Decía en el párrafo anterior que hubo dos procesos violentos en la historia reciente que alteraron drásticamente el rumbo. El primero de ellos, golpes violentos a los ecosistemas, porque fueron ataques directos al territorio y a sus entornos ambientales. Al pueblo Wayúu, a la relación territorial y la espiritualidad que sostienen esas relaciones de poder y que no permiten que se transgredan ciertos principios que pueden llegar a generar desequilibrios. Por esto la riqueza de los palabreros y la palabra en condiciones agrestes, incluso para la cultura. Estos golpes los propinó el bloque Norte y particularmente el frente Contra Insurgencia Wayúu y solo por citar un caso: la masacre de Bahía Portete.

El segundo proceso es reciente y ubica al Grupo Especial de Comandos Urbanos del frente Javier Cáseres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con una figura que es guajira pero que ha quebrantado vínculos entre la espiritualidad, la cultura y la familia. Un ejemplo: el duelo cuyo respeto es fundamental en toda la dimensión social del guajiro-wayúu y su ancestralidad. Alias Nain o el Bendito Menor, pudo negociar, ser fuerte y tener respeto, pero decidió imponer la violencia. Dicen, quienes lo conocen, que es una persona de palabra. Si te dice que te va a matar, estas muerto y si te da la palabra en un negocio, no necesitas de documento notariado. Pero no hizo esto y mientras rompía elementos del ecosistema (que no voy a mencionar porque no son de conocimiento público), atacó con fuerza desmedida un encuentro familiar en La Punta de los Remedios y masacró, en agosto del 2025, a cuatro personas. Otras tres quedaron heridas.

Y es aquí donde nacen los JJ, cuyo nombre (tampoco estoy autorizado a revelar, porque no sé si es un nombre falso o verdadero), pero si es el alias de quien comanda este grupo, que está siendo financiado por políticos (algunos que ejercen poder desde Bogotá y otro que tuvieron cargos públicos); expolicías, exmilitares, comerciantes y narcos locales. Todos guajiros. Los JJ nacieron con una única misión: cobrárselas a alias el Bendito Menor y desarticular el Grupo Especial de Comandos Urbanos del frente Javier Cáseres. Su interés no es romper los vínculos estratégicos, comerciales y geo-globales, con otros grupos que tienen presencia en La Guajira. Por eso no son aliados de ninguno de ellos, aunque los quieran situar, erróneamente, como una filial o como un outsider del Ejercito Gaitanista de Colombia.

En este sentido, sus repertorios de violencias son focalizados y dirigidos intentando no trasgredir el sistema normativo Wayúu, que se balancea sobre una línea muy delgada y que, según Polo Figueroa, “se manifiesta a través de la sacralidad de la vida, la integridad de la persona, el valor y respeto a la palabra, la responsabilidad colectiva y solidaridad, obrar con la verdad, la conciliación, la reparación y la reconciliación”. Este grupo extorsiona y tiene por lo menos un caso registrado de secuestro en Dibulla. Pero no participa en política. No pretende tener un control territorial, salvo el que implique la protección de sus financiadores y no está interesado en dominar territorios para cambiar ordenes sociales, por esto no hacen tanta “limpieza social”.

Los JJ reclutan menores. No respetan las reglas de la guerra ni las del DIH. De hecho, ninguno de los grupos lo hacen. Su lema personal se basa en la antigua tesis mal adaptada de la Lay del Talión, ojo por ojo y diente por diente, que hicieron famosa alguno marimberos guajiros, pero que no corresponde con la cosmovisión Wayúu porque cuando se comete un daño, no siempre impera la venganza sino buscar la formade de restaurar el equilibrio social roto y la paz mediante el diálogo.

Este grupo es carente de cualquier ideología política y social. Es un grupo de venganza, que como lo indica Castillo Román, citando a Quintanilla Madero en su monografía sobre la venganza como motivación para la inserción a grupo armados en Colombia, “está compuesta por diferentes factores sensitivos tales como el honor, la pasión, el odio, la injusticia y la frustración”. Eso son los JJ un grupo que no va a tener la posibilidad de entrar en proceso de negociación formal, aunque sean una amenaza para la seguridad en La Guajira y todos los días sigan creciendo y sumando apoyos.

Los JJ van a desaparecer casi tan rápido como aparecieron porque no tienen una base social o ideológica. No tienen una proyección y sus motivaciones son solo vengativas. Pero antes de hacerlo se van a llevar varias vidas por delante, incluyendo de sus mismos pueblos que hacen parte de las filas enemigas. Hasta el momento han sido ataques dirigidos y entrega de personas del grupo de alias Nain a las autoridades, pero la suma de desagravios hace que se amplíen los repertorios de violencias.

Finalmente, una forma de leer el territorio es a través de la comprensión de los fenómenos y no especularlos porque con esto solo enaltecen la figura del forajido que nadie pueda capturar y que desafía al Estado. Que alias el Menor se mueve de Castillete, Puerto López, Taroa y Puerto Estrella, en espacios controlados por el ELN y donde quien pase por esas trochas es retenido, lo dudo mucho. Incluso que transita desde Bahía Honda a Punta Gallina y, con el control que tiene el Ejercito Gaitanista de Colombia, con un retén permanente en la comunidad de Jachina, en la entrada a las Salinas, también lo pongo en duda.

Ahora, que llegó hasta el cerro de la Teta, donde antes tenía dominio la Segunda Marquetalia y que aprovechó el vacío de poder que dejó este grupo, que se replegó en febrero de este año por los ataques que recibió de parte del Ejército de Colombia, es un hecho y, que esto le permitió adentrarse al basto e incontrolado territorio venezolano (Cojoro) y con esto quitarle el negocio de la droga a una estructura de narcos de Venezuela llamada los Jobitos, de quienes incluso se comenta que le secuestraron, asesinaron y descuartizaron a su jefe de sicarios, es otro lío que le suma a su amplio portuario criminal.

Alias el Bendito Menor es una traspolación. Es un guajiro mestizo, negro y afro que traspola la identidad y de la territorialidad del Wayúu: toma todo lo del Wayúu; lo incorporan y lo traspola territorialmente haciendo alianzas de compadrazgo con los indígenas Wayúu para que estos los protegen, incluso con santería, de los otros grupos armados y la presencia de las autoridades del Estado. Se mueve entre el sistema de parentesco y patriarcado.

Por ahora síganle el paso a los JJ y ellos tarde o temprano los van a ir llevando a los clanes políticos, que juegan a tirar la piedra y esconder la mano. Así funciona La Guajira. Muy difícil de leer.

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Las paredes de uno de los puentes vehiculares de Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro, fueron cubiertas con la memoria colectiva de cientos de víctimas que plasmaron el nuevo y doloroso umbral revelado de lo ocurrido; se ha actualizado la infame estadística de las ejecuciones extrajudiciales, transitando de las 6.402 almas inicialmente documentadas a un registro de horror que suma 1.435 víctimas más. Hoy son 7.837 seres humanos que fueron víctimas de lo que comúnmente se conoce como falsos positivos.

Así Uribe pretenda responsabilizar de estas acciones a la campaña de Cepeda y busque instaurar una narrativa según la cual este hecho fue una afrenta contra su familia, lo cierto es que la fotografía que quedó instalada en la memoria colectiva no fue el silencio respetuoso ni la compasión, sino el acto visceral de la censura y la acción de borrar el mural. El muralismo devuelve la identidad a los desaparecidos y asesinados, quitándoles el número de expediente judicial para devolverles su rostro, su nombre y su dignidad ante la sociedad que han pretendido sumir en la amnesia colectiva.

De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad debe ser integral. Restablecer el daño moral implica disputar el espacio estético. Cuando el arte popular toma la calle, el dolor privado se transforma en una demanda de justicia pública. Este acto de resistencia visual encarna una ruptura del ciclo de la victimización al que han sido sometidas las familias de los “falsos positivos”.

Por otra parte, el derecho a la ciudad y la prohibición de la censura son pilares de cualquier sociedad que se pretenda democrática; el espacio público es para muchos el lienzo colectivo, no el feudo privado de un caudillo que decide qué verdades se pueden exhibir y cuáles deben ser borradas. La emancipación de las víctimas ante esta situación implica negarse a ser solo víctimas pasivas de una impunidad pactada. Las familias de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia ya no aceptan ese libreto de sumisión.

Uribe no solo borró una capa de pintura en Rionegro; intentó borrar la memoria viva de un país. Es gracias al Acuerdo Final de Paz que las compuertas se abrieron para que la verdad fluyera de forma irreversible. Blanquear una pared podrá limpiar un bien público, pero jamás lavará la responsabilidad histórica frente a un clamor de justicia que ya pertenece a la conciencia de miles de víctimas.

El arte popular y la memoria viva no son herramientas de confrontación, sino puentes indispensables para transitar hacia un país donde la diferencia se resuelva en paz. Es en el reflejo de los rostros de las víctimas de Estado y en la voluntad inquebrantable de abrir caminos de entendimiento donde se edifica la única paz duradera: aquella que nace del respeto profundo por la dignidad humana y del compromiso colectivo con un futuro donde la verdad nunca más sea censurada. Borrar de manera forzada un muro no logra borrar el mandato ético de una sociedad que ha decidido sanar a través de la palabra y el arte.

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La búsqueda de personas desaparecidas es un trabajo de alto riesgo. Las mujeres buscadoras viven entre amenazas, seguimientos, estigmatización y actos constantes de intimidación. Algunas han tenido que abandonar sus territorios o salir del país para protegerse; otras han sido asesinadas. Mientras recorren kilómetros buscando encontrar alguna pista sobre sus familiares, el Estado sigue sin dar respuesta integral a la desaparición y tampoco garantiza las condiciones mínimas de seguridad para ejercer la búsqueda. En Colombia buscar trae riesgos de seguridad, pero no hacerlo implica quedarse sin saber qué pasó, y condenarse a la impunidad.

Las historias recientes vuelven a mostrar la gravedad de esta situación en el país. Claribel Moreno lideró durante casi cuatro años la búsqueda de su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en 2021. Durante ese tiempo acudió a la Fiscalía General de la Nación, habló con medios de comunicación y llevó el caso incluso a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde denunció públicamente la lentitud de las investigaciones y la revictimización institucional. También alertó sobre amenazas reiteradas contra ella y su familia, un atentado en el que resultó herida una de sus hijas y la necesidad de que otra tuviera que salir del país por razones de seguridad. Parece que nada de eso fue suficiente para protegerla. La semana pasada Claribel Moreno fue asesinada en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

El caso de Claribel no es aislado. En municipios como Cartago continúan desapareciendo personas, en su mayoría menores de edad, en medio de contextos marcados por la presencia de grupos criminales y por la insuficiente respuesta estatal. Precisamente como respuesta a estas desapariciones surgió la Organización de Madres Buscadoras de Cartago, integrada por mujeres que, ante el silencio institucional y la falta de avances en las investigaciones, decidieron emprender ellas mismas la búsqueda de sus hijos e hijas.

Desde entonces, han intentado sostener esa búsqueda a través de múltiples estrategias. Han participado en mesas departamentales de seguimiento, denunciado y sostenido reuniones con la Fiscalía, visibilizado los casos en redes sociales, impulsado documentales, murales y entrevistas para mantener viva la memoria de quienes desaparecieron e incluso llevaron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a años de denuncias y esfuerzos de visibilización, las amenazas no se han detenido. Lina María Gómez, buscadora de su hijo Nicolás Aristizábal Gómez, creadora y líder de la organización, continúa recibiendo panfletos con amenazas y otro tipo de intimidaciones para que abandone la búsqueda. Mientras tanto, el número de desapariciones sigue en aumento en Cartago.

Aunque Colombia cuenta hoy con normas como la Ley 2364 de 2024, que reconoce el derecho a la protección y garantía de seguridad para el ejercicio de la búsqueda libre de personas desaparecidas, la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad sigue siendo enorme. Las medidas de protección son tardías o incapaces de responder a los riesgos que enfrentan quienes buscan.

Las mujeres buscadoras sostienen hoy una parte fundamental de la lucha contra el olvido en Colombia. Gracias a ellas muchos casos continúan abiertos, numerosas desapariciones siguen siendo nombradas y el país no ha podido ignorar esta violencia. Pero mientras el Estado siga sin garantizar condiciones de seguridad, buscar seguirá costando vidas.

* Investigadora de la línea estado de derecho, justicia y democracia de Dejusticia

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La memoria ha sido fundamental en el desarrollo cultural y político de las naciones, en la medida en que tradicionalmente constituyó una identidad nacional a través de relatos oficiales de Estados, de héroes y proezas: una memoria nacional positiva. Los estudios sobre la memoria plantean que desde los años 70, víctimas y minorías han venido adelantando un proceso de refutación de relatos y narrativas oficiales, construyendo memorias dispares. Esta transformación ha virado también hacia formas de institucionalización como políticas públicas, con entidades e instituciones particulares en todo el mundo: centros de memoria, comisiones de la verdad, apuestas museográficas.

El efecto del mural, y en general de cualquier dispositivo de memoria, es tener un impacto en la sociedad recurriendo a una evocación del pasado que busca saldar deudas, intentar sanar heridas y gestionar traumas. El valor de algunos de estos ejercicios de memoria buscan incluso ser patrimonios. Los murales, sus mensajes, sus lenguajes y los símbolos que evocan, revisan críticamente el pasado, buscan conmover con los testimonios, las narrativas y los relatos de aquellos que sobrevivieron a la guerra. Hay en cierta medida una importancia moral del pasado que trasciende el ejercicio memorial.

Existe una hipótesis que atraviesa el ejercicio memorial en un proceso transicional: la no repetición, entendida como la capacidad y el efecto de la memoria para prevenir el resurgimiento de la guerra, de los odios y de los estereotipos que contribuyeron en la generación de genocidios, desapariciones, asesinatos, entre otros. El mural no solo viene con el ejercicio de la pintura sobre una estructura, sino que moviliza instrumentos de acciones públicas simbólicas, que son inmateriales, de hecho poco técnicos si se quiere, y que contribuyen a la ritualización de lo colectivo, pues genera interacciones sociales heterogéneas.

Parte de lo que se observa en el caso colombiano es que sectores pintan murales con cifras icónicas que reflejan una verdad judicial ampliamente investigada, no solo por el componente judicial transicional colombiano, sino por investigaciones académicas, periodísticas e internacionales. Estos pueden generar efectos inesperados: a veces convencen a indecisos sobre el pasado, en otros polariza, en otros elimina los prejuicios y en otros, los refuerza. Un mural puede hacer públicas las memorias, los símbolos que emanan del esclarecimiento y la objetividad judicial —las cifras de las ejecuciones extrajudiciales y su contrastación con la evidencia empírica de la JEP o las sentencias de aparatos judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, que en efecto buscan denunciar las violaciones a los derechos humanos, los hechos victimizantes, los sufrimientos causados y la posibilidad —ardua y a veces tediosa— de gestionar los legados del conflicto violento y generar apuestas de paz.

El mural como dispositivo es un recurso que educa; el intento de la conexión con el símbolo que este demarca es la evocación pública del pasado doloroso, pero también el combate de memorias belicosas. En términos de la capacidad simbólica, las frases, los colores, los números, la estética de este, enuncian versiones del pasado que buscan armar al ciudadano contra violencias futuras, cumplir los imperativos de los “nunca más” que han caracterizado a las comisiones de la verdad en el mundo: nunca más discriminar, nunca más desaparecer, nunca más asesinar.

Sin embargo, la memoria es un campo permanente en disputa. Cuando aparecen noticias sobre el borrado sistemático de murales, estamos presenciando algo más que simple vandalismo o decisiones administrativas menores. Se trata de una segunda victimización: el intento de silenciar las voces que han logrado emerger en el espacio público. El acto de borrar un mural que denuncia violaciones a los derechos humanos constituye una forma de censura que revela las tensiones no resueltas de la sociedad colombiana.

Detrás de estas decisiones están actores de poder que se sienten amenazados por la verdad que estos dispositivos de memoria hacen visible. Los murales que emergen y son borrados representan la tensión entre una Colombia que busca la paz y otra que se resiste al cambio. Esta resistencia evidencia que sectores de la sociedad aún no están dispuestos a asumir la responsabilidad histórica que implica la construcción de paz.

La inmersión en dispositivos memoriales —sean monumentos públicos, museos, placas, exposiciones o murales— implica la búsqueda de transformación de comportamientos que propenden por la pacificación de las relaciones sociales. Cuando se borran sistemáticamente, se está atacando no solo la memoria de las víctimas, sino la posibilidad misma de construir una sociedad democrática basada en la verdad y la no repetición. El borrado sistemático evidencia una paradoja de la justicia transicional colombiana: mientras institucionalmente se promueve la memoria, la verdad y la reparación, en la práctica cotidiana persisten resistencias profundas a enfrentar el pasado violento.

El desafío no es menor. La defensa de estos espacios de memoria no es solo una cuestión estética o cultural, sino profundamente política: es la defensa del derecho de las víctimas a ser escuchadas, del derecho de la sociedad a conocer su historia y del derecho de las futuras generaciones a heredar una memoria que las proteja de repetir los errores del pasado.

La memoria, materializada en murales, no busca abrir heridas sino cerrarlas desde la verdad. Borrarla es mantenerlas abiertas para siempre.

*PhD Estado de Derecho y Gobernanza Global. Miembro de Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors -GIFK-, en español: Grupo de Berlín para la Investigación Interdisciplinaria de la Paz y los Conflictos. william.mesa.cardenas@gmail.com

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La paradoja es evidente. Washington reconoce que las organizaciones criminales mutaron y que hoy son más flexibles, transnacionales, financieras, tecnológicas y menos jerárquicas. Pero, aun así, propone enfrentarlas con una lógica de guerra. Habla de carteles como organizaciones terroristas, de ataques a la producción en el origen, de control fronterizo, sanciones, persecución global y despliegue de capacidades militares. Todo eso puede producir golpes operativos importantes y resultados visibles en el corto plazo. Lo que no garantiza es transformar las condiciones que hacen posible la expansión y adaptación permanente del mercado.

Uno de los principales puntos ciegos de esta estrategia es que sigue anclada en respuestas fundamentalmente punitivas y cinéticas frente a un fenómeno que exige una lógica mucho más fina para producir resultados sostenibles. Aunque incorpora herramientas más sofisticadas, estas terminan operando bajo la misma lógica de castigo y contención. El problema es que el mercado de drogas ya demostró una enorme capacidad de adaptación frente a ese tipo de presión. Cuando se golpea un eslabón, rápidamente aparecen otros actores, nuevas rutas y mecanismos más eficientes de operación.

En Colombia, esa experiencia es bastante conocida. Durante décadas el éxito se midió en hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos y personas capturadas. Entre finales de los años 90 y la suspensión de la aspersión aérea en 2015, por ejemplo, Colombia asperjó y erradicó más de 2 millones de hectáreas de coca. Sin embargo, según UNODC, los cultivos reaparecieron, se desplazaron territorialmente y terminaron alcanzando nuevos máximos históricos años después, llegando en el 2023 a 253.000 hectáreas.

Hoy el mercado es incluso más eficiente. La producción potencial de cocaína pasó de cerca de 290 toneladas métricas a comienzos de los años 2000 a más de 2.600 toneladas en 2023, impulsada por mayores rendimientos por hectárea, enclaves productivos y cadenas criminales mucho más sofisticadas.

Al mismo tiempo, el consumo mundial tampoco disminuyó. A comienzos de la década pasada se estimaban alrededor de 17 millones de consumidores de cocaína en el mundo y hoy la cifra supera los 25 millones, mientras el mercado continúa expandiéndose hacia nuevos destinos. Algo similar ocurrió con las estructuras criminales. Capturas, neutralizaciones, desmovilizaciones y extradiciones produjeron fragmentaciones temporales, pero no lograron desarticular de manera sostenible las capacidades financieras, territoriales y logísticas de las organizaciones. El resultado fue un ecosistema criminal más atomizado, más resiliente y más difícil de contener. Para no ir más lejos, hoy tenemos en el país más de 27.000 integrantes de este tipo de organizaciones en Colombia con una influencia de algún tipo en más de 600 municipios. Seguir empujando la pared con las mismas manos difícilmente permitirá moverla de lugar.

Es en eso, justamente, donde la discusión debería cambiar. El problema no es solo la coca ni únicamente el narcotráfico entendido como una cadena aislada. El verdadero desafío es el ecosistema criminal que se articula alrededor de estas economías. Un entramado donde convergen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, lavado de activos y captura institucional. Los grupos armados no solo controlan rutas o compran hoja de coca. También regulan economías locales, imponen normas, median conflictos, capturan rentas públicas y disputan gobernabilidad en amplias zonas del país.

Por eso, insistir exclusivamente en erradicación, interdicción o presión operativa es confundir el síntoma con la enfermedad. El desafío ya no pasa solamente por reducir hectáreas, sino por desmontar sistemas criminales complejos que mezclan economías legales e ilegales, aprovechan vacíos institucionales, normas superpuestas, incertidumbres jurídicas y logran gobernar territorios donde el Estado no consigue hacerlo de manera efectiva.

¿Qué viene para Colombia?

La política de Trump sigue partiendo de una idea cómoda y profundamente discutible: que si se golpea más duro la oferta, el mercado necesariamente se reduce. Pero la experiencia colombiana, y del mundo en general, muestra otra cosa. Las acciones tradicionales de control no han logrado resultados sostenibles cuando operan desconectadas de seguridad territorial, justicia, desarrollo rural y transformación económica.

Para Colombia y los países productores y de tránsito, esta lógica puede tener efectos problemáticos. Refuerza la idea de que la reducción de coca depende principalmente de la presión operativa, empuja al Estado a priorizar resultados rápidos sobre transformaciones sostenibles y aumenta la injerencia estadounidense sobre una agenda que debería responder mucho más a las realidades territoriales del país.

Al final, quienes vuelven a quedar en el centro del costo político y operativo de esta guerra son, principalmente, las comunidades cultivadoras, que cada vez más participan en eslabones intermedios de la cadena de producción.

Algo similar ocurre frente a las organizaciones criminales. Esta mirada refuerza la idea de que desmantelarlas depende principalmente de producir más capturas, bajas o extradiciones, mientras las finanzas criminales, las redes logísticas, la corrupción y los mecanismos de gobernanza ilegal mantienen intacta buena parte de su capacidad de adaptación.

La discusión no debería centrarse en si se necesita control. Claro que se necesita. Pero un control inteligente, selectivo y estratégico. No se trata de perseguir más campesinos ni de sumar operativos tradicionales para alimentar indicadores de corto plazo. Se trata de hacer más riesgosa y costosa la operación de los actores que realmente sostienen el negocio, desde las redes financieras y logísticas hasta las estructuras de corrupción y los mecanismos que conectan lo legal con lo ilegal.

Desde la perspectiva de la Fundación Ideas para la Paz, la alternativa pasa por cambiar la lógica de intervención. Menos énfasis en la reacción punitiva y más en una estrategia integral de seguridad territorial. Eso implica ordenar la acción del Estado alrededor de cuatro objetivos articulados que permitan proteger a la población civil, contener la expansión de los grupos armados, recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No se trata de hacer más operaciones, sino de hacerlas mejor, afectando las capacidades estructurales de las organizaciones y no solamente sus manifestaciones visibles.

También implica reconocer que no todos los territorios cocaleros requieren la misma respuesta. En algunos la prioridad será contener la violencia. En otros, recuperar control institucional. Y en otros, abrir oportunidades económicas reales. La transformación territorial debe asumirse como una inversión estratégica de largo plazo y no como una promesa de sustitución rápida o una operación diseñada únicamente para cumplir metas anuales.

La agenda con Estados Unidos tampoco puede limitarse a aceptar esta presión. Colombia debería proponer una cooperación mucho más estratégica, enfocada en inteligencia financiera, control de precursores, persecución del lavado de activos no solo en nuestro país, sino principalmente en el exterior, trazabilidad logística, control de armas y fortalecimiento judicial. En resumen, pensar menos en hectáreas como fetiche eterno y más en afectación estructural al negocio criminal.

El riesgo de la apuesta de Trump

Ahora, además, aparece un elemento nuevo que puede agravar este escenario. Una mayor exigencia de cuentas y resultados (“accountability”) por parte de Estados Unidos hacia los países productores. La política de Trump no solo busca éxitos, sino que los condiciona. Esto puede traducirse en certificaciones más estrictas, evaluaciones unilaterales y presiones directas sobre gobiernos como el colombiano para mostrar avances rápidos, medibles operativamente y alineados con sus prioridades. El riesgo es que esa lógica no se quede en lo diplomático y termine permeando otras agendas, incluyendo el comercio bilateral, la cooperación y la inversión, como lo ha manifestado la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en algunos de sus informes. En ese contexto, la política de drogas deja de ser un tema sectorial para convertirse en una herramienta de presión mucho más amplia, con efectos potencialmente impredecibles sobre la relación entre ambos países.

La pregunta no es si Colombia debe cooperar con Estados Unidos. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si esa cooperación seguirá atrapada en el pasado o si servirá para construir una política más seria, más territorial y más efectiva. Porque después de décadas de guerra contra las drogas, una cosa debería estar clara. Repetir la misma receta, incluso con más fuerza, no fue, no es y no será una estrategia exitosa. Es, más bien, una nostalgia punitiva que sigue pedaleando en una bicicleta estática. Bienvenidos al pasado.

*Javier Andrés Flórez es el director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la paz (FIP).

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Este es uno de los hechos más crueles y brutales del conflicto armado colombiano, que evidenció graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las fallas del Estado en su deber de proteger a las comunidades de estos municipios. Con ocasión de la conmemoración de los 24 años de la masacre, se programó un acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas por parte del Estado por los hechos de violencia ocurridos en Bojayá y Vigía del Fuerte. Estas medidas, que hacen parte de la reparación integral, son necesarias e impostergables, especialmente con el presidente de la República a la cabeza. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición.

El 26 de mayo de 2002 se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy, en 2026, nos encontramos en momentos similares; no solo por el calendario electoral, sino por los crímenes de guerra que se vienen cometiendo a lo largo y ancho del país en medio de anuncios de campañas políticas, que no abordan con seriedad, de forma programática ni con propuestas concretas, cómo se desarrollará una política de seguridad y, la búsqueda de la paz.

El ataque terrorista perpetrado en la carretera Panamericana, vía al municipio de Cajibío, Cauca, dejando al menos veinte muertos y más de cincuenta heridos, mediante la explosión de un cilindro que afectó varios vehículos que transportaban civiles; el anuncio realizado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, informando que ha sometido a un “juicio revolucionario” a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en el departamento de Arauca; así como el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, demuestran con claridad que no existe ninguna voluntad por parte de ciertos grupos al margen de la ley para buscar una paz negociada.

En contexto: ¿Qué son los “juicios revolucionarios” y el canje anunciado por el ELN contra secuestrados?

La población civil y otras personas protegidas por el DIH son el objetivo de los alzados en armas, en quienes no hay móviles revolucionarios, dado su actuar criminal. Parece que la estrategia es la misma: demostrar capacidad de destrucción mediante el terrorismo para ejercer presión política y, supuestamente, llegar fortalecidos frente al nuevo gobierno. No, esto no es poderío militar ni una estrategia que conduzca a diálogos o acercamientos; estas son acciones demenciales y crueles que deben contrarrestarse mediante la aplicación de la ley por parte de las instituciones del Estado y que jamás encontrarán respaldo en la comunidad nacional ni internacional.

Las soluciones guerreristas de gobiernos pasados dejaron miles de ejecuciones extrajudiciales. Los ciclos de diálogos y acercamientos con grupos armados ilegales y organizaciones criminales de alto impacto, carentes de metodología y de una verificación rigurosa del cumplimiento de lo acordado, condujeron al fortalecimiento de estas estructuras, que hoy actúan sin control y en abierta violación de los derechos humanos. El favorecimiento y la indiferencia del actual Gobierno frente a estos crímenes de guerra ha contribuido a agudizar la crisis humanitaria que actualmente vive el país.

Los sucesos de Bojayá no fueron suficientes para enfrentar las atrocidades del conflicto armado. Chocó, Cauca, Nariño, el Catatumbo, Arauca, entre otras regiones de Colombia, siguen sumidos en la destrucción, el abandono y la pobreza. Quienes tenemos la oportunidad de votar sin constreñimientos no debemos permitir que los políticos sigan jugando con las necesidades de la gente, pisoteando su dignidad, especialmente en época electoral. El punto de partida debe ser exigir a los candidatos presidenciales propuestas concretas en materia de paz, seguridad y recuperación del orden público, sustentadas en la inversión social.

No es necesario que existan decisiones judiciales para reparar a las víctimas y honrar su memoria. Por mandato constitucional, a las autoridades les corresponde proteger a las personas —especialmente a las más vulnerables— en sus derechos y libertades, lo que comprende sus creencias y opciones políticas. La garantía democrática del voto libre empieza por las acciones honestas de los candidatos y sus campañas. Sin embargo, en esta contienda por la presidencia abunda la mentira, la deslealtad, las ofensas y las imputaciones criminales, que distan mucho de las soluciones que los electores reclaman, especialmente en una sociedad atormentada por las violencias.

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Colombia necesita una conversación más serena y exigente. No se trata de prolongar acríticamente una política de gobierno, ni de desmontar de un tajo todo lo que se ha intentado. Se trata de aceptar que, en muchos territorios, la paz no llegará como un gran acuerdo nacional, solemne y definitivo, sino como un conjunto de paces pequeñas, verificables, situadas y rodeadas por las comunidades que padecen la violencia.

El problema persiste porque los grupos armados no se han debilitado al ritmo que el país necesita. Según la Fundación Ideas para la Paz, a diciembre de 2025 las estructuras armadas ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, con un crecimiento del 23,5 % frente al año anterior, y el Clan del Golfo o EGC lideraba ese aumento. El mismo informe advierte que 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Sin embargo, no hay que olvidar que en los gobiernos anteriores también se fortalecieron y atomizaron estos grupos. Esa evidencia obliga a la conclusión de que ni la acción militar por sí sola ni negociación mal diseñada han logrado frenar la recomposición de estas estructuras.

Por eso, la discusión no debería formularse como una elección simple entre negociar o combatir. La pregunta de fondo es cómo se reducen las violencias, se protegen las comunidades, se desmontan economías ilegales y se recupera la autoridad democrática en territorios donde el Estado llega tarde, llega fragmentado o llega sin capacidad de permanecer.

El marco jurídico vigente reconoce que la paz debe ser una política de Estado y vincular a las autoridades de distintos niveles. La Ley 2272 de 2022 establece la participación de la sociedad civil en las regiones de paz, la centralidad de las víctimas, la participación efectiva de las mujeres y los enfoques étnico, territorial, ambiental, religioso, de género y diferencial. Allí hay una pista clave: los procesos no pueden quedarse encerrados en el diálogo entre delegados del Gobierno y voceros de estructuras armadas. Necesitan sociedad civil, víctimas, autoridades locales, iglesias, academia, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y mecanismos de verificación.

En el Caribe colombiano hemos visto dos aprendizajes relevantes. El primero ocurre en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el EGC. Se trata de un proceso de impacto nacional, porque involucra a una de las estructuras armadas con mayor capacidad territorial del país. La FIP ha señalado que el EGC cuenta con cerca de 10.000 integrantes, influencia en aproximadamente 300 municipios y participación en economías como narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Negar ese poder no lo reduce y conversar con esa estructura tampoco puede significar legitimarla. El reto consiste en construir una ruta que lleve a la disminución comprobable de violencias, al desmonte de rentas criminales, a la entrega de armas, a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la recuperación del Estado social de derecho en los territorios.

El logro del proceso con el EGC ha sido abrir una discusión que el país suele evadir por incomodidad moral ¿Qué hacer con actores armados cuya motivación principal no es insurgente, pero cuya capacidad de regulación territorial es profundamente política en la vida cotidiana de las comunidades? Su bondad está en reconocer que el sometimiento o desmantelamiento de estas estructuras no puede reducirse a capturas aisladas. Su principal reto está en evitar que el diálogo se vuelva una zona gris, sin reglas públicas, sin indicadores, sin justicia y sin participación real de quienes han sido victimizados.

El segundo aprendizaje viene de Barranquilla. Allí la paz urbana ha permitido discutir una dimensión que Colombia suele mirar de manera tardía y son las violencias de ciudad. Extorsión, homicidio selectivo, control barrial, disputas por rentas, fronteras invisibles, uso de jóvenes, miedo cotidiano y gobernanzas criminales no son asuntos menores. Son formas concretas de agencia de la violencia dentro de la vida democrática. La paz urbana, en ese sentido, no puede confundirse con una tregua entre bandas. Una tregua puede reducir temporalmente los homicidios, pero si permanecen la extorsión, el control social y el reclutamiento, lo que aparece no es paz ciudadana, sino administración criminal del daño.

En Barranquilla el logro ha sido poner la paz urbana en conversación pública, con participación de sociedad civil, instituciones, academia y actores territoriales. Su bondad consiste en mostrar que las ciudades también necesitan metodologías para la paz, y no únicamente consejos de seguridad. Su reto es pasar de la deliberación a la ejecución. El diseño de una línea base, indicadores, seguimiento periódico, análisis criminológico, protección de víctimas, compromisos verificables y participación comunitaria sostenida.

La prensa nacional y algunos académicos han señalado justamente que la paz urbana llega al final del gobierno con dificultades, entre ellas la falta de acuerdos duraderos, marcos jurídicos y verificación suficiente. Esa crítica debe ser tomada en serio, porque confirma que el problema no es hablar de paz urbana, sino hablar sin arquitectura suficiente.

Hay en el debate dos ideas que pueden ser cruciales. Desclandestinizar y desgobernalizar el diálogo. Desclandestinizar no significa transmitir una negociación en vivo ni convertir a las víctimas en espectáculo. Significa abrir una deliberación pública responsable, con pedagogía, reglas de información, protección de identidades, devolución de avances y mecanismos de seguimiento social. La clandestinidad absoluta alimenta rumores, sospechas y sabotajes. La exposición irresponsable pone en riesgo a las comunidades. Entre esos dos extremos debe construirse una transparencia cuidadosa.

Desgobernalizar tampoco significa quitarle responsabilidad al Estado. Significa impedir que los procesos dependan del ánimo, la popularidad o la duración de un gobierno. Un diálogo serio debe quedar anclado en instituciones, planes territoriales, presupuestos, consejos de paz, sistemas de monitoreo, participación de víctimas y capacidades locales. Si todo depende de la voluntad del gobierno de turno, cada elección presidencial se convierte en una amenaza de reversa. Si el proceso queda rodeado por la sociedad civil, las víctimas y los territorios, abandonarlo tendrá un costo político y moral más alto.

Ese es el punto central. La paz no se legitima solo porque el Gobierno la anuncie. Se legitima cuando las comunidades pueden constatar que disminuye la violencia, que se protege a los liderazgos, que las víctimas son escuchadas, que los jóvenes tienen alternativas, que la extorsión cede, que las instituciones responden y que los compromisos se miden. Sin sociedad civil y sin víctimas, los procesos quedan atrapados en el lenguaje de las partes armadas. Con sociedad civil y víctimas, los procesos empiezan a rendir cuentas ante quienes realmente importan.

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A pocos meses del final del gobierno Petro, la pregunta no debería ser si se salva o se sepulta la Paz Total. La pregunta debería ser qué paces territoriales merecen continuidad, cuáles deben corregirse, cuáles requieren cierre y cuáles necesitan pasar de la retórica a la verificación. El próximo gobierno tendrá derecho a revisar, ajustar y rediseñar. Lo que no debería tener es licencia para destruir aprendizajes territoriales por cálculo electoral.

Colombia no necesita una paz grandilocuente que prometa resolverlo todo. Necesita paces pequeñas que reduzcan daños reales, con víctimas en el centro, con sociedad civil alrededor, que no dependan de un presidente, que puedan ser medidas, discutidas, corregidas y defendidas por las comunidades.

Al presidente Petro se le acaba el gobierno. A los territorios no se les acaba la violencia. Por eso, si algo debiera quedar de este ciclo no es una consigna, sino una lección. La paz que no se desclandestiniza se llena de sinsabores, la paz que no se desgobernaliza se disipa con la salida del gobierno, y la paz que no se rodea de víctimas y sociedad civil termina en una retórica vacía.

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Desde el inicio del Gobierno Petro, Viena fue uno de los focos centrales de su apuesta de liderazgo internacional en política de drogas. Las dos grandes iniciativas fueron una revisión independiente del sistema de prohibición y la solicitud ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) de revisar la clasificación de la hoja de coca. Ambas cuestionaban las premisas del régimen actual, y entre 2024 y 2025 los esfuerzos diplomáticos se centraron en conseguir los apoyos políticos para sostenerlas.

Para la CND 69, el tablero era otro. La beligerancia de Estados Unidos —su uso de la guerra contra las drogas como herramienta de interferencia geopolítica— dejó poco margen para sostener el impulso reformista. Y desde diciembre de 2025, la decisión de la OMS de mantener la hoja de coca en su clasificación actual cerró otra puerta: una decisión peligrosa que parece poner los intereses políticos por encima de la evidencia científica.

La propia Comisión fue un termómetro del momento que atraviesa el multilateralismo. Se negociaron apenas cinco resoluciones —frente a las quince o veinte habituales— y por segunda vez en la historia, todas fueron a votación. El viejo “espíritu de Viena”, ese consenso que avanzaba a costa de excluir las posiciones más críticas, se resquebrajó. China, India y Estados Unidos pidieron voto en distintas resoluciones, aunque todas terminaron aprobándose con mayoría suficiente. La puerta sigue abierta, en teoría, para temas de salud pública y derechos humanos. Pero el estancamiento es elocuente: muchos países reconocen estos enfoques en el discurso sin aplicarlos ni financiarlos, ni en casa ni mediante la cooperación internacional.

Entre la reforma y la contradicción

Colombia llegó a Viena con una delegación encabezada por el propio presidente Petro, y también, en sentido literal, con los frutos de su política, pues se instaló un stand con cacao, café y productos de comunidades campesinas de Putumayo y Nariño que transitaron hacia economías lícitas.

El discurso presidencial ante la plenaria fue uno de los de mayor carga política del día. Petro describió la cocaína como la “droga del capital” y contrastó ese fenómeno con el fentanilo, al que llamó la “droga de la muerte”, asociada a sociedades marcadas por la soledad y la crisis climática. Reclamó correspondencia de los países consumidores y presentó como logro central las 3.300 toneladas de cocaína incautadas en coordinación con 75 países, cifra con la que también respondió a su inclusión en la lista OFAC, que calificó de paradójica e injusta.

Sin embargo, el discurso tuvo una omisión llamativa. Petro no mencionó el Panel de Expertos, el avance más contundente que su gobierno consiguió en Viena el año anterior, gracias en buena medida a la gestión de la entonces embajadora Laura Gil. Parece que al final del mandato el relato político interno pesó más que la capitalización de los logros diplomáticos reales. La paradoja se profundiza cuando se contrasta el discurso reformista con la política interna: Petro calificó la sustitución de cultivos de “verdadera revolución”, mientras en paralelo ha anunciado la fumigación de glifosato con drones, una medida que contradice ese relato y que la evidencia disponible no respalda.

El panel de expertos: un balance agridulce

En la CND de 2025 la delegación de Colombia tuvo un logro histórico, al aprobar por mayoría una evaluación externa e independiente del sistema de fiscalización de drogas, a través de la conformación de un panel de expertos, que deberá presentar su análisis sobre las brechas y retos de la implementación de los tratados internacionales de drogas a la CND de 2029.

En la jornada de este año se cerró la designación de los expertos, con un balance agridulce: A pesar de que Colombia lideró la resolución y el proceso del panel, y que además aportó una suma importante para su desarrollo, ningún colombiano fue nominado para este grupo. De otro lado, y justo en la recta final, se designaron varios expertos en derechos humanos y con miradas apartadas del prohibicionismo.

En el panel quedaron figuras como Elina Steinerte, de Lituania, quien fue integrante del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y lideró uno de los primeros informes que examina el nexo entre el marco legal de la prohibición y los usos excesivos de la detención arbitraria; y Pável Bem, de Chequia, integrante de la Comisión Global de Política de Drogas, quien dirige en su país procesos de reforma hacia la regulación. Pero no todo será sencillo para poder examinar críticamente y desde estándares de derechos humanos: algunos de los expertos designados no tienen ningún conocimiento o experticia en temas de drogas, o en un extremo más peligroso, refuerzan paradigmas de castigo y represión, como es el caso de los representantes de China y Singapur.

¿Qué sigue?

El gobierno que llegue en agosto de 2026 recibirá una herencia mixta. En el activo: un panel en marcha, una voz que —con contradicciones— logró posicionar a Colombia en el debate global, y una sociedad civil que ha demostrado ser interlocutora técnica y política en espacios antes cerrados. En el pasivo: una clasificación de la hoja de coca sin cambios, una política interna que oscila entre la reforma y la represión, y un panel impulsado por Colombia del que Colombia no es parte.

Las prioridades para la próxima administración son claras: monitorear el proceso del panel y asegurar mecanismos de incidencia desde afuera; mantener una voz protagónica pero más coherente, donde el discurso internacional y la práctica interna no se contradigan; y fortalecer el vínculo con la sociedad civil.

Viena no es el escenario donde se transforma la política de drogas. Pero sí es donde se fijan los límites de lo posible. Colombia ha demostrado que esos límites se pueden mover. La pregunta es si el próximo gobierno querrá seguir empujando.

*Coordinadora de política de drogas en Dejusticia

**Directora de Elementa en Colombia

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Estos espacios operan hoy en la penumbra, no gracias a una regulación estatal, sino a pesar de su ausencia. En Colombia, la política de drogas atraviesa una transición dolorosamente lenta: mientras en los foros internacionales se avanza y las cortes emiten sentencias progresistas, en las calles el peso del prohibicionismo sigue funcionando como una máquina de daño social que margina a los usuarios y los empuja a disputar el espacio público y hacia el mercado ilegal. Frente a este rezago institucional y a la lentitud de un sistema al que le cuesta pasar del castigo a la protección, los clubes cannábicos no son un simple capricho, sino un salvavidas ciudadano que se ha adelantado a ofrecer las garantías que el Estado aún no termina de consolidar.

En estos escenarios, el cuidado entre pares ha dejado de ser una simple consigna comunitaria para convertirse en una práctica política radical. Lo que ocurre al interior de estas redes de abastecimiento colectivo va mucho más allá de garantizar que una flor esté libre de pesticidas, hongos o metales pesados, aunque eso, por sí solo, ya constituye una práctica de salud pública que el Estado se niega a proveer. Lo que se cultiva en el fondo de estos espacios es la dignidad humana.

Para entender la dimensión de este fenómeno, basta con mirar las dinámicas desde abajo que se están gestando al margen del mercado ilícito y de los reflectores políticos. Pensemos en las redes barriales que, tras el encuentro en un parque, encontraron en el cultivo compartido la excusa perfecta para reconstruir el tejido social fracturado de sus calles. Pensemos en aquellos modelos de abastecimiento colectivo que comprendieron que la salud y el bienestar son integrales, y hoy rotan entre sus miembros no solo el cannabis, sino también alimentos, semillas y otras plantas medicinales. O detengámonos en los espacios diseñados por y para mujeres madres, quienes cargan sobre sus hombros el doble peso del estigma social y la amenaza institucional, y que encuentran en estas redes un refugio seguro para el consumo cuidadoso, libre del juicio asfixiante de una sociedad profundamente conservadora.

¿De qué sirve un Estado que afirma proteger la salud pública si en la práctica empuja a sus ciudadanos a la ilegalidad? Los clubes cannábicos responden a esta contradicción haciendo, en el silencio de la cotidianidad, lo que la política pública debería hacer a plena luz del día. Implementan estrategias reales de reducción de riesgos y daños, gestionan la información de manera horizontal y garantizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin sacrificar la seguridad de los usuarios. Han demostrado que la autonomía no es sinónimo de descontrol, sino la base para un consumo responsable.

Mientras el Congreso y los concejos municipales se enfrascan en debates circulares sobre cómo expulsar a los consumidores del espacio público, reviviendo los ecos más oscuros de la “guerra contra las drogas”, la ciudadanía cannábica se ha organizado para protegerse a sí misma. Han entendido que la prohibición está destinada a caer por su propio peso de contradicciones y violencias, y han decidido no esperar a que las leyes sean perfectas para empezar a cuidar la vida.

Este 4/20, las redes sociales se llenarán de hojas verdes, campañas de mercadeo y consignas festivas. Veremos las plazas congregando a miles de personas en un rito colectivo que desafía abiertamente la inercia del castigo. Es un ejercicio válido y necesario de visibilidad ciudadana. Pero conmemorar, si nos quedamos únicamente en la superficie festiva de la fecha, puede convertirse en una forma sofisticada de miopía.

La verdadera transformación no está en la nube de humo que se eleva y se disipa una tarde de abril en un parque de Bogotá o Medellín. Está en las manos que germinan, cuidan, cosechan y distribuyen de manera solidaria durante los otros 364 días del año, navegando en un sistema que todavía los castiga por inercia. Mientras llega la protección institucional definitiva para un fenómeno social irreversible, los clubes cannábicos seguirán siendo esa barricada silenciosa donde el cuidado es la ley primaria y la dignidad, sin duda alguna, la cosecha más importante.

* Esteban Linares, investigador de Elementa DDHH

**Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

La atención se ha concentrado en la búsqueda de pruebas de intervención directa de grupos armados en favor de candidaturas específicas, cuando el fenómeno más relevante parece estar operando en otro nivel: el de los efectos directos e indirectos que la violencia y el control territorial ejercen sobre las condiciones mismas de la competencia democrática.

Este es uno de los debates que, desde hace veinte años, cuando el país vivió los escándalos de la parapolítica, se ha evitado tener. Y es que resulta evidente que, si existen grupos armados que aspiran al control territorial, estos van a tener injerencia en los procesos democráticos. Aceptarlo implica reconocer que el Estado no ha sido capaz de imponer ni el monopolio de la fuerza ni las funciones básicas de seguridad, justicia y control, por no hablar ya de la promesa constitucional de un Estado Social de Derecho. Con todo lo doloroso que pueda ser este debate, es necesario hablar del elefante en la habitación.

En las últimas semanas, distintos sectores han planteado que decisiones adoptadas en el marco de la política de Paz Total —particularmente la suspensión de órdenes de captura de integrantes de estructuras delincuenciales— podrían tener efectos electorales.

Tras la Semana Santa, voces de la oposición señalaron que medidas como la aplicada a integrantes de La Oficina, en el proceso de conversación sociojurídica del Valle de Aburrá, buscarían favorecer la campaña de Iván Cepeda. Paloma Valencia afirmó que esto haría parte de una estrategia de constreñimiento del electorado por parte de estructuras delincuenciales, y Roy Barreras sugirió que dicha dinámica podría extenderse más allá de Antioquia.

Estos cuestionamientos se apoyan, además, en antecedentes recientes como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que —según la Fiscalía General de la Nación— contó con la participación de la Segunda Marquetalia, así como en los hechos de violencia política documentados por la Fundación PARES en su Quinto Informe de Violencia Político Electoral, que registra 202 víctimas en este período, la mayoría por amenazas.

El aumento de estos episodios ha intensificado las alertas sobre la incidencia de actores armados en el escenario electoral. No se trata, sin embargo, de una situación excepcional. La coincidencia entre ciclos de violencia y períodos electorales ha sido una constante en la historia reciente del país.

Tampoco es nuevo el control territorial ejercido por grupos armados, ampliamente documentado en la literatura sobre el conflicto. Lo que sí resulta relevante es la forma en que estas dinámicas están incidiendo hoy en el funcionamiento concreto de la democracia a nivel subnacional. Si hay un nuevo ciclo de violencia y cambia el comportamiento de los actores armados, cambiará también su relación con el Estado, la economía y la política, local y nacional.

Tras cuatro años de gobierno, la política de Paz Total se consolidó como una de las principales apuestas del Ejecutivo. La estrategia de negociación con múltiples actores armados llegó a estructurar cerca de diez procesos simultáneos, entre diálogos formales y conversaciones sociojurídicas. En este marco se implementaron herramientas orientadas al desescalamiento, como ceses al fuego bilaterales y treguas entre estructuras delincuenciales, especialmente en contextos urbanos.

Los resultados han sido parciales. Los ceses al fuego enfrentaron problemas de sostenibilidad por incumplimientos y por la naturaleza misma del conflicto actual, en el que no solo persiste la confrontación entre el Estado y los grupos armados, sino también disputas entre las propias estructuras ilegales. Las treguas en lugares como Buenaventura y el Valle de Aburrá lograron reducciones en indicadores como el homicidio, pero con efectos frágiles frente a la lentitud de los procesos de negociación.

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Las críticas que señalan que estas estrategias han permitido el fortalecimiento de los grupos armados son parcialmente acertadas, pero insuficientes como explicación. El comportamiento reciente de la violencia también responde a factores estructurales: la persistencia de economías ilícitas diversificadas, las capacidades diferenciadas de control territorial entre actores armados y, de manera particular, las limitaciones del propio Estado. En este último punto, la crisis del sector seguridad y defensa resulta determinante: un presupuesto crecientemente orientado al funcionamiento y al pasivo pensional ha reducido la capacidad de inversión en modernización y operación, afectando la capacidad de respuesta en el territorio.

En paralelo, el gobierno ha utilizado mecanismos como el levantamiento de órdenes de captura de voceros o jefes de grupos armados que participan en los procesos de negociación. Casos como los de Geovanny Rojas, Araña, y Alexander Mendoza, Calarcá, han generado controversia, especialmente por los cuestionamientos sobre la continuidad de actividades ilegales durante estos beneficios.

Más recientemente, la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá reavivó el debate sobre los riesgos de estas decisiones.

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La pregunta central es si estas medidas pueden traducirse en un favorecimiento electoral directo. A falta de evidencia que demuestre un constreñimiento sistemático del electorado en favor de una candidatura específica, esta hipótesis resulta débil. Sin embargo, esto no implica que no existan efectos políticos relevantes. Estos operan, más bien, a través de mecanismos indirectos.

Por un lado, las medidas de desescalamiento pueden incidir en la percepción ciudadana de seguridad. Reducciones en homicidios o delitos de alto impacto, asociadas a acuerdos o treguas, pueden traducirse en beneficios electorales para la candidatura respaldada por el gobierno. A esto se suma el reciente endurecimiento de la estrategia militar, con operaciones dirigidas a objetivos de alto valor. Acciones como el cercamiento de Iván Mordisco pueden reforzar la percepción de eficacia estatal. Al mismo tiempo, estas mismas dinámicas pueden generar efectos adversos: reactivar disputas armadas o producir rechazo en sectores urbanos, con impactos electorales en sentido contrario.

Pero el punto más relevante no se encuentra en estos posibles réditos, sino en la transformación de las condiciones de competencia. En amplias zonas del país, el control territorial ejercido por actores armados configura órdenes sociales que regulan comportamientos, restringen la movilidad política y condicionan la participación. En estos contextos, la competencia electoral no depende únicamente de las campañas o de las preferencias individuales, sino de las reglas —formales e informales— que operan en el territorio.

Tanto la Fundación Paz & Reconciliación como la Misión de Observación Electoral han advertido sobre la persistencia de prácticas de control social que pueden derivar en constreñimiento del electorado. Estas dinámicas no solo pueden favorecer determinadas candidaturas, sino también limitar la participación política e incluso restringir el ejercicio del voto. Se trata de un fenómeno que no siempre se expresa en coerción visible, sino en la configuración de entornos donde ciertas opciones políticas son inviables o riesgosas.

En este sentido, el vínculo entre paz, seguridad y elecciones no se explica principalmente por intervenciones directas, sino por efectos indirectos asociados a percepciones de seguridad, resultados operacionales y, sobre todo, condiciones territoriales diferenciadas.

Por ello, la discusión no puede reducirse a establecer si existe o no una estrategia deliberada de intervención electoral por parte de grupos armados. El problema es más profundo. En distintos territorios del país, las condiciones de seguridad están moldeando el ejercicio democrático antes de que comience la competencia electoral. La combinación entre desescalamiento parcial, reconfiguración de los actores armados y respuestas estatales limitadas está produciendo efectos políticos concretos sobre quién puede participar, en qué condiciones y con qué garantías.

Ese es, en última instancia, el desafío de las próximas elecciones presidenciales. Bajo qué condiciones se compite, en qué regiones y más allá de los resultados cómo es posible que en un país que se precia de democrático sigamos teniendo amplios enclaves subnacionales que viven día a día bajo un gobierno armado paralelo, que determina su vida. Ojalá el debate público se elevara más allá de las pasiones.

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Sin embargo, detrás de los discursos oficiales, la actuación del Estado ha contribuido a que esta reparación, en algunos casos, se estanque en lo superficial. Mientras el sistema de justicia transicional busca esclarecer los hechos, la política criminal y exterior opera en contravía, alejando a los máximos responsables del escrutinio nacional. Esta contradicción que sacrifica la verdad de las víctimas para cumplir con cuotas de persecución del narcotráfico en el extranjero, tiene un nombre propio: la extradición.

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El envío sistemático de máximos victimarios del conflicto armado para que respondan en tribunales extranjeros, casi exclusivamente por delitos de tráfico de drogas, ha bloqueado de tajo el acceso a la verdad. Esta práctica ha impedido que las medidas para las víctimas trasciendan de lo simbólico hacia una reparación integral. De poco nos sirve el diseño de un andamiaje de justicia transicional, si las víctimas no pueden acceder efectivamente a la verdad, carecemos como país, de condiciones reales para que los victimarios contribuyan al esclarecimiento de los hechos cuando son subidos a un avión con un expediente que reduce décadas de barbarie a un kilo de cocaína.

Sin embargo, allí donde el Estado no presta atención, las víctimas interponen su resistencia. Su dignidad se ha convertido en una lucha constante para que sus historias pesen más que los acuerdos diplomáticos. Ya la experiencia nos habla de que mediante el uso de la tutela buscaron evitar la extradición, realizaron acciones jurídicas en Estados Unidos, e incluso visitaron a los extraditados para recabar los testimonios que en alguna medida lograran aportar a la garantía de sus derechos.

Esa misma dignidad se materializó en el caso reciente de alias “Otoniel”, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Sus víctimas, lejos de resignarse al silencio que impone la distancia física y la judicial, aportaron al proceso testimonios directos en los que narran las atrocidades sufridas bajo el mando de quien ahora respondía exclusivamente por narcotráfico ante una corte estadounidense.

Lo que revelan esos testimonios es un mapeo concreto de derechos humanos violentados que el Estado tiene la obligación de garantizar y que la extradición contribuye a invisibilizar.

El derecho a la vida fue arrebatado sin contemplación. David fue ejecutado por miembros del Clan del Golfo. John Gelber Rojas Colmenares murió por un artefacto explosivo que le destrozó cabeza y abdomen. Milton Eliecer Flórez Arcila fue asesinado ejerciendo sus funciones como policía de la DIJIN. Tres vidas, un solo responsable que hoy rinde cuentas en un idioma que sus víctimas no hablan, por un delito que no nombra sus nombres.

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Después de la muerte quedan las familias rotas. La compañera de David y sus dos hijos perdieron el centro de su núcleo. La esposa de Rojas Colmenares describe cómo su hija perdió la oportunidad de crecer con su padre. La familia de Flórez Arcila lo resume sin necesidad de interpretación jurídica: “no acabó con una vida sino con la vida de todos”. Padres, hermanos, hijos e infancias quedaron fragmentadas.

La conmemoración de esta semana debería recordarnos los fines de la reparación y la verdad: las víctimas. Estas que al alzar sus voces no pedían un milagro sino ser escuchadas, que se reconocieran las violaciones cometidas bajo su mando y que se abriera alguna puerta hacia la verdad que la extradición les cerró de golpe.

Este es un llamado al Estado colombiano. La conmemoración no puede agotarse en lo simbólico. Las medidas de satisfacción no transforman. La reparación integral exige trascender los discursos hacia acciones que busquen restablecer a las víctimas. Mientras el Estado siga subiendo victimarios a aviones con expedientes que reducen masacres a gramos, la reparación seguirá siendo efímera.

*María Alejandra Saavedra, investigadora de Elementa DDHH

**Esteban Linares, investigador de Elementa DDHH

***Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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La implementación tiene una deuda estructural. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha manifestado que el Acuerdo debe implementarse en su totalidad. El corazón sigue siendo la materialización del punto de la Reforma Rural Integral; debe estar en el centro. Los avances son palpables: más de 700.000 hectáreas gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras para familias campesinas, reincorporados, víctimas y comunidades étnicas son un avance que la comunidad internacional valora. Sin embargo, es necesario continuar con un esfuerzo sostenido, lo que implica la adopción real y efectiva de mecanismos como el catastro multipropósito para alcanzar la meta contenida en el Acuerdo.

Lamentablemente, la violencia en los 170 municipios PDET no cede terreno. Pese a los intentos del Gobierno por alcanzar una política de paz, las organizaciones criminales han desechado y desaprovechado la oferta gubernamental, provocando un fracaso en la apuesta por nuevos procesos hacia la “paz total”. En 2025 se registró un aumento de más del 30% de asesinatos de firmantes de paz respecto al año anterior; en los primeros meses de 2026 se alcanzó la deplorable cifra de 487 firmantes asesinados desde 2016. Las garantías de seguridad siguen siendo el punto débil. El gobierno del presidente Petro heredó la incapacidad institucional y el incumplimiento desvergonzado de sus dos antecesores, y el nuevo Gobierno tendrá que cargar con la misma cruz si no toma medidas urgentes.

Frente a los retos, y luego de comparar las apuestas programáticas inscritas en la Registraduría, dentro de las tres candidaturas con mayores posibilidades de alcanzar una segunda vuelta, Iván Cepeda y Aída Quilcué son la única fórmula que asume el lenguaje y la lógica del Acuerdo con coherencia explícita.

Su programa "El Poder de la Verdad" compromete los PDET, el Fondo de Tierras, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por su parte, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial —con su programa “Orden, Firmeza y Corazón”— no mencionan el Acuerdo Final ni el proceso de reincorporación de miles de firmantes, y pretenden reemplazar el concepto de Paz por una doctrina de “Seguridad Total”, fórmula ya sufrida por la sociedad colombiana con consecuencias humanitarias desastrosas; una estrategia de elusión: no derogar formalmente el Acuerdo para impedir sus objetivos.

Abelardo De la Espriella es el más explícito en su ruptura: propone eliminar la JEP, construir siete megacárceles bajo el modelo Bukele, sumado a la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y una ofensiva militar en 90 días en una lógica de Plan Colombia 2.0.

El horizonte electoral hacia la presidencia en este 2026 expone con crudeza el riesgo de la politización del Acuerdo: en manos de la derecha, se convierte en blanco de aniquilamiento; en manos del progresismo, se traduce en una hoja de ruta para cumplir internacionalmente los compromisos del Estado colombiano. Quizás Colombia no enfrente el riesgo de regresar a la guerra, pero sin voluntad política, desfinanciación de la arquitectura institucional y falta de preponderancia de las instancias creadas desde 2016, podemos caer en la abdicación de la paz.

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La investigación realizada por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y la Fundación Karisma en 2021, con una encuesta en línea a 470 periodistas y comunicadoras —127 hombres incluidos— de diferentes edades y lugares de Colombia, cuatro grupos focales con 24 personas y 10 entrevistas a profundidad, buscó identificar la violencia y el acoso sexual que viven las mujeres periodistas en el cubrimiento de la información. Se trataba de apuntar a un hecho oculto que perturba la vida misma de la periodista, su relación con jefes, colegas y fuentes, y que por lo tanto afecta la cotidianidad de manera subterránea, así como el derecho a la información y a la libertad de prensa. La situación no ha cambiado.

El estudio arriba citado “Periodistas sin Acoso: Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras” reveló que el 73,4% de las mujeres en su ejercicio profesional ha sido víctima de violencia psicológica y el 67,1% de acoso sexual.

Los ambientes laborales son asfixiantes: chistes flojos cargados de morbo, expresiones corporales que rayan en la vulgaridad, comentarios en corrillos sobre el cuerpo y la vestimenta de las mujeres, mensajes por WhatsApp, arrinconamientos para intentar manosear… ¡Sí! Esto pasa, y lo hacen jefes, compañeros de trabajo y fuentes. ¿Todos? No. Sin embargo, reina la complicidad del silencio y la falta de medidas eficaces.

Órdenes de trabajo como: “Si usted tiene que acostarse con la fuente, ¡hágalo!, pero tráigame la noticia”, la ridiculización y los gritos para dirigirse a ellas… Esto es lo que las audiencias no saben que ocurre detrás de cámara.

El caso de violencia sexual contra la periodista Vanessa Restrepo, de El Colombiano, llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse con la Sentencia T-140/21: “Derechos a la igualdad material, al trabajo, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias —Perspectiva de género en la atención de denuncias por agresión sexual en el entorno laboral”.

La Sentencia afirma que “(…) tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo deben respetar y proteger los derechos humanos con los estándares exigidos, lo que incluye la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia y/o discriminación contra las mujeres periodistas y aquellas que trabajan en los medios de comunicación. En esa medida, deben actuar de manera deferente, no neutral e intolerante frente a la violencia y/o discriminación por motivos de género contra las mujeres periodistas”.

La misma sentencia exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a “adoptar las medidas y adelantar las acciones indispensables, a efectos de lograr la ratificación y aprobación del Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo”.

Muchas periodistas han guardado silencio frente a una violencia que, por generalizada y normalizada, se aprende a evadir y minimizar. No denuncian por miedo, por desconfianza hacia la institucionalidad, por desconocimiento de las rutas, o porque ven la impunidad y los privilegios de quienes la ejercen.

Las periodistas víctimas de acoso sexual, según la investigación de Periodistas sin Acoso, sufren afectaciones a la salud física y psicológica, se autocensuran, modifican su práctica profesional o abandonan de forma permanente o temporal la profesión.

¿Por qué no han avanzado los medios para erradicar esta práctica machista? Porque los medios son reflejo de lo que socialmente vivimos. Sin embargo, deberían ser los llamados a asumir posturas que contribuyan al cambio cultural y no a la reafirmación de la desigualdad. ¿Tienen protocolos con enfoque de género? Y si los tienen, ¿Cómo los aplican? ¿Los conocen todas las personas vinculadas a la empresa? ¿Hacen seguimiento y procesos de formación de manera constante?

Es hora de salir del constante lamento de por qué tantos derechos para las mujeres —parecen muchos porque antes no teníamos—, de la queja de que “no sabemos cómo relacionarnos” o “ellas todo lo interpretan mal”. Necesitamos procesos que nos ayuden a converger, en los que mujeres y hombres podamos aportar, pero también decirle adiós a la impunidad. El Estado, los gobiernos, las empresas de comunicación, plataformas y academia deben implicarse. Es nuestro futuro, son nuestros derechos.

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Por otro lado, señalé la paradoja y el estado liminal en el que se encuentra hoy la construcción de paz en Colombia: tras la firma del Acuerdo en 2016, el país ha experimentado procesos de reorganización, resurgimiento y reciclaje de las violencias del conflicto armado, fenómeno que puede analizarse a la luz de experiencias transicionales comparadas en otras regiones del mundo[3].

Tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo evaluar el proceso colombiano a partir de estos dos componentes —las transformaciones profundas prometidas por un acuerdo de paz y un modelo transicional, y el posible advenimiento de un tercer ciclo de violencia—?

La respuesta depende del enfoque de análisis. El primero se relaciona con el modelo de negociación y de justicia transicional diseñado, mientras que el segundo se vincula con su implementación. En esta ocasión me concentraré en el primero.

En lo que respecta al modelo de justicia transicional, es innegable que introdujo innovaciones importantes, especialmente en el componente extrajudicial y judicial, como la Comisión de la Verdad, la investigación macrocriminal y la apuesta por mecanismos de justicia restaurativa. Sin embargo, desde el inicio se estableció un límite claro, formulado por el entonces presidente Juan Manuel Santos: no negociar el modelo económico y productivo del país.

Este punto resulta fundamental en un país caracterizado históricamente por la extrema desigualdad rural y por un modelo de producción agrícola profundamente vinculado al latifundismo.

De hecho, buena parte de los análisis recientes sobre las causas estructurales de la guerra en Colombia señalan una relación causal entre diversos factores: los legados violentos de la época de La Violencia (1948-1958), la profunda desigualdad rural, los conflictos agrarios de las décadas de 1960 y 1970, los cerrojos democráticos del Frente Nacional (1958-1974), los procesos de colonización armada y no armada del campesinado colombiano, la consolidación de élites regionales débiles con acceso a grandes medios de violencia —que posteriormente darían lugar a estructuras paramilitares de escala regional y nacional—, así como el despojo sistemático de tierras a campesinos y comunidades rurales para destinarlas a la ganadería extensiva y al monocultivo de exportación.

En otras palabras, un modelo de negociación que pretendía cerrar un ciclo de guerra sin abordar la distribución estructural de la posesión y de la riqueza, y que propuso una reforma rural relativamente débil —basada principalmente en la compra de tierras por parte del Estado— genera dudas razonables sobre su capacidad real para poner fin al conflicto armado. Este mecanismo, además de incrementar el gasto público, termina fortaleciendo aún más a los gremios y asociaciones de grandes propietarios rurales.

Las implicaciones de este diseño institucional se reflejan con claridad en los territorios. La persistencia de estructuras de exclusión económica, sumadas a formas de racismo estructural que afectan a múltiples comunidades, se combinan con un modelo de negociación que limitó la participación activa, colectiva y democrática de los territorios. La negociación de La Habana terminó reducida, en gran medida, a un proceso entre actores armados, dejando en un segundo plano la voz directa de muchas comunidades afectadas por la guerra.

Esta restricción participativa obliga también a revisar críticamente el compromiso del Estado colombiano a nivel regional y local. Más allá de los hoy cuestionados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el modelo de negociación no logró construir un marco sólido de participación institucional y comunitaria en los territorios. De haberse desarrollado con mayor profundidad, este enfoque territorial habría permitido identificar con mayor precisión el alcance real de los grupos criminales en diferentes regiones, e incluso fortalecer estrategias locales para enfrentarlos.

Al invisibilizar el nivel local dentro del diseño de la negociación, el proceso no solo limitó la participación territorial, sino que tampoco delimitó con claridad el papel de las instituciones regionales ni evaluó el peso que continúan teniendo las élites regionales —legales e ilegales— en la transformación de las condiciones sociales y económicas de las comunidades. En Colombia, la historia —y también la evidencia estadística— demuestra que los grupos hegemónicos locales, tanto económicos como políticos, suelen limitar, obstaculizar o bloquear procesos de cambio.

A ello se suma otro elemento central: el modelo transicional no planteó una reforma estructural del sector defensa, pese a que este tipo de transformaciones constituye el ABC de cualquier proceso de justicia transicional. Las consecuencias de esta omisión se evidencian no solo en el conflicto armado actual, sino también en el manejo de la conflictividad social en general, como ocurrió durante el estallido social de 2021, marcado por una respuesta estatal predominantemente represiva, punitiva y el mantenimiento de un paradigma de enemigo interno.

Tampoco se produjeron reformas sustanciales —ni siquiera debates estructurales— en torno a la política criminal, que debería establecer una estrategia clara frente a fenómenos delictivos estrechamente vinculados al conflicto armado. Entre estos aspectos se encuentran, por ejemplo, la reducción de la carga punitiva sobre los eslabones más débiles de las economías ilícitas, o el desmantelamiento efectivo de las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país.

La interacción entre élites regionales, debilidad institucional en los territorios y ausencia de reformas en los sectores de seguridad y política criminal tiene hoy consecuencias visibles en la consolidación de la paz: la persistencia de gobernanzas criminales locales, la expansión de los cultivos de coca —fenómeno que no puede reducirse a una simple explicación rentista del conflicto— y la creciente operatividad de economías ilegales en las zonas fronterizas.

Estos factores no actúan de manera aislada. Por el contrario, se superponen, se mezclan y se retroalimentan, afectando negativamente dos etapas fundamentales de cualquier proceso transicional: la consolidación y la estabilización de la paz.

Paradójicamente, el proceso de paz colombiano de 2016 suele presentarse hoy en escenarios internacionales como un nuevo paradigma exitoso de construcción de paz, centrado en el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, este enfoque tiende a reducir el conflicto armado a una relación binaria entre víctimas y victimarios, mediada por el Derecho Internacional Humanitario y los marcos normativos globales, cuyo alcance real hoy se encuentra cada vez más cuestionado, diría, colapsado.

El problema de fondo radica en que este modelo transicional aplicado sigue haciendo parte de esta industria global de pacificación, aplicada a contextos de guerra o a países considerados estratégicamente relevantes (por recursos o por estrategia geopolítica) dentro de los procesos de securitización occidental (liderado por la OTAN). La evidencia empírica, sin embargo, sugiere lo contrario: en muchos casos, los países que adoptan estos modelos terminan enfrentando nuevos ciclos de violencia o profundizando sus desigualdades económicas bajo esquemas de liberalización económica impuesta.

Por ello, cualquier intento futuro de negociación en Colombia debería incorporar con mayor seriedad los aspectos redistributivos, no solo en términos de acceso a la tierra, sino también en la reducción de brechas económicas y sociales (acceso a bienes y servicios propios del estado de derecho). Igualmente, resulta indispensable considerar el peso institucional, político y criminal de las regiones, así como la necesidad de reformas profundas en el sector seguridad y en la política criminal.

Solo integrando estos elementos será posible reducir de manera más contundente la probabilidad de que el conflicto colombiano resurja nuevamente en su dimensión más belicosa.

[1] PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Fellow Research – Geneva Graduate Institute

[2] La importancia de la justicia transformativa en la construcción de paz | EL ESPECTADOR

[3] Violencia y conflicto armado en Colombia: razones por las que el posconflicto y los acuerdo de paz crean otros grupos armados

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Es clave mencionar que, aunque que se materializaron más de 70 capturas por extorsión en lo que va del año, persiste la preocupación por una especie de “puerta giratoria” jurídica, ya que el MinDefensa reportó que cerca del 90% de los capturados en flagrancia terminan recuperando la libertad.

En Barranquilla, el termómetro más preciso de la inseguridad ya no está solo en los boletines judiciales ni mucho menos está en las cifras de homicidio. Está en la vida cotidiana. Está en la terraza vacía, en el negocio que baja las esteras más temprano, en el tendero que mira dos veces antes de contestar el celular, en la familia que aprende a no preguntar demasiado. La extorsión dejó de ser un delito periférico para convertirse en una forma de gobierno criminal. No solo saca dinero, este tipo de renta, impone obediencias, regula rutinas y reordena el uso del espacio urbano. Cuando una ciudad empieza a vivir así, el problema ya no es únicamente policial; es político, social y moral.

La Encuesta de Percepción Ciudadana (Barranquilla como Vamos, 2024) mostró que solo 4 de cada 10 barranquilleros se sentían seguros en la ciudad, un dato que ayuda a entender por qué el miedo dejó de ser una percepción aislada y se volvió parte de la atmósfera social. Durante las últimas elecciones Hubo barrios donde la propaganda política dejó de depender de partidos o convicciones y pasó a depender del permiso criminal. No importaba quién hablara ni qué defendiera, sino quién pagaba para entrar.

Desde octubre de 2025, el Gobierno abrió reuniones exploratorias con autoridades locales para evaluar diálogos con Los Costeños y Los Pepes, y en diciembre de 2025 formalizó esos acercamientos exploratorios mediante la Resolución Ejecutiva 442. Ahora bien , Mientras no se toque de manera estructural la economía extorsiva que financia y organiza el control territorial, no habrá paz urbana sostenible sino apenas pactos llenos de fragilidades dentro de una misma gobernanza criminal.

¿Quiénes extorsionan? No una abstracción llamada “delincuencia”, sino toda una arquitectura criminal muy concreta. La Defensoría del Pueblo identificó en el área metropolitana la presencia de estructuras como Los Costeños y Los Pepes, esta última surgida de disputas internas por el mando dentro del universo de Los Costeños. A esas organizaciones se les atribuyen homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, microtráfico y narcomenudeo.

Tampoco es cierto que este fenómeno golpee de manera uniforme. Sobre este delito subyace una compleja geografía del crimen bastante clara, aunque cada vez más expandida. La Defensoría ha advertido patrones persistentes en el suroriente, el suroccidente, la localidad Metropolitana y el Norte-Centro Histórico. En 2020 señaló barrios como La Chinita, La Luz, Rebolo, Simón Bolívar, Las Nieves y El Ferry en el suroriente; Las Malvinas, Los Olivos, La Pradera, Las Gardenias, La Paz y Villas de San Pablo en el suroccidente; y Barranquillita, San Roque, Montecristo, El Rosario, Centro y La Loma en el Norte-Centro Histórico. En 2023 agregó sectores de la localidad Metropolitana como Siete de Abril, Santo Domingo, Carrizal, La Sierrita, Santa María, Ciudadela 20 de Julio y el corredor de la carrera 8.

Y ahí aparece la consecuencia más grave de todas: el deterioro de la ciudadanía. La familia que deja de sentarse en la terraza, el comerciante que prefiere negociar antes que denunciar, el conductor que aprende qué ruta no recorrer, el vecino que calla para seguir vivo: todos están adaptándose a una autoridad de facto.

La extorsión destruye negocios, encarece la operación comercial, desplaza economías legales, profundiza el miedo y fortalece el dominio territorial de quienes cobran. Pero además produce algo más profundo: normaliza que en ciertos sectores la regla no la pone el Estado, sino quien tiene la capacidad de amenazar, castigar y matar.

*Alejandro Blanco Zuñiga es Dr. en Ciencia Política

En el marco de esta Comisión, el gobierno de Gustavo Petro promovió la desestigmatización de la coca, el desarrollo alternativo, la reducción de daños, la revisión crítica del sistema global de fiscalización y más recientemente las fallas de los indicadores sobre la producción de cocaína. A pesar de que en todos estos casos hay más discursos que avances, la política de este gobierno ha sido sancionada (recordemos que Colombia fue descertificada por Estados Unidos) o en el mejor de los casos vista “con desconfianza” y cautela.

Mientras Colombia sea el principal exportador de cocaína tendrá un margen muy estrecho en la comunidad internacional para llevar a cabo cambios reales en su política de drogas. En el caso que diéramos pasos para regular el cannabis o la hoja de coca, los países “aliados” no van a dar validez a los mismos argumentos de flexibilidad en la implementación de las Convenciones de Drogas, que sí han aceptado para Estados Unidos y Uruguay. De manera que el país no puede salirse de su esfera de influencia que es el derecho internacional y el multilateralismo.

Los clubes cannábicos son un tema que sin duda nos llevará a conversar otra vez sobre el compromiso del Estado colombiano en la implementación de la política global de drogas. El país es muy vulnerable en el contexto de cambio de orden internacional. Estos clubes son asociaciones privadas sin ánimo de lucro que vinculan a personas usuarias a un circuito cerrado de producción y distribución colectiva. Se entienden como una extensión de la autonomía personal y la libertad de asociación para generar una cadena de aprovisionamiento para adultes. El modelo habita la zona gris de la legalidad y existe en varios países. En Colombia existen aproximadamente 46 clubes cannábicos y hasta una federación. Mucho se ha discutido sobre la distribución al margen de una solución de mercado para minimizar los riesgos de esta zona gris y las restricciones constitucionales vigentes en el país.

Ese es el debate jurídico a nivel nacional. Sin embargo, si el país sigue siendo un actor importante para la revisión crítica del sistema global de fiscalización de estupefacientes que se aproxima, está obligado a mantener el respeto por el multilateralismo y el derecho internacional, incluso debe argumentar por qué regular los clubes no es contrario a las convenciones. Acá algunos puntos para iniciar la conversación.

Las Convenciones limitaron el comercio de ciertas sustancias a fines médicos y científicos, y para lograrlo establecieron un sistema de fiscalización que incluye medidas penales. El artículo 33 de la Convención de 1961 establece que los Estados sólo permitirán la posesión de estupefacientes “con autorización legal”, mientras que el artículo 36 dispone que conductas como la compra, la distribución o la preparación (entre muchas otras) deben ser delitos. El Convenio de 1971 recomendó a los Estados dar tratamiento a las personas que hacen “uso indebido” de sustancias en vez de sancionarlas penal o administrativamente. Mientras que la Convención de 1988 obligó a los Estados a aumentar las penas, ampliar la cantidad de conductas y restringir los beneficios penitenciarios para los infractores de las leyes de drogas.

Pero si uno lee la letra pequeña de las Convenciones y sus interpretaciones autorizadas, puede encontrar argumentos para armonizar el modelo de clubes de cannabis. Por ejemplo, las disposiciones de las Convenciones se aplican con “arreglo a [las] constituciones” de los Estados. De manera que el país, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, puede definir qué es un uso indebido de drogas, cómo sería un régimen de autorizaciones para la operación de mecanismos de distribución sin ánimo de lucro y cómo extender la protección del uso personal a colectivos cerrados. Así, el Convenio de 1971 no considera como un incumplimiento que los Estados permitan la adquisición de drogas para el consumo personal.

Es decir, no existe una obligación por parte del Estado de penalizar el uso indebido de sustancias o “la posesión de una pequeña cantidad de una de esas sustancias con el fin de venderla para poder costear su propia dependencia”, incluso el mismo criterio se aplica para la persona que posee una pequeña cantidad de sustancia para proporcionarla a un amigo sin contraprestación.

De esta manera, a pesar del desorden internacional y el futuro ciertamente hostil a las reformas, la invitación es a pensar argumentos para defender internacionalmente cualquier regulación que saque a los clubes cannábicos de la zona gris. Por ejemplo, reconocer que el modelo de los clubes funciona también como una apuesta comunitaria para reducir riesgos y daños, así como permite mejorar la protección de la salud, que en últimas es el propósito declarado de las Convenciones. Los derechos humanos, según la Constitución, están por encima de la prohibición, eso mismo aplica para defender las reformas y avances discursivos que el mismo régimen internacional de fiscalización ha tenido en la última década.

*Abogado y sociólogo, investigador en política de drogas, particularmente enfocado en la regulación del cannabis y la hoja de coca.

**Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

En nuestro país se realizaron las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas para escoger candidatos a la Presidencia de la República en 2026. Antes y después de estos comicios, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente la posibilidad de un fraude, dada la vulnerabilidad del software que se utiliza para escrutar los votos. A su vez, ha exaltado la libertad del voto de la ciudadanía como un objetivo fundamental y ha censurado la compra de votos como una de las prácticas más graves contra la democracia.

Además de las preocupaciones del jefe de Estado, hay otra realidad inocultable: la alteración del orden público, las matanzas, la permanente amenaza de los violentos contra los pobladores de diferentes municipios del país, así como la actuación criminal de clanes políticos. Esto no es una sospecha ni verdades a medias sobre un fraude electoral; son hechos y situaciones ciertas, graves, notorias y diarias que, sin embargo, desde el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública no se contrarrestan de forma contundente y efectiva.

La Defensoría del Pueblo advierte sobre la persistencia de riesgos electorales en el territorio nacional y señala que la respuesta del Estado para mitigarlos alcanza solo un cumplimiento parcial. La entidad “registra 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral”. El veto, la estigmatización y la imposición de reglas de conducta se imponen a la población civil y se extienden a los candidatos.

La coacción también se ejerce contra servidores públicos; se hostiga y se asesina a miembros de la Fuerza Pública a lo largo del territorio nacional. La suspensión de elecciones en algunos municipios o el traslado de los puestos de votación son medidas transitorias y de escasa trascendencia. El mayor riesgo para la democracia consiste en que se realizan elecciones en algunas zonas del país donde el reporte de las autoridades es de normalidad, pero en realidad son lugares donde no hay libertad para votar y obedecer a quienes están al margen de la ley se convierte en la única alternativa.

Una rápida mirada a las recientes elecciones del 8 de marzo permite concluir que en algunas mesas de votación hay inconsistencias, ello no significa que se esté ante unas elecciones fraudulentas. El sistema electoral cuenta con etapas y controles en los procedimientos; aun así, si los procedimientos administrativos no son suficientes, existe la vía judicial. El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que “el fraude no está en el procesamiento de los votos, está en la coacción a las personas y la compra de votos”.

La mecánica de conteo de votos y sus resultados ciertamente prevé controles conforme a la ley; en cambio, con los permanentes enfrentamientos armados en los territorios, los fusiles apuntando y los millones de pesos circulando públicamente, no hay voto libre, se destruye la titularidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si a lo anterior se suman los pactos, acuerdos o coaliciones políticas con condenados, protagonistas de escándalos o personas inescrupulosas, se genera fraude electoral. Sin embargo, estos asuntos se han normalizado y el tratamiento de las autoridades es marginal y secundario, una especie de complicidad arropada con un discurso moralista.

Los instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, coinciden en que todos los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos políticos de su país, sin discriminación y sin restricciones indebidas. Por ello, la vulneración de los derechos humanos de los electores —en especial de la libertad de expresión y circulación— contraviene la soberanía popular y la legitimidad del poder político.

Lo que esperamos los ciudadanos es que exista un máximo esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean libres. No más comunicados tibios de la Procuraduría ni procesos judiciales o disciplinarios que no avanzan. Tampoco basta con propaganda gubernamental pidiéndoles a los ciudadanos amenazados que voten o denuncien, cuando lo que cunde son las alianzas políticas con los corruptos y la utilización de dineros públicos para favorecer intereses particulares.

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Arnulfo, nació el 15 de enero de 1985 en la Vereda Sirguaza, de Mongüa, Boyacá, del hogar integrado por Yolanda Pérez Merchán y Carlos Julio Pesca Maldonado, ambos asesinados. Su padre en 1987, en medio de una riña; su madre en 1998 por guerrilleros del Frente 38 de las FARC.

Pesca Pérez creció al lado de su hermano Flover Fermín, un año menor, en la casa de los abuelos maternos. La misma casa que una noche fue asediada por uniformados que se hicieron pasar por guerrilleros del ELN, cuando realmente eran del Ejército. Los ultrajaron, torturaron, los amenazaron con matarlos “si no decían dónde están las armas”.

Aproximadamente a mediados del año 2003, Arnulfo con la primaria cursada, cumplidos 18 años, se fue a prestar el servicio militar al Batallón de Artillería No. 1 “Tarquí”, con sede en Sogamoso. A los tres meses salió de permiso y no regresó porque la guerrilla del ELN lo amenazó con hacerle daño a él y a su familia si volvía al batallón, bajo el argumento que tenía mucha información de la vereda. Arnulfo siguió sus labores agrícolas en la vereda Sirguazá. Pero unos nueve meses después, un 29 de marzo de 2004, unidades militares llegaron a su lugar de trabajo, lo ejecutaron con tres disparos y simularon un combate. Su cuerpo fue llevado por los militares, nunca se supo más de su suerte y paradero. Quedó en el ambiente una de las frases de un militar “eso les pasa a los desertores del Ejército”.

Su hermano no denunció por miedo, pero en el año 2018 se atrevió a solicitar documentación de su hermano Arnulfo Pesca Pérez al Batallón de Artillería No. 1 “Tarquí”, donde había empezado a prestar el servicio militar, pero el teniente coronel al mando, le negó toda información.

En 2024, una investigadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) visitó Mongüa, se enteró que la familia Pesca tenía un ser querido desaparecido, fue a la casa al final de la tarde, pero aún no llegaba del trabajo el hermano de Arnulfo. Pacientemente esperó fuera de la casa, hasta que pasadas las diez de la noche llegó Flover Fermín y volvió la esperanza a la familia de saber sobre la suerte y paradero de Arnulfo. La búsqueda se inició desde una toma de ADN.

Nadie sabía que, en diciembre del 2021, la Fiscalía había exhumado cinco cuerpos en el cementerio de Sogamoso, uno de ellos con el rótulo de “NN Alias Pesca Pesca Arnulfo”, al que le habían tomado un año después una muestra genética, la cual fue relacionada con la de Flover Fermín y se logró en el 2025 la confirmación que dicho cuerpo era sin lugar a dudas Arnulfo Pesca Pérez.

Luego de muchas insistencias, de trabas burocráticas o falta de respuestas del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, con mucha persistencia se logró programar la fecha de entrega, en la sala de la casa del hogar de la familia campesina de Arnulfo.

En la sala de la casa de su familia, lo esperaban su hermano, la esposa de su hermano, la hija de su hermano, el abuelo materno con quien crecieron, su tía, su primo hermano, con decenas de familiares y amigos. A la sala de la casa llegó Arnulfo en un pequeño cofre, llevado por la coordinadora del GRUBE, un odontólogo forense, uno de los investigadores de la DIJIN, una psicóloga y un trabajador social de la UARIV, la investigadora de la UBPD que inició la búsqueda desde la toma de muestra de ADN a su hermano, una comunicadora de la UBPD (porque la familia solicitó que todo el proceso de entrega fuera público, para que otras familias se contagien de la esperanza que sí es posible encontrar a las víctimas de desaparición forzada). También acompañamos la entrega digna desde la Fundación Hasta Encontrarlos, el P. Javier Giraldo sj, quien es miembro honorario de la fundación y también parte del equipo del Cinep, y quien escribe este relato, testigo de un momento sin precedentes.

Se inició con un momento simbólico en torno a la memoria de Arnulfo Pesca Pérez, recordando su vida, lo que hacía, lo que le gustaba, sus proyectos y anhelos, sus aficiones, la pesca, el fútbol, el trompo, el tejo y el billar, un ser humano que contagiaba alegría, simpático, de ojos que se veían azules y verdes, cabello rubio, con más de 1,80 de estatura, cantaba música llanera, le gustaba la bandola, era un agricultor, pero tenía una especial destreza para rozar. Quería algo más para su vida, salir al mundo, y pensó que prestando el servicio militar se le abrirían las puertas para ello.

Luego siguió un momento acompañado por la Unidad para las Víctimas - UARIV, que permitió reconstruir la historia familiar, donde se pudo entender cómo “el hecho victimizante” no es uno, sino todo un conjunto de hechos y contextos. A pesar de los sucesivos hechos y contextos de victimización y persecución a ARNULFO, a su hermano, a su abuelo, a su tía, a su primo hermano, a su familia, nunca han sido reconocidos como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Una de las miles de familias que formalmente no son reconocidas como víctimas en el país por la UARIV.

La Fiscal, coordinadora del GRUBE, explicó a la familia el proceso de búsqueda. De una manera muy responsable informó sobre los diferentes documentos existentes en el proceso, rasgos de esa verdad anhelada, aún esquiva, que yace en los archivos militares que se deben abrir. La funcionaria comunicó a la familia, que días antes de la entrega, se había dado traslado del proceso a un fiscal de derechos humanos, quien se compromete a adelantar una investigación para esclarecer la verdad y lograr justicia. El forense, de una manera pedagógica, explicó los hallazgos en el proceso de exhumación, en los análisis de antropología forense, de odontología y genética, mientras la familia puede observar cada uno de los huesos de Arnulfo y en ellos encontrar los rasgos de esa verdad esperada. “Los huesos hablan”, dicen qué le hicieron, cómo lo hicieron, y hasta señalan a los responsables.

Fue un momento reparador el reencuentro de sus familiares y Arnulfo, en sus huesos, en su nombre, en su rostro, en su historia.

En la noche, lo que es una tradición en la despedida de nuestros muertos, una velación en el hogar, en ese que te vio nacer, en ese que te da la despedida. Una tradición rota desde el negocio de la muerte de las funerarias, que te obliga a ser despedido en una helada sala de velación, por donde desfilan ataúdes sin parar. La familia, los amigos y allegados de Arnulfo lograron velarlo en la sala de la casa, rezarle un santo rosario, compartir el tinto y el pan.

Al siguiente día, el P. Javier presidió la eucaristía, los símbolos sobre el cofre con los restos óseos de Arnulfo: el crucifijo, la biblia, la luz, el agua, las flores, junto a ellos el rostro y nombre de Arnulfo Pesca Pérez, en la única imagen que la familia logró salvar, la de la primera comunión, cuando tenía como once o doce años, al lado de su mamá. El texto del profeta Ezequiel del valle de los huesos secos, las canciones de la misa de los pobres, la reflexión siempre profunda de Javier, la consagración del pan y el vino, la paz y la comunión, para salir cantando hacia el cementerio a dos horas de camino, al encuentro con la comunidad de la vereda Sirguazá, que acompañó a Arnulfo y a su familia.

Allí, al lado del cuerpo de su madre y su padre, yace ahora Arnulfo Pesca Pérez, observando las montañas donde creció, esperando que su familia logre mayor verdad de la que ya logramos saber sobre su suerte y paradero, que se allanen caminos de justicia desde el fiscal de derechos humanos, donde hemos decidido que continuará el caso en una apuesta por creer que, ante tantas pruebas existentes, es imposible que no se logre la justicia y una reparación a una sucesión de hechos de violencia sociopolítica de los que ha sido víctima la familia Pesca Pérez.

“Habrá un día / en que todos / al levantar la vista, / veremos una tierra / que ponga libertad”. “Hermano, aquí mi mano, / será tuya mi frente, / y tu gesto de siempre / caerá sin levantar / huracanes de miedo / ante la libertad”. “Haremos el camino / En un mismo trazado / Uniendo nuestros hombros / Para así levantar / Aquellos que cayeron / Gritando libertad”.

*Pablo Cala, filósofo, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos

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Los procesos no se detienen. Las declaraciones, apuestas y acciones que realizamos día a día suelen ser invisibilizadas por el sistema patriarcal, pero la fuerza de la juntanza de mujeres conscientes y consecuentes las hace volar.

Dos hechos recientes nos invitan a la reflexión: el saqueo de la Casa de la Mujer en Bogotá, ocurrido el 16 de febrero, y el Manifiesto con 20 preguntas dirigido al expresidente Andrés Pastrana, respaldado por más de 170 mujeres periodistas, columnistas y escritoras.

La Casa de la Mujer, organización feminista fundada en 1982, nació en medio de la guerra y de graves violencias contra las mujeres que ni siquiera eran reconocidas como violaciones de derechos. Décadas después, sigue asumiendo uno de los mayores retos del país: construir la paz con justicia social y con participación activa y paritaria de las mujeres.

¿A quién incomoda esa labor? A quienes han cometido actos de violencia y no quieren enfrentar la justicia. A quienes prefieren ocultar su vergüenza y sus delitos. A quienes odian a las mujeres, y una somos todas. Los responsables actuaron en la oscuridad y se llevaron información que los comprometía, sin saber en cuál de los 15 computadores estaba.

¿Qué ha hecho el gobierno distrital? Esperamos respuestas, alcalde Carlos Fernando Galán. No fue un hecho menor ni aislado. Están en juego los derechos de las mujeres: el derecho a una vida libre de violencias. Esta agresión afecta a quienes integran la corporación, a las que aparecen en las bases de datos, a las que reciben servicios de la Casa… a todas.

El mensaje es claro: también se busca intimidar a las organizaciones de mujeres que defienden sus derechos. En tiempos de campañas presidenciales, es urgente preguntar a candidatos y candidatas por su compromiso con el 52% de la población colombiana. Nuestros avances y retrocesos están sobre la mesa. Basta mirar hacia Argentina, Centroamérica o más allá: en las crisis y en el ascenso de la derecha y ultraderecha, los derechos de las mujeres quedan al borde del abismo. Políticas públicas, presupuestos, instituciones, leyes, lenguaje… todo se pone en riesgo. Seguimos.

El segundo hecho relevante es el manifiesto #NoAlPactoDeSilencio #PastranaResponda. Se trata de un compromiso ético de mujeres que se unieron para exigir respuestas a quien fue jefe de Estado (1998-2002) por su relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, según documentos desclasificados en Estados Unidos. Hablamos de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El manifiesto no es un juicio ni una condena: son preguntas. El Estado debe investigar y juzgar; las periodistas y la sociedad civil tenemos derecho a preguntar. Queremos conocer las acciones de quien dirigió el país y contó con la confianza de sus electores. Andrés Pastrana debe responder.

Las mujeres insistimos, persistimos y trabajamos para obtener respuestas sobre hechos documentados que hacen referencia a un expresidente. El silencio de Pastrana socava su credibilidad. Puede ser inocente o culpable, pero debe hablar y la justicia actuar. Callar es normalizar comportamientos de quienes han tenido o tienen poder.

Entre las preguntas planteadas:

• En 2025, Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento al funcionario Todd Blanche haberlo conocido a usted en un pub de Dublín y que lo vio dos veces en el avión de Epstein. ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?
• De acuerdo con lo que usted ha señalado, las fotos publicadas en los Archivos Epstein en los que  aparece al lado de Ghislaine Maxwell fueron tomadas en la base militar de Tolemaida, en el marco el Plan Colombia, durante su presidencia “entre junio y julio de 2002”, al final de su periodo residencial. ¿Con qué fin la invitó al país? ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita? ¿Por qué Maxwell (una invitada, extranjera) lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial colombiana (FAC)? El coronel (r) Julio César Londoño Giraldo, instructor que aparece en una de las fotos con Maxwell, afirmó en Blu Radio que el vuelo en Black Hawk sí se llevó a cabo. ¿Quiénes, entonces, fueron parte de la cadena de mando que autorizó dicho vuelo? ¿El ministro de Defensa, Gustavo Bell, tenía conocimiento de estas invitaciones a empresarios e inversionistas en el marco del Plan Colombia, como usted mismo lo afirma? ¿Qué recursos del Estado se utilizaron en esta visita a Tolemaida?
• ¿Por qué se ha rehusado por más de cinco años a pronunciarse a fondo sobre este asunto de interés público?
• ¿Estaría dispuesto a tener una conversación pública para contestar estas preguntas?

Responder no es un favor: es una obligación ética y política frente a las mujeres y frente a la sociedad.

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En Colombia, el enfoque de la política de drogas ha sido uno de los ejes estructurales del conflicto armado, de la expansión del poder punitivo del Estado y de la relación entre ciudades principales y municipios alejados e ignorados. Lo que está en juego este 8 de marzo es si el país consolida una transición definitiva hacia un enfoque basado en derechos humanos y evidencia, o si revive respuestas punitivas que han mostrado límites claros y costos profundos.

En este contexto, la política de drogas ofrece un prisma para evaluar candidaturas más allá de etiquetas partidistas. ¿Reconocen la evidencia empírica sobre los límites del prohibicionismo? ¿Diferencian entre eslabones de la cadena? ¿Están dispuestas a poner límites al poder punitivo del Estado cuando este afecta derechos fundamentales?

Regulación del uso adulto del cannabis: coherencia o hipocresía normativa

El Congreso que se elija tendrá en sus manos la posibilidad de retomar -o seguir dejando en visto- la regulación del uso adulto del cannabis. Colombia reconoce el consumo como un ámbito protegido por la jurisprudencia constitucional y cuenta con una regulación de cannabis medicinal. Sin embargo, mantiene en la ilegalidad el uso adulto, alimentando una incoherencia normativa que fortalece al mercado ilegal y reproduce la selectividad penal.

La regulación es un debate sobre racionalidad estatal e implica liberar capacidad judicial y policial para concentrarse en estructuras violentas, al igual que reducir la criminalización desproporcionada en razón de la edad y la clase. También supone reconocer que el prohibicionismo no ha erradicado el consumo, pero sí ha generado costos sociales y fiscales significativos.

Un Congreso adverso puede cerrar esta discusión bajo el discurso de la “mano dura”, perpetuando la paradoja de un país que exporta cannabis medicinal bajo estándares internacionales, pero que no regula y, por el contrario, criminaliza el uso adulto en el mercado interno.

Fumigación aérea con glifosato: límites al poder y protección de derechos

Otro frente crucial es la eventual reactivación de la fumigación aérea con glifosato. Más que un debate técnico sobre erradicación, estamos ante una discusión sobre los límites del poder estatal. La experiencia de décadas mostró impactos en salud, ambiente y medios de vida de comunidades campesinas y étnicas, así como grandísimas dudas sobre la eficacia sostenida de esta estrategia para reducir cultivos.

El Congreso tendrá un rol determinante en el control político, la asignación presupuestal y la orientación normativa que incluso cierre la puerta, por vía legislativa, de esta forma de intervención sobre territorios históricamente marginados. Respaldar o no esta política es, en últimas, una definición sobre si pesa más la presión por mostrar resultados rápidos o la obligación de proteger derechos fundamentales y cumplir con los estándares constitucionales de precaución, participación y evidencia.

Tratamiento penal diferenciado: cumplir el Acuerdo de Paz o vaciarlo

El Acuerdo Final de Paz reconoció algo que durante décadas fue ignorado: no todos los eslabones del narcotráfico son iguales. Personas campesinas cultivadoras en contextos de ausencia estatal no pueden ser equiparadas con redes criminales transnacionales. El tratamiento penal diferenciado busca introducir racionalidad y justicia material en la política criminal, evitando que el encarcelamiento masivo rural siga siendo la respuesta automática.

El Congreso 2026-2030 será clave para profundizar o bloquear estos desarrollos (en un escenario de Comunes, posiblemente saliendo del Congreso). Así que, mayorías inclinadas al endurecimiento penal podrían seguir frenando la implementación o introducir reformas que vacíen su espíritu. Sin diferenciación, la política de drogas corre el riesgo de volver a ser un mecanismo de reproducción de desigualdades y sobrecarga carcelaria, sin afectar de manera significativa a los eslabones más poderosos y violentos de la cadena.

Reparar los daños de la guerra contra las drogas

Hay un tema que nunca ocupa el centro del debate electoral: las víctimas de la propia política de drogas. La “guerra contra las drogas” también produjo daños y hay millones de comunidades afectadas por fumigaciones, personas privadas de la libertad por delitos no violentos, mujeres criminalizadas por economías de supervivencia, familias fragmentadas por el encarcelamiento masivo.

Colombia no puede eludir la pregunta por estos impactos. Medidas de revisión de condenas, enfoques restaurativos e inversión prioritaria en territorios más golpeados son parte de una conversación pendiente. Un Congreso comprometido con los derechos humanos debería abrir este debate sin temor a la estigmatización.

El 8 de marzo no decidimos si el Estado seguirá respondiendo con castigo indiscriminado o si se atreverá a gobernar un fenómeno complejo con racionalidad, evidencia y responsabilidad democrática. Entre 3.231 nombres y 284 curules, lo que está en juego no es solo una agenda sectorial, es el tipo de relación que queremos entre política criminal, democracia y derechos humanos en los próximos cuatro años.

*Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH.

*Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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