La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Cuando los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a dar sus versiones libres ante las salas de Justicia y Paz, un grupo de víctimas de la masacre de Barrancabermeja fueron a escucharlos. Querían conocer su versión sobre lo ocurrido, que explicaran por qué lo hicieron y, especialmente, que dijeran cómo y por qué se habían aliado con instituciones como el DAS, la Policía y las Fuerzas Militares. Pero no escucharon esas verdades, a pesar de que en la noche de la masacre los vieron actuar en connivencia con las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), quienes perpetraron la masacre comandados por Guillermo Cristancho Acosta, conocido como Camilo Morantes.

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Esta incursión marcó el inicio del poder paramilitar en el puerto petrolero, un lugar estratégico tanto económica como territorialmente. Ingresar a Barranca, según dijo Rodrigo Pérez Alzate en dos versiones libres de Justicia y Paz, significaba tener acceso a los dos flancos de la Serranía de San Lucas, es decir, hacia el río Cauca y a los valles del río Magdalena. Además, podrían entrar a los corredores que tenía el Eln para ingresar al Oriente Antioqueño y a la Serranía del Perijá. De esa manera, las Auc “aseguraban el control absoluto de los frentes guerrilleros que operaban en los departamentos de Antioquia, Cesar, Sucre, Bolívar y, principalmente, Santander”, es decir, la zona que luego controlaría el Bloque Central Bolívar, comandado por Pérez Alzate o Julián Bolívar.

Además, las Autodefensas también infiltraron la contratación petrolera, tanto por colaboración como por intimidaciones, según una sentencia de 2015 de Justicia y Paz contra varios paramilitares del Frente Fidel Castaño de las Auc.

Esas, las sentencias contra paramilitares, son las únicas que han traído justicia en relación con la masacre. No hay a la fecha ninguna decisión judicial contra instituciones o funcionarios del Estado. Esto aunque las víctimas, como Jaime Peña, recuerdan haber visto hombres con chalecos negros marcados con las letras DAS. Peña los vio cuando, cerca de las 9:30 p.m., iba saliendo de su casa para buscar a su hijo Jaime Peña Rodríguez, de 16 años, quien cinco minutos antes también había salido a reunirse con algunos compañeros de su grupo de teatro.

El padre se disponía a ver un partido de fútbol, cuando escuchó el ladrido de un perro que lo impresionó y salió a ver qué pasaba. “Por una ventana grande de la sala, veo que va mi hijo y un tipo encapuchado apuntándole por la espalda con un fusil. Pero no sospeché de nada grave, porque pensé que era la autoridad pidiendo papeles, entonces solo era ir a la cancha y reclamarlo, porque era un estudiante menor de edad”, cuenta.

Sin embargo, cuando salió a la calle, vio una camioneta de platón con hombres fuertemente armados y con los chalecos del DAS. Menos iba a sospechar, porque eran autoridad. Entonces decidió ir a la cancha, escuchó gente gritando que eran “los masetos”, es decir, los paramilitares, y que habían degollado a una persona.

A ese mismo lugar llegó Luz Almanza, desesperada buscando a su esposo Ricky Nelson García, un mecánico de motos que había salido a desvarar a un soldado. Ella también estaba en el barrio El Campín, en un bazar justo al frente de su casa, cuando llegaron los paramilitares gritando que salieran los guerrilleros, apagando la música y mandando a todo el mundo a acostarse en el piso. “Yo salí corriendo, entré a mis hijos a la casa. La gente gritaba ‘auxilio, no se los lleven’”, dice.

Los paramilitares ingresaron a la Comuna 7, cerca de la avenida Circunvalar y de una base militar, asegura Luz Almanza. Cometieron los crímenes en menos de una hora y salieron de la ciudad. En eso interceptaron a Ricky Nelson García, que ya iba de regreso, cerca del barrio 9 de Abril. Lo bajaron de su moto y lo subieron a una camioneta. Según El Espectador de la época, eran dos camionetas Ford 350 carpadas. A Luz le dijeron que la moto de su esposo estaba tirada en la calle, entonces ella corrió a buscarlo. En el camino se encontró al mismo joven degollado. Sin embargo, no se detuvo ahí, logró encontrar la moto y ver la camioneta de la que lanzaron a una mujer embarazada, una sobreviviente de la masacre.

Esa noche asesinaron a siete personas y desaparecieron a 25 más. La ciudad se paralizó durante una semana, incluso la refinería de petróleo dejó de funcionar, pues la Unión Sindical Obrera (USO) entró en cese de actividades, mientras se movilizaban rechazando la masacre y exigiendo justicia. Tiempo después, Camilo Morantes, el comandante paramilitar de las Ausac, diría que fue una equivocación, que las víctimas no eran guerrilleros, pero que igualmente los asesinaron. Lo mismo dijo Rodrigo Pérez Alzate en su versión libre, que todas las víctimas eran inocentes.

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¿Entonces quién los acusó? ¿Cuál era el objetivo de la masacre? Lo cierto es que después de este hecho, el frente Fidel Castaño se apoderó de la zona, extendiendo su dominio criminal en el Magdalena Medio y el sur del Bolívar.

Hoy, el Colectivo de Víctimas 16 de Mayo todavía está esperando una audiencia contra miembros de la Fuerza Pública involucrados en la masacre. Varios de estos uniformados, según las víctimas, están en libertad condicionada porque se acogieron a la JEP. Es el caso del coronel Joaquín Correa López. De los 25 desaparecidos han podido recuperar e identificar a cinco personas, entre esos a Ricky Nelson García. Los restos de una persona más, dice Luz Almanza, están en cadena de custodia desde 2008. Mientras aguardan justicia en el país, su caso ya está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente, con “20 años de justicia denegada y 20 años de resistencia abnegada”, como sostiene este colectivo, tienen esperanzas en que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos pueda encontrar a sus familiares y que la Justicia Especial para la Paz, ahora sí, pueda completar las verdades que quedaron a medias desde la desmovilización paramilitar.

1) Empezamos esta lista haciéndole un homenaje al sociólogo que recorrió los rincones más golpeados por el conflicto en Colombia. Recogió voces campesinas marginadas e hizo de su obra un completo relato que todos y todas deberían conocer.  Se trata de Alfredo Molano y en esta ocasión le recomendamos: "A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc", publicado en 2016.

En mayo de 1964 comenzó la operación militar para recuperar la entonces llamada 'república independiente de Marquetalia', que desembocaría en la cruenta y larga guerra entre las Farc y el Estado, cuyas consecuencias políticas y sociales retumban aún. Con ocasión de los 50 años de la fundación de la guerrilla viva más antigua del continente, Molano reconstruyó desde la historia y el periodismo los orígenes de las Farc. Inicialmente, los 12 textos que conforman el libro fueron publicados en El Espectador y surgen de diferentes viajes a lejanas regiones de Colombia, a las que llega lomo de mula y donde acampa la verdadera historia del surgimiento de esta organización. También incluye varias entrevistas del autor con los fundadores del grupo armado. 

2) El segundo libro es de una de las escritoras colombianas más reconocidas en el mundo: Laura Restrepo. Fue negociadora en los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur. En 2004 publicó "Delirio". 

Un hombre regresa a casa después de un corto viaje de negocios y encuentra que su esposa ha enloquecido completamente. No tiene idea de qué le pudo haber ocurrido durante los tres días de su ausencia, y con el fin de ayudarla a salir de la crisis empieza a investigar. El personaje intenta descubrir las profundas perturbaciones escondidas en el pasado de la mujer que ama. Narrada con talento y emoción, la historia principal de esta novela se fragmenta en otras que se anudan a través de personajes llenos de matices. La escritora busca brindar su visión de la sociedad colombiana de fines del siglo XX, con la violencia como un elemento característico, reflejada en la figura del narcotráfico y cómo éste corrompió todos los estratos. 

3) En 2013, el Centro Nacional de Memoria histórica (CNMH) publicó un informe de cinco cápitulos para entender la realidad de las víctimas del conflicto armado y reconocer su dignidad. En cabeza del entonces director de esta institución, Gonzalo Sánchez, el Centro Nacional de Memoria presentó "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad". 

Este informe no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado. Lejos de pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, quiere ser elemento de reflexión para un debate social y político abierto. El país está pendiente de construir una memoria legítima, que no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus responsabilidades, y, además, se reconozca a las víctimas.  (Lo pueden descargar gratis aquí) 

4) El escritor y poeta colombiano Samuel Jaramillo González cuenta en “Dime si en la cordillera sopla el viento”, publicado en el 2015, la violencia del país en los años 50 entre los liberales y conservadores. Desde el relato de los Polanía, una familia del departamento del Huila, muestra la frustración de las aspiraciones sociales, la zozobra y el horror ante los primeros hechos de  violencia que se extenderían por todo el país y dejarían en la memoria escenas debastadoras. 

5) La quinta recomendación es la obra imperdible del escritor santandereano Daniel Ferreira: "La rebelión de los oficios inútiles", publicada en 2014. Narra la historia de una invasión durante los años 70, cuando una multitud de campesinos sin tierra decide tomarse un lote baldío en las afueras de un pueblo colombiano. En un audaz contrapunto de voces y perspectivas este episodio se reconstruye a partir de la crónica de sucesos, el documento apócrifo y los recuerdos e impresiones de quienes narran las historia: Simón Alemán, terrateniente alcohólico y arruinado, que trata de defender sin mucha convicción el lote de sus ancestros; Joaquin Borja, el periodista, cuyas ideas se estrellan contra un muro de oscuridad y violencia, y la multitud de los trabajadores que, bajo la serena y terrenal dirección de Ana Larrota, luchan por un paraíso del que hace tiempo los despojaron. 

6) Otro de los escritores infaltables para conocer la verdad de violencia en el país es Jorge Cardona, editor general de este periódico y uno de los periodistas judiciales más respetados. Aunque ya son varios los textos que ha publicado sobre el conflicto, creemos que no pueden dejar de leer "Días de Memoria", publicado en 2009. Este texto contiene el doloroso legado de los años 80 en Colombia, desde el holocausto del Palacio de Justicia al falso sometimiento de Pablo Escobar. Cardona hace una radiografía día a día desde 1986 hasta 1991, una trágica enumeración de hechos de aquellos años que viven en carne propia la explosión del monstruo del narcotráfico.

Hay una gran cantidad de libros sobre el conflicto armado en Colombia, en esta oportunidad recomendamos solo seis, pero si ustedes tienen otros libros para hacer más amplio este intercambio, pueden dejarnos sus sugerencias en las redes sociales con la etiqueta #Colombia2020EnCasa.
 

Desde que salió de Tumaco, en noviembre del año pasado, Henry Castellanos Garzón, quien se hizo famoso en las Farc con el alias de Romaña, no había dado la cara. Apenas se conoció un video grabado con celular, que él mismo difundió por redes sociales, donde daba cuenta de que había construido un puente sobre el río Guape que sirve de frontera entre los municipios de La Uribe y Mesetas, en el Meta.

Lo encontramos un sábado, al caer la tarde, en una finca ubicada en la vereda El Diamante, en el municipio de La Uribe. El paisaje es de una belleza abrumadora. El lecho del río Duda, testigo vivo de 50 años de luchas históricas de los campesinos que colonizaron estas montañas tras el bombardeo a Marquetalia y las llamadas repúblicas independientes de El Pato y Riochiquito, da paso a una vista envidiable: por el oriente la ya deforestada Serranía de La Macarena, al sur el parque Natural Tinigüa, al occidente el Parque Natural Los Picachos y el Sumapaz se adivina apenas al norte.

Galería: La vida en un asentamiento de excombatientes en Meta

Ya no usa boina, sus botas de caucho no son las tradicionales ecuatorianas que se enfudaba en la guerra. Nos recibe con tinto endulzado con panela y apuramos la charla en cámara, porque un monumental aguacero nos acecha.

Se muestra cordial y dispuesto a desmentir dichos de todo el mundo. El primero: no salió de Tumaco por amenazas de muerte; dice se fue de allí, decepcionado, con cerca de 60 excombatientes que como él habían operado por estas montañas, y llegaron a esas tierras a finales de diciembre pasado, buscando a sus amigos y familiares, y un mejor futuro para sus proyectos productivos. Según él, las matas de piña, sábila, plátano y maíz se están pudriendo allá en el espacio territorial de Nariño, por falta de comercialización.

Segundo desmentido: nunca llamó al fiscal general Néstor Humberto Martínez -como éste aseguró en el Congreso hace unas semanas- y jamás recibió ayuda de él para los cultivos de maíz que muestra con orgullo. Los 120 millones se los dio el gobierno sueco (este diario lo confirmó) en especie: semillas y abonos. Y no son 30.000 hectáreas como dijo el jefe del ente acusador. Son apenas 30. Se ríe.

La finca en la que nos recibe tiene 120 hectáreas, pero apenas 20 están sembradas. Además del maíz, tiene sembrados de vegetales, plátano y fríjol; cuatro piscinas con cultivos de cachama; una marranera que empezó con 12 hembras que llegaron en una travesía macondiana desde Tumaco y que hoy ya tiene 80 cerdos; un corral con gallinas (las primeras, se las regaló una hermana) pavos y patos; 350 cabezas de ganado que los excombatientes han comprado con su renta mensual; un taller de ebanistería, y un cristalino caño en el que piensa montar un proyecto turístico.

Parte de la conversación transcurrió en un recorrido dominical por las otras fincas que arrendaron para sembrar maíz y girasol. Tiene 12 escoltas (excombatientes) y se mueven en camionetas con placas de Bogotá (suministradas por la UNP) por estas carreteras que las Farc construyeron con las comunidades en tiempos del despeje de Pastrana. Se pasea con tranquilidad por la trocha llena de cráteres que conoce como la palma de su mano, mientras saluda con el pito a un par de soldados que hacen un retén impensable hace unos años.

¿Cómo logra mantener la unidad y la disciplina entre 350 excombatientes?

No es fácil, porque apenas recibieron los primeros $700.000 algunos excombatientes pensaron en comprar un celular o una moto. Uno les explica que eso se termina y que, si el Gobierno no cumple con la reincorporación, pues quedan a la deriva. Les aconsejamos ahorrar para tener algo para el futuro. Aquí la norma es comprar novillos cuando van a cobrar cada mes. Ya lo han entendido, aunque no falta el que compra el celular o les mande plata a las novias o se va a tomar trago.

Lea: Trabajando por quedarse: la reincorporación de las Farc en el Cauca

¿Cómo consiguió que Suecia lo apoyara con el cultivo de maíz?

Lo primero que hicimos al llegar fue buscar unas tierras en arriendo, luego toqué puertas de diferentes oficinas del Gobierno, la ARN, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras, varias embajadas. Les hablaba de la incoherencia del Estado: duraron años pidiendo que nos desmovilizáramos y cuando llegamos al proceso de paz, ya no nos quieren ver. Uno se pregunta por qué no han llegado las inversiones a estos territorios tan afectados durante la guerra. Por qué si no se invirtió en la guerra, tampoco se hace durante la paz. Aprovecho para agradecer a los suecos y hacemos la invitación a otras embajadas y empresarios como Colanta y Alquería. Si nos va bien tendremos 5.000 toneladas de silo de girasol y 5.000 más de maíz. No pedimos que nos regalen nada, sólo cómprennos a precio justo.

¿Cómo los recibió la comunidad?

Bien, sólo estuve 18 meses por fuera, así que todos me distinguen.

¿Lo recibieron con miedo?

Sin miedo, ellos tienen confianza en uno, fueron 40 años en los que estuvimos con ellos y ellos con nosotros.

Pero ustedes hicieron daño también en estas zonas.

Eso es lo más bonito del proceso de paz, que nos da la oportunidad para que nos digan qué errores cometimos, para pedir perdón.

¿Lo ha hecho?

Sí, ya lo he hecho, así no lo haya hecho yo directamente. Si fueron las Farc, somos un colectivo, y hay que pedir disculpas. No he encontrado la primera persona que me haya dicho algo que yo hubiera hecho. Durante estos años, la gente nos buscaba a nosotros para solucionar sus problemas de linderos, de matrimonios, de cultivos. Y ahora siguen viniendo a buscarnos para que les solucionemos esos problemas, los mando donde la junta de acción comunal. Nos acogieron con cariño.

Las víctimas de secuestro no pensarán lo mismo. Usted siempre será recordado por las pescas milagrosas.

Ya hicimos actos de perdón en Bojayá, en La Chinita, con los diputados de Cali, las víctimas de El Nogal. Y seguiremos haciendo esos actos.

¿Y sus víctimas?

Aprovecho para decirles a todos los que se sientan afectados que vengan para que hablemos de los temas, si hay que pedir perdón y hacer aclaraciones, pues lo hacemos. Para eso hemos creado el Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y No Repetición y la Comisión de la Verdad, para que vayamos y digamos qué nos pasó en estos años, por qué nos matamos de esa manera.

¿Qué valoración hace hoy del secuestro?

Que es un método absurdo. Desde cuando se planteó, el camarada Jacobo (Arenas) dijo que debíamos hacerlo por un tiempo porque eso se degradaba, pero no encontramos otras formas de financiarnos. Era una guerra muy dura, impuesta por Estados Unidos. Es muy doloroso tener que retener a una persona para sacarle dinero. Lo importante es que hicimos un compromiso de respetar la vida.

En fotos: La vida cotidiana en el espacio de reincorporación de las Farc en Putumayo

En muchos casos eso no pasó.

Eso pasó por la misma presión militar, porque era una guerra muy dura. Es que una cosa es contarla ahora y otra es vivirla. Aprovecho para decirles a las personas que quieren volver a la guerra, que quieren descuartizar los acuerdos, que en la guerra se pierden vidas, valores, sentimientos, que no es lo mismo azuzar desde un escritorio o un micrófono.

Si fue tan doloroso, ¿por qué insistir en hacerlo?

Era una cuestión de vida o muerto, si no lo hacíamos nos moríamos de hambre, no podíamos conseguir la dotación para nuestro ejército o las municiones o los pertrechos. Un combate valía mucho (hace cuentas del valor de cada granada, de los cartuchos de munición). Si toda esa plata que se gastó en la guerra se invirtiera en obras sociales todos viviéramos bien. Claro, si no hubiera corrupción.

Con todos esos costos económicos y humanos, ¿valió la pena embarcarse en esa guerra?

Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos vivos. Es que nos declararon una guerra a muerte. Pregúnteles a los campesinos cómo eran los bombardeos, los ametrallamientos. Fue una guerra inútil, matarnos entre colombianos por capricho de las potencias. Eso fue lo que logramos entender en este momento. Y solucionamos ese problema, pero ahora no nos cumplen. Hay 188 países del mundo que saben que las Farc cumplieron y el Gobierno no. Y estamos aquí defendiendo el acuerdo, salvando vidas y comprobando que sí podemos resolver este problema entre colombianos.

¿Qué le dice a la base del partido que hoy puede estar con temor e incertidumbre?

Que sigan creyendo en el proceso de paz, hay que luchar para sacarlo adelante, así el Gobierno no cumpla, porque una de las banderas por la que nos alzamos en armas fue la paz. Les digo: sigan unidos. Nosotros llevamos 32 años negociando (desde el acuerdo de La Uribe, que se firmó a pocos kilómetros de aquí en 1984).

¿Y a la dirigencia de su partido?

Me da nostalgia lo que está pasando, esas no fueron las enseñanzas de Marulanda y Jacobo. Nosotros siempre luchamos por la unidad, por la fraternidad y la armonía, teníamos valores, y cuando se pierden y se lucha por el poder personal o se abandona a la base, que fue la que entregó su vida por nosotros, los que nos acompañaron en la guerra, se desfigura todo. Cuando algunos se quedan encerrados en una ciudad y no ven lo que ocurre en la base, pues es fácil sentarse a escribir; si se les da autoridad a otras personas para que escriban representando al partido, pues es peor. Por eso ha habido contradicciones con el caso de Santrich y con el camarada Iván (Márquez) y otros dirigentes.

¿Y usted por qué estaba marginado de estas discusiones?

Por eso me vine para esta finca a quedarme con mis antiguas tropas; ellos un día me dieron su vida y no puedo dejarlos abandonados, sería la muerte. Es lamentable que muchos excombatientes estén en descontento con los dirigentes. Sé que mis compañeros se van a sentir mal por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad: hay descontento con la dirigencia. Hay que visitar a los muchachos, orientarlos como hacíamos en la guerra, orientarlos en el proceso de paz para buscar un futuro mejor.

¿Está desconectada la dirigencia de la base?

Sí. No es un secreto. Usted va a los espacios territoriales y escucha eso, es el tema del día a día entre los muchachos y muchachas. Ojalá el partido salga adelante. Hago un llamamiento a la unidad, que miremos cómo lo sacamos adelante, como nos conectamos con la sociedad colombiana que tiene necesidades y espera una orientación de parte nuestra.

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¿El Gobierno o su partido lo ayudaron en este proyecto?

Los alcaldes de La Uribe y Mesetas, y las comunidades se aterran porque no vine aquí a dar charlas políticas. Vine aquí a trabajar, no a predicar. Nos levantamos a las 4 de la mañana, estudiamos hasta las seis, todos nos embarramos, todos nos untamos. Les di curso para manejar tractor, curso de veterinaria para aplicar medicamentos a los cerdos, al ganado. Porque así como tuvimos la capacidad y la valentía de enseñarles cómo hacer la guerra, debemos tener la capacidad y la valentía para educarlos para un futuro mejor.

¿Usted sabía todo eso?

Sí, porque manejaba los recursos del bloque Oriental, tuve que aprender de agronomía, de veterinaria, de maquinaria, tuve relaciones con ganaderos, palmeros. Me quedó fácil aprender. En la guerra también sembrábamos y teníamos ganado y tractores, sembrábamos maíz, yuca, fríjol y arveja y mandábamos a Corabastos. Les vendimos muchos productos y cerdos y gallinas a los bogotanos que tanto nos odiaban. Era para autosostenernos y para sobrevivir al bloqueo que nos imponía la guerra.

¿Y ahora qué les falta?

Le hemos dicho a la Gobernación, a la Alcaldía de La Uribe, de Mesetas, póngannos a trabajar, dennos empleo, tenemos dos cooperativas y podemos contratar. Hemos dicho a todo grito que nosotros queremos la paz, sabemos construir. Ya hicimos un puente sobre el río Guape, con una rifa de un carro y 12 novillas. Recolectamos 150 millones de pesos, y nos juntamos para construirlo con los campesinos de la Esperanza, La Unión, La Floresta y El Vergel.

¿Usted está jugado con el proceso?

Sí, a pesar de las dificultades. Hay que sacarlo adelante. Eso sí le digo, si el camarada Santrich no sale en libertad, el proceso seguirá en crisis, porque sentimos miedo de que a cualquiera de nosotros nos hagan un montaje como el que le hicieron a él. Pero el daño ya lo hicieron, rompieron la confianza con el partido y en nosotros. Le recordamos al Gobierno que primero nos deben garantizar la seguridad física y la jurídica. Sin eso el proceso fracasa.

¿Qué necesita para realizar los planes a corto plazo?

Necesitamos la cosechadora para coger el maíz y el girasol, una cortadora para cortar cuatro surcos, una silo pack que es una empacadora, y las chuspas donde se empaca el silo. Y luego viene la otra etapa, que es arreglar las carreteras: son como 50 kilómetros, se necesitan 7.000 viajes de balastro y 30 alcantarillas.

¿Cómo está la atención en salud?

Están afiliados a la Nueva Eps, pero nadie cree en eso, menos mal no hay enfermos, solo dos que tienen cáncer, a uno lo atiende un extranjero que nos ayuda y para la otra muchacha hacemos colectas para las quimioterapias porque no la han atendido todavía. Conmigo andan 20 enfermeros y 10 odontólogos, tenemos cirujanos, traumatólogos, terapeutas, que saben más que los profesionales, porque en la guerra salvaron muchas vidas, pero no les han validado sus saberes y no pueden atender. Si nos pusieran cuidado, ellos podrían hacer brigadas de salud para la comunidad.

Nuevos puntos de reagrupamiento de las Farc en el Meta

Como lo reveló Colombia 2020 el pasado 19 de abril, en el país existen 33 nuevos puntos de reagrupamiento donde excombatientes de las Farc están buscando mejores oportunidades para su reincorporación exitosa, fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. El asentamiento que lidera Henry Castellanos en La Uribe es uno de los tres que hay en el Meta y se llama El Diamante, y a él pertenecen 350 personas. En jurisdicción de La Julia, también en La Uribe, hay otro en el que están cerca de 60 personas, mientras que en el campamento que se acondicionó en Mesetas, para la llegada de excombatientes que debían seguir en restricción de libertad, hay otro grupo de unas 80 personas. El Gobierno apenas empieza a reconocer estos asentamientos y sólo en algunos casos ofrece abastecimiento de alimentos. Siguen pendientes otros tipos de servicios como la seguridad. El Diamante ya pasó a la ARN su proyecto productivo para recibir financiación, están a la espera de la respuesta estatal y del apoyo de embajadas y empresarios.

Desde el 2016 a la fecha, al menos 30 líderes y lideresas sociales de la región del Pacífico han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entidad que este 28 de noviembre realizó en Quibdó (Chocó) un diálogo para reflexionar sobre las causas y afectaciones que generan estas muertes en los pueblos étnicos del país.

El narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de disidencias de las Farc, grupos como el ELN, bandas criminales y reductos del paramilitarismo han recrudecido la guerra en esta región, que comprende cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

La Comisión también reportó que desde 1986, en Colombia han asesinado a 233 autoridades étnicas, “varias de ellas en el Chocó, constituyéndolo como uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos humanos”. 

En el año 2018 se presentaron 110 asesinatos de líderes sociales. De estos, 53 pertenecían a pueblos étnicos: 24 afrocolombianos y 29 indígenas, según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En Quibdó, durante la mañana de este jueves, estuvieron sentados Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó; Helfer Andrade, líder de la Mesa Indígena Chocó; Orlando Castillo, líder social de Tumaco; Miller Mejía Chichiliano, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica; Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal; el periodista Daniel Pacheco, director del programa de opinión Zona Franca; Richard Moreno, procurador delegado para Asuntos Étnicos; Pastor Alape miembro del Partido FARC; Euliquio Biojó Guevara, líder de Tumaco; Froilán Zapata, del Pueblo de la Memoria Histórica Carmen de Atrato; Abid Manuel Romaña, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

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El diálogo, moderado por las comisionadas Ángela Salazar y Patricia Tobón, comenzó respondiendo a la pregunta de cuáles son las afectaciones en las comunidades indígenas y afro del Pacífico de los asesinatos de sus autoridades y líderes. 
Y principalmente, según los participantes del diálogo, lo que produce es un resquebrajamiento del tejido social que hay en las comunidades y familias porque elimina la defensa por lo colectivo. El asesinato de un líder o lideresa que defiendía el derecho a la tierra, al cuidado del medio ambiente o exige mayores oportunidades de inversión sostenible en sus territorios, al morir, deja sin vocería y representación esa colectividad. 

“Matan al pastor y la oveja corre. Matas al líder y el consejo comunitario o el resguardo indígenas se debilita porque no hay autoridad”, dio a manera de ejemplo Richard Moreno, procurador delegado para Asunto Étnicos. 

Según la comisionada Patricia Tobón, en el Pacífico hay 176 consejos comunitarios y 196 resguardos indígenas.

Para el caso de las mujeres, aseguró Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal, ellas son quienes mantienen la existencia de las prácticas culturales y valores que caracteriza al Pacífico. Son muy importantes a la hora de “curar y cuidar el cuerpo y el alma”. Por eso, su muerte o desaparición, significa una pérdida de la sabiduría ancestral de los pueblos negros e indígenas. 

Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, señaló que una de las causas detrás de estos asesinatos es el olvido en el que se ha tenido a esta región, una de las que más le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Colombia ha sido y sigue siendo racista. Se ha olvidado del Pacífico, de las zonas rurales o sectores populares”. Y añadió: “Eso se manifiesta en que el Pacífico no está conectado con el país. La única vía que está en mejores condiciones es la que va hacia Buenaventura y no se ha terminado”. 

La falta de presencia estatal, de apoyo a nivel de vías y mecanismos para comercializar sus productos, conlleva a que muchos opten por la minería ilegal o el cultivo de coca. A eso se le suma la corrupción de entidades locales y la presencia de grupos armados. Un gran llamado fue a que el gobierno cumpla con el Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que le brinda la oportunidad a los campesinos de cosechar y comercializar productos autóctonos a cambio de la erradicación de la hoja de coca de manera voluntaria. 

“El líder que está defendiendo a un río como sujeto de derechos, no solo está peleando por el derecho de su comunidad. Está protegiendo la posibilidad de que el país sea sostenible”, Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Pastor Álape, excombatiente de las Farc y uno de los encargados ahora de verificar la implementación del acuerdo de paz, sostuvo que el proceso de paz es lo que ha permitido que se abra el diálogo entre distintas voces para arreglar los problemas de desigualdad y violencia que hay en tantos territorios del país. 

Para él, la implementación del acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras que está consignado en ese documento, como la Reforma Rural Integral o el catastro multipropósito, son indispensables para que cese la violencia y el asesinato a defensores y líderes que protegen esos territorios, que en su mayoría no están titulados a nombre de las comunidades. 

Otros aspectos para considerar son, para él, que se insista en las 16 curules para las víctimas en el Congreso, con voz y voto en la creación de políticas públicas que los beneficien. También en que se dé inició a un proceso de paz con el ELN, uno de los grupos que ha disputado el control de los territorios que dejaron las Farc. 

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC fue muy puntual en lo que se debe hacer para que no sigan presentándose más muertes: cumplir con el capítulo étnico del acuerdo de paz, que se den las garantías individuales y colectivas de protección, que haya formalización y titulación de territorios colectivos, al igual que garantías de no repetición de hechos de violencia. 

Richard Moreno y Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó, agregaron a su vez que una manera de hacer resistencia en pro de los derechos de sus comunidades es la unión entre las organizaciones, entre los liderazgos; la unión de fuerzas. Pero también hicieron un llamado a que los demás colombianos, sobre todos quienes viven en ciudades capitales, conozcan y reconozcan a las personas y comunidades que luchan por sus territorios en el Pacífico. “No queremos un trato diferencial”, aseguró Moreno, “sino que nos den oportunidades en igualdad de condiciones y demostraremos que podemos prosperara de manera legal”. 

La solución para todos es que llegue el Estado. No a nivel militar, sino con inversión y educación. Asimismo, que se deje de etiquetar el territorio como un bien comercial, sino que sea visto como parte indispensable de la vida misma de todos los colombianos. Así lo consideran ellos. 

Acá puede ver el Quinto Diálogo para la No Repetición.

No basta con la entrega de unos restos calcinados. Las investigaciones de la Fiscalía General sobre los crímenes cometidos en la toma del Palacio de Justicia y posteriormente deben asegurar que no haya impunidad y esclarecer qué fue lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Así lo indicó la Corte Constitucional en un fuerte llamado de atención al ente investigador, en el cual reiteró que es necesario cumplirles a las víctimas y garantizarles verdad, justicia y reparación integral.

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El caso específico que abordó la Corte fue el de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quien era mesero de la cafetería del Palacio: “Esta Sala le reitera a la Fiscalía General de la Nación la obligatoriedad de seguir adelante con las investigaciones relacionadas con el caso de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá y, en particular, frente a las circunstancias que rodearon la muerte de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de la señora María del Pilar Navarrete Urrea (viuda) como víctima de estos hechos”.

En otras palabras, hizo un llamado de atención que no se limita al caso de Beltrán, sino que abarca también los de las 11 personas en total desaparecidas del Palacio de Justicia y que fueron reconocidas como víctimas de desaparición forzada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo en el que condenó al Estado colombiano. De ellas, la Fiscalía y Medicina Legal también han dado con los restos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán en los últimos dos años.

¿En qué circunstancias murieron los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Cuánto han avanzado las investigaciones tras las entregas de sus huesos? Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, tuvo que esperar 31 años para recibir lo que quedó de su adorado Jimmy. Fue el 18 de septiembre del año pasado, justo cuando habría cumplido 60 años. La ceremonia se realizó luego de que en junio de 2017 los restos fueran identificados en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla.

“¿Por qué el cuerpo presentaba dos disparos? Estaríamos más tranquilos con saber cómo murieron, bajo las balas de quién, qué les hicieron (…) ¿Por qué nunca apareció su brazo donde él tenía un platino? ¿Por qué su cabeza no tiene media parte?”, se pregunta todavía Navarrete. “Sería fabuloso que se investigara, saber más allá de lo que escasamente le presentan a uno. No se asoma ni un poquito de verdad. ¿Quién es el responsable?”, le dijo a El Espectador.

Para Navarrete, aunque es reparador haber encontrado y recibido los restos de su esposo, aún quedan muchas dudas, las cuales ahora también recaen sobre el caso del magistrado auxiliar Andrade. Navarrete explicó que, luego de la identificación de los restos de su esposo en la tumba del magistrado Andrade, tuvo una reunión con la Fiscalía, Medicina Legal y la familia del jurista —que ahora empieza la búsqueda de sus restos— y desde la entrega no ha tenido más contacto con la Fiscalía.

“Me he estado enterando por periódicos de las otras entregas y todo tiene una cantidad de incógnitas que son tristes. Hubo una reunión general en la que nos dijeron que iban a entregar respuestas, pero lo que han hecho es entregar restos. El caso del Palacio de Justicia requiere una atención especial, porque eso lo pidió la Corte Interamericana y no se ha hecho. Necesitamos investigaciones con más verdades”, precisó.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, dijo en septiembre de 2016, al recibir algunos de sus restos, que la verdad les sigue siendo “esquiva”. “Hoy recibo algunos fragmentos óseos de Cristina y siento ese sabor dulce del resultado de la persistencia, pero ese sabor agrio de no conocer toda la verdad. Hay una deuda de verdad presente todavía de parte del Estado colombiano, no sólo con la familia Guarín, sino con todas las personas que inicialmente figuraron como desaparecidas del Palacio de Justicia”.

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El jalón de orejas de la Corte Constitucional fue el resultado de estudiar una tutela que presentó Pilar Navarrete, debido a que en la Fiscalía no le respondieron un derecho de petición que presentó el 17 de mayo de 2017, en el cual solicitaba que se nombrara un fiscal que le diera un impulso al proceso, pues el caso se había quedado huérfano. Respecto a este punto específico, la Corte dijo que ya no había sobre qué pronunciarse porque se comprobó que en junio de 2017 se conformó un grupo de trabajo en el interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, liderado por Jorge Hernán Díaz Soto, para este proceso.

Este grupo está conformado, además de Díaz Soto, por los fiscales Jairo Humberto Oróstegui Cala y Jorge Ricardo Sarmiento Forero y los técnicos Óscar Fernando Cuenca Ramos, Luis Fernando Tinoco Arévalo y July Alejandra Churque Melo. Las familias de Héctor Jaime Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán siguen esperando que la Fiscalía haga su trabajo, como pidió la Corte Constitucional.

¿Que si duele? Claro que duele. No hemos encontrado el cuerpo de mi niño. Van diez años y no lo hemos encontrado. ¡Qué dolor! Yo sé donde está el cuerpo. Está por allá en Cesar, en una fosa común, hay sesenta cuerpos en esa fosa y yo sé que el de mi niño está ahí. Diez años. Diez años. Y todo lo he hecho, créame que todo lo he hecho. Usted puede decir: “Encadénese en la Plaza de Bolívar” y yo le respondería: “Ya lo hice”, me encadené en la Plaza, frente al búnker de la Fiscalía, me puse las cadenawws, he llorado, ¿qué es este dolor? Todo lo hemos hecho. Yo, que siempre renegaba de los tatuajes, que jamás dejé que me hicieran nada en la piel, y me tatué el rostro de mi hijo, Óscar Alexánder Morales, en el brazo derecho: ¿sí lo ve, sí lo ve? Era lindo mi muchacho. Tenía 26 años cuando se lo llevaron. Imagínese que ese día, el día que lo mataron, yo estaba acostada y a las diez de la noche comencé a sentir un dolor en el vientre. Un dolor tan raro. Y yo soñaba que estaba como ahogada. Luego, cuando el proceso de esto empezó, el abogado me dijo que Óscar estaba agonizando a las diez de la noche, ¿sí entiende? Que yo estaba sintiendo la agonía de mi niño. Y no pasa nada, pasa el tiempo y los culpables siguen felices, burlándose de nosotras. Y usted no sabe lo que duele esto. Y yo quisiera matar a alguien, pero no puedo, sé que no debo. Las miradas dicen más que mil palabras, ¿cierto? Una vez vi a Álvaro Uribe Vélez y le mostré mi brazo con el rostro de mi hijo, uno de los casi diez mil falsos positivos de su gobierno. Él se quedó mirándome, se subía y se bajaba las gafas. De eso se trata, ¿no?, de incomodar a la gente. De ser una especie de resistencia. Ellos pensaron que matando a estos muchachos nadie los iba a extrañar, a llorar, a pedir, y acá estamos: siendo una trinchera. Intentando sobrevivir.

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Doris Tejada no mira a ninguna parte. En la fotografía que le hizo Carlos Saavedra, los ojos de Tejada parecen los de un pájaro: dos agujeros vacuos, sin expresión. Sin embargo, sus manos empuñadas con sutileza, una cura en el dedo corazón, el cabello suelto y las canas en las raíces son los vestigios de la guerra silenciosa que han librado las madres que pertenecen a Mafapo (Madres de Falsos Positivos). La organización, que antes era reconocida como las Madres de Soacha, intenta dar solución legal a las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el país entre 2006 y 2010. Según información de algunos militares, más de diez mil jóvenes fueron asesinados por el ejército y los hicieron pasar como guerrilleros para justificar su muerte.

Puede pensarse que el sufrimiento libera, que, tras superar las penas, el individuo ya sólo se pertenece a sí mismo. Que su propia memoria lo protege. Pero al final se descubre que no, no es una regla general. A menudo este saber e incluso el saber superior —el que encuentra a las víctimas enfrente del espejo y no le cuenta a nadie y no huele a rotativas— existe como un ente oculto, como una especie de reserva intangible y secreta, como las esmeraldas en una mina. Hay que separar minuciosamente el lastre de la tierra y rebuscar bien entre los escombros, entre las paredes, para finalmente verlas brillar. El brillo es lo que importa y lo que duele.

Carlos Saavedra, fotógrafo colombiano creador de la serie “Madres Terra”. / Mauricio Alvarado.

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“Siempre me ha interesado el tema de la tierra y pensé en la conexión de la mujer y la tierra: donde todo nace, pero también donde vamos a parar cuando todo muere”, cuenta Saavedra, quien en este momento está exponiendo Madres Terra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá.

Esta exposición consta de retratos a madres de falsos positivos enterradas en la tierra de Soacha. imágenes en gran formato realizadas con una Hasselblad de formato medio.

Blanca Rubia Monroy fue la primera mamá que aceptó que Carlos la fotografiara. “Yo sentí tanta tristeza al principio de las fotos. Cuando vi que empezaron a abrir ese hueco y era como la fosa en la que metieron a mi chinito. Y veía sacar y sacar esa tierra y pensaba: ‘¿qué tal que como a Julián, mi hijo, a mí me dejen enterrada ahí?’. Yo sabía que Carlitos no me iba a hacer eso, pero cuando me metí... qué dolor. Pero, al mismo tiempo, sentí que dejé tantas cosas allá: tantos dolores de cuando estaba niña, una parte de mi corazón que se murió con Julián también se quedó enterrado ahí”.

La idea de Saavedra de enterrar a madres que no han podido enterrar a sus hijos, es tan política como dolorosa. Las historias de cada una de estas mujeres, los delitos sin resolverse, los dolores presos entre la rabia y la frustración son los componentes de cada fotografía.

La exposición ha sido mostrada en Londres y en Bangladesh y en esta ocasión que es mostrada en Bogotá, cuenta Saavedra que las encargadas de la logística fueron las mamás. Con este proyecto, Carlos Saavedra se convirtió en el primer fotógrafo colombiano en recibir el Everyday Heroine Award Grant, de la fundación Youmanity de Londres, en octubre del 2017. Este premio es otorgado a aquellos fotógrafos capaces de capturar y convertirse en la voz de mujeres comunes y corrientes, cuya historia pasa desapercibida, cambiando la forma en la cual se perciben las heroínas del día a día.

Parte de la serie “Madres Terra”, un homenaje a las madres de falsos positivos. / Carlos Saavedra. 

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Y la vida pasa, y el tiempo corre, y estas mujeres se enferman esperando y se mueren esperando. Esperando la respuesta de un Estado que no las quiere oír, que no las quiere ver y ellas, mientras tanto, sienten que ya tienen listas las tumbas, pero no tienen nada qué enterrar.

¿Se imagina ser entrevistado en la televisión por un excombatiente? ¿O sintonizarlo todos los días en un programa de radio matutino? El Acuerdo Final de Paz, el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep y varias iniciativas ciudadanas lo han hecho posible. Desde los tiempos de las Farc en la selva, comunicar sus mensajes ha sido una constante en la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es Voz de la Resistencia, aquella emisora de la antigua guerrilla que llegaba a varias regiones del país, transmitiendo cada día desde una montaña distinta, para miles de personas en la zona rural, quienes a veces debían decidir entre sintonizar la emisora del Ejército Nacional o la de su opuesto, sin más opciones.

Después de la firma del Acuerdo de Paz, los excombatientes apasionados por la comunicación decidieron que, de ahora en adelante, las únicas armas que usarían serían micrófonos, cámaras e información. Algunos de ellos trabajan en los medios contemplados en el punto 6.5 del Acuerdo, que refiere a las “Herramientas de difusión y comunicación”, donde se pactó la creación de veinte emisoras para la paz (de las cuales funcionan dos), el magazín televisivo Mimbre y una estrategia de redes sociales que debe ejecutar el Gobierno.

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Por otro lado, hay quienes decidieron establecer lazos de reconciliación a partir de iniciativas de comunicación que integran tanto a excombatientes como a comunidades. O quienes han usado el poder de la imagen para dar su opinión respecto a la implementación del Acuerdo y la actualidad nacional.

Todas estas iniciativas de comunicación han sido mapeadas por La Paz en el Terreno. En esta entrega, lo invitamos a conocer ocho historias de cómo los excombatientes usan la radio, la fotografía y el video para generar nuevos contenidos y demostrar que desde la comunicación es posible la reincorporación a una vida civil en la que sus voces, sus rostros y sus ideas pueden ser reconocidas y divulgadas por todos.

A través del lente

Para muchos exguerrilleros de las Farc, que estuvieron más de la mitad de sus vidas entre las selvas y serranías inhóspitas de Colombia, no es sencillo dialogar sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la guerra. Sin embargo, algunos de ellos encontraron la manera de hacerlo, como Liliany Obando, quien tras militar en la guerrilla por treinta años regresó a la vida civil y tomó una cámara para hacer memoria de lo que significó ser una mujer fariana en las selvas colombianas; o Marcos Guevara, quien antes de entrar a las filas insurgentes tenía un profundo amor por la fotografía y hoy recorre los rincones del país fotografiando las heridas de la guerra. Estas son algunas de las historias que encontrará sobre aquellos excombatientes que, a través de sus lentes, hoy le apuestan a la paz:

NC: de un noticiero insurgente a una productora audiovisual

Cuando iniciaron los diálogos de paz, un grupo de guerrilleros dejaron el monte para viajar a La Habana (Cuba) y conformar Nueva Colombia Noticias (NC Noticias), el primer noticiero insurgente que cubriría un hito histórico: la guerrilla más antigua de Latinoamérica estaba considerando dejar las armas. Cuando concluyeron la lucha armada, la iniciativa NC Noticias evolucionó para convertirse en NC Producciones, un proyecto audiovisual que apuesta al nuevo propósito de los excombatientes: una Colombia en paz.

(Lea: El Gobierno ha entendido que la tierra es esencial para los excombatientes: Andrés Stapper)

Mujeres farianas

“Las mujeres en las Farc fuimos el 40 % de la fuerza”, cuenta Liliany Obando, socióloga de profesión y “combatiente” de las Farc de oficio. A pesar de haberse acogido al Acuerdo de Paz, ahora utiliza su profesión y su oficio para el mismo propósito: la paz y la memoria.

Uno de estos esfuerzos de memoria fue el documental Nunca invisibles, mujeres farianas; adiós a la guerra, que da cuenta de la cotidianidad, la guerra, la maternidad y el amor, entre otros temas, que se narran desde las voces de las mismas excombatientes, pero también muestra otra de las caras del conflicto: una de las entrevistadas es la hija de una de ellas, quien sintió la guerra desde otra perspectiva.

Las cicatrices

Marcos Guevara trabajó en la imprenta de las Farc, donde aprendió a usar los programas de edición Photoshop e Illustrator. Antes de irse a la guerra, vendía mangos mientras aprendía fotografía, así que en el momento de dejar las armas decidió retomar su pasión y trabajar en proyectos comunicativos. “La comunicación nos permite legitimarnos como seres humanos y no como terroristas”, afirma Marcos.

Su amor por la fotografía lo ha llevado a recorrer el país para mostrar, a través de su cámara, la cotidianidad en la que viven muchas de las personas que sufrieron el conflicto armado. “El cuerpo como escenario de memoria” es su más reciente fotorreportaje, el cual recopila fotos de las cicatrices y heridas de guerra de sus excompañeros de combate.

Reconciliación es contar historias juntos

En este capítulo lo invitamos a conocer diversas historias que le apuestan a la reconciliación a partir del trabajo conjunto entre excombatientes y otros ciudadanos, quienes, a pesar de nunca haber empuñado un arma, reconocen que las heridas que dejó el conflicto deben ser sanadas entre todos. Por eso tomaron la iniciativa de comunicarse con quienes hoy retornan a la vida civil, dictando talleres con el objetivo de que los excombatientes se desenvuelvan con cámaras y micrófonos para contar sus historias y las de sus comunidades.

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Charras y Colinas: comunicar desde la Amazonia

El departamento del Guaviare es el comienzo de la Amazonia colombiana y allí, en medio de la selva, se conformaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aurelio Buendía y Jaime Pardo Leal. Los excombatientes que allí viven con sus familias tuvieron que construir todo con sus propias manos y, para ello, también han trabajado de la mano con las veredas más cercanas: Charras y Las Colinas respectivamente.

En cada uno de estos ETCR se han conformado grupos de jóvenes que a través de radio, fotografía y video muestran las problemáticas y los acontecimientos especiales que suceden en sus comunidades. Juventud Charras en Sintonía y Notipaz Voz de la Amazonia son colectivos de comunicaciones que, según ellos mismos afirmaron, buscan que “el Gobierno, al ver que estamos mostrando el lado que no quieren que veamos, nos ayuden un poco”.

La Montañita: “reporteritos” hijos de la paz

Los excombatientes no son los únicos que están en proceso de reincorporación. Sus hijos, quienes nacieron en medio del conflicto, hoy pueden ser considerados como semillas de paz que abren sus ojos ante la posibilidad de un país nuevo, en el que muchos crecen con expectativas diferentes a las que tuvieron sus padres a su edad.

En el ETCR de la vereda Agua Bonita, en el municipio La Montañita, de Caquetá, un grupo de estos menores se dedica a entrevistar a sus mayores, presentar noticias de la comunidad y hacer programas sobre sus experiencias de paz. Ellos son Los Reporteritos, un equipo conformado por hijos de reincorporados entre los seis y los dieciocho años, orientado por algunos padres y madres y otros voluntarios de la zona, que cada martes les enseñan cómo usar las cámaras para hacer sus propios informativos, además de realizar ejercicios de radio, con niños y jóvenes, que expresan sus opiniones respecto a otras actividades que desarrollan juntos, como clases de danza y el mantenimiento de una huerta comunitaria.

Cali: las Voces del Común en la ciudad

En Cali, los excombatientes llevan a cabo diversas iniciativas como parte de su proceso de reincorporación, entre las que se encuentra Voces del Común Pódcast, un proyecto radial que une las voces de excombatientes y otros ciudadanos caleños para sentarse a dialogar, reír y opinar sobre la actualidad de la región, además de poner la lupa sobre la implementación de cada punto del Acuerdo Final de Paz.

Voces del Común nació de una idea de Richard Romero y Sebastián Cerón, dos comunicadores sociales interesados en escuchar las voces de los excombatientes. El proyecto consistió en dictar talleres sobre producción radial con énfasis en las memorias del conflicto armado, que al llegar a su fin se convirtieron en la base para la realización de programas radiales que ahora son difundidos por internet. Así, el proyecto se convirtió en una oportunidad para pensar en grande, pues ahora busca generar un diálogo social entre los excombatientes y toda la comunidad caleña.

Para ver y oír: ¿cómo va la paz?

En el Acuerdo Final de Paz, firmado en el Teatro Colón con el recordado “balígrafo”, no solo quedaron consignadas reformas agrarias, rentas básicas, proyectos productivos y reparación a las víctimas. Además de eso, se abrieron espacios de comunicación para entender cada punto de lo acordado y el avance de su implementación.

Se trata del numeral 6.5, llamado Herramientas de Difusión y Comunicación, donde se pactó crear veinte emisoras en “frecuencia modulada” (FM) para los territorios más afectados por el conflicto armado, un espacio en televisión en el Canal Institucional y una estrategia digital en redes sociales. Aquí, algunas historias de quienes hacen parte de aquellos espacios de comunicación.

Al aire: ¿cómo suena la paz?

Chaparral (Tolima) e Ituango (Antioquia) son dos municipios de Colombia que saben lo que es vivir el conflicto armado en carne propia y por muchos años. Por eso, cuando se empezaron a planear los puntos donde estarían ubicadas las emisoras pactadas en el Acuerdo, estos lugares fueron los primeros de la lista. Esta decisión fue tomada por un comité de comunicaciones integrado por delegados del Gobierno Nacional, excombatientes de las Farc y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), entidad a la que fueron asignadas las nuevas estaciones radiales.

En estas emisoras trabajan Diana Ríos y Elías Lizcano, excombatientes que antes pertenecieron a Voz de la Resistencia, la emisora que tenía la guerrilla para transmitir desde la selva. Luego de la firma del Acuerdo Final, ambos han puesto sus voces al servicio de la paz. Cada día le cuentan a sus oyentes cómo va la implementación del Acuerdo y cómo se puede construir tejido social desde nuevos espacios radiales para la reconciliación.

“Mimbre”: tejiendo historias para la paz

Para contarle al país cómo va la paz, hay quienes prefieren usar el poder de la imagen. Así nació Mimbre, un magazín semanal que en una hora se encarga de mostrar cómo se vive la implementación del Acuerdo Final de Paz y la reconciliación en los territorios a través su espacio en el Canal Institucional, además de hacer pedagogía para que los televidentes comprendan cada punto de lo acordado.

Mimbre salió al aire en enero de 2018 y, a partir de ese momento, han difundido historias de reconciliación y construcción de paz. Para cada emisión, se reúnen delegados del mismo comité de comunicaciones que elige la programación de las emisoras de Ituango y Chaparral. Por parte del ahora partido Farc, el excombatiente Manuel Bolívar es quien asesora los contenidos del magazín. Para él, lo que se hace en Mimbre “es ante todo una práctica pedagógica, es un quehacer que demuestra la posibilidad de construir a través del diálogo, de sentarnos en una mesa a hablar, con respeto, exponer los argumentos. Es la mejor forma para poder solucionar cualquier tipo de conflicto en la vida”.

La de 2019 es la cuarta edición de este galardón, entregado por Colombia 2020 en asocio con la Embajada de la Unión Europea en Colombia, el PNUD y Acnur. El reconocimiento resaltó las mejores prácticas aplicadas a la construcción de paz desde el sector educativo en Colombia. El premio está integrado por tres categorías: Instituciones educativas públicas, Instituciones educativas privadas y Docentes constructores de país. Cuenta con la dirección técnica de la Pontificia Universidad Javeriana.

El profesor que quedó en el primer lugar ganará una beca para hacer un diplomado sobre paz. Por su parte, los colegios ganaron talleres acerca de comunicación asertiva para la solución de conflictos y educación para la paz, en donde podrán participar máximo treinta personas.

(Vea aquí la transmisión del Premio Colombia2020)

Conozca aquí sus historias

Un profe en busca de las raíces de San Antero

Javier Enrique Ladeuth Soto, un cordobés de 43 de años, fue el docente galardonado con el premio Colombia 2020, por su programa “Catarapá: Un recorrido histórico y ecológico por San Antero”, que hace tres años rescata las raíces de este municipio “para que los estudiantes, a través de la investigación, afiancen sus conocimientos históricos de su región”, asegura Javier.

El nombre de la iniciativa ya nos devuelve en el tiempo. Catarapá fue el cacique zenú que, de acuerdo con las cartas de Indias de 1514 enviadas a España, repelió la entrada de los españoles con flechas envenenadas y se opuso a la colonización. Solo cuando los españoles lo capturaron y asesinaron pudieron entrar a la bahía de Cispatá. 

El proyecto promueve salidas pedagógicas de reconocimiento del territorio mientras repasa la historia local y nacional, así como fomenta el turismo ecológico y cultural en San Antero, Córdoba. Por ejemplo, en las salidas con los estudiantes de grado 10° y 11°, de la Institución Educativa Julio C. Miranda, identifican el lugar por donde inició su ruta por Colombia el científico alemán Alexander von Humboldt y van a la desembocadura del río Sinú, tan importante para el desarrollo de Colombia en el siglo XX. 
“Esto les ayuda a los estudiantes a identificar su territorio y les permite sustentar una nueva fuente de ingresos al poder brindar más adelante un recorrido de turismo histórico en la región, que está un poco desconectado con este corredor turístico del país: la bahía de Cispatá en el golfo de Morrosquillo”, aseguró Javier.

Una idea que ha fortalecido la formación de los estudiantes en humanidades e historia, y ha promovido la construcción colectiva de métodos investigativos. En ese camino, los estudiantes han usado las aplicaciones en sus celulares y cámaras para registrar ambientes de aprendizaje virtual y plataformas para la construcción y circulación de textos, aprovechando redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Sobre el premio Colombia 2020 a esta labor docente, Javier sostuvo: “Es muy satisfactorio este reconocimiento, porque le da valor real a la importancia de las raíces históricas en la formación de los muchachos. Este premio no es mío, es de los jóvenes que han creído en él. Formar en el pasado ayuda a los jóvenes a fortalecer su identidad y conocer su territorio; más en esta región, donde están expuestos a grupos armados”.

“Haciendo caminos”, Colegio Mayor Primeros Maestros

Fieles a la idea de que la reconciliación y la paz se construyen cerrando las brechas de inequidad se creó el programa “Haciendo caminos”, iniciativa del Colegio Mayor Primeros Maestros, apoyada por la empresa Teaching and Tutoring (T&T) y la Fundación Funpes, cuyo objetivo es formar a jóvenes que cometieron delitos y hoy están en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente de Bogotá.

Para saldar sus cuentas con la justicia, la mayoría de estos adolescentes deben terminar su bachillerato. Pero las entidades distritales se dieron cuenta de que el sistema de educación tradicional no se adecuaba a sus vivencias, problemas económicos y deficiencias académicas. 

Fue así como el Colegio Mayor Primeros Maestros diseñó un programa especial, con ejes temáticos que abordan problemas reales que viven los estudiantes, para desarrollar sus competencias en lectura, escritura y matemática. 
Pero lo más importante para esta institución educativa es que su proyecto tiene énfasis en competencias ciudadanas, en donde los temas de conflicto, violencia, paz y reconciliación son protagonistas.

El programa se realiza de manera semipresencial, en la que los alumnos acceden a contenidos y actividades desde una plataforma virtual y asisten a sesiones de consultorías personalizadas y presenciales para complementar el proceso de aprendizaje. El acompañamiento es integral, pues la motivación también es parte fundamental de esta educación personalizada: “Nosotros creemos en las oportunidades, ¿y qué mejor opción que la educación? A nosotros siempre nos dicen que les estamos dando una segunda oportunidad, pero en realidad es la primera. Sus condiciones vulnerables no les dieron otras opciones. Y los mecanismos de defensa que han utilizado se resumen en agresividad. Apostarle a ellos es eliminar futuros generadores de violencia. Por eso lo primero era motivarlos y hacerles entender que son capaces y retomar las cualidades que ellos tienen para desarrollar otro tipo de competencias” , dice María Fernanda Gaona Stein, rectora del colegio. 
 

Un colegio que les da una oportunidad a los marginados en Arauca

Emperatriz Montes, rectora de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) José Antonio Galán, del municipio de Saravena (Arauca), sabe que sus estudiantes son los marginados. Los que han dejado por fuera. De los 1.100 estudiantes que tiene este colegio público: 432 son víctimas del conflicto armado, 203 son migrantes venezolanos, 123 son hijos o familiares de excombatientes de las Farc y 72 tienen un familiar desaparecido. Lo sabe ella y lo sabe la comunidad educativa. En Saravena las siglas CDR han pasado a significar, despectivamente, “cerdos desarrollados rápidamente”. 

El detallado diagnóstico que tiene este colegio sobre sus estudiantes lo arrojó un censo que levantaron para tratar de comprender el bajo desempeño académico de sus muchachos. “Ahí empezamos a comprender el porqué. Un estudiante nuestro que llega a la casa y en la noche no sabe si va a comer porque dependen del rebusque del día a día, o donde es maltratado, o donde vive solo y hace su esfuerzo para poder llegar al colegio, ¿un estudiante de estos está en condiciones de aprender? ¿Un estudiante con estas características va a llegar a sentarse en un aula de clase a pensar en los casos de factorización? No. Ahí nos tocó repensar la escuela”, asegura la rectora Montes. 

Se trazaron su utopía. Ser un colegio referente en procesos pedagógicos y en formación agropecuaria. Además de preguntarse quiénes eran sus estudiantes, se preguntaron por el potencial que tenían como institución. Cogieron unos viejos lotes de tierra que el colegio no utilizaba y una maquinaria destartalada. Un puñado de profesores comprometidos y centenares de estudiantes aferrados a su escuela para emprender un proyecto de vida completaron las herramientas y se volcaron a trabajar la tierra. 

(Conozca más sobre los ganadores de la edición 2018 aquí)

Empezaron con lo que tenían: dos tractores y maquinaria agrícola, 600 árboles de cítricos, tres hectáreas cultivadas de cacao, zonas verdes, un sendero ecológico, galpones, porquerizas y bosque. Pero la apuesta de este colegio es colectiva. Se involucró a las familias y el sueño ahora es que esas tierras produzcan comida e involucrar a los estudiantes en ese proceso de volverlas productivas, “pero sobre todo crear comunidad educativa y que vean a sus padres trabajando en ello”.

Los resultados han sido contundentes. “Antes había que ir a buscar a los estudiantes porque no llegaban, vivíamos con una matrícula alcanzada. Hoy tenemos alrededor de 300 solicitudes para un cupo en el colegio en 2020”. Ello, además, porque en esa zona fronteriza no se ha detenido la migración venezolana hacia Colombia. Asimismo, la deserción disminuyó. En noviembre de 2018 la deserción escolar en esta institución rondaba el 10 %. Este año, apenas supera el 1 %. “Y eso que apenas estamos comenzando”, concluye Montes. 

(Lea: Los obstáculos que enfrentan los docentes rurales en Colombia)

Después de tres horas de diálogo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, llamó a la ciudadanía a hacer un compromiso: “en cuando de mí dependa, en cuando tiene que ver con mis responsabilidades institucionales y sociales, esto que está pasando en Colombia, el asesinato de líderes no volverá a pasar. Y en cuanto a mí dependa no aceptaré ningún tipo de complicidad con quienes contribuyan a crear esa cultura del asesinato de líderes en Colombia”.

Así cerró una conversación en la que participaron tres líderes y dos lideresas sociales de diferentes territorios del país: Cauca, Córdoba, Meta y Chocó. Asimismo, hicieron presencia instituciones del Estado, entidades del sector privado, comunidad internacional y testigos como periodistas, comisionados de la Verdad, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y políticos como Guillermo Rivera, exministro del Interior y Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc.

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Este es el primer Diálogo para la No Repetición que convoca la Comisión de la Verdad, cuyo mandato es realizar acciones para procurar que no se repita la guerra. Esta es una de sus estrategias, que se basan en tres temas: afectaciones a la democracia, el despojo de tierras y el paramilitarismo. En estos también se enmarca el asesinato de líderes y el narcotráfico, que será otro tema para un diálogo amplio, anunció el padre de Roux.

En esta ocasión, el diálogo tuvo tres momentos orientados por tres preguntas, y cada participante dio sus respuestas.

¿Cuáles son las causas del asesinato de líderes sociales y por qué somos indolentes ante esto?

Para la primera surgieron respuestas como la de Andrés Chica, líder del Sur de Córdoba, quien habló de las alianzas entre políticos y paramilitares en el país, en lo que es conocido como la ‘parapolítica’. Además, habló del paramilitarismo que sigue controlando y atemorizando este territorio cordobés, como sucedió desde finales de los años 80. O la respuesta de procurador Fernando Carrillo, sobre una causa histórica en el asesinato de líderes. “El liderazgo social que va de la mano de la protesta social tuvo siempre connotaciones peyorativas y negativas. Antes de la constitución del 91 lo que importaba acá era cómo eliminar al enemigo interno. El que hacía protesta social estaba necesariamente ideologizado y le incomodaba al sistema”, dijo, explicando de dónde viene la práctica nefasta de estigmatizar y asesinar líderes sociales.

Puede revivir la transmisión aquí: Vea el primer Diálogo para la No Repetición de los asesinatos de líderes 

También aparecieron elementos del país diverso como lo es Colombia, en el que las comunidades negras e indígenas tienen concepciones sobre el territorio que distan de lo que piensa los no étnicos, que son quienes gobiernan. Alcibiades Escué, el alcalde de Toribío (Cauca), el pueblo que más ataques de las Farc sufrió, así lo explicó: “Nos encontramos con el problema del territorio. Para los pueblos indígenas y afros, el territorio es la madre. Y para los no indígenas es un bien, es riqueza”. Y agregó: “El riesgo del país es que no nos encontremos de forma respetuosa para dialogar”.

¿Qué acciones se pueden tomar para que esto se detenga?

Este diálogo sirvió también para que se reconociera lo que no ha funcionado. Se habló de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, que están, pero que, según denunciaron los líderes, se quedan en el papel porque los funcionarios que deben actuar no lo hacen, como sucedió en la masacre de Bojayá, dijo el líder y víctima de este territorio, Leyner Palacios. También de la falta de presencia territorial de las instituciones, que reconoció el fiscal general de la Nación encargado Fabio Espitia: “El esclarecimiento está directamente ligado a la posibilidad de ir rápidamente al lugar”, aunque no sucede siempre. Y dio una cifra alarmante. “Asesinar es muy fácil. Es tal vez uno de los delitos que más impunidad garantiza. Se condena al responsable en un 28% de los casos”.

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También lo hizo Ricardo Arias, viceministro encargado para la participación e igualdad de derechos. “Hay un desgaste de reuniones, comités y subcomités, y no queda nada concreto para las comunidades. Si seguimos creando estos espacios sin resultado, seguiremos aumentando los compromisos y les tocará resolverlos a otro gobierno”.

Al final, los invitados volvieron sobre varios temas. Primero, la necesidad de que el Estado llegue a copar los espacios que dejaron las Farc al desmovilizarse. Segundo, implementar el Acuerdo de Paz. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, explicó que en su departamento las familias que firmaron acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito siguen esperando que el Estado les cumpla, razón por la cual, dijo, no se avanza en problemas como el narcotráfico. Tercero, la necesidad de pensar en protección colectiva, rural y preventiva.

Estas respuestas de fondo son a las que quería llegar la Comisión de la Verdad con el encuentro. La comisionada Patricia Tobón, que también lideró el diálogo, recalcó que ésta conversación será parte de los análisis del informe final, que deberá presentarse a finales de 2021.

¿Por qué estás en Bogotá?

Estoy acá en representación de todas las niñas del norte del Cauca. Soy su vocera para defender nuestros derechos y trabajar por esa igualdad de género que todas queremos tener algún día.

¿Qué tipo de problemas aquejan a las niñas de tu región?

Una es la violencia física, sexual y psicológica, además de la frustración porque muchas no tienen las oportunidades para estudiar una carrera y muchas veces les queda la opción de quedarse en casa ayudando a sus padres y depender totalmente de un hombre. Por otro lado, la gran mayoría ve la violencia como parte de su vida cotidiana. Que si sales a la calle y te dicen “mamacita rica”, seamos conscientes de que eso no está bien. Eso es acoso. Cada quien tiene derecho a hacer uso de su libre expresión y vestirse y manifestarse como desee sin temor a ser juzgadas.

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¿Cómo es la vida para las niñas en estos municipios donde está la violencia y el narcotráfico?

Las mujeres y niñas fueron usadas como objetos de guerra. Han sido víctimas de violencia sexual, muchas secuestradas e incluso hay mujeres que han tenido hijos de excombatientes, producto de un abuso, lo que les ha causado daños físicos y emocionales. Incluso sus hijos han tenido que sufrir la discriminación. Las mujeres han sido pisoteadas. Nos han querido ver sumisas. Pero esta situación está empezando a cambiar, ahora las mujeres están empezando a alzar su voz y están dejando de ser temerosas.

¿Qué tanto hablan las niñas de estos temas?

Lo bueno es que las niñas tienen una visión más amplia del futuro. Hablan de otros temas de interés, de sus sueños, de lo que quieren hacer y sus capacidades. Ya no sólo se habla del novio o la fiesta.

¿A qué te dedicas?

Me gradué el año pasado en el colegio de Buenos Aires, Cauca. Aprendí muchas cosas, pero me hubiera gustado que la educación fuera mejor, porque la institución educativa no cuenta con implementos necesarios para fortalecer los aprendizajes. Tengo un grupo de niños a los que les doy clases de lectura y les enseño sobre derecho e igualdad de género. Participo en espacios de mi comunidad y sobre todo en la Fundación Plan, que ha hecho un muy buen trabajo con las niñas de mi comunidad.

¿Quiénes son esos niños y niñas que ayudas?

Son del grado tercero de la escuela. Es importante enseñarles sus derechos para que desde pequeños sepan cómo exigirlos. Aprenden a qué entidades tienen que acudir en caso de violencia sexual, física y psicológica. Pero también les enseño sobre valores, como el compañerismo, respeto, amistad, que mejoren sus comportamientos y para que en un futuro sean mejores personas. Es un programa que se llama Construyendo el mundo que queremos.

¿Y cuál es el mundo que quieres?

Quiero un mundo en el que las mujeres y las niñas tengan más oportunidades para acceder a una universidad, tener una educación de calidad; en el que el trabajo del hogar sea compartido; en el que las mujeres adultas tengan los mismos ingresos en sus trabajos que los hombres.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es ser abogada o trabajadora social. La posibilidad puede ser lejana, pero yo trato de acercarla lo más que pueda a mí.Me gustaría estudiar trabajo social en la Universidad del Valle o derecho en la Universidad del Cauca. Esas son las más cercanas. Yo vivo en una zona rural y me queda muy difícil desplazarme.

¿Qué falta para que puedas entrar a la universidad?

La mayor limitante es la falta de recursos. Las ganas las tengo.

¿Dónde has aprendido todo esto?

En la Fundación Plan gran parte. Desde niña he participado este proceso, comencé a los nueve años en los semilleros. Ha sido un proceso arduo de empoderamiento y creo que ya está dando frutos.

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¿Qué dice tu familia y tus amigos sobre esto?

A mi mamá le parece muy bien que participe y sea una chica destacada, que me preocupe por salir adelante. Mi familia me apoya mucho. En ese sentido, le gusta que estudie, que aprenda cosas nuevas. Tengo un hermano de 9 años y otra hermanita de 4. En mi casa también hay trabajo. A mi hermano le enseño que a las mujeres hay que tratarlas bien, respetarlas, porque tenemos los mismos derechos. Y a mi hermanita le leo un libro que me entregó Plan llamado Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, para que ella encuentre inspiración y crezca con ese pensar de que las mujeres venimos al mundo a ser y hacer muchas otras cosas diferentes a ser amas de casa o parir, que es la imagen que tienen muchas personas machistas.

¿Cómo cambiar la mentalidad de niñas y niños que están influenciados por conductas machistas?

Hay que empezar no sólo con las niñas sino también con los niños. Si se educa a los niños para que en un futuro sean hombres comprometidos con esta causa y crean en la igualdad, las mujeres vamos a estar más protegidas y unidas. Pero el trabajo debe estar principalmente en las niñas. Aún hay mujeres que no se reconocen como feministas y no comparten los ideales para acabar con esa desigualdad. También hay que trabajar con las familias, con los padres y las madres, que entiendan que las mujeres tenemos más capacidades de lo que se imaginan y vinimos al mundo a ser fuertes, luchadoras, empoderadas, a salir adelante.

¿Qué mensaje envía a quienes viven en las ciudades y piden que siga la guerra?

Que se pongan en nuestro lugar. Es nuestra familia, es nuestro territorio, no pueden pedir que siga la guerra si no la han vivido como la hemos vivido nosotros. A las personas que vivimos en el campo nos duele la guerra, queremos salir adelante, estudiar y trabajar sin miedo. A pesas personas las invito a que vayan a vivir a mi municipio al menos un mes para que cambien esa visión.

En 2005, cuando la profesora Rosma Morales asumió la rectoría de la Escuela Normal Superior Montes de María, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), le dijo a la comunidad educativa que o se dejaban morir o seguían pa' lante ante los hechos ocurridos: en 1997 paramilitares habían desaparecido al rector Atilio Vásquez Suárez y en 2001 a la rectora Pura Álvarez de Bustillo. Todos eligieron resistir.

Pero no fue fácil, recuerda Aracelys Rodríguez, docente de la institución. El miedo, la zozobra y el silencio siempre estuvieron presentes durante los años de control por parte de las autodefensas, en medio de constantes enfrentamientos con los frentes 35 y 37 de las Farc. En esa época fueron desaparecidos los directivos, a quienes conoció y rememora entrañablemente.

Un pedagogo al servicio de la comunidad

Atilio Vásquez Suárez asumió la rectoría de la Escuela Normal en 1992, y desde entonces enfocó sus esfuerzos en hacer que el conocimiento llegara a todos de la mejor manera. Aracelys Rodríguez lo recuerda así, intentando hacer que nadie se quedara por fuera de clase. Ella, de hecho, lo conoció cuando recién llegaba a San Juan Nepomuceno, desplazada desde el sur de Bolívar, donde ejercía como profesora siendo solo bachiller, en 1994.

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Ese fue el año en el que fue expedida la ley general de educación (Ley 115 de 1994). Esta norma dictaba, entre otras cosas, que los profesores debían profesionalizarse. “Me decía que yo tenía mucha madera de maestra, que no dejara pasar la oportunidad”, recuerda Rodríguez, pues el rector le dijo que lo mejor era que ella hiciera el ciclo complementario en la Escuela Normal y se graduara como bachiller pedagógico, para luego continuar estudiando. “Él me dio esa oportunidad, él me prestó de su plata para que yo pagara el primer semestre en la Normal, porque yo no tenía, mientras que yo me acomodaba”, dice.

Y así fue, el rector, que pasaba su tiempo libre jugando softbol con amigos y en campeonatos comunitarios, la impulsó a ejercer la docencia nuevamente.

Pero su lucha mayor fue la de llevar educación de calidad a sitios en los que no la había. Esto se tradujo en un proceso de proyección social en el que la Escuela Normal tenía colegios “satélites” en lugares como Ovejas, Turbaco e incluso en municipios del sur de Bolívar. En ese momento, esa era una revolución educativa y social.

Esa fue su bandera, acercar por medio de la educación a comunidades que, a causa del conflicto, poco podían interactuar, acceder al Estado, o estaban bajo el total dominio guerrillero o paramilitar. Dijeron, luego de su desaparición, que tal vez por este proceso incomodó a los “paras”, pero aportó a la transformación de estas comunidades.

Él nunca pensó en eso, estaba confiado en que únicamente había servido a su comunidad, que eso no era un delito y que nadie tenía por qué hacerle daño. Pero luego llegó el 27 de julio de 1997. Esa tarde el rector terminaba de jugar un partido de softbol y se trasladaba en su moto de regreso a casa cuando fue interceptado por una camioneta. Según las versiones libres de Justicia y Paz que dieron varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Juan Manuel Borré, alias ‘Javier’, se supo que lo bajaron de su moto, lo golpearon, lo metieron al carro y lo trasladaron a un sector llamado El Totumo. Dijeron que había sido torturado y que tal vez estaba en una fosa común o había sido arrojado a un río. No hay claridad al respecto.

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Lo que sí saben en la comunidad es que cuando se enteraron de que se habían llevado al rector, ellos no se quedaron quietos. La Normal estuvo en paro alrededor de un mes y hubo marchas silenciosas exigiendo la liberación del profesor Atilio, porque no se podía hablar. “No se podía decir nada. Si mataban a una persona, tú no podías ir a acompañar a la familia porque miraban quién iba. Uno no sabía quién era quién”, recuerda Aracelys.

Entonces, el miedo sí se apoderó de San Juan Nepomuceno y hubo un control total por parte de las Autodefensas, que se movían con el Bloque Héroes de los Montes de María y conformaban el Bloque Central Bolívar; pero no fue el fin de la comunidad ni de la institución. La rectoría, entonces la asumió el profesor e historiador Roberto Arrieta hasta el año 1998, cuando fue nombrada la profesora Pura Álvarez de Bustillo, también desaparecida en 2001.

Una maestra exigente y comprometida

La “seño” Pura, como les dicen a las profesoras en la costa, era maestra de español y magíster en Educación. Era supremamente exigente y siempre estaba preocupada de que todo marchara de manera adecuada. Tenía mucho carácter, en eso coinciden quienes la conocieron, y con ese carácter continúo la lucha por la acreditación y el desarrollo educativo a nivel regional, aún con la presencia de los paramilitares.

De hecho, los años en los que la seño Pura estuvo en la rectoría fueron unos de los más violentos en la región, pues los actores armados se disputaban el territorio. El 11 de marzo del año 2000, de hecho, en la vereda Las Brisas, en el mismo San Juan Nepomuceno, paramilitares comandados por Uber Banquez, alias “Juancho Dique”, torturaron y asesinaron a 12 campesinos.

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La soledad y el miedo que se sentía en el pueblo afligían a la seño Pura. Aracelys Rodríguez cuenta que, días antes de su desaparición, viajaron juntas desde Cartagena a San Juan. Llegaron al pueblo a las cinco de la tarde, porque la carretera la cerraban a las seis en el Batallón de Malagana. Ese día Pura iba nostálgica. “Ella me dijo: mira cómo ha cambiado nuestro pueblo, nuestra cultura, las calles están solas, todo el mundo encerrado. Hay miedo, hay terror, a uno no lo matan porque sea bueno o malo, sino porque alguien mal informa. Ella iba triste”, dice.

 Y fue el 7 de abril de 2001, cuando se iba para Barranquilla a pasar Semana Santa con su familia, que fue secuestrada junto a su esposo y su cuñado. Nadie se pronunció, apenas si hubo artículos en la prensa.

Después de eso la situación fue cada vez peor, en 2002 fue cometida la masacre de Los Guáimaros, donde fueron asesinados 15 campesinos, que sigue sin esclarecerse. La zozobra de la que hablaba la profesora Pura sí se apoderó de San Juan durante los años cuatro años siguientes.

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Luego el pueblo venció increíblemente el terror, impulsado desde la misma institución que había vivido las desapariciones de sus rectores: la Escuela Normal Superior Montes de María.

La rectora Rosma Morales, los profesores que habían vivido el conflicto y los padres de familia se pusieron dos tareas: repensar su currículo, de modo que no le diera la espalda al conflicto sino que lo resignificara, y no olvidar a quienes habían perdido. Profesores y profesoras se capacitaron en construcción de paz y resolución de conflictos, incluso una de ellas en Alemania y, cuando volvió, empezaron a contextualizar su enseñanza, de modo que ayudara a construir una cultura de paz. Así la escuela fue saliendo adelante.

Igualmente, las desapariciones no se olvidaron, “todos los años recordamos al profe Atilio y la seño Pura, pensamos en cuál fue su legado, cómo fueron sus aprendizajes. Usted le pregunta a un estudiante quién era Atilio y quién era Pura y se lo dicen”, dice la profesora Aracelys.

Ahora, todo lo que hacen va atravesado por el eje de convivencia y paz y los estudiantes. 20 años después, en la Normal recuerdan su historia, la de sus abuelos y familiares que vivieron el conflicto y que ya no están. Es así como este colegio se ha convertido en el lugar que soñaron Atilio y Pura para enseñar y formar a la comunidad.

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Hasta el próximo domingo en el portal web de Colombia 2020 se publicarán los perfiles de profesores que fueron asesinados en el marco del conflicto armado.

El especial es un homenaje a quienes han dado la vida ejerciendo la enseñanza y a quien en medio de todas las adversidades de la guerra se dedicaron a construir paz desde las aulas.

Asimismo, hacer memoria sobre el ejercicio docente y su legado en Colombia representa un homenaje para quienes trabajan en territorios que siguen padeciendo la confrontación armada.

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Nevardo Fernández tenía 24 años cuando fue detenido y desaparecido en Campoalegre (Huila), el 22 de octubre de 1987. Desde febrero de 1986 había decidido irse a vivir a Neiva a una parroquia franciscana, motivado por el trabajo artístico que podía desempeñar con jóvenes. Todo desde la perspectiva de la fe cristiana. Él cantaba, tocaba guitarra, escribía poemas y hacía teatro. Protestaba desde el arte, con sus letras, sus canciones y sus escenas. 

“Misteriosos personajes en moto comenzaron a intimidar a amigas cercanas que participaron en el grupo de teatro”, escribió el padre Javier Giraldo en su libro: "Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida". Giraldo documentó su historia. Ese mismo octubre, Nevardo y varios integrantes del grupo juvenil de la parroquia conformaron el Comité de Apoyo a los Indígenas, un colectivo para defender a la comunidad indígena de Caguán-Los Dujos, que estaba en riesgo de desalojo. Días después, también participó en las exequias del aspirante presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de ese mes. “Mi mamá estaba muy asustada de toda la situación del país, le había dicho a Nevardo que ya se viniera para Bogotá”, recuerda su hermano Omar Fernández, miembro del grupo coordinador de la Mesa a nivel nacional, pero el compromiso social fue mayor.

Nevardo Fernández / Cortesía.

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Nevardo y Luz Stella son solo dos de las más de cien víctimas del sector cristiano que ha venido documentando la Mesa Ecuménica por la Paz de manera juiciosa desde hace dos años. Sin embargo, el trabajo de las comunidades de fe organizadas por la paz se remonta a los años 80. Su trabajo en pro de la construcción de paz tomó un nuevo rumbo con la apertura del diálogo y posterior firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc. Luego, cuando apareció la Comisión de la Verdad, vieron un nuevo escenario para exponer sus hallazgos y, sobre todo, para que el país conozca la verdad de este sector, explica Yolanda Reyes, politóloga y miembro del equipo de animación de la Mesa. 

Sobre esto, Omar Fernández y parte de esta organización ya se reunió con la Comisión de la Verdad para presentar su trabajo por la documentación y la visibilización de las víctimas del sector cristiano y para poner de manifiesto su intención de encontrar la verdad de lo sucedido en el conflicto armado.

¿Por qué decidieron acudir a la Comisión de la Verdad?

Uno de los aspectos que motivó al sector cristiano a visibilizar las víctimas es que, si bien estaban referenciadas en una cantidad de documentos escritos, son casos que estaban y están en la total impunidad. Eso tenía un poco amarrado el proceso porque estábamos buscando que se pudiera llevar un procedimiento jurídico para que pudiera tener una respuesta a esa condición de asesinato. Pero no hubo nunca una respuesta, entonces para nosotros la Comisión de la Verdad fue la posibilidad de demostrar que hay patrones y sistematicidad en las victimizaciones hacia el sector cristiano.

¿Qué le presentaron a la Comisión de la Verdad?

La reunión la planteamos nosotros como el inicio de una ruta y de un proceso sostenido que nos lleve a identificar que estamos ante un conjunto de hechos sistemáticos, que reflejan patrones y que evidencien que el sector cristiano fue perseguido. Lo que hicimos fue presentarle a la Comisión el proceso que traemos, los resultados que hay, las tareas que estamos realizando y una serie de propuestas para poder consolidar el trabajo que estamos haciendo de documentación y organización de los familiares de las víctimas. Porque también estamos favoreciendo una organización de las víctimas para que hablen por sí solas ante los escenarios que correspondan.

Definimos una ruta que se plantea más o menos a un año y medio. Esperamos ofrecer unos resultados más sólidos. Es importante esclarecer los hechos, identificar las lógicas que acompañaron estas acciones represivas y de muerte, para que eso no vuelva a ocurrir.

¿De qué se trata la ruta?

El componente central será el acopio y la interpretación de la información, entonces tenemos la tarea documental para poder demostrar la victimización sistemática. Otra cosa es el fortalecimiento de la organización de víctimas del sector cristiano y el acompañamiento que se espera que pueda ofrecer la Comisión de la Verdad. Otros temas tienen que ver con el reconocimiento por parte de la sociedad de que este sector ha sido victimizado. Esperamos también formas de reparación simbólica que puedan surgir fruto de este intercambio con la Comisión de la Verdad.

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¿Han encontrado territorios en los que la victimización ha sido mayor?

Hemos encontrado territorios fuertemente golpeados y son en los que, además del conflicto, había procesos muy fuertes de organización cristiana que repercutían en las situaciones de injusticia, denuncia y organización ciudadana. También en comunidades étnicas.

Hay zonas como en Trujillo, Antioquia, Ocaña y Huila. En todos esos sitios había redes impresionantes de comunidades y procesos eclesiales que estaban teniendo un impacto muy grande en sus regiones. Hay regiones donde podemos encontrar más de 30 víctimas.

Cuando empezamos a buscar en las regionales nos encontramos con otros hechos victimizantes, como desplazamiento forzado o desplazamientos masivos de familias, exilio. Conociendo la verdad será la mejor manera de visibilizar una categoría como esta.

¿Por qué son tan particulares estar regiones?

En estas últimas reuniones han llegado tantos casos de Antioquia, porque allá había muchos sacerdotes y religiosas que estaban haciendo un trabajo pastoral excelente. Además, estuvo el adalid de lo que sería la figura más represiva de la iglesia católica: monseñor Alfonso López Trujillo., que él mismo entregaba a la inteligencia militar los datos de los sacerdotes y religiosas, persiguió sacerdotes, les hizo la vida imposible a agentes de Pastoral, impidió que muchas comunidades llegaran a Antioquia. Es decir, no fue solo el Estado, sino también desde la misma iglesia articulados con la inteligencia militar.

¿Cuántas víctimas de asesinato han documentado?

Cerca de 100 víctimas de asesinato, pero esto puede duplicarse en este ejercicio de información primaria. Esta es la modalidad fuerte.

Sin embargo, cuando empezamos a buscar en las regionales nos encontramos con otros hechos victimizantes, como desplazamiento forzado o desplazamientos masivos de familias, exilio, desaparición forzada o tortura.

¿Quiénes eran?

Eran animadores y animadoras de la palabra, líderes pastorales, pastores, pastoras, obispos, religiosas.

Vigilia por la Paz y en memoria de las víctimas. / Cortesía.

Estamos en esa investigación. Ya identificamos al padre Tiberio Fernández, porque recoge a la comunidad de Trujillo y la victimización ocurrida en ese lugar. Sobre esto esperamos que la Comisión nos pueda brindar apoyo.

¿Los casos de desaparición forzada los piensan llevar a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?

Eso hablamos. Como hay una cercanía de la Comisión y la Unidad de Búsqueda, entonces en la medida en que vayamos encontrando estos casos, podremos acudir a este mecanismo.

¿Además de demostrar la posible sistematicidad y los patrones en los casos, qué más esperan de la Comisión de la Verdad?

Queremos que nuestros casos se lean en clave del contexto del país y también de manera regional e internacional. ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? ¿Quién era el alcalde del municipio donde sucedió? ¿Quién era el gobernador? ¿Qué presiones internacionales había sobre Colombia en ese momento?

¿Cuál es el mayor reto que tienen?

La parte organizativa. Muchas familias están desencantadas porque no han encontrado nunca verdad judicial, el caso no avanza, entonces estamos en proceso de motivarlas para que acudan a la Comisión y se unan para encontrar la verdad histórica.

Cuarenta años y ocho meses fue el tiempo que Martín Cruz Vega estuvo como guerrillero en las Farc. Durante ese tiempo se llamó Rubín Morro y era uno de los comandantes del Bloque Efraín Guzmán. Participó en el proceso de paz en La Habana y, como integrante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, fue el único exguerrillero que vio todas las armas de la organización inhabilitadas en los contenedores de la ONU.

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A la vez que cumplía con la convicción revolucionaria que le inculcó su padre, uno de los fundadores de la antigua guerrilla junto con Manuel Marulanda Vélez, escribía poemas sobre la cotidianidad en la guerra y el monte. “Cuando ingresé a la guerrilla a los 13 años, mi padre era un lector tremendo y me inculcó el vicio de la lectura, como lo llamo yo. Me indujo mucho a leer a Gabriel García Márquez, a José María Vargas Vila y mucha literatura rusa. Sabía más de Rusia que de Colombia”.

A los 17 años empezó a escribir poemas que con el tiempo fue haciendo públicos en las conferencias de las Farc, pero hasta el año pasado se animó a escribir el primer libro sobre sus experiencias en la guerra. 

“Lo que hay aquí en este libro” cuenta Martín mientras muestra la tapa de Diario de la guerra y la paz (relatos y poemas de trinchera) “es autoría mía total: de un combatiente que narra situaciones vividas porque vio la guerra y que expresa cómo es la selva, el amor guerrillero, los odios, las pasiones, las marchas. Los mandos se ocupaban de la parte estratégica, de los combates y la alta política, yo procure irme a la vida cotidiana de los guerrilleros en su expresión más humana”. 

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Junto a este libro, Martín hará el lanzamiento de El último fusil en la Feria del Libro de Bogotá el próximo 2 de mayo a las 4 p.m., en el salón María Mercedes Carranza. Sin embargo, desde el comienzo de la Feria ambos libros han estado a la venta en el pabellón 3, local 136 y el pabellón 6, local 633. 

Este segundo libro es un “homenaje a esas armas que nos acompañaron en un proyecto de lucha revolucionaria”, según cuenta Martín. Además de relatos y poemas sobre la dejación de las armas de las Farc, este libro tiene un “abecedario guerrillero” con palabras que las Farc aprehendieron en la guerra. Esta por ejemplo, ‘caguinga’, “que era un palo que nosotros cortábamos para revolver la sopa y que en el lenguaje normal se llama mecedor”; ‘sopa de puchos’, hecha de puñados de arroz, lentejas, arvejas y maíz; o ‘cancharina’, que en algunos frentes de la antigua guerrilla era un torta con chocolate y sal.

Exguerrilleros como él, Julián Conrado o Gabriel Ángel, devotos de la escritura y el arte desde la insurgencia, están por primera vez en la Feria del Libro. “Como organización me parece que es muy importante porque es la oportunidad de estar en un espacio en el que nunca nos habíamos imaginado hacer presencia. Desde lo personal, escribir un libro es una satisfacción personal muy grande, que además es la otra versión del conflicto, muy distinta a como se ha planteado desde el establecimiento”.

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Martín afirma que todos los días va a la Feria del Libro y que el recibimiento por parte de la gente ha sido bueno. “Cuando estamos acá, el libro inmediatamente se vende por el autógrafo, no sé qué será, y la gente tiene la posibilidad de comparar las dos versiones, porque los libros tienen relatos de guerra, pero también historias humanas. Estar acá nos ha permitido una reincorporación social mucho más fácil y estoy convencido de que esto es correcto, aunque no estén matando de a poquito”.

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El 4 de febrero del año pasado, en el hospital Santa Sofía de Buenaventura (Valle del Cauca), murió Patricia Zarco Chamarra. El 28 de enero cayó herida en medio de un bombardeo de la Fuerza Pública en Litoral del San Juan (Chocó). La adolescente indígena de 16 años había sido reclutada por el Eln un año antes y por eso quedó en medio del ataque. Seis meses después, el 22 de julio, en la vereda Mesa Rica, de Convención (Norte de Santander), dos niñas, de nueve y tres años, fueron heridas en combates entre el Ejército y el Eln. Estaban jugando en el patio de su casa cuando una bala de fusil las alcanzó a ambas.

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Las historias de Patricia y de las dos niñas catatumberas son apenas un par de muestras de lo que la guerra está causando en la infancia. Los casos de reclutamiento y utilización de menores de edad crecieron de 169 en 2017 a 293 en 2018. Las muertes y mutilaciones pasaron de 53 a 108 en el mismo lapso. Esos son algunos de los datos que contiene el informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Los niños y los conflictos armados. La situación de Colombia mereció un capítulo del documento que fue debatido por el pleno del Consejo de Seguridad el 2 de agosto.

Guterres analizó las causas de esa realidad. “La limitada implementación del Acuerdo de Paz en algunas regiones produjo frustración en las comunidades y, en algunos casos, el fortalecimiento de grupos armados no estatales en las zonas que habían estado bajo el control de las Farc-EP, lo que expuso a los niños a graves violaciones”, señaló. “Los niños refugiados y migrantes corren el riesgo de ser reclutados y utilizados y de sufrir violencia sexual”, agregó.

Guillermo Fernández de Soto, embajador ante la ONU, estuvo en el debate. En su intervención destacó la expedición del decreto 1434 de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y la existencia de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes como un avance. “Lastimosamente, y pese al enorme esfuerzo y firme compromiso que ha mostrado el Estado colombiano para erradicar esta dolorosa situación, este ejemplo no ha sido replicado por todos los grupos armados organizados que continúan reclutando y utilizando niños y niñas”, dijo. El diplomático señaló al Eln, el único grupo armado activo del que habló, de reclutar y utilizar menores. “Estamos comprometidos en evitar que los niños y niñas sean utilizados para fines armados y continuaremos trabajando y avanzando en su atención y educación integral”, dijo.

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Guterres se dirigió a las disidencias de las Farc y al Eln, los mayores reclutadores de niños: “Exhorto a esos grupos a que pongan fin a esas violaciones y las prevengan”, y le pidió al Gobierno “que dé prioridad a la prevención de la violencia sexual contra los menores en el contexto de los conflictos armados y a que vele porque los autores rindan cuentas”.

Aquí algunas revelaciones del informe Los niños y los conflictos armados:

Ciro Galindo tiene la timidez  propia del campesino, pero también el alma valiente. Cuando habla, lo hace con la sencillez de las personas propias del campo y tal vez en él es mucho más evidente por esas cicatrices que le dejó la guerra. Mientras en el resto del país lo conocieron a comienzos de este año a través del documental ‘Ciro y yo’, a decir verdad, muchos de los que se quedaron en lo más profundo de la Sierra de La Macarena, y fueron sus vecinos, saben del aura especial que lo rodea.

Por allá en 1993, cuando tuvo que salir huyendo del casco urbano de La Macarena porque le avisaron que lo iban a matar, llegó hasta El Tapir, una vereda ubicada a cuatro horas de camino, saliendo por el río Guayabero arriba. Solo unas pocas comunidades habitan este sitio en donde la altura de los árboles, a veces, parecen tragarse la luz del día.

“Eso es plena selva. A mí me tocó salir corriendo porque en aquella época el Ejército me allanó la casa y me montó un operativo para capturarme acusándome de guerrillero. Como pude, llegué a El Tapir y allá me di cuenta del abandono en el que estaban esas comunidades. Lo que más me dio dolor fue ver que los pocos niños que se animaban a estudiar tenían que caminar hasta dos horas para llegar a la escuela; muchos se cansaban y decidían abandonar los estudios”, recuerda Ciro.

Su esposa, Anita, aquella “que murió de tristeza”,  era la encargada de preparar los alimentos que Ciro recogía entre los finqueros de la zona para dárselos a los estudiantes que llegaban al internado. Pocos años después la persecución de la guerrilla, del Ejército y los paramilitares, lo obligaron a salir corriendo también de aquellas profundidades selváticas. 

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Ese internado aún existe y es uno de los logros que como líder que ha tenido Ciro Galindo. Por eso, para quienes realmente lo conocen más allá de la pantalla grande, saben que su interés en crear una fundación no será tiempo perdido y tarde o temprano rendirá sus frutos. 

“Ya que el documental ha caído bien en toda la gente, quiero aprovechar para que este momento no pase en vano y logre ayudar a las personas que están en una situación crítica y son víctimas de la violencia. Yo mismo he sido testigo de cómo los niños se van a estudiar con hambre, les falta ropita y son víctimas del conflicto que no han podido exigir al Estado que los reconozca. Muchos necesitan orientación y apoyo”, explica Galindo.

Y ese será el objetivo de ‘Ciro y todos’, la fundación que fue presentada el pasado sábado en el barrio San Antonio de Villavicencio, donde habita Ciro con su hijo Esneider, también protagonista del documental, desde hace tres años.

“No es que el liderazgo se haya dormido, lo que pasa es que mientras yo luchaba por sobrevivir, huía de la muerte y trataba de asegurarle algún futuro a mi hijo, no podía pensar en trabajar con la comunidad.

“Al perder a mi señora, además de enfrentarme al Estado para que me reconociera como víctima y asumiera su responsabilidad en la muerte de mi hijo, me llevó tiempo asimilar; hoy las cosas son diferentes, siento que puedo retomar ese trabajo con la gente que tanto hace falta”, asegura.

Pese a que en papeles aún no está conformada y algunos de quienes desean acompañar la consolidación legal de la fundación dicen que todo pasa porque haya recursos financieros básicos para hacer los trámites, pagar la redacción de los estatutos y los gastos de papelería, piensan que es un sueño que se puede hacer realidad con el empeño de todos.

“Aquí hay personas que a veces no tienen dinero para pagar un bus para irse a trabajar, imagínese para hacer las vueltas de una fundación. Toca que don Ciro ayude a empujar todo desde el inicio”, dice una de las vecinas del barrio San Antonio

Con la popularidad que logró con el documental, Galindo desea hacer gestiones que permitan conseguir esos recursos que hoy no tiene la fundación: “La vida me volvió a cambiar pero esta vez para bien con el documental. La gente me saluda, me llena de palabras de ánimo y eso es importante, entonces eso hay que aprovecharlo para ayudar a otras personas”.

El siguiente paso es concretar el apoyo de ONG internacionales y universidades que le han brindado el respaldo a las iniciativas que presente.      

Su hijo, Esneider Galindo, afirma que aunque muchos son incrédulos con la creación de la fundación, el espíritu colaborativo que persigue su padre logrará conseguir la meta.

“Mi padre es un líder por naturaleza. Tiene una capacidad impresionante para convencer y que la gente crea en él. La película le ha dejado amigos importantes y seguro va a conseguir el objetivo”, dice Esneider.  

Ciro desea seguir adelante con su vida. Evita las polarizaciones políticas que tiene el país por esos días y asegura que “una forma de rechazar los violentos, es ignorándolos”. 

*Especial Periódico del Meta

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Johana habla del amor. Siempre repite el verbo amar. Lo deja en infinitivo cuando dice que estamos en el mundo para amar. Lo conjuga cuando habla de que podemos amarnos y no hacer la guerra. Lo menciona cuando piensa en que su lucha, toda su lucha como mujer, negra, transexual y defensora de derechos humanos, no hubiera sido posible sin el amor de su familia, sin todo el amor que tiene a su alrededor.

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Ahora es una mujer alta, de crespos rojos que no temen moverse. Camina erguida y sin miedo. Lo tuvo, sí, casi toda su vida, especialmente hasta los 19 años, cuando estuvo en el “clóset”.

Johana nació y vivió en Quibdó hasta que tuvo 15 años, edad que tenía cuando se mudó a Medellín. En ese momento pensaba que era un hombre gay y apenas pudo reconocer esa identidad cuando se enfrentó a la ciudad paisa, que mucho le llevaba en reconocimiento de diversidad sexual a su ciudad chocoana. Sin embargo, fue solo hasta los 19 años cuando pudo decir abiertamente que le gustaban los hombres. A partir de eso, los años siguientes fueron de travestirse, todavía sin la certeza de su identidad de género, sin la certeza de que era una mujer.

Lo descubrió y hace siete años hizo la gran transición: hormonas, una cirugía de reasignación de sexo y una mamoplastia de aumento. En esos días trabajaba como mesera, en Medellín. Como mesero, según su jefe, quien no pudo entender que Johana era una mujer. “Esa fue la primera vez que me sentí discriminada. Renuncié. Para mí eso fue durísimo. Me sentía presionada. No le estaba haciendo bien a mi salud mental y eso no lo podía permitir. Yo aprendí de mi mamá que primero yo tenía que estar bien”, dice. Una vez más, la familia.

Eso pasó hace siete años, y hace cinco decidió dejar Medellín y volver a Quibdó. “Allá causé un revuelo impresionante. Imagínate llegar una mujer diferente a un territorio donde nunca se había visto eso. Llegar operada, con otros conocimientos. Eso no ha sido fácil, pero hoy me siento amada por el Chocó”, dice en medio de una sonrisa.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. “Chocó es un territorio machista”, sentencia. Machista, homofóbico y transfóbico, así, completa, es Colombia. Y ella, una mujer transexual y negra, tenía que hacer algo. No se podía quedar callada.

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Entonces, después de la negación de un servicio de salud, de una pelea con una EPS, de una demanda para hacer el cambio de nombre y sexo en la cédula, Johana, por fin, pudo cambiar su género ante el Estado colombiano, porque su identidad la tenía más que clara. Ella era la primera en dar esa lucha en el departamento, pero podía pasarle a otra persona. Así que, animada por su prima Yulis Marina, decidió crear la Fundación Johana Maturana, para la defensa de los derechos humanos y la comunidad LGBTI+.

Ahora se dedica, junto con su equipo, conformado con un abogado, un psicólogo y un trabador social, a prestar asesoría en derechos humanos, acompañar a personas que viven con VIH, brindar pedagogía y respeto por la diferencia y capacitar instituciones en salud sexual y reproductiva.

Recalca, cada vez que lo siente necesario, que es fundamental construir sobre el respeto. Aclara siempre que los líderes sociales no son enemigos del Estado. Lo hace cuando ve que una conversación va hacia la criminalización de la defensa de los derechos humanos. Dice, como para pisar los estereotipos, que las mujeres trans no son solo generadoras de prostitución o peluqueras o peligrosas, sino que pueden “generar impactos en una sociedad que necesita cambios”.

Johana se ríe fuerte, camina erguida y está orgullosa de la lideresa que es. No soportará discriminación ni para ella ni para nadie. Ni por ser mujer ni trans, ni negra. Pero el miedo vuelve a ella cuando ve que matan a quienes luchan por los derechos humanos. “No nos van a matar a todos juntos. Si todos nos unimos por una misma causa, que es el amor y la paz, creo que podemos seguir construyendo”, dice, y esa primera palabra, una vez más, vuelve a su voz.

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