En medio de la tormenta que propicia una extrema derecha, Colombia y decenas de países necesitan nuevas propuestas políticas que respondan a la urgencia que pone una agenda tomada de la ideología del nazismo, falangismo y fascismo, llena de horrores, a lo cual suman el componente de la Santa Inquisición por lo que la misma Iglesia Católica pidió perdón públicamente en la “jornada del Perdón” en el Jubileo del año 2000.

En Colombia el actual gobierno del señor Abelardo de La Espriella, con mediocridad, entrega por dosis el recorte y pérdida de derechos. Por supuesto hay que reaccionar, no obstante, un partido de oposición no puede quedarse ahí, necesita dedicar toda su energía y capacidad a iniciativas que profundicen en salidas. Los egos disfrazados enrarecen el ambiente de cara a una necesidad de salvamento de la raquítica democracia y la ya remendada Constitución de 1991.

El actual gobierno está erosionando los intereses económicos, políticos, sociales y desde diferentes frentes enarbola una batalla cultural para borrar la historia, o eso cree, está aboliendo las conquistas de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, de la población LGBTQ, de los trabajadores y trabajadoras creando decretos para impedir la movilización social… ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad si ante sus ojos están violando el acuerdo que de convivencia se tiene, ese contrato llamado Constitución?

Un amplio sector de la sociedad, el movimiento social en sus variadas expresiones orgánicas y no orgánicas salió a la calle para expresar su descontento y enojo. Ha superado a los partidos y ¿eso es bueno o malo? Ni lo uno ni lo otro, deberían ser complementarios con funciones diferentes.

Es cierto que las principales ciudades del mundo han sido protagonistas de grandes movilizaciones que dan muestra del gran descontento social y ¿Dónde están las propuestas políticas? Es posible que no se necesite nada nuevo, pero sí algo que encante, reúna, junte, organice, que sume la diversidad de propuestas y necesidades, un partido político con derrotero, que encause el desencanto de miles y miles de votantes que no vieron venir el panorama que hoy viven.

Los partidos en una democracia deben hacer de puente entre la sociedad y el Estado, expresan la pluralidad, canalizan la voluntad popular, presentan candidatos, organizan gobierno y también a la oposición. ¿Qué pasa si el gobierno rompe los pactos de la democracia y los establecidos por la ley?

La revocatoria del mandato es un derecho político, pese a que la Ley 134 de 1994 no incluye al presidente, sí reconoce la Consulta Popular. Hay incumplimiento de promesas de campaña y violación de la Carta Magna.

El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (1966) dice en su preámbulo “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales…”

La oposición no puede ser sólo bancada parlamentaria (entre otras, cuenta con mujeres con mucha capacidad), debe presentar propuestas que vislumbren que las respuestas hoy necesitan ser locales y globales porque global es el saqueo, las masacres, el exterminio de pueblos, la pérdida de derechos. Las extremas derechas se unen.

El obscurantismo y el miedo no pueden ser el eje de una administración ni una sociedad madura con partidos fuertes puede admitirlo. Quizá el momento está dando la oportunidad de hacerlo y asumirlo ¿Por necesidad?

Es necesario que, como personas, como colectivo cualquiera que sea, se den pasos serios para superar la polarización, el nosotros y ellos, votar por propuestas que solucionen no por la emoción de las frases y la pantalla o el deseo de querer ser ese otro que me obnubila, pero que no representa mis intereses. Es un problema estructural que nos obliga a una profunda revolución dentro de cada persona, de cada grupo que nos conduzca a una relación como seres humanos, sentir que dentro de mí existe la humanidad.

Colofón: Si soy invitada a una casa por cuatro días, tal invitación no me confiere el derecho de destruir los álbumes familiares del núcleo, de sus ascendientes o de sus amistades, al margen de quienes sean. Las fotografías y objetos simbólicos o no, cuentan una historia que puede tener varias interpretaciones… El Museo Nacional nos pertenece a todos, a todas, es tu historia o la mía. Es la que es, el pasado no cambia

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Casa de Nariño ya hizo público el nombre de quien fue designado para liderar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Se trata de una persona que, al igual que otros funcionarios del Ejecutivo, acompañó al presidente Abelardo de la Espriella desde la campaña y tiene una marcada filiación religiosa.

Quien llegará a ocupar ese cargo es Ricardo Arias Macías, quien en las pasadas elecciones legislativas se quemó buscando un cupo en la Cámara con el aval del partido cristiano Colombia Justa y Libres.

Más información: “No me retractaré ni detendré mis denuncias”: senadora Posada le contestó a defensora Marín

Su hoja de vida fue publicada este fin de semana en el portal de aspirantes en la Presidencia, lo cual es un paso previo y legal al nombramiento en firme. 

Arias Macías ya trabajó con el Estado durante el paso por la Defensoría del Pueblo de Carlos Camargo, actual magistrado de la Corte Constitucional, y el Ministerio del Interior de Nancy Patricia Gutiérrez durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Es de su interés: La confrontación como bandera: así anticipó Gobierno de De la Espriella la campaña regional 

Colombia Justa y Libres, colectividad a la que ha estado ligado, tiene entre sus cuadros directivos a Ricardo Arias Mora, quien además es el padre del ahora designado consejero de Derechos Humanos.

Este tipo de designaciones con alta carga confesional se reflejó también con la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior. El ahora saliente embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hace parte de la corriente católica lefebvrista.

Consulte aquí: Arribo de Ordóñez a MinInterior tras salida de Lara genera expectativa: habló Suárez

De hecho, cuando se confirmó la llegada de Ordóñez al gabinete, Arias Macías lo celebró en sus redes y destacó que, en otras oportunidades, ya han trabajado juntos.

En este bloque, entre otros, también está la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, del ala católica llamada Opus Dei, al igual que la recién nombrada consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, con una fe cristiana ligada a la Iglesia Casa sobre la Roca.

En contexto: Así impacta la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior: hay expectativa en el Congreso

Para la administración de De la Espriella es necesario reducir las instancias estatales dedicadas a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, por lo que parte del trabajo de Arias Macías y de Morales estará encaminado en esa ruta. 

Además, el propio mandatario hizo explícita su intención de “enterrar” la llamada “paz total”, que fue una política que la administración anterior impulsó para acercarse a grupos criminales. Sin embargo, no tuvo resultados y sí permitió, de acuerdo con fuentes oficiales del anterior cuatrienio, incrementar la militancia ilegal de esas organizaciones ligadas al narcotráfico.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

En medio de la controversia pública que se ha desatado por las denuncias de presuntos procedimientos irregulares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales ha hecho en su mayoría la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), este fin de semana se abrió un nuevo capítulo de la polémica. 

Este otro episodio comenzó con una declaración de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien salió a pedir que se rectifiquen los señalamientos que se han hecho sobre una de las magistradas de ese tribunal transicional, Julieta Lemaitre. Y lo hizo citando algunos de los pronunciamientos de la legisladora Posada y del también congresista Germán Rodríguez (Salvación Nacional).

Más información: Defensoría rechaza ataques contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre

“Se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc”, precisó Marín, quien —entre otras cosas— agregó que “el debate sobre la JEP no puede hacerse mediante desinformación y ataques de género contra una magistrada en el ejercicio de la función judicial”.

Esta postura, por supuesto, fue amplificada por los canales de información de la JEP y reproducida por sectores afines a la izquierda que actualmente está en la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Es de su interés: Arribo de Ordóñez a MinInterior tras salida de Lara genera expectativa: habló Suárez

Fue precisamente en ese marco que la propia senadora Posada rechazó la solicitud de rectificación que le hizo la defensora Marín. Además, resaltó en su declaración que se mantiene en sus posiciones y en que seguirá develando casos que, a su juicio, la opinión debe conocer en torno a cómo ha venido trabajando ese tribunal transicional en la última década.

“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP. Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor”, enfatizó la legisladora del Centro Democrático, partido de derecha que está en la coalición oficialista que rodea a la Casa de Nariño.

Otros hechos: La confrontación como bandera: así anticipó Gobierno de De la Espriella la campaña regional 

Y, sobre lo que hizo la JEP al amplificar el mensaje de la Defensoría, añadió: “La independencia judicial no autoriza a las instituciones a privilegiar unas posiciones y excluir otras del debate público. Los canales oficiales no son instrumentos para respaldar antiguos colegas ni para deslegitimar a quienes ejercemos el control político”. La última parte de su mensaje es en referencia al paso de Marín como magistrada auxiliar en ese tribunal surgido de lo pactado en La Habana con las extintas Farc.

En este 2026 se cumple una década del Acuerdo de Paz del que surgió, entre otras instituciones, la JEP. Y, por el tiempo que ha pasado, se ha abierto un debate sobre la operatividad de esa entidad y el uso que le ha dado a los recursos asignados. Mientras el oficialismo la cuestiona con fuerza, la oposición la defiende con vehemencia.

A esto se suma que en el presupuesto que finalmente se expidió por decreto esta misma semana quedó en firme el recorte de COP 170.000 millones que se le aplicará el próximo año a la JEP para destinarlos a otras entidades públicas que son más prioritarias para el Gobierno de De la Espriella.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

A las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero de 2005, un grupo de hombres armados llegó hasta la casa de Nohemí Esther Pacheco Zabatá y Hermes Enrique Carrillo Ariza, ubicada en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar). Nohemí tenía 14 años, era indígena wiwa y se dedicaba a tejer mochilas. Hermes, su pareja, tenía cerca de 24 años, pertenecía al pueblo kankuamo y cultivaba plátano, yuca y ñame. Quienes los sacaron a la fuerza eran militares del Batallón de Artillería La Popa, al mando del coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, quien acaba de ser condenado a seis años y tres meses de cárcel por este hecho y otros 23 que dejaron a 38 personas ejecutadas extrajudicialmente en el departamento de Cesar.

“Sentí un tropel y una perra que estaba ahí ladraba y ladraba. Me acerqué, había un grupo y no me dejaron entrar. Eran aproximadamente 10 personas, estaban vestidos de color negro, gorra de color negro y tenían armas”, le dijo Antonio Carrillo, padre de Hermes Carrillo, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El hombre, preocupado por la suerte de su hijo y de Nohemí Pacheco, fue hasta donde el corregidor de Atánquez, quien le confirmó que habían sido retenidos. “Me contó que en el carro del Ejército llevaban a una muchacha y a un muchacho”. Cuando le preguntó al comandante de la Policía si podía ir a que le entregaran a su hijo, la respuesta fue de nuevo un portazo: “Que para qué iba a pasar por allá, que no me lo iban a entregar”.

En contexto: Condenan al coronel (r) Juan Carlos Figueroa a seis años de prisión por 38 falsos positivos

Joselino Pacheco Malo, padre de Nohemí Pacheco, también le contó a la JEP su versión sobre la retención de los jóvenes. “La hija mía gritaba y decía que la soltaran, que ella no era guerrillera para que se la llevaran. Tomaron la decisión de matarla porque ella iba a decir que el Ejército había asesinado a su esposo”, narró el hombre. La sentencia contra el coronel (r) Figueroa Suárez reconstruye las razones detrás del crimen. Ronald Enrique Acuña Díaz, un compareciente ante la justicia transicional, contó que la decisión de asesinar a los jóvenes se tomó tras un señalamiento de un colaborador de los paramilitares al que uniformados del Batallón La Popa acudieron tras el fallido intento para capturar a un hombre conocido con el alias de “el Indio”.

Tras la retención de los jóvenes, los militares los obligaron a vestirse con camuflados, los condujeron por un camino, les dispararon por la espalda y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Joselino Pacheco fue a Medicina Legal el 11 de febrero de 2005 y le entregaron el cuerpo de Nohemí Pacheco, “como NN, desnuda y nunca me quisieron entregar el uniforme que le habían puesto”. El funcionario forense le dio una noticia que profundizó aún más la grieta en su corazón: su hija tenía dos meses de embarazo. La versión que corrió por Atánquez era que el Ejército había tenido un enfrentamiento con integrantes de las Farc. Pero el supuesto combate nunca ocurrió y los comparecientes ante la JEP han dicho que todo fue fingido. 

Lea también: Sandra Ortiz: las llamadas clave del caso Ungrd y su relación con “Pedro Pechuga”

“Yo disparé mi arma al aire, para fingir un combate. A Nohemí y Hermes les dijeron que se fueran y les dispararon por la espalda, varios, como los soldados Benjumea, Cárdenas, Aguilar y Cantillo. Cuando Hermes se levantó y corrió huyendo, no vi quién le disparó, porque estaba de último”, le dijo a la JEP el compareciente Ronald Enrique Acuña Díaz. La sentencia conocida esta semana dice que su superior en ese momento, el coronel (r) Figueroa Suárez, no investigó las condiciones en las que los jóvenes fueron asesinados ni la posibilidad de que sus subalternos estuvieran cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por el contrario, el oficial legalizó el uso de la munición empleada en el supuesto combate en el que murieron dos civiles inocentes.

El coronel (r) Figueroa Suárez no aceptó en principio la responsabilidad en la muerte de Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo. Pero enero de 2026, tras ser llamado a juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, donde enfrentaría un proceso por el que podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel, aceptó su responsabilidad de forma tardía. “La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’. También debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, expresó. Fue por su rol de mando que la justicia transicional le dictó sentencia de seis años y tres meses de prisión, pues hizo parte de una política criminal en la que fueron asesinados 38 civiles inocentes.

Le puede interesar: El retorno de Ordóñez y la historia de los votos que anularon su reelección como procurador

La crueldad de los crímenes en La Popa

La sentencia tuvo ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Fue él quien estudió cuál sería el monto de la pena alternativa para el oficial que, aunque en principio tuvo oportunidad de aceptar los delitos imputados, negó su responsabilidad y estuvo a punto de ir a juicio. Para algunas de las víctimas, familiares de las personas asesinadas en los 24 hechos criminales que le atribuyó la justicia transicional, se trató de “una estrategia” del exoficial para evitar la máxima pena que puede imponer esa instancia. En contraste, para el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, demuestra que “la verdad es una fuerza viva, capaz de derribar los pactos de silencio y conmover a quienes lo ocultaron”.

El documento de 779 páginas expone a detalle cómo funcionó la política de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, entre enero de 2004 y julio de 2005, cuando Figueroa Suárez era el comandante de esa unidad militar. La investigación se enmarca en el subcaso Costa Caribe del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Para llegar a esa sentencia, los funcionarios judiciales evaluaron 9.965 pruebas como testimonios, indagatorias, versiones voluntarias, necropsias, inspecciones judiciales y documentos, insumos judiciales que se sumaron al reconocimiento tardío de responsabilidad del oficial retirado. 

Lea: De Colombia a Europa: las rutas de coca en el Caribe que siguen pese a lucha antidrogas

La sentencia recoge gran parte del contexto de violencia en el departamento del Cesar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta a inicios de los 2000, afectando de forma especial a integrantes de comunidades étnicas como los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. La fuerza pública desplegó uniformados para cerrarle el paso a las confrontaciones entre grupos ilegales y unidades como el Batallón La Popa, adquirieron especial relevancia. Hombres al mando de Figueroa Suárez tenían relación con grupos paramilitares que retuvieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a civiles. El oficial “omitió tomar las medidas adecuadas para prevenir, evitar o reprimir la práctica reiterada de los hombres bajo su mando”, dice la sentencia.

Entre las razones por las cuales la JEP condenó a Figueroa Suárez está también haber omitido las supervisiones de las tropas a su cargo, no ir hasta los lugares en los que se presentaban los supuestos combates o no hacer las verificaciones correspondientes, incumplir con su deber de proteger a la población civil, ignorar las denuncias de organismos internacionales sobre graves violaciones de derechos humanos y riesgos para pueblos étnicos y obstruir las correctas inspecciones de los cadáveres, como en los casos de Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo. Los crímenes y las omisiones del oficial ocurrieron en el marco de tres patrones macrocriminales que la justicia transicional documentó a lo largo de la investigación.

El primero corresponde a asesinatos y desapariciones de personas asesinadas en alianza con paramilitares y presentadas como bajas en combate. El segundo son los crímenes de personas identificadas como posibles objetivos militares por sus condiciones de vulnerabilidad y señaladas como integrantes de grupos ilegales. El tercero son los asesinatos de presuntos miembros de estructuras armadas fuera de combate. “Se estudiaron las contradicciones de los documentos operacionales y hallazgos muy relevantes de las necropsias realizadas a las víctimas que permitieron establecer cómo muchas de ellas fueron asesinadas por la espalda, desde planos inferiores o con tiros directos y luego se les colocó ropa o calzado que no coincidía con su talla y que claramente no correspondía a la que vestían en el momento de su retención”, dice el fallo.

Contenido relacionado: “La Justicia Penal Militar fue un mecanismo de encubrimiento”: magistrada de la JEP

El rol de coronel (r) Figueroa

La JEP probó, en primera instancia, que Figueroa Suárez tuvo responsabilidad de mando en los homicidios de 36 civiles, las desapariciones forzadas de 16 víctimas y nueve episodios de tortura. “Los delitos cometidos por las fuerzas fueron consecuencia del hecho de que Juan Carlos Figueroa Suárez no ejerció el control adecuado sobre ellas, tal como reconoció en la audiencia restaurativa (...) no tomó las medidas necesarias y razonables que estaban en su poder para impedir o reprimir la comisión de tales crímenes”, dice el fallo. Los crímenes, según la JEP, produjeron “afectaciones al tejido social y comunitario, estigmatización y legitimación social de la violencia, afectaciones diferenciadas a comunidades étnicas e impactos sobre la integridad político-organizativa”.

Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, a los que pertenecían Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo, fueron especialmente golpeados por la guerra en esa región. “La pérdida de integrantes de estas comunidades implicó no solo la desaparición física de individuos, sino también la afectación de conocimientos ancestrales, prácticas culturales y funciones comunitarias que desempeñaban un papel fundamental en la organización social y espiritual de dichos pueblos”, dice la sentencia. En esa línea, además de la pena de prisión que Figueroa Suárez pagará en un establecimiento de reclusión especial, tendrá que cumplir con ciertas órdenes para dignificar la memoria de las víctimas y avanzar en la reconstrucción de la verdad.

Más contenido: Finanzas cortas y diálogos difíciles: las tormentas que asume el nuevo presidente de la JEP

Esa es una de las principales demandas de las víctimas reconocidas por Figueroa Suárez. Incluso, este diario supo que algunas apelarán la decisión. Si bien los magistrados de la justicia transicional han dicho que sentencias como esta solo son posibles en casos en el que hay aportes a la verdad suficientes y satisfactorios, muchas familias aún buscan a sus seres queridos desaparecidos o siguen esperando información para responder a la pregunta de qué pasó. Por eso la sentencia le ordena al exoficial seguir entregando información sobre funcionarios y otros posibles responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el Batallón La Popa. Sus aportes serán claves para lograr armar el rompecabezas de la violencia en el Caribe.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En una democracia, la protesta social no es una amenaza que deba neutralizarse, sino un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La manera como un gobierno regula las manifestaciones revela su concepción de la democracia: mientras un Estado democrático procura que las restricciones sean excepcionales y proporcionales, uno autoritario tiende a confundir la inconformidad ciudadana con el desorden o el vandalismo.

El debate cobra relevancia con la expedición del Decreto 1525 de 2026, suscrito por el presidente Abelardo De La Espriella, para regular la intervención de la fuerza pública en escenarios de protesta social. Este acto administrativo suscita preocupaciones constitucionales, pues algunas de sus disposiciones podrían ampliar excesivamente las facultades de las autoridades y restringir el ejercicio legítimo de este derecho.

Conforme a la sentencia C-223 de 2017 de la Corte Constitucional -con ocasión de una demanda que presentamos contra unos artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia-  la regulación de los elementos esenciales de la protesta social corresponde al Congreso de la República mediante ley estatutaria. Si bien podría argumentarse que el presidente busca establecer un protocolo policial, la naturaleza de una norma depende de su contenido y sus efectos, no de su denominación.

Hay varias razones para cuestionar la competencia presidencial: la regulación integral puede convertirse en una forma de censura; el principio de «equilibrio constitucional» incide en la armonización de la protesta con otros derechos; las facultades de intervención ante la presencia de armas afectan la delimitación de las competencias estatales, y la regulación de las actuaciones policiales antes, durante y después de las manifestaciones puede comprometer garantías fundamentales.

Por tanto, presentar estas normas como un protocolo operativo no resuelve el problema. Si regula elementos esenciales de este derecho, podría invadir las competencias del legislador estatutario. Además, incluso una ley estatutaria debe respetar el contenido esencial de la protesta y los principios de necesidad y proporcionalidad.

El Decreto 1525 plantea cuatro preocupaciones adicionales.

Primera: ambigüedad y arbitrariedad. El artículo 5 define como acto de violencia aquel que pueda causar, con alta probabilidad, daños graves y verificables. ¿Quién determina el alcance de esta expresión? La falta de criterios claros podría permitir que una manifestación sea calificada como peligrosa y disuelta antes de que se produzca una afectación concreta.

El artículo 17 también contempla la intervención ante la ocupación prolongada de los accesos a instalaciones productivas. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para considerar prolongada una protesta? ¿Cuándo resulta desproporcionada la afectación? No toda alteración de la movilidad o de las actividades económicas justifica la disolución de una manifestación.

Segunda: debilitamiento del diálogo. Se permite prescindir de agotar los espacios de diálogo ante situaciones como la presencia de armas, la retención de personas, las agresiones o la destrucción de infraestructura. Estas conductas pueden exigir una respuesta estatal, pero debe evitarse que se conviertan en justificación para intervenciones indiscriminadas. La presencia de personas violentas no convierte a todos los manifestantes en responsables. La intervención «focalizada» requiere criterios claros que eviten actuaciones arbitrarias.

Tercera: protección de sujetos vulnerables. Son considerados actos de violencia el uso o la instrumentalización de menores de edad, mujeres embarazadas y mujeres lactantes. Esta protección es un deber constitucional, su presencia en una manifestación no demuestra que estén siendo instrumentalizados. Los niños y las niñas también son titulares del derecho a la protesta. Es necesario definir qué constituye instrumentalización y quién debe determinarla, para evitar restricciones injustificadas.

Cuarta: vigilancia de la protesta. El artículo 6 propone un sistema de alertas tempranas para gestionar la conflictividad social. Aunque la prevención puede ser legítima, deben existir garantías sobre la recopilación, custodia, acceso y conservación de los datos. Prohibir su uso en actividades de inteligencia contra manifestantes, organizaciones sociales o defensores de derechos humanos es importante, pero insuficiente si no existen mecanismos efectivos de supervisión y control.

Se activa los Puestos de Mando Unificado (PMU), pero se da tres meses para la adopción del protocolo de articulación y coordinación con la línea de mando operativo de la Policía. ¿Cómo se garantizará durante ese lapso los derechos de quienes participan en protestas pacíficas? La democracia exige proteger los derechos tanto de manifestantes como de no manifestantes, prevenir la violencia y evitar que la fuerza pública disponga de atribuciones ilimitadas. La protesta permite expresar inconformidades y cuestionar al poder; reducirla a un asunto de orden público desconoce su papel en el Estado social de derecho. Sus propios fundamentos se ponen en riesgo cuando se confunde la protesta con el desorden y la crítica con una amenaza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La exfiscal General y exministra de Educación, Viviane Morales, volverá al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Así lo anunció la oficina de Presidencia al comunicar que su retorno al Ejecutivo será para cumplir funciones como alta Comisionada para la Paz, oficina encargada de trazar la ruta en esta materia para la jefatura de Estado y a la que desde el campaña el presidente cuestionó con severidad.

Su designación en el cargo también viene acompañada de asumir las funciones en la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz que este año cumple una década tras su firma con las Farc. "El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, designó a Viviane Morales Hoyos como Consejera Comisionada de Paz, quien también asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz", dice el comunicado presidencial.

Le sugerimos: Embajadores de la "clase política tradicional" siguen esperando beneplácito: ¿qué ha pasado?

"La nueva Consejera Comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos", estipula la comunicación del Ejecutivo.

Además, argumentan que "esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos. En el marco de la Constitución y la ley, Morales impulsará la revisión de las políticas vigentes, las reformas necesarias y el desmonte de aquellas estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales".

El retorno de Morales al Gobierno se da meses después de haber dejado la jefatura del Ministerio de Educación. Para el 2 de septiembre, menos de un mes después de la posesión, el presidente De la Espriella anunció su salida de esa cartera por varios problemas personales, razón por la que ingresó a esa cartera Ilva Myriam Hoyos. Ahora bien, la exfiscal retorna a cargo en el alto gobierno con la responsabilidad de establecer una nueva línea en el sector paz pues, "para el Gobierno nacional, la paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad".

Su designación paralela como la cabeza de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz llega a una semana que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomen postura sobre la solicitud de Colombia de eliminar el punto de reforma rural del mandato de la Misión de Verificación. La solicitud que elevó el canciller Omar Bula ante ese organismo deja en claro que ese apartado constituye a competencias del Estado que trascienden de la Misión que hace seguimiento a este Acuerdo.

Más contenidos: Así impacta la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior: hay expectativa en el Congreso

En el comunicado de su nombramiento el Gobierno también detalló que "la falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas. El Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con firmeza y transparencia para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos".

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

En la mañana de este jueves 22 de octubre, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez a una pena de seis años y tres meses de prisión, tras aceptar de forma tardía su responsabilidad en 24 hechos criminales en los que fueron ejecutadas extrajudicialmente 38 personas en Valledupar (Cesar).

La decisión, que tuvo ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, está relacionada con la investigación que se adelantó en contra del exmilitar por hechos ocurridos en el Batallón de Artillería La Popa entre 2004 y 2005, cuando fue comandante de la unidad militar y los uniformados asesinaron a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

En contexto: La carta con la que un exmilitar aceptó su responsabilidad en 38 casos de falsos positivos

Esta sentencia de reconocimiento tardío se conoce después de que en enero pasado Figueroa Suárez aceptara su responsabilidad en los crímenes por los cuales había sido llamado a juicio por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP. El exmilitar ya reconoció responsabilidad públicamente y pidió perdón frente a las víctimas en diligencias recientes.

El exmilitar pagará la sanción alternativa de prisión en un establecimiento de reclusión especial, por orden de la JEP. Además, la sentencia le impone 11 obligaciones restaurativas que tienen el objetivo de dignificar públicamente el buen nombre de sus víctimas, aportar información para buscar a los desaparecidos y participar en acciones públicas de memoria en el Caribe.

Lea también: Sentencias de la JEP: las historias de las víctimas de falsos positivos en Valledupar

La sentencia en contra de Figueroa Suárez señala que el excomandante del Batallón La Popa fue responsable por mando de las retenciones, asesinatos y desapariciones de civiles inocentes. La justicia transicional encontró que el coronel en retiro omitió tomar medidas frente a las irregularidades que ocurrían con las operaciones militares ejecutadas y "no ejerció el control adecuado".

El propio Figueroa Suárez lo aceptó durante las diligencias en las que reconoció de forma tardía su responsabilidad. "La pregunta que debo responder no es solamente 'qué ordené'. También debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer", dijo el coronel retirado frente a las víctimas en agosto pasado.

Le puede interesar: Extienden por un año la orden de captura a Zulma Guzmán por caso de envenenamiento con talio

"Figueroa Suárez reconoció la gravedad de las conductas y pidió perdón por las vidas arrebatadas, las desapariciones, las torturas y la estigmatización que afectó a las víctimas y sus familias. También reconoció que su comprensión de las responsabilidades asociadas a su cargo había sido incompleta", señaló la JEP sobre la condena contra el excoronel.

Además de la condena a prisión, el fallo incorpora otras acciones para la restauración de las víctimas, como la entrega de los diarios operacionales y demás documentos que tenga en su poder sobre los hechos; el reconocimiento público, en los territorios donde vivían las víctimas, de que estas personas no pertenecían a grupos armados; y la intervención en acciones de dignificación de su buen nombre a través de medios de comunicación regionales que difundieron los crímenes como resultados operacionales.

Lea: Danilo Rojas y Diana Vega: los perfiles del presidente y la vicepresidenta electos de la JEP

La JEP también le ordenó a Figueroa Suárez entregar información sobre funcionarios y otros posibles responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes del Batallón La Popa en el contexto de violencia investigado por la justicia transicional. Y participar en espacios de esclarecimiento de verdad y dignificación de la memoria de las víctimas.

El fallo también le ordena al coronel retirado ejecutar "acciones de reparación, restauración, memoria y dignificación dirigidas a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, teniendo en cuenta los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales ocasionados a sus integrantes y comunidades". Estas medidas tendrán que ser concertadas con las autoridades indígenas y las comunidades.

Más contenido: De Colombia a Europa: las rutas de coca en el Caribe que siguen pese a lucha antidrogas

"Juan Carlos Figueroa tenía el control y el mando efectivo sobre las fuerzas que cometieron los crímenes, tal como se destaca en estos aspectos: su posición oficial como máximo comandante de todas las tropas del Batallón La Popa, su poder para emitir o dar órdenes de manera directa a través de decisiones operacionales inmediatas y su capacidad para garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas mediante distintos mecanismos, como la posibilidad de aplicar sanciones a quienes no las desarrollen; su capacidad de ordenar fuerzas o unidades bajo su mando y la capacidad de resubordinar unidades o hacer cambios en la estructura de mando", explicó el magistrado Raúl Sánchez durante la lectura de la sentencia.

Esta es la segunda condena alternativa de la JEP contra un exmilitar que reconoció responsabilidad de forma tardía. "La decisión que hoy conocemos no se mide solo en rigurosidad de los expedientes. Este caso demuestra que la verdad es una fuerza viva, capaz de derribar los pactos de silencio y conmover a quienes lo ocultaron", concluyó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Congreso volvió a trasnochar en la madrugada de este martes. El motivo fueron las contadas horas que le restaban al primer Presupuesto General de la Nación (PGN) del gobierno de Abelardo de la Espriella para no tener que ser expedido por decreto y sin conciliación con el Legislativo. En una sesión que duró más de 12 horas, Senado y Cámara al final dieron su visto bueno a un presupuesto por COP 634,9 billones, un 10 % más que los COP 575 billones que dejó planteados la administración anterior antes de irse el pasado 7 de agosto. 

Parte de la discusión durante las últimas semanas se centró en la intención de los partidos de Gobierno de aplicar reajustes a los recursos dirigidos para la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, esta no fue la única entidad con cambios asociada al sector de la implementación del Acuerdo de 2016 y en general a las políticas de paz. En los choques entre parlamentarios, el rubro específico de estos sectores se convirtió en una forma para revitalizar la justicia ordinaria, el deporte e incluso las propias víctimas. Algo que, en todo caso, la oposición rechazó.

Según dijo el presidente de la JEP, Alejandro Romelli, este hecho supuestamente impactaría negativamente en las medidas de protección a víctimas, comparecientes y operadores judiciales; además, agregó, se cancelarían audiencias en territorio y sería “más complejo” producir, transmitir y archivar las audiencias y demás actuaciones judiciales. Todo esto, añadió el togado, pondría en riesgo la administración de justicia y el derecho a la memoria. 

Lea: Una radiografía al Estado: la nómina crece un 93 % y los costos de contratistas un 160 %

Otro caso de cambios en su asignación es la UBPD, que tendrá COP 191.210 millones en sus arcas, una reducción de COP 5.000 millones frente a los COP 196.292 millones que recibió en este 2026. Desde la entidad aseguraron que es mucho menos dinero que la asignación inicial planteada, pues pidieron COP 76.273 millones y les dieron COP 16.636 millones, un hecho que –según el secretario general (e) de esa instancia, Andrés García Ospina– haría que cierren sedes, dejen de tomar muestras biológicas y frenen otras labores. En todo caso, esas reducciones se plantearon desde el momento uno de la radicación del presupuesto de la administración de De la Espriella.

La inversión tiene una reducción de COP 16.636 millones (21,8 %) frente a la asignación inicial planteada en COP 76.273 millones y mantiene una brecha de COP 52.366 millones respecto de la necesidad técnica formulada por la entidad para 2027, estimada en COP 112.002 millones.

Le recomendamos: No es solo la JEP: los recortes que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz

Pero no todo son recortes o asignaciones diferentes a las pedidas por las entidades. La Unidad para las Víctimas superará sus recursos asignados en 2027 en un 10 % frente a los que tiene este año para operar. Pasará de COP 4,4 billones a COP 4,8 billones destinados principalmente a la reparación integral, indemnizaciones administrativas y programas de atención a la población afectada por el conflicto armado. Aunque pudo ser más, debido a que llegaron proposiciones de los miembros de la llamada bancada de víctimas para retirar COP 70.000 millones de la JEP hacia esta oficina. No obstante, el apoyo Legislativo no se dio. 

En la misma línea de crecimiento va la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Se trata de una entidad encargada de buscar, tramitar y devolver los predios a las víctimas de despojo y abandono forzado ocurridos a causa de la guerra, que igualmente administra el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este despacho pasa de COP 472.690 millones a COP 514.471 millones, un aumento del 8,8 %. 

Puede ser de su interés: Reforma Rural Integral enfrenta recorte presupuestal y 10 años después aún está rezagada

El alza no está en la nómina, sino en la operación: su inversión crece un 9,4 %, de COP 390.926 millones a COP 427.796 millones, y su funcionamiento un 6 %. Tampoco fue cosa del Congreso: el aumento venía ya en el proyecto que dejó el expresidente Gustavo Petro, el cual fue negado en votación y que le asignaba COP 509.317 millones. Por eso, el que reformuló De la Espriella subió el rubro levemente hasta la cifra final y que los parlamentarios dejaron intacta.

El recorte más grande, sin embargo, no se lo llevó la JEP sino la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de comprar, adjudicar y formalizar los predios del primer punto del Acuerdo, la cual pasará de COP 1,26 billones este año a COP 556.767 millones en 2027, una caída del 56 % —COP 708.032 millones—. Esta reasignación es la más grande de las siete entidades analizadas. 

La inversión que se usaba para comprar tierras y contratar personal a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) cayó un 59,7 %: pasó de COP 1,19 billones a COP 478.253 millones. Su funcionamiento, en cambio, quedó prácticamente igual: COP 78.514 millones frente a los COP 77.712 de este año, apenas un 1 % más. Según dijo la directora Lina María Garrido en un reciente debate de control en la Comisión Quinta del Senado, el recorte no frenaría la reforma agraria: “Con el presupuesto que tenemos, la ANT va a cumplir”. Además, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indicó que su política de tierras no significará la compra de nuevos terrenos. 

Frente a este hecho, el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) le dijo a El Espectador que “el recorte más representativo está en el componente de justicia para la paz. Si sumamos los recortes a la ANT o la ART, se consolida una tendencia que tendrá como efecto que muchas de las iniciativas relacionadas con los derechos de las víctimas y necesidades de los territorios en municipios afectados por el conflicto se agraven. Al final, estos recortes le pueden representar al Estado mayores costos en la medida en que la no superación va a ser que se pierdan más recursos”. 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) también recibirá menos dinero. La entidad encargada de sostener los proyectos productivos de los firmantes de paz pasó de COP 359.622 millones a COP 226.238 millones. El ajuste venía escrito en el proyecto que el Gobierno reformuló el 27 de agosto y los parlamentarios lo dejaron intacto. El director del Dapre y comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, atribuyó la reducción a un plan de austeridad en la contratación administrativa de la entidad y no a un recorte de los programas de reincorporación. 

Le puede interesar: Pacto Histórico convoca a marchas y anuncia demandas por presupuesto de De la Espriella

La última entidad que pierde capacidad presupuestal frente al año anterior relacionada con temas de paz es la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). De acuerdo con el documento aprobado en primer debate de comisión es económicas perdió COP 225.899 millones, un 41,3 %, al pasar de COP 546.995 millones a COP 321.096 millones.

El nuevo presupuesto no solo plantea la hoja de ruta de De la Espriella frente a sus prioridades en su política de paz y seguridad. También muestra un Legislativo dispuesto a replantear los papeles de entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con hechos como redestinar los montos de entidades que van más allá de la JEP y cuyo nuevo destino es la justicia ordinaria. 

La actual Casa de Nariño potencia los asuntos de seguridad sobre los de justicia transicional, lo cual también se reflejó en que ya no buscará negociaciones con criminales, sino su sometimiento. Y mientras en los sectores asociados a la paz se reduce en la mayoría de las entidades, el de Defensa pasó de COP 65,7 billones en el último año de Petro a COP 74,9 billones en el primero de De la Espriella. Esta decisión se meterá de fondo en la campaña regional del próximo año.

* Nota editorial: Esta nota fue publicada originalmente con los datos del Presupuesto General de la Nación aprobado en ambas plenarias el 20 de octubre, pero tras la decisión de aprobar la versión de comisiones económicas, fue actualizada el 21 de octubre a las 2:00 p.m. con la nueva información.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Danilo Rojas Betancourth es el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es un abogado de más de 40 años de experiencia, con especializaciones, una maestría y hasta un doctorado de la Universidad Nacional. Además, conoce la Rama Judicial como pocos: fue relator, magistrado auxiliar y consejero del Consejo de Estado, entidad que además presidió en 2016. Sin embargo, a la presidencia de esta instancia de justicia transicional llega a otra cosa: a echar números. El Congreso ya aprobó el Presupuesto para 2027 y a la JEP la dejó con un recorte que pone en riesgo su propio funcionamiento y el cumplimiento de sus sentencias. Y, como si eso ya no fuera poco, Rojas Betancourth enfrenta la peor de las tormentas: el golpe de legitimidad que durante las últimas semanas han capoteado sus cabezas más visibles. 

Los protagonistas de los cuestionamientos que tienen a la JEP en esta encrucijada han sido congresistas del Centro Democrático y de Salvación Nacional, que tienen el dedo en la llaga: el manejo de las finanzas, gastos que consideran exagerados, magistrados que han actuado con “condescendencia” con exintegrantes de las Farc y la falta de resultados, a siete años de su creación. Además, son autores de dos proyectos de ley que buscan que la JEP tenga menos tiempo de vida y que el futuro de algunas de sus sentencias quede por fuera de sus manos. Por donde se mire la situación, el panorama es crítico. De todas estas urgencias, la prioritaria es la del presupuesto.

En contexto: El magistrado Danilo Rojas Betancourth es elegido nuevo presidente de la JEP

Una tormenta financiera

En una sola votación, Danilo Rojas obtuvo los 23 votos que necesitaba para salir ganador. Esa Sala Plena se llevó a cabo en la mañana de este martes, solo horas después de que el Congreso definiera el Presupuesto General para la Nación correspondiente a 2027. Aunque la JEP llegaba ya a esa discusión con los números en su contra, salió todavía peor: el legislativo aprobó una reducción total de COP $307.245 millones. Es decir, ahora solo recibirá COP 640.403 millones de los COP 947.648 que había pedido el hoy presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli. ¿La razón? Una propuesta de Salvación Nacional y el Centro Democrático que pidió quitarles COP 1.000 millones más. 

Según lo aprobado, COP 170.000 millones serán destinados al Consejo Superior de la Judicatura, para el funcionamiento de la Rama Judicial, y los otros COP 11.400 millones serán reasignados al Ministerio de Defensa, para el pago de indemnizaciones a familiares de policías y militares que fueron víctimas de la antigua guerrilla de las Farc. El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien dejará la presidencia de la JEP el próximo 4 de noviembre, ya había advertido que un recorte de esas dimensiones pondría en riesgo el cumplimiento de responsabilidades como la protección de víctimas y comparecientes, la transmisión de audiencias, el monitoreo y verificación de las primeras sentencias emitidas en 2025.

En video: La JEP eligió al magistrado Danilo Rojas como nuevo presidente

Si bien la decisión del Congreso ya no tiene vuelta atrás, para los analistas que le han seguido el pulso a la JEP y las organizaciones que representan a víctimas ante la justicia transicional, el recorte del presupuesto pone al nuevo presidente en la tarea de “echar lápiz” y definir cuáles son los gastos que tendrán que recortar. Y todo eso sin dejar de cumplir con las responsabilidades que tiene por mandato de la Constitución. Paula Vargas García, investigadora del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), una organización no gubernamental internacional, le dijo a este diario que a la JEP se suma el problema de que algunos países europeos han pasado del apoyo financiero a solo brindar apoyo político.

Sobre lo que considera que se puede reducir, hay un ejemplo ya muy claro: la transmisión de las audiencias. Según Vargas, esa logística les estaría costando COP 50 millones y hay muchas, dice la experta, que no es necesario que se transmitan. En concreto, las relacionadas con la persecución penal. “Hay que hacer un alto en el camino para reevaluar si es absolutamente necesaria su transmisión. La JEP sí debe sentarse a echar números y reducir gastos en temas como estos”, explicó la experta. En eso, agregó, el presidente debe priorizar qué es lo realmente esencial para la comunicación de sus diligencias y decisiones. 

Lea también: Inpec trasladó a 91 presos a otras cárceles por orden de Abelardo de la Espriella

“La JEP está haciendo el máximo de cosas y con lo más costoso. Ese ya no puede ser el ejercicio. Debe ser a la inversa: tienen que arrancar pensando qué es lo mínimo que pueden hacer y lo más barato. Y, si cumple con los requisitos, tomar ese camino”, dijo la investigadora Paula Vargas. Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a unas 2.000 víctimas ante la JEP, argumentó que la falta de recursos no podrá ser para el nuevo presidente un argumento para decir que no pueden cumplir con su misión. Explicó que lo que debe hacer esa instancia es ajustar métodos de trabajo, evitar gastos innecesarios y redistribuir tareas en sus equipos.

“Sabemos que hay riesgos financieros para la protección, temas audiovisuales y digitales, de manejo de archivos o logísticos. Seguramente también habrá alguna afectación en el acompañamiento y representación a las víctimas y los comparecientes. Esperamos que sea menor, porque sería desafío grande asegurar la continuidad de la labor en materia de garantía de derechos”, expresó la directora Ana María Rodríguez. Sobre el cumplimiento de las sentencias, la jurista señaló que el nuevo presidente de la JEP debe recordar que se trata de una responsabilidad en cabeza del Gobierno Nacional y no de la propia justicia transicional, que va más allá del presupuesto y que implica que tienda puentes con el Ejecutivo y el Congreso.

Le puede interesar: Procuraduría abre investigación contra Benedetti y Rodríguez por caso "Pacto de Valledupar"

Las conversaciones imposibles

A los asuntos presupuestales se suman otros temas relacionados con su conversación con otras instancias del Estado y la defensa de la legitimidad de la justicia transicional. Uno de esos diálogos, hasta ahora imposible, es con el presidente Abelardo de la Espriella, quien no aceptó reunirse con el magistrado Alejandro Ramelli ni lo invitó a su posesión. Para Paula Vargas, del IFIT, se trata de “un reto mayor” que tiene relación con lo financiero. “Se tiene que construir el relacionamiento con el Gobierno Nacional para poder implementar muchas de las cosas que están pendientes y que requieren del Ejecutivo, así como para que el golpe de los presupuestos que el magistrado Danilo Rojas tendrá que negociar en 2027 y 2028 no sea tan grande”, dijo.

Ana María Rodríguez coincidió en que la conversación con el jefe de Estado es uno de los asuntos inaplazables en la agenda del nuevo presidente de la JEP. “Es importante que pueda intentar tender puentes con la Presidencia y con el resto de las instituciones que tienen a su cargo obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las sanciones. Es un contexto difícil, pero es un intento que hay que hacer”, expresó la jurista. Y agregó que entre esos diálogos también debe fortalecerse la conversación con el resto de la Rama Judicial, por lo que ve con optimismo la experiencia del magistrado Danilo Rojas como expresidente del Consejo de Estado: “Tender esos puentes puede ayudar a que haya una postura mucho más unificada, de cara a potenciales intentos futuros de reforma a la JEP o a la rama judicial en general”, agregó.

Más contenido: Capturan a presunto responsable de amenazar virtualmente a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Esto, en lo relacionado con los dos proyectos de reforma constitucional que podrían cambiar las reglas de la JEP. Uno del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que busca reducir a diez años el tiempo del mandato de la JEP; y otro del partido Centro Democrático que pretende que las sentencias contra antiguas agentes del Estado sean revisadas de forma automática por el Tribunal Superior Militar y Policial. Pero aseguró que las conversaciones del magistrado Danilo Rueda no deberían representar en ningún momento un sometimiento de la justicia transicional a las otras ramas del poder público. “El diálogo no significa poner a disposición de nadie la autonomía o la independencia de la JEP. Esos principios son innegociables”, señaló.

Para Paula Vargas, el magistrado Danilo Rojas también tendrá que plantear una reflexión delicada con sus 37 compañeros de la Sala Plena en lo relacionado con la forma de administrar justicia y de que la JEP sea, en sus palabras, “más pragmática” a la hora de adelantar procesos y de tomar decisiones. “La elección del nuevo presidente está relacionada con que en este momento hay que buscar de forma prioritaria dentro de la JEP. El magistrado Danilo Rojas es la persona, entre los candidatos, que tenía la mejor posibilidad de hacerlo. También para la sociedad era el candidato más técnico y de centro”, señaló. Y Rojas es el llamado a sostener a la JEP durante los próximos dos años de vida. 

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencial (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que la administración del expresidente Gobierno Petro fue la de “peor ejecución” en torno al Acuerdo de Paz desde su firma en 2016. El funcionario, quien además es el comisionado de Paz, agregó que el pasado gobierno llegó “solo al 4.66 %” en el Plan Marco de Implementación (PMI).

Ríos, durante una sesión de control político de la Comisión Legal de Paz que se realizó este miércoles, habló de posibles movilizaciones para el próximo 24 de noviembre cuando se cumple una década de la rúbrica de los pactado en La Habana en un evento realizado en Teatro Colón de Bogotá.

Más información: “Se ha querido tratar de minimizar un esfuerzo”: Santos defendió la Unidad de Búsqueda

El funcionario del presidente Abelardo de la Espriella advirtió que la anterior administración, que estuvo en el Ejecutivo hasta agosto de 2026, ejecutó el 80 % del Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai), por lo que hasta diciembre no hay dinero “ni para pagar la nómina”.

En la sesión del Capitolio, que tenía como objetivo la discusión del plan de ajustes presupuestales a las instancias que se crearon con el Acuerdo, se volvió a ver uno de los campos de disputa más claros entre el oficialismo y la oposición: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Entre las promesas de campaña del jefe de Estado está el cambio de perspectiva sobre la política de seguridad, lo que toca la implementación de lo negociado en Cuba con las Farc.

Consulte aquí: Los alcances que tendría retirar mandato de Misión de Verificación sobre la reforma rural

Los primeros indicios de cambios en el nuevo Gobierno se reflejaron en la asignación presupuestal hacia entidades nacidas del Acuerdo en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 –fijado en COP 634,9 billones–, que aún está en discusión en el Capitolio. Frente a los cambios de las asignaciones, que hacen parte del paquete de ajuste fiscal que prometió la nueva administración, la oposición ha defendido la importancia de estas instituciones.

“Atacan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional y la Reforma Rural Integral”, afirmó el senador David Racero, del Pacto Histórico, en medio del debate de control político.

Es de su interés: Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

A esas críticas también se sumó la legisladora Carolina Corcho, de la misma colectividad de izquierda, especialmente sobre la reducción de recursos a la JEP. La semana pasada, frente al edificio en el que opera, se desarrolló un plantón en apoyo a esta entidad de justicia transicional, que es criticada por el oficialismo por lo que llama “derroche” de recursos públicos e “impunidad”.

El oficialismo dentro de la Comisión de Paz del Congreso, en defensa de los recortes propuestos, agregó que esto hace parte de la crisis fiscal que sufre el país. “Debieron ser más responsables en el manejo de las finanzas públicas, porque dejaron al país con el mayor nivel de endeudamiento y déficit presupuestal”, afirmó el senador Santiago Barreto (Partido Conservador).

En contexto: ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

Esta discusión se da en medio de toda la polémica que hay en torno al Acuerdo de Paz, firmado hace 10 años con las Farc. Una de las voces que ha salido en defensa de lo pactado es el expresidente Juan Manuel Santos, quien lleva varias semanas advirtiendo que no se puede desfinanciar las entidades encargadas de implementarlo.  

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), una de las entidades que surgió administrativamente tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

Y lo hizo en momentos en que se completan 10 años de ese proceso, lo cual coincide con un debate en torno a un reajuste del presupuesto de las entidades que surgieron tras lo pactado en La Habana. Entre ellas están la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UBPD.

Más información: Marchas hoy 14 de octubre EN VIVO: así van las protestas convocadas por la oposición

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que es necesario distribuir parte de estos montos a otras instituciones, lo que –según su gabinete– no implica una desfinanciación de las oficinas encargadas de implementar el Acuerdo.

Santos aseguró en el caso específico de la Unidad de Búsqueda que en esta década, gracias al trabajo de la entidad, se han recuperado al menos 6.000 cuerpos, se ha logrado la plena identificación de unos 800 de ellos y, entre otras cosas, se han encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas como desaparecidas con ocasión de la guerra.

Consulte aquí: Mundo político reacciona al decreto para regular las protestas: estos son los puntos clave

“Se ha querido tratar de minimizar un esfuerzo que ha sido muy importante y que debe continuar”, precisó Santos en una visita que realizó a las instalaciones de la UBPD en Bogotá. “Hacen una labor de reparación invaluable”, les dijo a sus funcionarios.

El exjefe de Estado, quien además recibió en 2017 el Nobel de Paz por el Acuerdo con las Farc, agregó que el actual Ejecutivo debería analizar el trabajo de este tipo de entidades para evitar que sus finanzas sean golpeadas justo cuando están, dijo el exmandatario, dando resultados tangibles.

Es de su interés: Así aparece la “clase política tradicional” en el servicio exterior de De la Espriella

“Cuando una guerra se termina lo más importante es tratar de reparar a las víctimas y reconciliar a la sociedad”, precisó Santos, quien agregó que “ojalá el Gobierno valore ese trabajo como debe ser”.

“No quitarle los recursos a esta Unidad, porque si la deja sin recursos cómo puede continuar un trabajo tan importante”, añadió el exmandatario.

El debate en torno al presupuesto general de 2027, proyectado por el presidente De la Espriella en COP 634,9 billones, plantea un recorte de COP 170.000 millones a la JEP y de unos COP 16.000 millones para la UBPD. La discusión legislativa sobre el presupuesto se retomó esta semana en el Congreso y debe aprobarse antes del próximo 20 de octubre. Si ese paso no se completa, luego de esa fecha podría emitirse por decreto.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella optó por dar respaldo a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas al Acuerdo de Paz de 2016, pero pidió que se suprimiera de su mandato el punto sobre la Reforma Rural Integral (RRI). La solicitud se elevó este lunes ante el Consejo de Seguridad y ya se encuentra bajo evaluación de los 15 países miembros de esa sala con posiciones mixtas sobre la petición. ¿Qué implicaciones tendrá?

La consigna del gobierno De la Espriella fue clara: “Sin seguridad, no hay paz”. Y fue bajo ese precepto que el Canciller Omar Bula resaltó que desde Colombia se responderá a los compromisos multilaterales adquiridos por el Estado. Sin embargo indicó que eso no exime a la nueva administración de “revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera”.

En contexto: Gobierno pide excluir reforma rural de Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz

Es por ello que pidió ante el Consejo de Seguridad que la Misión que hace un seguimiento a la implementación del Acuerdo firmado en La Habana (Cuba) y que encabeza Miroslav Jenča, centre sus labores en “la reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”. Allí se solicitó suprimir el seguimiento a la RRI, que fue integrada en 2023 por solicitud del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Según dijo Bula, “tiene una naturaleza distinta”.

Esa solicitud, que ya había sido adelantada por El Espectador, dejaría sin observación el punto 1 del acuerdo que, precisamente, pretende buscar una “transformación estructural del campo”. Sin embargo, las cifras sobre su implementación no resultan alentadoras. Según un informe del Instituto Kroc, para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones de ese punto habían completado su ejecución. En comparación, el 20 % se encontraba en estado intermedio y el 67 % en estado mínimo. Cifras de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, revelan que de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas al campesinado sin tierra, ese número solo ha llegado a 72.880 hectáreas, lo que representa un 2,4 % del total.

Bula indicó que el caso de la RRI “constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”. Además, dijo ante la ONU que “el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano” y van más allá del mandato de la Misión de Verificación.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que la petición elevada por el gobierno De la Espriella solamente “vuelve al estado inicial del mandato de la Misión”. Una alta fuente que participó de la confección del Acuerdo con las Farc le dijo a El Espectador que “es oportuno que la Misión se concentre en su objetivo inicial”.

Lea: Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

Sin embargo, horas después de presentada la solicitud otros sectores cuestionaron lo expresado por la delegación colombiana. En efecto, el primero en cuestionar la medida fue el expresidente Petro quien dijo que con esta petición se “pide que la riqueza de la mafia, que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”. El exjefe de Estado pidió a los 15 países miembros del Consejo de Seguridad que no se adopte esta medida.

Asimismo, la exembajadora itinerante para los asuntos de género, Arlene Tickner, agregó que lo expresado por el Ejecutivo ante la ONU implica un “respeto por lo que exige la Constitución pero en términos fijados por el Gobierno”. También el exministro de Minas, Andrés Camacho, puntualizó que las “experiencias internacionales muestran que una reforma agraria bien diseñada puede impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza rural, elevar la productividad agrícola y ampliar el mercado interno”. Este diario buscó contactar con algunos de los firmantes de paz para entender el alcance de esta medida, pero no obtuvo respuesta.

A esas voces críticas también se sumó el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Quien ocupase un lugar en el gabinete de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2013 señaló como “inexplicable” la petición del Gobierno. Restrepo aseguró que “los acuerdos sobre desarrollo rural no son en beneficio de las FARC sino de las gentes de la ruralidad  colombiana  ;  hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país;y son,  también probablemente lo  más importantes de los acuerdos de paz de 2016”.

Más contenidos: ONU advierte “incertidumbre” sobre implementación de enfoque de género del Acuerdo de Paz

El también exembajador calificó de “displicente” la postura sobre el desarrollo de la ruralidad ( que requiere una visión  independiente como la del comité de supervisión de la ONU) para auditar su implementación, sino que constituye la más importante de las funciones  encomendadas al comité del consejo de seguridad de las Naciones Unidas al proceso de paz de Colombia”.

La posición en el Consejo de Seguridad

Presentada la ponencia colombiana, llegó el turno para la intervención de los países miembros del Consejo de Seguridad. Allí, el pleno de las comitivas encontró un lugar común en resaltar los alcances de la implementación del acuerdo –que a término general sigue en un importante rezago– y dar continuidad con la Misión de Verificación. En todo caso, sí hubo posturas encontradas con la solicitud elevada por el gobierno De la Espriella.

Por ejemplo, la delegación de Dinamarca expresó “los instrumentos y los compromisos que ya se contrajeron en el proceso de Paz siguen siendo estratégicamente muy relevantes. La aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas".

Le sugerimos: ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

De su parte, Estados Unidos celebró el giro en la política de seguridad y paz implementada por el gobierno De la Espriella. Esa delegación cuestionó que el legado de Gustavo Petro no fue una “paz total”, como se prometió al momento de su llegada y en cambio, los índices de inseguridad y conflictividad se dispararon en los últimos cuatro años. Ahora bien, esa misma delegación también suscribió que “estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia”. Pero en ese espaldarazo también se pidió que se pueda “asumir la titularidad de la reforma agraria el tiempo que se mantiene las responsabilidad esenciales de verificación y la presencia en el terreno".

China, Reino Unido, Francia, Panamá y otros miembros subrayaron en la necesidad de mantener la Misión vigente para dar seguimiento a los resultados del acuerdo, pues un punto que fue altamente celebrado es que más de 11.000 firmantes de ese proceso en Cuba hace casi una década han completado su reinserción a la vida civil.

Será precisamente la delegación del Reino Unido la encargada de establecer una resolución que sea puesta a consideración ante el Consejo de Seguridad y si allí se acogerá la petición que Bula llevó este lunes a ese organismo. El plazo máximo para esa votación será el 30 de octubre, pues un día después culmina la vigencia del mandato de 2026 para esa Misión. Son 15 votos los que definirán un posible giro en esa política que, además, también tocará de lleno la ruta para el agro y la política de tierra del gobierno De la Espriella.

Vea la intervención completa de Colombia

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió excluir la reforma rural integral de las labores para la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016. Ante los 15 países miembros del organismo el canciller Omar Bula Escobar reiteró el compromiso de la actual administración con la paz, pero señaló que "la reforma rural integral tiene una naturaliza distinta".

El pleno del Consejo de Seguridad mantuvo su respaldo al proceso de paz que se enmarca en su décimo aniversario y que entrará, con la actual jefatura de Estado, en el tercio final de su implementación. En su intervención, el canciller Bula remarcó la consigna del Ejecutivo en el que señalan: "sin seguridad no hay paz". Aún así, pese a los numerosos reparos y remarcando que el actual mandatario fue promotor del "NO" en el plebiscito de 2016, el Gobierno se acogió al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano..

Le sugerimos: Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

"Colombia reconoce sus compromisos multilaterales y respeta con determinación el derecho internacional. Sin embargo, el reconocimiento de los avances alcanzados y el respeto al derecho internacional nos nos exime de más responsabilidad moral e histórica para evaluar los alcances del acuerdo de paz , revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún existen y que han impedido alcanzar una paz verdadera y duradera", dijo Bula en su intervención como representante del Estado colombiano.

En ese sentido, el canciller puntualizó en varias cifras recogidas tras la firma del Acuerdo entre ellas: 132.930 asesinatos; cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros. Por ende manifestó que "la paz ha sido inexistente". Sobre la implementación de lo pactado en La Habana, el canciller colombiano aseguró que "la implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes".

Ahora bien, sustentado en el derecho para las modificaciones y la revisión de los mecanismos, la solicitud de Colombia fue mantener la vigencia de la Misión, pero excluir de su mandato el punto relacionado con la reforma rural integral. Bula indicó que esas medidas, consignadas en el punto 1 del Acuerdo, tiene "tiene una naturaliza distinta". En consonancia agregó que esta "constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano. (...) Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación".

Esta solicitud, tal como lo informó El Espectador, ya se venía contemplando en la Casa de Nariño. En efecto, la medida fue articulada con el Ministros de Agricultura en cabeza de Indalecio Dandong Baquero. Algunas de este diario fuentes indicaron que, si se toca lo relacionado con la reforma rural, su mandato quedaría golpeado; mientras que otras voces señalan que ya habría un acuerdo para mantener su operatividad con las mismas reglas. Y aunque la medida está sujeta a la votación de los países miembros del Consejo de Seguridad, ya hay claridad sobre la nueva apuesta en esta materia por parte del gobierno De la Espriella.

En contexto: Reforma Rural Integral enfrenta recorte presupuestal y 10 años después aún está rezagada

"Esta propuesta ha sido elaborada en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el cual ha establecido expresamente que Colombia dispone de los instrumentos normativos e institucionales necesarios para dar continuidad a las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, independientemente del mecanismo internacional de seguimiento", indicó Bula en su intervención.

Y al cierre de la misma el Canciller remarcó que "Colombia seguirá cumpliendo sus compromisos y ejercerá plenamente su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar la autoridad legítima de sus instituciones. Porque, al final, la paz no puede medirse solamente por los acuerdos que se firman, los compromisos que se anuncian o los mecanismos que se establecen".

¿Qué dijeron otros países?

Sin votación ante el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, el pleno de los países que ocupan asiento en esta sala respaldaron la implementación del Acuerdo y parte de sus resultados. No obstante, no todos compartieron la petición realizada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Ello quedó reflejado en la intervención de Dinamarca, país que dijo: "los instrumentos y los compromiso que ya se contrajeron en el proceso de Paz siguen siendo estratégicamente muy relevantes. La aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas".

Lea: ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

Po otro lado, la representación Estados Unidos aseguró que "la aplicación completa de sus compromisos bajo el Acuerdo de Paz sigue siendo esencial para la paz duradera", aunque remarcó que el Estado es el que debe ejercer control total del territorio y no las estructuras criminales. Por ello, cuestionaron las políticas de la anterior jefatura de Estados y celebraron los cambios que en 70 días de gobierno ha empleado el presidente Abelardo de la Espriella. "Estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia", dijo el representante estadounidense, quien además dijo: "Agradecemos la determinación de asumir la titularidad de la reforma agraria el tiempo que se mantiene las responsabilidad esenciales de verificación y la presencia en el terreno".

Vea la intervención completa de Bula

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Entrada la recta final para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, uno de sus puntos más importantes sintió un reciente sacudón. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó la semana pasada la pérdida de personería jurídica para Comunes, el partido político que surgió con ese proceso tras no lograr en este 2026 los votos necesarios para mantenerla. Sin embargo, esa colectividad tuvo curules en el Congreso durante los últimos ochos años, lo cual se derivó del segundo punto –y parte del tercero– de lo que hace una década se pactó en La Habana entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc. 

Le sugerimos: ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

La consigna de ese segundo punto del Acuerdo se resumió así: “Una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”. ¿Qué ha pasado una década después?

Un informe del instituto Kroc de mayo pasado señaló que –a noviembre de 2025– “el 14% de las disposiciones del Punto 2 había sido completado, el 27% se encontraba en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 22% no había iniciado su implementación”. En ese mismo documento se detalló que más del 60 % de las disposiciones “carecen de acciones que evidencien su viabilidad para cumplirse en el plazo establecido”.

Precisamente, en esos preceptos que surgió Comunes como partido político, el cual inicialmente adoptó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y mantuvo la sigla “Farc”. La decisión quiso “reivindicar” las concepciones ideológicas de ese grupo criminal al momento de su entrada en armas que, además, usó una rosa como primer logo representativo para allanar la llegada a diez de sus integrantes al Capitolio en 2018. Ese símbolo es tradicional del socialismo democrático con una promesa de “la igualdad y la justicia social”.

Más contenidos: Reforma Rural Integral enfrenta recorte presupuestal y 10 años después aún está rezagada

Los primeros en ocupar esa posición a nombre de Farc fueron Seuxis Pausias Hernández (“Jesús Santrich”), Jorge Torres Victoria (“Pablo Catatumbo”), Carlos Antonio Lozada (“Julián Gallo”), Sandra Ramírez (“Griselda Lobo”), Victoria Sandino, Israel Alberto Zuñiga (“Benkos Biohó”), Omar de Jesús Restrepo (“Olmedo Ruiz”), Jairo González Mora (“Byron Yepes”), Carlos Alberto Carreño (“Sergio Marín”), Jairo Reinaldo Cala (“Jairo Mechas”) y Luis Alberto Albán (“Marcos Calarcá”). Además, también estuvo en ese listado inicial Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), quien al final no asumió la curul que se le otorgó en el Senado.

Esa representación en el Legislativo buscó, de acuerdo con lo que se firmó en La Habana, el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; la transformación y garantía del derecho a la participación política de las mujeres; la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos; la búsqueda por mayor transparencia en procesos electorales; una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a partidos; la garantía en derechos a la oposición; una reforma al sistema político y electoral, además de una mayor representación de las víctimas del conflicto en el Congreso. No obstante, eso no pasó de los periodos que les garantizaron las curules ni sirvió de base para consolidarse.

Según dijo a El Espectador la exsenadora Sandra Ramírez, en ese paso por el Capitolio no lograron establecer un electorado. Pero aseguró que su balance es “destacable”, pues el Acuerdo permitió “llevar nuestra voz y la voz de los territorios al Congreso”. Ahora bien, también le dijo a este diario que –pese al compromiso político y social del grueso de los firmantes–, ese bloque que no se acogió a los términos establecidos en Cuba afectó directamente al acuerdo y la imagen del partido. 

Es una referencia directa a las disidencias que se quedaron en el narcotráfico tras la negociación en Cuba y cobija los casos de “Iván Márquez”, “Jesús Santrich” y otros excombatientes que terminaron desertando del acuerdo. El primero nunca tomó posesión como senador, mientras que el segundo asumió una curul en la Cámara apenas en junio de 2019 tras una orden de arresto por volver a incurrir en el delito. Un mes después, en agosto de ese mismo año, los dos anunciaron su retorno a la criminalidad con la fundación de la Segunda Marquetalia. Esa organización es la que se responsabiliza del asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, lo que además se constituye en otra frustración en la implementación del Acuerdo.

No se pierda: Del diálogo de Santos al sometimiento de De la Espriella: ¿qué pasó con el Acuerdo de Paz?

La presidencia de los exFarc en el Congreso ya causaba división en varios sectores políticos. ¿Cuál fue el origen de esos ruidos? La representación política de Farc fue una de las principales críticas de los opositores al Acuerdo de Paz que promovieron el “no” durante el plebiscito del 2016. Partidos como el Centro Democrático e incluso el hoy presidente Abelardo de la Espriella pedían condenas severas contra el secretariado y los militantes de esa organización. Sin embargo, el gobierno de Santos echó mano de un procedimiento llamado fast track para revestir de legalidad en el Capitolio todo lo pactado en Cuba; ahí no solo se validó la llegada al Capitolio de lo que luego fue Comunes, sino también la génesis de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El proceso político del partido que surgió de lo pactado en Cuba también tuvo fracturas internas más allá de la deserción de “Márquez” y “Santrich” (a este último se le dio de baja en mayo de 2021). En 2022, un bloque de firmantes decidió abandonar las filas de la colectividad; ese paso lo lideraron Sandino, Zúñiga Iriarte y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez).

A todo esto se sumaron otros casos que también tocaron su labor legislativa. Y es que otros congresistas de esa colectividad fueron señalados por la justicia. Carlos Carreño enfrenta un proceso en la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento contra una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, el exrepresentante, que buscó su reelección el pasado mes de marzo, tiene otro expediente por, supuestamente, cobrar a los miembros de su UTL parte de sus salarios mensuales. En ambos casos ha dicho que es inocente.

El legado del Estatuto de la oposición

Pero un balance de la implementación de este punto estaría incompleto sin dos de los principales legados que ha dejado en esta década tras su firma: la creación de un estatuto para la oposición y la apertura de participación política en todos los sectores.

El exministro Juan Fernando Cristo destaca que este estatuto es el “gran legado del Acuerdo” aunque no surge directamente del mismo. Y es que esas normativas que buscan regular y proteger el ejercicio de los partidos opositores estaba consignado en la Constitución de 1991, aunque su estructuración e implementación llegó apenas en 2018.

Vea: De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

“Ese punto fue clave. Se discutió muy a fondo y tuvimos mucho debate alrededor de lo que se requería para la participación democrática. El balance 10 años después es positivo a pesar que muchos instrumentos legales y constitucionales lamentablemente no se hicieron realidad y no pudieron salir del Congreso, ni siquiera con el fast track”, le dijo Cristo a este diario. 

Según el exministro, que además integró el equipo negociador del acuerdo final, hoy es evidente esa apertura democrática y las garantías para una alternancia en el poder. Dijo que fue clave la implementación del estatuto con el que se logró el propósito fundamental del punto 2 del acuerdo: “Normalizar la democracia colombiana y garantizar mayor participación ciudadana”.

Y bajo ese contexto, a pesar de que el Centro Democrático fue uno de los principales opositores del Acuerdo y del propio estatuto, la colectividad uribista gozó de esos derechos políticos durante los cuatro años en los que encabezaron la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, ese partido cuestiona que a pesar de esas normas, no se les entregó la protección necesaria para ejercer esos derechos. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su último informe sobre la implementación del estatuto –entregado al Congreso el pasado mes de junio–, indicó que “se identifica una tendencia general hacia la consolidación progresiva de los derechos contemplados en la norma en el nivel nacional”, aunque advirtió que esa tendencia “no se replica en los niveles departamental y municipal”.

La entidad en cabeza de Iris Marín agregó que: “El ciclo electoral 2025-2026 agravó las condiciones de riesgo para la oposición en un momento de fragilidad institucional. El atentado fatal contra el senador Miguel Uribe Turbay, los ataques a sedes y esquemas de seguridad de candidaturas, los asesinatos de la concejala Mileidy Villada González y del exalcalde Rogers Devia Escobar, y la serie de amenazas documentadas contra figuras de la oposición presentan un panorama grave de violencia política”.

Comparta este contenido: Hace una década se le dijo “no” a un plebiscito por la paz que fragmentó al país político

Además de esas alertas, hay otros puntos que diversos actores detallan como grandes deudas del segundo punto del Acuerdo de 2016. El primero, que además fue reforzado en el informe de la Misión de Verificación de la ONU, es el que corresponde a los espacios para las mujeres en política. 

Y es que si bien ha existido una avance en algunas medidas para su participación, la Defensoría advirtió que “las mujeres ocupan el 30% de escaños en el nuevo Congreso de la República, y tienen un porcentaje de representación muy bajo en las Asambleas departamentales y Concejos municipales. Dado que los partidos declarados en oposición en los niveles territoriales son una minoría, las mujeres que efectivamente ejercen los derechos contemplados en el Estatuto de la Oposición son aún menos”.

Al respecto, el informe de la ONU especificó que “las mujeres continuaron enfrentando amenazas, restricciones a la circulación, un acceso limitado a protección y servicios, y violencia de género”. “Las disposiciones sobre género del Acuerdo Final de Paz hacen referencia no solo a la protección y el empoderamiento económico de las mujeres, sino también al desarrollo local en general”, remarca el informe que se expuso ante el Consejo de Seguridad este lunes.

Efectos colaterales

El carácter “procedimental” de este punto delegó funciones en otras entidades del Estado. El mismo comprometió labores desde las altas cortes hasta el Congreso y permitió, entre otras cosas, una mayor participación democrática para las víctimas del conflicto. Esa apertura propuesta en el Acuerdo de La Habana fue uno de los argumentos que en 2021 se adoptaron para devolver la personería jurídica del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y es que la ponencia que entonces presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez señaló que, contrario a lo fallado por el Consejo de Estado, esa colectividad sí vio afectada su actividad política tras el magnicidio de su principal líder en 1989.

Le puede interesar: “De la Espriella se eligió con votos nuestros”: así lo advirtió el presidente del Congreso

Y esa puerta que se abrió para la colectividad del hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán –y que les ha garantizado presencia en el Congreso desde 2022– también fue cruzada por otros partidos: Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt; Colombia Renaciente, de Mauricio Lizcano; e incluso, Salvación Nacional, la corriente laureanista que se derivó del Partido Conservador y que hoy lidera el senador Enrique Gómez.

Pero además de esos casos, el Acuerdo de La Habana le dio espacio en el Legislativo a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, más conocidas como curules CITREP. En total se abrieron 16 escaños que inicialmente tendrían que haber tenido paralelamente con las curules de Comunes. Sin embargo, su trámite en el Congreso no fue efectivo, inicialmente, y fueron mecanismos judiciales los que revivieron esas representaciones. 

Una tutela del exsenador Roy Barreras permitió que el Acto Legislativo que se aprobó con 50 votos en la plenaria del 30 de noviembre de 2017 tuviera validez. Eso sí, pasaron cuatro años de un litigio que finalmente se resolvió en mayo de 2021 y que vio la luz tras la sanción presidencial de Iván Duque en octubre de ese mismo año. A partir de 2022 se adicionaron nuevo escaños al Congreso y permitió la coincidencia de víctimas y victimarios del conflicto en el Legislativo.

Esos 16 congresistas ocuparon espacios de representación para los 168 municipios que más sufrieron la guerra. Su actividad se centró, en estos primeros cuatro años, en legislación para la paz sujetos, en su mayoría, a ese acuerdo firmado en La Habana. Durante su primer periodo en el Congreso se les vio de la mano del gobierno de Gustavo Petro, receta que ahora repiten, en su mayoría, con la administración de Abelardo de la Espriella. Y es que su llegada en bloque no les obliga a ejercer como bancada, hecho por el que 11 de esos 16 congresistas siguen en un oficialismo de una orilla ideológica totalmente opuesta.

En contexto: Así les fue en el Congreso a las curules de paz, que se elegirán por última vez este domingo

El principal legado de esas curules Citrep está en la ampliación del desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que se aplican para esos 168 municipios afectados en la guerra. Lo que en plata blanca se conoce como “municipios PDET” son programas que buscan el desarrollo integral para esas poblaciones afectadas por la guerra y que están estrechamente ligados con el punto uno del Acuerdo de Paz.

Pero la condición de representantes de las víctimas no les eximió a este bloque de congresistas estar sujetos a las mismas normativas que los legisladores de circunscripción ordinaria. Fue por ello que la representante por Arauca, reelecta en 2026, Karen Manrique, fue capturada por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Hoy asiento como vocera de las víctimas del conflicto en Arauca está vacío.

En todo caso, según lo acordado con las Farc, aún quedan cinco años para la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el presidente De la Espriella ya anunció que busca remoldear parte de lo firmado en 2016 para alinearlo con su política de seguridad. Eso se traduce, incluso, en recortes a varios programas destinados a la implementación.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia señaló que la seguridad de las mujeres sigue siendo un “desafío clave en las regiones afectadas por el conflicto”. El documento publicado este jueves puntualizó en las lideresas de Bolívar, Cauca, Meta y Putumayo. Además, advirtió sobre “incertidumbre” alrededor del andamiaje institucional que está encargado de esta parte del Acuerdo de Paz.

La preocupación por este eje fue señalada en el informe trimestral de seguimiento, que toma desde finales de junio a finales de septiembre de 2026; y es el primero que se publica en el mandato de Abelardo de la Espriella. Uno de los cinco puntos gruesos del documento es la relación entre mujeres, paz y seguridad, incluyendo lideresas sociales y excombatientes.

La Misión, por ejemplo, señaló el caso de la lideresa indígena María Ovidia Pelechor, del departamento del Cauca. Pelechor y su esposo, el también líder social James Edimer Flor, fueron asesinados en su hogar, en el corregimiento La Pedregosa, en Cajibío (Cauca), el pasado mes de septiembre.

En contexto: El silencio que dejó el asesinato de los líderes María Ovidia y James Flor en Cajibío, Cauca

Aunque el texto destaca la aprobación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, al tiempo señala que se requiere un esfuerzo “sostenido” que cuente con “recursos adecuados” para que esta política pública cumpla su objetivo.

En sus 44 puntos, la ONU puntualizó preocupaciones por la intención del gobierno de De la Espriella de “revisar ciertos elementos” del Acuerdo de Paz y también advierte sobre la “incertidumbre” alrededor de la capacidad y desarrollo institucional que deja el cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Esa cartera fue constituida durante el gobierno de Gustavo Petro bajo el argumento de cerrar “brechas sociales”, pero fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de trámite. Hoy se encuentra en proceso de liquidación.

Según la Misión de Verificación, este ministerio, en el que hoy está al frente Jhon Milton Rodríguez, era el principal responsable de “la implementación de las disposiciones sobre género del Acuerdo Final de Paz”. También indican que esta dependencia también tenía a su cargo el plan nacional de acción del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

Sugerimos: ONU le dice al gobierno De la Espriella que hay "preocupación por financiación" del Acuerdo

Alrededor de las disposiciones de género, la ONU advierte que estas no son únicamente sobre “la protección y el empoderamiento económico”. Señalan a la reforma rural como un ejemplo del desarrollo local, enfocado en las disposiciones de género, a través de la inversión para el acceso a tierras para las mujeres.

Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es mencionada en el documento por “la situación de la financiación y la incertidumbre institucional”. Para la Misión de Verificación, con el gobierno de la Espriella “se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz”.

Esta determinación llega en medio del debate por el presupuesto general del 2027 en el que ese tribunal tendrá un recorte de COP 170.000 millones para su funcionamiento el próximo periodo. Asimismo, en el Congreso ya se tramitan varias iniciativas que tocan de forma directa a este tribunal que surgió, precisamente, de la firma del Acuerdo en La Habana. Según detalló el Gobierno, en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, “todas las entidades deben cooperar”, justificando, además, que los recursos serían trasladados a otras dependencias.

Le puede interesar: ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

Además del enfoque de género, el primer documento de la Misión bajo el gobierno de la Espriella se enfoca en el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación y las garantías de seguridad.

Lea acá el informe completo:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Un informe de 14 páginas que ya llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que previamente aterrizó en el despacho del presidente Abelardo de la Espriella condensó una serie de preocupaciones en torno a la implementación de un Acuerdo de Paz que en este 2026 sumó 10 años de haberse firmado. En este documento se recogieron las alertas por su eventual desfinanciación y se mapeó una crítica situación de seguridad que golpea a los excombatientes. Pero también es parte de la discusión sobre cómo será la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia.

Se trata de un reporte con 44 puntos que condensan el trabajo en terreno de la ONU entre el 27 de junio y el 26 de septiembre pasados. Eso se traduce en que analiza lo que hizo el expresidente Gustavo Petro al final de su mandato con la implementación de la paz, algo que incluso en la izquierda le criticaron, y el primer tramo del actual jefe de Estado. Este último punto es clave, porque el mandatario impulsó el “No” en el 2016 y ha sido un férreo crítico de lo que se pactó en La Habana (Cuba) con las antiguas Farc. 

Sugerimos: Oficialismo le dijo a la oposición que garantiza derecho a la protesta pacífica: hay tensión

¿Qué dice en concreto el documento justo cuando el país se debate la financiación y la continuidad de varias entidades germinadas del Acuerdo? El debate necesariamente toca la campaña anticipada que ya se abrió por las regionales del próximo año. 

“Ahora que la implementación del Acuerdo entra en el último tercio del período de 15 años establecido en él [hasta el 2032], los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”, se lee en el punto 39 de ese informe que se presenta cada tres meses.

Hace un año, el Consejo de Seguridad votó casi de forma unánime (13 a favor, ninguno en contra y dos abstenciones) para renovar el mandato de la Misión de Verificación. Pero le suprimieron dos de sus funciones: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el pasado julio se emitieron las primeras sanciones propias en relación al secuestro y a las ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado— y el seguimiento al capítulo étnico. 

Si bien la Misión ha sido clara en que está dispuesta a seguir acompañando la implementación, y así lo reiteró en el informe que divulgó este jueves, la decisión sobre su permanencia recae en el Consejo de Seguridad y pasa por los intereses del Gobierno que se posesionó el pasado 7 de agosto. En ese tiempo, el diálogo se ha dado entre el jefe de ese equipo en Colombia, Miroslav Jenča, y los ministros Omar Bula (Exteriores), Iván Cancino (Justicia) y Rodrigo Lara (Interior). Sin embargo, todavía no ha ocurrido al nivel de la oficina del primer mandatario.

Ahí está la expectativa: la posibilidad de que se vuelva a reducir la vigilancia de esa organización, especialmente cuando el actual Ejecutivo, como se lee en el mismo reporte, ha dicho que quiere “remoldear” la implementación para que se ajuste a su política de seguridad. Parte del informe hace hincapié en las preocupaciones que generan las declaraciones que vienen de la Casa de Nariño y amplía esa incertidumbre en cinco puntos: el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación, las garantías de seguridad y el enfoque de género.

Hace tres meses, la polarización que se produjo en medio de las elecciones presidenciales había tomado protagonismo. Ahora, la ONU suma a eso la instalación del nuevo Congreso, “en el que ninguna agrupación política tiene una mayoría clara”, y el terremoto del pasado 10 de agosto que obligó al Ejecutivo a reenfocar sus prioridades para atender la emergencia. Desde allí comienza a delinear un tema que atraviesa todo el documento: la reducción a la financiación de las instituciones dedicadas al cumplimiento del Acuerdo.

Le puede interesar: De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

“Las asignaciones propuestas apuntan a un mayor énfasis en la seguridad, y se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz, por ejemplo en los ámbitos relacionados con el desarrollo rural, la distribución de tierras y la reincorporación”, indica el secretario general, António Guterres. Se menciona, en otras partes, la intención del Ejecutivo de “revisar ciertos elementos” de lo acordado y la falta de un “enfoque general para la implementación”. 

Todo esto golpea a la reforma rural, que es el primer punto del texto negociado con las Farc. De la Espriella y su gabinete han hablado de ampliar oportunidades económicas en materia de agroempresas y productividad; el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha anunciado que se hará un "examen exhaustivo de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de la tenencia de tierras, incluida la suspensión durante 90 días de toda nueva medida". La Misión indica que, si bien esto ha sido valorado positivamente por el sector privado, el campesinado y la sociedad civil solicitan que se mantengan los avances en acceso a la tierra y las nuevas autoridades se abran al diálogo.

A eso se suman las demoras en la expedición de títulos, la inseguridad entre los destinatarios de tierras y la falta de aprobación de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que son partes vitales del análisis que hace la Misión y que plantean dificultades para la implementación del primer punto. Además, reitera que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) "son un marco establecido que posibilita llevar a cabo intervenciones específicas en los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional". 

En temas de reincorporación, la ONU subrayó la importancia de que más de 11.000 excombatientes sigan participando en ese proceso, con una "tasa de reincidencia muy baja" y con desafíos en materia de seguridad. Y allí fue que insistió en las dudas sobre el "futuro papel de los mecanismos institucionales" que sustentan ese tránsito a la legalidad. 

Estas alertas llegan en un momento en el que el Congreso debate las asignaciones del presupuesto para 2027. A la JEP se le recortan más de COP 170.000 millones de funcionamiento en medio de críticas por su falta de decisiones de fondo; a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se les reducen los porcentajes en un 71,8 % y un 54,8 %, respectivamente, en los rubros destinados a la implementación. De ahí un llamado claro de la ONU: “La Misión ha transmitido al Gobierno su preocupación por la situación de la financiación y la incertidumbre institucional”.

A la radiografía, que será oficialmente debatida en el Consejo de Seguridad el próximo lunes, también se le incluyó un apartado relacionado con la falta de garantías de seguridad tanto para los firmantes de paz como para los habitantes de zonas afectadas por la guerra. La Misión habla de "una presencia del Estado limitada, deficiencias en la prestación de servicios básicos, la presencia de actores armados y la dependencia persistente de las economías ilícitas".

En el reporte se lee: "Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 30 de agosto 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 confinadas en 15 municipios de 7 departamentos". Y se añade: "La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre el 27 de junio y el 26 de septiembre 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales". También se alertó por la muerte de ocho excombatientes de las Farc en el periodo evaluado.

Este documento, antes de su divulgación oficial, también se socializó con voceros del Ministerio del Interior. Y ante ellos, al igual que con los funcionarios con los que hubo encuentros previos, la Misión reafirmó su disposición a apoyar a la institucionalidad a definir las políticas necesarias para la ejecución del pacto de La Habana.

"La implementación del Acuerdo puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado", se lee entre las conclusiones del secretario general.

Lea también: En solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas

Por todo esto es que hay expectativas sobre qué condiciones va a poner la Casa de Nariño para la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia. Algunas fuentes indican que, si se toca lo relacionado con la reforma rural, su mandato quedaría golpeado; mientras que otras voces señalan que ya habría un acuerdo para mantener su operatividad con las mismas reglas.

La decisión sobre qué pasará con ese equipo de la ONU está en manos de los cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido— y los 10 no permanentes del Consejo de Seguridad. Quedan cinco años para que acabe el periodo inscrito en el Acuerdo, todavía con rezagos importantes en su implementación, por lo que el informe es claro en que falta mucho para que su ejecución se concrete plenamente. Está por verse la respuesta del Gobierno, cuyo periodo presidencial corre paralelo a la recta final del lapso planteado en ese texto.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas presentó su último informe trimestral, el primero en el gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento de 44 puntos esgrime las preocupaciones alrededor de la intención del nuevo Ejecutivo de “revisar ciertos elementos” del Acuerdo de Paz y la falta de un “enfoque general para la implementación” de este. Por eso se concentra en cinco puntos clave: el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación, las garantías de seguridad y el enfoque de género.

Desde el inicio, la ONU es clara en que la transmisión de mando estuvo marcada por “un contexto de continua polarización política”, en el que “ninguna agrupación política tiene una mayoría clara” en el Congreso. Pero también hace énfasis en el terremoto del 10 de agosto cambió los planes de la nueva administración y habla del “deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones afectadas por el conflicto”.

Sugerimos: Derecha e izquierda miden fuerzas en las calles: habrá marchas el 14 de octubre

“Evaluaciones tanto oficiales como independientes continuaron reflejando la expansión de los grupos armados tanto en presencia territorial como en número de miembros. Tras varios meses de tendencia a la baja del número de asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, la Misión registró seis asesinatos apenas en agosto”, indica el informe. Por ello, también agrega: "La implementación del Acuerdo ha puesto en marcha procesos clave para la estabilización y el desarrollo en general, procesos cuyo objetivo es reforzar el Estado en las zonas donde la violencia es más grave hoy".

Entre las preocupaciones centrales que aborda el informe —sustentada por las dudas de los excombatientes de la antigua guerrilla— es "la situación de la financiación y la incertidumbre institucional" para las instituciones que nacieron de lo acordado y que pasan, especialmente, por la reincorporación y la justicia transicional, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el texto, la Misión le ha hecho llegar esas cuestiones al actual Gobierno y si bien hay un enfoque en materia de seguridad: "Se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz, por ejemplo en los ámbitos relacionados con el desarrollo rural, la distribución de tierras y la reincorporación".

En el punto de la RRI, se habla del objetivo del Ejecutivo de ampliar oportunidades económicas centrados en las agroempresas y la productividad. Aunque hay una valoración positiva, también se solicita, en línea con lo dicho por sectores del campesinado y la sociedad civil, que se mantengan los avances en acceso a la tierra y el diálogo con las nuevas autoridades. Especialmente con el anuncio del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sobre el "examen exhaustivo de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de la tenencia de tierras, incluida la suspensión durante 90 días de toda nueva medida".

Le puede interesar: De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

Las demoras en la expedición de títulos, la inseguridad entre los destinatarios de tierras y la falta de aprobación de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria son partes vitales del análisis que hace la Misión. Además, reitera en que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) "son un marco establecido que posibilita llevar a cabo intervenciones específicas en los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional".

En temas de reincorporación, la ONU subrayó la importancia de que más de 11.000 excombatientes sigan participando en ese proceso, con una "tasa de reincidencia muy baja" y con desafíos en materia de seguridad. Y allí fue que insistió en las dudas sobre el "futuro papel de los mecanismos institucionales" que sustentan este paso.

Eso se complementó con las garantías de seguridad tanto para los firmantes de paz como para los habitantes de zonas afectadas por el conflicto. Esto se agrava por "una presencia del Estado limitada, deficiencias en la prestación de servicios básicos, la presencia de actores armados y la dependencia persistente de las economías ilícitas". Con la fragmentación de los grupos armados y el aumento de la presencia de estos en los territorios recalcan en las afectaciones a la ciudadanía, documentada por la Defensoría del Pueblo.

"Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 30 de agosto 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 confinadas en 15 municipios de 7 departamentos", se lee en el reporte. Y más abajo, se añade: "La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre el 27 de junio y el 26 de septiembre 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales" y la muerte de ocho excombatientes de las Farc en el periodo evaluado.

Lea también: En solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas

"La Misión está dispuesta a apoyar a las autoridades nacionales a medida que avancen en la definición de políticas al respecto. La implementación del Acuerdo puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado. Acojo con satisfacción la apertura al diálogo con las Naciones Unidas demostrada por el Gobierno y confío en que la colaboración continua entre el Gobierno y la Misión, con pleno respeto de la soberanía de Colombia y el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad, refuerce la complementariedad entre sus respectivas labores", se lee entre las conclusiones del secretario general.

El informe se conoce dos meses después de que De la Espriella asumiera el poder. El Espectador conoció que, si bien ha habido diálogos con el Gobierno a nivel de ministros, estos no se han dado directamente con el mandatario, por lo que hay expectativa sobre ese encuentro. Incluso, en sus conclusiones la Misión es clara en la necesidad de que ocurra y la importancia de que este Ejecutivo también potencie los alcances del Acuerdo.

Lea acá el informe completo:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Comunes, la colectividad que fundaron los excombatientes de las antiguas Farc tras el Acuerdo de Paz de 2016, perdió su personería jurídica. Así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que la agrupación que dirige Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como "Timochenko", no logró la representación necesaria en el Congreso para renovar su calidad de partido.

El tribunal electoral tomó la decisión el pasado 23 de septiembre tras una revisión de los escrutinios de las elecciones de Congreso del 8 de marzo. De acuerdo con la ley, un partido tiene que superar el umbral del 3 % de los votos válidos para mantener su personería jurídica y Comunes, como lo deja claro el CNE, no logró "acreditar los presupuestos constitucionales previstos en el artículo 108 de la Constitución Política".

Sugerimos: Así fue el primer discurso del embajador Ordóñez ante la OEA: "Dios, patria y familia"

Este año marcó la primera vez que esa colectividad se sometía a estas exigencias. A partir del 20 de julio de 2026 se acabaron oficialmente las curules otorgadas a ese movimiento por ley (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes) y por ello fue que la agrupación se presentó en coalición con Fuerza Ciudadana —del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo— en esos comicios. Entre sus candidatos estaban Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, ambos excombatientes, pero ninguno logró un asiento en el Legislativo.

"Encuentra la corporación que una vez finalizado el periodo dispuesto en este acto legislativo (19 de julio de 2026), el Partido Comunes no logró acreditar el cumplimiento del requisito general de representatividad previsto en el artículo 108 de la Constitución Política (umbral del 3 %)", indica el CNE en la resolución que dejó en firme la decisión.

Le puede interesar: ¿Qué pasa con el beneplácito de Carlos Felipe Mejía en el gobierno de España? Esto se sabe

Aunque la decisión se tomó hace algunas semanas, fue solo hasta este 1 de octubre que esta se materializó. ¿Esto qué significa? Que Comunes salió oficialmente del Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas (RUPyMP) del CNE y perderá la financiación de la que gozan todas las agrupaciones cuando tienen esa credencial. Actualmente, son 27 agrupaciones las que están en esa categoría y entre las últimas en unirse está Defensores de la Patria, creada tras la victoria del presidente Abelardo de la Espriella el 21 de junio en las elecciones, aunque esa decisión está siendo evaluada por el Consejo de Estado.

Comunes no se ha pronunciado tras esta determinación y cae, justamente, cuando se van a cumplir los 10 años del Acuerdo de Paz. Esta obtuvo su personería jurídica con la resolución 2691 del CNE en octubre de 2017. En ella, se reconoció a Londoño como su presidente y se fundamentó en los mismos actos legislativos que fueron aprobados tras la firma del texto que contuvo lo pactado en La Habana.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.