Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con las que el gobierno de Gustavo Petro busca avanzar en negociaciones con grupos armados, volvieron a ser noticia esta semana por una serie de choques con la Fiscalía General y por un tema que se ha convertido en el principal nudo jurídico -y político- de este punto de la paz total: la extradición.


Varios de los máximos comandantes de esas estructuras no entrarán, por ahora, a esos espacios debido a las solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, donde están acusados de distintos delitos, entre ellos narcotráfico y terrorismo.


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La decisión, anunciada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) tras una reunión con el presidente Petro, abrió nuevas preguntas sobre la viabilidad real de los procesos con las cuatro estructuras que estarán en las cinco ZUT autorizadas por el mandatario el miércoles pasado -el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, la disidencia de “Mendoza”), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF de “Calarcá”) y Comuneros del Sur- y también sobre cuáles serán los resultados reales que dejará esta política en la recta final del Gobierno.


En esas cuatro organizaciones armadas ilegales, algunos de sus mandos más visibles y estratégicos tienen solicitudes activas de extradición. Entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo” y máximo jefe del Clan del Golfo; Javier Velosa, “John Mechas”, del EMBF; Andrés Allende, de la CNEB; Willinton Henao, “Mocho Olmedo”, también del EMBF, y Geovanni Rojas, “Araña”, de la disidencia de “Mendoza”. Estos dos últimos ya tienen el aval de la Corte Suprema para su extradición, pero el año pasado Petro las frenó y dijo que su decisión se basaba en los avances de ambos procesos.


La exclusión temporal -el comunicado de la OCCP dice que sería solo en la primera fase- de varios extraditables de las ZUT plantea dudas, como, ¿qué tan viable puede ser una negociación si algunos de los hombres con control territorial y peso dentro de las estructuras armadas quedan por fuera de los principales mecanismos diseñados para avanzar hacia un tránsito a la legalidad?


Además, está el eterno dilema entre anteponer los compromisos internacionales -y en este caso la presión de Estados Unidos sobre Colombia- frente a las negociaciones. En algunas de las mesas la inclusión de los mandos en las ZUT ha sido uno de los pedidos claves. Por ejemplo, en el proceso con la disidencia de “Mendoza” la sola mención de que “Araña” no podría entrar a ese espacio fue una de las razones de la pausa del séptimo ciclo en marzo pasado.

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¿Qué dicen los delegados?


Por ahora la exclusión de los máximos jefes fue recibida con cautela por las delegaciones del Gobierno con los grupos armados. Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo con la CNEB, reconoció a este diario que la discusión ya venía siendo evaluada desde antes dentro de la mesa y aseguró que el grupo está revisando la situación.


“En este tipo de procesos siempre se producen situaciones complejas. El grupo tiene unas expectativas al respecto, pero existen unas realidades que debemos tener en cuenta. Una de ellas, la pugnacidad electoral que todo lo tergiversa en función de los intereses en juego. Otra, el asunto de la extradición”, dijo Novoa.


Aunque evitó anticipar cómo reaccionará la estructura armada, Novoa afirmó que en cuanto a las fases proyectadas para el proceso hacia la ZUT como lo sugería el comunicado de la Consejería de paz habrá “las fases necesarias para lograr que el grupo haga tránsito a la legalidad”.

Ambas delegaciones en ese diálogo adelantaron una reunión el viernes de la que, hasta ahora, no se conocieron conclusiones.

Desde la mesa del Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC-, el delegado Álvaro Jiménez evitó adelantar posiciones definitivas y señaló que el grupo sigue evaluando las nuevas circunstancias. “Al momento que tengamos información sobre las decisiones que toma el grupo respecto de las nuevas circunstancias, estas serán comentadas”, respondió a este diario el jefe negociador del Gobierno.

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Por ahora, ninguna de las delegaciones de las estructuras armadas se ha pronunciado. Sin embargo, Colombia+20 pudo hablar con Ricardo Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), quien aseguró que excluir a personas con solicitudes de extradición contradice el espíritu de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total), que creó las herramientas jurídicas para hacer viables este tipo de procesos.

“La ley no distingue ni deja margen para excluir a los extraditables: los incorpora expresamente”, afirmó Giraldo y agregó que “no se trata de una atribución que el presidente se invente: es una consecuencia jurídica definida directamente por el Congreso, en desarrollo del mandato constitucional del presidente de conservar el orden público y conducir la política de paz”, indicó.

Para el abogado, la discusión no solo tiene implicaciones jurídicas, sino prácticas pues los hombres pedidos en extradición son quienes concentran el mando responsable y la capacidad real de hacer cumplir órdenes en los territorios. “¿Quién responde frente al Estado y frente a la comunidad internacional por el cumplimiento de lo acordado si los mandos responsables no están en la zona y con orden de captura activa?”, cuestionó.

La pugna con la Fiscalía

Giraldo también aseguró que la propia Fiscalía había sostenido anteriormente -a través de directivas internas y comunicaciones enviadas al Comisionado de Paz, Otty Patiño- que la suspensión de órdenes de captura operaba “de pleno derecho” y no dependía del ente acusador.

Ese mismo argumento fue expresado en el comunicado que esta semana hizo público la OCCP tras conocerse que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se negó a suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo para que hicieran el tránsito hacia las Zonas de Ubicación Temporal.

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Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

Ahí aparece una de las principales tensiones que hoy rodean la paz total sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno en la construcción de condiciones jurídicas para negociar sin chocar con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la presión de Estados Unidos. El principal argumento del Ejecutivo es que esas decisiones se basan en los avances de la paz total, ¿pero quién determina esos avances y sobre qué bases?

Además, aunque el presidente tiene la última palabra frente a una extradición una vez existe concepto favorable de la Corte Suprema, las órdenes de captura ordinarias siguen dependiendo de jueces y de la Fiscalía General. Esa diferencia jurídica ha sido precisamente uno de los puntos de choque entre el Ejecutivo y la fiscal Camargo.

La extradición de los “paras” y las contradicciones de Petro

La discusión tampoco es nueva en Colombia. El antecedente más cercano ocurrió durante el proceso de desmovilización paramilitar bajo la Ley de Justicia y Paz, cuando el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pese a que ya estaban sometidos a ese modelo de paz.

Ese episodio sigue pesando sobre las actuales negociaciones y suele ser citado por distintos sectores armados como prueba de que entrar a un proceso de paz no necesariamente blinda frente a la extradición.

Petro ha insistido varias veces en que extraditar a actores que participan en procesos de paz puede afectar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y debilitar los procesos de sometimiento.

El presidente lo ha llamado la “fragmentación de la verdad” y parte de ello lo motivó a una mesa con los exparamilitares para que revelaran al país lo que no habían contado al ser enviados a Estados Unidos.

Para el abogado penalista Pedro Nel Escorcia, experto en extradición, en general, el compromiso internacional tiende a imponerse sobre procesos de negociación. “La facultad y el deber, si se puede decir que tiene (el presidente), de extraditar va por encima de una negociación de ese corte”, le señaló a este diario.


Escorcia también aclaró que esa facultad solo la tiene el presidente sobre la extradición, pero que las órdenes de captura ordinarias “siguen siendo competencia únicamente de la rama judicial”.

Las crecientes pugnas entre Gobierno y Fiscalía también pueden deberse a que la Ley 2272 no desarrolla completamente los alcances y los lineamientos que tendrán las ZUT -de hecho, en dicho articulado se usó el mismo párrafo que el que tiene el Acuerdo de Paz con las Zonas Veredales Transitorias-. Y eso sumado a la falta de un marco jurídico para el sometimiento deja abierto a interpretaciones de lado y lado.


En todo caso, el episodio de las Zonas de Ubicación Temporal parece proyectarse como una vía para mantener vivas las negociaciones y, de paso, como la salida del Gobierno para dar forma y presentar algo tangible a su ambiciosa política de paz total.

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Al menos 13.800 personas enfrentan afectaciones de restricciones a la movilidad, suspensión del transporte y confinamientos en las cuencas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, en medio de los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Calarcá Córdoba y con el que el Gobierno de Gustavo Petro tiene una mesa de negociación en el marco de la paz total.

La cifra incluye a más de 6.300 habitantes de Puerto Guzmán; más de 5.800 de Puerto Leguízamo y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje; y 488 núcleos familiares confinados en el departamento del Amazonas, que incluyen a 1.706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).

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La alerta fue emitida este 15 de mayo por la Defensoría del Pueblo, luego de que circulara “un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán”, escribió la entidad.

Las consecuencias ya se reflejan en la vida cotidiana. La Defensoría describió que “estas comunidades han reportado graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales”.

Según alerta la entidad, en Putumayo fue suspendido el transporte público fluvial y también el transporte escolar para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y algunas rutas del río Putumayo. En Caquetá, por su parte, la suspensión afectó el sector oriental de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano.

Además, las comunidades ribereñas del río Orteguaza también están afectadas, y los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos se encuentran en “una situación de riesgo extremo”, escribió la Defensoría en el pronunciamiento.

La entidad subrayó que no se trata de hechos aislados. Desde diciembre de 2025 ha emitido “cinco oficios de consumación por confinamientos, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados”, además de haber advertido la situación en la Alerta Temprana 001 de 2025.

La crisis también amenaza las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Defensoría alertó sobre “las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán”, lo que podría dejar a comunidades rurales sin posibilidad de votar en los comicios.

Las exigencias al gobierno y a los grupos armados

Ante la magnitud de la crisis, la entidad pidió fortalecer la presencia institucional y exigió al Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías una respuesta articulada para “proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos”.

A los grupos armados, la Defensoría también les dejó un mensaje: “la población civil no puede ser sometida a paros armados, confinamientos ni restricciones a la movilidad. Instamos a estos grupos a levantar cualquier limitación impuesta contra las comunidades, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar a la misión médica”.

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La paradoja es evidente. Washington reconoce que las organizaciones criminales mutaron y que hoy son más flexibles, transnacionales, financieras, tecnológicas y menos jerárquicas. Pero, aun así, propone enfrentarlas con una lógica de guerra. Habla de carteles como organizaciones terroristas, de ataques a la producción en el origen, de control fronterizo, sanciones, persecución global y despliegue de capacidades militares. Todo eso puede producir golpes operativos importantes y resultados visibles en el corto plazo. Lo que no garantiza es transformar las condiciones que hacen posible la expansión y adaptación permanente del mercado.

Uno de los principales puntos ciegos de esta estrategia es que sigue anclada en respuestas fundamentalmente punitivas y cinéticas frente a un fenómeno que exige una lógica mucho más fina para producir resultados sostenibles. Aunque incorpora herramientas más sofisticadas, estas terminan operando bajo la misma lógica de castigo y contención. El problema es que el mercado de drogas ya demostró una enorme capacidad de adaptación frente a ese tipo de presión. Cuando se golpea un eslabón, rápidamente aparecen otros actores, nuevas rutas y mecanismos más eficientes de operación.

En Colombia, esa experiencia es bastante conocida. Durante décadas el éxito se midió en hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos y personas capturadas. Entre finales de los años 90 y la suspensión de la aspersión aérea en 2015, por ejemplo, Colombia asperjó y erradicó más de 2 millones de hectáreas de coca. Sin embargo, según UNODC, los cultivos reaparecieron, se desplazaron territorialmente y terminaron alcanzando nuevos máximos históricos años después, llegando en el 2023 a 253.000 hectáreas.

Hoy el mercado es incluso más eficiente. La producción potencial de cocaína pasó de cerca de 290 toneladas métricas a comienzos de los años 2000 a más de 2.600 toneladas en 2023, impulsada por mayores rendimientos por hectárea, enclaves productivos y cadenas criminales mucho más sofisticadas.

Al mismo tiempo, el consumo mundial tampoco disminuyó. A comienzos de la década pasada se estimaban alrededor de 17 millones de consumidores de cocaína en el mundo y hoy la cifra supera los 25 millones, mientras el mercado continúa expandiéndose hacia nuevos destinos. Algo similar ocurrió con las estructuras criminales. Capturas, neutralizaciones, desmovilizaciones y extradiciones produjeron fragmentaciones temporales, pero no lograron desarticular de manera sostenible las capacidades financieras, territoriales y logísticas de las organizaciones. El resultado fue un ecosistema criminal más atomizado, más resiliente y más difícil de contener. Para no ir más lejos, hoy tenemos en el país más de 27.000 integrantes de este tipo de organizaciones en Colombia con una influencia de algún tipo en más de 600 municipios. Seguir empujando la pared con las mismas manos difícilmente permitirá moverla de lugar.

Es en eso, justamente, donde la discusión debería cambiar. El problema no es solo la coca ni únicamente el narcotráfico entendido como una cadena aislada. El verdadero desafío es el ecosistema criminal que se articula alrededor de estas economías. Un entramado donde convergen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, lavado de activos y captura institucional. Los grupos armados no solo controlan rutas o compran hoja de coca. También regulan economías locales, imponen normas, median conflictos, capturan rentas públicas y disputan gobernabilidad en amplias zonas del país.

Por eso, insistir exclusivamente en erradicación, interdicción o presión operativa es confundir el síntoma con la enfermedad. El desafío ya no pasa solamente por reducir hectáreas, sino por desmontar sistemas criminales complejos que mezclan economías legales e ilegales, aprovechan vacíos institucionales, normas superpuestas, incertidumbres jurídicas y logran gobernar territorios donde el Estado no consigue hacerlo de manera efectiva.

¿Qué viene para Colombia?

La política de Trump sigue partiendo de una idea cómoda y profundamente discutible: que si se golpea más duro la oferta, el mercado necesariamente se reduce. Pero la experiencia colombiana, y del mundo en general, muestra otra cosa. Las acciones tradicionales de control no han logrado resultados sostenibles cuando operan desconectadas de seguridad territorial, justicia, desarrollo rural y transformación económica.

Para Colombia y los países productores y de tránsito, esta lógica puede tener efectos problemáticos. Refuerza la idea de que la reducción de coca depende principalmente de la presión operativa, empuja al Estado a priorizar resultados rápidos sobre transformaciones sostenibles y aumenta la injerencia estadounidense sobre una agenda que debería responder mucho más a las realidades territoriales del país.

Al final, quienes vuelven a quedar en el centro del costo político y operativo de esta guerra son, principalmente, las comunidades cultivadoras, que cada vez más participan en eslabones intermedios de la cadena de producción.

Algo similar ocurre frente a las organizaciones criminales. Esta mirada refuerza la idea de que desmantelarlas depende principalmente de producir más capturas, bajas o extradiciones, mientras las finanzas criminales, las redes logísticas, la corrupción y los mecanismos de gobernanza ilegal mantienen intacta buena parte de su capacidad de adaptación.

La discusión no debería centrarse en si se necesita control. Claro que se necesita. Pero un control inteligente, selectivo y estratégico. No se trata de perseguir más campesinos ni de sumar operativos tradicionales para alimentar indicadores de corto plazo. Se trata de hacer más riesgosa y costosa la operación de los actores que realmente sostienen el negocio, desde las redes financieras y logísticas hasta las estructuras de corrupción y los mecanismos que conectan lo legal con lo ilegal.

Desde la perspectiva de la Fundación Ideas para la Paz, la alternativa pasa por cambiar la lógica de intervención. Menos énfasis en la reacción punitiva y más en una estrategia integral de seguridad territorial. Eso implica ordenar la acción del Estado alrededor de cuatro objetivos articulados que permitan proteger a la población civil, contener la expansión de los grupos armados, recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No se trata de hacer más operaciones, sino de hacerlas mejor, afectando las capacidades estructurales de las organizaciones y no solamente sus manifestaciones visibles.

También implica reconocer que no todos los territorios cocaleros requieren la misma respuesta. En algunos la prioridad será contener la violencia. En otros, recuperar control institucional. Y en otros, abrir oportunidades económicas reales. La transformación territorial debe asumirse como una inversión estratégica de largo plazo y no como una promesa de sustitución rápida o una operación diseñada únicamente para cumplir metas anuales.

La agenda con Estados Unidos tampoco puede limitarse a aceptar esta presión. Colombia debería proponer una cooperación mucho más estratégica, enfocada en inteligencia financiera, control de precursores, persecución del lavado de activos no solo en nuestro país, sino principalmente en el exterior, trazabilidad logística, control de armas y fortalecimiento judicial. En resumen, pensar menos en hectáreas como fetiche eterno y más en afectación estructural al negocio criminal.

El riesgo de la apuesta de Trump

Ahora, además, aparece un elemento nuevo que puede agravar este escenario. Una mayor exigencia de cuentas y resultados (“accountability”) por parte de Estados Unidos hacia los países productores. La política de Trump no solo busca éxitos, sino que los condiciona. Esto puede traducirse en certificaciones más estrictas, evaluaciones unilaterales y presiones directas sobre gobiernos como el colombiano para mostrar avances rápidos, medibles operativamente y alineados con sus prioridades. El riesgo es que esa lógica no se quede en lo diplomático y termine permeando otras agendas, incluyendo el comercio bilateral, la cooperación y la inversión, como lo ha manifestado la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en algunos de sus informes. En ese contexto, la política de drogas deja de ser un tema sectorial para convertirse en una herramienta de presión mucho más amplia, con efectos potencialmente impredecibles sobre la relación entre ambos países.

La pregunta no es si Colombia debe cooperar con Estados Unidos. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si esa cooperación seguirá atrapada en el pasado o si servirá para construir una política más seria, más territorial y más efectiva. Porque después de décadas de guerra contra las drogas, una cosa debería estar clara. Repetir la misma receta, incluso con más fuerza, no fue, no es y no será una estrategia exitosa. Es, más bien, una nostalgia punitiva que sigue pedaleando en una bicicleta estática. Bienvenidos al pasado.

*Javier Andrés Flórez es el director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la paz (FIP).

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La aprobación del presidente Gustavo Petro del ingreso de miembros de cuatro grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) vino acompañada de una condición: los integrantes de esas estructuras que tengan órdenes de extradición vigentes no podrán entrar en una primera fase.

Esa “situación será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República”, se lee en el comunicado emitido este 13 de mayo por la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz.

Según indica ese documento, la decisión se tomó tras una reunión del jefe de Estado con el comisionado de paz, Otty Patiño, y jefes de las delegaciones del Gobierno en los diálogos de paz total. Entre ellos, Álvaro Jiménez, delegado en el proceso con el Clan del Golfo; Armando Novoa, de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; Gloria Quiceno, negociadora en la mesa del Estado Mayor de los Bloques y Frente; y Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo en el tablero de paz de Comuneros del Sur.

Fue para esos cuatro grupos que el presidente autorizó el ingreso a las ZUT.

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¿Quiénes son los extraditables de esos grupos que no entrarán en esta primera fase a las ZUT?

1. Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, Chiquito Malo

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, es el máximo comandante del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la mayor estructura armada ilegal del país.

En 2018, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por cargos de narcotráfico. De acuerdo con la acusación, aproximadamente desde 2008, Ávila Villadiego “se unió a un concierto para delinquir, se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, y con personas conocidas y desconocidas a bordo de una embarcación sujeta la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia”.

El pasado 13 de enero, la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega al país norteamericano. La decisión final, sin embargo, quedó en manos del presidente Gustavo Petro.

Tras la reunión que sostuvieron en Washington los presidentes Petro y Donald Trump el pasado febrero, Chiquito Malo fue declarado “objetivo de alto valor” por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

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2. Geovanni Rojas, Araña

Geovanni Rojas, conocido como Araña, es el jefe de los Comandos de Frontera, una estructura adscrita a la disidencia CNEB, también en diálogos de paz con el Gobierno Petro.

En febrero de 2025 fue capturado en un hotel de Bogotá tras terminar el tercer ciclo de diálogos. En ese momento, ese grupo armado –así como el Clan del Golfo y Comuneros del Sur– pusieron en tela de juicio la seguridad jurídica y las garantías que el Gobierno Petro da a quienes están en una mesa de paz total.

Esa captura fue sorpresiva, pues los agentes del CTI llegaron hasta un hotel donde se llevaba a cabo el evento y dijeron que la detención se daba bajo una circular roja de Interpol con fines de extradición por un presunto envío “reciente” de drogas hacia Estados Unidos.

Araña es para Estados Unidos un objetivo estratégico vinculado al tráfico de drogas y al control de corredores cocaleros.

Aunque el presidente Petro frenó su extradición a través de la resolución 421 del 18 de noviembre de 2025, desde el pasado 29 de enero, el presidente emitió una serie de pronunciamientos en los que condicionaba la suspensión de su traslado a Estados Unidos al cumplimiento de la erradicación de los cultivos de coca.

Según conoció Colombia+20, una de las razones por las que la CNEB declaró en pausa la mesa el pasado 16 de marzo fue justamente por la preocupación de la delegación de la disidencia sobre el proceso de la ZUT y la posibilidad de que Araña no ingresara.

3. Andrés Allende

Andrés Allende es el máximo comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, también perteneciente al CNEB, que tiene una fuerte presencia en Nariño. Se dice que tiene un rol clave en la articulación de economías ilegales transfronterizas.

En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por narcotráfico. Allende es acusado por ese país de controlar rutas de narcotráfico entre Colombia y Ecuador por la zona del Pacífico y, según el gobierno norteamericano, colabora con el cartel de Sinaloa en la distribución de estupefacientes en las rutas México y Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa.

4. Javier Alfonso Velosa García, John Mechas

Javier Alfonso Velosa García, conocido como John Mechas, es el jefe del Frente 33 de la disidencia de Calarcá que opera en Catatumbo.

Su orden de extradición a Estados Unidos está marcada por el atentado contra el expresidente Iván Duque y el ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde había personal estadounidense. Por ello ese disidente es tan importante para el gobierno norteamericano.

Además del ataque con explosivos, ocurrido en 2022, al CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde fallecieron dos menores de edad.

5. Willinton Henao Gutiérrez, Mocho Olmedo

Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, es el segundo al mando del Frente 33, una de las estructuras más activas del EMBF, y cuyo punto de operación es la región de Catatumbo.

Desde 2023, Estados Unidos busca a Henao para que responda por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia avaló ese pedido de extradición. Sin embargo, dos meses después, el presidente Petro la suspendió por su papel en la mesa de negociación.

De acuerdo con la resolución 186 de 2025, “su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”.

6. Gabriel Yepes Mejía, H.H.

Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H., es el máximo comandante de Comuneros del Sur., el frente que se dividió del ELN en Nariño. En julio de 2022, fue llamado a juicio cuando fue acusado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por tráfico de cocaína.

Según la Corte, “es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína, y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”.

En abril de 2025, la Corte Suprema le avaló su extradición. Sin embargo, en mayo de 2025, el presidente Petro frenó su entrega a Estados Unidos por pertenecer a uno de los procesos más avanzados en la paz total.

La decisión del mandatario se dio en la misma semana en la que la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, denunció presiones para frenar la extradición de H.H.

7. Oliverio Orfilio Pai, Chuky

Oliverio Orfilio Pai, conocido como Chuky, es delegado en la mesa de paz con Comuneros del Sur y es uno de los delincuentes más buscados en el suroccidente del país por las acciones cometidas durante su paso por el ELN.

En noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación suspendió su órden de extradición, así como la de otros 10 miembros de Comuneros del Sur.

8. Jorge Wilfredo Rosero Marín, Fercho

Jorge Wilfredo Rosero Marín, conocido como Fercho, también pertenece a Comuneros del Sur y tiene una circular azul de Interpol por narcotráfico.

Al igual que Orfilio Pai, su orden de extradición fue frenada por el ente de control en noviembre de 2024.

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Este es uno de los hechos más crueles y brutales del conflicto armado colombiano, que evidenció graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las fallas del Estado en su deber de proteger a las comunidades de estos municipios. Con ocasión de la conmemoración de los 24 años de la masacre, se programó un acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas por parte del Estado por los hechos de violencia ocurridos en Bojayá y Vigía del Fuerte. Estas medidas, que hacen parte de la reparación integral, son necesarias e impostergables, especialmente con el presidente de la República a la cabeza. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición.

El 26 de mayo de 2002 se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy, en 2026, nos encontramos en momentos similares; no solo por el calendario electoral, sino por los crímenes de guerra que se vienen cometiendo a lo largo y ancho del país en medio de anuncios de campañas políticas, que no abordan con seriedad, de forma programática ni con propuestas concretas, cómo se desarrollará una política de seguridad y, la búsqueda de la paz.

El ataque terrorista perpetrado en la carretera Panamericana, vía al municipio de Cajibío, Cauca, dejando al menos veinte muertos y más de cincuenta heridos, mediante la explosión de un cilindro que afectó varios vehículos que transportaban civiles; el anuncio realizado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, informando que ha sometido a un “juicio revolucionario” a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en el departamento de Arauca; así como el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, demuestran con claridad que no existe ninguna voluntad por parte de ciertos grupos al margen de la ley para buscar una paz negociada.

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La población civil y otras personas protegidas por el DIH son el objetivo de los alzados en armas, en quienes no hay móviles revolucionarios, dado su actuar criminal. Parece que la estrategia es la misma: demostrar capacidad de destrucción mediante el terrorismo para ejercer presión política y, supuestamente, llegar fortalecidos frente al nuevo gobierno. No, esto no es poderío militar ni una estrategia que conduzca a diálogos o acercamientos; estas son acciones demenciales y crueles que deben contrarrestarse mediante la aplicación de la ley por parte de las instituciones del Estado y que jamás encontrarán respaldo en la comunidad nacional ni internacional.

Las soluciones guerreristas de gobiernos pasados dejaron miles de ejecuciones extrajudiciales. Los ciclos de diálogos y acercamientos con grupos armados ilegales y organizaciones criminales de alto impacto, carentes de metodología y de una verificación rigurosa del cumplimiento de lo acordado, condujeron al fortalecimiento de estas estructuras, que hoy actúan sin control y en abierta violación de los derechos humanos. El favorecimiento y la indiferencia del actual Gobierno frente a estos crímenes de guerra ha contribuido a agudizar la crisis humanitaria que actualmente vive el país.

Los sucesos de Bojayá no fueron suficientes para enfrentar las atrocidades del conflicto armado. Chocó, Cauca, Nariño, el Catatumbo, Arauca, entre otras regiones de Colombia, siguen sumidos en la destrucción, el abandono y la pobreza. Quienes tenemos la oportunidad de votar sin constreñimientos no debemos permitir que los políticos sigan jugando con las necesidades de la gente, pisoteando su dignidad, especialmente en época electoral. El punto de partida debe ser exigir a los candidatos presidenciales propuestas concretas en materia de paz, seguridad y recuperación del orden público, sustentadas en la inversión social.

No es necesario que existan decisiones judiciales para reparar a las víctimas y honrar su memoria. Por mandato constitucional, a las autoridades les corresponde proteger a las personas —especialmente a las más vulnerables— en sus derechos y libertades, lo que comprende sus creencias y opciones políticas. La garantía democrática del voto libre empieza por las acciones honestas de los candidatos y sus campañas. Sin embargo, en esta contienda por la presidencia abunda la mentira, la deslealtad, las ofensas y las imputaciones criminales, que distan mucho de las soluciones que los electores reclaman, especialmente en una sociedad atormentada por las violencias.

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Las decisiones sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) siguen moviendo el tablero de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a menos de tres meses de su salida de la Casa de Nariño.

Este miércoles en la noche, el jefe de Estado autorizó el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco de esas zonas, definidas en la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.

Estos espacios han sido concebidos como áreas delimitadas donde miembros de estructuras armadas harán tránsito hacia la vida civil con acompañamiento estatal y mecanismos de verificación. La Ley, sin embargo, no explica cómo.

En contexto: Lo que debe saber sobre las Zonas de Ubicación Temporal para los grupos armados

Colombia+20 conoció dónde estarán ubicadas esas cinco Zonas de Ubicación Temporal y qué grupos armados harán presencia en ellas:

1. Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba: Catatumbo. Esta será solo con el Frente 33 que opera en esa región de Norte de Santander.
2. Comuneros del Sur: Nariño.
3. Clan del Golfo: Tierralta, Córdoba. Esto significa que no avanzarán, por ahora, las zonas de ubicación que se habían contemplado para Chocó.
4. Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza: una estará en Nariño y otra en Putumayo.

El Gobierno precisó que, en una primera fase, a estas zonas no ingresarán personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Esto incluye a Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, y Araña, jefe de los Comandos de Frontera, una estructura adscrita a la CNEB.

Tensiones entre el comisionado de paz y la fiscal general

El anuncio se produjo en medio de una creciente tensión entre la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Fiscalía General de la Nación. El tono se ha elevado tanto que durante el consejo de ministros que se dio el miércoles, el jefe de la cartera de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión entre la fiscal, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de paz, Otty Patiño, para “aclarar, precisar y reafirmar” la posición del Gobierno.

La Ley de Paz Total contempla la suspensión de órdenes de captura para integrantes de grupos armados incluidos en los listados entregados por las delegaciones y avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sin embargo, hace dos días, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que no suspendería las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para permitir su ingreso a las ZUT, como lo había solicitado la consejería de paz.

El ente investigador señaló que la información recibida por parte del Gobierno nacional “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”.

En el comunicado de la Consjería se respondió a la decisión de la Fiscalía y se subrayó que la dirección de la política de paz y del orden público corresponde “de manera exclusiva” al Presidente de la República.

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Cuando Olivier Dubois llegó a asumir el rol de jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Bogotá en febrero pasado, se encontró con un país que ya no encuentra dónde guardar tanto sufrimiento. Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de la última década, marcada por una reconfiguración del conflicto armado, o de los conflictos armados, como el CICR prefiere llamarlos.

Dubois acumula 28 años de experiencia en la organización. Antes de asumir su cargo en Colombia, sirvió como jefe de la Delegación Regional para México y América Central, donde lideró la respuesta humanitaria del CICR en México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, y tuvo bajo su responsabilidad la estrategia de cooperación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en esa región.

Con esas casi tres décadas de experiencia en contextos de guerra en distintos rincones del mundo, el jefe del CICR habla con la cautela de quien ha visto que el dolor se repite bajo distintos nombres, fronteras y actores armados. Por eso evita comparar cifras entre países. Dice que hacerlo puede desviar la mirada de lo esencial, que son las consecuencias de la violencia sobre la población civil.

“Al final, lo que importa es el impacto sobre el niño, la niña, la mamá. Si tu familia está en un lugar en el cual hay presencia militar, hay enfrentamientos o un actor armado ha dejado artefactos explosivos en tu cultivo, el impacto es el mismo para ti que en otros lugares”, afirma.

En entrevista con Colombia+20, Dubois conversa, entre otras cosas, sobre el más reciente informe del CICR sobre Colombia, los límites de la respuesta humanitaria frente a los recortes presupuestales y el aumento de las violaciones al DIH en medio de la reconfiguración de la guerra.

¿Cuáles son esas afectaciones que más le preocupan en los focos de violencia que describe el informe?

Creo que el informe es claro en que no todo el territorio de la República está impactado. Hay una diferencia en la forma en la cual el conflicto impacta a diferentes departamentos. Y en 2025 el informe ha sido bastante claro en que Norte de Santander ha tenido un lugar desproporcionado en términos de números de afectaciones.

Porque sí, el conflicto se intensificó y no hay una resolución, y lo vemos aún ahora en 2026: Norte de Santander, Catatumbo, sigue siendo una zona de conflictividad importante. Entonces hay que ver eso, no son todos los territorios impactados de la misma manera.

Después, cifras e impactos pueden ser relativos. Si hablamos de confinamiento y de su impacto en Norte de Santander, ha sido algo diferente en 2025 frente al Chocó, donde es un hecho un poco más histórico.

Lo que también me llamó la atención del informe fue que en Guaviare casi el 20 % de la población ha sido confinada en 2025. Por supuesto, es un territorio con poca población, ese porcentaje de la población quiere decir que toda una región ha sido, no voy a decir completamente paralizada, pero sí con una afectación mayor en toda la región. Y eso también llama la atención sobre ir un poco más allá de la cifra.

El documento dice que la mayoría de violaciones del DIH no ocurrieron en medio de los combates, sino fuera de ellos. ¿Qué lectura hace el CICR sobre esta forma de operar de los grupos armados?

Eso es probablemente resultado de la complejidad de los conflictos y, a veces, de la fragmentación y refragmentación de diferentes grupos.

Entonces, lo que vemos son realmente comunidades que se encuentran en medio de una disputa. No se trata únicamente de escapar o de protegerse durante los enfrentamientos, sino de tener el miedo de estar a merced del reclutamiento, de posibles atentados a la integridad física y, por supuesto, de tener una gran dificultad para seguir haciendo sus tareas habituales, sus cultivos, por ejemplo.

Estamos convencidos de que no es inevitable. Por eso este informe no es solamente una descripción de hechos, una acumulación de cifras; es un llamado a las partes en conflicto para que respeten el DIH tanto durante los enfrentamientos, como también cuando están en zonas pobladas, cuando tienen bajo su control —o cualquier nombre que podamos usar— a población civil que no participa en las hostilidades.

Hay que realmente asegurarse del respeto del derecho internacional humanitario y del respeto a la integridad y la dignidad de las personas.

El informe describe 2025 como el año más grave de la última década. ¿Qué fue lo que más lo impactó al llegar a Colombia y encontrarse con la realidad de las comunidades más golpeadas por la guerra?

Al llegar acá, vi primero cifras de nuestras operaciones del día a día y noticias de enfrentamientos o de afectaciones, pero lo que me faltaba era realmente darme cuenta de la realidad.

Entonces tuve la oportunidad de acompañar a parte de mis equipos a algunas de las zonas afectadas; quizás no las más afectadas a nivel de cifras como las que señala el informe, que es Norte de Santander, pero tuve la oportunidad de ir a Caquetá, de acompañar a mis equipos, encontrar comunidades que están en medio de una disputa entre dos grupos armados y de ver también la realidad del trabajo que mis equipos pueden hacer acá en Colombia, tanto como ayuda directa a la comunidad, como este diálogo tan importante de recordar a las partes en conflicto la importancia de respetar a la población, de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de tomar una forma de responsabilidad sobre sus actos. Después tuve la oportunidad de ir a Quibdó, otra realidad colombiana.

También me encontré con comunidades recién afectadas por enfrentamientos, comunidades que han sufrido diferentes episodios de confinamiento y tuve la oportunidad de hablar y discutir sobre lo que significa concretamente el confinamiento para su capacidad de vivir, de crecer, de educar a los niños. Tuve la oportunidad también de encontrar el personal de salud allá y ver el impacto del confinamiento que a veces no respeta el acceso a la salud, la posibilidad de sacar un herido a tiempo para que llegue a un centro de salud.

Entonces eso me impactó bastante porque informes y cifras son una cosa, pero hablar con la gente afectada y ver el territorio es indispensable para poder intentar incidir y también en mi rol apoyar a mis equipos.

Usted señala en el informe que llegó a Colombia con la claridad de que este “contexto requiere respuestas prontas, consistentes y adaptadas a las múltiples realidades locales”. En el tiempo que lleva en el país –y con una guerra hoy reconfigurada–, ¿siente que el CICR está logrando eso, o la magnitud del conflicto supera su capacidad de respuesta?

Es una pregunta difícil. Por un lado, tengo la impresión de que sí, el CICR, por su proximidad con las comunidades y su escucha, ha logrado adaptar su respuesta y responder de manera rápida cuando ocurre un cambio para las comunidades. Ha tenido también la posibilidad de coordinarse con otros actores, incluyendo los actores de gobierno, para que el esfuerzo sea coordinado cuando se pueda.

Después, la otra parte de la respuesta es más compleja. A nivel puramente humanitario, la capacidad de respuesta humanitaria –que generalmente es una respuesta temporal y limitada en algunos aspectos, pero necesaria–, lo que hemos visto es una reducción importante de la capacidad y de la presencia de actores humanitarios en el país por razones de reducción presupuestaria, una tendencia mundial que impacta también a Colombia. Nosotros también tuvimos que adaptarnos.

Entonces no va a ser suficiente. Hay un riesgo y un dolor para mis equipos de no poder alcanzar a estar presentes, dar respuesta a lo largo de la necesidad de todas las comunidades y las personas afectadas.

¿Qué prioriza ahora el CICR tras la redución de un 30 % de su prespuesto en el país?

La fuerza y la especificidad del CICR en Colombia es la capacidad de llegar a zonas en las cuales otros actores no van a tener las garantías suficientes para acceder y entonces favorecer esta proximidad territorial. Por eso nos quedamos con 10 estructuras en Colombia, lo que, en comparación con otros países afectados por conflictos armados, es importante. Primero sí, enfocar esta prioridad porque hay una especificidad, hay esta presencia, este diálogo que hemos mantenido con muchos actores; favorecer eso.

Segundo, favorecer justamente las acciones que tienen un impacto que llamamos de protección y que favorecen no solamente la respuesta en alimentos, sino que pueden reducir la ocurrencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Entonces, enfatizar sobre los efectos directos de las hostilidades y los efectos que impiden realmente a la población ser protegida. Enfocamos esos dos aspectos y coordinamos, cuando se puede —y hay muchas oportunidades, es un deber—, con otros actores para que la ayuda llegue.

Un ejemplo bastante claro para ilustrar eso es el desplazamiento. Muchas veces comunidades o individuos se desplazan de un lugar que es arriesgado y van a un lugar en el cual esperan tener más seguridad, pero también recibir ayuda de la alcaldía, de otros actores, etcétera.

Entonces, no nos enfocamos tanto en las personas que han logrado llegar, pero tenemos, desde nuestra perspectiva, una preocupación aún mayor por las personas que están obligadas a permanecer confinadas en sus lugares, con la presencia, si no constante, por lo menos intermitente, de personal armado.

El CICR documentó 845 presuntas violaciones al DIH y, aunque las cifras son alarmantes —como el aumento del desplazamiento y el confinamiento—, usted ha insistido en que el impacto va mucho más allá de los números. Desde lo que han visto en terreno, ¿cómo están afectando estas violencias el tejido social y la vida comunitaria?

Creo que sí, el tejido social está bastante afectado, especialmente por lo que yo vi y lo que escuché de mis colegas. Cuando la dinámica de los conflictos hace que una misma comunidad deba enfrentarse o convivir con diferentes actores y grupos armados, la presión social que eso genera es bastante impactante.

Eso afecta la capacidad de la comunidad de convivir y de seguir afrontando la realidad, una vida que ya no es fácil en muchos lugares, y además tener que afrontar esta realidad adicional de violencia como comunidad.

Hablemos un momento de Catatumbo. Hace poco más de un año se desató en esa región la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años. ¿Ha visto cambios para bien o para mal en Catatumbo? ¿Qué le preocupa?

Lo que es preocupante en Catatumbo, por ser una región en la cual no fue únicamente un evento sino una continuación, es finalmente el acumulado y la multiplicación de afectaciones: desplazamiento; dificultades para acceder a la salud o recibir atención; dificultades para tener enseguida acceso a la educación por la presencia continua, en zonas pobladas, de actores armados.

Entonces, es eso lo que preocupa cuando vemos que la misma zona sigue en el foco. Hay un efecto acumulativo sobre comunidades que cada vez van a tener menos oportunidades de resiliencia, de sobrevivir frente a las afectaciones.

Hay otro tema que aborda el informe y es el uso de drones explosivos, especialmente preocupante en zonas como Catatumbo. Además del riesgo físico, estas prácticas tienen impactos en la salud mental de las comunidades. ¿Qué tan preparados están los equipos del CICR para documentar y responder a este tipo de violencia?

Es una realidad reciente y una realidad que se está desarrollando rápidamente. Pienso que sí, que esta realidad va a acompañarnos y traer más complejidad en los meses y años que vienen.

Creo que todavía no estamos totalmente preparados, tanto para entender el riesgo sobre la población como el riesgo para actores humanitarios. Entonces, sí creo que hay que apurarnos en entender bien el fenómeno. Hay que reiterar que el Derecho Internacional Humanitario es aplicable a este tipo de tecnología y que las precauciones para que no afecte a la población civil son esenciales.

Y creo que hay un tema importante en un país como Colombia, que ha desarrollado muchas herramientas para abordar situaciones difíciles con comunidades, como el tema de minas antipersonales. Hay que adaptar eso a esta nueva realidad y a este nuevo riesgo.

Y tú lo mencionaste al inicio, no son únicamente cifras de personas heridas o fallecidas por artefactos lanzados, incluyendo drones. Más bien, los drones están generando un nuevo miedo y una incertidumbre en comunidades y territorios de una manera novedosa.

Usted habla de la sensibilización como uno de los objetivos del informe. ¿Cómo hacer para que violencias que se dan en el conflicto y que muchas veces son invisibilizadas, como la violencia sexual, no queden reducidas a cifras? ¿Cómo se sensibiliza también a las partes de conflicto más allá de la publicación de este informe?

Es cierto, la violencia sexual tiene un subregistro importante que sigue siendo un desafío, incluso para nuestros equipos, que cuentan con colegas bastante capacitados para abordar este tema. Pero es bastante difícil saber exactamente lo que está pasando, especialmente cuando aumenta la presencia de actores armados en una zona por un tiempo. Entonces, creo que es una dificultad importante.

Hay que visibilizarlo porque es bastante fácil pensar que no existe cuando no es visible. Entonces, creo que tenemos un deber de mencionarlo. Es una realidad en diferentes conflictos, una realidad que muchas veces no se reconoce.

Para nosotros es una preocupación que mencionamos de manera diaria en nuestro diálogo con las partes en conflicto. Lo mencionamos y no aceptamos una respuesta de que eso no existe, porque sabemos que existe. ¿Qué hacer? ¿Cómo asegurarse de que eso se pueda minimizar? Eso es algo que probablemente es mucho más fácil de organizar con fuerzas estatales, pero también se debe hacer con actores armados no estatales.

El informe tiene una cifra que a mí me importa mucho: durante 2025, colegas del CICR tuvieron más de 500 diálogos directos con las partes en conflicto. Es decir, este acceso al territorio y esta presencia hacen posible que podamos hablar de esas cosas con los actores armados.

¿Qué respuestas se han encontrado por parte de los grupos armados ilegales en esos encuentros? ¿Cree que esos espacios sí tiene algún efecto?

El hecho de que continuamos es porque sabemos que es útil. Después, por la forma en la que trabajamos y por la importancia que tiene para nosotros no estigmatizar a un grupo particular frente a otro, o decir “ese lo hizo bien, pero el otro mal”, no puedo realmente entrar en detalles sobre este tipo de discusiones.

Lo que me parece interesante al llegar a Colombia es que tenemos un diálogo que puede estar basado en el DIH. Y eso no existe en todas las partes del mundo. Aquí, con la mayoría de los grupos y con las fuerzas públicas, por lo menos podemos tener una base común de diálogo. Eso me parece importante. No es suficiente y las cifras lo demuestran, pero esta base es fundamental.

Y también esperamos que eso pueda seguir, porque creo que es parte del camino para tener en los próximos años un informe menos preocupante.

Todas esas afectaciones humanitarias, señala el informe, son el resultado de un proceso progresivo que el CICR ha advertido desde 2018. ¿No se escucharon esas advertencias a tiempo? ¿Qué está fallando?

Es una pregunta bastante difícil. Es difícil de decir cuál sería la receta ideal, pero lo que sabemos de experiencia tanto acá como en otros lugares es que mientras tanto haya conflicto, si se respeta el Derecho Internacional Humanitario, las afectaciones a la población civil se van disminuyendo. Y eso creo que es un paso, como lo mencioné, importante para seguir avanzando en en Colombia.

Los ataques contra el personal de salud tienen una cifra especialmente alarmante en territorios donde el acceso al sistema de salud ya es muy limitado. ¿Cómo impactan estas agresiones no solo a las comunidades, sino también a la labor humanitaria que ejerce el CICR en esas zonas?

Creo que es una preocupación importante. Hay que recordar que una persona que está fuera de combate por estar herida —quizás alguien que hizo parte del combate, pero que resultó herido— tiene una protección especial en el DIH y debe ser atendida, cualquiera sea su afiliación.

Ese es un primer punto importante: reconocer que los actores de salud son personas neutrales, que atienden a quienes realmente necesitan una atención inmediata.

El segundo punto es que una forma de control territorial, por uno u otro actor, no debería impedir el acceso a servicios de salud en esos territorios. Y eso me parece importante porque lo que hemos visto son amenazas al personal de salud, prohibiciones de acceder a un territorio o a otro. Y lo lamento porque es realmente la base no solamente del DIH, sino también del respeto a la dignidad humana cuando se trata de personas enfermas o heridas.

Entonces, sí podemos ayudar, especialmente en zonas donde no hay necesariamente un acceso posible o factible a servicios de salud estatales. Pero preferimos, por supuesto, primero facilitar el acceso de los servicios de salud existentes del Estado, porque creo que es una tarea de desarrollo bastante importante en todo el territorio.

Queremos facilitar eso y no reemplazar ese servicio; no es la vocación de un organismo humanitario. Pero a veces sí debemos actuar, especialmente para evacuar heridos de zonas de gran tensión. Y en ese sentido el contacto con todas las partes es esencial. Creo que sí lo podemos lograr, pero no debería ser una lucha, debería ser algo bastante simple.

Otra afectación humanitaria que se menciona en el informe y es la desaparición. El documento advierte que el aumento de las hostilidades en 2025 hizo que, en muchos casos, no se garantizaran la recuperación e identificación de personas fallecidas en medio de la guerra. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad del Estado y de los actores armados para cumplir incluso obligaciones humanitarias mínimas?

Lo que indica el informe es que, por parte del CICR, hemos registrado más de 300 nuevas desapariciones. Eso no quiere decir que sea el universo total de nuevas desapariciones en el territorio. Quiere decir que todavía hay desapariciones.

Lo que nos preocupa justamente es que, a pesar de la existencia de mecanismos más amplios, más robustos y más capacitados para ayudar en la identificación de cuerpos; estoy hablando, por ejemplo, tanto de Medicina Legal como de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que nació del Acuerdo de Paz de 2016 y tiene una presencia territorial importante.

Seguimos observando que, a veces, por periodos de confinamiento y de enfrentamientos continuos en algunas zonas, los cuerpos pueden quedarse en un lugar sin que se tomen las medidas mínimas para asegurar, primero, un trato digno del cuerpo y, segundo, la posibilidad de que esos cuerpos entren en lo que llamamos en el informe “la ruta estatal”, porque es la mejor ruta para responder a la ansiedad, la angustia y la incertidumbre de una familia.

Entonces, también es parte del diálogo que tenemos con los actores armados. Esperamos que no impidan eso, que compartan información con nosotros y que acepten el acceso de esos actores para justamente facilitar esta labor, que tiene un componente humanitario muy fuerte: dar respuesta a una mamá, a una familia.

¿Qué enfrentamientos le preocupan más y en qué zonas del país?

Lo que a mí me preocupa es que los enfrentamientos, más allá de mencionar uno en particular, se estén localizando también en zonas pobladas, porque es ahí donde las afectaciones son mayores.

Y por eso creo que es importante recordarles a las partes la necesidad de no poner en riesgo a la población civil. Eso debe estar presente no solamente durante los enfrentamientos, sino también antes.

A mí me impactó, en algunas de mis visitas y en informes que he leído, ver que las escuelas siguen ocupadas por personas armadas o que están ubicadas justo al lado de actores armados. No hablamos necesariamente de enfrentamientos, pero sí de comportamientos que ponen en riesgo a la población civil, en este caso a los menores de edad.

Usted afirma que Colombia no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias del conflicto armado. Con base en los hallazgos de este informe, ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en materia humanitaria para que los próximos informes muestren mejoras reales?

Creo que el mensaje va no solamente al próximo gobierno, sino también a los congresistas recién elegidos y a todas las partes en conflicto que siguen presentes en el territorio: por favor, no olviden que hay un marco jurídico, que es el Derechos Internacional Humanitario, que debe respetarse.

Eso puede ser la base, primero, para una disminución de las afectaciones a la población civil y, segundo, quizás para construir una ruta de salida de los conflictos.

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El Acuerdo de Paz llegará a sus 10 años en medio de una transición presidencial y con una implementación todavía incompleta. A pocos meses de la salida del presidente Gustavo Petro del poder y de la llegada de un nuevo o nueva presidenta, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame presentó el miércoles su informe anual, donde advierte sobre los riesgos políticos e institucionales que enfrenta el pacto.

Aunque el documento mantiene su foco en medir los avances y rezagos de la implementación, esta vez incorpora un énfasis especial en los retos que enfrentará el Acuerdo de Paz durante la transición política y gubernamental de este año. “El décimo año de implementación coincide con un momento de transición política que puede redefinir el rumbo del Acuerdo Final”, señala el informe.


Aparte del balance sobre el estado de los seis puntos del Acuerdo -en el que el Instituto Kroc advierte que el 43 % de las disposiciones permanecen “en estados mínimos o no iniciados”-, el informe incluye un capítulo de “acciones estratégicas” dividido en tres momentos específicos sobre el cierre del actual Gobierno, los primeros 100 días de la próxima administración y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.


El eje transversal de esas acciones es la continuidad institucional. Kroc insiste en la necesidad de evitar rupturas durante el cambio de gobierno y propone medidas para garantizar la sostenibilidad política, técnica y presupuestal de la implementación y de las entidades que hacen posible esa ejecución. No es menor la petición, pues en esta campaña varios candidatos y candidatas han afirmado que, por ejemplo, se desmonte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o que se acabe.

En contexto: Otra vez candidatos prometen “acabar” la JEP, pero desmontarla no es fácil ni conveniente

En ese sentido, una de las principales alertas del informe tiene que ver con la necesidad de blindar financieramente las instancias encargadas de hacer seguimiento al Acuerdo. Específicamente al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda le pide: “Continuar fortaleciendo las fuentes de financiamiento del Acuerdo de Paz, como el Presupuesto General de la Nación, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) y el mecanismo de obras por impuestos, asegurando que estos recursos puedan ser monitoreados a través de los trazadores presupuestales de paz”.


El documento también plantea que la actual administración debería convertir el empalme de paz en una prioridad política y técnica. Para eso le propone a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que hoy lidera Gloria Cuartas, que coordine un informe sectorial completo sobre el estado de la implementación, incluyendo indicadores, procesos normativos pendientes y avances presupuestales.


La preocupación del Instituto es que buena parte de la implementación depende de capacidades técnicas e institucionales que podrían perderse durante el cambio de gobierno.


Las recomendaciones para quien llegue a la Casa de Nariño


Entre las primeras tareas menciona el nombramiento inmediato de la persona que liderará la Consejería de Paz y “encargarle la elaboración de un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno orientado a activar las instancias institucionales de implementación del Acuerdo Final”.

Este plan, dice el Instituto Kroc, debería incluir la designación de las personas representantes del Gobierno en las instancias implementadoras, construir acuerdos con el Congreso para sacar adelante proyectos que contribuyan a la ejecución del pacto de 2016 y presentar ante la Corte Constitucional una propuesta clara sobre el diseño institucional encargado de coordinar la implementación.


El documento también hace énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento internacional. Entre otras medidas, propone que la Cancillería diseñe, junto con al jefe de la Misión de Verificación de la ONU, una estrategia diplomática para recuperar el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la misión en Colombia.


La recomendación no es menor si se tiene en cuenta que, aunque sigue el apoyo del Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo de Paz, el año pasado por una petición de Estados Unidos se redujeron las tareas de la Misión de Verificación, entre ellas el monitoreo a las sanciones propias de la JEP.

¿Cómo va la implementación?


Todo esto ocurre en medio de un balance todavía desigual. Según el informe, solo el 36 % de las 578 disposiciones del Acuerdo están completamente implementadas, mientras que el 43 % permanece en estado mínimo o ni siquiera ha comenzado.


Los mayores rezagos siguen concentrados en la reforma rural. Aunque el Gobierno alcanzó cifras históricas en adjudicación de tierras, el avance frente a la meta total de tres millones de hectáreas apenas llega al 2,4 %.


Este tema ha estado en el centro del debate esta semana tras los retrasos que ha tenido la discusión de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria que reglamentará el funcionamiento de ese tribunal creado para dirimir los conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, el origen de la guerra en Colombia.

El informe también documenta que apenas el 13 % de las disposiciones con enfoque de género y el 14 % de las étnicas han sido implementadas completamente.

En paralelo, el reporte realzó las primeras sanciones propias contra antiguos miembros de las FARC y militares dadas el año pasado. Sin embargo, advierte que su ejecución enfrenta retos de financiación, seguridad y articulación institucional.

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El presidente Gustavo Petro autorizó este miércoles el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se tomó en una reunión entre el mandatario; el comisionado de paz, Otty Patiño; y varios delegados del Gobierno en las distintas mesas y espacios de diálogo con grupos armados. Allí se presentó un balance sobre avances, logros y dificultades de cada proceso.

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“En desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el Presidente de la República autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco (5) Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados”, dice el comunicado difundido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Aunque el comunicado no lo precisa, Colombia+20 conoció que las cinco Zonas de Ubicación Temporal serán: Una en Catatumbo en el marco del proceso con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), de Calarcá Córdoba. La otra en Nariño en el marco del proceso con Comuneros del Sur. La tercera es la de Tierralta, Córdoba, con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Las otras dos son con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) -la disidencia de Walter Mendoza- que estarán ubicadas en Nariño y Putumayo.

El Gobierno precisó que, en una primera fase, a estas zonas no ingresarán personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes.

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“En la primera fase de implementación de las ZUT, no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes”, dice el comunicado.

Sin embargo, esa condición “será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República”, según señala el documento. Sobre este tema, el presidente ya había adelantado el martes que debían excluirse a los integrantes de grupos armados con órdenes de extradición.

Entre los nombres incluidos para la ZUT con el Clan del Golfo estaba el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Con esta decisión, la otra persona que se descarta su ingreso es Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, y miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con quien también se proyecta una ZUT.

En la reunión participaron los jefes negociadores del Gobierno Armando Novoa (de la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano), Carlos Erazo (del proceso con Comuneros del Sur), Gloria Quiceno (del diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frente), Mauricio Silva (del espacio con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), Álvaro Jiménez (delegado ante el Clan del Golfo), Isabel Zuleta (del proceso con bandas del Valle de Aburrá), Fabio Cardozo (del espacio con bandas de Buenaventura), Alexander Castillo (del proceso con bandas de Chocó) y Camilo Pineda (del diálogo con bandas de Barranquilla), quienes presentaron un balance sobre los avances, logros y dificultades de los distintos procesos de negociación y sometimiento que impulsa el Ejecutivo.

El choque entre el Gobierno y la Fiscal

El comunicado también subraya que la dirección de la política de paz y del orden público corresponde “de manera exclusiva” al Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, en línea con el artículo 189 de la Constitución y la Ley 2272 de 2022, que dio sustento jurídico a la política de paz total.

Tanto la reunión como la decisión tomada por el presidente se da en medio de la tensión con la Fiscal General. De allí la precisión de que las órdenes y dirección de la política de paz vengan solo del mandatario.

El martes, la Fiscal General de la Nación decidió no suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo tras la comunicación que el viernes le dio en ese sentido la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).

Aunque la OCCP había expedido la Resolución 120 de 2026 para facilitar el tránsito de esos 29 miembros del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal el próximo 25 de junio, la fiscal Luz Adriana Camargo, aseguró que las capturas seguirán vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones legales y el estado real del proceso.

La Fiscalía sostuvo que la suspensión automática no puede aplicarse sin antes comprobar aspectos como la identificación de los integrantes, su pertenencia efectiva al grupo armado, la entrega de armas, la desarticulación de estructuras y el cumplimiento de compromisos humanitarios.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y, a través de un comunicado, el comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció sobre el tema y en un comunicado difundido este miércoles apoyó a la fiscal Camargo.

El alto tribunal expresó que “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz”.

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El panorama actual del conflicto armado en el país ha venido mostrando una contradicción entre el aumento de la fragmentación de los grupos armados, su falta de cohesión y de mando y al tiempo cómo han venido fortaleciendo su presencia territorial, su capacidad económica y militar.

Esa es una de las principales conclusiones del informe El poder armado en expansión, de la Fundación CORE, que analiza la evolución de las principales estructuras armadas entre 2018 y 2025 y advierte que varias organizaciones ilegales atravesaron profundas fracturas internas sin que eso significara una reducción de su capacidad de guerra.

“La mayoría de los grupos armados organizados entre 2018 y 2025 se fortalecieron en lo militar, lo económico y lo político”, concluye el documento, aunque “en lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión”.

De hecho, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro inició los diálogos de paz con algunas de esas estructuras, esos grupos -que habían quedado dispersos tras abandonar o no firmar el Acuerdo de Paz de 2016- estaban resolviendo cómo convertirse en organizaciones armadas.

“El Estado Mayor Central (De Iván Mordisco) y el EMBF (de Calarcá Córdoba) intentaban pasar de la coordinación a la verticalidad, pero terminaron divididos; y la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, al mando de Walter Mendoza) crearon una organización sombrilla, pero terminaron separados”, concluye el informe.

Aunque gracias a esa fragmentación el país hoy tiene cuatro grupos armados -algunos más débiles que otros- el Gobierno solo tiene dos mesas activas. Una con la disidencia de Calarcá y otra con la de Mendoza.

El caso más representativo es el de las disidencias de las FARC. Según el informe, el entonces Estado Mayor Central de Mordisco, venía intentando desde años atrás consolidar bajo un solo mando a múltiples grupos armados regionales que operaban de forma relativamente autónoma.

Sin embargo, el proceso nunca terminó de consolidarse. “Un comandante de frente en ese momento describía la relación interna como ‘unas coordinaciones’”, relata el documento.

Con el inicio de la política de Paz Total, ese intento de cohesión tomó mayor relevancia. El informe afirma que “en abril 2023, el EMC tuvo su primera reunión presencial de todos sus comandantes en los llanos del Yarí, propiciada por el gobierno nacional en su mesa de negociación con el grupo”.

En contexto: Yarí, el emblemático lugar donde la disidencia de FARC hizo su acto público

En otras palabras, y a la luz no solo de las divisiones que se han presentado sino de hechos posteriores, el Gobierno puede estar negociando con comandantes que no necesariamente controlan ni tienen capacidad de mando sobre las estructuras que dicen representar.

Un ejemplo reciente se da con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La responsabilidad del crimen apunta hacia el Frente 36, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes(EMBF), la disidencia comandada por Calarcá Córdoba y con la que el Ejecutivo mantiene una mesa de negociación.

Sin embargo, la respuesta de la disidencia fue que el asesinato del periodista “jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y afirmó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.

La estructura afirmó que “de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.

El hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados que se ha venido presentando con varias estructuras armadas ilegales en el país en los últimos años. Por un lado, las divisiones que se vienen presentando dentro de ese grupos-la misma disidencia de Calarcá se creó por una fragmentación con el Estado Mayor Central-y por consecuencia, que el Gobierno negocia con estructuras que no tienen mando, cohesión y capacidad de responder políticamente por sus hombres en los territorios.

Para CORE, uno de los riesgos de ese proceso era que las negociaciones terminaran fortaleciendo internamente a grupos que todavía estaban en proceso de reorganización. “Si el proceso fracasaba, el grupo hubiera salido más fuerte gracias al gobierno”, advierte el informe.

La Segunda Marquetalia vivió una situación similar. El grupo encabezado por Iván Márquez intentó consolidar una alianza nacional con los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, pero el proyecto terminó fracturado y ahora el Gobierno solo dialoga con la CNEB de Mendoza. .

Detrás de las fracturas, dice el informe de CORE, hay disputas sobre liderazgo y tomas de decisiones, recursos económicos y, por supuesto, sus visiones sobre lo que debería ser y/o hacer en el grupo armado, entre otros.

Más combatientes y más territorio ganado por los Grupos Armados Organizados

Esa flexibilidad ayuda a explicar por qué la fragmentación no produjo necesariamente una reducción de la violencia o del poder armado. Mientras varias estructuras se dividían, también expandían su presencia territorial y fortalecían economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales.

Un punto importante es que el documento sostiene que el período de expansión de los grupos armados organizados en Colombia, no solo compromete al gobierno de Gustavo Petro, sino que este fenómeno venía desde la administración de Iván Duque.

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El informe señala que la mayoría de los grupos armados crecieron en capacidad militar, presencia territorial, poder económico y control político. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue el grupo armado ilegal que más se fortaleció o que se fortaleció en todos sus aspectos -especialmente durante el gobierno Petro-, seguido del ELN y de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente, lideradas por Calarcá Córdoba, y del Estado Mayor Central e Iván Mordisco.

Sobre el ELN, el documento señala que “por su parte, es un caso más difícil. En el sentido estricto militar, de municipios con injerencia, desde 2018 se ha expandido, pero en los últimos años en lo militar, se ha estancado. Una parte de su expansión que sí ha mantenido ha sido por trabajo político”.

“El debate público suele enfocarse solo en la dimensión militar, pero es importante analizar todas”, señala el informe, que estudia cinco dimensiones del fortalecimiento armado: militar, económica, organizacional, política e ideológica.

Este panorama ha conllevado al crecimiento sostenido del número de integrantes de los grupos armados. Según cifras de la Fuerza Pública citadas por CORE, en 2018 había 12.883 integrantes en los principales grupos armados organizados. Para 2022 la cifra subió a 15.120 y, a diciembre de 2025, alcanzó 27.121 miembros.

Otros informes como el de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de enero de este año también coinciden con esa cifra.

Esto representa un aumento de más del 110 % entre 2018 y 2025 y de 79 % entre 2022 y 2025. Por ejemplo, el ELN pasó de 4.857 integrantes en 2018 a 6.810 en 2025.

Las disidencias de las Farc también mostraron crecimiento. El EMC y el EMBF, que hasta 2024 eran contabilizados como una sola estructura, pasaron de 3.749 integrantes en 2018 a 6.977 en 2025.

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En el caso del EGC o Clan del Golfo, el informe registra un incremento de 3.632 integrantes en 2018 a 9.840 en 2025. “El EGC ha logrado un crecimiento sostenido, sobre todo desde 2022 hasta 2025”, señala CORE.

“Es importante recordar que una parte de esta dinámica es por la inclusión de nueva información para actualizar las cifras año a año. Al mismo tiempo, el EGC ha estrechado sus relaciones con organizaciones con las que tenía una relación de tercerización, lo cual ha aumentado la cantidad de personas consideradas integrantes directas del grupo”, dice el documento.

Asimismo, el informe advierte que este crecimiento ocurre a pesar de capturas, muertes en operaciones militares, sometimientos y desmovilizaciones. “Los grupos tienen que reemplazar sus integrantes perdidos si quieren, al menos, mantener su poder militar actual”, indica el documento.

Expansión territorial de los Grupos Armados Organizados

La mayoría de los grupos armados ampliaron su presencia territorial. En el caso de la guerrilla del ELN, esta pasó de tener injerencia en 135 municipios en 2018 a 219 en 2025. El Clan del Golfo, por su parte, pasó de 179 municipios a 292 en ese mismo período.

El EMC creció de 61 municipios a 133, mientras que el EMBF pasó de 30 a 113 municipios. Sin embargo, no todos aumentaron su presencia en las mismas regiones.

Por ejemplo, el Clan del Golfo reportó un incremento especialmente en la costa Caribe, Montes de María, Magdalena Medio y Chocó.

El EMC, por su parte, se fortaleció en Amazonas, Huila, Tolima y Valle del Cauca, mientras que el EMBF avanzó en Antioquia, sur de Bolívar y parte del centro del país.

En el caso del ELN, este grupo no solo se expandió militarmente, sino también mediante trabajo político y redes de milicianos. El informe asegura que en 2025 esa guerrilla tenía injerencia en 219 municipios: en 169 operaban estructuras militares, en 101 sus milicianos y en 62 desarrollaba trabajo político.

Reclutamiento y adaptación de los Grupos Armados Organizados

El informe de CORE plantea que el fortalecimiento militar de los grupos armados está ligado a una alta capacidad de adaptación frente a las operaciones estatales. Aunque los combates entre Fuerza Pública y grupos armados aumentaron en los últimos años, las organizaciones ilegales continuaron creciendo.

Según datos citados en el documento, en 2025 hubo 563 combates entre Fuerza Pública y grupos armados, frente a 408 en 2024 y 294 en 2023.

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Pese a las ofensivas, los grupos armados han desarrollado estrategias para resistir la presión militar. Entre ellas menciona el uso de drones, restricciones a la movilidad de las comunidades y mayores controles sobre la población civil. Esto último, por ejemplo, lo hemos visto en departamentos como Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

Otro punto importante y que ha vuelto a despertar preocupación por el crecimiento de integrantes en estos grupos es el aumento del reclutamiento, especialmente desde la pandemia. El informe señala que, durante el trabajo de campo realizado por la organización, “las comunidades, autoridades, organizaciones y otros actores locales reportan que han percibido un incremento en reclutamiento por los grupos armados ilegales”.

Además, sostiene que los grupos han diversificado sus métodos de reclutamiento mediante redes sociales como Facebook y TikTok y el uso de reclutadores independientes.

El informe insiste en que el fortalecimiento de los grupos armados no puede explicarse únicamente por la política de Paz Total del gobierno Petro.

Atribuir todos los problemas de seguridad a esa política sería una lectura simplista, según CORE. “Terminar con la Paz Total por sí solo no llevará a mejoras en seguridad, pues es necesario ajustar otras políticas adicionalmente”, afirma el documento.

Sin embargo, también advierte que ignorar el impacto que pudo tener la estrategia de negociación sería equivocado. “No hay nada que revisar en las negociaciones que han ocurrido” sería otra conclusión equivocada, añade el informe.

Finalmente, se concluye que tanto el gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro “tenían la responsabilidad de cambiar esta tendencia y ninguno pudo”.

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La Amazonía, el llamado pulmón del mundo, está pasando por una mutación silenciosa y peligrosa por cuenta de los grupos armados presentes entre sus selvas y ríos, y que amenaza en convertirla en un gran corredor transnacional que mezcla narcotráfico, minería ilegal, control territorial, lavado de activos y expansión regional.

El nuevo informe de la organización International Crisis Group titulado El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado advierte que el crimen organizado se ha consolidado como uno de los principales motores de destrucción de la selva tropical más grande del planeta, aprovechando la debilidad estatal, las fronteras porosas y la expansión de economías ilegales.

En ese nuevo mapa amazónico aparece Comandos de Frontera, una de las estructuras de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza y con la que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogos. Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, es el jefe de Comandos de Frontera.

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Según el informe, ese grupo armado ilegal dejó de ser una estructura localizada en Putumayo y hoy es uno de los actores que mejor logró aprovechar las condiciones de la selva para crecer en número de hombres y ser parte de una red regional conectada con Perú, Ecuador y Brasil.

“Con el crecimiento de sus filas, Comandos de la Frontera ha extendido su influencia a Perú, donde paga a campesinos para que arrasen los bosques y los conviertan en plantaciones de coca al sur del río Putumayo, la frontera natural entre Colombia y Perú”, indica el documento.

La organización también habría consolidado vínculos con Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador. Según Crisis Group, esa alianza le permite participar en la exportación de cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal de oro en territorio ecuatoriano.

Ambas estructuras -Comandos y Los Lobos- se enfrentan a Los Choneros, otro grupo ilegal de Ecuador que ha emprendido una “violenta campaña” de expansión, como lo califica el informe, para quedarse con esas rutas de narcotráfico.

El informe ubica a los grupos colombianos como piezas centrales dentro de las economías ilegales amazónicas. Además de Comandos de la Frontera, menciona al ELN y a disidencias de las antiguas FARC como actores que han logrado combinar control territorial, regulación de economías ilícitas y expansión transfronteriza.

En el caso del ELN, el documento señala que mantiene presencia en zonas del sur de Venezuela -particularmente en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro- desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.

Todo ese cóctel explosivo -al que se suman redes venezolanas y los grupos brasileros Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC)- tiene acorralada a la población civil que ha sido víctima de asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación-.

Según el informe, estas estructuras ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

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“En lugares como Tabatinga, en la frontera de Brasil con Colombia, grupos criminales como Comando Vermelho difunden en redes sociales listas de personas a las que pretenden asesinar, incluyendo supuestos rivales y sus colaboradores, con el fin de silenciar toda oposición”, dice el informe.

Y agrega: “A pesar de sus diversos orígenes, todos estos grupos criminales han aprendido que controlar a los habitantes de determinada zona les da poder. Estos grupos se han infiltrado en las comunidades, donde buscan eliminar o cooptar a los líderes y explotar a la población civil como escudos humanos, mano de obra barata y desechable, así como someterla a prácticas depredadoras como la extorsión. Quienes se resisten enfrentan represalias violentas”, dice el informe que reporta que entre 2012 y 2022, la Amazonía concentró gran parte de los casi 2.000 defensores ambientales y del territorio asesinados en todo el mundo. “Colombia y Brasil representaron más del 40 por ciento del total”, dice Crisis Group.

Crisis Group también advierte que las alianzas entre estructuras colombianas y organizaciones extranjeras son cada vez más frecuentes y funcionales. Algunas veces cooperan para mover cargamentos de cocaína o proteger rutas y minas; otras veces entran en disputa por el control de corredores estratégicos.

El informe incluso señala que organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y PCC han encontrado en grupos colombianos socios locales para consolidar cadenas de suministro regionales.

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“Una corporación transnacional”

La red criminal que se ha formado en esa región se concentra en el narcotráfico donde cada grupo armado ha encontrado su propia forma de lucrarse en esa cadena de suministro. Un funcionario de las fuerzas de seguridad de Perú afirmó que el negocio funciona como una “corporación transnacional”.

En el informe se detalla que en el caso de los grupos colombianos como el ELN y las facciones disidentes de las FARC se dedican a “controlar” y “gravar” a productores de coca y pasta base de cocaína y que también se encargan del transporte local.

El documento sostiene que el crecimiento de esas economías ilícitas ha permitido que los grupos colombianos pasen de controlar zonas puntuales a insertarse en cadenas regionales de producción y exportación. La Amazonía, señala el informe, dejó de ser una retaguardia periférica y se convirtió en un nodo central para el narcotráfico continental.

Los grupos ecuatorianos -Los Lobos y Los Choneros- “participan tanto en la producción como en el transporte desde la región amazónica hasta Guayaquil”.

En el caso de las brasileñas Comando Vermelho y el PCC “compran a productores de Bolivia, Colombia y Perú”. Otros grupos más pequeños venden la droga o hacen trabajos menores para las estructuras armadas.

El impacto ambiental de la minería y la droga

Pero, además de que los grupos estén modificando las dinámicas de seguridad y amenazando a la población, sus actividades ilegales -que incluyen también la minería ilegal – están destrozando el delicado equilibrio ambiental de toda la cuenca amazónica.

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la Amazonía no es simplemente el escenario donde operan estas organizaciones, sino una de las razones que explican su crecimiento y la víctima más grande de toda la red de tráfico de droga y de oro que se está tejiendo.

“Los ríos son sus autopistas”, dice el informe que cita a un alto funcionario de las fuerzas de seguridad.

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Cada corredor fluvial abierto por las organizaciones criminales termina transformando el ecosistema alrededor suyo. El informe explica que las redes ilegales usan los ríos como ejes para instalar laboratorios de cocaína, pistas clandestinas, campamentos mineros y nuevas rutas terrestres que fragmentan la selva.

“Más del 70 por ciento de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 km de alguno de ellos. Los mismos grupos delictivos que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal a menudo reinvierten sus ganancias en ganadería y otras industrias gestionadas principalmente con dinero en efectivo, exacerbando así el daño que causan a la selva”, se explica en el informe.

Crisis Group afirma que como para tener minería ilegal o cultivos de coca es necesaria la deforestación, que se ha convertido en otro de los impactos de los grupos armados sobre el medio ambiente e indica que ambas actividades “invaden las áreas protegidas”.

Así mismo se insisten en que la expansión de esas economías ilegales deja una huella química y física sobre la Amazonía y que en el caso de la minería “causa daños más profundos y permanentes, convirtiendo los bosques en terrenos desolados de pozos desbordados y sedimentos” y agrega que datos de 2024 “muestran que al menos dos millones de hectáreas de la selva amazónica sufrieron esta suerte; un aumento del 52 por ciento en seis años”.

Además, a los ríos y quebradas han llegado durante años sustancias que los contaminan -como por ejemplo el mercurio, usado para la minería-, que afectan la pesca, el agua potable y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas.

“Debido a la contaminación de los ríos, los niveles de mercurio en la sangre de los integrantes de los pueblos yanomami y munduruku superan los umbrales de la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca daños neurológicos y enfermedades crónicas en poblaciones con escaso acceso a la atención médica”, señala.

En el caso del narcotráfico, Crisis Group señala que los laboratorios que procesan hoja de coca descargan residuos como acetona, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico directamente sobre los suelos y fuentes hídricas. Así mismo los cultivos de coca requieren la expansión de rutas y laboratorios y eso implica la apertura de caminos y tala de selva.

Y por si no fuera poco, varias denuncias registradas en el informe afirman que el acceso a las drogas ha provocado un aumento en el consumo de sustancias, especialmente por parte de jóvenes indígenas. “Aunque no existen estudios epidemiológicos sobre este fenómeno, las autoridades brasileñas afirman que la dependencia de las drogas, en particular del crack, se está extendiendo entre los jóvenes indígenas de Brasil. En otros lugares, los pagos en pasta base de cocaína a los campesinos por sus cosechas de coca han propiciado un mayor consumo de la droga. El consumo de cocaína parece estar aumentando entre los trabajadores de la comunidad indígena”, se indica.

El informe también dedica un capítulo completo a las respuestas estatales y advierte que, hasta ahora, los gobiernos amazónicos están reaccionando más lento que las organizaciones criminales. Aunque varios países han realizado operaciones militares y policiales contra minas ilegales, laboratorios y rutas del narcotráfico, Crisis Group sostiene que esos esfuerzos suelen ser fragmentados, temporales y poco coordinados entre países vecinos.

El informe pide controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas para evitar que productos ligados a la destrucción ambiental y al crimen organizado terminen entrando a mercados legales internacionales.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció este martes sobre el proceso que se adelanta para que miembros del Clan del Golfo entren en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para su tránsito a la vida civil y dejó claro que no entrarán quienes tengan con órdenes de extradición.

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La declaración del mandatario se produjo horas después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunciara que no suspenderá, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), pese a la solicitud hecha por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que no ha suspendido la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias “Chiquito Malo” ni he autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, dijo y agregó que no fue consultado a la lista de los 29 que incluye a extraditables.

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El jefe de Estado indicó que este martes la comisión de paz -no precisa si se refiere a la Consejería de Paz o a la delegación de Gobierno en ese proceso-, está reunida para evaluar la lista completa donde no debe haber integrantes con requerimientos internacionales.

“Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz, continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, aseguró.

Y luego indicó que “solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición”.

El mensaje del presidente se da precisamente en medio de un choque entre el comisionado de paz, Otty Patiño, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se negó a suspender las órdenes de captura de los 29 primeros integrantes del Clan que estarían en la Zona de Ubicación Temporal.

Según la Fiscal, estas se mantendrán hasta verificar “cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

El comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

El documento cita el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, según el cual, una vez acordadas las Zonas de Ubicación Temporal, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en esos espacios.

El comisionado Patiño también le dijo a la fiscal Camargo que la determinación sobre el “estado avanzado de un proceso de paz” y la creación de Zonas de Ubicación Temporal solo corresponde “constitucional y legalmente al Presidente de la República”.

¿Quiénes son los extraditables?

Aunque no se conoce la lista completa de las 400 personas que entrarían en esas Zonas de Ubicación Temporal, la resolución que se conoció el viernes y que fue firmada por el Comisionado de paz sí muestra una preliminar de 29 personas, entre ellas, todo el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

Estos son los miembros de la estructura armada:

• Tatiana Andrea Correa Jaramillo.
• José Francisco Peña Santana.
• Luis Enrique Martínez Cogollo.
• Carlos Andrés Méndez Paternidad.
• Ermy Daniel Velásquez Cuadrado.
• Fredy Ferney Anaya Mejía.
• Andrés Arrieta Cardona.
• Luis Antonio Mogrovejo.
• Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.
• Orosman Orlando Osten Blanco.
• Elkin Casarrubia Posada.
• Wilmar Albeiro Mejía Úsuga.
• Luis Armando Pérez Castañeda.
• José Alberto Vega Alvarán.
• Deneil Enrique Acosta Ballesteros.
• Álvaro Padilla Medina.    
• Julio César Sánchez.
• Ana Gisela Vásquez Jiménez.
• Jesús Betancur.
• Juan Pablo Marín Quiceno.
• Esneider Paul Torres Santero.
• Juan Carlos Hernández Díaz.
• Armando Morellys Socarrás Negrete.
• Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda.
• Arturo Efraín Viera Almanza.
• Jesús Ramos Machado.
• Juan David Bahena Miranda.
• José Higinio Arroyo Ojeda.
• Jaime Antonio Morelo Fajardo.

Entre ellos, el más sobresaliente es Chiquito Malo, requerido por autoridades judiciales de los Estados Unidos para comparecer ante cortes federales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir. En enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición. Sin embargo, en Colombia la última palabra para frenar o avalar su envío a Estados Unidos la tiene el Presidente de la República.

Orosman Orlando Ostén Blanco, conocido como Rodrigo Flechas, fue sanciones en 2024 por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, también por narcotráfico.

Elkin Casarrubia Posada, cuyo nombre en la guerra es El Cura, también fue sancionado por Estados Unidos con el congelamiento de sus cuentas.

Los tres hacen parte del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

Aún con ello, esa estructura armada -la más grande del país- es considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera y como uno de los mayores distribuidores de cocaína del mundo

El 16 de diciembre de 2025, ese país incluyó al Clan del Golfo en la Lista Clinton. “Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, indicó en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con la Secretaría, el Clan del Golfo fue designado como un grupo terrorista y una organización criminal transnacional. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.

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El incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia ha arrastrado a la población civil a una crisis humanitaria que alcanzó en 2025 su punto más grave de la última década.

Así lo alerta el más reciente informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que registró 845 presuntas violaciones al DIH durante 2025. Sin embargo, el organismo advierte que las cifras apenas alcanzan a mostrar la magnitud real del sufrimiento que viven las comunidades que están atrapadas en la guerra.

Aun así, algunos indicadores permiten dimensionar ese deterioro. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) —citada por el CICR—, durante el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual (aumentó un 100 % en comparación a 2024) y otras 87.069 salieron de sus territorios en eventos de desplazamiento masivo (111 % más que el año anterior), lo que evidencia una degradación acelerada de la situación humanitaria. Los confinamientos, por su parte, crecieron un 99 % con 176.730 personas afectadas.

El CICR insiste en que la crisis que muestran las cifras de 2025 venía alertándose desde hace años. Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del organismo en Bogotá, señaló que “la situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”.

A ese panorama se suma otro factor que preocupa al CICR: la salida de organizaciones humanitarias de varios territorios y la reducción de recursos de las que continúan operando en el país. El jefe de la delegación regional aseguró que el organismo tuvo que recortar el 30 % de su presupuesto para Colombia de cara a 2026. “En una paradoja con efectos globales, observamos que mientras las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas por los conflictos armados aumentan, los recursos para su atención disminuyen”, escribió Dubois.

La violencia que ocurre fuera de los combates

Una de las conclusiones del informe es que las afectaciones humanitarias ya no están necesariamente ligadas a los combates, que representan el 43 % de las afectaciones a la población civil.

La mayoría de casos de hostilidades –advierte el CICR– se han dado por fuera de los enfrentamientos. “Dentro de este grupo, en el 45 % se vulneró la vida o la integridad física o mental de personas protegidas por el DIH, entre ellas la población civil y quienes habían quedado fuera de combate, como personas heridas, enfermas o privadas de libertad”, indica el documento. Además, en el 12 % de los casos se afectó la vida cotidiana de las comunidades con limitaciones a la movilidad.

Ese confinamiento significó no poder salir a buscar alimentos, agua o atención médica. También -añade el balance del CICR- interrumpió controles prenatales de mujeres embarazadas, esquemas de vacunación y tratamientos médicos básicos en territorios donde el acceso a la salud ya era precario.

Entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo una de las más alarmantes y, al mismo tiempo, una de las menos visibles.

“Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”, se lee en el documento.

Según el CICR, los grupos armados han utilizado este tipo de violencia como mecanismo de intimidación, castigo y control sobre las comunidades. Sus efectos, además, van mucho más allá de las víctimas directas: fracturan vínculos familiares y comunitarios, afectan la salud física y mental y alteran las condiciones de vida de comunidades enteras.

Algunos de los departamentos más golpeados

El CICR advierte que la forma en la que la violencia golpea a las comunidades queda reflejada en territorios como Norte de Santander que, durante 2025, registró “el 67 % de la población afectada por desplazamiento masivo, el 42 % por desplazamiento individual y el 28 % de la población confinada” en el país.

Otros departamentos también muestran la magnitud de las afectaciones humanitarias sobre la población civil. En Chocó se concentró el 29 % de la población confinada a nivel nacional. El caso de Guaviare también llamó la atención del organismo: aunque registró cerca de 16.000 personas confinadas, el informe advierte que se trata de una cifra especialmente significativa “dada su baja densidad poblacional”.

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Cauca, por su parte, fue el departamento más golpeado por artefactos explosivos. Allí se registró el 46 % de las personas heridas o fallecidas por este tipo de ataques en todo el país.

Víctimas de drones con explosivos y de desaparición forzada, otras cifras en crecimiento

El uso de artefactos explosivos se consolidó como una de las tendencias más preocupantes del conflicto durante 2025. Según el CICR, 965 personas resultaron heridas o murieron por este tipo de ataques; la mayoría (622) eran civiles, entre ellos 93 niños, niñas y adolescentes. En comparación con 2024, el número de víctimas aumentó un 34 %.

Entre las mayores preocupaciones del organismo está el incremento en el uso de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos, una práctica que extendió el miedo y la incertidumbre en comunidades rurales y urbanas.

“La forma en que se desarrollan los enfrentamientos y se emplean las armas tiene implicaciones directas sobre la población civil y los bienes de carácter civil. Cuando no se respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, aumenta la probabilidad de que los efectos de las hostilidades se extiendan más allá de los objetivos militares y recaigan sobre las comunidades, ampliando tanto la magnitud como la gravedad de las consecuencias humanitarias”, advierte el documento.

El incremento de las hostilidades durante 2025 también agravó el riesgo de desaparición de personas en medio del conflicto armado. “En muchos casos no se garantizó que las personas que murieron en el contexto de los conflictos armados fueran recuperadas e ingresadas a la ruta estatal para su identificación y entrega a sus familias, lo que exacerbó el riesgo de desaparición”, alerta el informe.

En ese contexto, el organismo documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto armado, un 22 % más que en 2024. De esos casos, 226 correspondieron a civiles, entre ellos 77 niños, niñas y adolescentes.

El 85 % de las desapariciones se concentró en Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Guaviare.

El reclutamiento de menores, una violencia que no cesa

El informe también documenta con preocupación el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, una práctica que golpea no solo a las víctimas directas sino al tejido social de comunidades enteras.

Durante 2025, el CICR documentó 65 casos de desaparición de menores relacionados con reclutamiento en cinco departamentos donde tiene presencia. El 49 % de los casos correspondió a niñas.

“La mayoría de estos casos corresponde a adolescentes entre los 15 y 17 años; sin embargo, también se registraron situaciones que afectaron a niños y niñas entre los 11 y 14 años. Asimismo, el 49 % corresponde a niñas, lo que evidencia que esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres”, añade el documento.

Los acercamientos no ocurrieron en lugares apartados ni en medio de combates, el 46 % de las situaciones el primer contacto ocurrió en barrios o centros poblados, los mismos espacios donde los menores estudian, viven y conviven.

“Las consecuencias de esta vinculación van más allá de la separación familiar: incluyen la pérdida de proyectos de vida, afectaciones psicológicas, exposición a violencia sexual, así como lesiones, mutilaciones y muertes en el contexto de las hostilidades. La proximidad a la guerra expone a los menores de edad a riesgos particularmente graves”, advierte el informe.

Ataques contra la asistencia de salud cada 31 horas

La degradación humanitaria también se refleja en la violencia contra quienes intentan atender a las víctimas del conflicto.

En 2025, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra el personal de salud, que cuenta con protección especial bajo el DIH. El promedio es alarmante: cada 31 horas una misión médica se vio afectada o interrumpida. Esto representa un aumento del 40 % en los actos violentos contra la asistencia de salud, con respecto al 2024.

Aunque esta situación se registró en 22 departamentos, el 68 % de los casos se concentró en Norte de Santander, Cauca, Chocó y Antioquia.

Las consecuencias van más allá del momento del ataque. Impedir el trabajo de médicos, deteriora aún más la situación humanitaria en zonas donde ya existen enormes barreras para acceder a servicios médicos.

Frente a este panorama, el CICR mantuvo 512 diálogos con las partes en conflicto. Según el organismo, esos espacios fueron “bilaterales y confidenciales” y sirvieron para presentar preocupaciones sobre el respeto del DIH y los derechos humanos “relacionadas con la conducción de las hostilidades, el trato humano, la protección de la niñez y de la población civil, la violencia sexual y el uso de la fuerza, entre otras”.

Pese al panorama, Dubois insistió en que Colombia “no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias de los conflictos armados” y recordó que el Derecho Internacional Humanitario no puede reducirse a “discursos vacíos”, sino que debe orientar las operaciones y decisiones diarias de todas las partes armadas.

Para el organismo, el respeto al DIH sigue siendo la única vía para reducir el sufrimiento de comunidades que hoy continúan atrapadas entre desplazamientos, confinamientos, desapariciones, reclutamiento de menores y ataques que atraviesan su vida cotidiana.

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La decisión de la Fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo tras la comunicación que el viernes le dio en ese sentido la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) volvió a abrir un nuevo choque político y jurídico entre ambas entidades.

Aunque la OCCP había expedido la Resolución 120 de 2026 para facilitar el tránsito de esos 29 miembros del Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio, la fiscal Luz Adriana Camargo, aseguró que las capturas seguirán vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones legales y el estado real del proceso.

Entre los nombres incluidos está el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Según fuentes cercanas a ese proceso, aunque aún no se ha establecido a dónde llegarán esas 29 personas —entre las que se encuentra además todo el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo—, lo más probable es que sea en Tierralta, donde se había estado adelantando su proyección y construcción hasta que ocurrió la pasada temporada de lluvias que inundó gran parte del departamento. La otra razón para descartar que sea en Chocó es que —como lo ha constatado este diario— hay más reservas y rechazos de poblaciones de esos territorios.

Las tres ZUT para Clan del Golfo fueron acordadas durante el segundo ciclo de conversaciones realizado en Catar en diciembre pasado y están en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, en Córdoba.

La Fiscalía sostuvo que la suspensión automática no puede aplicarse sin antes comprobar aspectos como la identificación de los integrantes, su pertenencia efectiva al grupo armado, la entrega de armas, la desarticulación de estructuras y el cumplimiento de compromisos humanitarios.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y, a través de un comunicado, el comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

El documento cita el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, según el cual, una vez acordadas las Zonas de Ubicación Temporal, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en esos espacios.

Por eso, el Gobierno afirmó que resulta “extraño” que ahora se adopte una interpretación distinta que “termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”.

“Resulta extraño, y por lo mismo, importante recordar, que usted en calidad de Fiscal General de la Nación, mediante la comunicación DFNG-No. 202610000000011 del 20 de enero de 2026, remitida a esta Consejería, había reconocido expresamente que “la seguridad jurídica opera de iure” y que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato de la propia ley y no por disposición de la Fiscalía General de la Nación”, se dice en el comunicado.

El comisionado Patiño también le dijo a la fiscal Camargo que la determinación sobre el “estado avanzado de un proceso de paz” y la creación de Zonas de Ubicación Temporal solo corresponde “constitucional y legalmente al Presidente de la República”.

En diálogo con Colombia+20 el viernes pasado, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en ese diálogo, afirmó que la fiscal estaba enterada de este proceso.

“La Fiscalía ha estado enterada de los procesos. Me he reunido con la fiscal en distintas oportunidades. El señor consejero comisionado lidera reuniones también con ella, con su equipo, y ella tiene conocimiento de cómo van evolucionando los procesos de conversación. En este caso específico este espacio de conversación sociojurídico, ella tiene información directa por parte de la oficina”, dijo entonces.

Y sobre las órdenes de extradición, reiteró lo dicho por el comisionado este martes y es que la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total) les permitía hacer esa suspensión. “La Ley 2272 de 2022 plantea que se puede hacer suspensión de órdenes de captura de carácter nacional e incluso aquellas que tienen fin de extradición. No es una prerrogativa exclusiva para este caso, sino planteada para una norma general, que es la Ley 2272.

En contexto: ¿Qué significa ingreso del Clan del Golfo a una Zona de Ubicación? Esto dice jefe negociador

El presidente Gustavo Petro se pronunció antes en su cuenta de X y dijo, sin embargo, que esa lista de los 29 jefes del Clan del Golfo no le fue consultada por la comisión de paz.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias “chiquito malo” ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la fiscalía general. La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables. Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición", dijo en su cuenta de X.

Así mismo dijo que la delegación de paz se reunirá este martes y se hará la lista completa de las 400 miembros del Clan que entrarían en la ZUT, pero indicó que ninguna de esas personas son extraditables. Eso lleva a pensar que Chiquito Malo no entraría en la Zona de Ubicación.

El episodio revive tensiones que ya habían aparecido al inicio del gobierno Petro, cuando en 2023 la Fiscalía también negó solicitudes para suspender órdenes de captura de jefes del Clan del Golfo por considerar que no existía un marco jurídico claro para hacerlo.

Este es el comunicado:

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Dos mesas de negociación de la paz total movieron su tablero la semana pasada en torno a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). En el caso del Clan del Golfo –que se autodenonima Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)–, el Ejecutivo expidió una resolución que habilita a 29 integrantes de las estructura para concentrarse en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó).

La mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza–, por su parte, indicó que entró en la fase final para poner en marcha la ZUT. Según señaló, podría comenzar a operar entre la tercera y la última semana de mayo.

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?

Se han concebido como una suerte de espacios delimitados donde miembros de las estructuras armadas harán la transición a la vida civil con acompañamiento estatal y verificación. Estos espacios quedaron definidos en la ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total. Según lo indica esa norma jurídica, tienen como objetivo “poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de despeje”.

Estos espacios se basan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se establecieron para hacer el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC. Sin embargo, la Ley de Paz Total no desarrolla cuáles reglas se aplicarán en esas zonas y qué tendrán que hacer los miembros de los grupos armados.

Tampoco especifica si habrá un mecanismo que reciba las armas y haga el monitoreo de esa disposición, que es uno de los requisitos que deberán cumplir los integrantes de las estructuras para ingresar a las ZUT.

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¿Con qué grupos armados ilegales el Gobierno ha impulsado esa apuesta y cuándo se acordaron?

El Gobierno ha impulsado las Zonas de Ubicación Temporal con al menos cuatro mesas de negociación.

La primera que se anunció fue con el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) –al mando de Calarcá Córdoba– el 3 de mayo del año pasado, tras una reunión extraordinaria en Cúcuta. La creación se autorizó de manera oficial a través de la resolución 161 del 23 de mayo de 2025.

Luego se conoció la creación de las ZUT para los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la Segunda Marquetalia. La noticia se dio a conocer en mayo de 2025 desde Inda Sabaleta, en Tumaco, donde se realizó la quinta ronda de negociación.

La tercera ZUT que se anunció fue la de Comuneros del Sur. Fue uno de los cuatro acuerdos a los que se llegó en el séptimo ciclo de diálogos que culminó en junio de 2025.

Por último, se anunciaron las tres zonas para los miembros del Clan del Golfo el pasado diciembre, al cierre del segundo ciclo de diálogos en Doha, Catar.

¿Dónde se ubicarán las zonas de cada grupo?

Los espacios para cada grupo ilegal están pensados en territorios donde las estructuras tienen una presencia fuerte. Aunque la delimitación geográfica exacta para cada una de las ZUT ha sido reservada, se conocen los municipios donde quedarán ubicadas.

Clan del Golfo: en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba.

Comuneros del Sur: en Mallama (Nariño).

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: en la vereda Betania, municipio Valle del Guamuez (Putumayo), y la otra en Roberto Payán (Nariño).

Frente 33 del EMBF: Tibú (Norte de Santander).

¿Qué retos tienen?

El reto de implementar estas zonas va mucho más allá de su delimitación geográfica: supone intervenir escenarios de alta conflictividad donde ni la seguridad, ni la confianza, ni la institucionalidad están garantizadas. Además, no solo se necesita garantías para los que se ubicarán allí, sino también para las comunidades aledañas.

¿Se han hecho consultas previas con las comunidades de los municipios donde quedarán ubicadas?

Solo en el caso de Comuneros del Sur. El Gobierno finalizó el pasado noviembre las consultas previas al Resguardo Indígena Gran Mallama para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal. Más de 1.000 personas participaron en las seis sesiones realizadas en los distintos sectores del resguardo. La finalización de esa etapa marcó un hito en el proceso de paz territorial.

En el caso del Clan del Golfo, organizaciones sociales y líderes de Chocó han criticado que no se han hecho esas consultas.

El jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, dijo hace unos días a este diario que los espacios donde se ubicarán esas zonas “no corresponden a ese requerimiento, pero si así fuese lo haríamos. No hay ninguna contravención a ese criterio”.

¿Cuántos integrantes de cada grupo van a ingresar a las ZUT?

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: las partes acordaron que ingresarán 100 personas por cada ZUT, es decir, 200 integrantes en total. Ese compromiso quedó ratificado en diciembre de 2025. Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con ese grupo, Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, no estaría en el grupo de los que entrarían a la zona de Putumayo a finales de mayo.

Clan del Golfo: el 25 de junio ingresarán 29 hombres, entre ellos el Estado Mayor Conjunto del grupo armado, pero –como dieron a conocer las delegaciones en un comunicado conjunto– se espera que en total ingresen más de 400 hombres.

¿Qué pasa con las órdenes de captura de quienes ingresen a las ZUT?

La Ley de Paz Total contempla la suspensión de las órdenes de captura para los integrantes de los grupos armados que aparezcan en los listados entregados por las delegaciones y que sean avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La norma establece que, incluso antes de llegar físicamente a las Zonas de Ubicación Temporal, los integrantes cobijados por esos listados quedarán protegidos de capturas mientras se trasladan hacia esos espacios. Según el texto, “la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal”.

Además, las reglas contemplan salidas temporales de las ZUT por motivos de salud o calamidades domésticas. En esos casos, “se mantendrá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicación temporal”. Cada salida deberá ser reportada ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que dejará constancia de la razón de la ausencia y la fecha de regreso.

¿Cuáles son las fechas definidas y que pasará con ellas cuando llegue el próximo Gobierno?

Los tiempos planteados para las Zonas de Ubicación Temporal, que exceden el actual periodo presidencial, han sido interpretados por distintos sectores como una apuesta del Gobierno para dejar encaminados algunos procesos de paz total más allá del 7 de agosto de 2026, cuando Petro deje la Casa de Nariño.

En el caso del Clan del Golfo, la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025 estableció que las zonas funcionarán hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso significa que el esquema seguiría vigente durante varios meses de la próxima administración y deja abierta la pregunta sobre la posición que asumirá el nuevo presidente frente a esos compromisos.

Con el frente 33 del EMBF ocurre algo similar. En diciembre pasado, el Gobierno prorrogó por siete meses el plazo para avanzar en la construcción de la ZUT en Tibú, Norte de Santander. La decisión quedó formalizada en la Resolución 474 de 2025, firmada el 23 de diciembre, con el objetivo de “continuar con el alistamiento para el ingreso”.

Inicialmente, la Resolución 161 de 2025 había autorizado la creación de la ZUT por siete meses en zona rural de Tibú y fijó un plazo de 45 días para el traslado de los integrantes del frente 33 al lugar. Ese plazo venció el 7 de julio de 2025 sin avances significativos en la instalación de la zona ni en la estructuración del plan integral de desarrollo previsto para ese espacio.

En el caso de la CNEB, el presidente Petro firmó el pasado 25 de febrero la resolución con la que autoriza la creación de esas zonas por una una vigencia de 10 meses, es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es e próximo 6 de agosto.

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Colombia necesita una conversación más serena y exigente. No se trata de prolongar acríticamente una política de gobierno, ni de desmontar de un tajo todo lo que se ha intentado. Se trata de aceptar que, en muchos territorios, la paz no llegará como un gran acuerdo nacional, solemne y definitivo, sino como un conjunto de paces pequeñas, verificables, situadas y rodeadas por las comunidades que padecen la violencia.

El problema persiste porque los grupos armados no se han debilitado al ritmo que el país necesita. Según la Fundación Ideas para la Paz, a diciembre de 2025 las estructuras armadas ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, con un crecimiento del 23,5 % frente al año anterior, y el Clan del Golfo o EGC lideraba ese aumento. El mismo informe advierte que 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Sin embargo, no hay que olvidar que en los gobiernos anteriores también se fortalecieron y atomizaron estos grupos. Esa evidencia obliga a la conclusión de que ni la acción militar por sí sola ni negociación mal diseñada han logrado frenar la recomposición de estas estructuras.

Por eso, la discusión no debería formularse como una elección simple entre negociar o combatir. La pregunta de fondo es cómo se reducen las violencias, se protegen las comunidades, se desmontan economías ilegales y se recupera la autoridad democrática en territorios donde el Estado llega tarde, llega fragmentado o llega sin capacidad de permanecer.

El marco jurídico vigente reconoce que la paz debe ser una política de Estado y vincular a las autoridades de distintos niveles. La Ley 2272 de 2022 establece la participación de la sociedad civil en las regiones de paz, la centralidad de las víctimas, la participación efectiva de las mujeres y los enfoques étnico, territorial, ambiental, religioso, de género y diferencial. Allí hay una pista clave: los procesos no pueden quedarse encerrados en el diálogo entre delegados del Gobierno y voceros de estructuras armadas. Necesitan sociedad civil, víctimas, autoridades locales, iglesias, academia, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y mecanismos de verificación.

En el Caribe colombiano hemos visto dos aprendizajes relevantes. El primero ocurre en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el EGC. Se trata de un proceso de impacto nacional, porque involucra a una de las estructuras armadas con mayor capacidad territorial del país. La FIP ha señalado que el EGC cuenta con cerca de 10.000 integrantes, influencia en aproximadamente 300 municipios y participación en economías como narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Negar ese poder no lo reduce y conversar con esa estructura tampoco puede significar legitimarla. El reto consiste en construir una ruta que lleve a la disminución comprobable de violencias, al desmonte de rentas criminales, a la entrega de armas, a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la recuperación del Estado social de derecho en los territorios.

El logro del proceso con el EGC ha sido abrir una discusión que el país suele evadir por incomodidad moral ¿Qué hacer con actores armados cuya motivación principal no es insurgente, pero cuya capacidad de regulación territorial es profundamente política en la vida cotidiana de las comunidades? Su bondad está en reconocer que el sometimiento o desmantelamiento de estas estructuras no puede reducirse a capturas aisladas. Su principal reto está en evitar que el diálogo se vuelva una zona gris, sin reglas públicas, sin indicadores, sin justicia y sin participación real de quienes han sido victimizados.

El segundo aprendizaje viene de Barranquilla. Allí la paz urbana ha permitido discutir una dimensión que Colombia suele mirar de manera tardía y son las violencias de ciudad. Extorsión, homicidio selectivo, control barrial, disputas por rentas, fronteras invisibles, uso de jóvenes, miedo cotidiano y gobernanzas criminales no son asuntos menores. Son formas concretas de agencia de la violencia dentro de la vida democrática. La paz urbana, en ese sentido, no puede confundirse con una tregua entre bandas. Una tregua puede reducir temporalmente los homicidios, pero si permanecen la extorsión, el control social y el reclutamiento, lo que aparece no es paz ciudadana, sino administración criminal del daño.

En Barranquilla el logro ha sido poner la paz urbana en conversación pública, con participación de sociedad civil, instituciones, academia y actores territoriales. Su bondad consiste en mostrar que las ciudades también necesitan metodologías para la paz, y no únicamente consejos de seguridad. Su reto es pasar de la deliberación a la ejecución. El diseño de una línea base, indicadores, seguimiento periódico, análisis criminológico, protección de víctimas, compromisos verificables y participación comunitaria sostenida.

La prensa nacional y algunos académicos han señalado justamente que la paz urbana llega al final del gobierno con dificultades, entre ellas la falta de acuerdos duraderos, marcos jurídicos y verificación suficiente. Esa crítica debe ser tomada en serio, porque confirma que el problema no es hablar de paz urbana, sino hablar sin arquitectura suficiente.

Hay en el debate dos ideas que pueden ser cruciales. Desclandestinizar y desgobernalizar el diálogo. Desclandestinizar no significa transmitir una negociación en vivo ni convertir a las víctimas en espectáculo. Significa abrir una deliberación pública responsable, con pedagogía, reglas de información, protección de identidades, devolución de avances y mecanismos de seguimiento social. La clandestinidad absoluta alimenta rumores, sospechas y sabotajes. La exposición irresponsable pone en riesgo a las comunidades. Entre esos dos extremos debe construirse una transparencia cuidadosa.

Desgobernalizar tampoco significa quitarle responsabilidad al Estado. Significa impedir que los procesos dependan del ánimo, la popularidad o la duración de un gobierno. Un diálogo serio debe quedar anclado en instituciones, planes territoriales, presupuestos, consejos de paz, sistemas de monitoreo, participación de víctimas y capacidades locales. Si todo depende de la voluntad del gobierno de turno, cada elección presidencial se convierte en una amenaza de reversa. Si el proceso queda rodeado por la sociedad civil, las víctimas y los territorios, abandonarlo tendrá un costo político y moral más alto.

Ese es el punto central. La paz no se legitima solo porque el Gobierno la anuncie. Se legitima cuando las comunidades pueden constatar que disminuye la violencia, que se protege a los liderazgos, que las víctimas son escuchadas, que los jóvenes tienen alternativas, que la extorsión cede, que las instituciones responden y que los compromisos se miden. Sin sociedad civil y sin víctimas, los procesos quedan atrapados en el lenguaje de las partes armadas. Con sociedad civil y víctimas, los procesos empiezan a rendir cuentas ante quienes realmente importan.

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A pocos meses del final del gobierno Petro, la pregunta no debería ser si se salva o se sepulta la Paz Total. La pregunta debería ser qué paces territoriales merecen continuidad, cuáles deben corregirse, cuáles requieren cierre y cuáles necesitan pasar de la retórica a la verificación. El próximo gobierno tendrá derecho a revisar, ajustar y rediseñar. Lo que no debería tener es licencia para destruir aprendizajes territoriales por cálculo electoral.

Colombia no necesita una paz grandilocuente que prometa resolverlo todo. Necesita paces pequeñas que reduzcan daños reales, con víctimas en el centro, con sociedad civil alrededor, que no dependan de un presidente, que puedan ser medidas, discutidas, corregidas y defendidas por las comunidades.

Al presidente Petro se le acaba el gobierno. A los territorios no se les acaba la violencia. Por eso, si algo debiera quedar de este ciclo no es una consigna, sino una lección. La paz que no se desclandestiniza se llena de sinsabores, la paz que no se desgobernaliza se disipa con la salida del gobierno, y la paz que no se rodea de víctimas y sociedad civil termina en una retórica vacía.

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Tras cinco años recorriendo Colombia y acompañando desde Naciones Unidas algunos de los momentos más complejos de la implementación del Acuerdo de Paz, Mireia Villar se despide del país con una mezcla de admiración y preocupación. La diplomática española, que asumió en medio de la pandemia y deja el cargo en vísperas de una nueva transición política, asegura que Colombia logró poner en el centro a territorios históricamente olvidados, pero advierte que la violencia, la expansión de las economías ilícitas y la fragilidad institucional siguen golpeando a millones de personas.

En entrevista con Colombia+20, habla sobre los riesgos del actual momento electoral, los vacíos de la paz total, el futuro de la cooperación internacional y la crisis de confianza que atraviesa hoy la ONU en un mundo marcado por guerras y polarización.


¿En estos cinco años, qué cambió de manera más estructural en Colombia desde la mirada de Naciones Unidas?


Yo diría que uno de los cambios más importantes que hemos visto ha sido el poder poner en el centro de la política pública de inversión a las comunidades y territorios que, históricamente, se consideraron periféricos. El tiempo dirá cuánto y cuán sólidas y sustentables son estas inversiones y estos esfuerzos, pero creo que hoy hay un reconocimiento de derechos, no solo por las comunidades, por las personas que viven en el Pacífico, en las zonas de la frontera, en las zonas más alejadas de las ciudades capitales, sino también por la clase política. Yo creo que aquí ya empieza a haber unos procesos muy difíciles de retroceder.


Y así como ve ese avance, ¿cuál es el mayor rezago que queda o el que más se ha profundizado en ese mismo periodo en el país?


No sé si se ha agudizado, pero es paradójico que Colombia esté implementando un Acuerdo de Paz y que la situación real de las comunidades en una gran parte de los municipios del país esté peor aún. Hay avances en la implementación del Acuerdo de Paz, pero la realidad es que la reconfiguración del conflicto, el crecimiento y la diversificación de las economías ilícitas significan que una gran parte de la población de este país está bajo la influencia de los grupos ilegales. Para nosotros, como Naciones Unidas, esa es una realidad.


¿Qué tipo de crisis o de hechos violentos están emergiendo hoy que hace cinco años no estaban en el radar?


El desplazamiento, el confinamiento, la desprotección de muchos defensores y defensoras del territorio, medioambientales y humanos, y, en definitiva, la situación de vulnerabilidad de las comunidades no ha mejorado. Nosotros emitimos el plan de respuesta humanitario hace un mes y medio y ahí identificamos que había 6.9 millones de personas en Colombia que iban a necesitar asistencia y más de 2 millones de esas personas tenían necesidades agudas. En esa ocasión hacíamos un llamado para poder recibir apoyo internacional, pero lo más importante es que sean las instituciones quienes tienen la primera responsabilidad de protección para las y los conciudadanos y todos aquellos que están en el país de recibir esa protección.

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Entonces, las alertas que siguen siendo emitidas, las dificultades que se presentan en un contexto electoral, donde hay un grado mayor de polarización, donde se ponen en riesgo las posibilidades de participación política de otros tipos de las comunidades, son momentos importantes y en una transición política donde todavía no esté claro cuál va a ser la política de paz de un futuro gobierno, eso deja muy expuestas a esas comunidades porque les genera incertidumbre y una sensación de abandono. Va a ser muy importante que quien tome las riendas del país pueda explicitar cómo va a ejercer esa responsabilidad de protección, cómo va a hacerse presente en los territorios y cuál es la visión que tiene para la construcción de paz.


Usted estuvo en el país la mitad del tiempo de la implementación del Acuerdo de Paz, que este año cumple 10 años. ¿Cómo ha visto ese proceso?


Mira, cuando uno ve a Colombia desde fuera, uno piensa en esa Colombia que está en la OCDE, en esa Colombia que vive en Bogotá, en Medellín, en Cali. Nosotros, como Naciones Unidas, tenemos la fortuna de poder conocer esa Colombia, pero además la Colombia de los territorios, la Colombia rural, la Colombia más alejada. Una Colombia donde la institucionalidad es mucho más débil, en muchos casos incluso ausente. Así que estos cinco años han servido para haber contacto directo con esos a quienes nosotros servimos en el país, y para quienes trabajamos y hemos querido asegurar que el tipo de apoyo que damos como Naciones Unidas se enfoque menos en la asistencia y realmente transiten a implementar la visión que estaba incluida en el Plan Nacional de Desarrollo con procesos estructurales de cierre de brechas, de inversiones, de capacidades y, en definitiva, mejora de vida del máximo número de personas.


¿Qué tan preparada está la arquitectura institucional y la cooperación internacional para enfrentar conflictos más fragmentados, justamente por la falta de implementación del Acuerdo de Paz?

En corto, yo creo que Colombia necesita invertir más en entender cómo la economía ilícita, los grupos ilegales han evolucionado y operan. Como decía, esta es una economía muy diversificada, ya no es una sola cosa. Esta es una pieza de un “puzzle” (rompecabezas) mucho más complejo a nivel internacional, donde, obviamente, los temas de lavado juegan un rol muy importante, porque son los habilitadores, digamos, de este tipo de economías. Entonces, creo que hay que invertir mucho más en entender efectivamente cuáles son las lógicas con las que operan y los mecanismos que usan.

Muchos de los candidatos han hablado de distintos tipos de lavado y de cómo incidir en estas organizaciones, pero, de nuevo, sin una cooperación internacional mucho más fuerte, va a ser complejo que Colombia sola encare esa parte. Creo que hay seguir invirtiendo en mejorar las herramientas, la institucionalidad y la articulación porque la política de seguridad no puede ir sola. Los temas de justicia, los temas de paz, los temas de seguridad y los temas de desarrollo territorial tienen que ser parte de una apuesta conjunta y articulada de las distintas partes del estado. Y creo que aquí es donde hay muchas lagunas.


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Yo entiendo que mucha de la cooperación que tenía que ver con los temas de seguridad es una cooperación que se da de modo más bilateral entre estados, tanto europeos y, naturalmente, Estados Unidos. Pero quisiera destacar que no basta con hacer seguridad, y que sería lamentable que la cooperación grande o pequeña que reciba Colombia a futuro solo se centre en eso. Como decía, si no logramos generar capacidades institucionales en el territorio, si no logramos hacer políticas públicas continuadas, si no logramos una visión sobre el desarrollo productivo que sea compatible con los activos naturales que tiene el país, esa estrategia de seguridad en sí misma no va a funcionar. Y, de hecho, existe también el riesgo de volvernos un poco nostálgicos y volver a modelos de seguridad que sabemos que no han funcionado, que son tentadores, que también, por un momento electoral, pues llaman la atención, pero que tal vez no sean los adecuados para la complejidad y los cambios que la economía y que los grupos criminales en el país operan.


Hablando de las elecciones, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el país en esta transición a un nuevo gobierno?


Tuvimos la oportunidad de hablar con varias campañas hace dos semanas como equipo de Naciones Unidas. Sin querer ser infidente, fue una buena oportunidad para escuchar un poco las propuestas programáticas. Y la sensación un poco de lo que fueron esas varias conversaciones es que todas las campañas identifican una situación de crisis alrededor de dos o tres temas, y plantean sus propuestas muy en la lógica de muy rápidamente poder tomar control de la situación en relación con una potencial crisis fiscal, a una potencial crisis en el sector salud, así como una crisis en los temas energéticos, particularmente con los impactos del Fenómeno del Niño. Así que, con propuestas un poco distintas, todas reconocen que allí va a haber una necesidad de atención del nuevo gobierno y una necesidad de tener las herramientas, las coaliciones y los consensos suficientes para poder hacer propuestas al respecto.


Entonces, ¿ninguna campaña puso como prioridad el tema de seguridad?


Sí, pero el tema de seguridad, nosotros lo interpretamos más bien como un tema transversal. Obviamente es una gran inquietud de la ciudadanía y así lo transmitieron todos. No quiero, de ninguna manera, mermar eso. Pero en la urgencia de poner planes de choque o respuestas inmediatas o lograr focalizar recursos, esos tres temas fueron identificados.

Desde Naciones Unidas, nos parece importante que si hay un ajuste fiscal, ese ajuste sea muy consciente de los impactos diferenciales que ese tipo de procesos tiene en las poblaciones más vulnerables. Uno no recorta igualmente por todas partes.

Este Gobierno tuvo una ambiciosa política de paz total, pero con pocos avances. ¿Cree que todos esos diálogos y los escándalos alrededor pueden afectar a futuras negociaciones?


Para nosotros, el diálogo, cualquier apuesta por la paz que busque de una manera pacífica el fin del conflicto, la dejación de armas, digamos, la incorporación civil de grupos armados, nos parece que es la apuesta más importante. Entiendo que hay, digamos, abordajes distintos. Todos los gobiernos de este país han negociado de una manera u otra. Creo que lo que ha sido difícil de entender y que ha complicado todo ha sido el escenario jurídico alrededor de esas negociaciones, las decisiones alrededor de los ceses al fuego y el rol de la fuerza pública en apoyo a esas decisiones en algunas de las mesas. Yo creo que hay una conversación sobre el cómo y sobre generar ciertas certidumbres, cierto orden metodológico a la hora de trabajar, pero ni mucho menos desde Naciones Unidas creemos que dialogar debería ser algo contraproducente, todo lo contrario.


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Ahora usted va para Nueva York. ¿Cómo ve hoy a la ONU con las valoraciones por su posición con las guerras que hay en Ucrania, Irán e Israel y las críticas directas que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?


Mire, la ONU es tan fuerte y tan débil como sea la capacidad de sus estados miembros de trabajar juntos y de encontrar consensos. Y, a menudo, se mete en el saco de la ONU a sus instituciones cuando la parálisis, la inobservancia del derecho internacional y la falta de solidaridad no vienen de la institución, vienen de sus estados miembros. Y esa es una distinción fundamental, sobre todo cuando pensamos cómo mejoramos nuestra organización. Porque, efectivamente, hay muchas cosas que uno podría hacer mejor.

Hoy, tras 80 años de nuestra fundación, el mundo ha cambiado. Obviamente, si hoy fuéramos a diseñar la ONU, no la diseñaríamos como en su momento se hizo. Pero hay un tema mucho más de fondo y es que hoy la capacidad de la ONU de jugar su rol en la construcción de paz, en la conexión en los temas de desarrollo, en el abordaje de los temas del futuro de las tecnologías, tiene que ver con la voluntad y la apuesta por seguir fortaleciendo el ámbito multilateral y la voluntad de los países de colaborar. O sea, hay un tema de fondo que es que nosotros creemos que, si colaboramos, nos va a ir mejor, y, lamentablemente, algunos importantes miembros de nuestra organización no lo ven igual. Entonces, creo que esa distinción es importante y la quiero hacer.


¿Y en toda esa dinámica, Colombia sigue siendo una prioridad para la ONU hoy?


Absolutamente, y no solo por la paz. Yo reconozco que la comunidad internacional y Naciones Unidas ha jugado un rol importante en el mantenimiento de la paz y la construcción de paz. Pero yo creo que Colombia tiene otras muchas historias que contar alrededor de su medio ambiente, de su gente, de la diversidad tanto territorial como humana y poblacional que tiene.

Colombia está en un punto central en los debates globales y sigue siendo algo que valoramos muchísimo, que fortalece esa construcción de confianza y ese ánimo de soluciones entre países en el mundo. Así que no pierda de vista que Colombia sigue siendo un referente en muchos de los temas, mucho más allá, además, de lo que ha demostrado el punto de paz.


Después de 5 años, ¿qué percepción de Colombia se lleva que no tenía al llegar?


Cinco años y casi 80 viajes en el territorio me han dado una perspectiva impresionante y privilegiada de lo que es Colombia. Creo que a veces los que somos de fuera tenemos oportunidades que ni siquiera los colombianos tienen de admirar, de reconocer, de entender un poquito más cuál es esa vida y esa oportunidad que este país tiene. Y eso es algo que a veces nos entristece, que haya un debate polarizante, que haya una continuidad del conflicto cuando, a la luz de lo que uno ve y visita, hay un capital humano, hay una libertad que me siento absolutamente privilegiada de haber conocido. Eso sí me lo llevo en el corazón. Uno viene a Colombia, pero ya no sale igual.


¿Y en la maleta qué se lleva?


Café. Café, me llevo mucho. Pero fíjate que cuando uno se ha cambiado de país ocho veces empieza a aligerar la maleta y lo que se lleva se lo lleva. Estuve mi último fin de semana pasado en la Amazonía despidiéndome, o al menos dando un “hasta la vista” de Colombia. Y lo que me llevo, me lo llevo aquí, me lo llevo en el corazón, no tanto en mi maleta. Gracias a Colombia por esa oportunidad, por habernos dejado a los que venimos de paso y somos parte de un periodo cortito de vuestra historia, pero, sobre todo, de haber liderado una ONU sumamente comprometida por hacer la diferencia con los territorios, con las personas y con la mirada futura del país.

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El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, se convirtió en uno de los golpes más delicados para la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. No solo por tratarse de un crimen contra un periodista en una región históricamente golpeada por el conflicto armado, sino porque la responsabilidad del crimen apunta hacia el Frente 36, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia comandada por Calarcá Córdoba y con la que el Ejecutivo mantiene una mesa de negociación.

El caso -que se suma a otros escándalos que han involucrado a ese grupo armado como presuntas infiltraciones al Ejército y a la inteligencia, masacres y asesinatos de líderes sociales, entre otros- volvió a poner bajo presión la apuesta de negociar con estructuras armadas activas mientras continúan las confrontaciones y denuncias de violaciones contra la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “las mesas de diálogo no son ninguna boleta para delinquir” tras conocerse la orden de “afectar” a ese grupo armado.

Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a los grupos armados respetar la vida y la libertad de prensa, y organizaciones sociales advirtieron que el asesinato refleja el deterioro de las garantías para periodistas y líderes comunitarios en zonas de disputa armada.

Además: Cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño (Antioquia), ya fue recuperado

Pero, además, el hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados que se ha venido presentando con varias estructuras armadas ilegales en el país en los últimos años. Por un lado, las divisiones que se vienen presentando dentro de ese grupos -la misma disidencia de Calarcá se creó por una fragmentación con el Estado Mayor Central- y por consecuencia, que el Gobierno negocia con estructuras que no tienen mando, cohesión y capacidad de responder políticamente por sus hombres en los territorios.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que buena parte de las disidencias surgidas tras el Acuerdo de Paz con las FARC funcionan como una “falsa unidad”: agrupaciones regionales con mandos poco consolidados y sin una estructura realmente cohesionada. “No tienen mucho que los aglutine. Si tú no tienes algo que realmente aglutine al grupo, no vas a mantener ni mando, ni control, ni identidad”, explica.

Eso sin contar con que, a la luz de decisiones del Gobierno o de las delegaciones, no parece haber líneas rojas con los armados.

Aunque todavía no existe una conclusión judicial definitiva sobre las responsabilidades en el crimen, las versiones conocidas hasta ahora ya abrieron esa discusión de fondo sobre el control real que tiene la comandancia de esa disidencia sobre sus frentes armados.

El presidente Petro señaló públicamente a Jhon Edison Chala Torrejano, conocido como Víctor Chala y jefe de finanzas frente Darío Gutiérrez del EMBF, por el asesinato del periodista y pidió su captura. Según las versiones oficiales, el joven periodista de apenas 25 años habría sido retenido antes de aparecer muerto en zona rural de Briceño, un municipio donde esa estructura mantiene presencia armada y control territorial.

Para Bonilla, el crimen también debe leerse en clave territorial. En Briceño, el frente 36 está en un proceso activo de instalación de control sobre el territorio, y ese momento, explica, es el más violento para cualquier grupo armado. “Tú tienes que llegar, crear disciplina, decir quién entra y quién sale de tu territorio, crear un ambiente tal que la gente ya obedezca sin necesidad de que haya una amenaza creíble. Y eso solamente se logra con mucha bala. Es exactamente lo que estamos viendo y probablemente es lo que pasó con Mateo”, señala.

La respuesta de la disidencia llegó el sábado después en un comunicado firmado por varias de sus direcciones armadas. Allí, la organización aseguró que “el asesinato del periodista jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y afirmó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.

Sin embargo, el mismo documento dejó abierta una grieta difícil de ignorar. La estructura afirmó que “de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.

Según Bonilla, esto responde a que el Gobierno intentó construir una mesa de negociación pensando en estructuras armadas más organizadas, pero en la práctica el EMBF opera como una suma de “grupitos regionales” -como el frente 33 y el 36- que actúan con amplios márgenes de autonomía. Esa fragmentación, advierte, dificulta establecer responsabilidades políticas y garantizar control sobre lo que ocurre en los territorios.

Ese punto resulta especialmente sensible en procesos de negociación armada. La interlocución política con grupos ilegales parte de una premisa básica y es que existe una cadena de mando capaz de hacer cumplir órdenes, contener violaciones y responder por las acciones de sus estructuras, pero sobre todo cumplir lo pactado en las mesas. Cuando surge la idea de que combatientes pueden actuar por cuenta propia, se erosiona uno de los fundamentos de confianza en los que se basa cualquier negociación.

Max Yuri Gil, director de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señala que el caso deja al descubierto un problema más profundo sobre las estructuras con las que el Gobierno mantiene negociaciones de paz.

Para el académico, el asesinato no solo vuelve a poner la atención sobre la violencia en Antioquia, sino también sobre la fragmentación interna de las disidencias y la dificultad para establecer quién controla realmente a los hombres armados en los territorios.

“Disidencias del Frente 36 que actúan en la zona del municipio de Briceño hacen parte del EMBF que dirige alias Calarcá, que está en diálogos con el gobierno, el frente Darío Ramírez actúa en Huila pero puede ser que los que asesinaron a Mateo sean disidencia de las disidencia”, indicó en su cuenta de X.

La discusión sobre si se debe mantener el proceso con Calarcá

Para Gil, el debate alrededor del crimen también ha evidenciado un doble rasero político frente a la exigencia de garantías de derechos humanos. “Lo que sí es muy tenaz es que haya quienes creen que cuestionar acciones del gobierno es incorrecto. Creo que lo incorrecto es rebajar las exigencias de garantía de derechos porque es un ‘gobierno amigo’, tener un rasero diferente para exigir de acuerdo a quien gobierne”, señaló.

El académico fue más allá y cuestionó directamente la continuidad de las negociaciones con estructuras señaladas de mantener ataques contra civiles. “Creo que se equivoca el gobierno al mantener mesas de diálogo con grupos que persisten en la comisión de crímenes de guerra y/o lesa humanidad, atacando de manera sistemática la población civil. El asesinato del periodista Mateo Pérez por las disidencias debe tener consecuencias”.

Bonilla coincide en que el crimen obliga al Gobierno a replantear la forma en la que está negociando con este tipo de estructuras armadas, aunque advierte que desmontar todas las mesas no resolvería el problema. “No necesariamente es parar la mesa, pero sí recondicionarla”, explica. Para la investigadora, el Estado no tiene actualmente la capacidad de enfrentar de manera simultánea múltiples conflictos armados sin que eso derive en una mayor crisis humanitaria.

Esa discusión además ocurre en un momento que no es bueno en esa mesa, ya golpeado con otros hechos violentos y escándalos. Aunque algunas actividades de ese proceso siguen, hay una especie de congelamiento de facto.

Por ahora, ni la delegación del Gobierno en ese proceso de paz liderado por Gloria Quiceno, ni el Comisionado de Paz, Otty Patiño, se han pronunciado al respecto.

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El Gobierno Nacional afirma que entró en la fase final para poner en marcha la Zona de Ubicación Temporal y Capacitación Integral (ZUT-ZOCIUT) con integrantes de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza.

La zona estará ubicada en la vereda Betania, en Valle del Guamuez, Putumayo, y, según confirmó la delegación oficial, podría empezar a operar entre la tercera y la última semana de mayo. Allí ingresarían inicialmente 100 integrantes del grupo armado, sin armas y sin uniformes, como parte de un proceso de tránsito a la vida civil.

De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno, dijo que “si el cronograma se cumple entrarán en el transcurso de mayo, muy posiblemente en la tercera o cuarta semana de mayo”.

“El ingreso será previo a la entrega de un listado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deberá certificarlo. Las unidades entrarán sin armas y sin uniformes, lo que significa un paso irreversible en este proceso”, explicó también el delegado.

Según Novoa, Geovanni Andrés Rojas, conocida como Araña, no estaría en el grupo de los 100 que estarían en Putumayo, pero indica que este tema depende del presidente Gustavo Petro.

Otros 100 entrarán en la ZUT de en el municipio de Roberto Payán, en Nariño, aunque el proceso administrativo allí avanza más lentamente.

Desde mayo del año pasado se pactó la creación de dos zonas de ubicación temporal: una en Putumayo y otra en Nariño. Inicialmente, el acuerdo contemplaba el ingreso de 60 integrantes a cada zona, para un total de 120. Sin embargo, durante el desarrollo de las negociaciones, ambas partes acordaron aumentar la cifra a 100 personas por cada ZUT, es decir, 200 integrantes en total. Ese compromiso quedó ratificado en diciembre de 2025.

En el caso de Putumayo, el Gobierno asegura que ya se surtieron varios de los trámites previos necesarios para habilitar el espacio: aprobación de los terrenos, contratación de obras para adecuar la infraestructura y coordinación institucional con autoridades locales y regionales.

““La creación de la zona de ubicación temporal, en este caso nuestro, ha tenido varios trámites administrativos previos de aprobación de los terrenos en donde se ubicará la zona, inicialmente, de Putumayo. Ya se han hecho, en el caso de Putumayo, las contrataciones que permitan adelantar las construcciones en donde habitarán las unidades de la Coordinadora”, indicó Novoa.

La información, de acuerdo con la delegación, fue presentada en una reunión donde participaron el gobernador de Putumayo, miembros de la asamblea, consejos, alcaldías, representantes del sector defensa, y comunidades.

Además de la adecuación física de la zona, el Ejecutivo aún debe autorizar el traslado de los integrantes de la Coordinadora desde áreas de presencia armada hacia la ZUT. Para eso será necesario emitir órdenes específicas a autoridades militares y validar los listados ya entregados por el grupo armado.

La disidencia, dice Novoa, también se comprometió a apoyar programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Putumayo. Según cifras entregadas por la delegación oficial, unas 13.500 familias campesinas ya se han inscrito en el programa RenHacemos.

Este es el segundo anuncio que hizo el gobierno de Petro en los últimos dos días sobre las Zonas de Ubicación Temporal. El primero fue el viernes pasado cuando se dio a conocer que 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos, todo el Estado Mayor Conjunto y su máximo jefe Chiquito Malo, entrarían a una ZUT el próximo 25 de junio.

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