La reforma tributaria de Bogotá sobrevivió a un intento de archivo y continúa su trámite en el Concejo. En la noche del 8 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público negó una proposición presentada por el concejal Jairo Avellaneda para detener el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, iniciativa tributaria de la administración de Carlos Fernando Galán.

La proposición recibió cuatro votos a favor del archivo y diez en contra. Con esa decisión, el proyecto continuó su discusión y avanzó en primer debate.

Avellaneda sostiene que el trámite presenta presuntos vicios de procedimiento que, de mantenerse, podrían convertirse posteriormente en argumentos para cuestionar jurídicamente la validez del acuerdo.

“Es una decisión desafortunada: al avanzar con la votación y posible aprobación de este proyecto de acuerdo, de manera irregular, los presuntos vicios que encontramos pueden hacer caer la reforma tributaria más adelante”, señaló el concejal, quien posteriormente se retiró de la discusión.

Lea más: Facatativá al límite por la sequía: solo tienen agua para 18 días

¿Por qué Avellaneda pidió archivar la reforma?

El primero de sus reparos está relacionado con el origen de las iniciativas tributarias. Avellaneda citó el artículo 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá para sostener que las decisiones relacionadas con creación, modificación o exoneración de tributos distritales tienen iniciativa reservada al alcalde.

Su cuestionamiento surge porque antes del proyecto 724, presentado por la Administración Distrital, había sido radicado el Proyecto de Acuerdo 709 de 2026, de autoría del concejal Emel Rojas, sobre asuntos tributarios.

El segundo reparo tiene que ver precisamente con la manera en que se tramitaron ambas iniciativas. Según Avellaneda, el reglamento interno establece unas reglas para la acumulación de proyectos que tengan la misma materia y estas debían aplicarse antes de realizar el sorteo de ponentes.

El concejal sostiene que el proyecto 709 no habría surtido inicialmente ese procedimiento, mientras que posteriormente el 724 de la Alcaldía sí fue sorteado y recibió ponentes.

“Cuando se radicó el proyecto del concejal Emel, el 709, debió ser adjudicado por sorteo a un grupo de concejales ponentes (…) Aun así, esto no se hizo”, afirmó Avellaneda.

Por ahora, se trata de cuestionamientos jurídicos planteados por el cabildante. Que exista efectivamente un vicio capaz de invalidar el futuro acuerdo tendría que ser determinado por las instancias competentes si el asunto llega a una discusión judicial.

Diez concejales rechazaron archivar el proyecto

La propuesta de archivo recibió el respaldo de Óscar Bastidas, Samir Bedoya, José Cuesta y Ángelo Schiavenato.

En contra votaron Samir Abisambra, Humberto Amín, Juan Manuel Díaz, Rolando González, Armando Gutiérrez, Andrea ‘Tata’ Hernández, Elkin Huertas, Julián Sastoque, Julián Triana y Julián Uscátegui.

La votación del concejal Julián Triana, de Alianza Verde, también llamó especialmente la atención de Avellaneda. El cabildante cuestionó que Triana, quien ha construido parte de su discurso alrededor de la defensa de la ciudadanía, votara en contra de archivar una reforma que contempla aumentos tributarios para distintos sectores.

Para Avellaneda, resulta contradictorio presentarse como defensor de los bogotanos y, al mismo tiempo, respaldar que continúe el trámite de una iniciativa que, en su criterio, terminaría metiéndoles más la mano al bolsillo. 

Más ICA para unos y beneficios tributarios para otros

Más allá de la discusión sobre el procedimiento, Avellaneda mantiene reparos sobre el contenido de la reforma.

Uno de ellos es el contraste entre los nuevos incentivos planteados para grandes inversiones y el aumento del ICA para distintas actividades económicas.

Según las cifras presentadas durante el debate, la tarifa para edición y publicación de libros pasaría del 4 al 8 por mil; la comercialización de vehículos, del 6,9 al 11 por mil, y el sector financiero, del 14 al 21 por mil.

Al mismo tiempo, el proyecto contempla beneficios para grandes inversionistas, punto sobre el cual Avellaneda ha pedido establecer cuánto dejaría de recaudar Bogotá, qué inversiones dependen realmente de esos incentivos y qué retorno concreto recibiría la ciudad.

“Por un lado les ofrecemos beneficios tributarios a grandes inversionistas y, por el otro, queremos cobrarles más a sectores que ya están en Bogotá”, cuestionó.

El concejal también ha llevado al debate las 69 alertas fiscales cuantificadas en cerca de $69 mil millones durante 2026, bajo el argumento de que el Distrito debería revisar primero cómo administra los recursos existentes antes de pedir mayores contribuciones.

FENALCO también pide retirar dos aumentos

Los reparos no provienen únicamente del Concejo. FENALCO Bogotá Cundinamarca pidió formalmente retirar dos incrementos del ICA incluidos en la reforma.

El primero afecta al comercio de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, cuya tarifa subiría de 13,8 a 21 por mil, un incremento cercano al 52 %.

Según el gremio, el impacto sería especialmente sensible para tiendas y pequeños comerciantes, debido a que el ICA grava los ingresos brutos y no las utilidades. FENALCO agregó que, de acuerdo con su Encuesta de Fenaltiendas 2025, el margen de utilidad de las bebidas alcohólicas supera apenas el 7 %.

“Con este incremento, perderían en promedio un 10 % de su utilidad”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca. El gremio también alertó sobre un posible aumento de la informalidad y el contrabando si se amplía la diferencia entre los precios de productos legales e ilegales.

Vehículos y motos: otro aumento bajo cuestionamiento

El segundo punto que FENALCO pidió retirar es el incremento del ICA para la comercialización de vehículos y motocicletas, que pasaría del 6,9 al 11 por mil, equivalente a un aumento del 59,4 %.

El gremio advirtió que elevar de manera permanente el costo de operar en Bogotá podría llevar a algunas empresas a mantener sus vitrinas en la capital, pero trasladar nuevas inversiones, expansiones u operaciones tributarias hacia otros municipios.

“Más impuesto no siempre significa más recaudo. A veces significa menos inversión, menos empleo, más informalidad y, finalmente, una base tributaria más pequeña”, concluyó Orrego.

La reforma continuará ahora su trámite en el Concejo, en medio de una discusión que ya no gira únicamente alrededor de cuánto espera recaudar Bogotá, sino también de quién terminará pagando más, quién recibirá beneficios y si el procedimiento utilizado para tramitar el proyecto resistirá los cuestionamientos jurídicos planteados desde el primer debate.

Tras conocerse el resultado de la votación que negó el archivo, Jairo Avellaneda dejó constancia de su retiro de la discusión, al considerar que el procedimiento no ofrecía las garantías necesarias.

“Dejo la constancia de que me retiro de esta discusión porque, en mi opinión, se le está haciendo trampa a los bogotanos”, señaló el concejal.

Lea más: Acueducto admite fallas en cobros de estrato 2: más de 125 cuentas serían ajustadas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

El Acueducto de Bogotá reconoció errores en la facturación de usuarios del barrio Hacienda Los Molinos, en Rafael Uribe Uribe, donde más de 125 cuentas de contrato presentan ajustes que, en conjunto, rondan los COP 30 millones.

El problema se originó en el cálculo de los subsidios correspondientes al estrato 2. Según una respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a un derecho de petición, aunque se actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios, el sistema no aplicó de manera adecuada el subsidio a cada una de ellas.

Como resultado, algunas facturas fueron liquidadas con el beneficio y otras sin él, generando cobros superiores a los que correspondían.En varios casos, los ajustes individuales superan los COP 900.000 por familia.

Lea más: Bancos rechazan alza del ICA en Bogotá y Hacienda responde con cifras

Un barrio que todavía depende de redes comunitarias

El caso genera especial preocupación entre los habitantes porque Hacienda Los Molinos es un asentamiento de origen informal que no cuenta con una prestación regular de acueducto y alcantarillado en las mismas condiciones de sectores legalizados.

Según la información conocida, parte de la comunidad recibe el agua mediante redes construidas por los propios vecinos, con mangueras y conexiones artesanales.

“Es indignante, en un barrio que el Distrito ni siquiera ha legalizado, donde la gente construye sus propias conexiones para tener agua, el Acueducto encima les cobra mal por culpa de su propio sistema”, cuestionó la concejala Rocío Dussán.

La cabildante pidió que la devolución de los recursos no dependa de que cada usuario detecte por su cuenta el error y reclamó a la EAAB un balance completo de las personas afectadas.

Comunidad reclama la devolución del dinero

Vecinos del sector aseguran que los cobros se habrían prolongado durante varios meses sin una explicación clara.

“Llevábamos meses pagando de más sin que nadie nos explicara nada”, relató uno de los habitantes. Otra residente pidió que la empresa devuelva la totalidad de los valores cobrados en exceso y no se limite a aplicar descuentos parciales en futuras facturas.

Dussán anunció que realizará control político sobre el caso y solicitará a la empresa establecer cuántas familias podrían estar afectadas en toda Bogotá, cuánto dinero debe ser ajustado o devuelto y por qué el sistema de facturación presentó la falla.

La concejala y habitantes de Hacienda Los Molinos también impulsan una firmatón para respaldar un derecho de petición con el que buscan que la EAAB defina cómo devolverá los recursos cobrados de más.

Según la denuncia, el número de afectados podría ser superior al identificado hasta ahora e incluso acercarse al millar, una cifra que deberá ser confirmada por la empresa.

Lea más: Facatativá al límite por la sequía: solo tienen agua para 18 días

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Las imágenes son totalmente contrastantes, pero el reflejo más crudo del innegable cambio climático. En marzo de este año, Facatativá era el municipio de Cundinamarca más afectado por la ola invernal. Ahora, lo es con la extrema sequía. Como lo contamos en El Espectador, hace seis meses, las intensas lluvias generaron el desbordamiento del río Botello que, sumado al colapso del sistema de drenaje, terminó por afectar a 3.230 personas de 15 barrios y cinco veredas, que terminaron con el agua por encima de sus rodillas. 

Pérdidas de enseres, mercancías en negocios, vehículos averiados, daños en infraestructura y mucha, pero mucha incertidumbre, fue el panorama desolador. A las inundaciones y al balde que había a la mano para sacar la mayor agua posible, hoy es usado para todo lo contrario: para recoger esa misma agua que falta. 

1/10

Las lluvias de las últimas horas dejaron al menos 14 emergencias en Cundinamarca, con afectaciones en vías y zonas residenciales.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

2/10

Facatativá concentra el mayor impacto, con inundaciones que afectan al menos 20 barrios.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

3/10

El desbordamiento de ríos y quebradas agravó la situación en zonas urbanas y rurales del municipio.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

4/10

En varios sectores, el colapso del alcantarillado intensificó las inundaciones.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

5/10

Barrios como La Paz, Villa Miriam y San Benito registran afectaciones en viviendas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

6/10

Las emergencias también alcanzan veredas como Mancilla, Corinto y La Tribuna.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

7/10

La caída de árboles y los encharcamientos en varias vías han complicado la movilidad de miles de personas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

8/10

En el sector Colibrí, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales. De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

9/10

De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, en 2026 se han atendido 117 emergencias por lluvias en en 50 municipios de 11 provincias del departamento.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

10/10

Vecinos de los barrios más afectados señala que la presión sobre la infraestructura de alcantarillado y drenaje no es una novedad en el municipio y que los trabajos de limpieza y mantenimiento no se hacen con la regularidad que se necesita.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El dantesco y ahora cada vez más extremo fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país. Disminución de lluvias y sequías, incendios forestales, impacto en la seguridad alimentaria, riesgo de apagón y disminución de los caudales de ríos y quebradas, embalses y reservorios son algunas de las implicaciones registradas, desde su declaratoria en junio de este año.

Lea más: Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental

Pero el escenario podría ponerse peor. El 3 de septiembre, la máxima autoridad global en ciencia climática, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que El Niño irá hasta febrero de 2027, previamente intensificándose “hasta convertirse en un episodio muy fuerte” entre septiembre y noviembre.

Una posibilidad del 100 %, según la OMM, y que preocupa no solo por su impacto, sino ¿qué tan preparados estamos para contenerlo? La pregunta también se traslada a Facatativá, protagonista de esta historia. 

Agua para solo 18 días 

Facatativá tiene cinco embalses: El Gatillo (divididos y nombrados como 1, 2, 3 y cero) y el embalse Mancilla, donde hoy se puede caminar. El límite donde el agua debería llegar al cuello no es más ahora que suelo árido. Su capacidad es de 227.700 m³, pero a la fecha, solo quedan 50 mil m³. La caída, en general de las lagunas artificiales, es dramática. Según datos oficiales, para el 13 de agosto, el llenado total estaba en un 51 % (386.800 m³). Casi un mes después, con corte al 8 de septiembre, disminuyó al 24,7 % (170 mil m³ de los 686 mil m³ disponibles).

De ahí que la situación sea crítica para sus cerca de 160 mil habitantes. En entrevista con El Espectador, el gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá, Gustavo Vargas, advirtió que, de seguir esta tendencia, tendrían agua superficial para los próximos 13 a 18 días. “Claro, los pozos profundos nos permiten de alguna manera poder abastecer alguna parte del municipio, pero indudablemente, si no llegáramos a tener lluvias, la situación de racionamiento de agua se podría volver más dura, es decir, más horas”, agregó. 

Desde el 19 de agosto, el municipio de la Sabana de Bogotá declaró alerta naranja, a través del Decreto 222, con el fin de mitigar y realizar acciones preventivas y correctivas, que puedan llegar a afectar aún más el municipio por cuenta de este fenómeno. Dentro de las prohibiciones está utilizar agua potable para el lavado de vehículos, fachadas, zonas verdes y demás, so pena de sanciones monetarias que también aplican en otros comportamientos contrarios a la convivencia. 

En el decreto, también se exhorta a la comunidad a disminuir el consumo y a la Empresa de Aguas de Facatativá a implementar la sectorización del servicio de agua, o más conocido como racionamiento. Esta medida restrictiva empezó desde el 18 de agosto y funciona bajo horarios de lunes a viernes; en otros casos, solo cinco, tres o dos días a la semana y, en su mayoría, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. 

Uno de los sectores que están cobijados con esta medida es el barrio 7 de agosto. Martha Lucía Velandia es presidenta de la Junta de Acción Comunal. Allí, dice, habitan cerca de 700 familias de estrato 3. Aunque les aplica la medida, cuenta que les llega agua todos los días, pero con baja presión. “No nos ha afectado el racionamiento porque no tenemos una válvula cercana y eso hace que siga pasando el servicio”.

Martha señala que ha hecho el llamado a su comunidad de ahorrar y almacenar lo más posible. “Yo por lo menos reservo en una caneca de plástico o en ollas para preparar los alimentos (...) Si hubieran construido esos nuevos pozos en otras administraciones, no estaríamos sufriendo tanto”, recalcó. 

De acuerdo con el alcalde, Luis Carlos Casas, los datos muestran que esta medida ha permitido contener la caída en picada que se registraba desde el mes de junio, pero “no ha sido suficiente”, reconoció. Pues dentro de las proyecciones se estimaba un ahorro en la semana 3 y 4 de 50 mil m³, pero solo se logró 15 mil m³. “La idea es ahorrar 30 mil m³ por semana”, indicó.

A esto se suma que, como parte de su sistema de acueducto, los pozos profundos también han sido un colchón para mitigar esta crisis. Por ejemplo, el pozo Deudoro Aponte, que más produce agua subterránea, se mantiene casi intacto, pues conserva el 100 % de su disponibilidad (50 litros/segundo). Sin embargo, aunque en total existen siete pozos, a la fecha solo funcionan cinco.  

Sobre esto, el alcalde Casas informó que ya entrarán en operación los tres restantes. “Este miércoles vamos a recuperar el pozo San Rafael III y San Rafael I, que estaba abandonado, y nos va a dar entre 10 y 15 lt/seg más”. “El pozo Guapucha II lo vamos a habilitar (...) En menos de 20 días, recuperamos 3 pozos”, complementó el gerente, Gustavo Vargas.

A cerca de más o menos 10 minutos en vehículo, en la parte alta de Facatativá, está el sector Manablanca. Carlos Eduardo Suárez es uno de sus líderes comunales hace 35 años. Dividido en 13 sectores, viven allí aproximadamente 4 mil personas, “por la cantidad de inquilinatos”, explica don Carlos. De mayoría estrato 1, es de vocación de personas trabajadoras que salen antes de que el sol se asome y regresan con la luz de luna de los cultivos de flores u otras empresas ubicadas en Madrid, Mosquera y Funza. 

La particularidad allí es que, según él, siempre han vivido en racionamiento. “Aquí la presión es baja. En mi casa nos acostumbramos a reciclar; incluso mandé a hacer una alberca grande. El problema es que los tanques, que construyó la misma comunidad, ya no son suficientes porque ha crecido la población. Y el agua que bombea el Acueducto la distribuyen a otros sectores”, se quejó. 

Don Carlos reconoce también que en su sector también hay un problema de conexiones ilegales. Un delito que no solo ocurre en Manablanca, sino en distintas veredas del municipio. De ahí que esta también sea otra de las razones del porqué Facatativá está en crisis de abastecimiento. 

“Detrás de esas conexiones hay también obras ilegales que infringieron el POT. Una de las veredas más críticas es Pueblo Viejo y La Aurora. La Empresa de Acueducto tiene conocimiento de eso”, recalcó Yohan Ríos, vicepresidente del concejo municipal.

“En nuestra planta de tratamiento Gatillo, tratamos cerca de 200 lt/seg para toda la población, pero estimamos que el 30 % (60lt/seg) es agua que no se factura porque hay conexiones irregulares o fugas en la red que la ley lo permite y está sobre los 10 lt/seg. Pero nosotros venimos saneando y haciendo visitas en campo. Tenemos 34 mil suscriptores; es todo un reto. Aun así, por ejemplo, en esta administración hemos cambiado cerca de 2 mil medidores que estaban dañados”, respondió por su parte el gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá, Gustavo Vargas.

Le puede interesar: Las cuentas pendientes del BD Bacatá y el pleito que busca recuperar el dinero de sus socios

Uno de los casos que hallaron durante los operativos fue en la vereda La Tribuna. Allí, la Alcaldía encontró desvíos con manguera de una de las quebradas que alimentan a los embalses, para riego de cultivos. Casas dijo en su momento, que la única solución era comprar las hectáreas aledañas “y si no quieren vender, declararlas de interés público”, advirtió. 

De acuerdo con el concejal Yohan Ríos, para la primera semana de octubre tienen proyectado un debate de control político sobre cómo llegó a Facatativá a este punto y qué se está haciendo para evitar nuevas afugias. “Somos un municipio rico hídricamente, pero pobre en capacidad de almacenamiento”, sentenció. 

Las obras

Como en toda crisis, vienen las preguntas desde la comunidad y el control político sobre si se pudo haber prevenido. Facatativá ha venido creciendo a ritmos acelerados en su población, pero no las obras de la red de acueducto que logren abastecerla del servicio de agua. 

La respuesta estaría en las actuales obras que se adelantan: la ampliación de un embalse y la perforación de cuatro pozos profundos urbanos (San Rafael II, Tierra Morada, Guapucha y Cartagenita) que, de acuerdo con el gerente, Casas, deberían entrar en operación a finales de este año y en enero de 2027, respectivamente. 

A detalle, San Rafael II, costó COP 4 mil millones y tendría una capacidad de proveer agua de 60 lt/seg a 125 mil habitantes. Tierra Morada tendrá 15lt/seg para 2.224 habitantes (inversión de COP 2 mil millones); Guapucha, 60 lts/ seg para 125 mil habitantes de la parte norte del municipio (COP 3.500 millones) y Cartagenita, tendrá 60 lt/seg para 15 mil habitantes (COP 4.623 millones). 

En formulación, detalló el alcalde, está el pozo Tierra Grata que se espera provea 15 litros por segundo para 2 mil habitantes. “Esperamos las próximas semana firmar este convenio por alrededor de COP 3.500 millones y contratar para iniciar obra”. 

Por último, está la obra de ampliación del embalse San Marta, que según Casas también se entregaría en diciembre y quedaría con una capacidad total cercana a los 360.000 m³. 

Por ahora, como en toda sequía, las esperanzas también están puestas en las precipitaciones. De no llegar a presentarse con la suficiente intensidad y constancia, el municipio no solo contempla más horas de racionamiento, sino declarar alerta roja y firmar un convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, con quien se reunieron el pasado viernes 4 de septiembre, para comprar agua en carrotanques a un costo cercano de COP 4 mil por m³.

El contraste entre las inundaciones de marzo y la severa sequía actual demuestra la vulnerabilidad del municipio ante el cambio climático. Si se cumple el cronograma a corto y mediano plazo, la ampliación del embalse y la perforación de pozos profundos son la principal estrategia de infraestructura para estabilizar el suministro. Pero esto no bastará tampoco, si no se logra erradicar el 30 % de agua no facturada.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 9 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

La restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Una cadena de mando que presuntamente comienza en Venezuela, órdenes transmitidas a miembros de la organización en Bogotá, cobros a comerciantes y pagos a quienes ejecutan los delitos forman parte de la estructura atribuida al Tren de Aragua por testigos presentados en el proceso por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel.

La Fiscalía expuso los testimonios y una grabación durante la audiencia en la que solicitó enviar a prisión preventivamente a ocho personas vinculadas con el crimen. Las declaraciones describen un supuesto modelo de financiación basado en extorsiones, venta de drogas, hurtos, secuestros y homicidios por encargo.

Los relatos hacen parte de los elementos que sustentan la petición del ente acusador. Su contenido todavía debe ser controvertido por las defensas y valorado por un juez, por lo que no constituye una conclusión judicial sobre el funcionamiento de la organización ni sobre la responsabilidad de los procesados.

Más información sobre Bogotá: Bancos rechazan alza del ICA en Bogotá y Hacienda responde con cifras.

Una presunta cadena de órdenes desde Venezuela

Uno de los testigos identificó a Giovanni San Vicente, conocido como alias el Viejo, como supuesto máximo jefe de la estructura con presencia en Venezuela y Colombia.

De acuerdo con su declaración, el segundo nivel de la organización en Bogotá estaría en manos de Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer, quien presuntamente recibía instrucciones relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos.

La Fiscalía sostiene que Castillo Urbaneja habría impartido desde una cárcel la orden de asesinar a Kevin Santiago Ángel y coordinado las acciones posteriores para ocultar lo ocurrido. El señalado permanece recluido en el establecimiento penitenciario de Doña Juana, en La Dorada, desde octubre de 2025.

La investigación también lo relaciona con hechos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes atribuidos a la estructura desde 2023. Estas vinculaciones corresponden a las hipótesis que investigan las autoridades y deberán definirse en los respectivos procesos judiciales.

Así obtendría dinero la organización

Los testigos describieron varias fuentes de financiación del grupo en Bogotá. Una de ellas sería el cobro de extorsiones a comerciantes ubicados en sectores donde la organización busca ejercer control.

Según las declaraciones de los testigos, aquellos establecimientos que se negaban a pagar podían ser objeto de hurtos o ataques con armas de fuego. La Fiscalía deberá acreditar si estos hechos ocurrieron, cuáles negocios resultaron afectados y quiénes participaron en cada caso.

El dinero también provendría de la venta de estupefacientes, los hurtos, los secuestros y los homicidios por encargo. Uno de los declarantes aseguró que quienes cometían robos debían entregar la mitad de lo obtenido a alias Osmer.

Los responsables de vender drogas, llamados “taquilleros” dentro de la estructura, presuntamente pagaban cuotas mensuales cercanas a un millón de pesos. La cantidad podía variar según el volumen de sustancias comercializado. Los encargados de cometer homicidios también recibirían pagos por cada acción.

Seguimiento y marcación de las víctimas

Los testimonios presentados en la audiencia describen un procedimiento para ubicar a las personas señaladas como objetivos de la organización.

Inicialmente, uno de sus integrantes se encargaría de reconocer o “marcar” a la víctima. Cuando no podían atacarla inmediatamente, otros miembros realizaban seguimientos hasta encontrar un lugar o momento en el que estuviera desprotegida.

La Fiscalía también presentó la grabación obtenida por un agente encubierto. En el audio, una persona identificada por los investigadores como alias Giovanni se atribuiría control territorial y capacidad para ordenar homicidios. La autenticidad, el contexto y el alcance probatorio de esta conversación deberán evaluarse dentro del proceso.

La Fiscalía señala a ocho personas por el crimen

Kevin Santiago Ángel desapareció el 20 de mayo de 2026 después de informar a su familia que se encontraba en un gimnasio del sector Gran Colombiano, en Kennedy. Su cuerpo fue encontrado dos días después dentro de una maleta abandonada en el sector de El Tintal.

La Fiscalía sostiene que el profesor habría sido contactado desde el 9 de mayo por Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra. La mujer presuntamente se ganó su confianza a través de redes sociales y lo condujo hasta una vivienda del barrio Galán, en el suroccidente de Bogotá.

En ese lugar habría sido retenido, torturado y asesinado. Posteriormente, varias personas presuntamente participaron en el traslado y abandono del cuerpo.

Estas son las ocho personas procesadas:

• Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer.
• Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bros.
• Luis Alberto Camejo González, alias Luis o el Panadero.
• Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias Alondra.
• Franyer Eduardo Vásquez Ramos, alias Fer.
• Aristides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos.
• Edwin Betsabe Herrera Martínez, alias Negrito o Looney Tunes.
• Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun.

El ente investigador les imputó, según su presunta participación individual, delitos como homicidio agravado, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Ninguno aceptó los cargos.

Las funciones atribuidas a cada procesado

La Fiscalía identificó a alias Osmer como el supuesto encargado de ordenar el asesinato desde prisión. Otro integrante habría coordinado la ejecución del crimen y la disposición del cuerpo.

Alias Mario Bros presuntamente facilitó el inmueble donde retuvieron al profesor. Alias Luis o el Panadero habría recibido previamente a la mujer que contactó a la víctima.

Los investigadores señalan a alias Negrito, Colmillos y Tun Tun de participar en la retención, las agresiones y el traslado del cuerpo. También sostienen que alias Alondra y Mario Bros utilizaron el teléfono del profesor para realizar una compra mientras lo mantenían retenido.

La Policía y la Fiscalía adelantaron más de 80 actividades investigativas para identificar a los señalados, entre ellas análisis de comunicaciones, inspecciones, entrevistas, seguimientos y procedimientos con apoyo de agencias internacionales, según el balance publicado por el Distrito.

La labor social de Kevin Ángel, posible origen de la retaliación

Kevin Santiago Ángel tenía 31 años y trabajaba como profesor en el colegio Santiago de las Atalayas, ubicado en Bosa. Además de su actividad docente, promovía procesos deportivos y comunitarios con jóvenes de Kennedy.

La hipótesis de la Fiscalía indica que su trabajo buscaba alejar a adolescentes del consumo de drogas y de la vinculación con organizaciones delincuenciales. Esa labor habría afectado los intereses de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes y la extorsión.

La investigación plantea que esta situación habría provocado la orden de asesinarlo. Por ahora, se trata del móvil presentado por el ente acusador y no de una circunstancia establecida mediante sentencia.

La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los ocho procesados. Un juez deberá determinar si los elementos presentados justifican su reclusión preventiva mientras avanza el proceso. Todos mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.

Continúe leyendo: Bancos rechazan alza del ICA en Bogotá y Hacienda responde con cifras.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Una de las compañías que participa en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá busca ahora precalificarse para competir por la segunda. Xi’an Rail Transportation Group integra uno de los tres grupos internacionales que entregaron documentos para participar en el nuevo proceso de selección, reabierto después de que la licitación anterior terminara sin ofertas en enero de 2026.

La presencia de Xi’an no implica que el actual concesionario de la Línea 1 esté concursando como una unidad ni que tenga asegurada su participación en la siguiente fase. La empresa se presentó mediante una asociación diferente y deberá acreditar ante la Empresa Metro de Bogotá sus capacidades jurídicas, financieras y técnicas.

La lista también incluye compañías portuguesas, francesas y españolas con experiencia en sistemas ferroviarios, carreteras y grandes obras de infraestructura. En total, ocho empresas se agruparon en tres asociaciones en participación, consorcio o asociación, conocidas como APCA.

Más información sobre Bogotá: Bancos rechazan alza del ICA en Bogotá y Hacienda responde con cifras.

Los tres grupos interesados en la Línea 2

El plazo para presentar solicitudes de precalificación terminó el lunes 7 de septiembre. Estos fueron los grupos registrados, según la Empresa Metro de Bogotá:

APCA ML2 Bogotá

Está conformada por cuatro compañías:

• Mota-Engil Colombia S.A.S.
• Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.
• Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V.
• Spie Batignolles Génie Civil.

Tres de sus integrantes pertenecen al grupo portugués Mota-Engil, mientras Spie Batignolles tiene origen francés. Mota-Engil participa actualmente en la construcción del Metro de la 80 de Medellín y ha desarrollado en Colombia proyectos de infraestructura educativa y obras como la Estación Elevadora Canoas.

Su filial mexicana ha intervenido en proyectos ferroviarios como el Tren Maya y el Metro de Monterrey. Mota-Engil y Spie Batignolles también han participado conjuntamente en procesos relacionados con el Metro de Lisboa.

APCA Metro Capital L2

El segundo grupo está integrado por:

• Xi’an Metro Colombia S.A.S.
• Xi’an Rail Transportation Group Company Ltd.

Xi’an Rail Transportation Group forma parte de la APCA Transmimetro, asociación que obtuvo en 2019 el contrato de concesión de la Primera Línea junto con China Harbour Engineering Company. Ese contrato comprende los diseños, la construcción, el suministro de trenes, la operación y el mantenimiento del sistema.

La compañía también está vinculada con el sistema ferroviario de Xi’an, en China, cuya red cuenta con 13 líneas y más de 400 kilómetros. Para la Línea 2 de Bogotá se presenta mediante una agrupación conformada únicamente con su filial colombiana.

Por esta razón, resulta impreciso afirmar que todo el “consorcio chino” encargado de la Línea 1 busca quedarse con la segunda. La coincidencia se limita a Xi’an, mientras China Harbour Engineering Company no aparece en la lista divulgada para este proceso.

APCA Bogotá Metro Capital

El tercer interesado está conformado por:

• Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S.
• CAF Investment Projects.

Sacyr ha participado en concesiones viales y proyectos de infraestructura en Colombia desde 2012. Dentro de su portafolio se encuentran obras en el Canal del Dique y la concesión Unión Vial Río Pamplonita, en Norte de Santander.

CAF Investment Projects pertenece al grupo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, especializado en fabricación de trenes, sistemas ferroviarios y soluciones de movilidad. La compañía ha intervenido en proyectos como el Tren Suburbano del Valle de México y la Línea 10 del Metro de Nápoles.

Sacyr y CAF ya habían participado en el primer proceso de la Línea 2 junto con Acciona. La salida de esta última empresa impidió que la asociación presentara una oferta definitiva en enero de 2026. En la convocatoria actual, las dos compañías regresaron sin ese antiguo socio.

Presentar documentos todavía no los convierte en oferentes

Las tres asociaciones se encuentran en la etapa de precalificación. Durante esta fase, la Empresa Metro revisará su experiencia y sus condiciones financieras, jurídicas y técnicas.

Únicamente los grupos que superen esa evaluación podrán recibir la invitación para presentar las propuestas económicas y técnicas. El Distrito espera que esa etapa se cumpla hacia finales de 2026.

La distinción resulta importante porque en el proceso anterior cuatro grupos consiguieron la precalificación, pero ninguno presentó una oferta definitiva. Por ahora, la ciudad vuelve a tener interesados, aunque todavía no cuenta con propuestas económicas para comparar ni con un concesionario seleccionado.

Antes de cerrar la convocatoria, la Empresa Metro y los bancos que respaldan el proyecto realizaron 44 diálogos competitivos con compañías internacionales. En estas reuniones se analizaron las condiciones del contrato, la distribución de riesgos y los requerimientos financieros.

La licitación anterior terminó sin propuestas

El primer proceso para contratar la Línea 2 quedó desierto el 20 de enero de 2026. Aunque inicialmente había cuatro asociaciones precalificadas, dos fueron excluidas en octubre de 2024 por un conflicto de interés advertido durante el trámite.

Otro grupo, integrado por compañías chinas, decidió no presentar una oferta y argumentó riesgos relacionados con las condiciones cambiarias. La asociación conformada por Sacyr, Acciona y CAF quedó como única participante habilitada, pero tampoco entregó una propuesta después de que Acciona se retirara.

El Distrito negó una solicitud para ampliar el plazo y cerró la licitación sin ofertas. Posteriormente, anunció la revisión de la distribución de riesgos y la apertura de una nueva convocatoria internacional.

Un documento del Banco Mundial fechado en julio de 2026 señala que el nuevo proceso incorporó una asignación de riesgos recalibrada y ajustes dirigidos a mejorar la viabilidad financiera del contrato. El organismo proyectaba la recepción de propuestas para noviembre, una vez terminara la precalificación.

¿Cuándo se adjudicaría la Línea 2?

La Empresa Metro proyecta recibir las propuestas técnicas y económicas a finales de 2026. Después deberá evaluarlas y seleccionar al concesionario responsable de diseñar, financiar, construir, suministrar los trenes, operar y mantener la línea.

La comunicación oficial más reciente señala que la firma del contrato y el acta de inicio se realizarían durante el segundo semestre de 2027. Este cronograma difiere de anuncios anteriores que ubicaban la adjudicación en el primer trimestre del mismo año.

Por ahora, la entidad no ha publicado el resultado de la precalificación ni una fecha definitiva para adjudicar el contrato. El cumplimiento del calendario dependerá de la evaluación de los tres grupos, la presentación efectiva de ofertas y las observaciones que puedan surgir durante el proceso.

Así será la Línea 2 del Metro de Bogotá

La segunda línea tendrá una extensión de 15,5 kilómetros y conectará la calle 72, en Chapinero, con Fontanar del Río, en Suba. Su trazado atravesará sectores de Barrios Unidos y Engativá.

El sistema contará con 11 estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada. También tendrá un patio taller y una conexión con la Primera Línea y la red de TransMilenio en el sector de la calle 72.

La operación comenzaría con 25 trenes eléctricos y automatizados, sin conductor. La capacidad máxima proyectada se acerca a 49.000 pasajeros por hora y sentido, mientras la demanda estimada supera los 450.000 viajes diarios para 2042.

El proyecto busca atender principalmente a los habitantes de Suba y Engativá. El Distrito calcula que el corredor beneficiará a una población de más de 2,5 millones de personas residentes en el noroccidente de Bogotá.

El Banco Mundial calcula en US$8.621 millones el costo total de la operación completa, cifra que incluye obras, financiación, material rodante y otros componentes. El contrato principal de la concesión comprende los diseños detallados, la construcción del túnel y las estaciones, los sistemas ferroviarios, los trenes, la operación y el mantenimiento.

La financiación permanece respaldada

El proyecto cuenta con un convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito y con créditos previstos de organismos multilaterales. En este esquema participan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, CAF y el Banco Mundial.

Los documentos de estructuración contemplan aportes públicos distribuidos mediante vigencias futuras durante 24 años. El modelo también espera movilizar alrededor de US$700 millones de capital privado a través del futuro concesionario.

El nuevo proceso tendrá que demostrar si los cambios contractuales fueron suficientes para conseguir ofertas en firme. La aparición de tres grupos evita por ahora el escenario de una convocatoria sin interesados, pero la prueba decisiva llegará cuando los precalificados deban comprometer recursos y presentar sus propuestas económicas.

Le puede interesar: Las cuentas pendientes del BD Bacatá y el pleito que busca recuperar el dinero de sus socios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

La propuesta de aumentar en 50 % la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras abrió un nuevo frente en la discusión de la reforma tributaria de Bogotá. Asobancaria y Colombia Fintech solicitaron mantener el gravamen en 14 por mil y advirtieron que llevarlo a 21 por mil podría encarecer los créditos, desplazar operaciones hacia otros municipios y reducir la competitividad de la capital.

La Secretaría Distrital de Hacienda respondió este martes 8 de septiembre que el sector tiene capacidad para asumir el ajuste y que, aun con el incremento, su tributación efectiva permanecería por debajo del promedio de las demás actividades económicas de Bogotá.

El cambio forma parte del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, con el cual la administración de Carlos Fernando Galán busca recaudar alrededor de $1,26 billones anuales. La iniciativa todavía se encuentra en discusión en el Concejo, por lo que las nuevas tarifas no están vigentes.

Más información sobre Bogotá: Juez envía a prisión a hombre señalado de atacar a su expareja en la Terminal Salitre.

El ICA para el sector financiero subiría de 14 a 21 por mil

La reforma tributaria propone aumentar de 14 a 21 por mil la tarifa nominal del ICA para las actividades financieras. Esto representa un incremento del 50 % sobre la tarifa actual.

Asobancaria y Colombia Fintech pidieron retirar ese artículo. Los gremios sostienen que la mayor carga tributaria podría trasladarse a los costos de originación de los créditos y otros productos financieros, con efectos para hogares, empresas y emprendedores.

También advirtieron que bancos y empresas tecnológicas podrían dirigir nuevas inversiones u operaciones hacia municipios con menores cargas fiscales. De acuerdo con los gremios, ese movimiento podría afectar el empleo, la actividad económica y la base tributaria de Bogotá en el mediano plazo.

Estas consecuencias constituyen proyecciones del sector financiero. Los gremios no divulgaron junto con sus declaraciones un cálculo sobre cuánto podrían aumentar las tasas de interés ni cuántas operaciones eventualmente saldrían de Bogotá.

Hacienda afirma que el sector paga por debajo del promedio

La Secretaría de Hacienda aseguró que las actividades financieras presentan actualmente una tarifa efectiva de ICA del 6,6 %, frente a un promedio del 9,9 % para el conjunto de actividades económicas de Bogotá.

La entidad agregó que, al considerar conjuntamente el ICA y el impuesto de renta, el sector financiero conserva una de las tarifas efectivas más bajas de la economía. Sin embargo, el comunicado no expone la base de datos, el periodo analizado ni la metodología con la que calculó esos porcentajes.

También debe distinguirse entre la tarifa nominal que aparece en el proyecto y la tarifa efectiva presentada por Hacienda. La primera pasaría de 14 a 21 por mil sobre la base gravable correspondiente. La segunda busca medir cuánto representa finalmente el impuesto dentro de los ingresos o resultados considerados por la entidad.

El Distrito recordó, además, que el ICA efectivamente pagado puede deducirse en un 100 % al determinar la renta líquida gravable del impuesto nacional de renta, de acuerdo con el artículo 115 del Estatuto Tributario.

Bogotá compara su propuesta

Para defender el incremento, Hacienda comparó la tarifa propuesta en Bogotá con la aplicada en otras capitales. Barranquilla y Tunja tienen tarifas de 30 por mil para el sector financiero, mientras que Cali aplica una de 25 por mil.

Bogotá llegaría a 21 por mil si el Concejo aprueba el proyecto. La Administración sostiene que en las tres ciudades utilizadas como referencia no se ha registrado una disminución del recaudo con el paso del tiempo y espera que la capital mantenga un comportamiento similar.

El comunicado no incluye las series históricas de recaudo de Barranquilla, Tunja y Cali, ni compara otras variables que pueden influir en los resultados, como el tamaño de las economías locales, la cantidad de entidades domiciliadas o las diferencias en sus bases gravables.

Hacienda respondió sobre los créditos

Frente a la advertencia de un posible encarecimiento de los préstamos, Hacienda aseguró que consultó directamente a entidades bancarias sobre las condiciones de un crédito hipotecario.

Según el comunicado, una entidad le informó que “las condiciones son iguales independientemente de la ciudad” y que dependen del comportamiento crediticio del cliente. El Distrito utilizó esa respuesta para señalar que las condiciones ofrecidas a una persona no se determinan por su lugar de residencia.

La Secretaría no identificó al banco consultado, las características del crédito cotizado, el monto, el plazo, la tasa ofrecida ni la fecha del ejercicio. Tampoco presentó un estudio sobre la eventual reacción del mercado después de que entre en vigor un incremento tributario.

Por consiguiente, el ejercicio muestra que una entidad ofrece actualmente condiciones similares a un solicitante ubicado en distintas ciudades. El alcance de esa consulta es diferente al de la advertencia gremial, que plantea un posible aumento general de los costos de los productos financieros después de la modificación del ICA.

¿Pueden los bancos trasladar sus operaciones?

Hacienda afirmó que el lugar donde deben pagar el ICA las actividades financieras se encuentra determinado por criterios legales de territorialidad. Según la entidad, la obligación no depende de una decisión discrecional del contribuyente o del municipio.

La Administración advirtió que podrá iniciar procesos de fiscalización cuando identifique actuaciones contrarias a esas reglas. Este argumento responde a la posibilidad de trasladar contablemente ingresos para tributar en otra jurisdicción.

La inquietud de los gremios también abarca decisiones empresariales futuras, como la ubicación de nuevas operaciones, empleos e inversiones. El comunicado de Hacienda no presenta una estimación sobre ese posible efecto, mientras que Asobancaria y Colombia Fintech tampoco han divulgado una proyección cuantificada.

Colombia Fintech también cuestionó las retenciones sobre Bre-B

La controversia incluye otro componente relacionado con los pagos digitales. Colombia Fintech había solicitado modificar el artículo 25 del proyecto al considerar que extendía las retenciones de ICA a operaciones realizadas mediante Bre-B.

El gremio sostuvo que la retención podría desincentivar el uso de pagos digitales, especialmente entre pequeños comercios, y favorecer el regreso al efectivo. También destacó que Bre-B corresponde a una infraestructura pública de pagos inmediatos y no a un producto de una empresa particular.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, indicó que el sistema superaba los 110 millones de llaves registradas, tenía más de 35 millones de usuarios y vinculaba a 3,5 millones de comercios. Según el dirigente, el valor promedio de las transacciones rondaba los $150.000 y el 40 % de los pagos se ubicaba entre $10.000 y $50.000.

¿Qué ocurrirá con Bre-B?

Hacienda respondió que el proyecto propone eliminar la retención sobre los pagos con tarjetas de crédito y débito recibidos por pequeños comercios cuyos ingresos sean inferiores a 1.933 UVT, equivalentes aproximadamente a $100 millones.

Este apartado busca favorecer la formalización y el uso de medios electrónicos. Sin embargo, el comunicado menciona específicamente las tarjetas y no aclara de forma expresa si la exclusión también comprende las transferencias procesadas mediante Bre-B.

Por esa razón, la respuesta difundida el 8 de septiembre no permite determinar por sí sola si la observación de Colombia Fintech sobre el artículo 25 quedó completamente resuelta. Esa precisión dependerá del texto definitivo que apruebe el Concejo.

El aumento todavía depende del Concejo de Bogotá

El ajuste al ICA financiero forma parte de una reforma más amplia que también contempla una sobretasa al predial para financiar alumbrado público inteligente, alivios para contribuyentes morosos, modificaciones en las tarifas de otras actividades e incentivos para nuevas inversiones.

Durante la presentación de la ponencia, Hacienda informó que 275 actividades económicas bajarían su tarifa de ICA y 169 la aumentarían. El sector financiero se encuentra dentro del segundo grupo.

Los concejales todavía pueden eliminar, modificar o aprobar el aumento de 14 a 21 por mil. Mientras el proyecto no supere los debates correspondientes y reciba la sanción del alcalde, las entidades financieras continuarán sujetas a la tarifa vigente.

Le puede interesar: Las cuentas pendientes del BD Bacatá y el pleito que busca recuperar el dinero de sus socios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

El Bacatá, aquella mole de concreto blanco y yerto, que se convirtió en uno de los edificios más altos del país (216 metros de alto), cabe en dos miradas. En una están las imágenes de su reactivación, que ocupa el horizonte del centro de Bogotá y promete renovación y vivienda. En la menos afable aparecen las cuentas de quienes pusieron sus ahorros en una rentabilidad comercial que, más de una década después, aún está en discusión.

La historia comenzó en 2008 con la creación de BD Promotores Colombia y tomó forma el 24 de diciembre de 2010 cuando se constituyeron los fideicomisos del lote y del área comercial. Las obras del Bacatá arrancaron en 2011 y las torres alcanzaron su altura definitiva en 2015. Los problemas financieros del promotor frenaron la construcción en 2018 y dejaron inconclusa la torre sur. En 2021, la Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar la empresa y, desde 2023, la fiduciaria buscó una salida que terminó vinculando a TotalCo, que se encargará de terminar las obras. Lo que inicialmente iba a ser un hotel, ahora serán apartamentos.

El proyecto Bacatá, que contaba con dos torres, ofertó en principio cuatro componentes: apartamentos y oficinas en la torre norte, y un hotel, un centro comercial y parqueaderos en la torre sur. Miles de personas financiaron las obras mediante la compra de derechos fiduciarios o los llamados Fidis, que prometían parte de las ganancias futuras cuando el proyecto estuviera en operación. BD Promotores se encargaría de construir y Acción Fiduciaria de administrar los recursos y activos, de acuerdo con los contratos.

De esa división surgió el pleito. María Elmerín Castellanos, en mayo de 2013, le apostó al centro comercial de Bacatá, al adquirir Fidis por COP 495 millones. A pesar de que los locales comerciales llevan operando casi 10 años, ella no ha visto ni un peso de las ganancias que iba a obtener por su inversión. Esto la llevó a radicar una demanda contra la fiduciaria por fallas en la administración de los recursos, al hacer giros al promotor sin validar el avance real de las obras. A comienzos de septiembre, la oficina de la Superfinanciera, que actúa como juez en este caso, anunció sentido de fallo a favor de la inversionista, ordenando el reintegro de su dinero. Acción Fiduciaria advierte que la decisión es de primera instancia y admite recursos. Es decir, no está en firme.

Más información sobre Bogotá: TransMilenio pone 6.200 hectáreas de Bogotá en el radar de su apuesta inmobiliaria.

El dinero bajo la lupa

Jhon Morales, director de Dumed Abogados & Consultores y representante de Castellanos, concentró su litigio en la forma como se administró el dinero de los inversionistas. Según una rendición de cuentas que hizo la fiduciaria en 2025, citada por el abogado, en total se vendieron 1.598 de los 1.700 derechos fiduciarios para la construcción del centro comercial, equivalentes al 94 %. Si bien, no se vendieron todos los Fidis, el gran porcentaje sería suficiente para que la constructora terminara la obra.

Los documentos de la demanda indican que el costo total de la torre sur del proyecto Bacatá (hotel, centro comercial y parqueaderos) ascendía a COP 234.000 millones, y a pesar de que BD Promotores solo contaba con un patrimonio de COP 3.150 millones, la Fiducia nunca le exigió contar con un crédito para respaldar una construcción de tal envergadura. Es más, según el abogado, nunca verificó la capacidad del promotor y solo vino a exigirle estados financieros en 2012, dos años después de la firma de los contratos. Morales pregunta: ¿Con qué información verificó la fiduciaria la capacidad del promotor en 2010?

La demandante identificó, además, giros a cargo de los recursos de los inversionistas, sin soportes. Uno de ellos, por COP 4.900 millones que, según su lectura, no cumplían los requisitos, con lo que Acción Fiduciaria habría incumplido con su mandato de velar por el buen uso de los dineros de los socios de la obra, como lo señala la decisión de primera instancia. “Lo único que estábamos pidiendo era que se administraran los recursos conforme a los contratos”, resume Morales.

Las utilidades bajo discusión

El manejo de los dineros no es el único argumento de la demanda. El cuestionamiento también apunta a la operación del centro comercial del Bacatá, de donde saldrían las ganancias de la inversión. El abogado Morales resalta que Acción Fiduciaria comenzó a recaudar arriendos por los locales antes de que la construcción terminara, violando una cláusula del contrato, que exigía que esta fase solo podía comenzar una vez terminada la obra. A pesar de esto, sostiene que la entidad no demostró rendimientos para su clienta y que los ingresos se destinan a operación, pagos al operador y comisiones. Los documentos revisados no permiten separar cada gasto.

Otra de las críticas apunta a que la fiduciaria le entregó la operación del centro comercial de Bacatá a la firma San Martín, sin dar a los inversionistas suficientes detalles sobre los costos y controles. La consecuencia de contar con un operador, en apariencia costoso, se ve reflejada en las pocas ganancias que algunos de los inversionistas han recibido.

Una mujer, por ejemplo, que invirtió en 2011 cerca de COP 76 millones (indexados hoy equivaldría a COP 163 millones), compartió un certificado de Acción Fiduciaria en el que le pagaron solo COP 270 mil como excedentes de arriendos de la Fase Comercial I del Bacatá en 2025, del Bcatá, lo que equivaldría a 0,15% de su inversión por todo un año. Si ella hubiera invertido ese dinero en acciones, por ejemplo, de Ecopetrol, le hubiera alcanzado para adquirir 19.000 títulos, que entre 2017 y 2025 le hubieran generado casi COP 43 millones en dividendos.

Por su parte, William Pardo Uribe aseguró que ese mismo año la Fase Comercial III de Bacatá le generó apenas dividendos por COP 75.404; Sandra Maritza Díaz Quiroga afirmó que recibió un informe de pago, pero no la consignación; Luisa Fernanda Hernández relató algo similar sobre su esposo y aseguró que, incluso, le practicaron una retención. Sus testimonios deben contrastarse con certificados y extractos.

Acción Fiduciaria, por su parte, afirma que el centro comercial del Bacatá funciona con establecimientos como Carulla y SmartFit y genera una “distribución periódica de utilidades”. El comunicado no precisa montos acumulados, períodos ni número de beneficiarios. Agrega que cumplió los contratos, mantuvo separados los patrimonios, rindió cuentas y protegió los bienes de cada fideicomiso frente a las deudas del promotor. También cita procesos que la han exonerado, aunque su comunicado no responde a los reparos sobre los giros y el operador.

El caso que puede multiplicar las demandas

Los abogados de Castellanos actualizaron los COP 495 millones que invirtió su cliente en 2013 a cerca de COP 997 millones para agosto de 2026. La cifra corresponde a un cálculo de la demandante y carece de carácter definitivo. Al cierre de esta edición no se conocía la sentencia escrita, necesaria para conocer las órdenes definitivas, los argumentos y los eventuales recursos que tendría la fiduciaria para apelar la decisión.

Pero sí el sentido de fallo, que ya elevó las expectativas. Morales asegura que a su oficina llegaron otros 40 clientes que quieren demandar, basados en el fallo a favor de Castellanos. No obstante, vale aclarar, que cada caso es particular y será un juez quien determine el curso del mismo. Este antecedente, incluso, generó que otros abogados como Mauricio Cabezas estén ofreciendo sus servicios profesionales para impulsar litigios contra Acción Fiduciaria e intentar recuperar la inversión. Si prospera, crecería el costo para Acción Fiduciaria.

Mientras los que invirtieron en el Centro Comercial del Bacatá tendrán que seguir luchando por sus ahorros ante instancias judiciales, quienes lo hicieron en el hotel ven cómo la torre sur avanza en la construcción de 577 apartamentos con una inversión cercana a COP 100.000 millones. En resumen, el edificio se vuelve a mover, no solo en la parte física, sino también ante la justicia.

Le puede interesar: San Juan de Dios: las reglas y dudas que cambiaron el contrato por $292.000 millones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Las obras del Corredor Carrera Séptima entran en una nueva etapa. Desde este martes 8 de septiembre comenzarán los cambios de movilidad alrededor de la calle 100 y a partir del domingo 13 se iniciará el desmonte del actual puente vehicular de la carrera Séptima, construido en los años 60.

La estructura será reemplazada por un puente más largo y ancho, que pasará de dos a cuatro carriles y permitirá conectar la troncal de Transmilenio de la avenida 68 con el futuro Corredor Carrera Séptima.

Mientras avanzan las obras, conductores y usuarios del transporte público deberán acostumbrarse a una serie de cierres y desvíos que modificarán los recorridos habituales por este punto del norte de Bogotá.

Los primeros cambios comienzan este 8 de septiembre

Uno de los ajustes más importantes estará en la carrera 11, entre las calles 94 y 100. De manera temporal, el carril oriental de la calzada cambiará de sentido: dejará de operar norte-sur y funcionará sur-norte. La ciclorruta de la carrera 11 seguirá operando normalmente.

Además, quienes circulen por la carrera Séptima hacia el sur podrán desviarse por la calle 102, tomar la carrera Octava A y posteriormente conectar con la calle 100 hacia el occidente.

Lea más: Reforma tributaria de Galán enfrenta solicitud de archivo por presuntas irregularidades

El 13 de septiembre comienza el desmonte

El cambio más fuerte llegará el domingo. Desde ese día quedarán cerrados la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A y los giros del actual puente. Sobre la carrera Séptima se mantendrán dos carriles por sentido durante el día. En la noche, mientras se ejecutan los trabajos de desmonte, la movilidad se reducirá a un carril por sentido.

“Sabemos que durante la obra tendremos afectaciones, pero estamos trabajando para que las personas puedan seguir moviéndose de manera segura y con alternativas claras”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Los conductores podrán utilizar corredores como las calles 94, 102, 106, 116 y 127, así como las carreras Novena, 11 y 15, dependiendo del origen y destino de sus recorridos.

Para garantizar el ingreso a los predios ubicados en la zona, la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre las carreras Séptima y Octava A, funcionará temporalmente en doble sentido.

Lea más: Cae en Soacha presunto agresor sexual serial: una niña de siete años fue rescatada

Cambiarán 25 rutas de TransMiZonal

El transporte público también tendrá modificaciones. Transmilenio anunció desvíos en 25 rutas de TransMiZonal y una ruta dual, además del traslado o unificación de cinco paraderos.

Los puntos de parada no desaparecerán, pero algunos cambiarán unos metros mientras avanzan las obras. La recomendación para los usuarios es consultar previamente sus recorridos y paraderos en TransMiApp.

El puente actual tiene 205 metros de longitud y 10,5 metros de ancho. La nueva estructura llegará a 461 metros de largo y 16,2 metros de ancho.

También duplicará su capacidad: tendrá dos carriles por sentido, frente al único carril que funciona actualmente en cada dirección.

El proyecto incluirá además pasos deprimidos para vehículos particulares en los movimientos norte-sur, norte-occidente y occidente-sur, así como la conexión entre Transmilenio por la avenida 68 y el Corredor Carrera Séptima.

“Este puente, que es de los años 60, va a pasar de dos a cuatro carriles”, explicó Orlando Molano, director del IDU. La nueva estructura estaría terminada a finales de 2027.

Dos meses para desmontar el puente

El Distrito calcula que retirar la estructura actual tomará aproximadamente dos meses. Para hacerlo se utilizará hilo diamantado, un cable con partículas de diamante industrial capaz de cortar concreto y acero con menos vibraciones que otros métodos de demolición.

Los trabajos generarán más de 1.300 toneladas de residuos de construcción y demolición, y el IDU proyecta reutilizar alrededor del 80 % dentro de la misma obra.

Una tuneladora acelera otro frente de la Séptima

En paralelo, comenzó a funcionar una tuneladora que permitirá instalar 1,1 kilómetros de tubería de la red matriz de acueducto sin necesidad de abrir una gran zanja sobre el corredor.

La tecnología, conocida como pipe jacking, permitirá reducir el tiempo previsto para esta intervención de 24 a cerca de 10 meses, según el IDU.

La máquina mide siete metros, pesa aproximadamente 14 toneladas y trabajará bajo tierra entre 11 pozos construidos a profundidades cercanas a los 6,5 metros.

Con el inicio del desmonte, la calle 100 entra así en uno de los momentos más visibles de la transformación de la carrera Séptima: el viejo puente comenzará a desaparecer mientras conductores y usuarios del transporte público afrontan varios meses de cambios en sus recorridos.

Lea más: Cae en Soacha presunto agresor sexual serial: una niña de siete años fue rescatada

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Un hombre señalado de atacar con un elemento cortopunzante a su expareja sentimental en la Terminal de Transporte Salitre, en Fontibón, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra por tentativa de feminicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando Antony Gabriel Vilera Delgadillo presuntamente se acercó a la mujer en el módulo 4 de la terminal e intentó quitarle el celular para verificar con quién se estaba comunicando.

De acuerdo con la Fiscalía, en medio de la situación el hombre habría sacado de su maleta un elemento cortopunzante y atacado en varias oportunidades a la víctima, causándole diversas lesiones.

Lea más: Desmontan el puente de la calle 100: así cambiará la movilidad en la Séptima

Reportes preliminares conocidos sobre el caso indican que una de las heridas comprometió uno de sus ojos. La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y se recupera de las lesiones.

Cámaras registraron parte de la agresión

Parte de lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Terminal Salitre.

Tras el ataque, varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron y lograron reducir y retener al señalado agresor mientras llegaban las autoridades.

Las imágenes hacen parte de los elementos que permitirán reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La investigación también puso la lupa sobre lo ocurrido antes de la agresión.Según la Fiscalía, la relación sentimental entre la mujer y Vilera Delgadillo duró aproximadamente tres meses y terminó en marzo de 2026. Durante ese periodo se habrían presentado comportamientos relacionados con celos.

Después de la ruptura, el hombre presuntamente continuó buscándola, siguiéndola y amenazándola de muerte.

Para el ente investigador, esos antecedentes, sumados a la forma en que ocurrió el ataque, serían relevantes para establecer que la intención del procesado habría sido acabar con la vida de la mujer.

“Ha recibido amenazas de muerte, las materializó (…) ha habido actos idóneos y actos preparativos que apuntan a indicar que la intención era matar a esa persona”, se señaló durante la diligencia judicial.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Antony Gabriel Vilera Delgadillo el delito de feminicidio en grado de tentativa.El procesado no aceptó el cargo.Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Lea más: Cámaras también vigilan a quienes ensucian las calles. La multa es de casi COP 1 millón

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Ensuciar el espacio público en Bogotá puede salir caro y las cámaras de seguridad de la ciudad también están entrando en juego para detectar comportamientos que afectan la convivencia. Arrojar basura o escombros, abandonar muebles, realizar necesidades fisiológicas en la calle o lavar vehículos en lugares no autorizados puede generar multas cercanas al millón de pesos.

Para 2026, varias de estas conductas están sancionadas con una multa general tipo 4 de $933.816, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Pero la vigilancia no depende únicamente de que una patrulla encuentre a la persona en el momento de la infracción. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) cuenta con herramientas que permiten revisar y analizar grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar, entre otros, casos relacionados con el manejo inadecuado de basuras y otras situaciones de convivencia. 

Lea más: Cae en Soacha presunto agresor sexual serial: una niña de siete años fue rescatada

Las cámaras ya han permitido identificar infractores

El uso de la videovigilancia para este tipo de casos no es solo una posibilidad. En marzo de este año, las cámaras del C4 registraron a dos hombres cuando intentaban abandonar una base de cama durante la noche en el barrio San Blas, en San Cristóbal.

A partir de las imágenes, los operadores alertaron a las autoridades y posteriormente una patrulla de Policía y gestores de la Secretaría de Seguridad ubicaron a uno de los involucrados. El caso terminó con la imposición de un comparendo por $933.816. 

Esto no significa que una cámara imponga automáticamente una multa: las grabaciones sirven como herramienta para detectar o verificar lo ocurrido y apoyar la actuación de las autoridades.

¿Qué conductas pueden costar $933.816?

El Código de Seguridad y Convivencia contempla varias acciones que pueden terminar en una multa tipo 4.

Lavar carros u otros bienes en el espacio público está prohibido por el artículo 100, numeral 5. La sanción para 2026 alcanza los $933.816.

El mismo valor aplica para quien arroje basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en calles y otros espacios públicos, conducta contemplada en el artículo 111, numeral 8.

También puede recibir una multa tipo 4 quien realice necesidades fisiológicas en el espacio público, además de la medida pedagógica correspondiente.

Por su parte, contratar o utilizar vehículos no adecuados para transportar escombros puede generar una multa tipo 3 de $466.908.

¿Qué hacer con colchones, muebles y escombros?

La recomendación del Distrito es no dejar estos elementos en andenes, separadores o esquinas. Para residuos voluminosos existen alternativas de recolección y puntos autorizados.

En el caso de las basuras domiciliarias, deben sacarse únicamente durante los días y horarios establecidos para cada sector. Para muebles, colchones o escombros se debe solicitar la recolección mediante los canales habilitados por los operadores.

Y si se trata de lavar un vehículo, la recomendación es hacerlo en establecimientos o espacios autorizados y adecuados para esa actividad.

La apuesta de las autoridades es que las cámaras que diariamente vigilan hechos de seguridad también puedan aportar evidencia frente a comportamientos que deterioran el espacio público. En Bogotá, dejar basura en una esquina o convertir la calle en lavadero puede terminar no solo registrado en video, sino también en un comparendo de casi un millón de pesos.

Lea más: Desmontan el puente de la calle 100: así cambiará la movilidad en la Séptima

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad. 

Los buses de TransMiZonal retoman su recorrido habitual sobre el corredor y cancelan los desvíos.

Autoridades de tránsito reportan un bloqueo en la avenida Circunvalar con calle 15, en sentido norte-sur, debido a una manifestación que ocupa la calzada.

Unidades de Tránsito se desplazan al punto para gestionar la movilidad. Como ruta alterna, las autoridades recomiendan tomar la avenida NQS.

Pico y placa para hoy Para este 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m.. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en .5 y 6.

Transmilenio informó que, con corte a las 4:31 a. m. de este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio. Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para conocer cualquier cambio durante la jornada.

.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) terminó con la captura en Soacha, Cundinamarca, de alias ‘Alex’, señalado como presunto agresor sexual serial y buscado por delitos contra menores de edad.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del municipio. En el lugar, las autoridades también encontraron a una niña de siete años, hijastra del detenido, quien quedó bajo protección institucional para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con la Policía, la orden judicial contra el hombre estaba relacionada con los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal violento.

Más de 2.000 archivos bajo investigación

El caso tomó una dimensión internacional después del cruce de información entre las autoridades colombianas y HSI.

Según la investigación, alias ‘Alex’ estaría vinculado con 53 alertas globales asociadas a la transmisión de más de 2.000 archivos de fotografía y video con material de abuso sexual contra menores de entre tres y siete años.

Las autoridades sostienen, además, que el detenido no se habría limitado a almacenar o distribuir este contenido. Al menos 30 piezas audiovisuales habrían sido producidas directamente por él y tendrían como víctima a su hijastra de siete años, según el material recopilado durante la investigación.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron un computador portátil y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a análisis forense para establecer si fueron utilizados para producir, almacenar o distribuir este material.

Lea más: Ofrecen 1.452 empleos en Bogotá para jóvenes, profesionales y mayores de 50

Se habría ocultado utilizando otra identidad

La Policía señaló que el hombre se movilizaba entre Bogotá y Soacha utilizando presuntamente la identidad de otra persona para evitar ser detectado por las autoridades.

“Según las investigaciones, alias ‘Alex’ circulaba por las calles de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

La entidad agregó que en 2024 el capturado habría solicitado ante la Registraduría Nacional el cambio de sus nombres, trámite que no fue aprobado.

Además, de acuerdo con las autoridades, el hombre ya tenía una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento y registraba otras dos órdenes de captura por acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Juez lo envió a prisión

Luego de la captura, alias ‘Alex’ fue presentado ante un juez de control de garantías, que declaró legales tanto el procedimiento como el allanamiento y la incautación de los equipos electrónicos.

La Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

El juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Lea más: La nueva era de la operación de los dos cables aéreos de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

La Secretaría de Educación expidió este lunes la Resolución 1037 de 2026 que fija las reglas y excepciones sobre el uso de teléfonos y demás dispositivos de pantalla en los colegios públicos y privados de Bogotá. La decisión es clara: ningún estudiante podrá usarlo con fines distintos al educativo y cada institución tendrá la discrecionalidad de determinar si permite su porte o, por el contrario, quedarán bajo custodia durante el descanso y hasta el final de la jornada.

De esta manera, el uso del teléfono móvil, así como el de otras pantallas como tablets, computadores y televisores, se podrá usar sin límite de tiempo, pero con supervisión del docente, desde octavo grado, insistiendo únicamente “para el desarrollo de una actividad o proyecto académico que así lo requiera”. Mientras tanto, para ciclo 1 y prejardín, la Secretaría de Educación definió que los niños y niñas no tendrán acceso a ningún tipo de pantalla; en los grados jardín y transición será de máximo 30 minutos diarios; 1 hora en primaria; y 2 horas en 6.º y 7.º.

Lea más: Apagón de celulares en colegios: lo que se debe fortalecer más allá de la prohibición

Las excepciones incluyen situaciones necesarias como el monitoreo de salud del estudiante, en casos de emergencia o que requiera ajustes y/o apoyos para garantizar su permanencia, participación y aprendizaje, por ejemplo, en alumnos con alguna discapacidad visual o auditiva.

Más allá de la restricción, la resolución indica que habrá formación a docentes en alfabetización digital crítica; el acompañamiento de la Oficina para la Convivencia Escolar; sensibilización a los padres, recomendándoles optar por poner “límites razonables”, y habrá, luego de un año, un balance de la restricción.

El Espectador habló con la secretaria de Educación, Julia Rubiano, para resolver algunas inquietudes sobre el funcionamiento de la normativa y cómo ir más allá de una prohibición en el uso de pantallas.

¿Qué cambios hubo en el borrador y la resolución final? ¿Incorporaron algunos de los 29 comentarios que hizo la ciudadanía y colegios?

Uno de los cambios que hicimos fue limitar únicamente al porte y uso de los teléfonos (se eliminó la restricción de ingreso) porque una de las demandas de los padres es que, ante una emergencia, se pudieran comunicar con sus hijos o los mismos estudiantes, al salir del colegio, necesitaran comunicarse. Precisamos también el tema de inspección y vigilancia, sobre cómo vamos a verificar que el manual de convivencia haya sido actualizado y, si no, habrá planes de mejoramiento a los que se puede comprometer un colegio. También había dudas sobre si habría sanciones y dijimos que se tendría que revisar el manual de convivencia.

¿Y cómo se configurarían esas sanciones al estudiante que infrinja la norma?

Los manuales de convivencia establecerán cuáles serán las sanciones, pero se dice que sean proporcionales y pedagógicas. No debe ser una sanción de tipo perder el año escolar. Por ejemplo, primero se podría hacer un llamado de atención; si es reiterativo, se puede decomisar el teléfono. En algunos colegios los entregan a las horas, otros en unos días. Y se socializa con el padre de familia. Ese tipo de medidas son las que se pueden tomar.

En la Resolución se invita también a que, durante estos 6 meses de actualizar los manuales de convivencia, se puedan implementar estrategias de desuso. Explicar por qué esta medida y empezar a hacer acuerdos.

Pero, ¿cómo no dejar estas sanciones a la mera interpretación y sí bajo una directriz específica de cómo deberían ser las sanciones pedagógicas?

Seguiremos con espacios de conversación para conocer ejemplos de esto. Hay foros educativos locales ocurriendo en este momento. Vamos a seguir haciendo mucha pedagogía de cómo hacer esto, pero en cualquier caso, cuando un colegio levante la mano o una familia, en caso de que no se esté llevando el debido proceso o consideremos que es desproporcionado, tenemos un equipo de nuestra oficina de convivencia escolar que podrá atenderlos.

Pero principalmente creo que es un ejercicio de pedagogía y de trabajar con los rectores para que las medidas guarden esa proporcionalidad y énfasis pedagógico.

¿Qué cambios esperan en los estudiantes en cuanto a aprendizaje y convivencia escolar?

De evaluaciones que ya se han hecho, no necesariamente hay resultados en aprendizajes altos, porque de todas formas necesita otras condiciones. Pero seguramente, sin duda, vamos a ver una mayor atención, un recurso fundamental para aprender. En el tema relacional, cambios en otro tipo de juegos, más actividad física, más relacionamiento. Si bajamos esa adicción, se va a ver reflejado también en otros campos de la vida.

¿Cómo esta normativa se va a aterrizar en los colegios rurales? Según la Consejería Distrital de TIC, en 2025 el 30% de los niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, no cuentan con herramientas tecnológicas para estudiar.

El teléfono se va a poder usar después de los 14 años, siempre que tenga propósitos pedagógicos. Nosotros no peleamos con la tecnología; mal lo haríamos. Se trata más bien de encontrarle propósito, límite y sentido.

En casos hipotéticos, donde el colegio A permita mantener el celular en clase, pero en el colegio B, lo guarden en lockers, ¿cómo se va a controlar que sí se utilice con fines pedagógicos? ¿O al momento de necesitar una consulta, se le prestará un celular?

El Wi-Fi de los colegios tiene distintos controles y límites para no entrar a redes sociales, por ejemplo. Tienen esas protecciones de entrada. La resolución también habla de que son los consejos directivos los que van a organizar cómo se distribuyen estos usos. Por ejemplo, que en una clase de química se utilicen los computadores o que les permitan que lo lleven para la clase de programación. Insisto, no se trata de pelearle a la tecnología, sino darle sentido atado a la vida escolar.

Expertos consultados por este diario coincidieron en que la medida debe ir más allá de la prohibición y ven vacíos en la norma en cuanto a un currículo explícito de competencias digitales. ¿Cómo se va a aprovechar ese tiempo libre en clases y los descansos que ya no se destinarán al uso de pantallas?

Aquí se ponen unos límites, que no son suficientes, pero nos ponen un piso para empezar a trabajar. Sobre el currículo de competencias digitales, la podemos compartir. Estamos entregando guías pedagógicas.

Ahora, tenemos que confiar un poco en lo que es el relacionamiento humano. No necesariamente nos toca ahora entonces decir qué vamos a hacer con ese tiempo. Al principio sí hay aburrimiento; para los más grandecitos es ‘¿dónde está mi autonomía?’, pero ese malestar inicial se transita y lo que termina pasando es que se recuperan otros juegos, se recuperan otros deportes, se recupera la posibilidad de conversar, hasta de aburrirse. Una estudiante me decía: “¿Y qué voy a hacer ahora si estoy en el descanso?”. Bueno, ¿qué tal quedarte un ratico en silencio? Manejar la frustración. No se necesita un currículo adicional o una línea adicional de qué hacer con el tiempo.

¿Qué se hará para que no toda la responsabilidad recaiga sobre el estudiante?

Aquí queda puesta una discusión más grande y es cómo vamos a transformar las redes sociales y los componentes de adicción que están generando.Porque claro, de alguna forma aquí estamos poniendo la responsabilidad en los estudiantes, pero al final las redes son las que tienen los diseños adictivos. Para eso se necesitan cambios legislativos más grandes, más allá de una decisión de una entidad territorial.

Nota: Esta medida deberá empezar a regir en todas las instituciones educativas desde marzo de 2027, plazo que fijó la entidad distrital para que cada colegio implemente y garantice el cumplimiento de estas reglas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

La Agencia Distrital de Empleo abrió una convocatoria con 1.452 vacantes disponibles en Bogotá, cuya postulación permanecerá habilitada hasta el sábado 12 de septiembre de 2026. La oferta incluye 591 puestos que no exigen experiencia y 388 dirigidos a profesionales, además de oportunidades para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Los empleos corresponden a sectores como salud, construcción, comercio, logística, restaurantes, seguridad, mantenimiento y servicios funerarios. Las personas interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo y aplicar directamente a los cargos compatibles con su formación y trayectoria.

La convocatoria forma parte de la estrategia Talento Capital, desarrollada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

Le puede interesar: La nueva era de la operación de los dos cables aéreos de Bogotá.

La mayoría de las vacantes está dirigida a jóvenes

De las 1.452 oportunidades anunciadas, 1.239 están dirigidas a personas entre los 18 y 28 años. Otras 203 corresponden a mayores de 50 años y 10 están destinadas a personas con discapacidad, según el balance publicado por el Portal Bogotá.

Esta distribución suma el total de puestos ofrecidos. En cambio, las 388 vacantes profesionales y las 591 que no requieren experiencia corresponden a características educativas o laborales de esos mismos cargos, por lo que no deben sumarse como oportunidades adicionales.

La mayor demanda se concentra en personas con educación media, bachillerato y formación universitaria. La convocatoria también contempla empleos que no establecen un nivel educativo específico.

La publicación oficial no presenta una tabla consolidada con los salarios, la cantidad de plazas por cargo ni la experiencia requerida en cada oferta. Estos datos deben revisarse individualmente al ingresar a la plataforma de postulación.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La oferta reúne perfiles operativos, asistenciales, técnicos, comerciales y profesionales. Entre los cargos publicados se encuentran:

• Auxiliar de servicio al cliente.
• Analista administrativo.
• Auxiliar de enfermería.
• Conductor o conductora con licencia C2.
• Operario de cultivo.
• Asistente de restaurante.
• Auxiliar eléctrico.
• Oficial hidráulico.
• Técnico electricista.
• Técnico de redes contra incendios.
• Auxiliar de bodega.
• Operador logístico.
• Asesor comercial.
• Ayudante de obra.
• Oficial de estructura metálica.
• Instalador de drywall.
• Oficial de enchape.
• Cadenero.
• Médico general.
• Bacteriólogo.
• Profesional de atención al donante.
• Analista de nómina.
• Mecánico.
• Ejecutivo comercial.
• Técnico electromecánico.
• Auxiliar de laboratorio.
• Auxiliar de patología.
• Mensajero motorizado.
• Mesero.
• Auxiliar de cocina.
• Jardinero.
• Agente de servicios funerarios.
• Guarda de seguridad.
• Auxiliar de servicios generales.
• Auxiliar de información logística.

La inclusión de un cargo en el listado general no significa que todas sus vacantes carezcan de experiencia o estén disponibles para cualquier nivel de formación. Cada empresa establece requisitos propios que deben consultarse antes de enviar la hoja de vida.

¿Cómo postularse a las 1.452 vacantes?

El proceso se realiza de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo. Los aspirantes deben ingresar a la plataforma, registrarse y completar todos los campos de la hoja de vida.

Después del registro, deben buscar las ofertas disponibles y aplicar a aquellas que coincidan con su experiencia, nivel educativo y perfil ocupacional. La inscripción general en la plataforma no equivale a una postulación automática ni garantiza el ingreso a un proceso de selección.

La Agencia Distrital de Empleo revisará los perfiles y remitirá las hojas de vida a las empresas cuando los candidatos cumplan las condiciones de las vacantes. La selección y contratación dependen posteriormente de cada empleador.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el sábado 12 de septiembre. Sin embargo, una empresa puede cerrar anticipadamente una oferta cuando complete el número de candidatos requerido, por lo que resulta conveniente revisar la vigencia de cada cargo dentro de la plataforma.

Habrá orientación presencial

Durante la misma semana, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo prestará atención en el salón comunal del barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda.

El servicio estará disponible hasta el sábado 12 de septiembre y ofrecerá acompañamiento para acceder a las vacantes, registrar la hoja de vida y recibir orientación laboral. Los interesados deben llevar su documento de identidad y una hoja de vida actualizada.

La atención de la unidad móvil constituye un canal de orientación asociado con la convocatoria. No corresponde a una bolsa adicional de 1.400 empleos distinta de las 1.452 vacantes anunciadas por Talento Capital. La programación territorial puede consultarse en el Portal Bogotá.

La Agencia Distrital también ofrece atención permanente

Quienes necesiten ayuda para registrarse pueden acudir a la sede de la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 número 27-00, local 12.

La atención se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Allí se ofrece acompañamiento para completar la hoja de vida, fortalecer el perfil laboral y desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación y el liderazgo.

La Secretaría de Desarrollo Económico también dispone de un canal de WhatsApp para divulgar nuevas convocatorias, jornadas de selección y actividades de formación. Estos servicios son gratuitos.

Los aspirantes no deben pagar intermediarios para registrarse, aplicar a una vacante o participar en una entrevista. Tampoco deben entregar dinero para exámenes médicos, cursos obligatorios o supuestos trámites destinados a asegurar un contrato.

Bogotá busca ampliar la contratación de mayores de 50 años

Las 203 vacantes para personas mayores de 50 años coinciden con la puesta en marcha de Talento +50, un programa distrital que ofrece incentivos económicos a pequeñas empresas que mantengan empleos formales para integrantes de este grupo poblacional.

La estrategia contempla un incentivo de $1,3 millones por cada trabajador contratado formalmente que tenga al menos 50 años y reciba entre uno y tres salarios mínimos. El beneficio está dirigido a empresas, por lo que las personas que buscan empleo no reciben directamente ese dinero.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, Bogotá tiene cerca de 2,33 millones de habitantes de 50 años o más. Este grupo registra una tasa de ocupación del 49,6 % y una informalidad cercana al 48 %. La entidad también identificó que es la población más remitida por la Agencia Distrital a procesos empresariales, pero la que menos contrataciones concreta.

Continúe leyendo: Línea 2 del Metro ya tiene tres firmas internacionales interesadas en su construcción.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

El proyecto con el que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán busca recaudar cerca de $1,26 billones anuales para financiar alumbrado inteligente, ofrecer alivios a deudores y modificar tarifas del ICA encontró un nuevo obstáculo durante su primer debate en el Concejo de Bogotá. El concejal Jairo Avellaneda solicitó archivarlo al considerar que su trámite presenta presuntas irregularidades de procedimiento.

La petición se conoció este lunes 7 de septiembre durante la discusión de los proyectos de Acuerdo 724 y 709 de 2026 en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Mientras Avellaneda cuestionó la forma como se acumularon ambas iniciativas, la Secretaría Distrital de Hacienda presentó una ponencia ajustada y defendió los efectos fiscales, laborales y tecnológicos de la reforma.

Hasta el cierre de esta información no se había divulgado una decisión oficial de la Comisión sobre la solicitud de archivo. De momento, el proyecto necesita mayoría simple en este primer debate para pasar a la plenaria del Concejo, donde deberá superar una segunda votación antes de que la reforma pueda convertirse en acuerdo distrital.

Más información sobre Bogotá: Vigilante quedó inconsciente tras ser atacado con una piedra en Bogotá.

¿Por qué piden archivar la reforma tributaria de Bogotá?

Avellaneda sostuvo que el Concejo acumuló de manera presuntamente irregular dos proyectos relacionados con beneficios tributarios. El primero es el 709 de 2026, presentado por el concejal Emel Rojas para conceder temporalmente alivios sobre intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias.

El segundo corresponde al proyecto 724 de 2026, radicado posteriormente por la Administración distrital. Esta iniciativa tiene un alcance más amplio: incluye alivios para deudores, una sobretasa al predial destinada al alumbrado público, cambios en las tarifas del ICA, incentivos a la inversión y modificaciones en otros tributos.

Según Avellaneda, el proyecto 709 debía someterse a sorteo y recibir ponentes antes de determinar su eventual acumulación con la propuesta de la Alcaldía. El cabildante afirmó que ese procedimiento no se cumplió, mientras que el proyecto 724 sí tuvo sorteo y designación de ponentes.

El concejal invocó el artículo 70 del reglamento interno del Concejo, cuyo parágrafo segundo establece que la identificación de proyectos acumulables debe efectuarse antes del sorteo. También citó el artículo 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá para sostener que los proyectos relacionados con la creación, modificación o exoneración de impuestos distritales requieren iniciativa del alcalde.

El riesgo jurídico señalado por Avellaneda

El concejal advirtió que, si el proyecto de reforma continúa y posteriormente se convierte en acuerdo, las presuntas irregularidades podrían servir como fundamento para una demanda ante la jurisdicción administrativa.

“Esta discusión es un riesgo para todos”, manifestó durante la sesión, antes de anunciar su retiro. Avellaneda aclaró que también tiene diferencias de fondo con varias medidas de la reforma, pero señaló que su petición de archivo se concentra en el procedimiento utilizado para acumular las iniciativas.

Entre los puntos que cuestionó mencionó las tarifas del ICA para actividades relacionadas con libros, vehículos, repuestos y servicios bancarios, así como la sobretasa vinculada al impuesto predial.

El trámite se desarrolla con un calendario reducido. El Concejo tendría hasta el miércoles 9 de septiembre para aprobar la reforma tributaria de Galán en primer debate. Si obtiene las mayorías necesarias, deberá pasar a la plenaria, compuesta por 45 concejales, y entre las dos discusiones deben transcurrir al menos tres días para que la propuesta logre convertirse en un acuerdo distrital.

Hacienda defendió una ponencia ajustada

Durante la misma sesión, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó los cambios incorporados a la ponencia conciliada. La funcionaria aseguró que la Administración respondió más de 206 preguntas y adelantó mesas de trabajo con concejales, gremios, expertos y ciudadanos en la discusión por la reforma.

La nueva versión conserva cinco componentes: sostenibilidad fiscal, estímulos a la inversión y al empleo, modernización tecnológica, alivios para deudores y simplificación del sistema tributario.

De acuerdo con los cálculos de Hacienda, las medidas generarían ingresos cercanos a $1,26 billones por año. La proyección para el periodo 2027-2036 se aproxima a $12,79 billones, aunque el recaudo dependerá de la aprobación del articulado y del comportamiento de los impuestos durante su aplicación.

El Distrito también estima que los incentivos podrían movilizar $78,3 billones de inversión privada durante diez años, generar 215.000 empleos, impulsar la construcción de 94.500 viviendas y abrir 30.000 opciones de arrendamiento. Estas cifras son proyecciones de la Administración y no resultados garantizados.

Así sería la sobretasa para el alumbrado

Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público. La propuesta contempla instalar iluminación LED, sistemas de control remoto y otros componentes tecnológicos.

La ponencia de la reforma establece una tarifa de cero por mil para los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, además de otras excepciones asociadas con la capacidad de pago. Los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 asumirían una tarifa de 0,4 por mil entre 2027 y 2041.

Para los inmuebles comerciales, industriales y financieros, la tarifa propuesta sería de uno por mil. Los cálculos conocidos antes del primer debate estimaban pagos mensuales promedio de $11.000 para viviendas de estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6. En los predios comerciales, el promedio sería cercano a $67.000 mensuales.

La iniciativa también cobijaría viviendas de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo supere las 20.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.000 millones. En total, el cobro podría alcanzar alrededor de 870.000 predios, según las estimaciones conocidas durante la discusión.

Alivios alcanzarían a más de dos millones de deudores

La ponencia de la reforma incorpora un descuento del 50 % en intereses y sanciones para aproximadamente 1.189.000 contribuyentes con obligaciones tributarias en mora. Para acceder al beneficio, tendrían que pagar el 100 % del capital adeudado y la mitad de los recargos antes del plazo que establezca el acuerdo.

Otros 845.476 ciudadanos podrían recibir un descuento del 50 % en intereses correspondientes a obligaciones no tributarias. En el caso de las multas de tránsito, el beneficio cubriría deudas en mora hasta el 30 de junio de 2024.

La propuesta divulgada antes del debate fijaba el 18 de diciembre de 2026 como fecha límite para realizar el pago. Los agentes de retención del ICA y algunas obligaciones sometidas a procesos judiciales quedarían excluidos, de acuerdo con las condiciones conocidas del proyecto.

¿Qué cambiaría en el ICA?

La Administración propone reorganizar las tarifas del impuesto de Industria y Comercio. Con los ajustes incluidos en la ponencia, 275 actividades económicas tendrían una reducción y 169 registrarían un aumento.

Hacienda estima que el redondeo de las tarifas disminuiría el impuesto para el 89,6 % de las empresas industriales, el 82,9 % de las comerciales y el 27,3 % de las compañías de servicios.

Los restaurantes pasarían de una tarifa de 13,8 a 12 por mil; los bares, de 13,8 a 11 por mil, y las actividades de edición y publicación de libros, de 8 a 4 por mil. Estas cifras difieren de algunos cuestionamientos formulados durante etapas anteriores del debate, por lo que corresponden a la versión ajustada presentada el 7 de septiembre.

La reforma también plantea exenciones progresivas del ICA para atraer nuevas inversiones. Las empresas ya instaladas podrían obtener descuentos del 60 % o del 80 %, dependiendo del monto invertido. La propuesta incluye beneficios para inversiones realizadas en el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá.

Predial rural y recursos para emergencias

De igual forma, la ponencia de reforma contempla tarifas preferenciales para predios rurales destinados a actividades agropecuarias en los estratos 1, 2 y 3, así como para viviendas rurales con avalúos de hasta 135 salarios mínimos mensuales.

Según Hacienda, 7.420 inmuebles que actualmente pagan tarifas de 4 o 6,5 por mil podrían pasar a una tarifa máxima de 3 por mil.

Otro artículo permitiría transferir hasta el 1,5 % del recaudo a fondos territoriales de gestión del riesgo para apoyar procesos de rehabilitación y reconstrucción en municipios o departamentos declarados en situación de desastre.

La reforma también modificaría el umbral de la sobretasa bomberil. El Distrito proyecta que el cambio incorporaría a 2.423 contribuyentes y generaría cerca de $8.212 millones adicionales.

La reforma todavía no está aprobada

Las tarifas, descuentos, exenciones y nuevos cobros continúan sujetos a las votaciones del Concejo. Ninguna de estas medidas puede aplicarse mientras el proyecto no supere los dos debates y reciba la sanción del alcalde.

La Comisión de Hacienda debe resolver tanto la discusión jurídica sobre la acumulación de los proyectos 709 y 724 como las proposiciones presentadas para modificar el articulado. Si la reforma supera esta etapa, la plenaria podrá aprobarla, cambiarla o rechazarla en segundo debate.

Le puede interesar: Línea 2 del Metro ya tiene tres firmas internacionales interesadas en su construcción.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este 7 de septiembre la radicación de solicitud de tres firmas internacionales: dos europeas y una China, interesadas en el proceso de construcción de la Línea 2 del Metro.

Se trata de:

1. APCA ML2 BOGOTÁ integrada por:

Mota-Engil Colombia S.A.S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.

Mota-Engil México, S.A.P. I de C.V

Spie Batignolles Génie Civil.

2. APCA METRO CAPITAL L2 integrada por:

• Xi´an Metro Colombia S.A.S
• Xi án Rail Transportation Group Company, ltd

3. APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL integrada por:

• Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S
• CAF Investement Projects

Las solicitudes serán ahora evaluadas por un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá para determinar, por cerca de un mes, cuáles grupos cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia.

Quienes avancen a la segunda fase (futuros precalificados) deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas hacia finales de este año. Y así, indicó el primer mandatario de Bogotá, adjudicar el contrato y el acta de inicio en el segundo semestre de 2027.

Los antecedentes

Como lo contamos en El Espectador, el anuncio llega luego de que en enero de este año el proceso quedara desierto, por cuenta de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara en el tiempo fijado sus propuestas finales.

En octubre de 2025, el consorcio chino anunció que no presentaría propuesta, alegando riesgos asociados a la tasa de cambio en Colombia, lo que dejó el proceso con un único proponente: el consorcio español Acciona (compuesto por las empresas Sacyr, Acciona y CAP) quien tampoco presentó oferta, luego de que una de sus empresas integrantes se retirara del grupo, lo que hizo inviable la propuesta.

Por tal razón, la administración distrital reabrió la licitación pública internacional en el mes de febrero y anticipó que en septiembre, como ocurrió, recibirían nuevas propuestas.

Desde sectores críticos se sostiene que este desenlace no fue sorpresivo. Algunos cabildantes venían advirtiendo sobre posibles falencias en la estructuración técnica y en las condiciones del proceso, así como sobre el riesgo de que el modelo contractual desincentivara la participación. También han surgido cuestionamientos sobre los retrasos acumulados y llamados a revisar la dirección del proyecto.

Cierre financiero

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023 que asegura el 100 % de los recursos de la siguiente manera: el 70 % será aportado por la Nación (US$6.129 millones) y el 30 % por el Distrito (US$2.637 millones). El esquema replica el modelo de la Línea 1 y contempla vigencias futuras respaldadas por ambas entidades.

Le puede interesar: “Bogotá no puede conformarse con una línea, tenemos que pensar la Línea 4″: De la Espriella

El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales. Además del BID, han participado la CAF, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras entidades financieras internacionales.

¿Por dónde pasará la Línea 2 del Metro?

El desplazamiento entre la primera estación de la Línea 2, en la calle 72 con avenida Caracas, hasta la última, ubicada en la calle 145 con carrera 141, se estima que dure alrededor de 22 minutos. Pasará por las cercanías de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros. El trazado, que se extenderá a lo largo de 15,5 kilómetros, contará con 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller, constará de las siguientes paradas:

1. Calle 72 con Av. Caracas
2. Calle 72 con Av. NQS
3. Calle 72 con Av. Carrera 68
4. Calle 72 con Av. Boyacá
5. Calle 72 con carrera 80
6. Av. Ciudad de Cali con calle 80
7. Av. Ciudad de Cali con calle 90
8. Av. Ciudad de Cali con carrera 93
9. ALO con calle 129 D
10. ALO con calle 139
11. Av. Calle 145 con carrera 141 B

Según las proyecciones oficiales, podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció el inicio de la demolición del puente vehicular de la calle 100 con carrera séptima y con ello, da paso al inicio de la construcción del grupo 1 del corredor verde.

La demolición, que inicia el 13 de septiembre y tomaría dos meses, no se realizará mediante implosión, sino mediante corte de concreto, acero y vigas gigantes, “metodología que permite retirar grandes estructuras de manera ordenada y segura, reduciendo vibraciones y evitando afectar innecesariamente la estructura y el entorno”, justificó la entidad distrital.

Lea más: Talar para construir: el caso de la Séptima y la restauración de árboles tras obras públicas

El desmonte de esta estructura, agregó el IDU, se da por razones de que no cumple con las normas de sismoresistencia, pues fue construido en los años 60. Además, solo cuenta con dos carriles.

El nuevo puente, entonces, se proyecta esté listo aproximadamente a finales de 2027, tendrá una mayor longitud (461 m frente a los 205 metros del puente actual) y será más ancho (pasará de 10.50 metros a 16.20 m), lo que permitirá ampliar a cuatro carriles: uno por sentido a dos por sentido, -occidente-oriente y oriente-occidente-.

Cambios en la movilidad

A partir de este 8 de septiembre se empiezan a implementar cambios en la movilidad del sector, como parte del plan de manejo de tráfico.

• En la carrera Séptima, en sentido norte-sur, se habilita un desvío en la calle 102, que permite tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 al occidente.
• Para facilitar los recorridos en sentido sur-norte, de forma temporal, el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre calles 94 y 100, cambia de sentido: pasará de sentido norte-sur a sentido sur-norte. La ciclorruta de la carrera 11 se mantiene sin cambios.

A partir del 13 de septiembre, la calle 100 entre carreras séptima y novena A, así como los giros del puente, quedarán deshabilitados.

Cambios en rutas del SITP

Desde Transmilenio, indicaron que los paraderos existentes en este sector serán reubicados unos metros de su ubicación actual o unificados con los más cercanos.

A partir del 13 de septiembre, 25 rutas del SITP (634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237, AB020, BH907, HB608, T13, T25, 18-3, CA103, FC404, Z4B, BL919, T12, CA134, CA151 y 466) y la ruta dual K86 (esta solo aplica para domingos y festivos) tendrán los siguientes desvíos para facilitar la movilidad en el sector:

• Sentido norte – occidente: Los buses de las rutas 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237 y AB020 deberán continuar por la calle 102, tomar la carrera 8A y posteriormente retomar su recorrido habitual en la calle 100.

• Sentido occidente – norte: Los buses de las rutas 661, BL919, Z8, 402, 442, BK916, T163 y AB020 continuarán por la calle 100 hasta el retorno habilitado en la carrera 9A para incorporarse a la carrera 11, en sentido norte, luego tomar la calle 106 al oriente para retornar a la carrera 7 y continuar con su recorrido habitual al norte.

• Sentidos sur – occidente / occidente - sur: La ruta T12, que circula por la carrera 7 en sentido sur–norte, deberá realizar un giro a la izquierda en la calle 94, tomando esta vía en sentido occidente hasta la carrera 13, donde efectuará el retorno en sentido oriente, para posteriormente retomar su recorrido por la carrera 7 en sentido sur.

• Los paraderos 162A01 y 162B01, que originalmente estaban ubicados en la calle 100 antes de la carrera 8a, sentido oriente – occidente, serán unificados y reubicados aproximadamente 130 metros hacia el occidente en el tramo comprendido entre la carrera 8A y el retorno ubicado sobre la carrera 8A.

• El paradero 161A01, que originalmente estaba ubicado en la calle 100 con carrera 9a, sentido oriente – occidente, será reubicado y unificado aproximadamente 100 metros hacia el oriente con el paradero 161B01, ubicado en la calle 100, entre carreras 9a y 8a.

• El paradero 216A00, que originalmente está ubicado en la calle 100 con carrera 10, sentido occidente – oriente, será trasladado aproximadamente 150 metros hacia el norte de la calle 100 sobre la carrera 11, sentido sur – norte.

• Para domingos y festivos, el paradero BD049A, ubicado en la carrera 101 con calle 7, será trasladado y unificado con el paradero 164A01 en la carrera 7 con calle 102 sentido norte – sur, para permitir una parada antes del desvío por la calle 102 hacia el occidente. Además, la ruta tendrá una parada en el paradero ubicado en la calle 100 con carrera 8a, sentido oriente - occidente, tras finalizar el desvío por la carrera 8a

Así son las obras del corredor verde de la séptima

Desde el mes de marzo, iniciaron los trabajos del corredor norte de la carrera séptima, divididos en tres grupos: desde la calle 99 a la 127 (2,95 km), que tendrá 4 estaciones de Transmilenio, 33 mil m² de espacio público, ciclorrutas y dos nuevos puentes: el de la calle 100 con 7 y el de la calle 127 con 7.

El segundo grupo irá desde la calle 127 a la calle 183 (6,64 km) y tendrá 8 estaciones de Transmilenio, 90 mil m² de espacio público y 6,7 kilómetros de ciclorruta.

Le puede interesar: Línea 2 del Metro ya tiene tres firmas internacionales interesadas en su construcción

Finalmente, el tercer grupo irá desde la calle 183 a la 200 (1,97 km) y contará con un patio taller eléctrico, dos estaciones y 85 mil 2 de espacio público.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Un vigilante fue golpeado en la cabeza con una piedra y posteriormente despojado de sus pertenencias en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y ocurrió mientras el trabajador cumplía su turno cerca de la carrera 28A con calle 51.

Las imágenes muestran que el agresor permaneció cerca de la víctima durante varios segundos, tomó una piedra del suelo y la siguió hasta las inmediaciones de la caseta de vigilancia. Después del primer golpe, el trabajador cayó y quedó tendido en el piso.

La grabación difundida posteriormente muestra que el atacante volvió a levantar la piedra y habría golpeado nuevamente al vigilante. Luego revisó sus pertenencias y abandonó el lugar.

Más información sobre Bogotá: Protesta por la palabra “niñas” dejó daños en una sede del ICBF en Bogotá.

El ataque habría ocurrido el 17 de agosto

Aunque el caso volvió a circular este domingo 7 de septiembre, un reporte publicado semanas atrás situó los hechos el lunes 17 de agosto. La agresión, por tanto, no corresponde a un episodio ocurrido durante este fin de semana.

Según el video difundido en redes, el vigilante y el señalado agresor habrían sostenido una discusión antes del ataque. Acto seguido, el trabajador regresó hacia su puesto y el hombre lo siguió.

Finalmente, la grabación permite observar la agresión y el posterior registro de las pertenencias de la víctima, aunque no contiene audio que permita establecer el motivo de la discusión. Tampoco permite determinar por sí sola la identidad ni las condiciones personales del atacante.

No se conoce el estado de salud del trabajador

Los reportes disponibles indican que el trabajador quedó inconsciente después de recibir el primer impacto. Sin embargo, las autoridades y la empresa de vigilancia no han informado públicamente cuál fue el diagnóstico médico, a qué centro asistencial lo trasladaron ni cómo ha evolucionado su estado de salud.

Tampoco se ha confirmado si el vigilante presentó una denuncia formal o si Medicina Legal realizó una valoración de las lesiones. Estos elementos serán necesarios para establecer la gravedad jurídica de la agresión.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá o de la Fiscalía sobre una eventual captura. Las publicaciones iniciales señalaron que el agresor huyó después de revisar las pertenencias del trabajador.

Buscan establecer la identidad del agresor

Habitantes del sector aseguraron que el hombre frecuentaría la zona cercana al puente de la calle 53 con la avenida NQS. Esta versión proviene de testimonios ciudadanos y no equivale a una identificación oficial.

Las autoridades deberán revisar las cámaras del sector, establecer la ruta de escape y determinar cuáles elementos fueron sustraídos. El video constituye una pieza para la investigación, pero la responsabilidad penal debe definirse mediante el proceso correspondiente.

Le puede interesar: Línea 2 del Metro ya tiene tres firmas internacionales interesadas en su construcción.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

La fachada y algunas cámaras de seguridad de la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron rayadas durante una manifestación realizada el domingo 6 de septiembre. La protesta cuestionaba los cambios en el lenguaje institucional utilizado para referirse a niñas, niños y adolescentes.

La movilización, denominada “Marcha las niñas resisten”, comenzó en inmediaciones de la Universidad Nacional y terminó frente a la sede del ICBF, situada en la localidad de Teusaquillo. La directora de la entidad, Carolina Restrepo Cañavera, rechazó los daños y anunció que emprenderá acciones judiciales.

La controversia que motivó la marcha surgió por una instrucción emitida desde la Regional Huila para utilizar la expresión “niños y adolescentes” y por la decisión de la nueva dirección de privilegiar el término “niñez”. Por su parte, el ICBF sostiene que no ha ordenado eliminar la palabra “niñas” de sus comunicaciones nacionales.

Más información sobre Bogotá: Más cambios en la movilidad: demolerán puente vehicular de la calle 100 con carrera 7.

La marcha comenzó cerca de la Universidad Nacional

La manifestación comenzó hacia las 2:34 p. m. en la calle 26 con carrera 33. El bloqueo de uno de los carriles llevó a TransMilenio a desviar temporalmente algunas rutas zonales que circulaban por el sector.

Posteriormente, los participantes avanzaron hasta la sede de la Regional Bogotá del ICBF, ubicada en la calle 44 con carrera 50. Allí, algunas personas escribieron mensajes con crayones y pintura en aerosol sobre la fachada y rayaron cámaras de seguridad, según el reporte de los gestores de diálogo de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Las autoridades coordinaron la atención mediante el Puesto de Mando Unificado, la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. Los reportes consultados no informan sobre personas lesionadas ni capturadas durante la jornada.

El colectivo Resistencia Chiquita fue señalado como uno de los convocantes. Debido a la posible participación de adolescentes, los equipos de diálogo verificaron la presencia de menores y las condiciones en las que se desarrollaba la protesta.

ICBF anunció acciones judiciales por los daños

Carolina Restrepo publicó imágenes de las paredes intervenidas y anunció que la entidad repararía los daños durante la madrugada. También aseguró que las transformaciones iniciadas bajo su administración continuarán.

La funcionaria afirmó que el Instituto buscará establecer si adultos o actores políticos financiaron o utilizaron la movilización. Hasta ahora, el ICBF no ha divulgado pruebas que respalden esa afirmación ni ha identificado públicamente a una persona u organización como responsable de financiar los hechos.

La investigación deberá individualizar quiénes ocasionaron los daños y determinar su posible responsabilidad. La participación en la manifestación, por sí misma, no permite atribuir a todos los asistentes las intervenciones realizadas contra el edificio.

¿De dónde surgió la controversia por la palabra “niñas”?

La discusión comenzó después de conocerse una comunicación de la Regional Huila que pedía emplear la expresión “niños y adolescentes” sin mencionar explícitamente a las niñas. Posteriormente, Restrepo explicó que la dirección del Instituto priorizaría el término “niñez”, al considerar que comprende a niñas y niños.

La Defensoría del Pueblo pidió al ICBF precisar cuál es la directriz vigente, quién la impartió, cuándo fue adoptada y si su aplicación tiene alcance nacional o corresponde únicamente a la Regional Huila. En respuesta, el Instituto aseguró que no pretende retirar a las niñas de su lenguaje institucional ni excluirlas de sus programas. También informó que contestaría formalmente las preguntas formuladas por la Defensoría.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.