Al menos 13.800 personas enfrentan afectaciones de restricciones a la movilidad, suspensión del transporte y confinamientos en las cuencas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, en medio de los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Calarcá Córdoba y con el que el Gobierno de Gustavo Petro tiene una mesa de negociación en el marco de la paz total.

La cifra incluye a más de 6.300 habitantes de Puerto Guzmán; más de 5.800 de Puerto Leguízamo y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje; y 488 núcleos familiares confinados en el departamento del Amazonas, que incluyen a 1.706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).

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La alerta fue emitida este 15 de mayo por la Defensoría del Pueblo, luego de que circulara “un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán”, escribió la entidad.

Las consecuencias ya se reflejan en la vida cotidiana. La Defensoría describió que “estas comunidades han reportado graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales”.

Según alerta la entidad, en Putumayo fue suspendido el transporte público fluvial y también el transporte escolar para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y algunas rutas del río Putumayo. En Caquetá, por su parte, la suspensión afectó el sector oriental de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano.

Además, las comunidades ribereñas del río Orteguaza también están afectadas, y los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos se encuentran en “una situación de riesgo extremo”, escribió la Defensoría en el pronunciamiento.

La entidad subrayó que no se trata de hechos aislados. Desde diciembre de 2025 ha emitido “cinco oficios de consumación por confinamientos, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados”, además de haber advertido la situación en la Alerta Temprana 001 de 2025.

La crisis también amenaza las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Defensoría alertó sobre “las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán”, lo que podría dejar a comunidades rurales sin posibilidad de votar en los comicios.

Las exigencias al gobierno y a los grupos armados

Ante la magnitud de la crisis, la entidad pidió fortalecer la presencia institucional y exigió al Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías una respuesta articulada para “proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos”.

A los grupos armados, la Defensoría también les dejó un mensaje: “la población civil no puede ser sometida a paros armados, confinamientos ni restricciones a la movilidad. Instamos a estos grupos a levantar cualquier limitación impuesta contra las comunidades, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar a la misión médica”.

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El panorama actual del conflicto armado en el país ha venido mostrando una contradicción entre el aumento de la fragmentación de los grupos armados, su falta de cohesión y de mando y al tiempo cómo han venido fortaleciendo su presencia territorial, su capacidad económica y militar.

Esa es una de las principales conclusiones del informe El poder armado en expansión, de la Fundación CORE, que analiza la evolución de las principales estructuras armadas entre 2018 y 2025 y advierte que varias organizaciones ilegales atravesaron profundas fracturas internas sin que eso significara una reducción de su capacidad de guerra.

“La mayoría de los grupos armados organizados entre 2018 y 2025 se fortalecieron en lo militar, lo económico y lo político”, concluye el documento, aunque “en lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión”.

De hecho, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro inició los diálogos de paz con algunas de esas estructuras, esos grupos -que habían quedado dispersos tras abandonar o no firmar el Acuerdo de Paz de 2016- estaban resolviendo cómo convertirse en organizaciones armadas.

“El Estado Mayor Central (De Iván Mordisco) y el EMBF (de Calarcá Córdoba) intentaban pasar de la coordinación a la verticalidad, pero terminaron divididos; y la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, al mando de Walter Mendoza) crearon una organización sombrilla, pero terminaron separados”, concluye el informe.

Aunque gracias a esa fragmentación el país hoy tiene cuatro grupos armados -algunos más débiles que otros- el Gobierno solo tiene dos mesas activas. Una con la disidencia de Calarcá y otra con la de Mendoza.

El caso más representativo es el de las disidencias de las FARC. Según el informe, el entonces Estado Mayor Central de Mordisco, venía intentando desde años atrás consolidar bajo un solo mando a múltiples grupos armados regionales que operaban de forma relativamente autónoma.

Sin embargo, el proceso nunca terminó de consolidarse. “Un comandante de frente en ese momento describía la relación interna como ‘unas coordinaciones’”, relata el documento.

Con el inicio de la política de Paz Total, ese intento de cohesión tomó mayor relevancia. El informe afirma que “en abril 2023, el EMC tuvo su primera reunión presencial de todos sus comandantes en los llanos del Yarí, propiciada por el gobierno nacional en su mesa de negociación con el grupo”.

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En otras palabras, y a la luz no solo de las divisiones que se han presentado sino de hechos posteriores, el Gobierno puede estar negociando con comandantes que no necesariamente controlan ni tienen capacidad de mando sobre las estructuras que dicen representar.

Un ejemplo reciente se da con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La responsabilidad del crimen apunta hacia el Frente 36, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes(EMBF), la disidencia comandada por Calarcá Córdoba y con la que el Ejecutivo mantiene una mesa de negociación.

Sin embargo, la respuesta de la disidencia fue que el asesinato del periodista “jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y afirmó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.

La estructura afirmó que “de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.

El hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados que se ha venido presentando con varias estructuras armadas ilegales en el país en los últimos años. Por un lado, las divisiones que se vienen presentando dentro de ese grupos-la misma disidencia de Calarcá se creó por una fragmentación con el Estado Mayor Central-y por consecuencia, que el Gobierno negocia con estructuras que no tienen mando, cohesión y capacidad de responder políticamente por sus hombres en los territorios.

Para CORE, uno de los riesgos de ese proceso era que las negociaciones terminaran fortaleciendo internamente a grupos que todavía estaban en proceso de reorganización. “Si el proceso fracasaba, el grupo hubiera salido más fuerte gracias al gobierno”, advierte el informe.

La Segunda Marquetalia vivió una situación similar. El grupo encabezado por Iván Márquez intentó consolidar una alianza nacional con los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, pero el proyecto terminó fracturado y ahora el Gobierno solo dialoga con la CNEB de Mendoza. .

Detrás de las fracturas, dice el informe de CORE, hay disputas sobre liderazgo y tomas de decisiones, recursos económicos y, por supuesto, sus visiones sobre lo que debería ser y/o hacer en el grupo armado, entre otros.

Más combatientes y más territorio ganado por los Grupos Armados Organizados

Esa flexibilidad ayuda a explicar por qué la fragmentación no produjo necesariamente una reducción de la violencia o del poder armado. Mientras varias estructuras se dividían, también expandían su presencia territorial y fortalecían economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales.

Un punto importante es que el documento sostiene que el período de expansión de los grupos armados organizados en Colombia, no solo compromete al gobierno de Gustavo Petro, sino que este fenómeno venía desde la administración de Iván Duque.

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El informe señala que la mayoría de los grupos armados crecieron en capacidad militar, presencia territorial, poder económico y control político. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue el grupo armado ilegal que más se fortaleció o que se fortaleció en todos sus aspectos -especialmente durante el gobierno Petro-, seguido del ELN y de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente, lideradas por Calarcá Córdoba, y del Estado Mayor Central e Iván Mordisco.

Sobre el ELN, el documento señala que “por su parte, es un caso más difícil. En el sentido estricto militar, de municipios con injerencia, desde 2018 se ha expandido, pero en los últimos años en lo militar, se ha estancado. Una parte de su expansión que sí ha mantenido ha sido por trabajo político”.

“El debate público suele enfocarse solo en la dimensión militar, pero es importante analizar todas”, señala el informe, que estudia cinco dimensiones del fortalecimiento armado: militar, económica, organizacional, política e ideológica.

Este panorama ha conllevado al crecimiento sostenido del número de integrantes de los grupos armados. Según cifras de la Fuerza Pública citadas por CORE, en 2018 había 12.883 integrantes en los principales grupos armados organizados. Para 2022 la cifra subió a 15.120 y, a diciembre de 2025, alcanzó 27.121 miembros.

Otros informes como el de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de enero de este año también coinciden con esa cifra.

Esto representa un aumento de más del 110 % entre 2018 y 2025 y de 79 % entre 2022 y 2025. Por ejemplo, el ELN pasó de 4.857 integrantes en 2018 a 6.810 en 2025.

Las disidencias de las Farc también mostraron crecimiento. El EMC y el EMBF, que hasta 2024 eran contabilizados como una sola estructura, pasaron de 3.749 integrantes en 2018 a 6.977 en 2025.

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En el caso del EGC o Clan del Golfo, el informe registra un incremento de 3.632 integrantes en 2018 a 9.840 en 2025. “El EGC ha logrado un crecimiento sostenido, sobre todo desde 2022 hasta 2025”, señala CORE.

“Es importante recordar que una parte de esta dinámica es por la inclusión de nueva información para actualizar las cifras año a año. Al mismo tiempo, el EGC ha estrechado sus relaciones con organizaciones con las que tenía una relación de tercerización, lo cual ha aumentado la cantidad de personas consideradas integrantes directas del grupo”, dice el documento.

Asimismo, el informe advierte que este crecimiento ocurre a pesar de capturas, muertes en operaciones militares, sometimientos y desmovilizaciones. “Los grupos tienen que reemplazar sus integrantes perdidos si quieren, al menos, mantener su poder militar actual”, indica el documento.

Expansión territorial de los Grupos Armados Organizados

La mayoría de los grupos armados ampliaron su presencia territorial. En el caso de la guerrilla del ELN, esta pasó de tener injerencia en 135 municipios en 2018 a 219 en 2025. El Clan del Golfo, por su parte, pasó de 179 municipios a 292 en ese mismo período.

El EMC creció de 61 municipios a 133, mientras que el EMBF pasó de 30 a 113 municipios. Sin embargo, no todos aumentaron su presencia en las mismas regiones.

Por ejemplo, el Clan del Golfo reportó un incremento especialmente en la costa Caribe, Montes de María, Magdalena Medio y Chocó.

El EMC, por su parte, se fortaleció en Amazonas, Huila, Tolima y Valle del Cauca, mientras que el EMBF avanzó en Antioquia, sur de Bolívar y parte del centro del país.

En el caso del ELN, este grupo no solo se expandió militarmente, sino también mediante trabajo político y redes de milicianos. El informe asegura que en 2025 esa guerrilla tenía injerencia en 219 municipios: en 169 operaban estructuras militares, en 101 sus milicianos y en 62 desarrollaba trabajo político.

Reclutamiento y adaptación de los Grupos Armados Organizados

El informe de CORE plantea que el fortalecimiento militar de los grupos armados está ligado a una alta capacidad de adaptación frente a las operaciones estatales. Aunque los combates entre Fuerza Pública y grupos armados aumentaron en los últimos años, las organizaciones ilegales continuaron creciendo.

Según datos citados en el documento, en 2025 hubo 563 combates entre Fuerza Pública y grupos armados, frente a 408 en 2024 y 294 en 2023.

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Pese a las ofensivas, los grupos armados han desarrollado estrategias para resistir la presión militar. Entre ellas menciona el uso de drones, restricciones a la movilidad de las comunidades y mayores controles sobre la población civil. Esto último, por ejemplo, lo hemos visto en departamentos como Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

Otro punto importante y que ha vuelto a despertar preocupación por el crecimiento de integrantes en estos grupos es el aumento del reclutamiento, especialmente desde la pandemia. El informe señala que, durante el trabajo de campo realizado por la organización, “las comunidades, autoridades, organizaciones y otros actores locales reportan que han percibido un incremento en reclutamiento por los grupos armados ilegales”.

Además, sostiene que los grupos han diversificado sus métodos de reclutamiento mediante redes sociales como Facebook y TikTok y el uso de reclutadores independientes.

El informe insiste en que el fortalecimiento de los grupos armados no puede explicarse únicamente por la política de Paz Total del gobierno Petro.

Atribuir todos los problemas de seguridad a esa política sería una lectura simplista, según CORE. “Terminar con la Paz Total por sí solo no llevará a mejoras en seguridad, pues es necesario ajustar otras políticas adicionalmente”, afirma el documento.

Sin embargo, también advierte que ignorar el impacto que pudo tener la estrategia de negociación sería equivocado. “No hay nada que revisar en las negociaciones que han ocurrido” sería otra conclusión equivocada, añade el informe.

Finalmente, se concluye que tanto el gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro “tenían la responsabilidad de cambiar esta tendencia y ninguno pudo”.

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El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre el sometimiento a un “juicio revolucionario” de dos investigadores del CTI en Arauca y dos policías secuestrados revivió una práctica de las guerrillas en Colombia: la imposición de mecanismos de castigo y control en una suplantación de la justicia del Estado.

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Aunque el término volvió a tomar fuerza tras el comunicado del ELN, los llamados “juicios revolucionarios” no son nuevos. Durante décadas han sido usados por distintos grupos armados ilegales para sancionar supuestas faltas internas, resolver disputas o castigar deserciones dentro de sus propias filas.

“Todas las guerrillas, en muchos momentos, utilizan el juicio revolucionario como una suerte de suplantación de justicia. Casi siempre era por conductas internas, por mal comportamiento, por indisciplina”, explica la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, a Colombia+20.

Según la investigadora, se trataba de mecanismos sin sustento legal en los que las guerrillas decidían castigos. “Se decía ‘juicio revolucionario’ y se imponían castigos o, a veces, pena de muerte, que eran ejecuciones dentro de la guerrilla”, agrega.

En el caso del ELN, este tipo de prácticas estuvo marcado por la línea impuesta por Fabio Vásquez Castaño, uno de los fundadores de esa guerrilla. Durante años –dice la investigadora– dentro del grupo recurrieron a estos procesos para castigar desacuerdos internos o conductas consideradas contrarias a la moral de la organización.

“A veces ajusticiaban hasta a mujeres por supuesta mala conducta. Eso ha pasado toda la vida y son de las peores cosas. Dentro del ELN fueron muy famosos los hermanos Vásquez Castaño, porque eran de gatillo fácil en eso”, señala.

Con el anuncio sobre llos agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, —secuestrados en mayo y junio de 2025—, la preocupación es que “puede pasar de todo (...) Desde prolongar la retención hasta escenarios más graves”, advierte Bonilla.

La oficina de ONU Derechos Humanos rechazó el anuncio del ELN y recordó que se trata de una “privación arbitraria de la libertad” que constituye “graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario #DIH, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales".

El “canje humanitario”, otra práctica conocida en la guerra

Junto con el anuncio del “juicio revolucionario”, el ELN volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un “canje humanitario”, una figura que ha aparecido de manera recurrente en distintos momentos del conflicto armado.

Según la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), el “canje humanitario” —en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)— “se refiere al intercambio de heridos en el campo de batalla. En Colombia hace referencia al intercambio de personas privadas de la libertad por cualquier motivo en el marco de un conflicto armado”.

Alejandra Sanabria, esposa del policía Hoyos Murcia, señaló que la guerrilla les planteó esa posibilidad. “Hablan de un cuatro por cuatro, pero no sabemos con quiénes ni cómo sería”, dijo.

No es la primera vez que el ELN plantea este tipo de intercambios. De hecho, durante la negociación de esa guerrilla con el gobierno de Gustavo Petro —suspendida desde enero de 2025 por la arremetida violenta en el Catatumbo—, el grupo también propuso fórmulas similares bajo la figura de “alivios humanitarios” para personas encarceladas con enfermedades graves o terminales.

Es una práctica que fue característica de las antiguas FARC. En 2001, por ejemplo, el comisionado para la paz Camilo Gómez anunció un acuerdo humanitario con esa guerrilla para el intercambio de 42 soldados y policías enfermos —secuetsrados por las FARC— por 15 guerrilleros en prisión con problemas de salud.

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En promedio, cada día del primer trimestre de 2026 unas 442 personas vieron restringida su movilidad por cuenta del conflicto armado en Colombia, con base en las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo. La entidad registró 39.807 personas afectadas en 26 eventos de confinamiento durante ese periodo. En solo tres meses, esa cifra equivale a casi un tercio de las 128.825 personas confinadas durante todo 2025.

El reporte, que hace seguimiento mensual a la población en movilidad humana, advierte sobre la magnitud de estas dinámicas y su impacto en el acceso a derechos básicos en distintas regiones del país.

De acuerdo con la entidad, Cauca habría sido el departamento más afectado por el confinamiento, con 9.395 personas impactadas. En solo tres meses de 2026, la cifra ya alcanza cerca del 53 % de los casos registrados en ese territorio durante todo 2025 (fueron 17.767 personas afectadas), lo que evidencia la persistencia de esta violencia. La movilidad de las comunidades se vio restringida principalmente en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí.

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“Le siguieron a Cauca los departamentos de Chocó (7.765 personas confinadas), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). La situación da cuenta de la concentración del confinamiento en regiones con alta presencia de actores armados ilegales y débil presencia institucional”, se lee en el comunicado de la Defensoría.

Según añade el documento, los grupos que estarían detrás de los confinamientos son el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

“Mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes”, advierte la Defensoría.

El informe señala además que al menos 17 comunidades étnicas resultaron afectadas por el confinamiento, “lo que evidencia impactos desproporcionados sobre poblaciones con especial protección constitucional”.

Magdalena, el departamento más afectado por desplazamiento forzado

La Defensoría advierte que todas estas formas de violencia “se enmarcan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada, en el que convergen múltiples factores de riesgo”. Uno de ellos es el desplazamiento forzado, que en el primer trimestre de 2026 dejó 7.668 personas afectadas en 40 eventos masivos.

El departamento de Magdalena concentró la mayor afectación, con 1.960 víctimas en ese periodo. Esta cifra estuvo marcada por disputas territoriales entre las las ACSN y el Clan del Golfo en la zona rural de Aracataca. En ese municipio, enfrentamientos entre estos grupos provocaron en febrero el desplazamiento forzado de al menos 46 familias (más de 170 personas), según alertó la Defensoría.

Los otros departamentos más afectados fueron Norte de Santander (1.876) y Cauca (1.434).

La entidad reiteró la necesidad de fortalecer la articulación institucional para garantizar una atención oportuna y sostenida a las comunidades afectadas por desplazamiento y confinamiento.

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Los vehículos quedaron reducidos a chatarra y el asfalto fue arrancado de tajo; un cráter de 20 metros de diámetro que partió la carretera en dos y que los testigos contemplaban, como si buscaran una explicación a la tragedia. La escena ocurrió este sábado 25 de abril cuando, según indican las autoridades, El Estado Mayor Central (EMC) -la disidencia de Iván Mordisco- habría instalado y detonado una bomba en la vía Panamericana, en Cajibío (Cauca).

El saldo del ataque es devastador y dejó en luto al departamento: 21 muertos. Fue la masacre número 47 y la más cruenta de 48 que ha registrado Indepaz en lo corrido del año, en un 2026 que ya marca la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

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“Este hecho no solo enluta a las familias, sino que confirma el nivel de degradación del conflicto en el suroccidente del país. Lo ocurrido es la materialización de riesgos que ya se habían advertido en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, dijo en un video Leonardo González, director de Indepaz.

En esas alertas, añadió, se señalaba el control territorial, la imposición de normas y el uso de la violencia por parte de estructuras armadas como los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, del EMC. “Hoy vemos cómo esos riesgos se convierten en tragedias concretas contra la población civil”, indicó.

El Cauca es solo uno de los 19 departamentos afectados por masacres este año. También se han registrado en Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Tolima, Cesar, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Caldas, Casanare, Atlántico, Huila, Córdoba, Putumayo, Magdalena, Risaralda y Santander. En total, 44 municipios han sido impactados.

Marzo ha sido el mes con más eventos, con 14 masacres. Abril, con 12, es el segundo mes con mayor número de hechos y acumula 63 víctimas mortales. Sin embargo, el mes más letal del año sigue siendo enero, con 66 asesinatos, cuando ocurrió una masacre en El Retorno (Guaviare), donde 27 personas fueron asesinadas. En marzo se registraron 42 víctimas y en febrero, 28.

En lo que va de 2026, Indepaz ha registrado 30 mujeres asesinadas en masacres en Colombia. La mitad murieron justamente en el ataque en Cajibío. Tenían entre 26 y 78 años. Eran campesinas. Viajaban en buses y carros particulares por la vía Panamericana cuando los explosivos fueron activados.

Once de ellas iban en la chiva de José Ciro Puliche —el conductor, que también murió— y venían de La Palma, una vereda de no más de 500 personas en el corregimiento La Pedregosa, declarada territorio de paz en 2023.

Las cifras desde la firma del Acuerdo de Paz

Desde enero de 2016 hasta abril de 2026, Indepaz ha registrado 742 masacres en Colombia —en promedio casi dos por semana durante una década—. En total, 2.723 personas asesinadas, entre ellas 136 menores de edad.

Durante los primeros años desde la firma del Acuerdo de Paz, los números fueron más bajos. El pico llegó entre 2020 y 2022: en promedio, más de una masacre cada cuatro días. Luego las cifras bajaron, pero el descenso no fue sostenido.

El año pasado cerró con 78 masacres y lo que va de 2026 ya supera, en promedio diario, cualquier año desde que Indepaz lleva el registro.

Todo esto ocurre a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, en un contexto en el que los grupos armados han intensificado su presencia y su violencia en los territorios que controlan, mientras las alertas institucionales siguen sin traducirse en protección efectiva para la población civil.

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“Promesas rotas”. Así se titula el más reciente informe de violencia contra defensores de derechos humanos del Programa Somos Defensores. Son dos palabras que resumen y cuestionan lo que se documentó a lo largo de 2025, el año más letal para los liderazgos sociales durante el gobierno de Gustavo Petro, según indica el documento. Es también, en últimas, un reclamo frente al mandatario y su discurso que, en la práctica, no terminó de consolidarse.


Fueron 165 los defensores asesinados en ese período, y en total 874 las agresiones registradas contra 783 de ellos. Es decir, en promedio, Colombia amaneció cada día del año pasado con más de dos ataques contra quienes defienden los derechos humanos en sus territorios. “No solo es el año con la cifra de violencia selectiva más alta que se ha presentado en este Gobierno, sino que es el año que registra en tercer lugar la cifra más alta si uno compara con el registro de lo sucedido en los últimos 15 años”, explica a Colombia+20 Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de DD. HH. (SIADDHH).


Frente a ese contexto, el informe dice que “el actual Gobierno Nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”.


El documento, publicado a cuatro meses de la salida de Petro de la Casa de Nariño, no solo cuenta los muertos, sino que también pregunta por qué siguen muriendo. “Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al ‘fracaso de la paz total’, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública”, dice el balance. Es decir, para Somos Defensores el problema es más profundo y más viejo: una cadena de omisiones que atravesó todo el gobierno.


Se trata de una cifra que no llegó sola, Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por la violencia y el conflicto armado en 2025, “una cifra que se triplicó comparada con el año inmediatamente anterior y que, en algunas agresiones como los confinamientos y los desplazamientos, alcanzaron los índices más altos desde el 2013”, advierte el balance.

“A la luz de estos hechos, reiteramos que el actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, se lee en las páginas del documento que se hizo con el apoyo de la Real Embajada de Noruega y de Misereor, Diakonia, Amnistía Internacional, Pan Para el Mundo, Global Witness y la Unión Europea.

El informe, publicado a cuatro meses de la salida de Petro de la Casa de Nariño, no solo cuenta los asesinatos. También pregunta por qué siguen muriendo los defensores. “Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al ‘fracaso de la paz total’, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública”, dice el balance. Es decir, para Somos Defensores el problema es más profundo y más viejo: una cadena de omisiones que atravesó todo el gobierno.

Tres años –alerta el informe– pasaron sin que se adaptaran las medidas necesarias para garantizar la protección de los liderazgos, aun cuando en el discurso el presidente ha insistido en su protección. “Pronunciamientos del jefe de Estado no coinciden con las actuaciones administrativas encargadas de adoptar medidas frente a los escenarios de riesgo que enfrentan las personas defensoras”, advierte el documento.


Además, señala que la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa operando bajo lógicas tradicionales que no han logrado frenar las agresiones. “Siguen reproduciendo prácticas viejas, que no han evitado la materialización de agresiones en distintos contextos”. Aunque se han anunciado procesos de modernización, el informe concluye que estos cambios aún no se reflejan en garantías reales para la vida e integridad de quienes defienden los derechos humanos.


“Hay un modelo de protección vigente que es altamente eficaz en medidas de protección individual, como un botón de pánico y un chaleco, pero no enfocadas en medidas preventivas”, expresa Quinche.


Otro ejemplo que advierte Somos Defensores es que la Corte Constitucional había declarado en 2023 un Estado de Cosas Inconstitucional y ordenado medidas urgentes mediante la Sentencia SU-546. “Se esperaba que la voluntad política del primer gobierno progresista y las órdenes contenidas en la Sentencia SU-546 dinamizaran una agenda nacional de garantías que venían jalonando buena parte de las organizaciones que apoyaron permanentemente a este Gobierno”, denuncia el documento.


La impunidad y la violencia digital


A todo ese panorama se suma lo que el informe llama el problema crónico en avance de investigaciones: del total de asesinatos verificados entre 2002 y septiembre de 2025, solo el 12 % ha tenido sentencia condenatoria.

Es una impunidad que se ve también reflejada en materia de violencia digital –hackeos, inhabilitación de perfiles y campañas de odio en redes–, donde la situación es igual de sombría: de 266 casos documentados por la Fiscalía General de la Nación, ninguno llegó a una etapa de juicio. Solo uno de esos casos se encontraba en fase de investigación.


“Eso es alarmante, porque esto quiere decir que estos casos no están avanzando en debida forma, además de no ser certificados en forma correcta. Y, además, dentro de esos 265 casos, el 40 % estaban inactivos. Entonces, la Fiscalía no cuenta ni con un procedimiento adecuado ni tampoco avanza en los casos que recibe”, explica Quinche.


Son acciones que anteceden a los mismos asesinatos. Según documentaron, en 2025 aumentó el número de personas asesinadas que ya habían sido víctimas de ataques previos. “Es muy importante ligar las agresiones que anteceden muchas veces al hecho mayor de gravedad, que son los asesinatos”, señala.


Asimismo, insiste en que la violencia digital sigue siendo subestimada, pese a su impacto directo sobre los liderazgos sociales. “Busca no solamente acallar e infundir miedo a una persona, sino también muchas veces desprestigiarla”, explica, y advierte que esto golpea la legitimidad de quienes defienden derechos, que depende en gran medida del reconocimiento de sus comunidades.

Denuncias de ejecuciones extrajudiciales


El segundo semestre de 2025 también estuvo marcado por el giro militar del Gobierno. Desde febrero de ese año, cuando el general (r) Pedro Sánchez asumió el Ministerio de Defensa, retornaron los bombardeos y la militarización de territorios.

En ese contexto, comunidades de Cauca, Arauca y Guaviare denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales. “De hecho, la actual cartera de Defensa tiene la obligación moral, legal y política de esclarecer cómo fue el accionar de la Fuerza Pública en los hechos ocurridos en 2025, en los que fueron asesinados María Mariela Monsalve Tobón, Luis Fernando Sánchez Caicedo y Ned David Valencia Rodríguez”, alerta el informe.


El Cauca, una vez más, concentró los índices más altos de violencia contra defensores. Los pueblos Nasa, Awá y Wiwa figuran entre los más golpeados.

Quinche explica que junto con ese giro en la ofensiva militar también identificaron alertas por la falta de escucha a actores civiles en medio de crisis humanitarias en regiones disputadas por esas estructuras, como Catatumbo, Cauca y Guaviare.

“No se ha escuchado debidamente a las instancias civiles y a los representantes de distintos sectores, como organizaciones cívicas -juntas de acción comunal y otros, que han hecho llamados para que, en el marco de los diálogos que mantiene el Gobierno con algunas estructuras armadas dentro de la Política de Paz Total, se tengan en cuenta unos mínimos en los que se respete a la población civil. Esto es muy dramático de cara a varios de estos departamentos, donde hay disputas entre actores armados ilegales que pertenecen a distintos grupos y que tienen un comportamiento muy dinámico”, señala.


Somos Defensores advierte que transformar el sistema de protección no solo cobra vidas, sino que retrasa los cambios que el país necesita para que defender derechos deje de ser en Colombia un acto de valentía extrema.

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La corriente se vuelve más pesada bajo el cargamento de madera. Son tablas sobre tablas, amarradas con flejes azules, que esperan a la orilla en el municipio de Riosucio, en Chocó. Al fondo, el río Atrato también aguarda. Ha sido obligado no solo a prestar sus aguas para transportar esa carga que pronto invadirá su cauce, sino a convertirse en la ruta de salida de una mercancía ilícita que terminaría en los mercados de Europa.


La escena de 2019, pero que se ha repetido incontables veces en esta zona del Pacífico colombiano, muestra la región del Bajo Atrato chocoano en un día cualquiera; uno de tantos marcados por la tala ilegal, que se ha convertido en uno de los principales ingresos en Chocó del Clan del Golfo, la estructura armada que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que hoy está en una mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro.

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Esa economía de guerra cruza el Atlántico y prende las alertas en varios países del Viejo Continente, donde madera extraída de manera ilegal estaría llegando camuflada como si fuera legal.


Lejos del destino final de esa mercancía, el departamento de Chocó pierde su selva. Las cifras dan cuenta de la magnitud del daño y del riesgo que enfrenta además uno de los pulmones del mundo, mientras las comunidades —sobre todo indígenas y afrodescendientes— siguen sumidas en un conflicto socioambiental.


Según el más reciente informe de monitoreo de bosque y deforestación del IDEAM, Chocó es uno de los cinco departamentos que concentraron el 73 % de la deforestación nacional en 2024. En ese periodo, la pérdida de bosque fue de 6.338 hectáreas, un aumento de 364 hectáreas frente a 2023, cuando se perdieron 5.974 hectáreas. “Entre las principales causas identificadas se encuentran la praderización, la ganadería extensiva y la extracción ilegal de madera”, dice a Colombia+20 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.


El registro que dejó una cartografía realizada por las comunidades es más alarmante. Según se expuso en un informe del año 2024 del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep), más de 65.000 hectáreas fueron deforestadas a corte de 2023. Este número, advierte el documento, equivale a dos veces la ciudad de Medellín. Sin embargo podría ser incluso mayor, pues el área analizada no cubre la totalidad del territorio chocoano.


Esa alerta fue la que llegó al Parlamento Europeo el pasado marzo. Las eurodiputadas Cristina Guarda, de Italia, y Rima Hassan, de Francia, elevaron dos preguntas formales ante la Comisión Europea, donde se busca saber qué cadenas comerciales están recibiendo esa madera, cuyo origen marca aún más el conflicto armado en Colombia.

Sus peticiones se dieron tras un encuentro en el que miembros del programa franco-colombiano Vamos por la Paz y del Cinep expusieron los resultados del informe “Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano”, en el que muestra las afectaciones al departamento de Chocó por la deforestación.


La primera de las preguntas de las eurodiputadas indaga sobre el riesgo de que las cadenas comerciales europeas vinculadas a Colombia estén conectadas con violaciones de derechos humanos o ambientales en Chocó, y sobre los mecanismos de monitoreo para prevenir estos impactos. La segunda aborda los proyectos financiados por la Unión Europea (UE) en Colombia, en el marco de la Global Gateway, y pregunta por las salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos, así como si la financiación a proyectos depende del respeto de los derechos territoriales de las comunidades involucradas.


La Global Gateway es una iniciativa de la UE de inversión mundial que, según la página de la Comisión Europea, pretende lograr un impacto transformador en diferentes aspectos, como el climático.


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Así, la participación de las comunidades, cuando ocurre, suele estar mediada por presiones económicas, falta de alternativas y control territorial. “Muchas veces participan en eslabones iniciales y de baja rentabilidad”, dice el subdirector del Cinep.


En ese contexto, algunas comunidades —especialmente afrodescendientes, históricamente guardianas del bosque— terminan siendo cooptadas. La cooperación de estas organizaciones se convierte en una cuestión de vida o muerte. “Hay organizaciones afrodescendientes que han tenido que transar directamente con los grupos armados algunas hectáreas de sus propios territorios. El resultado es la fragmentación del tejido social”, señala Bolaños.


La deforestación ilegal no es solo entonces un golpe al equilibrio ambiental, sino a las comunidades. El impacto —advierte Guerrero— es a la “seguridad alimentaria, el acceso a recursos, las prácticas culturales y la autonomía sobre sus territorios colectivos”.


Un punto en la mesa de negociación


Cuando culminó el primer ciclo de diálogos con el Clan del Golfo en Doha (Catar), el pasado septiembre, la mesa dio a conocer que uno de los acuerdos era justamente para temas ambientales. El documento señalaba que se constituiría un grupo de trabajo bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente para abordar problemáticas de “protección de cuencas, explotación de madera, fauna, impactos en la minería y expansión de la frontera agrícola”.


“Según la información que tenemos, este tema no ha tenido avances concretos ni un desarrollo visible, pese a su relevancia en territorios como el Chocó. Esto también responde a que no necesariamente es un asunto que el actor armado tenga interés en priorizar, ya que la explotación de madera hace parte de sus fuentes de financiamiento”, afirma Guerrero.


El tema es aún más complejo —añade— si se tiene en cuenta que en medio de la tala desmedida en Chocó, quedan en evidencia fallas en el control ambiental y territorial del Estado, incluidas a entidades públicas. “Su abordaje no depende solo de la voluntad del actor armado, sino también de la capacidad del Estado para enfrentar fallas estructurales en la regulación y trazabilidad de estas economías”, dice el subdirector del Cinep.


Esas fallas quedaron expuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado, cuando el Cinep y miembros de organizaciones sociales presentaron denuncias de las comunidades del Atrato que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al poder armado del Clan del Golfo.


“Tuvieron que ir hasta Miami para poder tener respuesta del Gobierno Nacional, porque tengo entendido que a nivel nacional no se pudo concertar las medidas de protección hacia las hectáreas. No hubo respuestas oportunas. Por esa misma razón, nosotros también fuimos ante la Unión Europea”, dice Bolaños.

¿Qué se está haciendo frente a la deforestación en el Bajo Atrato?

La velocidad con la que desaparece la cobertura boscosa en Chocó no da espera y requiere de acciones urgentes. Los efectos de la explotación de los bosques –alerta el informe del Cinep– son “desecación y sedimentación de fuentes hídricas, pérdida de fauna y flora, y aumento de las temperaturas”.

Por eso –señala Bolaños– buscan que al haber expuesto el problema de deforestación ante el Parlamento Europeo, el Estado adopte medidas más firmes para frenar la tala ilegal. “Queremos que, a través del Ministerio de Ambiente, haya un estudio institucional de si esas hectáreas se puede recuperar”, explica.

MinAmbiente dice que en articulación con el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), y ante las alertas que han recibido desde el Bajo Atrato por parte de comunidades étnicas y autoridades locales, “han venido implementando medidas orientadas a frenar la deforestación y avanzar en la recuperación de áreas degradadas”.

Entre esas acciones, según indica, se encuentran la coordinación entre entidades para priorizar y hacer seguimiento a casos estructurales. También el fortalecimiento de los controles territoriales junto con el Ministerio de Defensa.

Otras de las medidas que menciona son el impulso de estrategias de gobernanza con enfoque étnico que reconocen el papel de las comunidades como autoridades ambientales y “la promoción de modelos de uso sostenible del territorio que contribuyan a reducir las presiones sobre los bosques”.

Pero los procesos no vienen solo desde la institucionalidad. Las comunidades también se han organizado para hacer trabajos de reforestación en el bosque. “Hay iniciativas muy bonitas que apoyamos en la región. Las comunidades alrededor de esta situación también hacen un proceso de resistencia”, expresa Bolaños. Una de ellas de las que apoya Vamos por la Paz es la asociación agroambiental AGRAMAR.

Son los esfuerzos de comunidades que han visto cómo ese pulmón del mundo se desgasta frente a sus ojos. Y aunque resistan, no alcanzarán a ver su recuperación: según el informe del Cinep, expertos advierten que restaurarlo podría tardar entre 300 y 350 años.


Mientras tanto, en algún lugar de Europa, alguien seguirá usando una mesa, una silla o un mueble sin saber que detrás de ello tal vez hubo un arma, una amenaza, el uso de un poder férreo ante el que algún poblador del Chocó no tuvo más opción que someterse.


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Señalamientos, persecución, restricciones a la movilidad y afectaciones directas contra líderes y lideresas sociales: esas son algunas de las formas de violencia que hoy amenazan a la población de San José de los Chorros (Santander) y que evidencian la expansión del conflicto en la zona.

Así lo alertó la Corporación Jurídica Yira Castro en un comunicado emitido este 27 de marzo. “Nos preocupa especialmente que, una vez más, la población civil quede atrapada en medio de las confrontaciones (...) Este tipo de dinámicas no solo vulneran derechos fundamentales, también fractura profundamente el tejido social y comunitario”, se lee en el documento.

El deterioro de la situación humanitaria se da en medio de la presencia y movimientos de dos actores armados en la zona que están en una mesa de paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.

Este 24 de marzo, la Defensoría del Pueblo señaló que las ACSN habrían ingresado al territorio por el río Lebrija hasta el sector conocido como El Muelle.

“Según los reportes recibidos, presuntos integrantes de esta estructura armada retuvieron y sometieron a actos de tortura y posteriormente dieron muerte a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo”, señaló la entidad. Horas después –agregó – se conoció un segundo homicidio en la zona, que evidencia “un escalamiento alarmante de la violencia” y graves afectaciones a la vida, la integridad y la dignidad humana.

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La Defensoría señaló, además, que algunos habitantes han sido señalados de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo, mientras que presuntos miembros de las ACSN han lanzado intimidaciones y han manifestado su intención de confrontar violentamente a ese grupo, incluso en medio de la población civil, “advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.

Esa es la muestra cruda de una lógica que se repite en distintos escenarios de la guerra: los grupos armados dejan en el centro de sus confrontaciones a las comunidades, las acusan de pertenecer a uno u otro bando y las “castigan” con amenazas y violencia.

Ante ese panorama, la Corporación Jurídica Yira Castro advirtió que los efectos a se están extendiendo a otras comunidades cercanas, que enfrentan riesgos reales para su vida, integridad y permanencia en el territorio. Según la organización, “estas dinámicas han generado un clima de temor e incertidumbre” que trasciende los límites del lugar de los hechos y alcanza a poblaciones vecinas.

En territorios cercanos a escenarios de confrontación armada, como la vereda La Ceiba, esto se traduce en un aumento concreto del riesgo.

“Las comunidades pueden ser objeto de amenazas, control armado y territorial, restricciones en su movilidad y un mayor nivel de vigilancia y presión por parte de grupos armados. La proximidad territorial no puede traducirse en abandono ni en limitaciones para el ejercicio de derechos”, escribió la organización.

Las exigencias una respuesta estatal

La corporación hace un llamado a que “se garanticen plenamente los deberes del Estado en el territorio, evitando que las condiciones de violencia se conviertan en un obstáculo para la presencia institucional, el acceso a derechos y la atención a las comunidades”.

Además, advierte que la reiteración de estos hechos –incluso en zonas donde ya existían alertas tempranas– “evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora y la urgencia de una respuesta estatal efectiva, sostenida y con enfoque territorial”.

En efecto, la Defensoría ya había emitido la Alerta Temprana (AT) 016 de 2025 para San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, corregimientos del municipio de Rionegro, en el departamento de Santander.

Según indicó esa entidad en noviembre de 2025, la amenaza a ese territorio responde a dos factores que ya se evidencian. El primero, el interés del Clan del Golfo de expandirse para “consolidar desde el sur de Bolívar y Puerto Wilches su control sobre el narcotráfico y la extorsión, reactivando corredores que fueron dominados por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”.

El segundo, “la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desde el sur del Cesar, que desafía la hegemonía del EGC y genera una alta probabilidad de confrontación armada en medio de la población civil”. La Defensoría añadió entonces que a este escenario se suma la preocupación por una eventual presencia del ELN en labores de vigilancia.

En medio de los recientes hechos de violencia, la entidad pidió a la Alcaldía de Rionegro, a la Gobernación de Santander y al Gobierno nacional que implementen medidas urgentes para proteger a la comunidad.

Por su parte, la Corporación Jurídica Yira Castro reiteró su llamado al Estado e instó también “a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, integrales y sostenidas que garanticen la protección efectiva de las comunidades y prevengan la repetición de estos hechos”, tanto en el lugar de las confrontaciones como en las zonas aledañas.

Aquí puede ver el comunicado completo:

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El anuncio de Iván Mordisco no fue uno más. La decisión de cerrar el paso a organismos humanitarios marcó un nuevo punto en el endurecimiento de su postura y encendió alertas sobre la protección de la población civil, el acceso a ayuda humanitaria y el monitoreo de violaciones de derechos humanos en zonas bajo su control.

El 18 de marzo, el Estado Mayor Central (EMC), la estructura que comanda, anunció que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas bajo su control.

Las reacciones no han dejado de llegar desde entonces. Este jueves 19 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el anuncio. Según Marín, impedir la presencia de estos organismos bloquea el monitoreo de riesgos y deja a las comunidades sin acompañamiento. “En la práctica termina castigando a las comunidades”, advirtió.

La funcionaria también señaló que la decisión “vulnera el Derecho Internacional Humanitario”, al limitar la labor de protección de la población civil y agravar su situación de vulnerabilidad. Además, alertó que restringir o condicionar el ingreso de organismos humanitarios impide identificar riesgos en los territorios y limita el acceso a la atención para las comunidades.

El pronunciamiento del Estado Mayor Central había hecho -además-, sin presentar pruebas, señalamientos contra esta entidad. En el comunicado, la disidencia aseguró que la Defensoría ha emitido alertas tempranas “manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial”, y la acusó de contribuir a la “justificación de operativos militares”.

Ante esa acusación, Marín insistió en que las gestiones de la Defensoría son “imparciales, independientes y autónomas” y están orientadas a la protección de los derechos humanos en medio del conflicto.

“Nos preocupa que el intento de deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de nuestros funcionarios, funcionarias y colaboradores, quienes incluso en contextos adversos desarrollan un trabajo técnico, humano, riguroso, orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana”, dijo la defensora.

La reunión impulsada por el Ministerio del Interior para atender a las alertas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció. Este 19 de marzo señaló que a la Defensoría, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y al la MAPP/OEA “el Gobierno nacional siempre las ha respaldado en su importante labor que han hecho en el país y daremos las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones”.

Además anunció que se adelantaría una reunión para tomar “las medidas necesarias frente a estos hechos”.

El encuentro se llevó a cabo este mismo jueves con la participación de delegados de las organizaciones y del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.

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Durante la reunión, el funcionario hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que faciliten el tránsito de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y agregó que “el Gobierno nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país”.

Las reacciones de los organismos internacionales señalados por Mordisco

Horas antes de que se realizara la reunión, tanto la MAPP/OEA como la ONU se habían pronunciado.

“Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, señaló la MAPP/OEA y defendió la gestión que ha tenido en los territorios durante 22 años.

Aunque la Misión de Verificación de la ONU en Colombia no se ha pronunciado directamente, dos instancias de las Naciones Unidas sí lo hiceron.

La primera en emitir un comunciado fue la Coordinadora Residente y Coordinadora Humanitaria. “Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna”, escribió.

Horas después, ONU Derechos Humanos también se refirió a las restricciones que anunció Mordisco. La oficina expresó su preocupación y reiteró su exhortación a todos los grupos armados iliegales “a respetar las obligaciones derivadas del #DIH, lo que incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado”.

¿Cómo ha sido el actuar de Iván Mordisco?

Iván Mordisco fue el primer jefe disidente de las FARC. Su ruptura con la antigua guerrilla ocurrió incluso antes de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016.

El 6 de julio de ese mismo año, siendo comandante del frente primero Armando Ríos, anunció mediante un comunicado que no se desmovilizaría y que continuaría en armas. “Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo; independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera”, afirmó entonces. Ese tono anticipaba lo que sería su actuar en los próximos años.

Con más de tres décadas en la guerra, Mordisco se formó dentro de las FARC en el sur del país, especialmente en Guaviare y Vaupés. Según la organización InSight Crime, se especializó como francotirador y explosivista.

“El auge de Mordisco comenzó en 2008, cuando se desempeñó temporalmente como comandante del Frente 1 debido a la captura del entonces comandante Gerardo Aguilar, alias “César”. En 2009, Marco Fidel Suárez, alias “Kokoriko”, tomó el control del Frente, e Iván Mordisco se convirtió en jefe de la compañía de Orden Público del Frente 1 en Guaviare y Vaupés“, se lee en el portal de InSight Crime.

En 2022, el gobierno de Iván Duque lo declaró muerto, pero meses después reapareció en un video en el que manifestó su disposición a dialogar con la política de la paz total del presidente Gustavo Petro.

Aunque el Ejecutivo respondió e instaló una mesa de negociación con el grupo, los ataques contra la población civil no cesaron. El proceso se rompió tras una escalada de violencia, incluido el ataque del 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca), en el que fue asesinada la lideresa indígena Carmelina Yule Paví.

La decisión del Gobierno Petro también evidenció divisiones internas en el Estado Mayor Central. La discusión sobre si continuar o abandonar el proceso ante el levantamiento el cese al fuego fracturó al grupo: Mordisco quería levantar la mesa; Calarcá Córdoba, quedarse. Desde entonces hubo dos disidencias que hoy se enfrentan.

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En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en su contra por el delito de genocidio contra el pueblo indígena nasa, en el norte del Cauca, territorio que se ha convertido en uno de sus principales bastiones.

La disidencia de Mordisco ha sido señalado como responsable de múltiples ataques armados, en otros territorios como Valle del Cauca y Nariño, regiones donde mantiene fuerte presencia y control de economías ilegales como el narcotráfico.

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La decisión de la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco se impone como un castigo para las comunidades.

Este 18 de marzo, esa estructura denominada Estado Mayor Central (EMC) anunció que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a los territorios donde opera.

Según el comunicado, estas restricciones se justifican porque “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”.

La afirmación, realizada sin pruebas, cuestiona la legitimidad de estos mecanismos en terreno y abre un escenario de incertidumbre sobre la protección de las comunidades golpeadas de frente por la guerra.

En territorios con limitada presencia estatal, las misiones de verificación han sido esenciales para documentar violaciones de derechos humanos, mediar en situaciones de riesgo y facilitar operaciones de asistencia humanitaria.

Las preocupaciones sobre señalamientos a la Defensoría

Entre los puntos del comunicado de la disidencia de Mordisco que generaron alarma están las acusaciones contra la Defensoría, que señalan que la entidad habría emitido “alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial” y contribuido a “la justificación de operativos militares”.

Este jueves 19 de marzo, la Defensoría se pronunció. Según advirtió, los intentos de deslegitimar su trabajo obstaculizan la labor de funcionarias, funcionarios y colaboradores, quienes incluso en contextos adversos realizan un trabajo técnico y humano riguroso orientado a velar por los derechos humanos.

Señaló –además– que sus gestiones “son imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza”.

En su comunicado también lamentó la decisión del EMC y advirtió sobre su impacto directo en la población civil. “Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad. Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento”, escribió.

Según la Defensoría, restringir el acceso de sus funcionarios va mucho más allá de afectar su labor: es un castigo para las comunidades.

Las alertas sobre restricción en el ingreso de los organismos

La MAPP/OEA también rechazó el anuncio y defendió la gestión que ha tenido en los territorios durante 22 años.

“Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, señaló la organización en un comunicado emitido este 19 de marzo.

De los organismos señalados por Mordisco, el más reciente en pronunciarse fue la ONU, quien expresó su “profunda preocupación y rechazo” frente a estos anuncios. “Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”, advirtió.

Además, agregó que estas limitaciones “reducen la capacidad de brindar asistencia esencial de manera oportuna y de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables”, especialmente en zonas donde la presencia institucional es limitada.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también rechazó el anuncio. “En los territorios donde hay control y disputa armada, la presencia de organismos humanitarios y de verificación no es un problema: es una necesidad. Son estos mecanismos los que permiten visibilizar lo que ocurre, acompañar a las comunidades y activar respuestas frente a riesgos que, de otra manera, quedarían en silencio”, se lee en un comunicado.

Bloquear el ingreso de estos organismo que permiten acompañar a la población civil y activar alertas tempranas frente a emergencias aumentaría, entonces, el aislamiento y el control armado.

“No solo afecta la transparencia sobre lo que pasa en los territorios, sino que termina fortaleciendo dinámicas de control social armado, donde se regula quién entra, qué se dice y qué se conoce. Eso, en la práctica, deja a las comunidades más expuestas y con menos garantías”, escribieron desde Indepaz.

El panorama es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que esta disidencia no está en una mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2024, cuando el Ejecutivo decidió levantar el cese al fuego por los ataques de la estructura conta la población civil; en uno de esas acciones violentas murió Carmelina Yule Paví, lideresa indígena del pueblo Nasa del Cauca.

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Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de DD. HH. del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), expresó su a través de X: “Esto no es nada bueno y debe abordarse de urgencia, los impactos humanitarios en la región son desbordantes, esta limitación implicará un vacío en la atención a las víctimas y la protección. La acción defensorial son vitales no se pueden limitar o impedir”.

¿Dónde opera la disidencia de Mordisco y qué departamentos quedarían afectados?

Las afectaciones podrían extenderse a decenas de municipios en diferentes regiones del país. Según Insight Crime, a pesar de las fracturas internas que ha tenido esa estructura armada, el “EMC sigue siendo la estructura de las disidencias de las extintas FARC con mayor alcance territorial, número de combatientes y control sobre un amplio portafolio criminal”.

Las zonas donde hace presencia esa disidencia son el sur, oriente y occidente del país. Sus bastiones principales se encuentran en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, desde donde se han expandido a Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima y Huila. Además, operan en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en la costa del Pacífico.

Este escenario evidencia la gravedad del bloqueo y plantea un desafío inmediato para la labor de los organismos encargados de velar por los derechos de la población civil en territorios con limitada presencia estatal.

Lo que está en juego es la capacidad misma de monitorear lo que ocurre en territorios donde el conflicto armado golpea de frente a las comunidades.

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Aracataca se ha convertido en epicentro de la guerra que libran dos grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo –autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En medio de esa confrontación ha quedado la población civil, especialmente la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural de ese municipio del Magdalena.

Las cifras recientes de la violencia dan cuenta de la profundización del conflicto en la Sierra Nevada. Según fuentes del Ejército, tres integrantes de la comunidad indígena fueron asesinados en medio de los enfrentamientos y al menos nueve personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad. Con este hecho ya serían 26 las masacres registradas en lo que va de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Para el investigador Lerber Dimas Vásquez, lo ocurrido en esa zona de la Sierra Nevada evidencia una violación al Derecho Internacional Humanitario. Se trata de “la degradación de un conflicto que no respeta las reglas mínimas. Serankwa (padre de todo) es el sector indígena arhuaco de la cuenca del río Aracataca que está siendo arrasado con armas no convencionales”, escribió en su cuenta de X.

Frente a esta situación, organizaciones sociales, la diócesis de Santa Marta y defensores de Derechos Humanos enviaron una carta urgente este 10 de marzo a los grupos armados –ambos en una mesa de negociación con el Gobierno Petro– en la que piden detener los enfrentamientos y adoptar medidas humanitarias para proteger a la población civil.

En la misiva, las organizaciones advierten que varias comunidades rurales del municipio atraviesan una situación crítica. “Comunidades como Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku enfrentan hoy una situación crítica caracterizada por personas heridas, confinamientos, desplazamiento forzado, desapariciones y destrucción de viviendas y bienes de subsistencia, afectando gravemente la vida comunitaria y el ejercicio de sus derechos fundamentales”, señala el comunicado firmado por las organizaciones Vivamos Humanos, Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, Coordinadora Humanitaria, Asafronelman y Afroresilientes.

Las organizaciones también recordaron que las partes en conflicto tienen obligaciones frente a la población civil. “De conformidad con el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II relativo a los conflictos armados no internacionales, todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de: Respetar y proteger a la población civil que no participa directamente en las hostilidades”, agrega el documento.

En ese contexto, piden que se permita el ingreso de misiones humanitarias y adoptar medidas urgentes para aliviar la situación de las comunidades. En particular, solicitan declarar un cese al fuego en las zonas afectadas del municipio y habilitar un corredor que permita evacuar a los heridos y llevar ayuda a las poblaciones confinadas.

“Permitir y facilitar el establecimiento de un corredor humanitario temporal que permita la evacuación de personas heridas, el desconfinamiento de comunidades y el ingreso de ayuda humanitaria”, piden las organizaciones en el documento.

También recuerdan que los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de la Sierra Nevada son sujetos de especial protección constitucional. “Su protección es un deber ético, jurídico y humanitario que interpela a todos los actores”, se lee al final de la carta.

La apertura del corredor humanitario y los llamados de la Defensoría

Este 8 de marzo, durante la jornada de elecciones legislativas, los enfrentamientos en zona rural de Aracataca se recrudecieron.

Ante la situación humanitaria, la Defensoría del Pueblo pidió la apertura de un corredor humanitario para atender a las personas heridas y permitir el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas. La respuesta llegó dos días después. El 10 de marzo, la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional realizó una operación aérea de apoyo humanitario para evacuar a personas de la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural de Aracataca.

Entre las personas trasladadas hay niños, mujeres y varios heridos, quienes, según indicó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, serán atendidos en Santa Marta. Allí, las autoridades dispusieron atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

Este 11 de marzo, la Defensoría emitió un nuevo comunicado en el que informó que acompañó a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria en la zona.

La entidad también señaló que informó al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025 y pidió convocar de manera urgente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar acciones de protección y atención humanitaria en la zona.

“Reafirmamos nuestro enérgico llamado al denominado Clan del Golfo y a los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada a dar cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario, absteniéndose de dirigir ataques contra la población civil”, se lee en el comunicado.

Los acuerdos que han firmado el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra

El episodio de violencia en la Sierra Nevada pone en jaque los acercamientos del Gobierno con estos grupos en el marco de la política de paz total.

Tanto el Clan del Golfo como las ACSN participan en espacios socio-jurídicos de conversación con el Ejecutivo y, según recordó la Defensoría, en febrero habían asumido compromisos para respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.

El pacto más reciente fue el de las Autodefensas de la Sierra que el pasado 18 de febrero, tras una reunión en Bogotá, hicieron énfasis en el respeto de los derechos de la población civil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, el Clan del Golfo firmó un pacto de respeto a los comicios, que quedó consignado en el acuerdo del pasado 5 de diciembre, al cierre del segundo ciclo de conversaciones en Catar.

“La paz electoral va más allá del día de la votación. Implica el respeto a la participación política, a la libre expresión de los ciudadanos y al desarrollo normal de la dinámica electoral en los municipios”, afirmó el pasado enero Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa estructura, en entrevista con Colombia+20.

Pese a esos compromisos, los recientes combates en Aracataca muestran que la confrontación entre ambos grupos sigue afectando directamente a la población civil de la Sierra Nevada, que hoy enfrenta confinamientos, desplazamientos y una crisis humanitaria que amenaza con recrudecerse.

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Son catorce. Cargan fusiles. Están en la zona rural de Aracataca, Magdalena. No improvisan, posan para el video. Camuflaje, pasamontañas negros, la selva de fondo. Uno de ellos tiene la cara descubierta y es el único que habla. “Nos mantenemos en el terreno todavía. Las confrontaciones siguen. Esto apenas es el comienzo”, dice.

Esos hombres pertenecen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el video –de cuatro minutos y 38 segundos– es un mensaje para el Clan del Golfo, pero también para la población civil: la guerra por el control de las rentas ilegales continúa.

Antes de conocerse esa grabación, que fue difundida este 23 de febrero, los pobladores ya habían sentido los golpes de la disputa que libran esos grupos herederos del paramilitarismo. El desplazamiento forzado de 46 familias –tras las confrontaciones en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul– lo confirma. Fueron unas 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes, que tuvieron que salir del territorio, según el Comité de Justicia Transicional.

Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, explicó a Colombia+20 que aunque el conflicto entre esas estructuras armadas inició en 2018 en la zona urbana de Santa Marta, no se tenían antecedentes de una confrontación directa en la zona rural de Aracataca.

Desde el 2020 –señaló Trejos– la guerra se había trasladado hacia las partes medias y altas de la Sierra Nevada. Primero, se concentró en la zona de Dibulla, luego pasó a la zona rural de Riohacha y, en paralelo, al municipio de Ciénaga y Zona Bananera. “Pero lo que estamos viendo en Aracataca es inédito. Eso lo que indica es que la guerra se está expandiendo por todas las caras de la Sierra Nevada. La particularidad de este caso es que recientemente esa confrontación está causando afectaciones humanitarias que están dándole visibilidad”, dijo el investigador.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este 22 de febrero en el que alerta la gravedad de esa situación. “Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la población continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente”, escribió la entidad.

Es una advertencia reiterada. La Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 ya había señalado el riesgo alto en la Sierra Nevada y su área de influencia.

Los efectos de esa expansión en la situación de seguridad explican, además, la orden de Parques Nacionales Naturales de Colombia de cerrar el Parque Tayrona desde el pasado 17 de febrero. “Al final lo que estamos viendo es que los hechos le están dando la razón al ente nacional que tomó esa decisión”, afirmó el profesor Trejos.

Diálogos sin tregua

Ambos grupos armados -el Clan del Golfo y las ACSN- están dentro de los procesos de paz total del Gobierno Petro y recientemente han firmado acuerdos para no afectar a la población. Sin embargo, no han logrado pactar una tregua. “No hay un cese al fuego entre ellos. Mientras no ataquen a la Fuerza Pública, digamos, que ellos no están incumpliendo con la voluntad de paz. El problema que tienen estas confrontaciones son las afectaciones humanitarias que están causando”, dijo Trejos.

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Los daños son multidimensionales: familias encerradas, niños que no pueden ejercer su derecho a la educación, economías en riesgo de romperse. “Estamos hablando de territorios campesinos en los cuales la gente deriva sus ingresos muchas veces de la comercialización de los productos que siembran. No creo que haya posibilidad de comercializarlos”, recordó el investigador.

En medio de esos efectos queda, además, vulnerado el derecho al voto de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, aun cuando ambos grupos también han suscrito acuerdos con compromisos explícitos de respetar el desarrollo de los comicios. El más reciente fue el de las Autodefensas de la Sierra que se conoció el pasado 18 de febrero.

“No sabemos cuál es el impacto que van a tener estas afectaciones humanitarias sobre el desarrollo normal de las elecciones. Por lo menos, en las partes altas de la Sierra y en esa vereda particular de La fuente, es muy difícil que la gente hoy esté pensando en participación política, cuando lo que está tratando es de preservar la vida”, añadio el profesor Trejos.

A eso se suma que en la Sierra Nevada se elegirá una Circunscripción Especial para la Paz (Citrep) –también conocidas como curul de paz–, una figura creada para garantizar representación política en territorios históricamente golpeados por el conflicto y donde la presencia institucional es débil. Para Trejos, en medio de esta guerra, esa figura queda en juego y “precariza un mal de esos territorios”.

Según el informe “Mapas y factores de riesgo electoral” de la Misión de Observación Electoral (MOE), la guerra entre las ACSN deja a siete municipios de esa Citrep en riesgo medio. Entre ellos, Santa Marta, Ciénaga y Fundación, en Magdalena; Dibulla y San Juan del Cesar, en La Guajira; y Valledupar, en Cesar.

Los herederos del paramilitarismo: así se ha transformado el conflicto

Aracataca ya conoce esta historia, la de la violencia. El paramilitarismo la grabó en su tierra hace más de treinta años.

En febrero de 1993, las Autodefensas del Palmor —también conocidas como Los Rojas— entraron a una vereda, mataron a cuatro pobladores a los que acusaban de tener vínculos con la guerrilla y arrojaron tres cuerpos al río Tucurica. A sus familias las amenazaron para que no denunciaran y los expulsaron del territorio. El grupo tenía presenica en la región desde mediados de los años setenta, apoyado entonces por Hernán Giraldo Serna, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, que durante décadas controló el narcotráfico en la Sierra Nevada.

La violencia no paró. Nueve años después, Aracataca vio otro febrero teñido de sangre: en 2002, paramilitares llegaron a un restaurante sobre una carretera del municipio y dispararon. Siete muertos, dos de ellos hermanos. Las autoridades nunca identificaron al grupo responsable. Para ese momento, los hombres de Giraldo y los del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo –conocido como Jorge 40– se disputaban el narcotráfico en la Sierra Nevada.

Las AUC se desmovilizaron, pero sus dinámicas violentas siguen marcando el pulso de la Región Caribe a través de grupos como el Clan del Golfo y las ACSN. Para el profesor Trejos se trata de un reciclaje: “Muchos de los que hoy se confrontan vienen de las AUC y varios pertenecieron al Frente Resistencia Tayrona. Lo que vemos es un claro proceso de reciclaje de combatientes que traen todos los aprendizajes de su paso por las AUC y hoy los replican y actualizan”, explicó.

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La guerra de hoy tiene, entonces, miembros que vienen de los bloques paramilitares de hace 30 años, pero una lógica distinta. Ya no se trata de un conflicto entre grupos insurgentes contra grupos contrainsurgentes y el Estado. Es una guerra horizontal entre estructuas criminales. “No está motivada por disputas político-ideológicas, sino por el control del territorio y las rentas presentes en el mismo. Tenemos un grupo con una presencia territorial muy arraigada, que son las ACSN, y otro en proceso de expansión, que son los Gaitanistas”, explicó el investigador.

Es al final una disputa sin banderas políticas ni tregua que termina de golpear de frente a la política de paz total.

Sin un cese entre las estructuras y sin una presencia efectiva del Estado en el territorio, la expansión de este conflicto seguirá dejando a su paso desplazamientos y miedo. Y en Aracataca, donde el paramilitarismo algún día marcó a sus pobladores, el riesgo es que esa experiencia vuelva a repetirse bajo otras siglas.

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En medio de los diálogos con el Gobierno, la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) anunció que ordenaron a sus tropas a actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública, y rechazaron lo que califican como ofensivas militares simultáneas a la negociación.

En un comunicado difundido este 24 de febrero de 2026, esa disidencia -que está en un proceso de paz con el presidente Gustavo Petro- señaló que los recientes enfrentamientos con la Fuerza Pública en zonas de Caquetá y Guaviare han dejado muertos y capturados entre sus filas, lo que, a su juicio, demuestra que “el Gobierno decidió unilateralmente dialogar en medio de la guerra”, tras el fin del cese al fuego.

“Dado los ataques de la Fuerza Pública en ofensiva contra nuestras unidades (…) nos defenderemos con las armas del pueblo”, dice la comunicación, y agrega que “la orden a las tropas de las FARC-EP está dada: allí donde seamos hostigados, asediados y perseguidos (…) responderemos en legítima defensa”.

La disidencia también se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las que advertía de una ofensiva contra ese grupo armado.

El domingo, el ministro Sánchez dijo: “No hay cese al fuego, solamente hay la instrucción clara de afectar las estructuras criminales y aquellas economías ilegales. Uno de los objetivos principales es desmantelar la estructura del Frente 36 de la disidencia de Calarcá”.

En el comunicado, la disidencia responde: “Ante las declaraciones guerreristas del señor ministro de la Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez responderemos a sus amenazas”.

El pronunciamiento se conoce un día después de que Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán y jefe negociador de la disidencia en la mesa de paz, fuera capturado en San José del Guaviare por una orden internacional de Interpol. Durán fue puesto en libertad horas más tarde dado su papel como negociador. Las resoluciones del Gobierno suspenden -mientras esté en la mesa de diálogos- sus órdenes de captura.

Pese a estos hechos, la organización reiteró que mantiene su participación en el proceso de diálogo con el Gobierno Nacional. “Estamos sentados en la mesa de paz, dialogando con el Gobierno Nacional buscando una salida política al grave conflicto social y armado”, aseguraron, aunque enfatizaron que no permitirán que el diálogo sea interpretado como “una señal de debilidad revolucionaria”.

La tensión entre las partes se ha intensificado precisamente en regiones como Caquetá y Guaviare, donde en las últimas semanas se han registrado combates entre disidencias y la Fuerza Pública que han dejado varios uniformados heridos y muertos, hechos que el Estado también ha confirmado como parte de operaciones militares recientes.

Aquí el comunicado:

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Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como Diego Optra, jefe de la bandas criminal Los Shottas que opera en Buenaventura y que hace parte de las estructuras armadas que están en la paz total, fue capturado este viernes en España.

La confirmación la hizo el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde dijo que se había tratado de una “colaboración con la policía española”.

“El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, donde el capturado permanecía desde el año 2025 evadiendo la acción de las autoridades colombianas. Optra cuenta con una trayectoria criminal de 17 años, durante los cuales coordinó actividades relacionadas con narcotráfico, desapariciones forzadas, homicidios selectivos y extorsiones, consolidándose como uno de los principales dinamizadores de esta estructura criminal”, dice el comunicado de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con las autoridades, Optra deberá responder por los delitos de “desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado”.

En su página web, el Ministerio del Interior de España indicó que la captura se produjo en la localidad de Getafe y calificó a Optra como un “peligroso fugitivo con numerosos antecedentes”.

Optra tenía una alerta roja de Interpol. Aunque en octubre de 2019 fue detenido en Antioquia y desde entonces estaba recluido en una cárcel de Tunja, en septiembre de 2022 un juez de Buga lo dejó en libertad por presuntas irregularidades en su captura y por vencimiento de términos.

Aunque desde hace meses no se conoce avances en esa mesa de paz, la captura podría traer impactos en el proceso.

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El 6 de diciembre pasado, una falla en la red eléctrica dejó sin servicio a 2.063 usuarios en la vereda Puerto Líbano, zona rural de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. La reparación tardó más de ocho días no por falta de capacidad técnica, sino por condiciones de seguridad que impidieron el ingreso oportuno de las cuadrillas y porque, cuando llegaron, los grupos armados retuvieron a los técnicos.

Según las denuncias de pobladores, conocidas por Colombia+20, hombres del Clan del Golfo detuvieron por cerca de dos horas al personal de la empresa de energía eléctrica, les pidieron papeles y empezaron “a hacer verificaciones”. “Los tuvieron ahí retenidos un rato y luego les pidieron una lista de las tareas que iban a hacer y les dieron un tiempo para hacerlo, pero eso no les despegaban el ojo”, dijo una lideresa de la región.

El caso es apenas uno de los que han ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, pero expone un problema más amplio que se da en varios puntos de la subregión de ese departamento, donde la operación de servicios públicos parece depender de los actores armados ilegales.


La zona atraviesa una confrontación sostenida entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, con disputas por corredores de narcotráfico, enclaves de minería ilegal y rentas de extorsión. Municipios como Nechí, Tarazá, Zaragoza, Cáceres, El Bagre y Caucasia aparecen de forma reiterada en reportes de riesgo por confinamientos, restricciones de movilidad y choques entre estructuras.


Al menos desde 2020, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas no solo con la presencia de estos actores armados, sino con el riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos, como el que ocurrió en octubre de 2025, que afectó a unas 60 familias en las veredas Doradas Altas y Tahamí, del municipio de Tarazá.

Una de las respuestas sobre por qué se han intensificado los combates en esa zona, así como las formas de control de los grupos armados, es bien conocida: el oro. El auge de la explotación ilegal del mineral no es un fenómeno nuevo. Este diario ha venido documentando la guerra sangrienta que se libra en ese punto, que es un corredor en el que convergen varios corredores estratégicos, como el sur de Cesar, el Magdalena Medio -Catatumbo-, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

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Todo ese enclave es fundamental para los grupos que necesitan mover el oro, que genera ganancias de entre COP 100.000 y 150.000 millones entre empresas legales y la extracción ilegal.

“Los factores de inestabilidad de esta región conjugan una tormenta perfecta que lleva a concluir que en el Bajo Cauca estamos perdiendo la batalla, no solo en el plano militar y ambiental. Se trata quizá de una aún más decisiva: la disputa por la gobernanza territorial”, explica un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en octubre de 2025.

La FIP también afirma que el atractivo particular del oro es que “a diferencia de la cocaína o sus derivados”, el mineral circula en el comercio legal. “No se trata solo de las rentas inmediatas que genera la comercialización del metal, sino también de la facilidad que ofrece para el lavado de activos. A estas dinámicas se suma el incremento sostenido del precio del oro en la última década, que prácticamente se ha triplicado”.

Antioquia es el segundo departamento del país en explotación de oro, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). De hecho, la tradición minera atraviesa otras partes del departamento como Remedios y Segovia, dos municipios donde también se presentan con frecuencia combates, desplazamientos y confinamientos.

“No podemos ni avisar que estamos incomunicados”


Varias organizaciones sociales han advertido sobre la dura situación humanitaria del Bajo Cauca y las restricciones de movilidad impuestas por actores armados que han afectado de forma directa la prestación de servicios esenciales.


“La presión armada no se limita a enfrentamientos, sino que incluye bloqueos de acceso, controles a la movilidad y obstáculos a la entrada de misiones técnicas o trabajadores de empresas de servicio. En la práctica, esto ha dificultado el ingreso de personal especializado, el transporte de insumos y la operación regular de redes de energía, agua, salud y educación”, se lee en un informe conocido por este diario.

De acuerdo con el reporte, entre el 11 de noviembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, grupos armados ilegales impidieron el acceso de funcionarios públicos y de personal contratista de empresas de servicios a varios corregimientos de la subregión, entre ello, Las Conchas (Nechí), Pato (Zaragoza), Puerto Claver (El Bagre), Cuturú (Caucasia) y Piamonte (Cáceres).

En el mismo período quedaron documentados otros 12 casos de expulsión de cuadrillas técnicas que realizaban reparaciones de infraestructura, nuevas conexiones, lectura de medidores y distribución de facturas.

Asimismo, hubo tres casos de retención de funcionarios de una empresa de servicios públicos y de gestores sociales de contratos regionales: uno ocurrió el el 4, otro el 27 de noviembre de 2025 y otra el 26 de enero de 2026. Estas retenciones, aunque temporales, interrumpieron operaciones en terreno y obligaron a activar protocolos extraordinarios de seguridad.

El informe incluye como caso crítico el ocurrido el 6 de diciembre en Puerto Líbano. “Ese día les dijeron a los señores de la luz que debían enviar con una semana de anticipación los nombres de quienes venían a hacer arreglos o algo, y si no no los dejaban pasar”, expresó la lideresa.

Esa práctica consolida un control de facto sobre la movilidad, la operación institucional y la prestación de servicios públicos en amplias áreas del Bajo Cauca. “Hemos pasado días sin luz. Se daña lo poquito que uno tiene en la nevera, nos quedamos sin la recarga del celular, es que ni eso. No podemos ni avisar que estamos incomunicados”, dice otro poblador que pide no poner su nombre por seguridad.

Este diario intentó contactar a las autoridades de otros municipios, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.


La situación tiene además un impacto político directo. El Bajo Cauca forma parte de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) o curules de paz, creadas tras el Acuerdo de Paz para garantizar representación de territorios especialmente afectados por el conflicto.

Esto significa que las condiciones de seguridad, movilidad y presencia armada no solo afectan la vida cotidiana y la prestación de servicios, sino también el entorno en el que se desarrollan los procesos electorales de marzo y mayo, y la participación política local.

Alertas tempranas recientes de la Misión de Observación Electoral (MOE) ya han advertido riesgos de confinamiento, presión armada y restricciones comunitarias que pueden incidir en la campaña y en la logística electoral rural.

“Las subregiones antioqueñas del Nordeste, el Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo, junto con municipios aledaños del sur de Bolívar con extensión hacia el río Magdalena, presentan de manera casi generalizada niveles de riesgo extremo”, se explica en el mapa de riesgo de la MOE conocido hace unas semanas. En el documento también se explica que 18 de 125 municipios de Antioquia están clasificados en riesgo extremo, entre ellos, todos los de Bajo Cauca.

En el vecino municipio de Caucasia la situación es distinta. La zona es el punto de recepción de los desplazados de zonas como Anorí, Remedios y Segovia, y el principal impacto reciente se concentra en disputas urbanas. “Este es un punto de recepción. Aquí no se afecta tanto a la población rural, sino que las disputas se dan en lo urbano, por disputas por temas de territorialidad donde hay microtráfico”, dijo a este diario el secretario de Gobierno, José Payares.

Las declaraciones del secretario contrastan con informes de organizaciones de análisis y alertas tempranas. Pese a ello, las restricciones a los servicios básicos que ocurren en otros puntos de Antioquia ya son parte del impacto humanitario del conflicto.


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Cuando son arrastrados a la guerra, los niños pueden tener 9, 10, 11, 12 o 13 años, tal vez un poco más. A sus cuerpos se les pone un precio. Se convierten en mercancía barata para los grupos armados ilegales. Mano de obra. Carne de cañón para las balas antes de que lleguen a los comandantes. Los grupos armados saben que pueden utilizarlos a su antojo para mantener el control territorial y también que pueden prescindir de ellos con facilidad cuando ya no les sirvan.

Así se consolida y se sostiene un drama que se ha profundizado en el conflicto armado colombiano: el reclutamiento infantil.

El informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia” del International Crisis Group, publicado este 12 de febrero en el Día de las Manos Rojas, advierte que ese crimen de guerra se ha disparado durante la última década en el país.

La cifra que calcula la organización –a partir de registros de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa– es de más de 1.000 niños en las filas de las estructuras armadas, lo que equivaldría a unos 91 equipos de fútbol. Esto representa alrededor del 3,7 % de los 27.000 integrantes de grupos armados que estima la Fundación Ideas para la Paz. Dentro de ese número, la población más afectada es la indígena.

“Para estos grupos, los menores se han convertido en combatientes baratos y prescindibles que pueden desempeñar las funciones más peligrosas, ya sea en la primera línea de combate o en la producción y distribución de artefactos explosivos. Son soldados rasos en las campañas de expansión y carne de cañón en las luchas con sus rivales. Los jóvenes son inicialmente incorporados a las redes criminales haciendo recados o montando guardia; también son explotados sexualmente por los miembros de los grupos”, dice el informe.

En efecto, antes de empuñar un arma, muchos niños son incorporados de forma gradual a las redes criminales. Comienzan haciendo mandados, montando guardia o actuando como campaneros (vigías) para alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública. También participan en prácticas coercitivas contra la población civil, como en el control de toques de queda o en la extorsión.

Los menores de edad están al servicio de las estructuras y, en contextos de confrontación activa, suelen ser enviados al frente sin entrenamiento. “Al llegar, te dan un camuflado y entras al combate”, dijo al Crisis Group una niña de 14 años que fue rescatada de las filas de una disidencia de las FARC.

Es una dinámica que refleja que los comandantes los consideran prescindibles. Por eso “casi todos corren un alto riesgo”, explica el informe. Un miembro de la Policía citado en el documento lo resumió así: “son lo más mínimo” dentro de las filas.

Esa instrumentalización alcanza niveles alarmantes en algunas estructuras. Por ejemplo, en el Estado Mayor Central (EMC) –la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco– los niños y niñas podrían representar hasta el 37 % del total de combatientes, según cifras citadas por el Ministro de Defensa en diciembre de 2025.

“Cada niño tiene un valor, según sus características”

En el reclutamiento infantil –dice el informe– casi nada es improvisado. Las redes que expone el documento dan cuenta de ello. Según Crisis Group, en algunos casos los menores pasan a integrar de manera formal organizaciones armadas ilegales, a través de estructuras diseñadas específicamente para captar niños y adolescentes. Los altos mandos delegan esa tarea en coordinadores y reclutadores de bajo nivel “con cuotas y parámetros específicos que deben cumplir”. Este sistema es utilizado, entre otros grupos, por el EMC y otras disidencias de las antiguas FARC.

En paralelo, existen reclutadores que operan de manera independiente. Captan a menores con cualidades consideradas útiles para la guerra y los ofrecen al grupo armado dispuesto a pagar más. “En ambos casos, los grupos que reciben a estos niños suelen pagar por cada recluta”, advierte la organización.

Meses antes de ser asesinado en marzo de 2025 por rescatar niños reclutados, el líder indígena del Cauca Edgar Tumiña resumió esta lógica ante Crisis Group: “Cada niño tiene un valor, según sus características”. Los precios –según contó otra fuente a la organización– varían: entre 500.000 pesos (unos 135 dólares) y 2.000.000 (unos 540 dólares), dependiendo de lo que los grupos consideren “valioso”.

“Los grupos que compran a estos menores suelen llevar registros detallados con su información, incluyendo el hecho de que son menores de edad”, añade el informe.

En algunos casos, los niños y niñas son trasladados a nuevos territorios para que sean más difíciles de encontrar y para fortalecer las filas del grupo en zonas donde intentan expandirse.

Ese fenómeno quedó expuesto con la muerte de 15 niños en bombardeos que ordenó el presidente Gustavo Petro contra el EMC entre agosto y octubre de 2025. “Los menores que murieron… estaban radicados en los departamentos de Guaviare y Amazonas, pero habían nacido en el Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Arauca”, recuerda Crisis Group en el documento.

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Las redes sociales, una carnada

Las dinámicas de reclutamiento infantil se vuelven aún más complejas en el terreno de las redes sociales. A través de TikTok, Facebook y otras plataformas, los grupos armados ilegales buscan posibles reclutas. Los métodos son diversos: videos musicales, canciones, promesas de cirugías plásticas a niñas y “testimonios personales de reclutas sobre sus supuestas vidas de aventuras como combatientes”, describe el informe. Se trata de una práctica que la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción para la Paz (JEP) y otras organizaciones han denunciado desde hace meses.

Al final, el dinero y la promesa de estatus social está en el centro de un discurso que explota la vulnerabilidad de las familias. Es un fenómeno marcado, además, por la pandemia del COVID-19. Según la organización, las “carnadas” utilizadas por los grupos armados resultan especialmente atractivas para una generación cuya infancia estuvo atravesada por el confinamiento y “que ve pocas oportunidades laborales y perspectivas de una vida estable en su futuro”. Para estos niños y adolescentes –advierte Crisis Group–, las promesas de dinero, pertenencia y estatus encuentran terreno fértil.

“Los grupos armados y criminales identifican sistemáticamente los hogares en los que los menores viven en condiciones precarias y las redes de traficantes se encargan de atraerlos deliberadamente. Los niños suelen incorporarse con la falsa esperanza de gozar de una vida mejor o escapar de hogares difíciles”, explica Elizabeth Dickinson, directora adjunta de Crisis Group para América Latina y el Caribe.

Las estructuras armadas no solo se aprovechan de la necesidad económica de los niños y niñas, sino de los vacíos afectivos. “Una estrategia muy común consiste en intentar que se “enamoren” de un integrante del grupo”, expone el documento.

En Caquetá, por ejemplo, una niña de 14 años fue visitada durante meses por un miembro de un grupo armado que la convenció de irse con él. “Aunque su familia la rescató pocas semanas después de su desaparición, el mismo hombre volvió a contactarla por WhatsApp y ella abandonó su hogar por segunda vez”, cuenta el Crisis Group.

¿Cómo se explica el aumento acelerado del reclutamiento después de 2016?

Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, dentro de las FARC –para entonces el grupo armado con mayor número de combatientes– el número de niños y niñas en sus filas se redujo a unos 130 casos, el nivel más bajo registrado en una década, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Ese descenso, sin embargo, no se sostuvo. El informe del Crisis Group advierte que el reclutamiento de menores aumentó de manera acelerada después de 2016, en buena medida, porque la salida de las FARC de amplias zonas del país dejó vacíos de poder que el Estado no logró ocupar de forma sostenida. El repliegue abrió paso a una reconfiguración del conflicto armado, en la que otros actores –nuevos y ya existentes– se apresuraron a disputar el control territorial. En ese escenario, niños y adolescentes volvieron a convertirse en un recurso estratégico.

El ELN, por ejemplo, avanzó sobre antiguos espacios de influencia de las FARC y recurrió al reclutamiento de menores para afianzarse en esos territorios, mientras que las disidencias “reclutaron a una nueva generación y ahora son los que más dependen de los niños”, dice el informe.

En esas dinámicas también entra el Clan del Golfo –el grupo armado que más ha crecido desde 2016–. Aunque suele privilegiar el reclutamiento de mayores de 18 años, autoridades advierten que también ha incorporado menores en contextos de expansión y control territorial. “Hoy en día, todos los grandes grupos armados y criminales de Colombia reclutan menores sin excepción”, dice el informe.

El fenómeno se extiende a todos los departamentos, aunque con patrones diferenciados: “Las disidencias de las FARC han estado particularmente activas en el suroccidente del país (con aumentos alarmantes en el reclutamiento de menores en los departamentos de Cauca, Huila y Guaviare, en el sur del país). El EGC, por su parte, se ha centrado en los jóvenes de la zona central del país (especialmente en Caldas, Sucre y Cesar)”, se lee en el documento.

Es una dinámica violenta que permanece aun cuando estructuras armadas como el Clan del Colfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y Comuneros del Sur –todas en un diálogo de paz con el Gobierno Petro– han firmado acuerdos para prevenir el reclutamiento o entregar niños y niñas que están en sus filas.

Los efectos del reclutamiento infantil: ¿qué pasa cuando un niño sale de las filas?

Las secuelas del reclutamiento se extienden a las comunidades donde se vive este crimen de guerra y rompen el tejido social, especialmente de las comunidades indígenas. El miedo a las represalias de los grupos armados reprime, en muchos casos, su resistencia. “No se atreven a denunciar por temor a que sus propios familiares sean objeto de represalias”, escribe el informe.

Es un ciclo de miedo del que parece no haber salida. Miedo a ser reclutado. Miedo a oponerse a ese crimen. Miedo a denunciarlo. Miedo a escapar. Miedo a que no haya salida. En cada fase, hay un riesgo.

Para los menores de edad que participan en grupos armados, la primera y más trágica forma de salir es morir en combate; algunos son rescatados por sus familias o comunidades, unos pocos regresan por otros medios. En la otra mayoría de casos, son rescatados por los militares.

Quienes huyen enfrentan riesgos extremos: “Son ejecutados si se les descubre”, dice el informe. Mientras tanto, los que logran volver a sus hogares se enfrentan al peligro inminente de volver a ser reclutados, con amenazas dirigidas a ellos y a sus familias. “En ocasiones, los miembros de los grupos armados van físicamente en busca de los niños. Con mayor frecuencia, el acoso comienza de forma digital, ya que el menor mantiene el mismo número de teléfono y sus cuentas de redes sociales”, dice el informe.

A eso se suma que “muchos de los menores que logran regresar se enfrentan a un persistente estigma en sus comunidades”.

Frente a ese bucle violento, el informe del Crisis Group señala que los esfuerzos del Estado para detener el reclutamiento infantil han sido desarticulados, “dejando a menudo a las comunidades como primera línea de respuesta”.

En ese contexto, la investigadora Dickinson explica que “Colombia debería invertir en mejorar la seguridad en las escuelas, apoyar las defensas de las comunidades locales, reforzar las investigaciones judiciales sobre las redes de reclutamiento y mejorar la atención a los menores combatientes rescatados y a sus familias”.

De lo contrario, los niños, niñas y adolescentes seguirán siendo carne de cañón en una guerra que nunca eligieron.

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Mientras en la mesa de diálogo con el Gobierno la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que encabeza Alexander Díaz — conocido como Calarcá Córdoba —, ha suscrito compromisos para frenar la deforestación, en corredores de la Amazonía bajo su influencia se evidencia cada vez más la ganadería extensiva que podría tener impactos negativos en los ecosistemas. Informes ambientales recientes muestran que la transformación del bosque avanza en zonas donde ese grupo armado ha anunciado medidas de contención a la luz del proceso de paz que lleva con el Gobierno Petro.


La tensión entre anuncios y lo que se ve en el territorio coincide con nuevas revelaciones judiciales sobre la destrucción de selva en el arco amazónico. Una investigación publicada este domingo por El Espectador documentó el proceso judicial que empezará el próximo 10 de marzo en Villavicencio contra Iván Mordisco, jefe de la disidencia Estado Mayor Central, por la destrucción de más de 398.000 hectáreas de selva.

Aunque ese caso se concentra en su estructura, los registros técnicos citados allí describen patrones de apertura de vías, expansión ganadera y colonización del bosque en corredores donde confluyen ambos grupos armados.

Lo que muestran los sobrevuelos en la zona de influencia de Calarcá


Según el reportaje de El Espectador, en un sobrevuelo organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) entre Puerto Cachicamo y las Sabanas del Yarí se observó el avance de grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería y áreas con cultivos de tipo agroindustrial.

El director de la FCDS, Rodrigo Botero, explicó a este diario que hay un patrón de ocupación basado en apertura de carreteras, economías ilícitas y crecimiento del hato bovino, y advirtió sobre la pérdida de conectividad ecológica entre la Amazonía y la cordillera de los Andes. Los registros aéreos muestran potreros y/o franjas abiertas de bosque que serían las pruebas de esos nuevos puntos de ocupación.


Un informe de esa fundación presentado a finales de 2025 reveló que entre 2017 y 2024 el hato bovino creció 86,1 % en Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, frente a 25,5 % en el promedio nacional. En el arco amazónico noroccidental el aumento equivale a más de 200.000 nuevas cabezas de ganado por año. Investigadores ambientales asocian ese crecimiento con la deforestación, ocupación de baldíos y valorización especulativa de tierras.


Lo más contradictorio es que desde la mesa de diálogo, la disidencia de Calarcá y el Gobierno han explorado compromisos justamente para abordar la deforestación y otras problemáticas territoriales en conversaciones con comunidades campesinas de Meta, Guaviare y Caquetá.

En encuentros realizados en La Macarena en 2024 y 2025, delegados del Gobierno, la disidencia de Calarcá y casi 400 líderes sociales discutieron temas como protección de parques naturales, ordenamiento ambiental, Zonas de Reserva Campesina — en los que de hecho se ha dado vía libre a la creación de varias — y derechos territoriales campesinos e indígenas.

También se consignaron en una declaración compromisos relacionados con la proscripción del acaparamiento de tierras y de procesos de deforestación vinculados a ganadería extensiva y economías ilícitas. De hecho, el mismo Calarcá dijo en 2024 en entrevista con Colombia+20 que prohibiría la tala de árboles.


“Nos oponemos a la tala de bosques. Llevamos tres años dando esa orientación, pero hay quienes no la han acatado y nos tocó tomar una medida: les vamos a recoger la tierra a aquellos que tumbaron 2, 10, 20 o más hectáreas sin necesidad, incluidas las que tumbaron hace un año y ya están en pastoreo”, señaló entonces el jefe del EMBF.


Calarcá también indicó que el grupo armado estaba poniéndole la lupa a quienes deforestan el territorio. “Se los vamos a dar a (los campesinos) que no tienen tierra, para que siembren comida. Estamos estableciendo un área máxima para continuar con la ganadería, pero la regla es que debe haber cultivos de yuca, plátano, maíz, caña, para el autosostenimiento”.


Las autoridades tienen rastreado que la deforestación está asociada con la ampliación de la frontera agrícola para la manutención de ganado. Desde abril de 2024, el Ministerio de Ambiente expresó su preocupación por las dinámicas de deforestación en esta zona del suroriente del país, donde aumenta la tala durante la temporada de verano.

A pesar de esos acuerdos, la mesa enfrenta obstáculos. En reuniones con comunidades y Gobierno, no siempre se han alcanzado pactos firmes sobre la protección forestal, y sectores campesinos han pedido claridad sobre procesos judiciales y medidas concretas frente a la tala.


Vías ilegales, en disputa armada


Los expedientes judiciales citados en la investigación sobre Mordisco detallan corredores como la llamada trocha ganadera y redes que cruzan la Serranía de La Macarena y conectan con el Parque Nacional Natural Tinigua.

Parte de esos corredores estratégicos coinciden con zonas en disputa entre las disidencias de Mordisco y Calarcá. Sin ir más lejos a comienzos de este año hubo un enfrentamiento Guaviare que evidenciaba el deterioro de la seguridad y sus efectos humanitarios.

No es casual que los enfrentamientos se hayan concentrado precisamente en ese departamento donde está la Trocha Ganadera, una vía de cerca de 140 kilómetros que conecta al menos 70 veredas y es clave para la movilidad armada y el control territorial.


“Los brazos de la trocha son paralelos al río Guaviare, que es sumamente importante. Además, la vía se adentra profundamente en la región y de ella salen trochas secundarias que llegan aún más adentro, hacia puntos clave cerca de Guainía y sobre el río Inírida”, explicó entonces a este diario Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses.


Todo este panorama evidencia una contradicción entre lo que acuerda en la mesa de paz y lo que ocurre en el territorio con consecuencias aún inmedibles para los ecosistemas.

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Ecuador y Colombia celebraron el viernes una reunión ministerial en Quito con el propósito de desactivar la reciente crisis bilateral. Sin embargo, el tema más sensible de la agenda -y una de las razones por las que se pudo desescalar los choques entre ambos países- fue la inseguridad en la frontera, los grupos armados y los cultivos de coca, que han tensionado la relación entre ambos países y motivado medidas que afectan comercialmente a los países como los aranceles cruzados.

En su comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reclamó que Colombia “pretende atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”.

Desde Quito, además, se señaló que “Colombia acepta que el problema consiste en la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en su territorio” y que se acordó “realizar acciones para erradicar el cultivo de coca, la minería ilegal y reforzar el control fronterizo, entre otros aspectos, mediante inversiones en tecnología e intercambio de información”.

Este reclamo de Quito se enmarca en un contexto de alta tensión en la zona limítrofe, donde la falta de presencia estatal, los grupos armados ilegales y las economías alrededor de la coca y el narcotráfico han sido elementos recurrentes de inseguridad en años recientes. De hecho, la decisión de Ecuador imponer un arancel del 30 % a productos colombianos se fundamentó en acusaciones de que las fuerzas ecuatorianas enfrentan “solas a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera”.

La Cancillería colombiana también ubicó la seguridad en la frontera como uno de los ejes centrales del diálogo. En su comunicado se destacó que se necesitaba “fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que también estuvo en la reunión, expuso las acciones que se vienen adelantando contra el narcotráfico, incluyendo “el aumento de capacidades de la fuerza pública en la línea fronteriza para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína”.

La reunión también tocó temas como comercio, cooperación judicial y energía. Colombia solicitó formalmente suspender el arancel del 30 % impuesto por Ecuador a los productos colombianos desde enero, pero el vecino país dijo que evaluaría la medida en una etapa posterior. Con esa respuesta, Gobierno colombiano anunció que procederá con una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

¿Qué pasa en esa frontera?

La frontera entre Colombia y Ecuador, de más de 580 kilómetros, es hoy uno de los corredores más sensibles para las economías ilegales en la región andina. Allí convergen cultivos de coca, rutas de salida de cocaína hacia el Pacífico, minería ilegal y redes de contrabando, en zonas donde hay poca presencia estatal.

Autoridades de ambos países han advertido que la dinámica ya no es solo de tránsito de droga, sino de instalación de eslabones de la cadena: procesamiento, protección armada de cargamentos y control social en zonas rurales. Eso ha elevado el riesgo de choques entre grupos y de ataques contra fuerza pública y población civil.

En Ecuador hacen presencia grupos que participan hoy en procesos de negociación dentro de la política de paz total del Gobierno Petro, como Comuneros del Sur y Comandos de Frontera –adscrito a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano–, especialmente en las provincias de Esmeralda y Carchi. El asesinato de 11 militares ecuatorianos, ocurrido el 9 de mayo de 2025, confirma la operación de esas estructuras en el país vecino.

La relación de estos grupos armados ilegales colombianos con los de Ecuador -Los Lobos y Los Choneros- ha sido intermitente, pero sobre todo se ha centrado en la producción y distribución de droga y de otras economías ilegales como la minería.

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No habían pasado 24 horas desde la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump cuando las Fuerzas Militares ejecutaron el primer bombardeo de la actual administración contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El operativo, que se venía planeando desde hacía varias semanas, se desarrolló en el Catatumbo –región fronteriza con Venezuela–, específicamente en los municipios de Tibú y El Tarra. Allí, desde hace más de un año, el ELN libra una intensa guerra con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, conocido como el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

En la noche de este miércoles, el presidente Petro confirmó que el balance preliminar del bombardeo deja siete guerrilleros muertos, una captura y la incautación de 12 fusiles. “Es posible que haya más heridos que se llevaron en grupos dispersos que escapan por la zona”, escribió el mandatario el 4 de febrero en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje, el presidente fue enfático en señalar que el Gobierno abrió la puerta a una mesa de negociación en el marco de la paz total, pero que el ELN la desaprovechó. “Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, escribió.

Esa arremetida violenta en Norte de Santander —que derivó en la peor crisis humanitaria del país en los últimos 20 años— fue, de hecho, la que llevó a la suspensión de la mesa de negociación en enero de 2025.

La comisión especial que Petro envió para hablar con el ELN

Sin embargo, parece que los intentos del Gobierno de un acercamiento de diálogo con el ELN no acaban del todo. En otro trino, Petro volvió a llamar a esa estructura armada a aceptar una “misión de verificación científica e internacional” que permita la “entrega total de la infraestructura que sirve al narcotráfico multinacional” y, con ello, “recobrar el sendero de la paz”. En ese mensaje también invitó a la Iglesia Católica a ayudar a configurar esa instancia de verificación.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Colombia+20 que esos acercamientos se vienen dando desde el lunes pasado. Ese día se realizó una reunión en el Catatumbo en la que participaron la delegación del Gobierno en el suspendido proceso de paz con el ELN, así como representantes de los gobiernos de Suiza y Noruega y de la Iglesia Católica.

La reunión también contó con la presencia de Víctor Currea de Lugo, una figura que volvió al radar político en septiembre de 2025. Su reaparición ocurrió tras la Asamblea General de la ONU, cuando acompañó al presidente Petro a una manifestación en Nueva York desde la que el mandatario instó a soldados estadounidenses a “desobedecer” órdenes de Donald Trump sobre Gaza. Ese episodio terminó costándole la visa a Estados Unidos.

Currea de Lugo, señalado por acoso sexual y cercano al círculo del presidente, ha acompañado a Petro en giras internacionales –como la visita a Arabia Saudí–, participa en la mesa con exparamilitares y ahora aparece como parte del núcleo de los acercamientos con el ELN.

Los factores Trump y Venezuela

La narrativa del presidente Petro frente al ELN no es nueva.

El 7 de enero, tras su llamada con Trump –realizada en medio de un capítulo de tensiones diplomáticas marcado por la situación en Venezuela– Petro afirmó que le había explicado al mandatario estadounidense que era necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional”.

Ese discurso no se vio reflejado solamente en los bombardeos, sino en la clasificación de Pablito, uno de los comandantes del ELN y considerado su referente militar principal, como “objetivo de alto valor”

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Para Laura Bonilla, investigadora y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “poner a Pablito como objetivo de alto valor cierra completamente la puerta para el ELN. Más los bombardeos, más el hecho de que el Gobierno viene en una campaña de remilitarización de la seguridad”, dice Bonilla.

Todo esto debe leerse, además, en una clave del contexto geopolítico. El ELN ha construido durante años una retaguardia funcional en Venezuela —logística, refugio, economías ilegales y capacidad de repliegue—.

En ese sentido, la colaboración del Gobierno colombiano con Estados Unidos es entonces fundamental para sostener la estabilidad que ha tenido el gobierno con Delcy Rodríguez a la cabeza tras la captura de Maduro por parte de fuerzas de ese país.

En entrevista con El Espectador, el embajador Daniel García-Peña señaló que durante la reunión se conversó “mucho de las posibilidades que Colombia juega en la reconstrucción y estabilización de Venezuela”.

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El asfalto quedó teñido por manchas de sangre que luego el sol secó. Aunque nadie estaba en la cancha, la comunidad de Tarso (Antioquia) sabía lo que había ocurrido: tres pobladores habían sido asesinados en la placa polideportiva, y sus cuerpos quedaron a la vista.

Hombres armados habían llegado al caserío de la vereda El Cedrón de ese municipio hacia las 11:30 p. m. del 28 de enero. Fueron a las casas, preguntaron por tres personas, dijeron sus nombres. Eran la lideresa comunal y expresidenta de la Junta de Acción Comunal Elizabeth Zapata Osorno, de 35 años; su esposo Alonso Cano Ramírez; y Edinsson Molina Marulanda, un joven de 27 años.

Los sacaron de sus viviendas, los llevaron hasta el polideportivo y los ejecutaron con armas de fuego. Según las primeras hipótesis de las autoridades, la acción obedecería a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y la banda criminal “Los Pachecos”.

Esa masacre fue una de las doce registradas durante los primeros 31 días del año, que en total dejaron 63 víctimas y convirtieron a enero en el mes con más masacres desde 2023, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El balance equivale, en promedio, a una muerte violenta cada 12 horas, lo que representa un aumento del 40 % frente a los dos últimos años.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó a este diario que esa dinámica violenta ha sido interpretada como una forma de enviar mensajes armados a la población. “Las masacres buscan generar ruido, miedo y terror, y dejar claro que un grupo armado está presente y puede ejercer la violencia con impunidad. Lo ocurrido en Tarso fue un mensaje no solo contra las víctimas, sino contra la Junta de Acción Comunal y la comunidad, una demostración de gobernanza armada en el territorio”, dijo González.

Además de Tarso, las otras masacres ocurridas en enero se registraron en Santander de Quilichao (Cauca), San José de Cúcuta (Norte de Santander), los límites entre Remedios y Amalfi (Antioquia), Maicao y Riohacha (La Guajira), Abejorral (Antioquia), Lérida (Tolima), La Gloria (Cesar), Ansermanuevo (Valle del Cauca) y El Retorno (Guaviare).

En este último municipio, el 16 de enero, ocurrió la masacre más letal del mes: 27 personas fueron asesinadas. Las primeras versiones del hecho habían apuntado a un enfrentamiento entre las disidencias Estado Mayor Central y Estado Mayor de los Bloques y Frente.

Sin embargo, la Fiscalía descartó que la muerte de hombres al mando de Iván Mordisco se debiera a un combate con el grupo de Calarcá Córdoba, pues los cuerpos presentaron tiros de gracia realizados a corta distancia. El hecho fue interpretado, entonces, como una muestra de que Calarcá se ha enfocado en mostrar su pie de fuerza en la guerra y no en avanzar en el proceso de paz.

“Estos hechos siempre van a afectar las mesas de negociación porque pues aunque sabemos que se está negociando con criminales las mesas de negociación parten de una buena voluntad y especialmente de una exigencia por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, al respeto a la población civil. Que se presenten este tipo de hechos pues genera una serie de interrogantes al respecto”, dijo González.

La escalada de violencia se produce en la antesala del ciclo electoral y ha marcado el pulso del inicio del año, profundizando las preocupaciones sobre las garantías de seguridad de cara a las elecciones de 2026.

“Esto ocurre en un ambiente electoral y también previo a un cambio de gobierno, en el que la mayoría de los grupos armados buscan imponer un orden violento en los territorios y fortalecer su capacidad de guerra”, explicó González. Ese propósito, añadió, pasa por el control de economías ilegales –como la minería, la deforestación, el tráfico de personas y la extorsión–, una dinámica que ha encendido las alarmas entre comunidades, organizaciones sociales y entidades de control como la Defensoría sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses.

Un vacío que ha dejado la implementación del Acuerdo de Paz

Según el informe “Comunidades en medio de la violencia: balance 2025” de Indepaz, las masacres siguen siendo una de las expresiones más persistentes de la violencia armada en Colombia. Su comportamiento entre 2016 y 2025 no responde a episodios aislados, sino a dinámicas estructurales que se repiten en el tiempo. Como advierte la organización, se trata de una violencia que “no puede leerse como coyuntural”.

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El 2020 marcó el punto más alto de esa escalada: 91 masacres y 378 personas asesinadas. Para Indepaz, ese pico “no fue un hecho aislado”, sino la consecuencia de procesos acumulados como la reconfiguración de actores armados, la expansión de economías ilegales y el debilitamiento de la presencia estatal en los territorios, agravados por el contexto de la pandemia. Desde entonces, señala el informe, “las masacres se consolidan como una herramienta sistemática de control social y territorial, especialmente en periferias urbanas estratégicas”.

Aunque entre 2021 y 2023 el número de víctimas por evento comenzó a descender, la recurrencia de las masacres se mantuvo en niveles altos.

Según Indepaz, en 2024 se registró una disminución en el número de masacres (76) y en el de víctimas (267), una tendencia que podría interpretarse como una mejora. Sin embargo, esta reducción no se consolidó en 2025, cuando las masacres aumentaron a 78, mientras que el número de víctimas descendió levemente a 256. La organización advierte que esta dinámica refleja una transformación del patrón de violencia: “menos víctimas por evento, pero una práctica que sigue plenamente vigente como mecanismo de control armado”.

Para el director de Indepaz estas cifras se explican, en buena medida, en los vacíos de implementación del Acuerdo de Paz, en particular en las garantías de seguridad previstas para los territorios que dejaron las antiguas FARC: “El acuerdo preveía garantías de seguridad para los territorios y los primeros años pues no se dio esa esa garantía. No llegó la Fuerza Pública a los territorios que habían dejado las FARC y fueron copados por los otros grupos, como disidencias, ELN, el Clan del Golfo, entre otros grupos, generando unas acciones violentas contra la misma población civil”, explicó.

A esto se suma la presencia simultánea de varias estructuras ilegales disputándose el control territorial. “Hay zonas donde hay dos o tres grupos armados enfrentándose, y en medio de esos enfrentamientos queda la población civil”, añadió González.

Frente a ese mapa violento y a casi un mes de las elecciones legislativas, la preocupación por el aumento de las masacres como forma de gobernanza se profundiza. La seguridad será un reto no solo durante los últimos meses del Gobierno Petro, sino también para el próximo mandatario. Mientras tanto, la población civil de las zonas más golpeadas por la guerra vivirá con el temor de que en su pueblo se repita una escena como la ocurrida en Tarso.

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