa a los autores del informe es la presencia de minería de oro de aluvión en áreas protegidas o que se encuentran bajo alguna figura de restricción ambiental. El 49 % de las hectáreas afectadas están en zonas en las que la minería no está permitida y la mayoría son zonas de reserva forestal. Al menos 43.000 hectáreas están en la zona de reserva forestal del Pacífico, un área reconocida desde 1959 como zona de restricción para este tipo de actividades.

Además, el análisis también evidencia un incremento del 153 % de las hectáreas afectadas al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales entre 2023 y 2025. En estas zonas está completamente prohibida la minería y hacen parte de las áreas dedicadas exclusivamente a la conservación ambiental en Colombia.

"El monitoreo señala que la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un factor crítico en las zonas con evidencia de explotación de oro de aluvión. El número de municipios con esta actividad y presencia de al menos un grupo armado ilegal pasó de 114 en 2024 a 118 en 2025. A esto se suma la convergencia con cultivos de coca: 79 de los 118 municipios donde se identificó EVOA en 2025 también registraban este cultivo en 2024, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó", dicen en el comunicado.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, dijo durante la presentación del informe que el Gobierno tomará varias acciones para contener esta problemática. "La evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados. Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados", concluyó.

Consulte el informe de explotación de oro de aluvión en Colombia completo:

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El Instituto Oceanográfico Schmidt, una de las instituciones de investigación oceánica más importantes del mundo, acaba de anunciar los resultados de la exploración a las profundidades de un cañón submarino en aguas argentinas que fue seguida por millones de personas en agosto de 2025. 

A finales de agosto del año pasado, el Instituto adelantó la primera expedición científica a las profundidades del Cañón de Mar del Plata utilizando un vehículo submarino operado a distancia (ROV) equipado con sofisticadas herramientas de muestreo y cámaras. Para hacerse una idea, la profundidad de este cañón alcanza los 3.500 metros.

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A mediados de julio de este año, el Instituto y la Fundación Nippon-Nekton Ocean Census reunieron a 20 investigadores de Latinoamérica y Europa para que examinaran las muestras biológicas colectadas durante esa expedición.

En tan solo dos semanas de trabajo, los científicos identificaron 57 nuevas especies y cinco géneros, entre los que destacan 20 nuevas especies de copépodos, 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y 1 molusco escafópodo. Los cinco nuevos géneros contemplan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Daniel Lauretta, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), resaltó que “la cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos con pocos especialistas activos. El taller de descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies, el reconocimiento de especies nuevas para la ciencia y el fortalecimiento de las capacidades de los taxónomos locales noveles que trabajan con la fauna de aguas profundas”.

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Entre los principales resultados, los investigadores resaltaron a “Loki, el pepino de mar” (Peniagone sp.) encontrado a 2.577 metros de profundidad. “Este holoturoide (pepino de mar) fue una de las nuevas especies más destacadas identificadas durante el taller. Con imágenes y videos in situ notables capturados en el fondo marino, ‘Loki’ representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturoides descubiertas durante el taller”.

Frente a los copépodos, una clase de crustáceos de pequeño tamaño, el Instituto destacó que, pese a que los taxónomos solo lograron examinar el 10 % de las muestras recolectadas, cada espécimen examinado era una nueva especie. De hecho, los científicos identificaron 20 especies nuevas para la ciencia y un nuevo género.

Otros grupos de animales que llamaron la atención de los científicos fueron los corales y las plumas de mar. Frente a los primeros, los investigadores identificaron 14 nuevas especies y una posible nueva familia, que todavía está pendiente de análisis genético. Sobre los segundos, se identificaron dos nuevas especies.

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Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, señaló que “el descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan solo dos semanas demuestra la rapidez y el poder de la taxonomía colaborativa”.

“Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos del planeta. Al reunir la experiencia científica de Latinoamérica y a expertos internacionales, así como al conectarlos a la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, estamos acelerando drásticamente nuestra comprensión de la biodiversidad marina”, concluyó Taylor. 

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A raíz de la temporada de incendios que se vive en varias regiones del país, el Instituto Humboldt emitió un comunicado explicando los factores que aumentan la vulnerabilidad de los páramos y advirtiendo sobre el proceso que se requiere para su recuperación.

Aunque todavía no hay cifras consolidadas sobre la cantidad de hectáreas de páramos que han resultado afectadas por los incendios en los últimos meses, el Instituto retomó los resultados de un reciente estudio adelantado por la Universidad del Rosario en el que se estimó que entre 1985 y 2022 aproximadamente 637.000 hectáreas de páramos, lo que corresponde al 15 % de la extensión total de estos ecosistemas, resultaron afectadas por fuego.

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Para hacerse una idea, esta extensión es similar al área que ocupa el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena o a casi todo el departamento de Caldas. Con cerca de un tercio de su superficie afectada por el fuego, el páramo de Sumapaz ha sido uno de los más perjudicados.

El caso más reciente, referenció el instituto de investigación, fue el ocurrido en el Santuario de Flora y Fauna Iguaque, en Boyacá, donde las llamas que se extendieron por 10 días afectaron cerca de 1.400 hectáreas de esta área protegida cercana al municipio de Villa de Leyva.

Estos datos, aseguró José Muñoz, investigador del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Humboldt, evidencian la necesidad de pasar de una respuesta centrada exclusivamente en apagar incendios a una estrategia basada en el manejo integral del fuego que permita comprender sus causas, comportamiento y efectos sobre los ecosistemas.

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“El reto no es solamente responder cuando aparece el fuego. Necesitamos entender dónde, cuándo y por qué se producen los incendios, qué factores pueden hacerlos más complejos y cómo se recuperan los ecosistemas después de estos eventos. Esta información debe orientar tanto la prevención como las decisiones de restauración ecológica”, explicó Muñoz.

Sobre los factores que aumentan la vulnerabilidad de los páramos a los incendios, el Instituto advirtió sobre el papel que juegan las especies invasoras. En el reciente caso de Iguaque, por ejemplo, la presencia de pastos exóticos, pinos, eucaliptos y acacias facilitó la propagación de llamas.

Estas especies exóticas, con potencial de ser invasoras, “provienen de regiones con una historia evolutiva asociada al fuego. En los ecosistemas colombianos, estas especies producen grandes cantidades de hojarasca y material vegetal muerto, varias logran formar poblaciones densas y pueden mejorar la continuidad del combustible disponible para quemarse durante un incendio”, explicó el Humboldt.

De hecho, algunas de estas especies poseen características que les permiten sobrevivir, rebrotar y colonizar rápidamente áreas afectadas por incendios. En palabras de Muñoz, “En zonas donde existen especies invasoras debemos prestar especial atención a la relación entre cobertura vegetal, cargas combustibles y fuego. No significa que la presencia de estas especies explique por sí sola un incendio, pero sí que puede convertirse en un factor relevante para su comportamiento y para la recuperación posterior del ecosistema”.

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Las áreas de páramo y alta montaña donde confluyen especies invasoras, vegetación susceptible de quemarse y condiciones de déficit hídrico deberían recibir especial atención durante temporadas de menor precipitación, resaltó el Instituto.

Tras las llamas, advierte la entidad, viene una de las decisiones más importantes: cómo debe recuperarse el ecosistema afectado. Como hemos explicado en otras notas, sembrar árboles no siempre es la mejor opción. En el caso de los páramos, el propio ecosistema puede contar con bancos de semillas en el suelo y con especies capaces de rebrotar después del incendio.

“Después de un incendio, la primera pregunta no debería ser cuánto tenemos que sembrar, sino qué capacidad tiene el ecosistema para recuperarse por sí mismo. Hay que evaluar la severidad del incendio, las condiciones del suelo, la disponibilidad de semillas o propágulos de especies nativas en la zona que puedan favorecer la regeneración natural y otros factores antes de decidir si es necesaria una restauración activa”, señaló Muñoz.

El investigador del Humboldt agregó que “restaurar no significa simplemente plantar. En los páramos debemos preguntarnos qué especies corresponden a cada territorio y cuándo es realmente necesario intervenir. La regeneración natural también es una forma de restauración y, en determinadas circunstancias, puede ser la mejor opción”.

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Ante este panorama, el Instituto advirtió que el país debería avanzar hacia un manejo integral del fuego, que articule prevención, conocimiento científico y local, así como preparación comunitaria e institucional, atención oportuna de emergencias y estrategias de recuperación posterior acordes a cada territorio.

“Esto implica fortalecer el monitoreo de las áreas vulnerables, comprender mejor la relación entre incendios y especies invasoras, mejorar la articulación entre comunidades y autoridades y evaluar la recuperación de las áreas quemadas antes de definir acciones de restauración”, concluyó la entidad.

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Ha pasado una semana desde que se reportó la muerte de cuatro manatíes (Trichechus manatus) en el Caño San Silvestre en Barrancabermeja. Dos machos y dos hembras de esta especie considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fueron hallados tras denuncias por una mortandad masiva de peces.

Tras una demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander por la Fundación Little Guardians, una magistrada decidió decretar medidas cautelares para la protección de esta especie y para garantizar la custodia de los ejemplares muertos con el fin de investigar las causas de su fallecimiento.

La medida implica garantizar la protección del manatí en el lugar en donde se encontraron los individuos muertos. "El área de intervención comprende el caño San Silvestre, en especial el tramo de cruce de tuberías; el caño El Rosario o caño Picho; el sector de La Represa; la conexión con la ciénaga San Silvestre; y el área de influencia que el equipo técnico determine en un radio de diez (10) kilómetros de los sitios del hallazgo", señala la decisión.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) deberá estar coordinando las acciones que se tomen junto a la Red de Varamientos de Manatíes. Una de las órdenes del tribunal, como parte de las medidas cautelares, implica garantizar la conservación y custodia de los cuatro cadáveres encontrados en el Caño San Silvestre para su investigación.

Además, el Tribunal le pide a la CAS que "dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, elabore una ficha técnica de cada ejemplar, con código de identificación, fecha y hora del hallazgo, coordenadas, sexo, longitud total, clase de edad, código de condición del cadáver (escala de 1 a 5), registro fotográfico, lesiones externas, hallazgos de la necropsia, muestras tomadas, método de conservación, laboratorio de destino y custodio actual. Toda muestra se someterá a cadena de custodia y, cuando el volumen lo permita, se conservará una contramuestra a disposición del proceso".

Tras esta toma de muestras, la corporación deberá adelantar un "estudio científico integral" que permita establecer las causas de la muerte de estos cuatro individuos. Pruebas toxicológicas, de parásitos y de verificación de presencia de hidrocarburos hacen parte de las exigencias del tribunal.

Además, la medida contempla que, entre la CAS y la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja, se haga una campaña de muestreo durante un mes, con tomas semanales, en "los sitios del hallazgo, el tramo de cruce de tuberías, el caño El Rosario, el sector de La Represa, la conexión con la ciénaga San Silvestre y al menos un punto de referencia sin influencia aparente del evento". Estas muestras deberán remitirse para análisis en laboratorios especializados del Ideam.

Más allá de la investigación de la muerte de los cuatro manatíes, el Tribunal también ordena que se tomen medidas para la protección de los individuos que viven en el Caño San Silvestre y su área de influencia, con el fin de garantizar que las posibles causas del evento no afecten a otros ejemplares.

"Ante la detección de un manatí con signos de debilidad, lesiones, enmallamiento, cría separada de su madre o confinamiento en un cuerpo de agua en riesgo, activar de inmediato el protocolo de emergencias y aplicar, según la valoración veterinaria, las alternativas de manejo previstas en la circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 24 de septiembre de 2026", dice el tribunal.

El 26 de noviembre se realizará una audiencia pública en la que se evaluará el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas y se revisarán los informes elaborados por la CAS. Allí deberán estar convocadas las comunidades de pescadores artesanales y organizaciones ambientales, que también podrán enviar comentarios frente a las labores que adelante la CAS.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella tumbó la última medida con la que la anterior administración intentó dejar atada la delimitación del páramo de Santurbán en Santander. Con una resolución firmada ayer por Indalecio Dangond, ministro de Ambiente ad hoc para este tema, se revocó una decisión publicada el 6 de agosto con la que se adelantaba parcialmente la delimitación de este complejo de páramos.

El argumento central del Ministerio de Ambiente para revocar la resolución del Gobierno Petro es que esa delimitación parcial del complejo de páramos Santurbán-Berlín no habría respetado el proceso de participación ordenado por la Corte. Es importante recordar que la delimitación que se adelanta actualmente es producto de una sentencia de 2017 que ordenó tener en cuenta a las comunidades de varios municipios para definir el trazado del área protegida de esos páramos.

De acuerdo con el Minambiente, "se constató que el procedimiento que culminó con la Resolución 0992 de 2026 no observó integralmente el estándar reforzado de participación ambiental exigible para el Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-
Berlín. El proceso participativo desarrollado durante los años posteriores a la Sentencia T-361 de 2017 había sido estructurado para la
expedición de una nueva delimitación del complejo; sin embargo, en la etapa final de la actuación se introdujo una modalidad de delimitación progresiva, definitiva y acumulativa que modificó sustancialmente los efectos jurídicos de los acuerdos, consensos y disensos previamente construidos, sin que se evidenciara una fase territorial específica, suficiente y previa destinada a informar y deliberar con las comunidades acerca de esa transformación".

El proceso de delimitación, como contamos en un artículo publicado a finales de julio, ha tenido varias tensiones durante las audiencias públicas y de consulta por parte del Minambiente. La discusión central tiene que ver con las áreas del complejo de páramos en las que estará prohibida definitivamente la minería y aquellas en las que sí podría realizarse esta actividad.

Al interior del complejo de páramos, como se ha denunciado en varias ocasiones y como reconoció la Corte, se desarrollan actividades de minería ilegal. Además, un proyecto de minería formal en cabeza de la multinacional Aris Mining ha mostrado interés por explotar un área que se encuentra dentro del territorio que hace parte de esa discusión.

En su último día, el Gobierno Petro publicó la resolución para la delimitación parcial, pero según el Gobierno de De la Espriella, esa decisión no tuvo en cuenta todas las observaciones y comentarios que recibió durante el proceso de consulta pública, que se llevó a cabo durante las semanas previas a su publicación.

Aunque esta decisión del Minambiente revoca la delimitación parcial, la entidad también aclara en la resolución que se seguirá adelante con el proceso de delimitación y con la participación que exige la Corte Constitucional para este. Además, aseguran que derogar la resolución del 6 de agosto no implica que se pierdan las medidas de protección ambiental que requiere el páramo.

"No comporta, en ningún caso, una disminución del nivel de protección ambiental del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, ni constituye habilitación, autorización o convalidación de actividades incompatibles con el régimen constitucional y legal de protección de los ecosistemas de páramo", se lee en el documento.

Angélica García, alcaldesa de Vetas, uno de los municipios involucrados en la delimitación, no tardó en reaccionar a la decisión. "Lo que esperamos nosotros es que se pueda cumplir el cronograma establecido, que pueda garantizarse la participación de las comunidades. Nosotros esperamos la protección del ecosistema del páramo, pero con la participación y la garantía de los derechos de las comunidades que estamos arriba en el páramo".

Además, señaló que esperan que el Gobierno cumpla el auto del 2 de julio que emitió el tribunal administrativo de Santander, en la que se pidió hacer una reunión para definir el proceso de concertación para el municipio de Vetas en el marco de la delimitación del páramo de Santurbán.

Aquí puede consultar la resolución completa que revoca la delimitación parcial del páramo de Santurbán:

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