Fue el capricho de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y los vericuetos propios de una normatividad dispersa que dio origen al intrincado Sistema de Justicia Transicional de la JEP, lo que marcó el derrotero de dos tipos de decisiones idénticas en su estructura y efectos, pero separadas en sus destinatarios y sanciones. Así, se denominó “sentencias” a aquellas adoptadas por las Secciones del Tribunal para la Paz y “resoluciones” a las emitidas por las Salas de Justicia. Tal dicotomía ha llevado a propios y extraños a relativizar los logros de la JEP y a dimensionar sus resultados únicamente por las llamadas sentencias.

Lo cierto es que el Sistema Transicional de la JEP, a manera de radiografía, cuenta con dos vías que culminan la actuación procesal: la vía sancionatoria a través de sentencias y la ruta no sancionatoria por medio de renuncias a la persecución penal. Dentro de las primeras, dirigidas contra los máximos responsables de los crímenes, dos secciones de la JEP han emitido a la fecha cuatro sentencias contra 21 personas: dos contra 19 comparecientes (siete de las extintas Farc-EP y 12 de un batallón de la fuerza pública) que reconocieron su responsabilidad, y otras dos emitidas contra dos militares que optaron por la vía adversarial.

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Entre tanto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el marco de la ruta no sancionatoria, que corresponde a quienes son considerados partícipes no determinantes en la comisión de los hechos (esto es, cerca del 96 % de los casi 9.000 comparecientes que continúan en la JEP), a la fecha ha resuelto, en 45 renuncias a la persecución penal y otras decisiones, la situación jurídica definitiva de 1.070 comparecientes, quienes en un 95 % corresponden a soldados y rangos medios de distintas unidades militares del Ejército Nacional, que, contrario a lo que especulan muchos de los críticos, han hallado en ámbitos de confianza y libertad, caminos óptimos para aportar verdad genuina a las víctimas y lograr insospechados logros en materia de resocialización.

En suma, aunque con algunas diferencias, resultan más evidentes las coincidencias entre las sentencias y las renuncias a la persecución penal, pues ambas resuelven de fondo la situación jurídica de los comparecientes, mediante una calificación de los hechos propia e imponen el régimen de condicionalidad que les es exigible a estos. En materia de seguridad jurídica, ambas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen carácter inmutable y, además, imponen la eliminación de los antecedentes penales y extinción de las sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de la conducta penal.

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Estas semejanzas no son menores. En la práctica implican, tal como lo ha reconocido la propia Sección de Apelación de la JEP, que las decisiones de renuncia a la persecución penal son materialmente sentencias. Lo que llevaría a concluir que la JEP ha emitido 49 sentencias y, en ellas, se han juzgado cerca de 1.100 comparecientes. Más allá de que el Acuerdo Final de Paz, el Acto Legislativo 1 de 2017 y la Ley 1957 de 2019 hayan creado tal diferenciación, que increíblemente ha llevado a que los únicos jueces en Colombia que no profieren sentencias, sino resoluciones para resolver definitivamente la situación jurídica del procesado, sean los de las Salas de Justicia de la JEP.

Pese a los problemas de denominación, la gran cantidad de decisiones de fondo emitidas hablan por sí solas, y, en el trasfondo de ello, está la ardua labor de la Sala de Definición. La misma que en los primeros años de la JEP ya había servido de “filtro” para depurar el sistema en cerca de 3.000 casos rechazados, y la que ahora realiza cientos de audiencias a lo largo y ancho del país, en donde las esperanzas de reconciliación continúan latentes entre unas víctimas y victimarios que se aferran a la JEP. Sin duda, hay más de 1.000 razones para creer.

*Magistrado presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP

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Se agudiza la tormenta para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que enfrenta unas de sus semanas más difíciles. A los problemas por el recorte de COP 170.000 millones de su presupuesto para 2027 se suman dos proyectos radicados ante el Senado que buscan acortar su existencia a un lapso de diez años y que sus sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública sean revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial. Ambas iniciativas implicarían una reforma constitucional que tendría que pasar por ocho debates en el Congreso. Y aunque han tenido menos eco que la discusión relacionada con sus finanzas, analistas y hasta la propia justicia transicional advierten que serían contraproducentes para víctimas y comparecientes.

El primer proyecto fue radicado el pasado 23 de septiembre por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional. Su objetivo es modificar el tiempo de existencia de la JEP, que en principio va hasta 2032 y, de aprobarse la iniciativa, sería solo hasta marzo de 2028, sin la posibilidad de prorrogarlo por más tiempo. En cuanto a los expedientes que se adelantan en el marco de los 11 macrocasos de la JEP y que no se hayan resuelto a la fecha de cierre de la justicia transicional, el proyecto señala que será la ley la que establecerá un “régimen de transición”. Con esto se garantizaría su regreso a la justicia ordinaria y que sean resueltos en cada una de las instancias competentes, sin desconocer lo ya ordenado por la justicia transicional.

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En el documento señala también que quienes asuman los expedientes que la JEP no alcance a resolver antes de marzo de 2028 “aplicarán, en lo pertinente, el régimen de justicia transicional” para los hechos investigados previamente por la instancia creada con el Acuerdo de Paz. En plata blanca, eso significa que, de superar los debates correspondientes en el Congreso, esta modificación a la Constitución abriría la posibilidad de que los comparecientes ante la tengan JEP los tratamientos penales especiales de la justicia transicional y los beneficios otorgados por esa instancia especial. La investigación y la acusación de los comparecientes quedarían en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El segundo proyecto modifica el tratamiento de exintegrantes de la fuerza pública en la justicia transicional. Fue radicado por el Centro Democrático, con ponencia del senador Rafael Nieto Loaiza, el pasado 12 de septiembre. Propone tres modificaciones a la Constitución, cuyo objetivo es la “revisión automática” de las sentencias de la JEP en contra de exmilitares y expolicías por parte del Tribunal Superior Militar y Policial. Especialmente las emitidas en el marco del caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y del caso 08, que aborda los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto.

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La ponencia propone que las sentencias del Tribunal para la Paz de la JEP contra exuniformados se suspendan mientras el Tribunal Superior Militar y Policial las revisa a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de las reglas operacionales vigentes a la fecha de los hechos investigados. El objetivo es “darle un contenido práctico a la promesa de seguridad jurídica que el propio Sistema Integral para la Paz les hizo a los miembros de la fuerza pública”, en el marco del Acuerdo de Paz del 2016. Agrega que la idea busca que los exuniformados tengan el tratamiento “equitativo y equilibrado”, que “se queda en el papel mientras las sentencias de la JEP no tengan una instancia final con conocimiento especializado en operaciones militares”.

Aunque estas propuestas señalan que se fundamentan en razones como la revisión del cumplimiento eficaz de los objetivos de la JEP y de las garantías de los comparecientes, para analistas y expertos estas propuestas tendrían graves consecuencias para la seguridad jurídica de los exuniformados, para las garantías de las víctimas y el sistema judicial del país. María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), le dijo a El Espectador que una eventual aprobación de ambas reformas constitucionales en el Congreso significaría “un incumplimiento al Acuerdo de Paz” y, por ende, a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano hace una década.

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Agregó que la aprobación de los dos proyectos, por tratarse de modificaciones a la Constitución Política, estaría sujeta a revisión automática por parte de la Corte Constitucional para verificar que no vulneren lo acordado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en La Habana. En el caso puntual del proyecto presentado por el Centro Democrático, la directora del ICTJ recordó que la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los límites de la Justicia Penal Militar y Policial, señalando que esa instancia solo puede investigar hechos ocurridos en el marco del servicio de los uniformados y que las investigaciones relacionadas con graves violaciones de derechos humanos están fuera de sus competencias.

“El efecto más concreto es que la Corte Constitucional tendría que decir que eso es inexequible”, dijo la experta Moreno. Agregó que la JEP ha tenido demoras en su trabajo: “Ha sido lento y se pudo haber avanzado más rápido. Pero en este momento hay más de mil exmiembros de la fuerza pública que tienen su situación jurídica resuelta porque se les aplicó la renuncia a la persecución penal. En la justicia ordinaria estarían todavía en el limbo, pues allá todo es más complejo”. Concluyó que los debates de estos proyectos no pueden ser “una discusión en caliente en un contexto político tan polarizado”, sino que deben tener presentes las consecuencias en materia de obligaciones internacionales, lucha contra la impunidad y garantías jurídicas.

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Para Paula Vargas, investigadora del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), los dos proyectos que buscan modificar el tiempo de vida de la JEP y añadir una verificación a las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública pueden ser incluso más graves que el millonario recorte a su presupuesto. “La JEP todavía tiene seis años y medio para terminar su tarea; está a mitad de camino. Toda la planeación que ha venido haciendo se hizo pensando que el tiempo para terminar era de 15 años y no de 10. Eso implica que si a la JEP se le reduce el tiempo, va a haber muchos casos de personas que son máximos responsables y no máximos responsables que se van a quedar sin solución jurídica”, explicó.

Sobre el proyecto puntual que envía a revisión las sentencias de los casos 03 y 08 al Tribunal Superior Militar y Policial, señaló que hay que tener en cuenta que la naturaleza de la JEP es distinta a la de la justicia ordinaria y alargaría los procesos penales. “Es un retroceso terrible en términos de los avances del sistema penal en Colombia, porque nos hemos acogido a una línea muy clara del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establece claramente que los casos en los que hay violaciones a los derechos humanos en cabeza de militares tienen que ser juzgados por civiles, por la justicia ordinaria”, dijo la experta. Agregó que el proyecto del Centro Democrático “no tiene ni siquiera el rigor de técnica jurídica para que sea coherente”.

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La investigadora del IFIT coincidió en que la JEP está en un punto en el que debe hacer reflexiones profundas sobre el trabajo que viene adelantando, pues está a mitad de camino y, si no se aprueba el proyecto presentado por el senador Enrique Gómez, le quedarían poco más de seis años para cumplir con su mandato. “La JEP tiene que hacer un ejercicio de autocrítica de la manera en la que ha operado en estos años. Es un tema de administración, pragmatismo y logística. Pero en el fondo, las decisiones son rigurosas y han tomado mucho tiempo. Los militares han tenido la posibilidad de decidir si aceptar responsabilidad o no. Y estos proyectos no le apuntan a resolver el problema número uno: que se les fueron las luces en ambición”, señaló.

Las analistas María Camila Moreno y Paula Vargas coincidieron en que la JEP sí debe replantearse puntos claves relacionados con la agilidad en la que adelantan su trabajo y que la discusión de estos proyectos debe ir más allá de lo político porque lo que está en juego es la garantía de justicia para las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. Pero fuentes que conocen de cerca el funcionamiento de la JEP, especialmente en lo relacionado con los casos que tienen que ver con exintegrantes de la fuerza pública, le dijeron a este diario que “es claro que hay una pretensión de que la JEP deje de actuar porque ha sido una justicia efectiva para efectos de investigar a fondo a los agentes del Estado”.

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Agregó, de forma puntual sobre el proyecto que busca una revisión de las sentencias por parte del Tribunal Superior Militar y Policial, que en las audiencias de reconocimiento que ha adelantado la justicia transicional en departamentos como Antioquia se ha puesto sobre la mesa la forma en que esa instancia operó “libreteando” a quienes acudían allí para responder por violaciones de derechos humanos o crímenes que hoy son investigados por la justicia transicional. “La JEP develó la política que había detrás de los falsos positivos. Pretender desperdigar los casos en la justicia ordinaria es echar para atrás, volver a la metodología antigua que nunca permitió el avance significativo de los casos”, dijo la fuente.

Por su parte, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha manifestado su preocupación por los posibles efectos del proyecto de ley que establecería la revisión automática de algunas de sus sentencias. El pasado 18 de junio, durante la rendición de cuentas de la justicia transicional, manifestó su rechazo a la iniciativa que, según él, ataca la independencia de la JEP y se suma a la "asfixia económica" producida por los proyectos que buscan reducir su presupuesto.

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"Esta iniciativa legislativa se presenta en un contexto en el que la JEP ha dado resultados investigativos inéditos contra los antiguos líderes de las Farc-EP (...) y, al mismo tiempo, ha imputado a 28 generales de la República, de los cuales ocho han reconocido su responsabilidad, en los contextos de civiles asesinados y desaparecidos para presentarlos falsamente como bajas en combate, el genocidio de la Unión Patriótica, los ataques contra la comunidad Awa en Nariño y, más recientemente, la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja", expresó el magistrado Ramelli.

A hoy, la JEP ha hecho 13 imputaciones en contra de exintegrantes de las Farc y 17 a antiguos integrantes de la fuerza pública. Además, 29 exuniformados han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la Fiscalía de la JEP, por no haber aceptado su responsabilidad en los delitos imputados. Entre ellos hay personas como el general (r) Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y otros altos oficiales como el general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado en primera instancia, en diciembre de 2025, a 20 años de prisión. Son algunos de los resultados del trabajo de la JEP que el Congreso tendrá que evaluar a la hora de debatir estos proyectos sobre su cierre y el alcance de sus decisiones.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco exmandos medios de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y de género contra niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Se trata de la primera imputación por este tipo de delitos en el marco del caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez habló con El Espectador sobre los 68 hechos victimizantes que recoge la investigación adelantada desde su despacho para esta imputación, que se conoce en uno de los momentos más complejos de la justicia transicional. 

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Esta imputación a cinco exmandos medios es la primera del caso 05 relacionada con violencia sexual y llega, además, en un momento de tormentas para la JEP. ¿Cómo entender la importancia de este llamado a reconocer responsabilidad?

El caso 05 aborda las investigaciones de delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado en el Cauca y el sur del Valle del Cauca. Este es nuestro tercer auto de imputación y todos han sido contra antiguos miembros de las Farc. Asimismo, hay una gran preocupación de la JEP por visibilizar esta clase de conductas delictivas en materia de violencia sexual y violencias basadas en género. 

Primero, porque son muy difíciles de investigar por diversas razones, como el temor de las víctimas a hablar. En el caso del Cauca, la situación de orden público, para nadie es un secreto, es bastante difícil. Estas personas están en medio del conflicto con las disidencias. No es fácil hacerlo, pero lo que hemos hecho a lo largo de todas las investigaciones que hace la Sala de Reconocimiento de Verdad es eso: visibilizar, darles voz a las víctimas e imputar a todas aquellas personas que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. 

Esta clase de delitos ya fueron imputados en primer lugar, en el caso 02, en  el departamento de Nariño, también contra las Farc, en el caso 07, referente al reclutamiento ilícito de menores, y el caso 11, que es un caso exclusivo de violencia sexual. Y esto es para significar la gran importancia que tiene este tema al interior de la JEP.

¿Qué diferencia a esta imputación de las que ya se han hecho, especialmente en el marco del caso 11?

El caso 11 es exclusivo de violencia sexual, que involucra a miembros de la fuerza pública y antiguos miembros de las Farc, y es un caso a nivel nacional. Esto significa que se van a enfocar en los máximos responsables a nivel nacional. Mientras que el caso 05 es territorial porque está enfocado en una sola región, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Lo que nosotros hacemos en este caso es imputar a los máximos responsables de esta región, de algunas estructuras puntuales de las Farc.

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La magistrada Lily Rueda es quien lidera las investigaciones sobre reclutamiento de menores y violencia sexual. ¿Cómo fue la conversación entre su despacho y el de ella para alimentar esta investigación?

Este auto tiene la gran ventaja de que es un auto de sala plena en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Hubo un debate muy intenso, muy interesante con los y las colegas. Por otro lado, nosotros seguimos una línea de trabajo, partimos del caso 02 (situación territorial en Nariño) y del caso 07 (reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) y tuvimos un diálogo muy productivo con la magistrada Liy Rueda. Muchas de las referencias que se usaron en este caso fueron recogidas, especialmente, del caso 07.

Opositores de la JEP dicen que la justicia transicional ha tenido manejo diferencial de los procesos contra los exintegrantes de las Farc y contra los exmiembros de la fuerza pública. ¿De qué forma esta imputación muestra que sí se han investigado los crímenes de todos los actores del conflicto armado bajo el mismo rasero?

Eso es absolutamente falso. Si uno ve el trabajo que ha hecho la JEP, con este auto se han hecho 17 imputaciones contra las Farc, mientras que las imputaciones a la fuerza pública son 13. La Constitución y la ley nos exigen que haya una simetría. Es decir, que se investigue por igual a miembros de la fuerza pública como a miembros de las Farc. Lo cierto es que ha habido más investigaciones e imputaciones derivadas de lo que hacían las antiguas Farc que sobre la fuerza pública. De hecho, tenemos muchos casos relacionados tanto con Farc como con fuerza pública porque nos exigen la simetría. Es una investigación muy pareja y los datos no mienten.

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¿Entonces qué es lo que ha fallado para que esa narrativa haya tomado tanta fuerza? Porque incluso el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha tenido que salir a desmentir esa supuesta condescendencia de la justicia con exintegrantes de las Farc.

Hay que tener una adecuada estrategia de comunicaciones que, hasta ahora y como hemos visto, se está dando. Pero hay personas a las que, así uno les diga todo el trabajo que se ha venido haciendo, desafortunadamente no están de acuerdo con la JEP. En esos espacios es donde se encuentra esa narrativa. Lo que sí es cierto es que, luego de informar todo el trabajo que se hace, de señalar todas las sentencias que hemos sacado, que son más de 3500, cuando hablamos de que le hemos concedido la libertad a más de mil personas que hicieron parte de la fuerza pública, además de las renuncias a la persecución penal, las cifras están ahí. 

Hoy muchos de los militares que cometieron graves crímenes están caminando por la calle, están libres, están haciendo un nuevo proyecto de vida. Tan es así que un grupo de miembros de fuerza pública presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar por lo que está pasando en estos momentos con la JEP y su presupuesto. Esa narrativa se vende, sabemos también que hay bodegas que buscan desinformar. Hay que informarse un poco más y yo creo que con mayor información la concepción puede cambiar.

En su investigación detalló que la violencia sexual y basada en género ocurrió en dos modalidades. La primera corresponde a crímenes contra niñas y mujeres que hacían parte de la guerrilla. ¿Cuáles fueron los ejemplos que más lo impactaron?

Son tres líneas de investigación: una de violencia intrafilas en materia sexual, la segunda corresponde a los ataques sexuales contra la población civil y la tercera a los ataques sexuales o violencia basada en género, especialmente en las comunidades LGBTIQ+. En el caso de la violencia intrafilas, observa uno lo que ya el caso 07 nos había dicho: violaciones, abortos forzados, sexo obligatorio, entre otras conductas contra niñas reclutadas a la fuerza, que estaban allí para combatir, no para ser objeto de violación ni mucho menos.

¿Hubo algún caso que le haya dolido a usted de forma particular?

Son muchos casos. Me sorprendió cómo, desafortunadamente, las mujeres afrodescendientes eran violadas solamente por su color de piel. Es decir, que consideraban necesario estar con ellas solo porque les parecía que era atractivo estar con una persona afrodescendiente. Ese morbo, el color de la piel, es muy fuerte. Segundo, cómo una mujer fue violada simplemente porque tenía una relación afectiva con un soldado. Y tercero, me impactó cómo muchas mujeres eran violadas simplemente porque se negaban a dejarse reclutar.

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Hay un capítulo particular de esta imputación sobre crímenes contra personas de sexualidad diversa. ¿Qué fue lo que más le impactó de ese punto de la investigación?

Hay historias muy horrorosas. Encontramos ahí que muchas de estas víctimas LGBTIQ+ no solamente fueron violentadas por las Farc, sino también por los paramilitares. El solo hecho de tener esa condición social los hacía ser blanco de esta clase de violencia. Es bastante desesperanzador ver cómo la orientación sexual y de género diversa fue una lápida en la medida en que se convirtió en objeto de vejámenes sexuales.

¿Y sobre la estigmatización racial?

El caso 05 se concentra en municipios de población indígena, comunidades afrodescendientes y campesinas. Las mujeres, muchas que hacían parte de la población civil, eran violadas, fueron objeto de toda clase de ataques sexuales y quienes más sufrieron fueron sus propias comunidades. Esto va acompañado de una serie de afectaciones y daños psicológicos, de zozobra, angustia y temor. Los testimonios son muy fuertes. Son desgarradores.

Esta es la tercera vez que la JEP imputa a exmandos medios de las Farc por este tipo de crímenes, además del último secretariado de esa guerrilla. ¿Cómo explicar la particularidad de la responsabilidad de mando por la que están siendo llamados a aceptar o negar los hechos en la justicia transicional?

Nosotros trabajamos de la mano de las víctimas y son ellas las que nos exigen resultados. Nos enfocamos en los máximos responsables a nivel nacional y territorial. En ese orden de ideas, nuestro deber constitucional y legal es llamar a rendir cuentas a todas estas personas, bien sean miembros de la fuerza pública o de las antiguas Farc que cometieron esta clase de delitos. 

Insisto, las víctimas son las que nos piden mayor verdad frente a lo ocurrido. Las víctimas en estos casos, desafortunadamente, por muchísimos años no tuvieron voz, nunca fueron escuchadas, nunca fueron atendidas y por primera vez estamos yendo a los territorios a hablar con ellas y a escucharlas. Con todo esto estamos dándoles resultados a las víctimas, que es lo que nos interesa.

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Muchas de las víctimas de estos crímenes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos que luego le contaron a la JEP. También la imputación menciona casos de menores violadas en la guerrilla y que luego murieron en enfrentamientos. ¿Cómo hacer efectiva la justicia en escenarios como estos?  

Desafortunadamente en la justicia ordinaria estos procesos no se movían. Tantos casos, delitos y procesos hacían que esto no avanzara con la fluidez que las víctimas esperaban. La ventaja de tener una jurisdicción especial es que solamente se enfoca en las competencias que son asignadas. En este caso, en la investigación de delitos cometidos en el marco y en el curso del conflicto armado. Ahí hay un avance porque las tasas de impunidad en la justicia ordinaria son prácticamente del 90%. 

Hemos esclarecido muchas de esas conductas que estaban archivadas, llenas de polvo en diversos anaqueles de la judicatura. Es una tarea bastante dispensa desde el primer momento de ir a buscar expedientes hasta superar ese 90% de impunidad en la justicia ordinaria. El trabajo es eficiente en la medida en que por primera vez le estamos dando una verdad a las víctimas y estamos llamando a rendir cuentas a sus responsables. Nosotros le estamos poniendo rostro a eso que desafortunadamente la justicia ordinaria no investigó. Le estamos dando voz a esa persona fallecida para contar su historia. 

Comparecientes y víctimas en este caso han sido objeto de amenazas por las que, incluso, tuvieron que anonimizar sus nombres en la imputación y eso muestra el contexto de violencia que persiste en el país. ¿Cómo seguir administrando justicia en medio de la guerra sin perder el ánimo en el intento?

Es un trabajo difícil porque las propias víctimas se muestran a veces temerosas o cautelosas de poder asistir a cualquier diligencia de la JEP y en los territorios eso se sabe. Es impresionante cómo hay ojos por todos lados y eso hace que las investigaciones sean más difíciles. En el marco del caso 05 tenemos una medida cautelar de protección a las víctimas que justamente le está exigiendo al Estado colombiano mayores medidas de protección frente a la población civil. 

Uno de los principios constitucionales de la JEP es tener una garantía de no repetición para que todo eso que han vivido no lo deban seguir viviendo. En noviembre estamos planeando hacer una audiencia de seguimiento a propósito de la llegada del nuevo gobierno, en la medida en que las víctimas nos exigen la presencia del Estado. Por otro lado, ya radicamos una imputación contra miembros de la fuerza pública, que en este momento está en revisión, para darle un debate serio como todos los de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

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Una cámara fotográfica congeló un instante de felicidad. Era domingo, diciembre de 1998 y, en la plaza principal de Mesetas, dos hermanos y su madre le sonreían al futuro; una foto que sería la última postal juntos. Al despedirse, Carlos tomó la mano de su hermana Cecilia y la fue soltando en un desprendimiento lento y sutil, como si los dedos se negaran a alejarse del todo.

“Sentí en ese momento que iba a pasar mucho tiempo sin volverlo a ver”, recuerda Cecilia entre lágrimas. No fueron meses. Fueron 27 largos años de incertidumbre, silencio y duelo en pausa.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido categorizado como un delito invisible en Colombia. La búsqueda de quienes desaparecieron en las filas de la guerrilla ha enfrentado históricamente obstáculos para sus familias, desde la falta de garantías institucionales hasta el señalamiento social.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontrar a Carlos implicó reconstruir no solo su historia, sino toda la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz: quiénes la integraron, qué ruta recorrieron desde el Caguán hasta el Catatumbo, y qué pasó con los menores que, como él, desaparecieron en la Operación Berlín, entre noviembre de 2000 y enero de 2001.

Este trabajo, de la mano de sobrevivientes, hoy firmantes de paz, ha logrado dar respuesta a algunas familias. En el caso de Carlos, su hallazgo, identificación y entrega digna es la primera de un menor reclutado, desaparecido y asesinado en la Operación Berlín.

Al sur del Meta, el Estado llegó tarde y la violencia muy temprano. Carlos creció entre Granada y Mesetas, un territorio atravesado por los ríos Ariari y Güejar. Con el tiempo se convirtió en el brazo fuerte de su padre: él cargaba la yuca, el plátano y sembraba el maíz, hasta que la guerra se lo llevó.

A los 17 años, según el relato de su hermana Cecilia, Carlos fue reclutado por el Frente 40 de las antiguas FARC-EP. “Cuando mi hermano desapareció, mi papá estaba muy triste, muy solo, él era el que le colaboraba en la finca”, cuenta Cecilia. El golpe destrozó el hogar. Su padre cayó en depresión profunda, batalló once años contra la epilepsia y el dolor de la ausencia hasta que en 2023 murió con la esperanza de estrecharlo entre sus brazos. Su madre, mientras tanto, recorrió trochas y caseríos buscando respuestas, pero solo encontró silencios. Cecilia, décadas después, asumió la antorcha de la búsqueda, superando el miedo a las represalias.

“Uno siente temor… por eso calla, por eso pasa tanto tiempo sin decir nada”, confiesa. Pero el amor pesó más que el miedo.

La desaparición de Carlos profundizó el dolor de su familia y, según el relato de su hermana, estuvo acompañada por el desplazamiento forzado. El desarraigo hizo parte de una violencia extendida. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó la gravedad de este fenómeno en el Meta, en su informe ‘Pueblos arrasados’, publicado en 2015.

Cecilia no supo entonces a dónde había ido su hermano. Durante años su familia solo tuvo el vacío de su ausencia. Fue mucho después, en su búsqueda, que logró reconstruir el camino que lo llevó a la muerte en medio del fuego cruzado durante la Operación Berlín.

Entre 1990 y 2017 el Meta registró 2.977 víctimas de reclutamiento forzado en el universo de víctimas imputadas estadísticamente, la cifra departamental más alta de la clasificación presentada en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). El documento registra en todo el país 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017, seguido por Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca.

1.100 kilómetros hacia la muerte

Entre julio y diciembre del 2000, Carlos y cientos de adolescentes reclutados en la Orinoquía y Amazonía sufrieron una travesía extenuante: recorrieron en lancha y a pie siete departamentos, 1.100 kilómetros durante cinco meses, hasta llegar a los límites entre Santander y Norte de Santander.

La Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR) fue creada ese mismo año y salió desde el Caguán, en pleno corazón de Caquetá. Sus compañías avanzaban con la misión de apoyar a estructuras de las FARC-EP en el Magdalena Medio y el Catatumbo frente a la arremetida militar y paramilitar.

La Columna incorporó a numerosos menores reclutados, algunos provenientes de la zona de despeje, una extensa área de 42.000 km cuadrados entre Meta y Caquetá. Desde enero de 1999 hasta febrero de 2002, la fuerza pública abandonó esta zona por orden del entonces presidente Andrés Pastrana, para adelantar los diálogos con esta guerrilla.

La JEP y la Comisión de la Verdad han documentado la magnitud del reclutamiento asociado a la Columna Móvil Arturo Ruiz y al Bloque Oriental, considerado uno de los más sanguinarios dentro de esa guerrilla.

La JEP estableció que al menos 201 niños y niñas hicieron parte de la Columna Móvil durante la Operación Berlín. Esta entidad también reveló que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, según el universo provisional de hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documentado en el auto 05 de 2024, en donde se registra la responsabilidad de 8.987 casos de reclutamiento forzado a menores de edad, atribuidos al Bloque Oriental.

Algunos de ellos eran indígenas provenientes de Vichada y otros eran campesinos de las zonas del río Duda, como Mesetas, Puerto Rico y Uribe, en el departamento del Meta. La mayoría fueron reclutados mediante engaños y amenazas.

Niños de tierra caliente cargados con fusiles que pesaban casi tanto como ellos, transportados en lanchas de dos pisos por ríos torrentosos y obligados a marchar de noche con destino a las cumbres gélidas del nororiente colombiano. Para la guerrilla no había infancia, eran cuerpos capaces de cargar munición.

La JEP documentó que la edad de los menores oscilaba entre 12 y 17 años y no tenían experiencia en combate. También relató que, durante el largo recorrido, pasaron hambre, fatiga, hostigamientos, torturas, además de sobrellevar el fuerte frío del páramo de Berlín, un imponente ecosistema de alta montaña ubicado dentro del complejo de páramos de Santurbán. Estos documentos a su vez recogen testimonios de niñas que fueron obligadas a soportar diversas violencias basadas en género y abusos sexuales durante el reclutamiento.

La Operación Berlín

Ubicado a más de 3.000 metros de altura, el páramo de Berlín se convirtió en escenario de combates enmarcados en una operación militar que se extendió entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001.

Durante una madrugada el estruendo de helicópteros del Ejército Nacional rompió la niebla; hubo ataques y ametrallamientos. Algunos menores combatieron y otros huyeron sin poder llevar alimentos. Así lo recuerda Sandra, una sobreviviente de la Operación Berlín, hoy firmante de paz.

Oriunda de La Julia, en Uribe (Meta), Sandra cuenta que llegó a las filas cuando tenía 12 años y que en esta decisión pesaron las necesidades económicas, la falta de oportunidades escolares y la historia de violencia de su familia.

Sobre el viaje hacia el páramo, ella relata cómo fue el traslado de los numerosos jóvenes: “Eran lanchas de dos pisos. A unas que les cabían 20 o 25 muchachos con equipaje… Uno se subía y a esperar a dónde lo iban a descargar”.

En el trayecto, Sandra recuerda que hicieron una pausa en Vichada, donde operaba el Frente 16, y durante varias semanas recibieron formación en manejo de paracaídas, enfermería y tareas relacionadas con la “economía” o remesa y la contabilidad. La travesía continuó hasta llegar al páramo, donde recibieron la orden de “reencauchar”, es decir, ajustar equipos, armamentos y redistribuir la remesa, pero esa noche no terminaron la tarea.

A la mañana siguiente, sobre las 4:45 am, ella y sus compañeros despertaron con el ruido de los helicópteros sobrevolando los campamentos. Algunos corrieron sin saber hacia dónde disparar, varios cayeron por abismos y otros murieron bajo el fuego aéreo. “Era muy triste, uno se sentía en familia; éramos tantos y quedar tan poquitos, fue muy duro”, relata Sandra, quien logró sobrevivir por esos días gracias a los tomates de las tomateras, el único alimento que tenían al alcance.

En la huida, Sandra perdió su tarjeta de identidad y su nombre apareció en los noticieros, lo que desató la angustia de su madre, que la buscó en hospitales y cementerios de Bucaramanga.

Según la Comisión de la Verdad, durante los días que duró la operación, las ráfagas y bombas cayeron sobre cultivos, animales y casas y mataron tanto a guerrilleros como a civiles. Las FARC-EP respondieron con fuego abierto y la siembra de minas antipersonal.

Investigaciones periodísticas documentaron que el 16 de noviembre de 2000 un menor se entregó al Ejército y aportó información sobre la composición de la estructura, los jóvenes que integraban la columna y el armamento que llevaban. Otros dos integrantes fueron capturados esa misma semana y también aportaron información sobre los desplazamientos. Esos hechos hicieron parte del seguimiento militar a la CMAR, pero la documentación revisada indica que el Ejército ya realizaba labores de inteligencia antes de la deserción.

La fuerza pública entrevistó a los menores detenidos sin la compañía del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y utilizó esa información en su estrategia de combate. “El Ejército reconoce que detuvo a 23 menores y otros 27 se entregaron y registra que 62 guerrilleros murieron en combate. De las 78 necropsias realizadas por Medicina Legal, 28 eran menores de edad, seis de ellos con estallido craneal, lo que significa que fueron asesinados en estado de indefensión”, así lo registró la Comisión de la Verdad en su informe final.

Esto confirma que la fuerza pública tenía información suficiente sobre la presencia de menores en la Columna Móvil Arturo Ruiz y, aun así, la Orden de Operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre. Una investigación periodística de El Espectador reveló un informe de inteligencia de la Décima Octava Brigada, fechado el 26 de octubre de 2000, en el que identificaba al menos 150 menores de entre 14 y 17 años.

Este hecho es ilustrativo principalmente porque las niñas y niños vivieron doble victimización: la primera al ser reclutados por las FARC-EP y la segunda al no recibir garantías de derechos por parte del Ejército Nacional.

Las familias de menores reclutados le manifestaron a la Comisión de la Verdad que la única reparación que esperan es saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la Operación Berlín.

En esa espera se mantuvo Cecilia por muchos años, hasta que encontró en una jornada institucional una oportunidad para romper el silencio. En 2021 la Unidad de Búsqueda realizó una jornada móvil de atención en el parque del pueblo y en ese momento se iniciaron las gestiones que, con el tiempo, se convertirían en las primeras piezas del rompecabezas en el proceso de búsqueda de su hermano.

El derecho a la búsqueda y al duelo

Ana María Salamanca, investigadora de la UBPD en el Centro Regional Nororiente, señala que, como mecanismo humanitario y extrajudicial, la UBPD trabaja para recuperar y devolverles a sus familias los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. En los casos de menores reclutados, su labor busca esclarecer su paradero y restituirles, en la medida de lo posible, su identidad y dignidad.

En esa tarea reconstruyeron la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz para entender qué sucedió con la vinculación de los menores, los frentes que la conformaron y los recorridos.

La documentación sobre la Operación Berlín mostraba que los cuerpos de los combatientes muertos en los enfrentamientos habían sido trasladados a la Quinta Brigada y luego remitidos al Instituto de Medicina Legal, pero muchos eran menores de edad sin cédula ni registro de huella dactilar en la Registraduría. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esa pregunta llevó al equipo investigador hasta el Cementerio de Bucaramanga.

La búsqueda comenzó a tomar forma en 2020, cuando las organizaciones Coalición contra la vinculación de menores (Coalico) y Bemposta Nación de Muchachos impulsaron el acompañamiento a los sobrevivientes de la Operación Berlín, por ser un caso emblemático para hablar de los niños y niñas en la guerra.

En 2021, la mayoría de quienes hicieron parte de la columna se encontraron en Bogotá para reconstruir los nombres y los rastros de sus compañeras y compañeros desaparecidos en un ejercicio de memoria.

En 2022 y 2023, los sobrevivientes de la operación, con el apoyo de Coalico, Bemposta y la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que contribuye en la búsqueda de personas desaparecidas, participaron en las intervenciones en el Cementerio de Bucaramanga en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para realizar labores de necropsia. En ese ejercicio los cuerpos empezaron a tener nombre cuando reconocieron a sus compañeros en las fotografías, por sus alias de guerra, sus rasgos, sus cicatrices y sus fracturas. Así orientaron las identidades a partir de estos indicios.

El trabajo de los sobrevivientes sumado al cotejo genético con las familias, permitieron a esos cuerpos encontrar una identidad para, finalmente, abrir un camino de regreso a casa. “No los vamos a dejar de buscar. Nos duele a nosotros que fuimos su familia social, ¿cómo será a su familia biológica?”, precisó Naiza Quintero, coordinadora regional de la Corporación Reencuentros en la región oriente, para quien la búsqueda es una forma de aportar a la reconciliación.

Naiza explica que durante la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, como firmantes, adquirieron el compromiso humanitario de aportarle a la verdad y a la búsqueda y es lo que continúan haciendo.

En casos como el de la familia de Carlos, que perdieron todo contacto tras su reclutamiento, la UBPD implementa la llamada “búsqueda inversa”, una estrategia que parte de la información verificada de cuerpos hallados e identificados para encontrar a las familias. Una vez que se tiene un nombre, se rastrean registros en el sistema de salud y se cruza información con solicitudes de búsqueda. Sin embargo, muchas de estas familias nunca iniciaron su búsqueda, porque decir que un familiar estuvo en un grupo armado traía señalamiento y estigma.

El regreso de Carlos

En el Cementerio Municipal de Bucaramanga, el tiempo había borrado parte de los rastros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró que algunas bóvedas habían sido utilizadas para disponer cuerpos en distintos momentos, con restos de diferentes personas mezclados en su interior.

Mientras los sobrevivientes aportaban mapas de memoria y nombres de guerra para ubicar a sus antiguos compañeros, Mercedes, la madre de Carlos, entregaba su muestra de ADN con el temor aferrado al pecho.

En 2024, el teléfono sonó. Las pruebas biológicas confirmaron que el cuerpo hallado era Carlos.

“Siempre tuvimos la esperanza de verlo llegar con vida”, confesó Cecilia.

En febrero de 2025 Carlos finalmente regresó a casa. No como el hombre maduro que imaginaban, sino en un cofre cubierto de dignidad. Su entrega fue la primera realizada como resultado de la investigación sobre personas desaparecidas en la Operación Berlín. Su cuerpo finalmente fue sepultado en Granada (Meta), cerca de la tierra que lo vio nacer y de las aguas donde aprendió a nadar.

“Ahora me siento más tranquila... ya sé dónde está”, susurra Cecilia con un suspiro que le tomó décadas exhalar. “Esto es cerrar un capítulo. Por fin pude borrar la imagen de su mano soltando la mía en aquel parque”, recuerda la hermana de la víctima.

Esta ceremonia puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva lucha. Cecilia cuenta que cuando intentó registrar a Carlos como víctima ante el Estado encontró obstáculos para que su condición de menor reclutado fuera reconocida. Este tipo de situaciones tiene antecedentes documentados en Colombia: la Corte Constitucional, en la Sentencia T-506 de 2020, estudió un caso en el que la pertenencia de un menor a un grupo armado había terminado eclipsando su condición de víctima de reclutamiento cuando era menor de edad. La JEP, además, reconoce jurídicamente entre reclutamiento y utilización, desaparición, violencias intrafilas y otros hechos.

Carlos ya descansa en paz, pero la historia de su regreso no es solo el final de una tragedia familiar, es el recordatorio de miles de menores que aún esperan, en alguna fosa olvidada del páramo o de la selva, la mano que al fin los traiga de vuelta a casa.

La UBPD reseña que al 30 de junio de 2026, en las áreas del Cementerio Municipal de Bucaramanga relacionadas con la Operación Berlín, se recuperaron 72 cuerpos, 66 de ellos correspondientes a la Operación Berlín. A la fecha se han logrado cinco entregas dignas más, principalmente en el departamento del Meta.

La Comisión de la Verdad documentó que el reclutamiento y la desaparición de menores pueden quedar invisibilizados por el estigma y la falta de información. La historia de Carlos muestra el valor de la búsqueda humanitaria y de la restitución de la identidad y la dignidad de quienes fueron reclutados siendo niños. Para las familias, la búsqueda continúa hasta obtener respuestas sobre los desaparecidos y hasta que sean reconocidos como víctimas de la guerra.

Un buen número de niñas y niños reclutados continúan desaparecidos y quienes sobrevivieron, como Sandra, acogiéndose a la reincorporación, cargan con la discriminación y el estigma por haber pertenecido al grupo armado.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Estatuto de Roma, el reclutamiento, alistamiento o utilización de menores de 15 años en hostilidades está tipificado como crimen de guerra. El hecho de que un menor haya expresado voluntad de incorporarse no elimina, por sí mismo, su condición de víctima de reclutamiento.

En el caso 07, la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad de la JEP ha señalado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes estuvo relacionado con vulnerabilidades estructurales de los territorios y con políticas y estrategias de crecimiento de las FARC-EP.

La propia JEP caracteriza el fenómeno como un patrón nacional sistemático, complejo y multicausal. Por estos hechos, en noviembre de 2024 la JEP imputó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP como máximos responsables y documentó cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos, torturas y homicidios en la vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio por orientación sexual o identidad de género diversas. En abril de 2026, la JEP adoptó además una decisión regional que involucró a 20 antiguos integrantes de distintos bloques y estructuras.

*Los nombres de las personas que aparecen en esta historia fueron cambiados para proteger su identidad y la de sus familias.

Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.

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María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años, el cabello florecido de canas y la mirada cansada por el tiempo y el dolor que causa la desaparición forzada. Es madre de tres hijos y los últimos 24 años, con muletas o en silla de ruedas, los ha dedicado con amor y dignidad a limpiar el nombre de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, uno de ellos. Ha recorrido laboratorios forenses, oficinas de la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos, unidades militares y despachos judiciales innumerables veces. En la mayoría de las ocasiones solo ha recibido portazos. Pero aunque cada respuesta sea más desalentadora que la anterior, sigue buscando a su hijo, asesinado y desaparecido en 2002 por exmilitares en el departamento del Meta.

El caso de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez es uno de los 209 de falsos positivos y 65 de desapariciones forzadas que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Meta. El expediente hace parte del caso 03 de la justicia transicional y recientemente 27 exintegrantes de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas (Bivar) y el Gaula Militar Meta aceptaron que, en alianza con paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cometieron entre los años 2002 y 2007 cientos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El segundo de los tres hijos de María Eugenia Sánchez Chacón es una de esas víctimas que, si la justicia se sigue moviendo, podría ser identificada pronto.

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Justo este 30 de junio habrá una mesa de trabajo entre el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (que representa a María Eugenia Sánchez Chacón), la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un objetivo claro: agilizar la identificación de los restos de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. Su madre, sus dos hermanos y su sobrina, Michelle Dayana, esperan recibirlo después de que uno de los comparecientes confirmara en audiencia lo que esta madre sabía desde marzo de 2002 y que la justicia ignoró: que su hijo fue sepultado como persona no identificada (NN) en la tumba 03 del cementerio del municipio de Granada (Meta).

“Me siento feliz de que me lo entreguen, aunque sean solo los huesitos”, expresó en diálogo con El Espectador doña María, como la conocen todos los funcionarios de la JEP. “Por lo menos podremos darle una sepultura digna”, agregó Michelle Dayana, su nieta mayor y quien desde hace unos ocho años anda con ella, para arriba y para abajo, en cada reunión y audiencia a la que las citan y llegan con la esperanza de hallar una pieza de ese cristal roto de la verdad que llevan más de dos décadas reconstruyendo. Pero los planes de María Eugenia Sánchez Chacón son distintos. En ellos no hay tumbas, osarios ni visitas a los cementerios: “Sepultarlo no. Elegiremos un río para tirar las cenizas, que se vaya y descanse en paz”, dijo la mujer.

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Carlos Eduardo, un niño juicioso

Doña María alarga su mano para alcanzar la pequeña cartera que su nieta, Michelle Dayana, pone sobre una mesa del auditorio de un hotel en Villavicencio. Usa sus dedos como pinzas para buscar en el fondo algo que parece necesitar antes de hablar sobre Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. Saca un labial rojo y con cuidadosa pericia lo pasa por sus labios. “A mi hijo le encantaba como me quedaba este labial, decía que me miraba muy bonita”, expresó. Cuando habla sobre él, los ojos se le achinan por una emoción que mezcla el orgullo con la nostalgia. “Él era un niño muy juicioso, aunque no le gustó estudiar y solo hizo hasta quinto de primaria. Pero le gustaba trabajar. Era trabajador y muy acomedido”, recordó en su diálogo con este diario.

Carlos Eduardo Muñoz Sánchez nació el 29 de septiembre de 1985 y creció en el Barrio Industrial, en la comuna cuatro de Villavicencio. Una de las zonas de mayor expansión urbana y densidad poblacional de la capital del Meta, según el Ministerio de Vivienda. Como era apenas un niño cuando dejó la escuela, empezó a trabajar para ayudarle a doña María a sortear los gastos de una familia en la que las necesidades eran grandes y las fuentes de ingresos escaseaban. Se levantaba a las 5:00 de la mañana, todos los días, para salir a vender limones por las calles de la ciudad. Pasaba el día trabajando bajo el sol, a pesar de la temperatura que puede alcanzar los 31 grados centígrados, y regresaba a casa entrada la noche.

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“Era un niño muy noble, nunca fue grosero conmigo”, recordó María Eugenia Sánchez Chacón. Mientras Carlos Eduardo Muñoz Sánchez vendía limones, su madre trabajaba como empleada doméstica. Desde niña ha sufrido de una parálisis que le redujo considerablemente la movilidad. Primero sorteó la vida trabajando en muletas. Hasta que hace 20 años el desgaste de sus piernas la obligó a pasar a una silla de ruedas y empezó a ganarse el sustento preparando comidas. “Empecé a hacer empanadas y arepas para vender. Cuando se llevaron a mi hijo, yo vendía chorizos”, recordó. La fecha de la desaparición la tiene tatuada en su memoria: 26 de febrero de 2002. Era martes y doña María sintió que ese día le arrebataron la mitad de su vida.

Carlos Eduardo Muñoz Sánchez estaba en las calles de Villavicencio vendiendo limones, como siempre lo hacía, cuando hombres desconocidos lo engañaron con una falsa promesa laboral. “Se lo llevaron con mentiras para un trabajo en una finca. Estábamos en una situación económica muy mala. Yo estaba mal y teníamos que pagar el arriendo. Me dijo que lo había invitado un señor y que a la semana volvía”. La persona que le ofreció ese trabajo le entregó COP 100.000. El joven de apenas 17 años, cuando se despidió de su mamá, le dio COP 60.000 y le prometió que regresaría a ayudarla económicamente. “Hasta el sol de hoy, porque han pasado 24 años y nunca lo volví a ver”, expresó doña María.

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Una fotografía de la barbarie

A Carlos Eduardo Muñoz Sánchez no le gustaban los huevos con cebolla y María Eugenia Sánchez Cañón recuerda que siempre le gustó dormir con ella. “Yo tengo guardada una cobijita morada con la que él se arropó hasta los 17 añitos. Cuando estaba bravo, se enroscaba en ella y se iba a dormir a otra pieza”, narró su mamá. Pero casi siempre durmieron en la misma cama, hasta la noche antes de su desaparición. “Aunque Villavicencio era tranquilo, sí llegaban personas a llevarse a los más inocentes. Y la gente decía: ‘Ojo que se están llevando a los chinos’. Pero jamás en mi vida pensé que él iba a caer en una de esas redes”, expresó. Cuando su hijo se fue, doña María se quedó con la incertidumbre inundándole el corazón.

Aunque su hijo le prometió que regresaría una semana después, su visita nunca ocurrió. Tampoco hubo una llamada, una carta o mensaje de él ni de otros tres jóvenes desaparecidos el mismo día. Olga Naizir, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y representante de víctimas del caso 03 ante la JEP, le contó a El Espectador que las pocas pistas que ha podido recoger la justicia permiten establecer que, al parecer, se trató de un caso de ejecución extrajudicial a manos de uniformados del Ejército. Para la fecha de los hechos, el comandante del Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas (Bivar) era el teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León, hoy compareciente ante la JEP.

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También el sargento segundo (r) Asmir Téllez aceptó responsabilidad el 4 de junio ante la JEP y ante María Eugenia Sánchez por su participación en el asesinato de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. La abogada Olga Naizir explicó que el joven de 17 años, tras ser engañado en Villavicencio, fue llevado al municipio de San Martín (Meta), puntualmente a un sitio llamado Hacienda La Cachamera. Con él también fue llevada otra persona identificada como Dairon Villafañe. “Los asesinaron en San Martín. Pero a doña María Eugenia le informaron que el cuerpo estaba en el cementerio de Granada (Meta), porque esa era una forma de operar. Los mataban en un lado y los enterraban en otro para que no se supiera qué pasó”, explicó la jurista.

Dos años después de la desaparición de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, doña María recibió una llamada relacionada con él: “Me dijeron que si quería saber de mi hijo, fuera a Medicina Legal en Granada, que allá tenían información”. Su cuerpo había llegado a ese lugar el 3 de marzo de 2002. La mujer fue junto a las familias de los otros tres jóvenes desaparecidos el mismo día. Solo dos de ellos, Dairon Villafañe e Indalecio González, fueron plenamente identificados tras ser presentados como guerrilleros muertos en combate. A María Eugenia Sánchez Cañón le entregaron un álbum forense en el que reconoció a su hijo, asesinado con crueldad. “En ese libro estaba él. Lo degollaron y los comparecientes no me han respondido por qué le hicieron eso”, narró.

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El perdón y las respuestas pendientes

El regreso que Carlos Eduardo Muñoz Sánchez le prometió a su madre nunca ocurrió y su visita a Medicina Legal le dio a la mujer la certeza de que había sido asesinado. María Eugenia Sánchez Cañón les pidió a los funcionarios que le dijeran dónde estaba y que se lo entregaran. Solo le respondieron que estaba en la tumba 03 del cementerio de Granada (Meta). Un dato que durante 24 años esta mujer ha atesorado en su corazón con la esperanza de que lo identifiquen y se lo entreguen para poder despedirlo. Hizo todo lo posible para que la justicia ordinaria escuchara su petición y nunca lo logró. Por el contrario, cada visita a la Fiscalía era como un golpe en el estómago que profundizaba aún más la herida abierta por la desaparición de su hijo.

“Yo puse una denuncia ante la Fiscalía y nunca me dieron respuesta. Iba y me decían que no había aparecido o me rechazaban por mi discapacidad. Nunca me atendieron”, narró María Eugenia Sánchez Cañón a este diario. En 2017, aproximadamente, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda tuvo conocimiento del caso y asumió la representación judicial de la familia de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. La abogada Olga Naizir explicó que durante los años en los que el expediente estuvo en manos de la justicia ordinaria, la respuesta siempre fue la misma: “No se ha logrado la plena identificación y por eso no han hecho la entrega del cuerpo”. Pero, además, señaló que la institucionalidad durante años solo le dio la espalda.

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“Doña María Eugenia en algún momento tuvo que ir a la Fiscalía y, como no la dejaban entrar, tuvo que subir las escaleras a gachas”, narró la jurista. Solo hasta que el proceso llegó a la JEP, hace unos ocho años, el expediente empezó a moverse. El caso de María Eugenia Sánchez Cañón entró en el subcaso Meta del macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. Los comparecientes, entre ellos Héctor Cabuya y Asmir Téllez, aceptaron su responsabilidad en el crimen. Incluso, en la reciente audiencia señalaron que son diez las tumbas del cementerio de Granada (Meta) en las que hay desaparecidos. Para doña María, esa confesión fue un bálsamo que ayudó a curar la herida y alimentó un perdón que, en su caso, no tiene límites.

“Yo los perdono de todo corazón porque nos han dado respuestas. Lo único que les pido es que me entreguen a mi hijo, que me ayuden a encontrarlo”, expresó. Pero también hay responsabilidades que el Estado debe saldar, como su reconocimiento por parte de la Unidad para las Víctimas, para que pueda acceder a una reparación integral. Ese proceso también ha estado lleno de tropiezos. Incluso, la abogada Naizir contó que interpusieron una tutela contra la mencionada entidad para avanzar en el reconocimiento de varias de las víctimas del Meta. El recurso fue admitido hace una semana por un juez de Bogotá. Al tiempo que los abogados se mueven en las aguas de los procesos judiciales, María Eugenia Sánchez Cañón habla de lo que le da esperanza cada día: “Saber que me lo van a entregar y que todavía hay que seguir adelante”.

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Casi 10 meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera sus primeras sentencias restaurativas contra máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, el Gobierno expidió el decreto que define las “condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las sanciones propias y medidas impuestas”.

El Decreto 0652, expedido por el Ministerio de Justicia, está orientado puntualmente a dos sanciones: la del macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc; y la del macrocaso 03, que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente los 127 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005 en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).

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La financiación de las sanciones

Uno de los puntos más sensibles fue el tema de la financiación para cumplir las setencias. El Ministerio de Justicia dispuso que los recursos para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos provendrán, principalmente, de las entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel central y descentralizado. De manera complementaria, también podrán destinarse recursos de la cooperación internacional y de alianzas con el sector privado, de acuerdo con las competencias legales y constitucionales de cada entidad involucrada.

El debate sobre la financiación de las sanciones restaurativas de la JEP cobró fuerza desde agosto de 2025, cuando el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, anunció que el Gobierno giró los primeros COP 20.000 millones para poner en marcha la implementación de las sentencias. Sin embargo, advirtió que aún hacían falta otros COP 30.000 millones que debían ser transferidos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad encargada de administrar los recursos destinados a los proyectos restaurativos.

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Dos días después, la Contraloría General advirtió que las necesidades presupuestales serían mucho mayores. Según el órgano de control, el Estado requerirá cerca de COP 500.000 millones para garantizar la ejecución de las sanciones restaurativas y avanzar en la reparación de las víctimas.

En materia presupuestal, el decreto establece que los recursos para implementar estas medidas dependerán de la disponibilidad de dinero prevista en la planeación fiscal del Gobierno. No obstante, la norma precisa que “las restricciones de carácter presupuestal deberán interpretarse y aplicarse de manera armónica y compatible con la obligación constitucional del Estado de implementar de buena fe el Acuerdo Final”.

Garantías para los comparecientes

El decreto también establece que el Estado garantizará “las condiciones transversales de dignidad indispensables para que los comparecientes desarrollen las sanciones propias y las medidas impuestas por la JEP”. El Ministerio de Justicia aclaró que dichas condiciones “no constituirán beneficios económicos para los comparecientes, ni podrán entenderse en ningún caso como contraprestaciones o remuneraciones por la realización de un servicio”.

Frente a las garantías para la ejecución segura y efectiva de los proyectos restaurativos, la norma contempla que el Estado deberá proporcionar la capacitación necesaria y los medios materiales indispensables para el desarrollo de las actividades. Asimismo, aclara que “estas garantías se otorgan exclusivamente para viabilizar la sanción propia y las medidas impuestas por la JEP, sin que generen vínculo ni derechos de naturaleza laboral, ni relación contractual”.

Antes de la ejecución de los proyectos restaurativos, la JEP y las entidades encargadas de implementarlos podrán adelantar, con el apoyo de los comparecientes, campañas pedagógicas dirigidas a las comunidades “receptoras con miras a propender la construcción de confianza con la sociedad civil y reducir los riesgos, enfatizando y promoviendo el carácter restaurativo de las sanciones y la reconciliación”.

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Salud y afiliación

El acto administrativo también establece que las entidades que, de manera voluntaria, vinculen comparecientes para la ejecución de proyectos restaurativos deberán asumir los costos de las evaluaciones médicas previas, de seguimiento y finales. Además, estarán a cargo de las medidas de protección personal necesarias para garantizar el desarrollo seguro de las actividades, sin que ello implique la existencia de una relación laboral o contractual.

La norma dispone que, para asegurar la ejecución segura y efectiva de las sanciones propias y demás medidas impuestas por la JEP, “se deberá garantizar el respeto a la condición de salud de los comparecientes, quienes tienen la obligación de someterse a los exámenes médicos que les sean ordenados”.

La medida también fija las reglas para garantizar que los comparecientes que ejecuten proyectos restaurativos cuenten con cobertura en salud durante el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP. Para ello, deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea en el régimen contributivo, en un régimen especial o de excepción o, si no pertenecen a ninguno de estos, en el régimen subsidiado.

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La afiliación estará a cargo de la entidad pública del Gobierno nacional que lidere el proyecto restaurativo, mientras que la JEP podrá verificar que ese proceso se haya realizado correctamente en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social.

Cómo se ejecutarán los proyectos restaurativos

Otra sección dispone que la participación de los comparecientes en los proyectos restaurativos deberá quedar formalizada mediante un documento escrito. En este se identificará la entidad responsable de ejecutar el proyecto, el compareciente, las actividades que desarrollará, los horarios establecidos por la JEP, las condiciones de seguridad, las pólizas de seguro y, cuando corresponda, las restricciones de derechos y libertades impuestas como parte de la sanción.

Protocolos de seguridad

Finalmente, el decreto ordena al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), las autoridades territoriales y demás entidades competentes implementar protocolos de seguridad para los comparecientes, siempre que exista una solicitud expresa de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

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Estas medidas incluirán la evaluación de riesgos individuales y colectivos, con enfoque diferencial y territorial, así como la coordinación de planes de prevención y protección a través de los Consejos de Seguridad y Convivencia y de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con el fin de garantizar el desarrollo seguro de los proyectos restaurativos para comparecientes de las Farc y exmiembros de la fuerza pública.

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En una sola fila, siete exmilitares se formaron para recibir una medalla. Esa, en específico, no tenía forma circular, ni tenía los colores del Ejército Nacional, verde y rojo. Tampoco fue un reconocimiento al valor, el heroísmo y los resultados, como tantas que obtuvieron en el pasado. La medalla, que esos siete exuniformados recibieron este viernes 26 de junio, vistiendo camisas blancas y con la cabeza baja, tenía la forma de una mariposa monarca, en distinción del perdón y la verdad. La escena tuvo lugar en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, en Medellín, durante una de las audiencias clave de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 03 y 04, que trata los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Dabeiba.

Los familiares de los llamados “falsos positivos” fueron quienes les entregaron ese prendedor en forma de mariposa a los hoy comparecientes ante el Tribunal de Paz, en señal de reconciliación y verdad. El impacto de la escena mantuvo en silencio por varios minutos al magistrado Juan Ramón Martínez, quien aún con la voz débil y los ojos próximos a las lágrimas, retomó la audiencia para darle paso, un tiempo más, a la reflexión. “No hay nada más que agregar. Esto denota la grandeza de las víctimas”, dijo el togado, aunque todavía quedaba media sesión por delante.

Durante dos días, víctimas, comparecientes y autoridades territoriales se dieron cita en ese recinto de memoria para evaluar los compromisos asumidos por siete exmilitares que reconocieron responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente antioqueño. Esa audiencia de verificación que adelantó la JEP se enmarca en el caso del cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, y en ella se constató los aportes de los comparecientes, así como la disposición del Estado, para dar cumplimiento a las próximas sanciones propias. La diligencia fue clave porque empieza a correr el plazo de 31 días para que la Jurisdicción emita la tercera sentencia de tipo restaurativo.

En esa región del país, la JEP investigó 18 hechos y los casos de 35 víctimas directas, personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate para obtener beneficios institucionales. El cementerio de Dabeiba fue epicentro de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado. Fue precisamente allí de donde comenzaron a brotar las respuestas. A raíz de los aportes a la verdad por parte de los comparecientes, se lograron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición en ese campo santo, 18 de ellos han sido identificados y entregados a sus familias.

Además, dentro de los principales hallazgos de la JEP, se concluyó que los siete comparecientes, adscritos en ese tiempo al Batallón de Contraguerrillas y la Brigada Móvil, desempeñaron un rol esencial en la configuración de ese patrón criminal. Los cuerpos de personas ajenas a las hostilidades fueron ocultados en cementerios municipales y presentados falsamente como bajas en combate, bajo alianzas entre integrantes de la fuerza pública y paramilitares. Ese fenómeno de violencia en esa región de Antioquia se presentó bajo dos modalidades: víctimas locales, como campesinos, seleccionadas por “prejuicio insurgente” o señalamientos de pertenecer a la guerrilla, y víctimas vulnerables trasladadas bajo engaño desde otros municipios, como Medellín o Turbo, con la excusa de ofertas laborales.

Por ese patrón criminal, la JEP halló como máximos responsables al coronel ( r ) Edie Pinzón Turcios, al mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, al mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, al mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa, al sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, al sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, y al sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Todos estuvieron presentes durante la audiencia de verificación de la JEP y rindieron cuentas de su compromiso con la verdad, la reparación y la paz.

La verdad que entregaron los comparecientes

Durante el primer día de audiencia, los exmilitares tuvieron la palabra. El compareciente William Capera fue el primero en intervenir. “Solo me estaban investigando por los casos en los que participé en el Batallón ‘Magdalena’, en Huila. Mi abogada y mi conciencia me aconsejaron decir la verdad. Hice un alto en la primera versión voluntaria (…) Le conté a todos los presentes que había cometido las primeras ejecuciones extrajudiciales en otra unidad. Que, quizás, en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, había al menos 100 cuerpos de víctimas”, relató el compareciente sobre la primera vez que habló sobre los hechos de Dabeiba ante la JEP.

Y agregó: “Fui a Dabeiba para mostrar que no había un solo centímetro de mentira. Que mi único interés era que las víctimas allí enterradas estuvieran con sus familias. Quería liberar mi alma y mi corazón y, quizás, el peso de la culpa por participar en todas estas ejecuciones extrajudiciales. Hacer parte de estos procesos me hace sentir cada día un mejor ser humano, que mis acciones tienen valor para las víctimas y para mí”.

El siguiente turno fue para el compareciente Jaime Coral quien señaló que que, en la justicia ordinaria, había aceptado cargos y que tuvo varias sentencias condenatorias, sin embargo: “El sistema de justicia transicional me permitió transitar de la degradación carcelaria hacia un camino de verdad, asumiendo la responsabilidad real en la construcción de paz”. El exmilitar recordó el momento en que se encontró con Amparo y Esneda Altamirano para contarles la verdad sobre lo ocurrido con Jhon Jarvi Cañas, su familiar asesinado. “Romper el silencio y relatarles la verdad sobre la muerte de su hijo y sobrino fue el temor más profundo que enfrenté”, expresó el compareciente. “Entendí que limpiar el nombre de John Jarvi y devolver la verdad era el único camino para resarcir el daño causado”, añadió.

El compareciente Fidel Ochoa Blanco señaló: “Municipios como Dabeiba, Ituango, corregimientos como El Aro, la vereda San Luis, entre otros, nunca se merecieron que nosotros mancháramos su nombre. Hoy, aquí, les digo a esas poblaciones que son conformadas por personas buenas, tan buenas que hoy en día, a pesar del daño que les hicimos, nos acogen”. En su intervención, se refirió a las familias de Rodrigo Torres, Gilber Muñetón, Diofanor Guizao, Isidoro Cardona, María Areiza, Ricardo Úsuga, Pacífico Sucerquia, Roberto Garcés y Arley Darío Rojas. Sus casos se vincularon al proceso judicial del Caso Conjunto 03 y 04 Cementerio las Mercedes de Dabeiba.

La respuesta de las víctimas

Ese mismo día de audiencia, también las víctimas tomaron la palabra. María Leonarda Rojas, hermana de la víctima Arley Darío Rojas, señaló que “las víctimas tenían nombre, tenían historias, familias que los amaban. Un día se los llevaron y los presentaron ante el país como bajas en combate”. Y agregó que una de las lecciones más importantes en el camino de la justicia restaurativa ha sido conocer el significado de la verdad y la reparación. “Antes pensaba que la justicia era castigar, pero entendí que la justicia verdadera es que se sepa lo que pasó, que se devuelva lo que nos quitaron y se garantice que no vuelva a pasar”, dijo María Leonarda.

Esneda Altamirano Correa leyó una carta de su hermana Amparo. “Mi hijo era un muchacho tímido, hermoso. Pagó el servicio militar porque quería servir a la patria. Mi muchacho no hubiera matado ni una mosca, pero ellos no tuvieron honor para matarlo. Lo vistieron con botas y uniforme para decir que era un guerrillero”. Su hermana Amparo subió al escenario y concluyó: “Gracias a Dios, a la JEP y a los comparecientes Coral y Ochoa que contaron dónde se habían llevado a mi hijo. Lo encontramos, lo llevamos a la casa y le dimos cristiana sepultura”.

Los proyectos para restaurar a las víctimas

Los magistrados Roberto Carlos Vidal, Ana Manuela Ochoa, Camilo Suárez y Zorayda Chalela se encargaron de revisar los proyectos restaurativos y las condiciones para implementarlos. El objetivo es que esas sanciones propias, que tienen una vocación restaurativa y le devuelven a las víctimas la dignidad, sean viables, monitoreables y sostenibles. “El proceso busca transformar la sanción por graves crímenes cometidos durante el conflicto en acciones concretas para reparar a las víctimas y restaurar los territorios afectados por el conflicto armado”, señala la JEP.

En efecto, en esta etapa del juicio contra los máximos responsables en el caso que aborda los crímenes cometidos en el cementerio de Dabeiba, la JEP verificó el cumplimiento de compromisos y las condiciones necesarias antes de emitir la sentencia. Así, como parte de la sanción, que implica restricciones efectivas de derechos y libertades, los comparecientes deberán desarrollar proyectos restaurativos para reparar el daño causado. “La verdad permitió saber qué ocurrió en Dabeiba y en el noroccidente antioqueño. La tarea que tenemos por delante consiste en demostrar que somos capaces de convertir esa verdad en acciones concretas de restauración”, dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga en sus palabras de apertura de la Audiencia Pública de Verificación del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Los proyectos que se priorizaron fue el desminado humanitario, la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, la construcción de escenarios de memoria, la intervención del cementerio Las Mercedes por haber sido el lugar de inhumación, otra intervención en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín por haber sido sitio de reclutamiento bajo engaño, la creación de murales, una campaña de recuperación del buen nombre de las víctimas, una publicación con obras de autoría de las víctimas, el mejoramiento de vías terciarias y la reconstrucción de puentes en el territorio.

Durante los dos días de audiencia, jueves 25 y viernes 27 de junio, los magistrados escucharon a las partes intervinientes en este proceso para garantizar que los proyectos restaurativos que harán parte de la Sanción Propia sean una realidad concreta y tangible en este territorio. Tras escuchar las intervenciones de las entidades presentes en el recinto, la JEP señaló que a partir de agosto de este año entrarán en desarrollo los Trabajos, Obras y Actividades que contribuyen a la Reparación (TOAR). Asimismo, a partir de octubre, se adelantarán en la Terminal del Norte de Medellín los trabajos de memoria, la intervención a la Plaza Minorista y la campaña comunicacional. Con el plazo de 1 año se adelantarán los desminados en Dabeiba (a partir de agosto), Mutatá (noviembre 2026 a julio 2027), Murindó (noviembre 2026 a julio 2027) y Turbo (noviembre 2026 a julio 2027).

Una mariposa monarca para renacer

Antes de finalizar la audiencia, Esneda Altamirano tomó de nuevo la palabra en representación de las víctimas. Su discurso no fue otro que hablar sobre la verdad y la paz. Con la figura de una mariposa monarca en sus manos explicó que ellas nacen con la característica de la transformación, y que eso era lo que las víctimas, los comparecientes y el país necesitaban. “Elegimos esta mariposa como nuestro símbolo de resiliencia, de amor, de paz y de perdón. Representa el proceso de transformación, resistencia y esperanza. Su vuelo simboliza que incluso después del dolor más profundo es posible construir caminos hacia algo diferente”, dijo.

Al tiempo, los magistrados iban recibiendo una mariposa también. Esneda continuó: “Somos reflejo de esa mariposa, que aún atravesando procesos difíciles y largos busca recuperar su dignidad, mantener viva la memoria y encontrar sentido en medio de la transformación”.

Los comparecientes, en medio del público, también recibieron palabras por parte de Esneda. “Están llamados a vivir su propio proceso de cambio donde reconocer la verdad, asumir responsabilidad y comprometerse con la reparación se convierten en señales reales de transformación. La JEP representa ese entorno que sostiene el proceso. Así como la mariposa monarca no completa sola su recorrido, la construcción de paz necesita el compromiso conjunto”.

Y como mensaje final, Esneda aceptó el perdón, pero no el olvido. “La mariposa monarca nos recuerda que transformar no es olvidar lo vivido sino permitir que de la memoria nazca un futuro donde la verdad, la reparación y la no repetición puedan abrir las alas”.

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Un documento de 690 páginas emitido esta semana por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retrata en parte algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla de las Farc en contra del pueblo negro afrocolombiano y siete pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Se trata de la imputación en contra de cinco exjefes del Bloque Caribe de ese grupo ilegal, que operó entre 1996 y 2007 en Cesar, Magdalena y La Guajira.

Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Gilberto Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; Héctor Hernández, alias “Fabio Borges”; y Marcos Martínez, alias “Silfredo” fueron llamados a reconocer responsabilidad por al menos 423 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa. La investigación puso de manifiesto el tamaño de la barbarie de las Farc en esa región del país.

El subcaso llamado Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá hace parte del caso 09 de la JEP, en el que se investigan los crímenes en contra de comunidades étnicas en el marco del conflicto armado interno. La JEP determinó que allí ocurrieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, persecución y violación. Así como los crímenes de guerra de homicidio, desplazamiento, tortura, violación, saqueo y destrucción de bienes culturales y lugares de culto.

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La imputación fue liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, correlator de este subcaso. El togado hizo énfasis en la importancia de esta decisión por su enfoque étnico y por ser la primera imputación relacionada con el caso 09. “Hay un gran valor en la imputación que se hace del crimen de lesa humanidad de persecución, porque es la dimensión discriminatoria del ejercicio de violencia que muchas veces no se reconoce porque se normaliza y se elude sistemáticamente la discriminación que está detrás”, le dijo el magistrado a El Espectador.

En su investigación encontró que, entre los crímenes por los cuales fueron llamados a reconocer responsabilidad estos exintegrantes de las Farc, hay 163 que corresponden a asesinatos, 211 a desplazamientos forzados, 53 a desaparición forzada y 25 son violencia sexual y violencia basada en género. De estos hechos, 318 ocurrieron entre 1996 y 2007, que es el período priorizado en la investigación. Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad se concentró en 83 hechos ilustrativos de lo que ocurrió en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá.

Esos hechos responden a cinco patrones criminales: cooptar organizaciones étnicas y vaciar el territorio de autoridades y liderazgos; eliminar, amenazar o desterrar a “enemigos” o colaboradores de otros grupos armados; castigar a quienes incumplían sus reglas de control territorial; controlar a las mujeres y niñas mediante violencias de género; y dominar áreas estratégicas. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, El Espectador recopiló algunos casos.

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Edinson Salas Rodríguez y Carlos García

En la madrugada del 22 de diciembre de 2004, presuntos integrantes del Frente 41 de la antigua guerrilla de las Far llegaron a la finca Alto de las Águilas, ubicada en la vereda Makenkal del corregimiento de Sicarare, en Codazzi (Cesar). Allí vivían Omar Salas Rodríguez y su hijo, Edinson Salas Rodríguez, quienes eran afrocolombianos y se dedicaban al cultivo de café, lulo, mora, plátano y malanga. Los hombres armados entraron a la casa, tiraron contra el suelo a quienes estaban en la vivienda, los amarraron y se los llevaron.

El mismo día, los guerrilleros se tomaron la vivienda de Efraín García y su hijo, Carlos García, a quienes se llevaron con ellos. Días después, como lo recopila la investigación de JEP, los cuerpos de Omar Salas y Efraín García fueron encontrados en una fosa común, en avanzado estado de descomposición. Habían sido descuartizados. Los cuerpos de Edinson Salas y Carlos García, quienes habían sido raptados el mismo día, no fueron hallados. Han pasado más de 21 años y sus familias, a pesar de que tuvieron que desplazarse forzosamente, aún los están buscando.

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Luz Amparo Torres Daza

Luz Amparo Torres Daza, más conocida en su comunidad como “La Tita”, era una lideresa indígena del pueblo kankuamo en el departamento del Cesar. El 11 de agosto del año 2000, cuando se desplazaba por la vía entre Atánquez y la Mina Arroyo, en Valledupar, después de asistir a una manifestación en su comunidad, al parecer hombres del Frente 59 de las antiguas Farc la interceptaron. Según la JEP, fue obligada a bajar de su vehículo, le pidieron su cédula, la retuvieron y torturaron durante 20 días. Hasta hoy, sigue desaparecida.

Alfonso de la Cruz Nieves Loperena y Luis Carlos Nieves Daza

Sobre las 3:00 de la tarde del 13 de mayo de 2002, Alfonso de la Cruz Nieves Loperena estaba en una tienda de la vereda Curazao, en el corregimiento de La Junta de San Juan del Cesar (La Guajira). Estaba tomando cuando llegó su hijo, Luis Carlos Nieves Daza, de apenas 18 años. Tres hombres armados y con pasamontañas llegaron al sitio, los golpearon, los obligaron a subirse a un taxi de color amarillo y se los llevaron hacia una zona conocida como Potrerito, ya en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Era lunes festivo cuando Alfonso Nieves y Luis Nieves, padre e hijo, indígenas del pueblo wiwa, fueron desaparecidos. El hecho fue atribuido al Frente 59 de la guerrilla de las Farc, al mando de alias “El Indio”. Según relataron sus familiares a la JEP, mientras los hombres armados los golpeaban, los acusaban de ser informantes de los paramilitares que también operaban en la región. No vivían allí, solo estaban visitando a una familiar. Han pasado más de 24 años y, aunque saben que fueron asesinados, sus familiares no han encontrado los cuerpos.

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Merilo Agustín Arias Ariza

El 26 de mayo de 2002 fue domingo de elecciones presidenciales en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta contra el candidato Horacio Serpa. Ese día, Merilo Agustín Arias Ariza salió a Valledupar a ejercer su derecho al voto. Al día siguiente, cuando regresaba a su casa, el indígena del pueblo kankuamo fue retenido en el camino, al parecer, por guerrilleros de las Farc. Los informes recibidos por la JEP indican que iba hacia la Serranía de Potrerito cuando lo obligaron a bajar del vehículo en el que iba. Fue desaparecido. Aún no hay noticia de él.

Ángel de Jesús Pacheco Malo

“El día 9 de diciembre de 2003, mi esposo, Ángel de Jesús Pacheco Malo, salió de la casa donde vivíamos. Iba para Marokaso (San Juan del Cesar, La Guajira), a donde mi mamá. Me dijo que volvía a los cinco días. A los 14 días de mi esposo haber salido de la casa, el papá de Ángel llegó hasta mi casa y me preguntó que si yo no sabía nada de mi marido. Yo le dije que no, entonces mi suegro dijo que mi marido estaba muerto, que no lo esperara más, que él no iba a volver, que no lo pensara más, que me encargara de mis hijos.

“Él no me dijo más nada, ni cómo se enteró, ni dónde estaba el cuerpo de mi marido. Después, una tía mía me dijo que la guerrilla lo había agarrado y lo mataron. Que ella no me había dicho nada porque la guerrilla la había amenazado de matarla si decía lo que pasó con mi esposo. Después me dijeron que lo habían matado por el Machín. Me dicen que está enterrado por ahí, pero yo nunca he ido por allá. A mí me dijeron que lo habían agarrado las Farc (...) No sé qué problemas tendrían ellos con la guerrilla; yo tuve tres hijos con Ángel”. Su esposa aún lo busca.

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La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de tres días de arresto impuesta al representante a la Cámara Miguel Polo Polo por incumplir la orden judicial de ofrecer disculpas públicas a las madres de las víctimas de los llamados “falsos positivos”.

La decisión, adoptada en sede de consulta y con ponencia del magistrado Manuel Antonio Zamudio, ratificó el fallo del Juzgado 30 Civil de Bogotá, que declaró en desacato al congresista al concluir que no cumplió la orden emitida por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado.

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El caso se originó tras la instalación en el Congreso de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, organizada por el Colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) como un acto de memoria y reconocimiento a los jóvenes ejecutados extrajudicialmente por integrantes de la Fuerza Pública.

Durante la jornada, Polo Polo difundió un video en el que retiró y depositó en una bolsa de basura varios de los elementos utilizados en el homenaje. En esa ocasión, el congresista afirmó: “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”.

Según el Tribunal, aunque el representante respondió requerimientos y presentó comunicaciones durante los últimos meses, sus actuaciones estuvieron orientadas a favorecer sus propios intereses y no a materializar acciones efectivas de reparación dirigidas a las integrantes de Mafapo.

Con esta decisión, la magistratura concluyó que el juzgado que impuso la medida restrictiva actuó conforme a la ley y confirmó la sanción de arresto contra el congresista.

El incidente de desacato contra el representante Miguel Polo Polo se remonta a diciembre del año pasado. Desde entonces, el Juzgado 30 Civil de Bogotá le requirió en varias oportunidades que aportara pruebas del cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, el despacho concluyó que “pese a los requerimientos efectuados se tiene que Miguel Abraham Polo Polo no ha dado cumplimiento íntegro al numeral sexto de la sentencia proferida por la Corte Constitucional el día 4 de septiembre de dos mil veinticinco 2025”.

La orden del alto tribunal exigía al congresista “reconocer y publicar en sus redes sociales una disculpa pública en la que reconozca la naturaleza legítima de la instalación ‘Mujeres con las botas bien puestas’, su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado, y el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la exposición artística, las madres integrantes de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos”.

De acuerdo con el juzgado, no existe evidencia en las redes sociales del representante que demuestre el cumplimiento integral de esa orden. “Debido a lo ordenado por la alta corporación, este despacho evidencia que dicha orden no fue acatada íntegramente, pues no obra en las redes sociales del querellado Miguel Abraham Polo Polo prueba de que se hubiese publicado una disculpa pública conforme lo dispuesto por el tribunal constitucional y bajo el término ordenado”, señala la decisión.

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El despacho evaluó un video publicado por Polo Polo, en el que afirmó: “Lo reconozco por orden de la honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (…) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”. Además, manifestó: “Les presento disculpas (…) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”.

No obstante, el juzgado concluyó que se trató de una “disculpa hipotética”, al considerar que la expresión “si se sintieron aludidas” trasladaba la responsabilidad a las víctimas. “La Corte no le ordenó manifestar una duda o una falta de constancia probatoria personal; le ordenó reconocer la inexactitud de su dicho. Declarar que ‘no le consta’ el pago equivale a mantener una sospecha latente sobre la honorabilidad de la Asociación MAFAPO, desatendiendo el mandato de rectificación definitiva”.

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Cinco exjefes del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de al menos 423 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en los departamentos de Cesar y Magdalena.

La decisión se conoció en la tarde del 18 de junio por parte de los magistrados Alejandro Ramellí Arteaga, presidente de la justicia transicional, y Óscar Parra Vera, integrante de su Sala de Reconocimiento de Verdad. Se trata del primer auto de imputación relacionado con el caso 09 de esa instancia, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.

Desde septiembre de 2022, cuando la JEP abrió el caso 09 y empezó a mapear los crímenes cometidos en contra de comunidades étnicas en el marco del conflicto armado interno, le puso la lupa a lo ocurrido en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Una zona en disputa desde finales de los años 80 por cuenta de la presencia del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Pero que hoy sigue azotada por la guerra que libran estructuras ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Los Pachencha contra el Estado. La justicia transicional encontró que los habitantes de esta región sufrieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los exjefes del Bloque Caribe que fueron llamados a reconocer responsabilidad son Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”; Gilberto Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; y Héctor Hernández, alias “Fabio Borges”.

El quinto imputado es Marcos Martínez, alias “Silfredo”, quien no hizo parte de la cúpula guerrillera en la región, pero, según la JEP, habría tenido un rol clave dentro de las graves violaciones a las comunidades, a los territorios étnicos y sus lugares sagrados. Además del pueblo negro afrocolombiano, son siete los pueblos indígenas que sufrieron los embates de la guerra en esta región: kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa.

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Radiografía de la barbarie

Ricardo Jesús Romero Cabana, vocero de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, vivió de frente la violencia que campeaba por los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. En diálogo con El Espectador, narró cómo en los años 80 los hombres del Bloque Caribe de las antiguas Farc empezaron a rondar las veredas y corregimientos de la región.

Su sola presencia le abrió la puerta a que el Ejército y las AUC, como lo ha investigado la propia JEP en otros de sus casos, desataran una guerra de estructuras armadas allí. “Los paramilitares nos tildaron de ser auxiliadores de la guerrilla, solo porque los milicianos pasaban por ahí”, le contó el líder social a este diario.

Su comunidad, el pueblo negro afrocolombiano del corregimiento de Guacochito (Valledupar), fue solo uno de los que sufrieron las múltiples formas de violencia que la JEP documentó en la región. Según la investigación adelantada para esta imputación, en los 27 municipios que hacen parte del expediente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, la antigua guerrilla de las Farc habría cometido al menos 163 asesinatos.

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Además de 211 desplazamientos forzados, 53 desapariciones forzadas, 25 casos de violencia sexual y violencia basada en género entre los años 1996 y 2007. Según la JEP, la desmovilizada guerrilla también habría cometido saqueos, torturas, ocupación y destrucción de territorios étnicos y lugares sagrados.

Estas formas de violencia fueron agrupadas en cinco patrones macrocriminales: cooptar organizaciones étnicas y vaciar el territorio de autoridades y liderazgos; eliminar, amenazar o desterrar a “enemigos” o colaboradores de otros grupos armados; castigar a quienes incumplían sus reglas de control territorial; controlar a las mujeres y niñas mediante violencias de género; y dominar áreas estratégicas.

“El Bloque Caribe de las extintas Farc-EP asumió funciones de regulación de la vida colectiva como la solución de conflictos y la administración de bienes, generando que los territorios, además de ser campos de batalla en los que se desarrollaba la confrontación armada, fueran también escenarios de interacción permanente y de regulación de los ámbitos económico, cultural y social de la población civil en la zona”, señaló la JEP.

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Grietas en el territorio y en las comunidades

La importancia de esta decisión va más allá de la imputación en contra de estos cinco exjefes del Bloque Caribe, que se suman a los 130 comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc llamados por la JEP hasta la fecha a reconocer responsabilidad en distintos casos y delitos en todo el país.

Se trata de una orden que durante años esperaron las víctimas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, que le abre la puerta a la verdad y la reparación por la que han luchado durante años en esa región. En su diálogo con este diario, el líder afrocolombiano Ricardo Jesús Romero Cabana expresó que, pese a la desconfianza de las propias comunidades al inicio del proceso, han comprendido lo que implica llegar a la verdad.

“Nosotros buscamos que esto sí sea un proceso de verdad (...) Si logramos acciones que impacten nuestros territorios, eso ya es una gran ganancia”, dijo el líder comunitario. Desde su postura, ahora es clave que los comparecientes reconozcan su responsabilidad en los daños a la vida y a la integridad de cada una de las víctimas individuales, pero también que asuman los daños colectivos.

Que acepten responsabilidad en el no reconocimiento de la identidad étnica de los pueblos, las violaciones a su autonomía y a su gobierno propio, los daños a los territorios, a la naturaleza y a los lugares sagrados. En esa línea, hizo una petición directa en nombre de las comunidades: “Ahora lo que solicitamos y en lo que estamos trabajando es que el territorio sea acreditado como víctima, porque eso nos permitirá tener mayor incidencia y adelantar un proceso de sanación”, expresó.

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El magistrado Óscar Parra, correlator de este subcaso de la JEP y quien lideró esta imputación, le explicó a este diario que en julio de 2024 se ordenó la acreditación como víctima para el territorio de la Sierra Nevada y para tres de los pueblos indígenas que viven allí y que ese reconocimiento se ha ampliado.

“Hubo una decisión inicial de la Sierra Nevada por sus particularidades, pero en el proceso se han ido acreditando otros pueblos que están fuera de allí y que hacen parte de la Serranía del Perijá, como el territorio Owaya”, explicó el togado. También hizo énfasis en la importancia de los crímenes de persecución y de exterminio dentro de esta imputación, así como las violencias sobre mujeres y niñas contra quienes, según explicó, en muchos casos la guerrilla “se ensañó” de forma particular.

“En esta imputación narramos cómo los cuerpos de las mujeres y las niñas se volvieron parte de los territorios de la guerra y espacios en los que se proyectó la masculinidad guerrera que caracterizó el conflicto armado”, explicó el magistrado Parra Vera. También destacó la importancia de esta imputación para tender puentes entre investigaciones y darle una mirada especial a las violencias contra los pueblos étnicos.

“La JEP está cerrando sus macrocasos y estamos articulando narrativas que no se habían articulado antes”, expresó. Aunque el tiempo apremia y, según los cálculos de esa instancia, este año deberían terminar las imputaciones, hay un compromiso al que no podrán darle largas: la verdad que las víctimas buscan y merecen.

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Ante el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron postulados 29 exmilitares que aceptaron su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008. Los exintegrantes del Ejército ahora están a un paso de recibir su sentencia restaurativa de la justicia transicional.

La decisión se conoció en la mañana de este miércoles 17 de junio, por parte del magistrado Alejandro Ramelli Artega, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de esa instancia. La remisión de sus casos responde a la verificación del cumplimiento de requisitos de parte de los comparecientes.

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Los casos de los 29 exmilitares, imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad e incluidos en esta resolución de conclusiones remitida al Tribunal para la Paz, hacen parte del subcaso Huila del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La decisión cobija al coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles y a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López García, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado Camero, Alejandro León Campos, Mario Hernán Duarte Méndez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Leonardo Ayala Remolina.

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También a los mayores (r) Felipe Andrés Ramírez Gómez, Francisco Adrián Álvarez Calderón, Ángel Fernando Carvajal Rojas y Julián Andrés Calderón Motta; a los capitanes (r) Miller Damián Forero Cruz, Jesús Mauricio Jiménez Botina y Carlos Mahecha Bernal. Se suman a los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta Ballesteros, Desaix de Jesús Palomino Mejía y Fernando Riveros Sarmiento.

Completan la lista los sargentos segundos (r) William Andrés Capera Vargas y Carlos Hernán Rodríguez Vera; el cabo primero (r) José Roldán López Cerón y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinoza Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, José Yaty Anacona Bueno y Francisco Javier Castañeda Alfaro. Todos hicieron parte de tres unidades adscritas a la novena brigada del Ejército en Huila.

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La JEP encontró que los 29 exmilitares hicieron parte de “un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y una mayor legitimidad institucional”. A diferencia de otros sitios del país, en Huila actuaron solos y no en alianza con paramilitares.

Cuando el caso llegó a la JEP, la justicia ordinaria había emitido 15 condenas en contra de personas específicas y hechos puntuales. Sin embargo, la investigación adelantada por la justicia transicional y la escucha de más de 130 versiones voluntarias y siete testimonios permitió mapear violencias en contra de 434 víctimas, solo en Huila, de las 4.990 acreditadas en el caso 03.

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Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó a 36 exmilitares como máximos responsables de 204 homicidios, incluidos 35 casos de desaparición forzada, y ocho tentativas de homicidio ocurridas en Huila entre 2005 y 2008. Los 29 enviados hoy al Tribunal para la Paz aceptaron su responsabilidad. Los demás, al no aceptar responsabilidad, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

Al tiempo que en esa instancia se define la sanción propia en contra de estos comparecientes, los exmilitares avanzan en el desarrollo de proyectos restaurativos con y para las víctimas, relacionados con la búsqueda de los desaparecidos y la memoria histórica. A la fecha se han adelantado ocho jornadas de intervención en el Cementerio Central de Neiva, el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila) y el Cementerio Jardines de Paz de Florencia (Caquetá), donde han recuperado los cuerpos de 71 desaparecidos.

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La segunda iniciativa de trabajo anticipada se llama “Ruta de la Memoria y la Reconciliación” y es liderada por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio. En ese contexto, once comparecientes se reunieron con las víctimas y trabajaron juntos en la creación de murales pétreos en municipios del Huila para mantener viva la memoria de las víctimas. Uno de estos murales fue entregado el pasado mes de marzo en Isnos.

Finalmente, los comparecientes avanzan en el desarrollo de piezas divulgativas para restablecer el buen nombre de las víctimas y de sus seres queridos. El objetivo es poner en la conversación pública la voz de los exmilitares que desvirtuarán públicamente las falsas acusaciones que fueron utilizadas para encubrir los graves crímenes cometidos en contra de la población civil.

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En la mañana de este martes 9 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer la decisión de expulsar al coronel en retiro José Pastor Ruiz Mahecha, “por incumplir grave e injustificadamente el régimen de condicionalidad”. El exmilitar enfrentaba un juicio adversarial por casos de falsos positivos ocurridos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).

Ruiz Mahecha estaba involucrado en dos de los macrocasos de la JEP. El caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. Y el caso 08, que aborda crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles.

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En el primer caso, fue imputado como máximo responsable en el subcaso Costa Caribe por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar. El exmilitar no aceptó responsabilidad y fue llamado a juicio adversarial.

En el otro macrocaso, fue llamado a comparecer en el marco del subcaso Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas aledañas, por el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada el 24 de abril de 2005 en la vereda Doce de Octubre, en Cartagena del Chairá (Caquetá), cuando Ruiz Mahecha comandaba el Batallón de Contraguerrilla Número 55 de la Brigada Móvil Seis del Ejército.

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La JEP le abrió en marzo pasado un incidente de desacato a Ruiz Mahecha porque no estaba aportando verdad efectiva a los procesos que adelantaba en su contra la justicia transicional y porque “desconoció de manera reiterada la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional”, como lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la Fiscalía de la JEP, el mismo organismo que llevó a Ruiz Mahecha a juicio adversarial, le pidió al Tribunal para la Paz expulsarlo de esa instancia y devolver sus procesos a la justicia ordinaria, porque “el compareciente no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad”.

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Fue la Subsección Cinco de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, integrada por los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, María del Pilar Valencia y Gustavo Salazar Arbeláez, la que estudió el caso y tomó la decisión. Solo la magistrada Valencia hizo salvamento de voto y se apartó de la decisión mayoritaria de esa instancia.

“El comportamiento del compareciente resulta incompatible con las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad. En lugar de asumir la verdad judicial establecida en las sentencias condenatorias como un punto de partida mínimo para contribuir al esclarecimiento de los hechos, Ruiz Mahecha insistió reiteradamente en desconocer su responsabilidad penal”, señaló la JEP.

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Agrega la decisión que el exmilitar “sostuvo que fue condenado injustamente con base en falsos testimonios, negó cualquier articulación con estructuras paramilitares y afirmó que las operaciones militares objeto de condena correspondieron a actuaciones legítimas en combate”. Cuando llegó a la JEP, Ruiz Mahecha ya tenía tres sentencias ejecutoriadas de la justicia ordinaria.

“Estas conductas evidencian una falta de compromiso con los fines del Sistema Integral para la Paz y afectan de manera directa los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, señala la decisión. Ahora, todos los procesos en contra de Ruiz Mahecha regresarán a la justicia ordinaria. Puntualmente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), para que continúe con el juicio en su contra.

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La familia de un joven de 23 años, desaparecido en septiembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia), no tendrá que seguir buscando a su ser querido. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les entregó a sus familiares los restos de este hombre, hallados en septiembre de 2025 en La Escombrera, denominada como la fosa común a cielo abierto más grande del país y un sitio clave para la búsqueda de los desaparecidos.

Según la información entregada por la JEP, la víctima era un joven obrero de 23 años, padre de una niña que tenía solo un año de nacida a la fecha de su desaparición. Esta persona, según la investigación, habría sido desaparecida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), puntualmente por el Bloque Cacique Nutibara. La justicia transicional ha atribuido a esa estructura las desapariciones de las siete víctimas halladas hasta ahora en La Escombrera.

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Fue en ese sitio donde el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, en el marco de la intervención a La Escombrera, encontró los restos de este joven el 25 de septiembre de 2025. La identificación de los restos tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que acompañó también el trabajo de la JEP para encontrar a los familiares de este joven y devolverles el cuerpo de su ser querido.

La justicia transicional detalló que esta persona no vivía en la comuna 13, sino en un sitio de la zona oriental de Medellín. El dato es clave porque se trata de la primera víctima hallada en La Escombrera que no era propiamente de ese sitio, sino de una zona alejada de allí. Ese detalle, señaló la JEP, da cuenta de que el Bloque Cacique Nutibara de las antiguas AUC tuvo incidencia en distintas zonas de la ciudad en las que tuvo dominio criminal.

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“Esto corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que dicho lugar (La Escombrera) hubiera sido utilizado como sitio de inhumación por parte de estructuras criminales de las AUC que hacían presencia y ejercían control en amplias zonas de la ciudad”, indicaron desde la JEP. De igual forma, el hallazgo, identificación y entrega del cuerpo de esta víctima llama a seguir buscando a los desaparecidos allí.

“Refuerza la necesidad de continuar las labores de búsqueda, ante la posibilidad de que el número de personas desaparecidas e inhumadas en este sector de la Comuna 13 sea mayor, como lo han señalado las víctimas y las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares y que acompañan la intervención forense”, señaló la justicia transicional. Hasta ahora, los restos de siete víctimas han sido encontrados en ese sitio de la capital antioqueña.

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Las labores de la JEP en La Escombrera están enmarcadas en el subcaso Antioquia del caso 08 de la justicia transicional, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Desde hace casi dos años que la justicia transicional ordenó la intervención en este sitio, donde se han removido más de 62.000 metros cúbicos de tierra.

Tras meses de trabajo y ante la insistencia de las víctimas que durante más de dos décadas han señalado hacia La Escombrera como el sitio en el que podrían estar sus seres queridos, en diciembre de 2024 fueron hallados los primeros restos humanos en ese sitio. La JEP mantiene las medidas cautelares sobre ese sitio y sobre La Arenera, también en la comuna 13, que suman un área de 6.912 metros cuadrados en los que no solo se buscan cuerpos, sino verdad y justicia.

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En Colombia hay que buscar a más de 136.000 personas desaparecidas forzosamente en medio de la guerra. Además de seguirles el rastro entre montañas, trochas, mares y ríos, los buscadores tienen que hacerle el quite a las balas de un conflicto que persiste en los territorios.

Para encontrarlos, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se ha acercado a más de 5.000 actores que hoy son parte de esa guerra, o que estuvieron en las filas de algún grupo armado, para que entreguen información que permita trazar coordenadas y llegar a los sitios en los que enterraron a víctimas y adversarios. Fue así como en Guachaca (Magdalena), recientemente la UBPD encontró a dos desaparecidos.

El 8 de mayo de 2026, antes de que pintara el día, los funcionarios de la UBPD se alistaron para iniciar su jornada de búsqueda. Salieron desde el centro poblado de Guachaca, un corregimiento de Santa Marta que tiene alrededor de 7.000 habitantes, hacia una de sus veredas donde tenían información sobre la existencia de una fosa común.

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A mitad de camino la caravana se detuvo para ponerle la debida señalización a las camionetas y avisarle a los grupos armados de la zona que iban en una misión humanitaria para recuperar los cuerpos de dos personas desaparecidas a inicios de los 2000. Un aportante de información entregó detalles suficientes para que los forenses y antropólogos trazaran la ruta hacia su encuentro.

Desde el sitio hasta el cual pueden llegar los vehículos hasta el lugar en el que hicieron la exhumación hay un tramo boscoso y lleno de riachuelos que se recorre en más de una hora caminando. Hasta allá, integrantes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en los años del conflicto, “llevaban envueltos en hamacas” los cuerpos de personas muertas en combates, como le contaron a El Espectador los campesinos de la región.

Para atravesar la montaña, la UBPD abrió un corredor humanitario, pues allí las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo aún se disputan el territorio a sangre y fuego. Tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, el poder de la región fue tomado por ese grupo.

Organizaciones que analizan el conflicto en el país han explicado cómo, luego de la desaparición de las AUC, hubo una reconfiguración criminal que le dio poder y gobernanza a esa estructura también conocida como “Los Pachenca”. Las comunidades llevan años en medio de una disputa territorial que ha dejado una estela de temor y en la que un segundo grupo ilegal busca hacerse con esa zona: el Clan del Golfo.

Es en ese contexto de violencia activa en la que los funcionarios de las misiones humanitarias buscan a los desaparecidos de más medio siglo de violencia. “Nosotros buscamos en medio del conflicto armado, por lo que debemos hacer acuerdos como los corredores humanitarios. Hacemos pedagogía con los actores para que comprendan nuestro mandato”, le explicó a este medio Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

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Agregó que su trabajo implica generar confianza a los actores armados y hacerlos conscientes del carácter humanitario de su misión. “Ellos acceden a generar espacios de seguridad, replegando sus operaciones para que no nos veamos envueltos en confrontaciones durante las labores de campo. Estas misiones están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la directora durante el viaje a la Sierra Nevada.

Sobre las 9:40 de la mañana, el equipo de expertos forenses estaba listo en el punto que describió con detalles el aportante de información para iniciar la excavación y sortear la incertidumbre que se siente sobre la posibilidad de que en el sitio no encuentren nada.

Pero en este caso fue distinto. Quien entregó la información es un excombatiente de un grupo ilegal que tuvo presencia en la región y que desde la cárcel, donde se encuentra en la actualidad, decidió dar detalles sobre casos de desaparición forzada en los que participó. “Tenemos diálogos directos con personas que participaron en las hostilidades, tanto actores legales como ilegales, incluyendo firmantes de paz y personas que siguen en los grupos armados. Este ambiente de confianza y el trabajo humanitario permite que nos entreguen sitios de interés forense sin temor a la persecución penal. Contamos con más de 5.000 rutas de aporte con miembros de la fuerza pública, grupos de autodefensa y otras organizaciones criminales”, añadió la directora.

Según la UBPD, la mayoría de los aportantes son exparamilitares que no reciben beneficios jurídicos por entregar verdad, pero que, dice la Unidad, hablan para sentir menos dolor por lo que hicieron. “En el caso de las extintas AUC, tras 20 años del proceso de Justicia y Paz, hay una toma de conciencia de que el aporte real a la paz es aliviar el sufrimiento de las víctimas encontrando los cuerpos”, señaló Camilo Delgado, coordinador de Gestión de Fuentes y Custodia de la Información de la UBPD. Agregó que existen otros métodos para encontrar la información: “Identificamos actores armados que estuvieron en el territorio y nos ponemos en contacto con ellos. También asistimos a cárceles, donde abordamos a personas bajo la garantía de confidencialidad, extrajudicialidad y enfoque humanitario”.

Treinta minutos después de que el equipo forense empezara a excavar en el sitio de interés, de la tierra brotó el primer hallazgo. Hacia las 10:10 de la mañana, los profesionales encontraron una prenda de vestir de tonos verdes atada a una soga. “Nunca creemos que sea fácil. Tras excavar unos 60 centímetros, encontramos elementos indiciarios como una soga, algo extraño en la selva de la Sierra Nevada”, explicó la directora Forero. Dentro de ese trozo de tela había huesos correspondiente a una parte del tren inferior de una víctima aún sin identificar. Para llegar a ese detalle, los expertos dejaron a un lado la pala con la que estaban excavando e hicieron una minuciosa exploración, cerniendo la tierra para no perder huesos pequeños.

En esa primera fosa, el equipo forense solo encontró huesos correspondientes a la parte inferior del cuerpo de la víctima, además de la prenda de vestir, que se trata de algo más que un pedazo de tela: “Es algo vital para ayudar a las familias a identificar a la persona desaparecida”, explicó Forero.

Tras ese primer hallazgo, el equipo de la UBPD se desplazó hasta otro de los sitios indicados por el aportante de información. Señalizaron el lugar y sobre las 11:20 de la mañana dieron el primer palazo. Veinte minutos más tarde, a las 11:40, la pala del forense dejó al descubierto una hamaca cubierta por tierra. Un par de golpes suaves con pequeños palustres fueron suficientes para confirmar que, envuelto en esa tela, había un segundo cuerpo.

La víctima encontrada allí pasó más de 20 años en el silencio profundo que esconden los bosques de la Sierra Nevada. Un mutismo que se rompió justo en el momento en el que el equipo de la UBPD encontró el cuerpo. El rostro de los funcionarios pasó de la expectativa a la felicidad por ese hallazgo. Las declaraciones de una persona que en su momento estuvo en las filas de uno de los grupos ilegales que sembró el horror en esa zona del país, hizo posible encontrar a dos víctimas que, aunque todavía no están identificadas, seguramente tienen seres queridos que aún los buscan o los esperan en casa. “Hacemos un llamado a romper el silencio, ya que somos una entidad humanitaria, confidencial y reservada que no pondrá en peligro a las familias ni a los aportantes”, enfatizó la directora Forero.

La funcionaria resaltó la importancia del trabajo que hace la entidad para seguir uniendo las piezas rotas de una guerra de décadas. “La UBPD es la manifestación de un Estado que ahora asume la desaparición con convicción. Somos facilitadores de un proceso restaurador y de reparación simbólica”, dijo Forero al finalizar los trabajos en la Sierra Nevada.

Cuando el reloj marcó las 3:00 de la tarde, empezó el retorno hacia el punto de partida. A las 3:30 se terminaba el corredor humanitario que abrieron las ACSN y el Clan del Golfo para adelantar los trabajos allí. La comitiva se alejó con la satisfacción de haber encontrado a dos víctimas, pero con el dolor que causa saber que pueden ser cientos o miles los cuerpos que siguen enterrados en ese sitio en el que la guerra no da tregua ni para buscar a los desaparecidos.

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A la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), a la que usted pertenece, le correspondió examinar el caso del compareciente Mauricio Santoyo para verificar si este había cumplido con los aportes a la verdad plena de los hechos criminales que cometió o que conoció durante el conflicto armado; y, mediante esa revisión, poder determinar si merecía ser expulsado de la jurisdicción. Pero, en principio, ¿cómo y cuándo llegó Santoyo a la JEP?

La Sala aceptó el sometimiento (a la JEP) del general ® Santoyo en dos etapas: primera, en febrero de 2020, por el delito de desaparición forzada de las víctimas Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos y miembros activos (ellos mismos) de la Asociación Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Colombia (ASFADDES); segunda, en septiembre de 2021, por los ilícitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su relación con los grupos paramilitares y la banda criminal de la Oficina de Envigado. A partir del 3 de septiembre de 2020, cuando firmó su acta de sometimiento, este compareciente se comprometió a aportar verdad plena, y a garantizar la no repetición y la reparación inmaterial a las víctimas.

¿Cuánto trabajo les tomó analizar la situación del general ® Santoyo? ¿Fue difícil el examen de este caso?

Sí, fue difícil, además del proceso por la desaparición forzada de los dos defensores de derechos humanos, por la complejidad de los crímenes cometidos en la época, y en la región en donde ocurrieron: el Valle de Aburrá, años 1997 al 2001. Eran momentos en que estaba en auge el paramilitarismo y la delincuencia organizada en esa zona, como quedó relatado en el marco jurídico de Justicia y Paz, dentro del cual rindieron declaraciones los jefes paramilitares que reconocieron el apoyo determinante del compareciente Santoyo a esas estructuras criminales.

Santoyo y todos los demás actores del conflicto armado se comprometen, cuando son aceptados en la JEP, a revelar la verdad detallada y exhaustiva de los hechos delictivos que conocen o en los cuales incurrieron ¿Cuáles otros requisitos del llamado “régimen de condicionalidad” se les exigen y cuántos de esos requisitos cumplió o incumplió Santoyo?

La JEP expulsó a Santoyo, precisamente por incumplir el régimen de condicionalidad que exige verdad plena, reparación y no repetición. El compareciente manifestó relatos vagos y evasivos, negando su responsabilidad, incluso, frente a la condena que cumplió en Estados Unidos por sus vínculos con paramilitares. Además, se rehusó a dar detalles sobre las desapariciones de los defensores de ASFADDES, Ángel Quintero y Claudia Monsalve, no obstante que estas víctimas fueron seguidas e interceptadas ilegalmente por el Gaula de la Policía, desde antes de que Santoyo, quien ejerció como comandante de esa unidad en Medellín (1996 – 1999), fuera trasladado al Gaula (grupos antiextorsión y antisecuestro) nacional, en Bogotá. Con su conducta impidió que las familias de las dos víctimas de desaparición forzada conocieran lo sucedido, afectando sus derechos. Su asistencia formal a audiencias o escritos, que él alegaba como prueba de que sí colaboraba de manera eficaz en la JEP, son actividades propias del proceso pero insuficientes para reparar a las víctimas.

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“El compareciente defraudó a las víctimas y el Sistema Integral de Paz con su postura evasiva, y con su negativa a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva…”

Ustedes determinaron que los aportes a la verdad de Santoyo eran “insuficientes y negacionistas” y que “no se corresponden con las investigaciones y acusaciones en su contra en la justicia ordinaria”. Cuando el expolicía pidió ser aceptado en la JEP, ¿cuántos procesos penales tenía abiertos en la justicia ordinaria, en cuál etapa procesal se encontraban?

Al momento de su sometimiento Mauricio Santoyo estaba vinculado, en la justicia ordinaria y en etapa de investigación con los mismos procesos con los que se le recibió en la JEP: el que se le adelantaba por la desaparición forzada de los dos miembros de ASFADDES en hechos que ocurrieron en el año 2000; y el que se le seguía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, derivados de sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (del clan Castaño). Adicionalmente, registraba la condena en firme, en Estados Unidos, en donde lo juzgaron por su apoyo material a ese grupo paramilitar que fue denominado como una organización terrorista y narcotraficante por la justicia de ese país. Esos casos avanzaron en la justicia ordinaria mientras Santoyo estuvo en la JEP: se le acusó ante los jueces de Medellín por los mismos delitos. Los juicios respectivos se suspendieron hasta cuando se definiera su situación jurídica en la JEP. Ahora, con su expulsión, los procesos en su contra se reactivan.

Especialmente, las víctimas acreditadas en el caso Santoyo, es decir, los familiares de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, desaparecidos forzadamente, ¿cuál posición asumieron en el proceso de expulsión del exoficial?

Como intervinientes especiales, los familiares de Ángel José y Claudia Patricia mantuvieron un papel activo y vigilante durante todo el proceso, como el de solicitarle al señor Santoyo que ajustara su plan de verdad que fue calificado, desde el inicio, como etéreo e indeterminado. Participaron en audiencias y solicitaron pruebas claves, en el incidente de incumplimiento, sobre los nexos paramilitares del oficial; y ante la insatisfacción con los aportado por el compareciente, demandaron su expulsión por su actitud reticente y negacionista. Por ello la Sección de Apelación ratificó que Santoyo defraudó el derecho a la verdad de los familiares. De este modo, protegió la confianza en el Sistema y evitó su instrumentalización para obtener impunidad.

¿Es cierto que él también negó su relación con esas estructuras criminales a pesar del antecedente de su condena en la justicia norteamericana?

Es cierto. Santoyo negó su participación en los delitos de lavado de activos y recepción de pagos de parte de las AUC, no obstante que en Estados Unidos aceptó cargos por conspirar con dicho grupo y admitió haber recibido sobornos a cambio de información oficial privilegiada que él les entregaba. Mantuvo la postura negacionista y exculpatoria que lo caracterizó en sus actuaciones ante la JEP.

Pero, ¿cómo iba a negarlo si, justamente, fue condenado en Estados Unidos porque aceptó su culpabilidad y cumplió una pena de prisión de más de siete años, por los mismos hechos que, años después, desmintió en la JEP?

Argumentó que su confesión, en el extranjero, fue una estrategia de defensa por conveniencia, y no una aceptación real de los hechos. Al relativizar su condena y negarse a esclarecer sus vínculos financieros con el paramilitarismo, la JEP concluyó que, también en este caso, defraudó su compromiso de aportar verdad plena.

Más allá de argumentar que era una “estrategia de defensa, ¿cómo explicó Santoyo su aceptación de cargos en la justicia norteamericana en donde lo condenaron por el crimen de “conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, Autodefensas Unidas de Colombia AUC” entre los años 2001 a 2008?

Santoyo justificó su aceptación de cargos en Estados Unidos afirmando que se trataba de una “conveniencia procesal” para evitar la cadena perpetua. Explicó que su abogado le recomendó ese acuerdo ante la dificultad de trasladar testigos a su favor, al extranjero. En la JEP, sostuvo que su confesión no correspondía a una realidad fáctica sino a un recurso para obtener beneficios jurídicos (una pena menor), calificando los hechos admitidos como no ciertos. Así, pretendió que la justicia transicional relativizara su condena en el exterior para mantener su postura de ajenidad en los procesos internos de Colombia.

Para efectos de su expulsión, la JEP ¿consideró que Santoyo mintió cuando negó cualquier vínculo con esos crímenes y por ese motivo lo expulsa?

Su negación persistente motivó la expulsión no solo por mentir, sino por mantener una postura negacionista y exculpatoria que contradice los hechos de colaboración con los grupos paramilitares que aceptó en el proceso que se le abrió en Estados Unidos por el cual, finalmente, fue condenado. Estos hechos fueron contrastados por la JEP. En concreto, Mauricio Santoyo defraudó el Sistema Integral para la Paz al no aportar una verdad plena y exhaustiva que supere el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria. Y, también, por aprovechar su paso en la Jurisdicción Especial como estrategia defensiva que no puede ser aceptada.

Como usted recuerda, el general ® Santoyo fue recibido en la JEP en 2020 (por el delito de desaparición forzada) y en 2021 (por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por su relación con paramilitares). Al ser aceptado en esa jurisdicción especial, ¿cuáles beneficios recibió y mantuvo mientras duró su tránsito?

En septiembre de 2021, la SDSJ concedió a Santoyo Velasco el beneficio de reclusión en una unidad policial. Ahora, tras confirmar su incumplimiento grave, se le adelantó un incidente que concluyó con su expulsión definitiva del Sistema Integral para la Paz. Esto implica el regreso a la jurisdicción ordinaria de justicia lo cual conlleva la pérdida de todos los tratamientos especiales y su traslado a una cárcel bajo custodia del INPEC en lugar de la reclusión militar o policial en que estaba, por haber sido admitido en la JEP. El compareciente defraudó el Sistema y a las víctimas con su postura evasiva, y con su negativa a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, promesa que se había comprometido a cumplir formalmente.

No solo en su caso sino en otros – particularmente, entre unos oficiales de alto rango –, ¿el sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz, en donde aplican beneficios importantes para los comparecientes, no ha tenido la intención de revelar verdades de la guerra, sino que ha sido una estrategia para obtener ventajas e impedir el avance de los procesos penales en la justicia ordinaria?

Si, así ha sucedido en unos casos: se ha utilizado la JEP para esos fines. Pero las decisiones de la Sección de Apelación (última instancia en esta jurisdicción) han puesto la medida de una alta exigibilidad de los deberes de los comparecientes, precisamente para que no defrauden a las víctimas ni a la sociedad.

La defensa del exoficial Santoyo apeló la decisión tomada por ustedes cuando abrieron el incidente de incumplimiento como paso previo a su expulsión. La Sección de Apelación revisó el caso y acaba de determinar la salida del expolicía. Esa sanción, ¿es definitiva y no tiene vuelta atrás? ¿Qué sucederá, ahora, con los procesos que la JEP le había iniciado?

La reversión de los casos a la justicia ordinaria es definitiva y estos vuelven al estado procesal en que se encuentran (en la fiscalía), es decir, con resolución de acusación y privación de libertad mientras se adelanta el juicio y se profiere sentencia.

“(Su intento de) aprovechar su paso por la Jurisdicción Especial como estrategia defensiva, no puede ser aceptada”.

¿Las etapas en que se encontraba cada proceso continúan en el punto en que quedaron cuando fueron suspendidos por la admisión de Santoyo en la JEP? Pero, ante todo, los casi 6 años que él estuvo en la Jurisdicción Especial, ¿se tienen en cuenta para efectos de la prescripción de los delitos que se le investigan?

Como se sabe, los procesos en la justicia ordinaria estuvieron suspendidos mientras se encontraban en la JEP; pero el tiempo que permanecieron en la justicia transicional no cuenta para efectos de prescripción. ahora cuando vuelvan a esa instancia, continúan en la etapa en que se encuentran hoy.

Subsiste un interrogante: si Santoyo se sometió a la JEP, se supone que lo hizo para revelar la verdad sobre los crímenes de guerra que cometió o que le consta que otros cometieron. Si ya en la JEP, niega todo, pero la justicia ordinaria no alcanzó a demostrar su culpabilidad ni a condenarlo, ¿cómo saben ustedes que él está mintiendo? O, ¿la expulsión se basa, no en una calificación de falsedad sino en que afirma que no tiene nada que revelar?

La expulsión de Santoyo deriva de una defraudación sustancial a los fines de la paz. La JEP no requiere una sentencia previa para verificar el incumplimiento del régimen de condicionalidad. Se apoya en una “alta convicción” construida, en este caso, con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones, y por su condena previa en Estados Unidos. Repito: el compareciente pretendió tratar su sentencia extranjera como una maniobra de conveniencia. Y, al brindar relatos vagos y evasivos, incumplió el deber de superar el conocimiento judicial previo que se tenía. Su conducta se tradujo en una renuencia persistente a aclarar nexos con la criminalidad, lo cual es incompatible con los beneficios otorgados en la JEP. Y su expulsión sanciona su comportamiento con el que, itero, buscó usar el Sistema Integral de Paz como refugio sin aportar verdad restaurativa.

Cuando el exoficial fue recibido en la JEP, estaba detenido en una cárcel corriente por orden de la justicia ordinaria. La Jurisdicción Especial le concedió el beneficio de vivir con restricciones a su libertad de una manera mucho más cómoda: en una unidad militar o policial, o sea, a instalaciones de la fuerza pública. Después de su expulsión, ¿qué pasará con su sitio de reclusión?

Tras confirmarse su expulsión definitiva, Mauricio Santoyo pierde el beneficio de Privación de la Libertad en Unidad Militar o Policial (PLUMP). Al declararse el incumplimiento grave en que incurrió, cesa la competencia de la justicia transicional y se produce la reversión del caso a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, la justicia penal ordinaria es la única facultada para resolver su situación jurídica y sobre su libertad.

El general ® Santoyo, ¿pudo ejercer su derecho a la defensa y exponer argumentos a su favor en la JEP durante su permanencia y, sobre todo, en su proceso de exclusión del sistema? En otras palabras, ¿se le garantizó el debido proceso o podrá argumentar que lo expulsaron porque no se declaró culpable, siendo inocente (un discurso usado por quienes rechazan las competencias de la JEP en cuanto a juzgar a uniformados del Estado)?

Él ejerció plenamente su defensa mediante apoderado: ajustó su plan de aportes, asistió a audiencias y apeló decisiones. Se le garantizó el debido proceso, pues, previo a su expulsión se le abrió un Incidente de Incumplimiento, la última oportunidad para que reconsiderara su actitud. Sin embargo, decidió continuar con su estrategia de negación y de no aportar verdad a los hechos. En la JEP, el deber de cumplir con la verdad plena no implica declararse culpable ni tampoco es optativa. Se trata de una obligación que le permite permanecer en el proceso transicional y avanzar para que se le defina su situación jurídica, en atención a que las víctimas tienen el derecho de conocer lo ocurrido y la sociedad, a comprender qué sucedió durante el conflicto armado.

El nombre del general ® Santoyo estaba en “la nómina de ‘amigos’ de las AUC”

¿Por qué y con cuáles pruebas se vinculó al general ® Santoyo con los grupos paramilitares en el proceso que se ha adelantado en Colombia desde hace muchos años, y con la desaparición violenta de Ángel Quintero y Claudia Monsalve?

Santoyo fue vinculado por la fiscalía general, a esos casos, por los testimonios que dieron, en su contra, los exjefes paramilitares Mancuso y alias don Berna sobre los pagos que él recibía de sus estructuras delictivas, a cambio de información que les suministraba sobre operativos, capturas y procesos que podían afectarlos. Además, obran pruebas documentales de una inspección judicial que incluía el nombre del general ® en una nómina de “amigos” de las Autodefensas Unidas de Colombia. A Santoyo se le acusó, también, de utilizar el Gaula Medellín que comandaba, para interceptar ilícitamente, bajo directrices paramilitares, a las víctimas de desaparición forzada de los defensores de derechos humanos, Ángel y Claudia, antes de que se las llevaran violentamente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander y exgeneral de la Policía, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes a la verdad sobre presuntos vínculos políticos con estructuras paramilitares en Santander y su relación con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión quedó en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que determinará si el exmandatario cumple los estándares exigidos para acceder a beneficios jurídicos dentro del sistema transicional.

La audiencia, realizada ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López, fue ordenada por la Sección de Apelación de la JEP, que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para aclarar, ampliar y profundizar sus contribuciones, luego de que su solicitud de sometimiento fuera rechazada inicialmente por insuficiencia en sus aportes de verdad.

El exgobernador ya había pedido ingresar a la JEP, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas negó en primera instancia su sometimiento al considerar insuficientes sus explicaciones sobre sus presuntos nexos con estructuras paramilitares y otros hechos relacionados con el conflicto armado.

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Tras esa negativa, Aguilar interpuso un recurso de apelación y la Sección de Apelación revocó la decisión. En consecuencia, ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, con el objetivo de establecer si sus versiones aportan elementos suficientes para esclarecer hechos graves ocurridos durante el conflicto. La diligencia se desarrolló en dos momentos: una primera sesión el 24 de enero de 2024 y una segunda, definitiva, los días 4 y 5 de mayo de 2026.

Los vínculos con paramilitares que indagó la JEP

Durante la audiencia, los magistrados le preguntaron a Aguilar por su incursión en la política regional, el respaldo electoral que habría recibido del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y sus reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”.

Uno de los puntos centrales fue el aval otorgado por el partido Convergencia Ciudadana a su candidatura a la Gobernación de Santander y los presuntos acuerdos políticos con estructuras paramilitares para respaldar candidaturas en la región. En su testimonio, Aguilar reconoció haber tenido conocimiento del apoyo de las autodefensas a su campaña en 2003 y admitió no haber tomado medidas para rechazarlo.

“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, aseguró durante la diligencia, según informó la JEP. Además, señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique habría sido “directamente candidato de las Autodefensas” y mencionó a Alfonso Riaño, exrepresentante a la Cámara, como enlace para coordinar apoyos electorales con estructuras armadas.

Durante la diligencia, el exgeneral Aguilar también respondió preguntas sobre su paso por el Bloque de Búsqueda, grupo élite de la Policía, y negó que esa unidad hubiera recibido financiación de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, la operación se sostenía con recursos de entidades estatales y apoyo logístico de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la DEA, (...) encargada de apoyar logísticamente y también del pago de recompensas para informantes”, dijo.

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Concluidas las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si los aportes entregados por Aguilar Naranjo cumplen los estándares de verdad exigidos por la justicia transicional. El exgobernador quedó a la espera de que la JEP decida si será aceptado como compareciente y podrá acceder a los beneficios judiciales del sistema o si, por el contrario, su solicitud será nuevamente rechazada.

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Sobre lo que hoy se conoce como la Escuela de Logística del Ejército, en Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares para proteger, durante al menos un año, el lugar que ha sido investigado por presuntas violaciones a derechos humanos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

La solicitud presentada por la investigadora Helena Urán Bidegain tenía como objetivo ampliar las medidas cautelares que ya había ordenado la JEP para incluir a lo que en su momento se conoció como el Batallón Charry Solano debido a su presunta conexión con desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia en medio de la ola de violencia de esa época.

Helena Urán es hija del magistrado Carlos Horacio Urán, víctima de la toma y retoma al Palacio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el magistrado Urán salió con vida del Palacio. A partir de pruebas que en su mayoría se adjuntaron al expediente, la Corte IDH estableció que Carlos Horacio Urán fue rescatado del Palacio de Justicia, pero luego lo desaparecieron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente.

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La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP determinó que el lugar debe ser preservado. “La SAR advierte que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la precitada unidad militar no se agotan en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que parecen indicar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento que involucra diferentes periodos de la existencia de la mencionada institución”, se lee en el documento.

De esta manera, el tribunal especial estableció que el Batallón deberá preservarse para investigar tanto lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 como otros episodios de violencia. Loa magistrados de la JEP que analizaron la solicitud señalaron que existen otros elementos en la investigación que vinculan a ese Batallón con posibles patrones de violencia en los macrocasos 06 y 08, sobre crímenes contra la Unión Patriótica (UP).

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“Además de los hechos de violencia política ya relacionados en la presente decisión y en los que, presuntamente, intervino el personal de inteligencia adscrito al Batallón Charry Solano, en el informe presentado a la JEP se indica que se encontrarían también los atentados con artefactos explosivos a la revista Alternativa y a los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria”, señaló la JEP.

Asimismo, el tribunal especial tomó en cuenta la versión de José Leonairo Dorado Gaviria, exintegrante de inteligencia militar, quien entregó detalles sobre las presuntas prácticas al interior de ese lugar. Además, ha hecho referencia al caso de Irma Franco, exintegrante del M-19, que habría salido con vida del Palacio de Justicia y posteriormente fue vista en el Batallón.

La JEP también tuvo en cuenta testimonios como los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes han denunciado torturas en ese lugar. La magistratura recolectó además documentos judiciales y archivos sobre el funcionamiento del Batallón. Sobre este lugar ya existían medidas cautelares decretadas en 2024 asociadas a la búsqueda de Pedro Julio Movilla, desaparecido en 1993.

El pasado 22 de abril, a través de un auto, la justicia transicional determinó que lugares como la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur en Bogotá son lugares de dignificación y educación sobre lo sucedido durante el 6 y 7 de noviembre de ese año.

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El discurso negacionista y la falta de verdad del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le costaron su permanencia en el Sistema Integral de Paz. Así lo ratificó ese alto tribunal en una reciente sentencia contra el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, quien había sido aceptado por dos procesos asociados a graves violaciones de derechos humanos y a presuntos vínculos con paramilitares. La JEP también tuvo en cuenta un proceso clave: la condena vigente en Estados Unidos contra Santoyo por conductas relacionadas con apoyo material y recursos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El paso de Santoyo por la JEP se remonta al 28 de febrero de 2020 cuando el tribunal especial aceptó su sometimiento en un proceso relacionado con los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir contra Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de Asfaddes. Posteriormente, la JEP admite un segundo proceso el 17 de septiembre de 2021 por hechos que lo vinculan con la estructura paramilitar. En este contexto, el general retirado tuvo que presentar ante los magistrados un plan sobre su compromiso de entregar la verdad.

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Sin embargo, Santoyo empezó mal su camino en la JEP. La Sala de Justicia determinó que el escrito requería ajustes porque era “etéreo e indeterminado”. Según la JEP, el plan solo se limitaba a relacionar los cargos desempeñados por el uniformado en la Policía Nacional. Una vez realizados los cambios a ese plan de trabajo, el 21 de marzo de 2024 se realizó la audiencia de aporte a la verdad plena, pero su negativa continuó. “En la audiencia negó cualquier tipo de relacionamiento con integrantes de grupos armados ilegales como las AUC y la Oficina de Envigado. Dijo no recordar o tener conocimiento de los hechos que se le pusieron de presente, en particular los relativos a su apoyo a las AUC y la participación de estas en masacres ocurridas durante los años 2001 a 2008 particularmente en el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín”, se lee en la sentencia.

Según el tribunal, el relato estaba lejos de ser detallado y concreto, puesto que, el compareciente enunció hechos aislados sin especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ante ese panorama, el 14 de mayo de 2024, la Sala consideró que no hubo un suficiente aporte a la verdad y negó el beneficio a la libertad que había solicitado Santoyo. “La Sala advirtió que el señor Santoyo Velasco mantuvo una postura exculpatoria y negó su responsabilidad frente a los hechos que dieron lugar a su condena en Estados Unidos”, agregó la JEP. A partir de ese momento, la Sala solicitó la apertura de un incidente de incumplimiento al considerar que el general retirado habría incumplido su compromiso.

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Tras ese análisis, el 16 de febrero de 2026, la Sala declaró que Santoyo incumplió de manera grave e injustificada su régimen de condicionalidad, en particular el deber de aportar verdad plena como condición esencial de acceso y permanencia. “En criterio de la Sala, el compareciente negó de manera reiterada su participación o conocimiento de los hechos, afirmó no recordarlos o sostuvo que las investigaciones se fundaban en denuncias y versiones falsas, sin ofrecer información concreta, verificable y útil para el esclarecimiento, pese a la existencia de una condena en firme en su contra relacionada con los hechos investigados”, determinó la JEP.

La defensa de Santoyo apeló la decisión. En su recurso insistió en que el compareciente atendió todos los llamados institucionales, presentó documentos, ofreció cronologías sobre su trayectoria y manifestó disposición a seguir colaborando. Pero para la JEP, eso no fue suficiente.

Los argumentos de la JEP para expulsar a Santoyo

Uno de los principales puntos que revisó el tribunal especial tiene que ver con el incumplimiento de Santoyo en su deber de aportar la verdad plena. Por eso, la JEP resaltó que la apelación de la defensa, frente a su presentación a los llamados institucionales, no tenía fundamento. “No se refiere a la mera voluntad formal de colaboración. Consiste en aportar verdad plena, concreta, verificable y útil sobre los hechos y patrones que justificaron su sometimiento: su relación con estructuras paramilitares, la eventual utilización desviada de funciones institucionales, la circulación de información estatal hacia aparatos criminales, los beneficios económicos o funcionales derivados de esa relación y su posible incidencia en los hechos investigados”, se lee en el fallo.

Otro factor clave que tuvo en cuenta la JEP fue la condena activa de Santoyo en Estados Unidos. “Dicha sentencia señaló que proporcionó apoyo material y recursos a las AUC, con conocimiento de su naturaleza y actividades ilícitas. La condena se basó en su participación en una conspiración para facilitar apoyo logístico y recursos a las AUC”. Sin embargo, la Sala determinó que el general retirado, en varios momentos, negó todo. “No puede desconocer decisiones judiciales en firme, a sustituir el aporte de verdad por una narrativa exculpatoria ni a retroceder frente al umbral de verdad ya alcanzado por autoridades judiciales”, agregó.

La JEP fue enfática en que la sentencia extranjera tiene valor como decisión judicial en firme y constituye un umbral de verdad mínimo que el compareciente estaba obligado a asumir y superar mediante aportes adicionales de verdad. Asimismo, el tribunal resaltó que durante las audiencias de aporte a la verdad plena, Santoyo mantuvo respuestas evasivas. Dijo no recordar o tener conocimiento de los hechos que se le pusieron de presente. Por estos motivos, la JEP concluyó que el compareciente incumplió el componente estricto de su deber de aportar verdad plena.

“La Sección concluye, entonces, que el señor Santoyo Velasco incurrió en un incumplimiento grave e injustificado del régimen de condicionalidad. No incumplió por ejercer su derecho de defensa, sino por pretender convertir esa defensa en un instrumento para neutralizar sus obligaciones transicionales. No incumplió por guardar silencio sobre aquello que no conocía, sino por rehusarse a aportar una explicación seria, contrastable y suficiente sobre aquello que estaba judicialmente acreditado y que él mismo había aceptado ante otra autoridad judicial. Y no incumplió por no reconocer responsabilidad en los procesos internos, sino por desconocer el marco fáctico mínimo que debía esclarecer”, sentenció la JEP.

Y agregó: “Fue expulsado porque, pese a haber recibido tratamientos especiales, pese a haber sido requerido reiteradamente y pese a existir una sentencia ejecutoriada por vínculos con las AUC que guarda relación transversal con los hechos sometidos a la JEP, optó por una postura de relativización, negación y ausencia de aporte sustantivo”.

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El pasado jueves 30 de abril, la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá fue escenario de la presentación de la exposición “Renacer: por el respeto a la vida”, parte del proceso restaurativo por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el Tolima durante la década de los 2000.

Durante la inauguración de esta exposición abierta al público también hubo una ceremonia en homenaje a las víctimas de la masacre de El Totumo del 20 de diciembre de 2006. Ese día, una patrulla del Gaula Tolima del Ejército detuvo un vehículo en ese corregimiento El Totumo en Ibagué, sacó a sus cinco ocupantes y los asesinó. Las víctimas fueron presentadas como falsos positivos.

Este hechos de violencia hace parte del macrocaso 03 de la JEP, enfocado en los más de 250 casos asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en ese departamento por agentes del Estado —los mal llamados “falsos positivos”—.

El evento inaugural contó con la presencia de 29 comparecientes, todos antiguos miembros del Gaula Tolima, así como los familiares de nueve víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima.

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Durante el acto, el mayor Marcelo Romero Sánchez, actual comandante del Gaula Tolima, presentó excusas a las víctimas en nombre de la institución y reiteró el compromiso de su unidad militar para la no repetición: “Reiteramos de manera firme y categórica el compromiso institucional de trabajar incansablemente para que hechos como estos, que bajo ninguna circunstancia debieron presentare, jamás se repitan”.

Esta muestra cuenta con componentes digitales, cartográficos, artísticos y de memoria, fusionados a nivel transmedia por estudiantes de la Universidad del Tolima.

A la entrada, se ubicaron pancartas que describen la planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos violentos que inspiran el montaje, acompañadas de un mapa del departamento que ubica algunos de los puntos donde ocurrieron los asesinatos.

Al seguir el recorrido, se encuentra una vitrina donde se exhiben las medallas y diplomas recibidos por los miembros del Ejército como producto de esas ejecuciones extrajudiciales, las cuales fueron devueltas públicamente en mayo de 2025 como contribución a la reparación a las víctimas. “Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, reconoció William Eduardo López Pico, comandante del GAULA Tolima al momento de los hechos.

En el centro de la muestra hay un altar con las fotos y los nombres de las nueve víctimas directas, cada una acompañada de un código QR que dirige al componente digital de la exposición.

A un costado del espacio se ubican cuatro pendones que cuelgan desde el techo hasta el suelo del recinto, los cuales rezan “Dignidad”, “Verdad”, “Justicia” y “Renacer”, acompañados de las fotografías de ocho de las víctimas homenajeadas.

El recorrido cierra con un políptico compuesto por doce lienzos intervenidos por víctimas y comparecientes, el cual fue titulado “El amor es la fuerza que lo mueve todo” y que expone cada una de las peticiones y sugerencias de quienes fueron afectados por los hechos.

En su presentación, sus autores reconocieron el miedo al rechazo que les embargó al comenzar la obra por trabajar con los familiares de quienes fueron asesinados por su unidad; sin embargo, ese miedo se convirtió en apoyo y fortaleza común.

María Ruth Sánchez Morales, hermana de Rubén Fernando Sánchez Morales, víctima directa de la masacre de El Totumo, se refirió a la exposición como una verdad necesaria: “Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones de cada ciudad debieran poner sus ojos sobre esto, porque esto es sembrar paz, reconciliación; esta es la verdadera paz, lo que se hace aquí”.

El testimonio del familiar de una víctima de ejecución extrajuducial

María Ruth Sánchez Morales, hermana de una víctima directa de la masacre de El Totumo, también conversó con El Espectador en el marco de la exposición.

Usted tuvo un discurso en el que mencionó que odiaba al Ejército Nacional. ¿Cómo ha sido el proceso de ese sentimiento desde que ocurrió la tragedia hasta el día de hoy?

El 20 de diciembre del 2006, cuando supimos de la masacre, el dolor, la impotencia es terrible, pero sabíamos quiénes eran las personas que habían muerto. Yo sabía quién era mi hermano y por eso decidimos no callar. A pesar de las amenazas, comenzamos esa lucha y seguimos.

La justicia ordinaria nos dejó un sinsabor terrible, porque los condenaron a medias, y ya estábamos resignados a ello, cuando gracias a papito Dios nos mandó este ente que se llama la JEP. Como decía: yo odiaba al Ejército Nacional, los culpaba a todos. No asimilaba que fueron unos, pero para mí todos tenían la culpa.

En el transcurso de los años, fuimos pidiéndole mucho a papito Dios que nos ayudara. Si no hubiese sido por Él, estaríamos llenos de rencor, de odio, pero Él fue el principal artífice de sanar nuestro corazón, y abrió el camino para nosotros conocer esa verdad que le pedíamos tanto a Dios.

Yo sí le pedía mucho que nos diera un minuto para saber qué había pasado y para limpiar esos nombres que quedaron tan enlodados, a pesar de que perdieron la vida de esa manera tan cruel. Llegó la JEP y comenzamos este trabajo y sanamos el corazón completamente, y más cuando ellos se levantaron ante los medios de un país y dijeron la verdad: que habían matado a cinco personas inocentes, a cinco personas en estado de indefensión.

Fue muy duro, pero la verdad nos dio ese alivio que tanto nosotros necesitamos.

Hay muchas personas que relacionan la JEP con la impunidad. Usted, siendo víctima, ¿cómo califica los aportes a la verdad y la reparación que tuvieron que hacer los comparecientes?

Mire, yo hoy en día lo digo y lo pienso: de pronto ellos en estos momentos están exonerados, pero la cárcel mental… yo creo que cuando se hace algo malo, uno nunca lo olvida, es algo que uno lleva hasta el último día de la vida, si no se arrepiente de corazón.

Pero yo creo que eso es un castigo más que suficiente: estar atado a esa culpa, a eso que se hizo. Yo creo que es más difícil, la verdad, que estar en la cárcel.

En una conversación con Luz Marina Hache, del MOVICE, y ella decía un reparo que tenía con la JEP: que la verdad se limitaba a los rangos militares y no pasaba hacia la responsabilidad política. ¿Qué opina usted de esa postulación, cree que la verdad ha sido plena?

Siempre lo he dicho y vamos a hablar muy honestamente: aquí pagaron, como se dice, los más bobos, porque ¿dónde están los altos mandos? ¿Dónde están?

En el juicio que se hizo en la JEP, ellos contaron que el general Montoya solo les pedía resultados. ¿Dónde está el general Montoya rindiendo por sus acciones? ¿Dónde están los altos mandos?

Eso es lo que yo quiero que el país sepa. ¿Acaso ellos no tienen la mayor culpa, porque son los autores intelectuales en esto?

Ahora que estamos en época electoral, hay proyectos y propuestas de personas que quieren que la JEP se acabe, que no apoyan el proceso de paz y sienten que lo mejor es retomar la justicia ordinaria. ¿Cuál es su postura frente a eso?

Yo creo que la JEP es una piedra en el zapato para muchas personas, demasiadas, por eso quieren acabarla, porque aquí hay algo que no hay en la justicia ordinaria, que se llama verdad, y eso ellos lo quieren tapar como sea. Por eso quieren acabar con la JEP.

Pero, la verdad, es lo mejor que han creado; como dice el dicho: crearon su propio verdugo.

Quisiera que me comentara un poco sobre esta exposición, sobre cómo se involucró usted, cuál fue su aporte y cómo fue la experiencia de vincular estudiantes, comparecientes y víctimas en un solo proceso.

Bueno, yo creo que Dios hace las cosas perfectas, completamente perfectas. Fue llegando cada persona y fueron organizando cada cosa, y se fueron sumando y sumando hasta que se dio esto.

Y a mí me parece que esta exposición no es solamente una exposición que está 20 días, un mes acá, no: esta es la verdad, la verdad que se lleva a muchas partes de Colombia. Mire, todo Colombia debiera saber esta verdad, y esa verdad se debiera llevar a muchas partes.

Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones de cada ciudad debieran poner sus ojos sobre esto, porque esto es sembrar paz, reconciliación; esta es la verdadera paz, lo que se hace aquí.

Su hermano Fernando hace parte de una cifra que se puede decir fácil, pero es muy amplia, y recientemente sabemos que son más de 7800, gracias a las investigaciones de la JEP. ¿Qué le dice usted a las mujeres que, como usted, buscan verdad y buscan una reparación de cierta manera?

Yo les digo que no se queden calladas, que no se queden calladas. A nosotras nos tiene aquí, después de 20 años, el amor, el amor a ese hombre que era un excelente hijo, un excelente padre, una persona que tenía las mayores ganas de vivir, un padre ejemplar que le estaba dando a su hijo todo, que desafortunadamente le frustraron su vida.

Pero ¿quiere que le diga una cosa? Hoy en día me doy cuenta de que esa muerte no fue en vano. Está hablando después de 20 años, están llevando esto a muchos lugares, se está dando de qué hablar, la gente la está conociendo, y qué bueno que el país entero, vuelvo y repito, sepa de eso. Sepa que romperle el corazón y desmembrar una familia, cuando se pierde una persona, es terrible.

El testimonio de un responsable de falsos positivos

Julián Libardo Ledesma Tobón, oficial (r) que en su momento se desempeñó como agente en el Guala Tolima del 2008 al 2009, conversó con este diario sobre su proceso como compareciente ante la JEP.

¿Qué ha hecho en temas de reparación a las víctimas, restauración y de verdad?

Nosotros como comparecientes tuvimos un juramento solemne ante la Jurisdicción Especial para la Paz de hacer los aportes a la verdad que dignificaran la reparación a las víctimas del conflicto armado. Así mismo, tenemos unos compromisos que tenemos que llevar a cabo, cumplirlos fielmente para poder seguir siendo tenidos en cuenta en la jurisdicción.

¿Ha podido ver de frente a sus víctimas directas?

Solamente en una ocasión el año pasado en Ibagué, la hermana de una víctima directa; sin embargo, yo, como compareciente, no fui la persona que le quitó la vida a su familiar. Yo hice parte del componente militar, porque aquí estamos respondiendo por nuestras acciones y por nuestras omisiones. En mi caso particular, más por omisión, pero simplemente estoy respondiéndole a la justicia colombiana.

¿Qué implicaciones para usted ha tenido en su vida personal el reconocer públicamente estas acciones y omisiones?

Esto es una situación más de sanación, de liberación, aportar a la verdad en un proceso restaurativo para que las víctimas conozcan qué fue lo que le pasó a su familiar que perdió la vida.

A nivel personal, mi familia sabe qué fue lo que pasó, les he contado con detalle. A nivel judicial, he contado la verdad detalladamente de lo que conocí que estaba pasando. Entonces realmente le genera a uno, más que zozobra, mucha tranquilidad. Yo me siento complacido y beneficiario de ser compareciente ante la JEP.

En una conversación que tuve con Luz Marina Hache, directora del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), mencionaba que sentía que los aportes a la verdad se limitaban hasta un rango militar y no a una responsabilidad política. ¿Usted cree que la verdad ha sido plena?

Por parte de nosotros como comparecientes dentro de este proceso restaurativo, la verdad ha sido plena. A nuestro nivel, las cosas sucedieron en su momento por las presiones y por las malas decisiones. Las presiones que ejercía el mando superior y por las malas decisiones que tomaron algunos o que tomamos algunos de los miembros que estábamos en la fila en el momento.

Yo nunca le escuché decir a un señor comandante de brigada, de los que tuve en mi línea de mando, o comandante de división, que hiciéramos las cosas mal hechas. Otra cosa era lo que decía el señor general Montoya en su momento, que no le servían las capturas sino las bajas. Esas presiones fueron lo que conllevó a que, en su momento, algunos miembros del Estado, no todos, cometieran y tomaran esas malas decisiones.

Estamos en época electoral y hay proyectos que preferirían que la JEP no existiera más, sienten que trae impunidad. ¿Cómo se para usted en esta época en la cual la JEP está en debate?

En ningún momento en la JEP se genera impunidad, porque la gran mayoría de personas o de comparecientes que están en aquí estuvieron muchos años en la cárcel, muchos años condenados por la justicia ordinaria.

No hay impunidad, porque el hecho de que un militar, un policía o un agente del Estado hubiese pagado su condena en la cárcel por varios años —y solamente estar un día en la cárcel es tremendo— conlleva a que no haya impunidad.

Que haya actores políticos con ganas de acabar con la JEP, pues eso no es así de sencillo, porque está cobijada bajo una ley estatutaria, entonces tocaría cambiar esa ley para poder acabarla.

Yo, en lo personal, pienso y sostengo que sería maravilloso y magnífico que la Jurisdicción Especial extendiera su temporalidad. Es una jurisdicción que es temporal, pero debería ser permanente mientras se acaba el conflicto armado.

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