La investigación realizada por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y la Fundación Karisma en 2021, con una encuesta en línea a 470 periodistas y comunicadoras —127 hombres incluidos— de diferentes edades y lugares de Colombia, cuatro grupos focales con 24 personas y 10 entrevistas a profundidad, buscó identificar la violencia y el acoso sexual que viven las mujeres periodistas en el cubrimiento de la información. Se trataba de apuntar a un hecho oculto que perturba la vida misma de la periodista, su relación con jefes, colegas y fuentes, y que por lo tanto afecta la cotidianidad de manera subterránea, así como el derecho a la información y a la libertad de prensa. La situación no ha cambiado.

El estudio arriba citado “Periodistas sin Acoso: Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras” reveló que el 73,4% de las mujeres en su ejercicio profesional ha sido víctima de violencia psicológica y el 67,1% de acoso sexual.

Los ambientes laborales son asfixiantes: chistes flojos cargados de morbo, expresiones corporales que rayan en la vulgaridad, comentarios en corrillos sobre el cuerpo y la vestimenta de las mujeres, mensajes por WhatsApp, arrinconamientos para intentar manosear… ¡Sí! Esto pasa, y lo hacen jefes, compañeros de trabajo y fuentes. ¿Todos? No. Sin embargo, reina la complicidad del silencio y la falta de medidas eficaces.

Órdenes de trabajo como: “Si usted tiene que acostarse con la fuente, ¡hágalo!, pero tráigame la noticia”, la ridiculización y los gritos para dirigirse a ellas… Esto es lo que las audiencias no saben que ocurre detrás de cámara.

El caso de violencia sexual contra la periodista Vanessa Restrepo, de El Colombiano, llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse con la Sentencia T-140/21: “Derechos a la igualdad material, al trabajo, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias —Perspectiva de género en la atención de denuncias por agresión sexual en el entorno laboral”.

La Sentencia afirma que “(…) tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo deben respetar y proteger los derechos humanos con los estándares exigidos, lo que incluye la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia y/o discriminación contra las mujeres periodistas y aquellas que trabajan en los medios de comunicación. En esa medida, deben actuar de manera deferente, no neutral e intolerante frente a la violencia y/o discriminación por motivos de género contra las mujeres periodistas”.

La misma sentencia exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a “adoptar las medidas y adelantar las acciones indispensables, a efectos de lograr la ratificación y aprobación del Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo”.

Muchas periodistas han guardado silencio frente a una violencia que, por generalizada y normalizada, se aprende a evadir y minimizar. No denuncian por miedo, por desconfianza hacia la institucionalidad, por desconocimiento de las rutas, o porque ven la impunidad y los privilegios de quienes la ejercen.

Las periodistas víctimas de acoso sexual, según la investigación de Periodistas sin Acoso, sufren afectaciones a la salud física y psicológica, se autocensuran, modifican su práctica profesional o abandonan de forma permanente o temporal la profesión.

¿Por qué no han avanzado los medios para erradicar esta práctica machista? Porque los medios son reflejo de lo que socialmente vivimos. Sin embargo, deberían ser los llamados a asumir posturas que contribuyan al cambio cultural y no a la reafirmación de la desigualdad. ¿Tienen protocolos con enfoque de género? Y si los tienen, ¿Cómo los aplican? ¿Los conocen todas las personas vinculadas a la empresa? ¿Hacen seguimiento y procesos de formación de manera constante?

Es hora de salir del constante lamento de por qué tantos derechos para las mujeres —parecen muchos porque antes no teníamos—, de la queja de que “no sabemos cómo relacionarnos” o “ellas todo lo interpretan mal”. Necesitamos procesos que nos ayuden a converger, en los que mujeres y hombres podamos aportar, pero también decirle adiós a la impunidad. El Estado, los gobiernos, las empresas de comunicación, plataformas y academia deben implicarse. Es nuestro futuro, son nuestros derechos.

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Por otro lado, señalé la paradoja y el estado liminal en el que se encuentra hoy la construcción de paz en Colombia: tras la firma del Acuerdo en 2016, el país ha experimentado procesos de reorganización, resurgimiento y reciclaje de las violencias del conflicto armado, fenómeno que puede analizarse a la luz de experiencias transicionales comparadas en otras regiones del mundo[3].

Tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo evaluar el proceso colombiano a partir de estos dos componentes —las transformaciones profundas prometidas por un acuerdo de paz y un modelo transicional, y el posible advenimiento de un tercer ciclo de violencia—?

La respuesta depende del enfoque de análisis. El primero se relaciona con el modelo de negociación y de justicia transicional diseñado, mientras que el segundo se vincula con su implementación. En esta ocasión me concentraré en el primero.

En lo que respecta al modelo de justicia transicional, es innegable que introdujo innovaciones importantes, especialmente en el componente extrajudicial y judicial, como la Comisión de la Verdad, la investigación macrocriminal y la apuesta por mecanismos de justicia restaurativa. Sin embargo, desde el inicio se estableció un límite claro, formulado por el entonces presidente Juan Manuel Santos: no negociar el modelo económico y productivo del país.

Este punto resulta fundamental en un país caracterizado históricamente por la extrema desigualdad rural y por un modelo de producción agrícola profundamente vinculado al latifundismo.

De hecho, buena parte de los análisis recientes sobre las causas estructurales de la guerra en Colombia señalan una relación causal entre diversos factores: los legados violentos de la época de La Violencia (1948-1958), la profunda desigualdad rural, los conflictos agrarios de las décadas de 1960 y 1970, los cerrojos democráticos del Frente Nacional (1958-1974), los procesos de colonización armada y no armada del campesinado colombiano, la consolidación de élites regionales débiles con acceso a grandes medios de violencia —que posteriormente darían lugar a estructuras paramilitares de escala regional y nacional—, así como el despojo sistemático de tierras a campesinos y comunidades rurales para destinarlas a la ganadería extensiva y al monocultivo de exportación.

En otras palabras, un modelo de negociación que pretendía cerrar un ciclo de guerra sin abordar la distribución estructural de la posesión y de la riqueza, y que propuso una reforma rural relativamente débil —basada principalmente en la compra de tierras por parte del Estado— genera dudas razonables sobre su capacidad real para poner fin al conflicto armado. Este mecanismo, además de incrementar el gasto público, termina fortaleciendo aún más a los gremios y asociaciones de grandes propietarios rurales.

Las implicaciones de este diseño institucional se reflejan con claridad en los territorios. La persistencia de estructuras de exclusión económica, sumadas a formas de racismo estructural que afectan a múltiples comunidades, se combinan con un modelo de negociación que limitó la participación activa, colectiva y democrática de los territorios. La negociación de La Habana terminó reducida, en gran medida, a un proceso entre actores armados, dejando en un segundo plano la voz directa de muchas comunidades afectadas por la guerra.

Esta restricción participativa obliga también a revisar críticamente el compromiso del Estado colombiano a nivel regional y local. Más allá de los hoy cuestionados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el modelo de negociación no logró construir un marco sólido de participación institucional y comunitaria en los territorios. De haberse desarrollado con mayor profundidad, este enfoque territorial habría permitido identificar con mayor precisión el alcance real de los grupos criminales en diferentes regiones, e incluso fortalecer estrategias locales para enfrentarlos.

Al invisibilizar el nivel local dentro del diseño de la negociación, el proceso no solo limitó la participación territorial, sino que tampoco delimitó con claridad el papel de las instituciones regionales ni evaluó el peso que continúan teniendo las élites regionales —legales e ilegales— en la transformación de las condiciones sociales y económicas de las comunidades. En Colombia, la historia —y también la evidencia estadística— demuestra que los grupos hegemónicos locales, tanto económicos como políticos, suelen limitar, obstaculizar o bloquear procesos de cambio.

A ello se suma otro elemento central: el modelo transicional no planteó una reforma estructural del sector defensa, pese a que este tipo de transformaciones constituye el ABC de cualquier proceso de justicia transicional. Las consecuencias de esta omisión se evidencian no solo en el conflicto armado actual, sino también en el manejo de la conflictividad social en general, como ocurrió durante el estallido social de 2021, marcado por una respuesta estatal predominantemente represiva, punitiva y el mantenimiento de un paradigma de enemigo interno.

Tampoco se produjeron reformas sustanciales —ni siquiera debates estructurales— en torno a la política criminal, que debería establecer una estrategia clara frente a fenómenos delictivos estrechamente vinculados al conflicto armado. Entre estos aspectos se encuentran, por ejemplo, la reducción de la carga punitiva sobre los eslabones más débiles de las economías ilícitas, o el desmantelamiento efectivo de las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país.

La interacción entre élites regionales, debilidad institucional en los territorios y ausencia de reformas en los sectores de seguridad y política criminal tiene hoy consecuencias visibles en la consolidación de la paz: la persistencia de gobernanzas criminales locales, la expansión de los cultivos de coca —fenómeno que no puede reducirse a una simple explicación rentista del conflicto— y la creciente operatividad de economías ilegales en las zonas fronterizas.

Estos factores no actúan de manera aislada. Por el contrario, se superponen, se mezclan y se retroalimentan, afectando negativamente dos etapas fundamentales de cualquier proceso transicional: la consolidación y la estabilización de la paz.

Paradójicamente, el proceso de paz colombiano de 2016 suele presentarse hoy en escenarios internacionales como un nuevo paradigma exitoso de construcción de paz, centrado en el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, este enfoque tiende a reducir el conflicto armado a una relación binaria entre víctimas y victimarios, mediada por el Derecho Internacional Humanitario y los marcos normativos globales, cuyo alcance real hoy se encuentra cada vez más cuestionado, diría, colapsado.

El problema de fondo radica en que este modelo transicional aplicado sigue haciendo parte de esta industria global de pacificación, aplicada a contextos de guerra o a países considerados estratégicamente relevantes (por recursos o por estrategia geopolítica) dentro de los procesos de securitización occidental (liderado por la OTAN). La evidencia empírica, sin embargo, sugiere lo contrario: en muchos casos, los países que adoptan estos modelos terminan enfrentando nuevos ciclos de violencia o profundizando sus desigualdades económicas bajo esquemas de liberalización económica impuesta.

Por ello, cualquier intento futuro de negociación en Colombia debería incorporar con mayor seriedad los aspectos redistributivos, no solo en términos de acceso a la tierra, sino también en la reducción de brechas económicas y sociales (acceso a bienes y servicios propios del estado de derecho). Igualmente, resulta indispensable considerar el peso institucional, político y criminal de las regiones, así como la necesidad de reformas profundas en el sector seguridad y en la política criminal.

Solo integrando estos elementos será posible reducir de manera más contundente la probabilidad de que el conflicto colombiano resurja nuevamente en su dimensión más belicosa.

[1] PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Fellow Research – Geneva Graduate Institute

[2] La importancia de la justicia transformativa en la construcción de paz | EL ESPECTADOR

[3] Violencia y conflicto armado en Colombia: razones por las que el posconflicto y los acuerdo de paz crean otros grupos armados

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Es clave mencionar que, aunque que se materializaron más de 70 capturas por extorsión en lo que va del año, persiste la preocupación por una especie de “puerta giratoria” jurídica, ya que el MinDefensa reportó que cerca del 90% de los capturados en flagrancia terminan recuperando la libertad.

En Barranquilla, el termómetro más preciso de la inseguridad ya no está solo en los boletines judiciales ni mucho menos está en las cifras de homicidio. Está en la vida cotidiana. Está en la terraza vacía, en el negocio que baja las esteras más temprano, en el tendero que mira dos veces antes de contestar el celular, en la familia que aprende a no preguntar demasiado. La extorsión dejó de ser un delito periférico para convertirse en una forma de gobierno criminal. No solo saca dinero, este tipo de renta, impone obediencias, regula rutinas y reordena el uso del espacio urbano. Cuando una ciudad empieza a vivir así, el problema ya no es únicamente policial; es político, social y moral.

La Encuesta de Percepción Ciudadana (Barranquilla como Vamos, 2024) mostró que solo 4 de cada 10 barranquilleros se sentían seguros en la ciudad, un dato que ayuda a entender por qué el miedo dejó de ser una percepción aislada y se volvió parte de la atmósfera social. Durante las últimas elecciones Hubo barrios donde la propaganda política dejó de depender de partidos o convicciones y pasó a depender del permiso criminal. No importaba quién hablara ni qué defendiera, sino quién pagaba para entrar.

Desde octubre de 2025, el Gobierno abrió reuniones exploratorias con autoridades locales para evaluar diálogos con Los Costeños y Los Pepes, y en diciembre de 2025 formalizó esos acercamientos exploratorios mediante la Resolución Ejecutiva 442. Ahora bien , Mientras no se toque de manera estructural la economía extorsiva que financia y organiza el control territorial, no habrá paz urbana sostenible sino apenas pactos llenos de fragilidades dentro de una misma gobernanza criminal.

¿Quiénes extorsionan? No una abstracción llamada “delincuencia”, sino toda una arquitectura criminal muy concreta. La Defensoría del Pueblo identificó en el área metropolitana la presencia de estructuras como Los Costeños y Los Pepes, esta última surgida de disputas internas por el mando dentro del universo de Los Costeños. A esas organizaciones se les atribuyen homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, microtráfico y narcomenudeo.

Tampoco es cierto que este fenómeno golpee de manera uniforme. Sobre este delito subyace una compleja geografía del crimen bastante clara, aunque cada vez más expandida. La Defensoría ha advertido patrones persistentes en el suroriente, el suroccidente, la localidad Metropolitana y el Norte-Centro Histórico. En 2020 señaló barrios como La Chinita, La Luz, Rebolo, Simón Bolívar, Las Nieves y El Ferry en el suroriente; Las Malvinas, Los Olivos, La Pradera, Las Gardenias, La Paz y Villas de San Pablo en el suroccidente; y Barranquillita, San Roque, Montecristo, El Rosario, Centro y La Loma en el Norte-Centro Histórico. En 2023 agregó sectores de la localidad Metropolitana como Siete de Abril, Santo Domingo, Carrizal, La Sierrita, Santa María, Ciudadela 20 de Julio y el corredor de la carrera 8.

Y ahí aparece la consecuencia más grave de todas: el deterioro de la ciudadanía. La familia que deja de sentarse en la terraza, el comerciante que prefiere negociar antes que denunciar, el conductor que aprende qué ruta no recorrer, el vecino que calla para seguir vivo: todos están adaptándose a una autoridad de facto.

La extorsión destruye negocios, encarece la operación comercial, desplaza economías legales, profundiza el miedo y fortalece el dominio territorial de quienes cobran. Pero además produce algo más profundo: normaliza que en ciertos sectores la regla no la pone el Estado, sino quien tiene la capacidad de amenazar, castigar y matar.

*Alejandro Blanco Zuñiga es Dr. en Ciencia Política

En el marco de esta Comisión, el gobierno de Gustavo Petro promovió la desestigmatización de la coca, el desarrollo alternativo, la reducción de daños, la revisión crítica del sistema global de fiscalización y más recientemente las fallas de los indicadores sobre la producción de cocaína. A pesar de que en todos estos casos hay más discursos que avances, la política de este gobierno ha sido sancionada (recordemos que Colombia fue descertificada por Estados Unidos) o en el mejor de los casos vista “con desconfianza” y cautela.

Mientras Colombia sea el principal exportador de cocaína tendrá un margen muy estrecho en la comunidad internacional para llevar a cabo cambios reales en su política de drogas. En el caso que diéramos pasos para regular el cannabis o la hoja de coca, los países “aliados” no van a dar validez a los mismos argumentos de flexibilidad en la implementación de las Convenciones de Drogas, que sí han aceptado para Estados Unidos y Uruguay. De manera que el país no puede salirse de su esfera de influencia que es el derecho internacional y el multilateralismo.

Los clubes cannábicos son un tema que sin duda nos llevará a conversar otra vez sobre el compromiso del Estado colombiano en la implementación de la política global de drogas. El país es muy vulnerable en el contexto de cambio de orden internacional. Estos clubes son asociaciones privadas sin ánimo de lucro que vinculan a personas usuarias a un circuito cerrado de producción y distribución colectiva. Se entienden como una extensión de la autonomía personal y la libertad de asociación para generar una cadena de aprovisionamiento para adultes. El modelo habita la zona gris de la legalidad y existe en varios países. En Colombia existen aproximadamente 46 clubes cannábicos y hasta una federación. Mucho se ha discutido sobre la distribución al margen de una solución de mercado para minimizar los riesgos de esta zona gris y las restricciones constitucionales vigentes en el país.

Ese es el debate jurídico a nivel nacional. Sin embargo, si el país sigue siendo un actor importante para la revisión crítica del sistema global de fiscalización de estupefacientes que se aproxima, está obligado a mantener el respeto por el multilateralismo y el derecho internacional, incluso debe argumentar por qué regular los clubes no es contrario a las convenciones. Acá algunos puntos para iniciar la conversación.

Las Convenciones limitaron el comercio de ciertas sustancias a fines médicos y científicos, y para lograrlo establecieron un sistema de fiscalización que incluye medidas penales. El artículo 33 de la Convención de 1961 establece que los Estados sólo permitirán la posesión de estupefacientes “con autorización legal”, mientras que el artículo 36 dispone que conductas como la compra, la distribución o la preparación (entre muchas otras) deben ser delitos. El Convenio de 1971 recomendó a los Estados dar tratamiento a las personas que hacen “uso indebido” de sustancias en vez de sancionarlas penal o administrativamente. Mientras que la Convención de 1988 obligó a los Estados a aumentar las penas, ampliar la cantidad de conductas y restringir los beneficios penitenciarios para los infractores de las leyes de drogas.

Pero si uno lee la letra pequeña de las Convenciones y sus interpretaciones autorizadas, puede encontrar argumentos para armonizar el modelo de clubes de cannabis. Por ejemplo, las disposiciones de las Convenciones se aplican con “arreglo a [las] constituciones” de los Estados. De manera que el país, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, puede definir qué es un uso indebido de drogas, cómo sería un régimen de autorizaciones para la operación de mecanismos de distribución sin ánimo de lucro y cómo extender la protección del uso personal a colectivos cerrados. Así, el Convenio de 1971 no considera como un incumplimiento que los Estados permitan la adquisición de drogas para el consumo personal.

Es decir, no existe una obligación por parte del Estado de penalizar el uso indebido de sustancias o “la posesión de una pequeña cantidad de una de esas sustancias con el fin de venderla para poder costear su propia dependencia”, incluso el mismo criterio se aplica para la persona que posee una pequeña cantidad de sustancia para proporcionarla a un amigo sin contraprestación.

De esta manera, a pesar del desorden internacional y el futuro ciertamente hostil a las reformas, la invitación es a pensar argumentos para defender internacionalmente cualquier regulación que saque a los clubes cannábicos de la zona gris. Por ejemplo, reconocer que el modelo de los clubes funciona también como una apuesta comunitaria para reducir riesgos y daños, así como permite mejorar la protección de la salud, que en últimas es el propósito declarado de las Convenciones. Los derechos humanos, según la Constitución, están por encima de la prohibición, eso mismo aplica para defender las reformas y avances discursivos que el mismo régimen internacional de fiscalización ha tenido en la última década.

*Abogado y sociólogo, investigador en política de drogas, particularmente enfocado en la regulación del cannabis y la hoja de coca.

**Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

En nuestro país se realizaron las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas para escoger candidatos a la Presidencia de la República en 2026. Antes y después de estos comicios, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente la posibilidad de un fraude, dada la vulnerabilidad del software que se utiliza para escrutar los votos. A su vez, ha exaltado la libertad del voto de la ciudadanía como un objetivo fundamental y ha censurado la compra de votos como una de las prácticas más graves contra la democracia.

Además de las preocupaciones del jefe de Estado, hay otra realidad inocultable: la alteración del orden público, las matanzas, la permanente amenaza de los violentos contra los pobladores de diferentes municipios del país, así como la actuación criminal de clanes políticos. Esto no es una sospecha ni verdades a medias sobre un fraude electoral; son hechos y situaciones ciertas, graves, notorias y diarias que, sin embargo, desde el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública no se contrarrestan de forma contundente y efectiva.

La Defensoría del Pueblo advierte sobre la persistencia de riesgos electorales en el territorio nacional y señala que la respuesta del Estado para mitigarlos alcanza solo un cumplimiento parcial. La entidad “registra 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral”. El veto, la estigmatización y la imposición de reglas de conducta se imponen a la población civil y se extienden a los candidatos.

La coacción también se ejerce contra servidores públicos; se hostiga y se asesina a miembros de la Fuerza Pública a lo largo del territorio nacional. La suspensión de elecciones en algunos municipios o el traslado de los puestos de votación son medidas transitorias y de escasa trascendencia. El mayor riesgo para la democracia consiste en que se realizan elecciones en algunas zonas del país donde el reporte de las autoridades es de normalidad, pero en realidad son lugares donde no hay libertad para votar y obedecer a quienes están al margen de la ley se convierte en la única alternativa.

Una rápida mirada a las recientes elecciones del 8 de marzo permite concluir que en algunas mesas de votación hay inconsistencias, ello no significa que se esté ante unas elecciones fraudulentas. El sistema electoral cuenta con etapas y controles en los procedimientos; aun así, si los procedimientos administrativos no son suficientes, existe la vía judicial. El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que “el fraude no está en el procesamiento de los votos, está en la coacción a las personas y la compra de votos”.

La mecánica de conteo de votos y sus resultados ciertamente prevé controles conforme a la ley; en cambio, con los permanentes enfrentamientos armados en los territorios, los fusiles apuntando y los millones de pesos circulando públicamente, no hay voto libre, se destruye la titularidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si a lo anterior se suman los pactos, acuerdos o coaliciones políticas con condenados, protagonistas de escándalos o personas inescrupulosas, se genera fraude electoral. Sin embargo, estos asuntos se han normalizado y el tratamiento de las autoridades es marginal y secundario, una especie de complicidad arropada con un discurso moralista.

Los instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, coinciden en que todos los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos políticos de su país, sin discriminación y sin restricciones indebidas. Por ello, la vulneración de los derechos humanos de los electores —en especial de la libertad de expresión y circulación— contraviene la soberanía popular y la legitimidad del poder político.

Lo que esperamos los ciudadanos es que exista un máximo esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean libres. No más comunicados tibios de la Procuraduría ni procesos judiciales o disciplinarios que no avanzan. Tampoco basta con propaganda gubernamental pidiéndoles a los ciudadanos amenazados que voten o denuncien, cuando lo que cunde son las alianzas políticas con los corruptos y la utilización de dineros públicos para favorecer intereses particulares.

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Arnulfo, nació el 15 de enero de 1985 en la Vereda Sirguaza, de Mongüa, Boyacá, del hogar integrado por Yolanda Pérez Merchán y Carlos Julio Pesca Maldonado, ambos asesinados. Su padre en 1987, en medio de una riña; su madre en 1998 por guerrilleros del Frente 38 de las FARC.

Pesca Pérez creció al lado de su hermano Flover Fermín, un año menor, en la casa de los abuelos maternos. La misma casa que una noche fue asediada por uniformados que se hicieron pasar por guerrilleros del ELN, cuando realmente eran del Ejército. Los ultrajaron, torturaron, los amenazaron con matarlos “si no decían dónde están las armas”.

Aproximadamente a mediados del año 2003, Arnulfo con la primaria cursada, cumplidos 18 años, se fue a prestar el servicio militar al Batallón de Artillería No. 1 “Tarquí”, con sede en Sogamoso. A los tres meses salió de permiso y no regresó porque la guerrilla del ELN lo amenazó con hacerle daño a él y a su familia si volvía al batallón, bajo el argumento que tenía mucha información de la vereda. Arnulfo siguió sus labores agrícolas en la vereda Sirguazá. Pero unos nueve meses después, un 29 de marzo de 2004, unidades militares llegaron a su lugar de trabajo, lo ejecutaron con tres disparos y simularon un combate. Su cuerpo fue llevado por los militares, nunca se supo más de su suerte y paradero. Quedó en el ambiente una de las frases de un militar “eso les pasa a los desertores del Ejército”.

Su hermano no denunció por miedo, pero en el año 2018 se atrevió a solicitar documentación de su hermano Arnulfo Pesca Pérez al Batallón de Artillería No. 1 “Tarquí”, donde había empezado a prestar el servicio militar, pero el teniente coronel al mando, le negó toda información.

En 2024, una investigadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) visitó Mongüa, se enteró que la familia Pesca tenía un ser querido desaparecido, fue a la casa al final de la tarde, pero aún no llegaba del trabajo el hermano de Arnulfo. Pacientemente esperó fuera de la casa, hasta que pasadas las diez de la noche llegó Flover Fermín y volvió la esperanza a la familia de saber sobre la suerte y paradero de Arnulfo. La búsqueda se inició desde una toma de ADN.

Nadie sabía que, en diciembre del 2021, la Fiscalía había exhumado cinco cuerpos en el cementerio de Sogamoso, uno de ellos con el rótulo de “NN Alias Pesca Pesca Arnulfo”, al que le habían tomado un año después una muestra genética, la cual fue relacionada con la de Flover Fermín y se logró en el 2025 la confirmación que dicho cuerpo era sin lugar a dudas Arnulfo Pesca Pérez.

Luego de muchas insistencias, de trabas burocráticas o falta de respuestas del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, con mucha persistencia se logró programar la fecha de entrega, en la sala de la casa del hogar de la familia campesina de Arnulfo.

En la sala de la casa de su familia, lo esperaban su hermano, la esposa de su hermano, la hija de su hermano, el abuelo materno con quien crecieron, su tía, su primo hermano, con decenas de familiares y amigos. A la sala de la casa llegó Arnulfo en un pequeño cofre, llevado por la coordinadora del GRUBE, un odontólogo forense, uno de los investigadores de la DIJIN, una psicóloga y un trabajador social de la UARIV, la investigadora de la UBPD que inició la búsqueda desde la toma de muestra de ADN a su hermano, una comunicadora de la UBPD (porque la familia solicitó que todo el proceso de entrega fuera público, para que otras familias se contagien de la esperanza que sí es posible encontrar a las víctimas de desaparición forzada). También acompañamos la entrega digna desde la Fundación Hasta Encontrarlos, el P. Javier Giraldo sj, quien es miembro honorario de la fundación y también parte del equipo del Cinep, y quien escribe este relato, testigo de un momento sin precedentes.

Se inició con un momento simbólico en torno a la memoria de Arnulfo Pesca Pérez, recordando su vida, lo que hacía, lo que le gustaba, sus proyectos y anhelos, sus aficiones, la pesca, el fútbol, el trompo, el tejo y el billar, un ser humano que contagiaba alegría, simpático, de ojos que se veían azules y verdes, cabello rubio, con más de 1,80 de estatura, cantaba música llanera, le gustaba la bandola, era un agricultor, pero tenía una especial destreza para rozar. Quería algo más para su vida, salir al mundo, y pensó que prestando el servicio militar se le abrirían las puertas para ello.

Luego siguió un momento acompañado por la Unidad para las Víctimas - UARIV, que permitió reconstruir la historia familiar, donde se pudo entender cómo “el hecho victimizante” no es uno, sino todo un conjunto de hechos y contextos. A pesar de los sucesivos hechos y contextos de victimización y persecución a ARNULFO, a su hermano, a su abuelo, a su tía, a su primo hermano, a su familia, nunca han sido reconocidos como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Una de las miles de familias que formalmente no son reconocidas como víctimas en el país por la UARIV.

La Fiscal, coordinadora del GRUBE, explicó a la familia el proceso de búsqueda. De una manera muy responsable informó sobre los diferentes documentos existentes en el proceso, rasgos de esa verdad anhelada, aún esquiva, que yace en los archivos militares que se deben abrir. La funcionaria comunicó a la familia, que días antes de la entrega, se había dado traslado del proceso a un fiscal de derechos humanos, quien se compromete a adelantar una investigación para esclarecer la verdad y lograr justicia. El forense, de una manera pedagógica, explicó los hallazgos en el proceso de exhumación, en los análisis de antropología forense, de odontología y genética, mientras la familia puede observar cada uno de los huesos de Arnulfo y en ellos encontrar los rasgos de esa verdad esperada. “Los huesos hablan”, dicen qué le hicieron, cómo lo hicieron, y hasta señalan a los responsables.

Fue un momento reparador el reencuentro de sus familiares y Arnulfo, en sus huesos, en su nombre, en su rostro, en su historia.

En la noche, lo que es una tradición en la despedida de nuestros muertos, una velación en el hogar, en ese que te vio nacer, en ese que te da la despedida. Una tradición rota desde el negocio de la muerte de las funerarias, que te obliga a ser despedido en una helada sala de velación, por donde desfilan ataúdes sin parar. La familia, los amigos y allegados de Arnulfo lograron velarlo en la sala de la casa, rezarle un santo rosario, compartir el tinto y el pan.

Al siguiente día, el P. Javier presidió la eucaristía, los símbolos sobre el cofre con los restos óseos de Arnulfo: el crucifijo, la biblia, la luz, el agua, las flores, junto a ellos el rostro y nombre de Arnulfo Pesca Pérez, en la única imagen que la familia logró salvar, la de la primera comunión, cuando tenía como once o doce años, al lado de su mamá. El texto del profeta Ezequiel del valle de los huesos secos, las canciones de la misa de los pobres, la reflexión siempre profunda de Javier, la consagración del pan y el vino, la paz y la comunión, para salir cantando hacia el cementerio a dos horas de camino, al encuentro con la comunidad de la vereda Sirguazá, que acompañó a Arnulfo y a su familia.

Allí, al lado del cuerpo de su madre y su padre, yace ahora Arnulfo Pesca Pérez, observando las montañas donde creció, esperando que su familia logre mayor verdad de la que ya logramos saber sobre su suerte y paradero, que se allanen caminos de justicia desde el fiscal de derechos humanos, donde hemos decidido que continuará el caso en una apuesta por creer que, ante tantas pruebas existentes, es imposible que no se logre la justicia y una reparación a una sucesión de hechos de violencia sociopolítica de los que ha sido víctima la familia Pesca Pérez.

“Habrá un día / en que todos / al levantar la vista, / veremos una tierra / que ponga libertad”. “Hermano, aquí mi mano, / será tuya mi frente, / y tu gesto de siempre / caerá sin levantar / huracanes de miedo / ante la libertad”. “Haremos el camino / En un mismo trazado / Uniendo nuestros hombros / Para así levantar / Aquellos que cayeron / Gritando libertad”.

*Pablo Cala, filósofo, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos

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Los procesos no se detienen. Las declaraciones, apuestas y acciones que realizamos día a día suelen ser invisibilizadas por el sistema patriarcal, pero la fuerza de la juntanza de mujeres conscientes y consecuentes las hace volar.

Dos hechos recientes nos invitan a la reflexión: el saqueo de la Casa de la Mujer en Bogotá, ocurrido el 16 de febrero, y el Manifiesto con 20 preguntas dirigido al expresidente Andrés Pastrana, respaldado por más de 170 mujeres periodistas, columnistas y escritoras.

La Casa de la Mujer, organización feminista fundada en 1982, nació en medio de la guerra y de graves violencias contra las mujeres que ni siquiera eran reconocidas como violaciones de derechos. Décadas después, sigue asumiendo uno de los mayores retos del país: construir la paz con justicia social y con participación activa y paritaria de las mujeres.

¿A quién incomoda esa labor? A quienes han cometido actos de violencia y no quieren enfrentar la justicia. A quienes prefieren ocultar su vergüenza y sus delitos. A quienes odian a las mujeres, y una somos todas. Los responsables actuaron en la oscuridad y se llevaron información que los comprometía, sin saber en cuál de los 15 computadores estaba.

¿Qué ha hecho el gobierno distrital? Esperamos respuestas, alcalde Carlos Fernando Galán. No fue un hecho menor ni aislado. Están en juego los derechos de las mujeres: el derecho a una vida libre de violencias. Esta agresión afecta a quienes integran la corporación, a las que aparecen en las bases de datos, a las que reciben servicios de la Casa… a todas.

El mensaje es claro: también se busca intimidar a las organizaciones de mujeres que defienden sus derechos. En tiempos de campañas presidenciales, es urgente preguntar a candidatos y candidatas por su compromiso con el 52% de la población colombiana. Nuestros avances y retrocesos están sobre la mesa. Basta mirar hacia Argentina, Centroamérica o más allá: en las crisis y en el ascenso de la derecha y ultraderecha, los derechos de las mujeres quedan al borde del abismo. Políticas públicas, presupuestos, instituciones, leyes, lenguaje… todo se pone en riesgo. Seguimos.

El segundo hecho relevante es el manifiesto #NoAlPactoDeSilencio #PastranaResponda. Se trata de un compromiso ético de mujeres que se unieron para exigir respuestas a quien fue jefe de Estado (1998-2002) por su relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, según documentos desclasificados en Estados Unidos. Hablamos de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El manifiesto no es un juicio ni una condena: son preguntas. El Estado debe investigar y juzgar; las periodistas y la sociedad civil tenemos derecho a preguntar. Queremos conocer las acciones de quien dirigió el país y contó con la confianza de sus electores. Andrés Pastrana debe responder.

Las mujeres insistimos, persistimos y trabajamos para obtener respuestas sobre hechos documentados que hacen referencia a un expresidente. El silencio de Pastrana socava su credibilidad. Puede ser inocente o culpable, pero debe hablar y la justicia actuar. Callar es normalizar comportamientos de quienes han tenido o tienen poder.

Entre las preguntas planteadas:

• En 2025, Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento al funcionario Todd Blanche haberlo conocido a usted en un pub de Dublín y que lo vio dos veces en el avión de Epstein. ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?
• De acuerdo con lo que usted ha señalado, las fotos publicadas en los Archivos Epstein en los que  aparece al lado de Ghislaine Maxwell fueron tomadas en la base militar de Tolemaida, en el marco el Plan Colombia, durante su presidencia “entre junio y julio de 2002”, al final de su periodo residencial. ¿Con qué fin la invitó al país? ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita? ¿Por qué Maxwell (una invitada, extranjera) lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial colombiana (FAC)? El coronel (r) Julio César Londoño Giraldo, instructor que aparece en una de las fotos con Maxwell, afirmó en Blu Radio que el vuelo en Black Hawk sí se llevó a cabo. ¿Quiénes, entonces, fueron parte de la cadena de mando que autorizó dicho vuelo? ¿El ministro de Defensa, Gustavo Bell, tenía conocimiento de estas invitaciones a empresarios e inversionistas en el marco del Plan Colombia, como usted mismo lo afirma? ¿Qué recursos del Estado se utilizaron en esta visita a Tolemaida?
• ¿Por qué se ha rehusado por más de cinco años a pronunciarse a fondo sobre este asunto de interés público?
• ¿Estaría dispuesto a tener una conversación pública para contestar estas preguntas?

Responder no es un favor: es una obligación ética y política frente a las mujeres y frente a la sociedad.

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En Colombia, el enfoque de la política de drogas ha sido uno de los ejes estructurales del conflicto armado, de la expansión del poder punitivo del Estado y de la relación entre ciudades principales y municipios alejados e ignorados. Lo que está en juego este 8 de marzo es si el país consolida una transición definitiva hacia un enfoque basado en derechos humanos y evidencia, o si revive respuestas punitivas que han mostrado límites claros y costos profundos.

En este contexto, la política de drogas ofrece un prisma para evaluar candidaturas más allá de etiquetas partidistas. ¿Reconocen la evidencia empírica sobre los límites del prohibicionismo? ¿Diferencian entre eslabones de la cadena? ¿Están dispuestas a poner límites al poder punitivo del Estado cuando este afecta derechos fundamentales?

Regulación del uso adulto del cannabis: coherencia o hipocresía normativa

El Congreso que se elija tendrá en sus manos la posibilidad de retomar -o seguir dejando en visto- la regulación del uso adulto del cannabis. Colombia reconoce el consumo como un ámbito protegido por la jurisprudencia constitucional y cuenta con una regulación de cannabis medicinal. Sin embargo, mantiene en la ilegalidad el uso adulto, alimentando una incoherencia normativa que fortalece al mercado ilegal y reproduce la selectividad penal.

La regulación es un debate sobre racionalidad estatal e implica liberar capacidad judicial y policial para concentrarse en estructuras violentas, al igual que reducir la criminalización desproporcionada en razón de la edad y la clase. También supone reconocer que el prohibicionismo no ha erradicado el consumo, pero sí ha generado costos sociales y fiscales significativos.

Un Congreso adverso puede cerrar esta discusión bajo el discurso de la “mano dura”, perpetuando la paradoja de un país que exporta cannabis medicinal bajo estándares internacionales, pero que no regula y, por el contrario, criminaliza el uso adulto en el mercado interno.

Fumigación aérea con glifosato: límites al poder y protección de derechos

Otro frente crucial es la eventual reactivación de la fumigación aérea con glifosato. Más que un debate técnico sobre erradicación, estamos ante una discusión sobre los límites del poder estatal. La experiencia de décadas mostró impactos en salud, ambiente y medios de vida de comunidades campesinas y étnicas, así como grandísimas dudas sobre la eficacia sostenida de esta estrategia para reducir cultivos.

El Congreso tendrá un rol determinante en el control político, la asignación presupuestal y la orientación normativa que incluso cierre la puerta, por vía legislativa, de esta forma de intervención sobre territorios históricamente marginados. Respaldar o no esta política es, en últimas, una definición sobre si pesa más la presión por mostrar resultados rápidos o la obligación de proteger derechos fundamentales y cumplir con los estándares constitucionales de precaución, participación y evidencia.

Tratamiento penal diferenciado: cumplir el Acuerdo de Paz o vaciarlo

El Acuerdo Final de Paz reconoció algo que durante décadas fue ignorado: no todos los eslabones del narcotráfico son iguales. Personas campesinas cultivadoras en contextos de ausencia estatal no pueden ser equiparadas con redes criminales transnacionales. El tratamiento penal diferenciado busca introducir racionalidad y justicia material en la política criminal, evitando que el encarcelamiento masivo rural siga siendo la respuesta automática.

El Congreso 2026-2030 será clave para profundizar o bloquear estos desarrollos (en un escenario de Comunes, posiblemente saliendo del Congreso). Así que, mayorías inclinadas al endurecimiento penal podrían seguir frenando la implementación o introducir reformas que vacíen su espíritu. Sin diferenciación, la política de drogas corre el riesgo de volver a ser un mecanismo de reproducción de desigualdades y sobrecarga carcelaria, sin afectar de manera significativa a los eslabones más poderosos y violentos de la cadena.

Reparar los daños de la guerra contra las drogas

Hay un tema que nunca ocupa el centro del debate electoral: las víctimas de la propia política de drogas. La “guerra contra las drogas” también produjo daños y hay millones de comunidades afectadas por fumigaciones, personas privadas de la libertad por delitos no violentos, mujeres criminalizadas por economías de supervivencia, familias fragmentadas por el encarcelamiento masivo.

Colombia no puede eludir la pregunta por estos impactos. Medidas de revisión de condenas, enfoques restaurativos e inversión prioritaria en territorios más golpeados son parte de una conversación pendiente. Un Congreso comprometido con los derechos humanos debería abrir este debate sin temor a la estigmatización.

El 8 de marzo no decidimos si el Estado seguirá respondiendo con castigo indiscriminado o si se atreverá a gobernar un fenómeno complejo con racionalidad, evidencia y responsabilidad democrática. Entre 3.231 nombres y 284 curules, lo que está en juego no es solo una agenda sectorial, es el tipo de relación que queremos entre política criminal, democracia y derechos humanos en los próximos cuatro años.

*Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH.

*Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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Los principios que sostienen la estrategia son, cuanto menos, reveladores. Por ejemplo, la consigna “paz a través de la fuerza” sostiene que la coerción es el elemento superior para disuadir y el mejor medio para alcanzar el cese de las confrontaciones armadas. Así mismo, el principio de “balance de poder”, o el de “reciprocidad” afirman impedir que cualquier nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar los intereses estadounidenses, y una cero tolerancia a situaciones de libre aprovechamiento (free-riding), desequilibrios comerciales o prácticas económicas desiguales, respectivamente.

Es en este marco de principios donde el sur del continente es considerado como una geografía clave en donde, en esta lógica de acumulación de poder, se requiere restaurar la preeminencia y asegurar el acceso estadounidense. De hecho, la estrategia niega explícitamente que competidores no hemisféricos tengan la capacidad de posicionar fuerzas o capacidades amenazantes, o de poseer y controlar activos estratégicamente vitales. En otras palabras, la estrategia pretende reactivar un ‘cordón sanitario’ alrededor de las Américas, garantizando que ni China ni Rusia tengan la capacidad operativa o económica para amenazar a Estados Unidos desde su propio vecindario.

La hoja de ruta señala la necesidad de alinear a la región para crear un nivel de estabilidad tolerable con el pretexto de abordar temas como la migración, el narcotráfico y el desarrollo de las economías locales. Para lograrlo se incluye, desde la diplomacia coercitiva, despliegues en aguas internacionales y el uso de la fuerza letal, hasta sanciones económicas e incursiones militares ilegales en los Estados no alineados con sus objetivos. Es así como los países de la región deben ver a Estados Unidos como su socio, no por elección, sino por descarte ante las consecuencias de no serlo.

En Colombia, la materialización de la Doctrina Donroe ha sido contundente. El país enfrentó amenazas arancelarias cuando Petro se negó a recibir personas deportadas, vio su soberanía desdibujada con operaciones en el Pacífico, y experimentó la amenaza de una intervención militar similar a la ocurrida en Venezuela. La reunión del pasado 3 de febrero entre ambos mandatarios confirma el patrón de sometimiento. La “matrícula condicional” otorgada tras el encuentro con Trump, sumada a la presión pública de figuras como el senador Bernie Moreno, no son anécdotas diplomáticas; son la validación fáctica de la doctrina.

La inminente reactivación de las fumigaciones con glifosaro y la erradicación forzada, políticas que el gobierno Petro había jurado superar por ineficaces, no responden a un cambio de convicción técnica, sino a un acto de supervivencia política ante la asfixia. Colombia acepta cumplir con la Doctrina Donroe porque la amenaza de la desestabilización económica y política apunta directamente a la soberanía y a vulnerar la cooperación para el desarrollo.

Sin embargo, reducir esta obsesión de Washington por asegurar nuestro territorio a los flujos de cocaína o a viejos fantasmas ideológicos sería un error. La narrativa de la “guerra contra las drogas” o la “lucha contra el comunismo” es, hoy más que nunca, una cortina de humo. La realidad subyacente es mucho más pragmática y aterradora, el sistema económico hegemónico se está quedando sin insumos para seguir funcionando.

En última instancia, la Doctrina Donroe responde a una reconfiguración de las interacciones globales. Ante el evidente desplazamiento de la hegemonía hacia otras potencias y latitudes, y consciente de que está perdiendo terreno en la balanza de poderes global, Washington opta por atrincherarse. Al no poder dominar el mundo entero con la misma facilidad de antes, Estados Unidos cierra filas sobre su propia región. No es un acto de fuerza expansiva, sino un reflejo defensivo: asegurar el “patio trasero” y sus recursos es la única forma de garantizar su supervivencia.

*Investigadores de Elementa DDHH

** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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Cuánto silencio, amnesia, corrupción, impunidad, indiferencia, sin embargo, la vida sigue en un país llamado Colombia sembrado de enemigos y no críticos y opositores, de rabia e intolerancia frente a tantas muertes de civiles que cumplen su misión, su compromiso o simplemente su oficio o vida profesional.

En este obituario encontramos el nombre de Mariam Ruiz Castañeda, directora de la emisora Ondas del Darién, asesinada en abril de 1987 en Turbo, Antioquia, mientras investigaba sobre escuadrones de la muerte en Urabá.

Así mismo se encuentra Marta Luz López, gerente de la sede de El Espectador en Medellín, asesinada en esta ciudad en 1989 por Narcotraficantes

También Silvia Margarita Duzán Saénz mientras realizaba un documental para la BBC de Londres en el que visibilizaba una propuesta de paz de la Asociación de Campesinos del Carare, fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander junto con tres campesinos. Esta masacre sigue en la impunidad.

Diana Turbay, en su búsqueda de una entrevista con el cura español del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para la revista que dirigía, Hoy por Hoy, fue secuestrada por el narcotraficante Pablo Escobar. Después de varios meses muere en un operativo de rescate un 25 de enero 1991.

Amparo Jiménez Pallares, asesinada en 1998 en Valledupar por denunciar a paramilitares que sometieron a situación de desplazamiento a decenas de familias, hechos que había dado a conocer desde su corresponsalía para el noticiero Q:A:P, uno de los de mayor audiencia en ese entonces, y En Vivo. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales?

Jineth Bedoya Lima sobrevivió a tortura, secuestro y violencia sexual el 25 de mayo de 2.000 mientras cumplía con su trabajo de investigación periodística. Su dignidad, tenacidad, constancia y logros del movimiento feminista, le dieron la fortaleza y paciencia hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia a su favor.

María Elena Salinas Gallego periodista de varias emisoras de radio y profesora fue asesinada el día 5 de marzo de 2000 en San Carlos Antioquia, presuntamente por guerrilla.

Elizabeth Obando Murcia voceadora del periódico El Nuevo Día asesinada en 1 de julio de 2002 por miembros del Frente 21 de las FARC en la vía que conduce a Roncesvalles, Tolima.

Todos estos nombres aparecen en el informe de La Comisión de la Verdad “La palabra y el silencio” y algunos detalles corresponden a investigación propia.

En un periodo más reciente otras periodistas perdieron su vida mientras investigaban sobre corrupción, narcotráfico, conflicto armado o el entramado de las anteriores con el frágil Estado. ¿Quién dio la orden?

Flor Alba Núñez, periodista de La Preferida Radio Stereo en Pitalito, Huila, asesinada el 10 de septiembre de 2015.

María Efigenia Vásquez Astudillo comunicadora de la radio Renacer Kokonuko indígena radial, asesinada en Puracé, Cauca durante el desalojo de un predio, Ocurrió el 8 de octubre de 2017.

Dilia Contreras directora de la plataforma digital La bocina Col, asesinada el 28 de agosto de 2022 en Fundación, Magdalena, cuando regresaba de cubrir fiestas patronales.

Otras mujeres periodistas han sido amenazadas, las han denigrado al mejor estilo medieval y del Tribunal de la Santa Inquisición, sobre todo en regiones, según pude concluir en una investigación (inédita) que realicé para Alma Mater en 2010. En una de las entrevistas una colega de un pueblo de la Costa Atlántico relató como salió en un camión entre papas y dejó la profesión, otras siguieron el mismo camino y otras marcharon al exilio.

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¿Cuál es el impacto diferenciado cuando se amenaza, difama, comete violencia sexual o asesina a una mujer periodista? “Calladitas se ven mejor”, demostrar que el espacio público no es lugar para mujeres, deben estar en casa o el espacio privado, que su cuerpo no les pertenece y esto se reafirma cuando hay estigmatización porque ellas deben ser castas, puras y sin derecho a decidir. Silencian la diversidad y privan del derecho de la libertad de información.

Somos hijas e hijos de una cultura androcéntrica y habitantes de un país con profundas raíces feudales cuyas consecuencias recaen sobre las mujeres. Entonces ¿quiénes son los culpables? Los que dan la orden, los que disparan y los que no hacen nada, culpables las instituciones que no investigan, los que no cuentan la historia con sus aristas, culpable la sociedad que no actúa ni exige a sus gobiernos y Estado.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia han sido asesinados 258 periodistas desde 1958 hasta el 2021 en el marco del conflicto armado. Por su parte la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) presenta un registro de 169 periodistas asesinados entre 1977 y 2025.

¡Lo siento! Hoy 9 de febrero de 2026 no me digan Feliz día del periodista porque no es feliz y a las mujeres tampoco se nos incluye en el enunciado. Sería Día del y la periodista y si no suena bonito, no es por la sonoridad es la exclusión.

¿Que lo que no se nombra no existe? ¡Falso! Lo que no se nombra es como que no existiera porque existir existimos.

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Sin lugar a dudas, luego de casi diez años, este es un tema que debería estar cerrado por parte del Estado colombiano, sobre todo porque de allí deviene parte de la reparación material a miles de las víctimas del conflicto.

Al leer detenidamente el informe interno producido por la Contraloría Delegada, se puede advertir rápidamente que lo que se expresó en los micrófonos de los medios de comunicación no corresponde a las conclusiones del documento de la Contraloría; entre otras, porque sería la primera vez que una entidad de tal magnitud ejerce su control fiscal sobre una organización insurgente al margen de la ley, que obtuvo bienes producto de la ilegalidad y que desde noviembre de 2016 dejó de existir.

Contrario a lo dicho en prensa, el Informe de Seguimiento es conclusivo al advertir que no se tienen los recursos del Estado para dar cumplimiento a las primeras Sentencias de la JEP, pues se estima que se requieren más de $121.000 millones de pesos, de los cuales se cuenta con apenas $20 mil millones. La otra gran conclusión del documento es que los bienes entregados por las FARC-EP, monetizados, fueron utilizados en su totalidad para la reparación de las víctimas; informes de la misma Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas dan cuenta de que al menos 2300 personas y 25 sujetos de reparación colectiva fueron reparados con la monetización de los bienes de la extinta guerrilla.

La contribución a la reparación de las víctimas por parte de los grupos que suscriben Acuerdos con el Estado es inédita en Colombia; guardadas las proporciones políticas, del proceso con los grupos paramilitares de las AUC, entregaron una cifra de al menos 113.000 millones de pesos, sumado a que cientos de los bienes inmuebles entregados al Fondo de Reparación aún se encuentran ocupados por terceros.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, emerge un nuevo paradigma para la reparación y dignificación de todas las víctimas del conflicto. Los puntos de lo pactado, especialmente la tierra y la participación democrática, reparan en parte lo que por décadas la violencia le arrebató a miles de personas. Sumado a ello, el Acuerdo fue claro en indicar que una vez la extinta guerrilla ocupara las Zonas Veredales, debía hacer el inventario de los bienes producto de la economía de guerra para que fueran entregados con la verificación de la ONU.

Las cifras son certeras; la ONU recibió más de 9.000 armas, más de 14.000 granadas y casi 2.000.000 de municiones, material con el que se construyeron los monumentos en Nueva York, Bogotá, y un tercero pendiente por construir en La Habana. En dinero, fueron miles de dólares y de pesos entregados, sumado a cientos de kilogramos de oro y joyas subastados en diciembre de 2020, bajo el Gobierno de Iván Duque, y que ascendieron a una cifra superior a 11 millones de dólares.

Los firmantes de paz han cumplido cabalmente con sus compromisos; sin embargo, alcanzar el 100% de éxito en una labor tan compleja resulta casi imposible. La normatividad colombiana es incompetente para recibir, por ejemplo, los más de 240 bienes inmuebles identificados (muchos de ellos en zonas de baldíos), o la monetización de al menos 1800 bienes muebles y enseres, ni mucho menos para recibir miles de kilómetros de vías terciarias construidas por la extinta guerrilla en época de guerra. La reedición de la violencia ha sido otro factor: Jorge Iván Ramos, firmante de paz, fue asesinado por el ELN en cumplimiento de actividades de enlace para el proceso de identificación y entrega de bienes, y no es el único caso.

Con este panorama, uno creería que los entes de control deberían girar su mirada hacia donde realmente está el problema. La Corte Constitucional en 2018 fue enfática en indicar que las autoridades, y especialmente la Fiscalía General, debían adoptar las acciones respectivas para que tales bienes, después de entregados, cumplieran su función. ¿Esto realmente se cumplió? Lo cierto es que hoy, con o sin informes de la Contraloría, millones de víctimas esperan ser reparadas integralmente por el Estado y es el Estado el que debe solucionar sus entuertos normativos.

*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.

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Hoy, el control de buena parte de esa frontera lo ejerce el ELN. Sin embargo, no siempre fue así. Durante años, el dominio estuvo fragmentado entre el ELN y la Segunda Marquetalia. Tras la supuesta muerte de Iván Márquez en 2023, el ELN inició un proceso de recuperación territorial que lo llevó a enfrentarse con los llamados Pranes —jefes criminales venezolanos con control sobre centros penitenciarios— hasta alcanzar acuerdos funcionales: la Segunda Marquetalia se replegó hacia la Serranía del Perijá y los Pranes mantuvieron el negocio de la trata de personas, aún vigente, apoyados por células del Tren de Aragua y por bandas locales como Los Corticos y Los Largos. Estas estructuras comenzaron a tercerizar para el ELN actividades criminales, especialmente en Paraguachón, Maicao y Carraipía.

El problema, sin embargo, es más profundo. En la frontera operan múltiples bandas pequeñas que controlan pasos ilegales específicos —incluso adoptan sus nombres como identidad— y ejercen violencia y coerción en nombre del ELN, convirtiéndose en engranajes locales de su aparato criminal.

A este escenario se sumó, desde 2022, un movimiento estratégico del Cártel de los Soles, que buscó consolidar el corredor entre Punta Gallinas y Castilletes para el tráfico de drogas y armas. Para ello, no solo aprovechó el contexto de la pandemia, sino que incentivó el asentamiento de clanes indígenas wayuu provenientes del lado venezolano, apelando a lazos de sangre y familiaridad histórica. También utilizó a la Segunda Marquetalia como fuerza de apoyo. La estrategia fue exitosa, pero trajo consigo dos consecuencias críticas: primero, los wayuu venezolanos desconocían los liderazgos tradicionales y buena parte de los usos y costumbres de los wayuu colombianos; segundo, ingresaron al territorio con armas largas y cortas. Aunque existía parentesco, la frontera había separado a estas comunidades durante décadas, generando transformaciones culturales que desembocaron en conflictos graves entre clanes.

La salida —según se afirma, negociada— de la Segunda Marquetalia en 2023, tras la pérdida de su capacidad ofensiva, fortaleció aún más al ELN. Este grupo inició una cacería de menores y reclutó a niños y adolescentes wayuu, una práctica respaldada por denuncias formales. El ELN quedó como amo y señor de la frontera y comenzó a subcontratar a bandas locales para el robo de vehículos, secuestros, sicariato y extorsión. Funciona, en los hechos, como un gran empleador criminal transfronterizo, con una regla clara: estas actividades están prohibidas en Venezuela. Allí solo se les permite el narcotráfico en coordinación con el Cártel de los Soles y el tránsito de droga proveniente del Catatumbo.

En paralelo, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) intentó en 2022, bajo órdenes de alias 57 (Edgar Córdova Trujillo), recuperar una franja del territorio entre Riohacha y Bahía Portete para abrir una ruta segura del narcotráfico. Esto disparó los índices de violencia en Riohacha, Uribia y Manaure; sin embargo, la captura de alias 57 en junio del 2022 dejó la iniciativa sin liderazgo. Un año después, fue retomada por alias Gonzalito, segundo al mando de esta organización y recientemente muerto y por alias 07 (Wilson Darío Ruiz Vélez), abatido el 27 de enero de 2025 en San Ángel, Magdalena. Durante este tiempo, mediados de 2023 en adelante, las confrontaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), especialmente en las cuencas media y alta de los ríos Jerez y Ranchería, y la superioridad militar de este grupo frustraron la expansión del EGC en este territorio y en todo el macizo montañoso Sierra Nevada.

Las ACSN, por su parte, capitalizaron la coyuntura. Bajo el mando de alias Patiliso, excomandante del Frente Resistencia Tayrona, incorporaron a alias El Bendito Menor, un joven criminal de Riohacha que había prestado servicio militar. Inicialmente se le asignó la tarea de expulsar al EGC de la capital guajira; luego, la de consolidar el control urbano y vial desde Manaure hasta Palomino y desde Riohacha hasta San Juan del Cesar, cubriendo todo el corredor del carbón.

Como comandante del Grupo de Comandos Urbanos Especiales, El Bendito Menor lideró una ofensiva sin piedad y sin control contra el EGC y contra bandas locales vinculadas a economías ilegales, basada en prácticas de sevicia y violencia extrema. La consigna fue clara: “o se unen o desaparecen”. Bajo ese lema se cometieron masacres, desapariciones y asesinatos. Pero apareció un elemento disruptivo: la visibilización. A diferencia de la lógica tradicional del crimen organizado, que evita la exposición, esta estructura transmitió sus acciones en tiempo real por TikTok, Instagram y Facebook. Esa exhibición le otorgó una validación criminal masiva, con niveles de audiencia superiores a los de cualquier influencer promedio.

Tras la captura de Maduro, las ACSN decidieron expandirse hacia Maicao, lo que afectó directamente los intereses del ELN. Se produjo entonces la primera masacre atribuida a este grupo —aunque negada por ellos— y se activó una ofensiva policial y militar para capturar a alias El Bendito Menor, por quien hoy se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos. El ELN, a su vez, ajustó cuentas y, según fuentes consultadas, asesinó en Maicao a Carlos Eduardo Ruiz González, alias Rambo, exintegrante del Tren de Aragua, por quien se ofrecía una recompensa de 200 millones de pesos. No lo entregaron: lo ejecutaron.

La Guajira cerró enero con dos masacres —una en Maicao y otra en Riohacha—, más de 40 homicidios y un nivel de desorden criminal alarmante. En Riohacha se concentra la disputa entre el EGC y las ACSN; en Maicao, el ELN intenta recuperar territorio y recomponer su dominio. Sabe que perder la frontera no es una opción, y menos frente a las ACSN.

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Mientras tanto, el Ejército busca sin éxito a alias El Bendito Menor, a quien, a diferencia de otros casos, no se le gestionó cancelación de órdenes de captura desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Hoy se esconde en el macizo montañoso. El EGC quedó sin sus principales cabezas visibles.

El resultado es evidente: más desorden criminal. Sin liderazgos claros, sin una política de seguridad coherente y sin inversión estatal real, La Guajira se hunde en una disputa armada donde todos quieren extorsionar, matar e intimidar y, para agravar más la situación, alias el Bendito Menor reapareció con un comunicado no validado por las ACSN, donde les pide a los habitantes de Riohacha salir a marchar por la paz el 5 de febrero de 2026. La persona que más daño y más violencia le ha impreso a este territorio haciendo esta solicitud, lo que obliga a pensar en dos situaciones. Una, alias el Bendito Menor es desde ahora una disidencia de las ACSN o las ACSN definitivamente, no tienen control sobre sus mandos medios.

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En términos claros: el Decreto 1390 es inconstitucional porque no se funda en hechos sobrevinientes ni en una catástrofe económica, social o ecológica en el sentido exigido por el artículo 215 de la Constitución. Sin embargo, esa afirmación no puede —ni debe— llevar a negar la existencia de una crisis real, seria y potencialmente grave. El problema no es la inexistencia de una crisis, sino su naturaleza. Lo que enfrenta hoy el país no es una calamidad excepcional, sino una crisis esencialmente política e institucional, derivada de decisiones contradictorias entre ramas del poder público y del uso estratégico del conflicto fiscal como instrumento de disputa política.

El Gobierno ha construido su decreto sobre una narrativa que, en apariencia, satisface los estándares argumentativos que la Corte Constitucional ha venido exigiendo desde comienzos de la década de 1990. El texto es extenso, sistemático y prolijo en cifras, y procura vincular la situación fiscal con la afectación de derechos fundamentales y del funcionamiento básico del Estado. El Ejecutivo ha aprendido —como lo han hecho todos los gobiernos desde finales de los años noventa— que la supervivencia constitucional de un estado de excepción depende de su capacidad para dialogar con la dogmática judicial. Sin embargo, el cumplimiento de estándares formales y argumentativos no equivale, por sí mismo, al cumplimiento de los requisitos materiales del estado de emergencia.

En ese esfuerzo justificatorio, el Gobierno plantea una idea central: existiría una incoherencia material entre el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso y el archivo posterior de la reforma tributaria que debía proveer los ingresos necesarios para hacerlo viable. Esa incoherencia habría producido un faltante inmediato de recursos que compromete la prestación de servicios esenciales, el cumplimiento de sentencias judiciales y la estabilidad de sectores críticos como la salud y la energía. Desde una perspectiva estrictamente descriptiva, el argumento no es falso. El presupuesto aprobado incorporó supuestos de financiación que no se materializaron, y el archivo de la ley de financiación cerró —al menos en el corto plazo— la vía institucional adecuada para corregir esa brecha. En ese sentido, el Congreso no puede presentarse como un actor completamente neutro frente a la crisis fiscal resultante.

Sin embargo, que el problema sea real no lo convierte automáticamente en constitucionalmente excepcional. Aquí aparece la primera falla estructural del Decreto 1390: la supuesta sobreviniencia de la crisis. La Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que el estado de emergencia no puede utilizarse para resolver problemas crónicos, estructurales o previsibles, por graves que sean (sentencias C-004 de 1992, C-122 de 1997, C-254 de 2009 y C-135 de 2009). El déficit fiscal, la rigidez del gasto, la dependencia de reformas tributarias y la tensión recurrente entre Ejecutivo y Legislativo no son hechos extraordinarios ni imprevistos. Son, por el contrario, rasgos estructurales del presidencialismo colombiano contemporáneo.

Un problema aún más delicado es la sustitución funcional del Congreso en materia tributaria. La creación o modificación de impuestos ha sido, históricamente, el núcleo duro de la reserva legislativa. No se trata de un formalismo vacío: el control democrático sobre la tributación es una de las conquistas fundacionales del constitucionalismo moderno. Utilizar el estado de emergencia para suplir la imposibilidad política de aprobar una reforma tributaria implica trasladar ese poder al Ejecutivo, no por la ocurrencia de una catástrofe, sino como respuesta a un bloqueo institucional.

Desde esta perspectiva, el Decreto 1390 no busca conjurar una calamidad externa al sistema político, sino resolver una disputa interna entre las ramas del poder público. La emergencia se convierte, así, en una válvula de escape frente a la incapacidad del sistema político para producir acuerdos fiscales estables, y se deja de considerar que el problema no es, en sí mismo, el conflicto entre las ramas del poder público, sino su resolución por las vías excepcionales. Ese uso instrumental del artículo 215 es precisamente lo que la jurisprudencia constitucional ha querido evitar desde la sentencia C-122 de 1997, cuando declaró inexequible la emergencia económica del gobierno Samper por fundarse en problemas estructurales del déficit y de la política económica.

Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto ignorar la otra cara del problema. El Congreso no puede refugiarse en una crítica puramente constitucional al Ejecutivo sin asumir su propia cuota de responsabilidad política. Aprobar un presupuesto desfinanciado y luego archivar la reforma que lo hacía viable no es un acto inocuo. Produce efectos sociales, económicos e institucionales profundos y, en la práctica, traslada los costos de la irresponsabilidad fiscal al Ejecutivo, a los jueces y, finalmente, a la ciudadanía. Esa dinámica contribuye a un escenario de alta inestabilidad institucional, en el que la tentación del estado de emergencia no surge solo del autoritarismo, sino también del colapso de la deliberación democrática en materia fiscal.

La crisis actual, entonces, es real y potencialmente grave. Puede derivar en la desfinanciación de derechos, en el incumplimiento de sentencias ejecutoriadas y en el deterioro de la confianza institucional. Pero no es una crisis constitucionalmente excepcional. Es una crisis política mal gestionada, que no puede resolverse suspendiendo —siquiera parcialmente— las reglas ordinarias del Estado de Derecho.

En medios de comunicación y redes sociales se ha venido discutiendo si la Corte Constitucional puede suspender provisionalmente el decreto que declara la emergencia económica. La respuesta corta es negativa. En la sentencia C-179 de 1994, la Corte sostuvo que su competencia frente a los decretos expedidos en estados de excepción es definitiva y debe ejercerse conforme a los términos estrictos fijados por la Constitución, de modo que no resulta admisible introducir mecanismos de suspensión provisional que alteren el diseño de control previsto por la Carta. Una respuesta más elaborada podría matizar esta conclusión, en la medida en que dicha decisión se refería específicamente a los decretos legislativos dictados durante la emergencia, y no al decreto que declara la excepcionalidad misma.

En cualquier caso, conviene recordar que la Constitución de 1991 no fue concebida para gobernar desde la emergencia permanente, sino para obligar a la política a hacerse cargo de sus responsabilidades. Recordarlo hoy no es un gesto formalista, sino una exigencia democrática en un país donde, con demasiada frecuencia, no hay nada más permanente que lo temporal.

*Coordinador del área de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, y profesor de Teoría e Historia Constitucional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

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La reciente operación militar adelantada por el presidente de los EE. UU. Donald Trump en Venezuela carece de sustento en el DIP y viola la Carta de Naciones Unidas de 1945. No tiene cimiento legal la invocación de la persecución internacional del delito, particularmente del narcotráfico, para realizar operaciones militares con tropas extranjeras en el territorio de otro Estado, bombardear, herir, matar a personas, destruir bienes y así lograr una captura.

Haciendo uso de mecanismos judiciales nacionales e internacionales el señor Maduro debe ser enjuiciado y vencido bajo las garantías del debido proceso. Le corresponde responder por los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que se le atribuye, el fraude a las elecciones que lo llevó a la presidencia, entre otras conductas propias de un dictador; sin que escape a la responsabilidad política como presidente tanto en el ámbito interno de Venezuela como ante la comunidad internacional.

La Organización de las Naciones Unidas debe fungir como un organismo capaz de mantener el orden y la seguridad entre los países. Dentro de los principios de su Carta se destacan: la igualdad soberana de los Estados miembros; el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos para no poner en peligro la paz, la seguridad internacional ni la justicia; y la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La intervención militar de EE. UU. en Venezuela resulta incompatible con estos propósitos.

Hay una estrecha relación entre el principio de soberanía estatal y de no intervención, pilares del DIP y las relaciones internacionales. La soberanía es el poder supremo que tiene un Estado para gobernarse e implica el reconocimiento de su independencia. La no intervención impone límites a un Estado cuando pretenda interferir en los asuntos internos y externos de otro Estado, asegurando así la autodeterminación de las naciones. La acción militar de EE. UU. a Venezuela quebrantó el DIP y evidenció que, aprovechando su posición dominante, el actual gobierno solo busca satisfacer sus propios intereses. La manipulación de la legitima defensa, la “defensa preventiva”, la mascarada de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz mundial a su conveniencia, constituye un peligro para la humanidad y para el Estado de derecho.

Por otro lado, algunos congresistas colombianos, por medio de la red social X de manera pública, expresaron su deseo de que lo ocurrido en Venezuela suceda igualmente en Colombia. Lo anterior no está amparado por la inviolabilidad parlamentaria. La Constitución Política establece la garantía de que los congresistas serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo; sin embargo, dichas expresiones fueron realizadas en su condición de ciudadanos y no corresponde al debate legislativo o de control político, especialmente considerando que el Congreso de la República se encuentra en receso, ni es un control al poder por vías democráticas.

A los congresistas tampoco los ampara la libertad de expresión, pues no se trata de una opinión sobre las acciones de EE.UU. sino del deseo que las mismas se apliquen en territorio colombiano. Esto constituye un ejercicio de apología a la violencia y abre la posibilidad de una guerra, dado que es deber de las fuerzas militares defender la integridad de la soberanía y de las instituciones. Estas conductas podrían estar inmersas dentro del tipo penal de menoscabo de la integridad nacional, lo cual, en todo caso, deberá ser declarado así por la Corte Suprema de Justicia.

Es necesario hacer un llamado a la solidaridad internacional, a la unidad nacional y la a defensa de la soberanía. Resulta insensato y condenable que ciertos gobernantes, elites y sectores de la sociedad quieran ser colonias de potencias mundiales.

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El Derecho internacional moderno está en riesgo de desaparecer. Desde la Carta del Atlántico de 1941 y el pacto de 1945, que pretendían, mediante la voluntad de los Estados, crear una institucionalidad internacional para preservar la paz, fomentar la cooperación, limitar la expansión territorial, respetar la soberanía de los pueblos y sus formas de gobierno y renunciar al uso de la fuerza, este marco parece hoy mandado a recoger. Lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero no solo vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sino que configura un flagrante crimen agresión, tal como lo define el Estatuto de Roma, con consecuencias inimaginables para América Latina.

De manera casi sincronizada, ese mismo día, en África Occidental, Burkina Faso era objeto de un intento de golpe de Estado. Se trata de un gobierno que, pese a algunas criticas, desde septiembre de 2022 inició un proceso de redefinición nacional y descolonización efectiva, no solo por su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) a la que acusa de someterse a intereses neocoloniales-, sino por todo el proceso de recuperación de la soberanía nacional y el distanciamiento de la dependencia colonial Europea.

Tampoco puede olvidarse a Palestina, que durante décadas ha luchado por el respeto a su autodeterminación, la existencia misma como pueblo y el respeto por su territorio. No han servido de nada el reconocimiento de su Estado por más de 150 países, ni la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Hoy, el pueblo palestino continúa siendo objeto de acciones deliberadas: asesinatos masivos, desplazamientos y un bloque que los ha condenado al genocidio. Según datos del Ministerio de Sanidad palestino, desde 2023 han muerto más de 70 mil personas y 170 mil heridos.

El autodenominado “Don Arancel” o “John Barron” (seudónimo que utilizó Donald Trump en la década de 1980), incapaz de controlar una crisis de gran magnitud en Estados Unidos -producto de la inflación, la reducción salarial, la paralización del mercado de vivienda y el aumento de la brecha de pobreza-, ha decidido, implementando una suerte de Doctrina Monroe 2.0, extender una estela de miedo y vulneración de la soberanía en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, Cuba, Colombia y México.

Sin duda, el discurso retórico de la comunidad internacional, basado en la defensa de los Derechos Humanos y una supuesta igualdad jurídica de los Estados, se convierte -como diría Zolo- en una dualidad donde impera la jerarquía de las potencias, que gozan de “exención de facto” frente a las agresiones y la criminalidad. La Justicia Internacional forma parte de ese engranaje funcional a intereses geopolíticos.

Una vez más, los pueblos, especialmente los latinoamericanos, tendremos que ser capaces de cambiar el mundo unipolar, e impedir que el derecho imperante sea para castigar a todo aquel considerado como “Estado rebelde” e impedir que impere la Justicia de los Vencedores.

*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.

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En 2025, uno de los sucesos más escandalosos y repugnantes fue el protagonizado por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. La Corte Constitucional mediante sentencia T-375 de 2025, le ordenó reparar a las víctimas de los falsos positivos, luego de que el mencionado congresista violentara una manifestación artística llamada “Mujeres con las botas bien puestas” realizadas por el Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO). La Corte consideró que la expresión artística de las MAFAPO está protegida constitucionalmente, mientras que las acciones del congresista no están amparadas por la libertad de expresión. La sentencia de tutela no se ha cumplido, se espera que la Corte aplique las sanciones respectivas.

Lo anterior es un ejemplo que obliga a realizar un proceso de reflexión sobre la importancia de votar a conciencia. Nadie que promueva el odio, la discriminación y el sectarismo puede ser elegido o reelegido, sea cual fuere su partido o movimiento político; asimismo, aquellos que tienen como propuesta la eliminación del otro para recomponer la sociedad. Los electores tendrán que decidir entre aspirantes y jefes políticos disímiles, muchos de ellos permanentemente inmersos en escándalos, en problemas judiciales, disciplinarios e incluso familiares. Es preciso revisar con cuidado los antecedentes personales, la gestión, los logros obtenidos como servidores públicos, que la memoria no falle. Abrir la puerta a nuevos liderazgos y representantes oxigena la política, sin dejar de lado la revisión de quien los respalda.

Al finalizar el presente año está pendiente el cumplimiento de la sentencia de tutela mencionada a favor del Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO); también 23 asociaciones, colectivos y organizaciones le exigen al presidente Petro firmar el decreto que reglamenta la Ley 2364 de 2024 “Por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. Este decreto es necesario, entre otros aspectos, para que las instituciones puedan cumplir con las obligaciones derivadas del Registro Único de Mujeres Buscadoras, materializar la especial protección constitucional que las ampara y los deberes del Estado; la ley fue promulgada hace 18 meses.

Para las próximas elecciones hay que elegir a quien haya asumido un compromiso serio de salvaguarda de los derechos humanos; lideresas, candidatas y candidatos que con acciones afirmativas, solidaridad, ejecutorias reales y compromiso defienden esta causa, o que en sus propuestas la consideran prioritaria. En nuestro país hay millones de víctimas que requieren ser escuchadas, atendidas y reparadas, no instrumentalizadas ni utilizadas con fines electorales. Lamentablemente el ejercicio del voto libre en numerosas zonas del país está prohibido, la dominación territorial de los grupos al margen de la ley y las permanentes infracciones al Derecho Internacional Humanitario así lo determinan.

Se identifica con los principios democráticos el candidato o candidata que proponga el diálogo para superar los conflictos y la violencia, sin que la comisión o participación en crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra tenga una alternativa diferente de responder ante la justicia, o que mientras hay acercamientos o negociaciones se pueda seguir cometiéndolos. Por otro lado, los procesos judiciales en ocasiones no logran satisfacer las demandas de justicia con respecto a personas relacionadas con la comisión de graves delitos, pues bien, ahí está a la mano la sanción moral por parte de los ciudadanos y el castigo político en las urnas.

No cabe duda de que ayer y hoy en Colombia las mujeres asumieron con valentía la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la reconciliación, madres, hijas, hermanas, esposas, compañeras, familiares, lideresas, defensoras de los derechos humanos, son constructoras de paz, ejemplo vivo de perseverancia, valor y dignidad. Este año quedó demostrado: “las cuchas tienen razón”.

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Alrededor de estos temas, y de otros similares, se han estructurado una parte relevante de nuestros conflictos sociales. Dudar, entonces, que los problemas sobre la tierra tienen relación directa con la persistencia y prolongación del conflicto armado, no sólo es ingenuo sino contraevidente.

Precisamente por ello, la Jurisdicción Agraria fue una promesa esencial del Acuerdo Final de Paz de 2016 y un punto neurálgico en la búsqueda de justicia para el campo colombiano. Su finalidad era corregir un viejo problema estructural y también operativo: que las decisiones sobre la tierra —como clarificación de la propiedad, extinción administrativa o recuperación de baldíos— dejaran de depender de autoridades administrativas y pasaran a manos de jueces especializados, imparciales y conocedores del contexto rural. Con ello se buscaba, además, reducir los tiempos de decisión y garantizar su correcta materialización. Esa fue parte de la esencia del Decreto Ley 902 de 2017, dotar al país de un control jurisdiccional efectivo y más expedito que garantizara decisiones oportunas, seguras y coherentes con el mandato constitucional de la Reforma Rural Integral.

El problema en su implementación, luego de ocho años, radicó precisamente en la ausencia de esta jurisdicción especializada. El Decreto y la Jurisdicción Agraria eran una dupla necesaria para materializar la reforma rural. Paradójicamente, hoy que la Jurisdicción Agraria empieza a ser una realidad constitucional, el proyecto de ley que debe reglamentarla sumada a la demanda al 902 interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), amenaza con vaciarla de parte de su contenido.

Esto, en otras palabras, equivale a reinstaurar el modelo que precisamente se buscaba superar, un sistema donde la misma entidad que ejecuta la política pública es juez y parte en la definición de los procesos especiales agrarios, generando inseguridad jurídica, dilaciones interminables y desconfianza en las comunidades rurales.

Los procesos agrarios, en su mayoría, no pueden seguir siendo una cuestión meramente administrativa. Son, por definición, procedimientos que deciden sobre derechos fundamentales y sobre transformaciones estructurales del territorio. Tampoco pueden seguir siendo eternos, en muchos casos tardan más de 20 años en llegar a decisiones de fondo. Requieren independencia, estabilidad y celeridad, condiciones que solo un juez especializado puede garantizar, además de disponer de las herramientas necesarias para hacer cumplir sus decisiones.

La administración agraria, por más técnica que sea, no puede asumir ese rol sin comprometer su imparcialidad. Quien diseña y ejecuta la política pública no debería, al mismo tiempo, juzgar sus propios actos. Sin esa imparcialidad en las decisiones sobre la tierra, podríamos generar nuevos ciclos de violencia.

Por eso, quitarle a la Jurisdicción Agraria la competencia para decidir en los procedimientos agrarios no solo es un error técnico del proyecto de ley que discute el Congreso, sino una regresión política. Si se pretende cumplir de verdad con el Acuerdo de Paz, la ley de la Jurisdicción Agraria debe consolidar el control judicial como parte de su espíritu, no relegarlo. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una promesa histórica en una institución vacía, incapaz de garantizar la transformación rural y el acceso equitativo a la tierra que tanto necesita el país. Esperemos que en esta oportunidad, como el metro de Bogotá, si logremos materializarla y no siga siendo una promesa eterna e incumplida.

Por último, ojalá los acuerdos logrados en el Congreso entre el Gobierno, con un gran liderazgo de la ministra Carvajalino, y la gran mayoría de bancadas, con un reconocido esfuerzo de la senadora Paloma Valencia, que buscan respetar dicho control jurisdiccional mediante arreglos lógicos para cada procedimiento, se mantengan. Y que, en consecuencia, haya coherencia al interior del Gobierno retirando la demanda al 902 que instauró la ANT.

¡Jurisdicción Agraria, Sí! pero no así.

*Director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), exdirector de acceso a tierras de la ANT.

Hablemos mejor del cannabis. En Estados Unidos, el mercado del cannabis en los estados donde este está regulado tuvo ventas aproximadas de $30,1 mil millones de dólares (Departamento de Regulación del Cannabis del Condado de Los Ángeles, California, 2025) y un recaudo en impuestos estatales cercanos a $4,4 mil millones de dólares en 2024 (Hasse, J., 2025). Aunque a nivel federal el mercado sigue prohibido, el gobierno Trump no repara en este tema.

Mientras tanto en Colombia seguimos estancados. A pesar de que el autocultivo, el porte y el consumo está permitido actualmente, su mercado es ilegal. Sin embargo, todo el mundo sabe que el epicentro de a la producción nacional está en el Norte del Cauca, donde aproximadamente 3.000 hectáreas benefician a más de 15.000 productores (Indepaz, 2024: Restrepo y Cuellar, 2025) y pese a los esfuerzos de algunos legisladores de incluirlos en el mercado legal, hoy siguen en el mercado ilegal. Esto significa entre otras cosas, que son los grupos armados y no el Estado los que regulan este mercado y se lucran de su comercialización.

Sin embargo, la regulación del cannabis medicinal sigue avanzando, y lo hace, lamentablemente, sin solucionar la ilegalidad del mercado de cannabis para uso recreativo lo cual va en detrimento de cultivadores (campesinos e indígenas) y promueve el comportamiento estratégico de los consumidores que no quieren participar en un mercado ilegal.

En octubre se aprobó el Decreto 1138 del Ministerio de Salud, el cual modifica el marco existente para el cannabis medicinal en Colombia, ajustando aspectos clave como la trazabilidad, la vigilancia sanitaria y los requisitos para la comercialización. Específicamente este decreto aprueba la venta de flor para usos medicinales. La idea detrás de este decreto es permitir el acceso para pacientes o usuarios que la buscan para usos medicinales y que actualmente, a menos de que tengan autocultivos, no tienen un conducto legal para obtenerla.

Aunque el decreto inicialmente estipula a las farmacias como lugares donde se podría acceder a la flor, aún falta desarrollar las condiciones sobre cómo se puede dispensar y como se puede acceder a la flor. En teoría es un avance para los consumidores, sin embargo, los productores del Norte del Cauca alertaron sobre este decreto. Este nuevo marco normativo exige una articulación más efectiva entre las entidades competentes, especialmente los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, para garantizar que la implementación no se convierta en una barrera más para el acceso de los cultivadores a un mercado legal.

Este decreto de facto le abre la puerta al mercado de uso recreativo que tanto se ha querido regular, pero deja por fuera a los productores tradicionales que no tienen licencia medicinal ni producen flor con características farmacéuticas. Este decreto mantiene los costosos requerimientos burocráticos de licenciamiento y no plantea ninguna estrategia diferencial de inclusión productiva territorial.

En palabras del Alcalde de Toribío, Cauca (uno de los epicentros de producción):

“Quiero manifestar una gran preocupación ante el avance de los procesos que ha tenido el tema de la cannabis en Colombia. En el año 2016 se expidió la ley 1687 que pretendía legalizar el tema de la cannabis medicinal y una de las condiciones para llegar a ese proceso tenía que ver con productos terminados previo proceso de transformación. Sin embargo, nueve años después vemos con preocupación que se expide un decreto donde se le da el reconocimiento a la flor seca como uso medicinal. En ello quedamos totalmente desconcertados y bastante preocupados porque científicamente cómo demostrarían que la flor seca se puede dar para uso medicinal. Esto afectaría gravemente el comercio que existe del cannabis recreativo porque parece ser que la intención es dar vía libre a licencias expedidas en esos años o en años anteriores; situación en la cual los productores preexistentes, indígenas, campesinos que han sufrido todas las consecuencias del conflicto armado y son víctimas del narcotráfico pues quedarían totalmente excluidos y tranquilamente una empresa licenciada tomaría el mercado del uso recreativo.”

Si bien estos ajustes normativos abren posibilidades, también existe el riesgo de que sean aprovechados principalmente por grandes actores farmacéuticos, profundizando las brechas de acceso y excluyendo a quienes han trabajado históricamente desde una economía campesina o comunitaria.

Varias voces han pedido que se derogue o modifique este decreto para no excluir a los productores tradicionales. En paralelo, el gobierno nacional intenta avanzar en la consulta previa de la política nacional de drogas para desarrollar el plan de acción, 6 meses antes de que se acabe este cuatrienio; una consulta con varias de las mismas comunidades que protestaron por el decreto medicinal—¿qué puede salir mal?

Es muy importante no perder de vista que, avanzar en una política integral del cannabis implica no solo regular el uso medicinal, sino también abrir el debate sobre su uso adulto, abordando de manera transparente los dilemas regulatorios, sanitarios y sociales que aún persisten.

Los reclamos válidos sobre el fracaso de la paz total, la percepción del deterioro de la seguridad en el país y la relaciones con Estados Unidos harán muy difícil que un próximo gobierno avance en una política de drogas diferente.

Este gobierno parece perder la oportunidad de hacer alguna reforma realmente radical y factible. Hubo algunos avances en la política de reducción de riesgos y daños y le quedan al menos dos temas que aún pueden sobrevivir a la nueva guerra contra las drogas: un avance en la regulación del cannabis que no excluya a los productores tradicionales, lo cual puede incluir un piloto del mercado o avanzar en la formalización de los clubes cannábicos; y un empujón a los usos no psicoactivos de la hoja de coca a nivel nacional.

Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud no recomendó la reclasificación de la hoja de coca, que actualmente está en la lista 1 de sustancias prohibidas junto con la heroína y otras sustancias de alto riesgo por falta de evidencia científica y por el criterio de convertibilidad (facilidad de producir cocaína). Sin embargo, y pese a estas decisiones internacionales que parecen estancadas en el tiempo, el país aún puede definir un marco claro para la regulación interna de los usos alternativos de la hoja de coca para avanzar entre otras en la reparación de los pueblos andino-amazónicos y campesinos.

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Algunos de los que se acercaron esa noche del viernes 8 de noviembre de 2025 hablan de un intenso olor a gasolina. La Fiscalía pese a que tiene abierta noticia criminal no avanza en la investigación, aunque en el cuerpo de Leonardo se evidencia en fotografías, un alambre sujeto a lo que quedó de uno de sus brazos.

La ONU Derechos Humanos (mayo 2025) llamó a la prevención ante la posible extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente sobre los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka. Este artículo se enfoca en una visibilización de casos y en un dilema ético: la preservación cultural, que genera disyuntivas en las formas de interpretación.

El pasado reciente nos dice que hubo 31 casos de falsos positivos con 46 víctimas fatales y que el paso de las AUC hasta julio del 2008 dejó en 100 casos, 134 víctimas fatales y solo estamos hablando de homicidios y, sin tocar a los Wayuu y a los Yukpa, que tienen alguna relación con este macizo montañoso. De hecho, hay que empezar a hablar del posible genocidio al pueblo Wayuu, que por ser quienes tienen la mayor población, sus crímenes pasan desapercibidos.

El 10 agosto de 2024, fue asesinado el líder indígena Arhuaco y estudiante de ingeniería civil, Wilfrido Segundo Izquierdo, en Santa Marta. Un mes después, desaparecieron al líder Kogui, Daniel Nolavita, en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta. El cuerpo fue encontrado por los mismo indígenas luego de varios días quienes lo exhumaron y lo sepultaron de acuerdo con sus usos y costumbres y, otro mes después, asesinaron al mamo Arhuaco Julio Zalabata Luque, en Pueblo Bello, Cesar.

En febrero de ese mismo año, de las veredas de el Limón y Carrizal y en zona del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, desplazaron más de 300 Koguis, Wiwas y Kankuamos, por los combates en la parte alta entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Ejercito Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo). Combates que se prolongaron durante todo el 2024 y el 2025 y confinaron a las comunidades indígenas del Limón, Carrizal, la Laguna, Juamaka, Simimke, Marokaso y La Mukura, Sinka, Bernaka, Surimena y Potrerito. Fue tanto el asedio que los Mamus impartieron la orden de no dar ningún tipo de información. Igual ninguna autoridad legalmente constituida del Estado fue al resguardo a ver por lo menos que había pasado con ellos.

Pero las muertes no pararon ahí, en octubre de 2025 fue asesinada una joven Wiwa María Maestres Nieves, de 18 años. La asesinaron delante de su madre. Los violentos también segaron la vida de Luis Eduardo Cisneros, del resguardo indígena Ette-Ennaka. Cisneros era un reconocido líder y defensor de Derechos Humanos y hace apenas unos días, asesinaron a la etnoeducadora y mujer Wiwa, Elisabeth Nieves Mojica. Entraron a su casa en la noche; luego de tumbar la puerta, la sacaron entre gritos e insultos y le dispararon.

Pero los asesinatos no son el único proceso que afecta la cultura y las decisiones autónomas de los pueblos indígenas. El guardar silencio frente a temas graves y no encontrar apoyo de quienes siempre van allá para la foto y darse su “roce” cultural es altamente peligroso, pero es comprensible: han violado niñas y la decisión es castigarlas a ellas y moverlas de la comunidad, pero se deja allí al violador y no se dice nada sobre él porque ejerce violencias.

Han usado la ropa tradicional de los indígenas para pasar desapercibidos y moverse entre las montañas; ingresan a sus casas para protegerse del asedio del ejercito y obligan a los indígenas a cargar muertos, heridos, llevarles provisiones y servirles de guías. Han restringido la movilidad de quienes tienen un vínculo espiritual con las montañas y los lugares sagrados, que han sido, profanados.

Algunas organizaciones indígenas han enviado cartas a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para que las incluyan en estos diálogos de paz y nunca han recibido una respuesta. De hecho el paisaje cultural del que habla Galeano es para ellos la presencia de actores armados, que poco a poco van naturalizando y moldeando la interacción en ese paisaje. Prueba de ello, es que días antes del asesinato de la etnoeducadora hubo combates entre paramilitares en esa zona y ni siquiera la prensa los registró.

Las luchas internas también son un problema serio entre ellos. El avance de la evangelización radicaliza los procesos comunitarios y se le está dejando a Dios y a la oración, la “voluntad” frente a las carencias, la inestabilidad y los desgobiernos.

Aquí hay serias disyuntivas que incluso están obligando a las autoridades tradicionales a tomar distancias y guardar silencios frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario, en un macizo montañoso que no necesita plantaciones de coca, pero que esa es la visión capitalina, mientras los violentos se adentran más a la minería ilegal y las zonas indígenas para ampliar la bonanza del turismo.

Hace unos días, la Defensoría del pueblo formalizó la alerta Temprana 020-25 para la Sierra Nevada de Santa Marta y hay al menos 4 recomendaciones de las 38 que quiero traer para este escrito. Vale la pena decir que esta Alerta es quizá la más completa que el Ministerio Publico ha elaborado en los últimos años.

No. 5 a la Consejería Comisionada de Paz, que es declarar la Sierra Nevada de Santa Marta como Región de Paz.

No. 7 a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa: recomendación principio constitucional de autonomía de los pueblos indígenas

No. 25 al Ministerio de Relaciones Exteriores, : informar sobre el estado de implementación de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH al Pueblo Wiwa.

No. 28 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): elaborar de manera coordinada un diagnóstico que permita identificar las causas que han limitado el cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia 004 de 2018 del Juzgado de Restitución de Tierras de Santa Marta, respecto del Resguardo Issa Oristunna y los asentamientos Ette Buteriya, Nara Kajamanta, Itti Takke y Diiwuana.

Finalmente, el asedio, la restricción a la movilidad, los asesinatos, el confinamiento y el estar en la mitad de una disputa que no pidieron y que tampoco les pertenece, los esta llevando a la extinción física, con imposiciones que afectan la cultura y los usos y costumbres dentro en un panorama multiverso de violencias.

Esto también implica decisiones de los mayores que intentan mantener la unidad cultural, pero estás decisiones pueden llegar a ser moralmente cuestionables, desde una visión no indígena, porque favorecer acciones de los grupos armados ilegales y estoy seguro de que eso no lo hacen con ese objetivo.

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A pesar de esas órdenes, en 2020 el Gobierno intentó reactivar las fumigaciones sin consulta previa, argumentando que no existía “coincidencia geográfica” entre las zonas de aspersión y los territorios étnicos. Proceso que llevó a un nuevo litigio constitucional que culminó en la Sentencia T-413 de 2021 en donde la Corte no solo reiteró los requisitos fijados en 2017, sino que fortaleció las garantías participativas y dejó claro que la aspersión no puede reanudarse sin consultar previamente a las comunidades potencialmente afectadas.

Con esta decisión, la Corte estableció que la consulta previa en casos de glifosato no es un simple trámite administrativo sino un derecho fundamental: el derecho de las comunidades étnicas a decidir si consienten en ser expuestas a una sustancia tóxica.

La consulta previa como garantía contra la intoxicación

El informe del Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas (A/HRC/60/34) reveló que en Colombia el 96,5% de las demandas por intoxicación con glifosato fueron desestimadas por la severa carga probatoria exigida por los jueces. Un panorama bastante preocupante que revela que el Estado no solo fumigó sin consultar, sino que cuando las víctimas buscaron justicia, el sistema judicial les cerró las puertas.

Por esta razón, la consulta previa se vuelve mucho más que una instancia participativa. Es el único mecanismo que puede detener la fumigación antes de que ocurra el daño, que garantiza que las comunidades participen activamente en decisiones que las afectan directamente, que su rechazo fundado debe ser considerado seriamente, y que el Estado no puede proceder sin justificación constitucional rigurosa cuando existe oposición de las comunidades.

El informe del Relator establece, entonces, que el acceso a la justicia en casos de sustancias tóxicas debe garantizarse antes del daño, no solo después. La consulta previa cumple precisamente esa función preventiva al asegurar que las comunidades puedan impedir una exposición tóxica antes de que ocurra. Ninguna fumigación puede reanudarse sin consulta previa porque ello equivaldría a reproducir un patrón estructural de injusticia social.

Urgencia institucional vs. garantías étnico-territoriales

Cada vez que resurge el debate sobre retomar las fumigaciones, las voces que presentan la consulta previa como un “obstáculo” burocrático que le impide al Estado actuar con rapidez ante la expansión de los cultivos de coca, están presentes. Bajo esa narrativa de urgencia institucional, el derecho de las comunidades étnicas a decidir sobre su propia exposición al glifosato se ve minimizado, como si fuera un lujo que el país no puede permitirse en medio de la crisis del narcotráfico. Es un planteamiento profundamente perverso que sugiere que proteger a una población vulnerable es un trámite dispensable ante la presión política (y especialmente internacional) por mostrar resultados inmediatos en la lucha contra las drogas.

No obstante, el papel del Estado no es bajo ninguna circunstancia buscar atajos para cumplir expectativas externas, sino garantizar que ninguna política pública, por urgente que parezca, se ejecute violando sus derechos fundamentales. Pretender reanudar las fumigaciones sin un consentimiento genuino de las comunidades implicadas pondría en duda la legitimidad misma del Estado y agravaría la desconfianza en los territorios.

¿Tiene el Estado derecho a intoxicar sin consentimiento?

La Sentencia T-413 de 2021 es un recordatorio contundente de que las promesas del Estado por la protección de los derechos no se suspenden por presiones coyunturales. La consulta previa no es un obstáculo burocrático. Es el derecho de las comunidades étnicas a decidir si consienten en ser expuestas a una sustancia tóxica.

Cuatro años después de la sentencia que conmemora esta columna, Colombia sigue debatiendo cómo viabilizar las fumigaciones. Pero la pregunta de fondo no es técnica ni administrativa. Es ética y constitucional: ¿tiene el Estado derecho a intoxicar comunidades sin su consentimiento? La respuesta, a la luz de la Constitución y los derechos humanos, es no. Mientras Colombia siga buscando atajos para fumigar sin consultar genuinamente, seguirá violando el derecho más básico de las comunidades a decidir sobre el propio cuerpo, la propia salud, y la propia vida.

*Investigadora de Elementa DDHH

** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.