El pasado jueves 30 de abril, la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá fue escenario de la presentación de la exposición “Renacer: por el respeto a la vida”, parte del proceso restaurativo por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el Tolima durante la década de los 2000.

Durante la inauguración de esta exposición abierta al público también hubo una ceremonia en homenaje a las víctimas de la masacre de El Totumo del 20 de diciembre de 2006. Ese día, una patrulla del Gaula Tolima del Ejército detuvo un vehículo en ese corregimiento El Totumo en Ibagué, sacó a sus cinco ocupantes y los asesinó. Las víctimas fueron presentadas como falsos positivos.

Este hechos de violencia hace parte del macrocaso 03 de la JEP, enfocado en los más de 250 casos asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en ese departamento por agentes del Estado —los mal llamados “falsos positivos”—.

El evento inaugural contó con la presencia de 29 comparecientes, todos antiguos miembros del Gaula Tolima, así como los familiares de nueve víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima.

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Durante el acto, el mayor Marcelo Romero Sánchez, actual comandante del Gaula Tolima, presentó excusas a las víctimas en nombre de la institución y reiteró el compromiso de su unidad militar para la no repetición: “Reiteramos de manera firme y categórica el compromiso institucional de trabajar incansablemente para que hechos como estos, que bajo ninguna circunstancia debieron presentare, jamás se repitan”.

Esta muestra cuenta con componentes digitales, cartográficos, artísticos y de memoria, fusionados a nivel transmedia por estudiantes de la Universidad del Tolima.

A la entrada, se ubicaron pancartas que describen la planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos violentos que inspiran el montaje, acompañadas de un mapa del departamento que ubica algunos de los puntos donde ocurrieron los asesinatos.

Al seguir el recorrido, se encuentra una vitrina donde se exhiben las medallas y diplomas recibidos por los miembros del Ejército como producto de esas ejecuciones extrajudiciales, las cuales fueron devueltas públicamente en mayo de 2025 como contribución a la reparación a las víctimas. “Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, reconoció William Eduardo López Pico, comandante del GAULA Tolima al momento de los hechos.

En el centro de la muestra hay un altar con las fotos y los nombres de las nueve víctimas directas, cada una acompañada de un código QR que dirige al componente digital de la exposición.

A un costado del espacio se ubican cuatro pendones que cuelgan desde el techo hasta el suelo del recinto, los cuales rezan “Dignidad”, “Verdad”, “Justicia” y “Renacer”, acompañados de las fotografías de ocho de las víctimas homenajeadas.

El recorrido cierra con un políptico compuesto por doce lienzos intervenidos por víctimas y comparecientes, el cual fue titulado “El amor es la fuerza que lo mueve todo” y que expone cada una de las peticiones y sugerencias de quienes fueron afectados por los hechos.

En su presentación, sus autores reconocieron el miedo al rechazo que les embargó al comenzar la obra por trabajar con los familiares de quienes fueron asesinados por su unidad; sin embargo, ese miedo se convirtió en apoyo y fortaleza común.

María Ruth Sánchez Morales, hermana de Rubén Fernando Sánchez Morales, víctima directa de la masacre de El Totumo, se refirió a la exposición como una verdad necesaria: “Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones de cada ciudad debieran poner sus ojos sobre esto, porque esto es sembrar paz, reconciliación; esta es la verdadera paz, lo que se hace aquí”.

El testimonio del familiar de una víctima de ejecución extrajuducial

María Ruth Sánchez Morales, hermana de una víctima directa de la masacre de El Totumo, también conversó con El Espectador en el marco de la exposición.

Usted tuvo un discurso en el que mencionó que odiaba al Ejército Nacional. ¿Cómo ha sido el proceso de ese sentimiento desde que ocurrió la tragedia hasta el día de hoy?

El 20 de diciembre del 2006, cuando supimos de la masacre, el dolor, la impotencia es terrible, pero sabíamos quiénes eran las personas que habían muerto. Yo sabía quién era mi hermano y por eso decidimos no callar. A pesar de las amenazas, comenzamos esa lucha y seguimos.

La justicia ordinaria nos dejó un sinsabor terrible, porque los condenaron a medias, y ya estábamos resignados a ello, cuando gracias a papito Dios nos mandó este ente que se llama la JEP. Como decía: yo odiaba al Ejército Nacional, los culpaba a todos. No asimilaba que fueron unos, pero para mí todos tenían la culpa.

En el transcurso de los años, fuimos pidiéndole mucho a papito Dios que nos ayudara. Si no hubiese sido por Él, estaríamos llenos de rencor, de odio, pero Él fue el principal artífice de sanar nuestro corazón, y abrió el camino para nosotros conocer esa verdad que le pedíamos tanto a Dios.

Yo sí le pedía mucho que nos diera un minuto para saber qué había pasado y para limpiar esos nombres que quedaron tan enlodados, a pesar de que perdieron la vida de esa manera tan cruel. Llegó la JEP y comenzamos este trabajo y sanamos el corazón completamente, y más cuando ellos se levantaron ante los medios de un país y dijeron la verdad: que habían matado a cinco personas inocentes, a cinco personas en estado de indefensión.

Fue muy duro, pero la verdad nos dio ese alivio que tanto nosotros necesitamos.

Hay muchas personas que relacionan la JEP con la impunidad. Usted, siendo víctima, ¿cómo califica los aportes a la verdad y la reparación que tuvieron que hacer los comparecientes?

Mire, yo hoy en día lo digo y lo pienso: de pronto ellos en estos momentos están exonerados, pero la cárcel mental… yo creo que cuando se hace algo malo, uno nunca lo olvida, es algo que uno lleva hasta el último día de la vida, si no se arrepiente de corazón.

Pero yo creo que eso es un castigo más que suficiente: estar atado a esa culpa, a eso que se hizo. Yo creo que es más difícil, la verdad, que estar en la cárcel.

En una conversación con Luz Marina Hache, del MOVICE, y ella decía un reparo que tenía con la JEP: que la verdad se limitaba a los rangos militares y no pasaba hacia la responsabilidad política. ¿Qué opina usted de esa postulación, cree que la verdad ha sido plena?

Siempre lo he dicho y vamos a hablar muy honestamente: aquí pagaron, como se dice, los más bobos, porque ¿dónde están los altos mandos? ¿Dónde están?

En el juicio que se hizo en la JEP, ellos contaron que el general Montoya solo les pedía resultados. ¿Dónde está el general Montoya rindiendo por sus acciones? ¿Dónde están los altos mandos?

Eso es lo que yo quiero que el país sepa. ¿Acaso ellos no tienen la mayor culpa, porque son los autores intelectuales en esto?

Ahora que estamos en época electoral, hay proyectos y propuestas de personas que quieren que la JEP se acabe, que no apoyan el proceso de paz y sienten que lo mejor es retomar la justicia ordinaria. ¿Cuál es su postura frente a eso?

Yo creo que la JEP es una piedra en el zapato para muchas personas, demasiadas, por eso quieren acabarla, porque aquí hay algo que no hay en la justicia ordinaria, que se llama verdad, y eso ellos lo quieren tapar como sea. Por eso quieren acabar con la JEP.

Pero, la verdad, es lo mejor que han creado; como dice el dicho: crearon su propio verdugo.

Quisiera que me comentara un poco sobre esta exposición, sobre cómo se involucró usted, cuál fue su aporte y cómo fue la experiencia de vincular estudiantes, comparecientes y víctimas en un solo proceso.

Bueno, yo creo que Dios hace las cosas perfectas, completamente perfectas. Fue llegando cada persona y fueron organizando cada cosa, y se fueron sumando y sumando hasta que se dio esto.

Y a mí me parece que esta exposición no es solamente una exposición que está 20 días, un mes acá, no: esta es la verdad, la verdad que se lleva a muchas partes de Colombia. Mire, todo Colombia debiera saber esta verdad, y esa verdad se debiera llevar a muchas partes.

Yo creo que las alcaldías, las gobernaciones de cada ciudad debieran poner sus ojos sobre esto, porque esto es sembrar paz, reconciliación; esta es la verdadera paz, lo que se hace aquí.

Su hermano Fernando hace parte de una cifra que se puede decir fácil, pero es muy amplia, y recientemente sabemos que son más de 7800, gracias a las investigaciones de la JEP. ¿Qué le dice usted a las mujeres que, como usted, buscan verdad y buscan una reparación de cierta manera?

Yo les digo que no se queden calladas, que no se queden calladas. A nosotras nos tiene aquí, después de 20 años, el amor, el amor a ese hombre que era un excelente hijo, un excelente padre, una persona que tenía las mayores ganas de vivir, un padre ejemplar que le estaba dando a su hijo todo, que desafortunadamente le frustraron su vida.

Pero ¿quiere que le diga una cosa? Hoy en día me doy cuenta de que esa muerte no fue en vano. Está hablando después de 20 años, están llevando esto a muchos lugares, se está dando de qué hablar, la gente la está conociendo, y qué bueno que el país entero, vuelvo y repito, sepa de eso. Sepa que romperle el corazón y desmembrar una familia, cuando se pierde una persona, es terrible.

El testimonio de un responsable de falsos positivos

Julián Libardo Ledesma Tobón, oficial (r) que en su momento se desempeñó como agente en el Guala Tolima del 2008 al 2009, conversó con este diario sobre su proceso como compareciente ante la JEP.

¿Qué ha hecho en temas de reparación a las víctimas, restauración y de verdad?

Nosotros como comparecientes tuvimos un juramento solemne ante la Jurisdicción Especial para la Paz de hacer los aportes a la verdad que dignificaran la reparación a las víctimas del conflicto armado. Así mismo, tenemos unos compromisos que tenemos que llevar a cabo, cumplirlos fielmente para poder seguir siendo tenidos en cuenta en la jurisdicción.

¿Ha podido ver de frente a sus víctimas directas?

Solamente en una ocasión el año pasado en Ibagué, la hermana de una víctima directa; sin embargo, yo, como compareciente, no fui la persona que le quitó la vida a su familiar. Yo hice parte del componente militar, porque aquí estamos respondiendo por nuestras acciones y por nuestras omisiones. En mi caso particular, más por omisión, pero simplemente estoy respondiéndole a la justicia colombiana.

¿Qué implicaciones para usted ha tenido en su vida personal el reconocer públicamente estas acciones y omisiones?

Esto es una situación más de sanación, de liberación, aportar a la verdad en un proceso restaurativo para que las víctimas conozcan qué fue lo que le pasó a su familiar que perdió la vida.

A nivel personal, mi familia sabe qué fue lo que pasó, les he contado con detalle. A nivel judicial, he contado la verdad detalladamente de lo que conocí que estaba pasando. Entonces realmente le genera a uno, más que zozobra, mucha tranquilidad. Yo me siento complacido y beneficiario de ser compareciente ante la JEP.

En una conversación que tuve con Luz Marina Hache, directora del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), mencionaba que sentía que los aportes a la verdad se limitaban hasta un rango militar y no a una responsabilidad política. ¿Usted cree que la verdad ha sido plena?

Por parte de nosotros como comparecientes dentro de este proceso restaurativo, la verdad ha sido plena. A nuestro nivel, las cosas sucedieron en su momento por las presiones y por las malas decisiones. Las presiones que ejercía el mando superior y por las malas decisiones que tomaron algunos o que tomamos algunos de los miembros que estábamos en la fila en el momento.

Yo nunca le escuché decir a un señor comandante de brigada, de los que tuve en mi línea de mando, o comandante de división, que hiciéramos las cosas mal hechas. Otra cosa era lo que decía el señor general Montoya en su momento, que no le servían las capturas sino las bajas. Esas presiones fueron lo que conllevó a que, en su momento, algunos miembros del Estado, no todos, cometieran y tomaran esas malas decisiones.

Estamos en época electoral y hay proyectos que preferirían que la JEP no existiera más, sienten que trae impunidad. ¿Cómo se para usted en esta época en la cual la JEP está en debate?

En ningún momento en la JEP se genera impunidad, porque la gran mayoría de personas o de comparecientes que están en aquí estuvieron muchos años en la cárcel, muchos años condenados por la justicia ordinaria.

No hay impunidad, porque el hecho de que un militar, un policía o un agente del Estado hubiese pagado su condena en la cárcel por varios años —y solamente estar un día en la cárcel es tremendo— conlleva a que no haya impunidad.

Que haya actores políticos con ganas de acabar con la JEP, pues eso no es así de sencillo, porque está cobijada bajo una ley estatutaria, entonces tocaría cambiar esa ley para poder acabarla.

Yo, en lo personal, pienso y sostengo que sería maravilloso y magnífico que la Jurisdicción Especial extendiera su temporalidad. Es una jurisdicción que es temporal, pero debería ser permanente mientras se acaba el conflicto armado.

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La imagen sigue intacta en su memoria desde hace casi 30 años. Es el 22 octubre de 1997 y Yudy Elena Piedrahíta Torres está observando por una rendija del zarzo de su casa cómo decenas de paramilitares tienen tendidos en el suelo a por lo menos 18 campesinos del corregimiento El Aro, en el municipio antioqueño de Ituango.

Yudy —entonces de 10 años— no se atreve ni a respirar. Quiere llorar y gritar, pero no lo hace porque uno de los hombres que está tirado en el piso de la placita de El Aro es su padre y teme que los hombres armados lo asesinen ante el menor ruido.

Poco después llegan los disparos. Los paramilitares empiezan a asesinar uno por uno a los hombres que están acostados en el suelo. Las víctimas mortales son 17. Solo una persona se salva de la masacre: Rafael Ángel Piedrahíta Henao, el padre de Yudy.

“Entre los paramilitares que llegaron (a El Aro) estaba un hombre que había sido guerrillero. Ese señor distinguía a mi papá y le dijo al paramilitar que le iba a disparar: ‘A ese señor no le vaya a hacer nada. Déjelo quieto que él no se mete con nadie. Ese señor es una buena persona, tiene nueve hijos”, le contó Yudy, el martes pasado, a la Unidad de Investigación y Acusación.

Yudy, sus dos hijos y su esposo llegaron el domingo pasado a Bogotá procedentes del municipio antioqueño de Bello para asistir al juicio que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta en contra del coronel en retiro del Ejército David Herley Guzmán Ramírez.

En diciembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación acusó a Guzmán Ramírez porque presuntamente —en compañía de otros miembros de la fuerza pública y en asocio con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia— participó entre 2004 y 2005 en la comisión de homicidios, en desapariciones forzadas y, en algunos casos, en tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil de las localidades de Ituango y Dabeiba.

A la fecha, Guzmán Ramírez insiste en su inocencia.

Lo salvó un milagro

La masacre de El Aro fue perpetrada entre las 9 y las 10 de la mañana de ese malhadado día de octubre de 1997. Desde el zarzo de la casa de su familia, Yudy y dos de sus hermanos alcanzaron a ver cómo su padre se puso de pie —en medio de 17 cadáveres— luego de que un paramilitar intercedió por él para que no lo mataran.

Apenas cometieron la masacre, los paramilitares obligaron a un grupo importante de campesinos a abandonar El Aro. Entre ellos estaban los Piedrahíta Torres, quienes despavoridos abandonaron el caserío y caminaron sin mirar atrás hasta llegar juntos —menos el padre— a Puerto Valdivia.

A los pocos días de su arribo a la mencionada localidad de Antioquia, al grupo de los Piedrahíta se unieron el padre y una de sus tías.

El primero, luego de que los paramilitares lo dejaron en libertad tras una semana de detención ilegal y de trabajos forzados. La segunda, a ofrecer sus servicios y a darles una mano a sus atemorizados familiares desplazados.

Apenas vio a su esposa y a sus hijos en Puerto Valdivia, Rafael Ángel Piedrahíta les contó que, cuando los campesinos empezaron a ser masacrados en El Aro ese 22 de octubre, “yo sentía que la sangre de los muertos corría por el lado mío como agua. Sentía el ruido de la sangre y también sentía como llegaba hasta mi cuerpo”.

Cuatro de los nueve hijos Piedrahíta —entre ellos Yudy— salieron para Medellín en compañía de la tía Susana.

La aventura en Medellín y Puerto Valdivia no duró mayor cosa para la familia. Pocos días después toda la parentela se reunió de nuevo en El Aro con la consigna de que tenían que ser más fuertes y unidos que nunca.

Y lo fueron.

El horror

Cuando tenía 14 años, Yudy Piedrahíta conoció al hombre que le cambiaría la vida para siempre, al amor de su vida. Se llamaba Rodrigo Humberto Torres Múnera y, según sus palabras, se enamoró de él por su aspecto físico y por su labia encantadora.

No había pasado mucho tiempo desde el inicio del noviazgo cuando Yudy quedó en embarazo. Tenía escasos 15 años y adicionalmente la desaprobación de sus padres por su relación con el papá de su hijo (al que llamarían Jefferson).

Poco después del nacimiento de Jefferson, Yudy y Rodrigo Humberto Torres se fueron a vivir juntos. Fue una época de mucha felicidad, amor y unión familiar. La muerte, sin embargo, rondaba muy cerca de la casa de los Torres Piedrahíta.

El 8 de noviembre de 2004, todavía muy lejos del amanecer, Yudy y Rodrigo Humberto Torres empezaron a escribir su historia de dolor.

“Ellos (los integrantes del Batallón Contraguerrilla 79) llegan y gritan duro: ‘Somos las Autodefensas Unidas de Colombia. Ábranos la puerta o les tiramos una granada por la ventana”, recordó Yudy, quien en ese momento sintió que se le venía el mundo encima y solo atinó a decirle a su esposo: “Vaya abra la puerta, porque si no aquí nos van a matar a todos”.

La verdad es que los agresores de la vivienda de los Torres Piedrahíta no eran paramilitares. En realidad, eran hombres del Batallón Contraguerrilla 79 que apenas vieron a Rodrigo Humberto Torres en ropa interior se le fueron encima, le amarraron las manos y, con la luz de varias linternas, le gritaron: “A usted lo estábamos buscando, gran hp”.

Acto seguido, los militares sacaron de la vivienda a Rodrigo Humberto Torres y empezaron a torturarlo. Yudy aún recuerda que mientras los uniformados torturaban y golpeaban con sus armas a su marido, ella abrazaba y protegía al pequeño Jefferson que apenas tenía un año.

Rodrigo Humberto Torres, mientras tanto, trataba de no quejarse mucho por las torturas y, según Yudy, varias veces les dijo a sus agresores la misma frase: “Hagan lo que quieran conmigo, pero no se metan ni con mi mujer ni con mi hijo”.

Casi 22 años después de los hechos ocurridos en la vereda San Luis de El Aro, Yudy mantiene que su esposo no era guerrillero y que, en realidad, para esa época en Ituango —octubre de 2004— la guerrilla se movía a sus anchas.

“Mucho miliciano (de las FARC) era amigo de infancia de Rodrigo. Por eso era común verlo en los bares (de El Aro) tomando cerveza con ellos. Pero, insisto, él no era guerrillero”, recalcó Yudy sobre el pasado de Rodrigo Humberto Torres.

Al corroborar que en la vivienda de los Torres Piedrahíta no había armas, los integrantes del Batallón Contraguerrilla 79 se dirigieron a Yudy y sin rodeos le dijeron: “A su esposo nos lo vamos a llevar. Usted nunca más va a volver a saber de él. Lo vamos a llevar donde nuestro jefe al Alto del Oso”.

Hacia las cinco de la mañana, los militares corruptos dejaron la vivienda y se llevaron a Rodrigo Humberto Torres. Esa fue la última vez que Yudy vio con vida al padre de su hijo.

La confesión

La otra parte de la trágica historia de Rodrigo Humberto Torres y Yudy Elena Piedrahíta ha sido contada durante las cinco sesiones del juicio contra Guzmán Ramírez por exmilitares como Fidel Iván Ochoa, Anderson Aguinaga, Jorge Eliécer Barrientos y Ricardo Manuel Buelvas.

Así lo han narrado:

Un informante o guía del Batallón Contraguerrilla 79, apodado “el Mocho” —porque le faltaban uno o más dedos en una de sus manos—, les dijo a los militares que en El Aro había un laboratorio de la guerrilla para el procesamiento de cocaína.

Entonces Guzmán Ramírez ordenó el operativo y también que lo encabezara el suboficial Fidel Iván Ochoa. El objetivo era dar muerte a los guerrilleros que al parecer estaban en el laboratorio.

Toda vez que —según Barrientos— llegaron tarde al laboratorio, los presuntos rebeldes huyeron. Al final, dos hombres que vivían en la zona fueron retenidos por la tropa y llevados hasta el Alto del Oso. Eran Rodrigo Humberto Torres y Wilber Muñetón.

Los dos fueron entregados allí a los paramilitares.

Posteriormente, el entonces mayor David Herley Guzmán les llamó la atención a sus subalternos por haber hecho mal las cosas y, por radio, les dio la orden de regresar por uno de los hombres que había quedado en poder de los paramilitares.

La orden se cumplió, según los militares. Rodrigo Humberto Torres les fue devuelto por los paramilitares con camuflado y llevado al puesto de mando adelantado. Allí, Guzmán Ramírez dio la orden de matarlo. Primero el soldado Buelvas le disparó, pero no lo mató. Entonces el soldado Aguinaga lo remató con su arma.

Acto seguido, Guzmán Ramírez le dio la orden a Barrientos de que le disparara al cuerpo sin vida de la víctima. El soldado, sin embargo, no fue capaz de cumplir la orden.

“Usted lo que tiene es miedo, usted lo que está es cagao (sic)”, le dijo Guzmán Ramírez a Barrientos.

La otra víctima de la retención ilegal, Wilber Muñetón, fue dejado libre por los paramilitares a los pocos días. Más de 21 años después, todavía lo atormentan los fantasmas del secuestro.

Rumbo a Medellín

Cuando regresó del secuestro, Wilber Muñetón buscó a Yudy Piedrahíta. Le contó que había estado varios días con su esposo en el sitio de retención y que lo había dejado muy decaído y desmejorado.

Unos dos meses después de la desaparición de Rodrigo Humberto Torres, la guerrilla abordó a Yudy y le dijo que no veía con buenos ojos su estadía en El Aro toda vez que no descartaba que su compañero se hubiera ido voluntariamente con los paramilitares.

Entonces Yudy se vino para Bello, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Medellín.

Su niño, Jefferson, se quedó en Ituango con sus abuelos. Ocho años estuvieron separados madre e hijo.

La primera temporada en Bello fue de infierno. Durante varios meses vivió escondida y sola en una humilde casa que su padre había comprado en el barrio El Tapón, donde —al decir de Yudy— “había un ambiente muy pesado y con mucha drogadicción”.

En la vivienda de El Tapón, Yudy literalmente pasó hambre. Casi a diario lloraba. Pero, por fortuna para ella, apareció una prima suya que le propuso trabajar en Medellín en la casa de un matrimonio conformado por un colombiano y una estadounidense.

De allí se fue a los cuatro años luego de que una amiga de la extranjera le propuso trabajar con ella por un poco más de dinero.

Fue allí también, en la capital antioqueña, donde Yudy recibió una noticia devastadora: uno de sus hermanos mayores, Édgar Danilo Piedrahíta, había sido asesinado por la guerrilla.

Con el tiempo, Yudy se enamoró de nuevo. Se hizo al cariño de un buen hombre que lo primero que le sugirió fue que tuviera a su lado al pequeño Jefferson. Duraron cuatro años, pero “me montó cachos (o le fue infiel) y entonces lo dejé”.

Hace unos siete años, Yudy conoció al padre de Josías, su segundo hijo, quien tiene cuatro años. Se casaron en 2020. “Es un buen esposo, resabiadito a veces, pero se puede lidiar”, observó con sorna la valiente mujer, hoy de 38 años.

Y, finalmente, hacia septiembre de 2024 Yudy recibió una llamada telefónica que jamás esperó. Eran funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación que le tenían una noticia bomba: que el cuerpo de Rodrigo Humberto Torres había sido encontrado en el cementerio de Ituango.

“Yo no lo podía creer. Fue un baldado de agua fría. Se revivieron todas las cosas del pasado, pero también hubo un alivio porque se supo qué pasó con él”, indicó Yudy, quien a renglón seguido advirtió: “Lo que más duro nos dio fue cuando nos enteramos de que el Ejército era el que había hecho eso”.

—¿Ya perdonó?

—Ya perdoné a los que confesaron y a los que no han confesado también, incluido él (en referencia al coronel David Herley Guzmán). La única afectada con la falta de perdón es la persona que no perdona.

La escena muestra a cuatro hombres con cascos, guantes y tapabocas en el Cementerio Central de Huila. Están esperando indicaciones frente a bóvedas de personas que no han sido identificadas. En la grabación, uno de ellos —guiado por el equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas—, levanta con cierto pudor algo que sobresale de un cuerpo. Luego, entre todos, levantan una bolsa que contiene restos y la ponen sobre una mesa.


Es apenas un día de jornada. Los cuatro fueron miembros de la Fuerza Pública y han sido señalados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables en el subcaso Huila, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En otras palabras, son responsables de falsos positivos.

Esa acción, que está siendo grabada, es parte de sus Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras (TOAR), una sigla enredada que básicamente es todo aquello que un compareciente pueda hacer con el visto bueno de la JEP para reparar a las víctimas y que se tiene en cuenta dentro de su sanción.

Los hombres se enfrentan a una sanción de entre cinco y ocho años por sus crímenes. No son penas que necesariamente priven su libertad —aunque sí les restringen derechos—, sino acciones restaurativas que los comparecientes de la JEP tanto Fuerza Pública como los miembros de la antigua guerrilla de las FARC cumplen en lugares como estos: cementerios, territorios afectados por la guerra y comunidades.

Ahora mismo no están en una cárcel. La grabación muestra que están en un campo abierto. Ven el cielo y apenas los rodean dos débiles paredes a las que se les nota el tiempo. No hay guardias armados ni celdas, pero sí supervisión constante, no se mueven sin reglas. Todo lo que hacen —dónde están y por cuánto tiempo— responde a un esquema de cumplimiento. Al otro lado de la pantalla un sistema registra cada uno de sus movimientos.

En Bogotá, donde proyectaron este video hace unos siete meses, una sala de monitoreo recibe los datos.


Ese sistema —que combina dispositivos electrónicos que deben usar los comparecientes ante esa jurisdicción, seguimiento en terreno y control judicial— es una de las piezas centrales con las que la JEP busca resolver una de las preguntas más difíciles del Acuerdo de Paz de 2016: ¿cómo demostrar que sus sanciones, aunque no impliquen cárcel, sí se cumplen?

“Lo que hacen los dispositivos, en estricto sentido institucional, es reforzar los mecanismos de credibilidad, de confianza y de legitimidad de las acciones. El monitoreo es integral. Incluye presencia en terreno, vigilancia electrónica, verificación judicial, veeduría ciudadana y acompañamiento internacional. Es un sistema que permite saber dónde está la persona, qué está haciendo y en qué condiciones cumple”, dijo a Colombia+20 Harvey Suárez, secretario ejecutivo de la JEP y quien ha estado coordinando todo este proceso.

El video fue mostrado como prueba de que ese modelo ya funciona, pero su implementación completa hoy está en suspenso a la espera de una decisión por una apelación presentada por el sistema de defensa de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC.

Según los abogados, entre los argumentos está que los dispositivos no quedaron consignados en el Acuerdo de Paz de 2016 y que la imposición de los mismos o de las “geocercas digitales (…) vulneran el marco legal de la justicia transicional y desnaturalizan el carácter de las sanciones propias”.


Las geocercas son como denominan a los perímetros que también impondrían estos artefactos a los comparecientes cuando estén realizando labores de sus sanciones propias —uno de los tres tipos de medidas que puede imponer la JEP—.

El tribunal ya ha impuesto dos sanciones propias, una para el antiguo secretariado de las FARC por el caso de secuestro y otra para los militares relacionados con falsos positivos.


“Durante las negociaciones del Acuerdo Final de Paz, la delegación del Gobierno propuso reiteradamente mecanismos de vigilancia electrónica. Estas medidas fueron descartadas y excluidas. Imponerlas ahora se considera un acto de mala fe que rompe lo acordado y vulnera el principio de confianza legítima”, dice el sistema de defensa de los excombatientes de las FARC.

Para la JEP, el uso de este tipo de medidas está sustentado, entre otras cosas, en el artículo 127 de la Ley Estatutaria de esa jurisdicción (1957 de 2019) que se refiere a la restricción efectiva de quienes estén sometidos a ese tribunal de paz. En ese artículo se determina que esa restricción debe tener “mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió”.

De acuerdo con el magistrado Roberto Vidal, actual presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, la decisión sobre esa apelación está próxima por resolver, y para ello se están haciendo grandes esfuerzos para que esta decisión se dé “extraordinariamente rápido”.

¿Cómo se monitorea una sanción restaurativa?


Ese es el tipo de sanción que la JEP está tratando de consolidar. Un modelo que reemplaza el encierro por trabajos restaurativos, pero que, al mismo tiempo, necesita demostrar que no es sinónimo de impunidad.


Para lograrlo, la jurisdicción diseñó un sistema de monitoreo que mezcla tecnología, presencia en terreno y control judicial. La apuesta es que cada actividad que realizan los comparecientes —desde exhumaciones hasta proyectos comunitarios— pueda ser verificada, documentada y evaluada en tiempo real.


El componente más visible son los dispositivos electrónicos, que son de dos tipos. Uno que es un asistente digital personal (PDA, por su sigla en inglés) y que se parece a un celular -pero no lo es-, y otro un reloj inteligente.

Ninguno de los dos puede grabar conversaciones ni imágenes, ni tampoco acceder a información privada. Su función es más limitada, pero crucial para ubicar con precisión a quien los porta, verificar su identidad y registrar si cumple o no con las condiciones impuestas.

La herramienta principal sería el PDA que hace, según la JEP, “seguimiento, control y trazabilidad de los comparecientes. Se utiliza para una gestión robusta de monitoreo y permite integrar aplicaciones corporativas”. Puede resistir golpes, polvo y humedad y tiene una batería prolongada.

Además, permite una “validación biométrica” mediante “huella digital” o con unos retos que le da la plataforma de manera aleatoria como parpadear, sonreír o girar la cabeza. Esto se hace con “llamadas aleatorias de control para mitigar riesgos de suplantación de identidad”, precisa el tribunal.

El reloj inteligente cumpliría un rol más complementario que permitiría, por ejemplo, una “respuesta más rápida ante situaciones de riesgo”. Su facilidad de portar permitiría usarse en el desarrollo de actividades.

“Este, sobre todo, es muy útil para cuando, en el momento en que se realizan trabajos de actividad física, como, por ejemplo, cuando ellos estaban rompiendo estas losas en los cementerios, ayudando a movilizar estructuras óseas, o cuando realizan trabajos físicos”, asegura el secretario Suárez.

El reloj, que se ha usado en otras partes del mundo con población con discapacidad o gente mayor, se enfoca en “signos biométricos básicos y eventos físicos”. Esto quiere decir, según la JEP, que “puede registrar el ritmo cardíaco, temperatura, niveles de actividad o movimiento, y cuenta con detección de caídas o inactividad prolongada”.

Ambos dispositivos usan un modelo de geolocalización híbrida con tecnología satelital, red celular y redundancia —diseñado para activar automáticamente componentes de respaldo—.

Las decisiones que tomen los magistrados de la JEP sobre las sanciones propias determinarán, entre otras cosas, dónde el compareciente hará efectivo lo impuesto y en qué lugar debe hacerlo.

De acuerdo con el tribunal, ese será un perímetro que debe ser respetado. Si la persona sale del perímetro autorizado, el sistema genera una alerta. Si pierde señal, los datos se almacenan y se cargan después.

Durante los períodos de trabajo, los comparecientes deben permanecer en zonas delimitadas, cumplir horarios y acatar reglas estrictas: no pueden consumir alcohol, no pueden delegar tareas y menos volver a delinquir.
Los trabajos son personales e intransferibles.

Fuera de esos períodos, el control puede ser más flexible, pero no desaparece. La discusión sobre hasta dónde llega es, precisamente, lo que hoy está en manos de la justicia.

La defensa de las antiguas FARC propone, en todo caso, “una coordinación con las entidades y mecanismos dispuestas en el punto 3 y punto 4 del Acuerdo” y que no se “desnaturalice la sanción restaurativa”.

“La restricción de libertad debe estar funcionalmente ligada a la ejecución de los TOAR y no ser un fin en sí misma. El control permanente es una medida invasiva de la privacidad que se acerca más a una lógica retributiva-punitiva que a una restaurativa”, afirman los abogados.

La vigilancia no depende únicamente de esos dispositivos. En cada proyecto hay equipos de la JEP en terreno —monitores— que acompañan a los comparecientes durante toda la jornada. Registran a qué hora llegan, qué hacen, cómo interactúan con las comunidades, si cumplen las reglas y si ocurre algún incidente.

“Eso lo hacen personas de la jurisdicción, de la secretaría ejecutiva, que acompañan todo el procedimiento de entrada, permanencia y salida de los lugares de cumplimiento de las sanciones, o de los TOAR antes de la sanción”, explica el secretario Suárez.

En efecto, los dispositivos no solo son para las sanciones -una medida con la que será obligatorio-, sino para los TOAR, aunque con esto su uso solo es voluntario. Eso se convierte en bitácoras diarias que alimentan un sistema central de seguimiento.


“Esa información se sube en unas ‘tablets’ que se encargan de registrar toda la información diaria, hace el registro de la huella dactilar de la persona sancionada o que está cumpliendo con el TOAR o la sanción, y en un formulario ‘online’ toda la información durante el día del trabajo y todas las actividades, incidentes y anotaciones. Luego lo envía casi que automáticamente a la sala de seguimiento de monitoreo que nosotros tenemos en la jurisdicción”, explica Suárez.

-¿Es como la pantalla que Batman construye para Ciudad Gótica?, pregunto.

- (Risas), sí, es algo así, pero sin quitar la información de nadie, responde el magistrado Vidal.

La lógica, insiste Suárez, es que no basta con saber dónde está el compareciente sino saber qué está haciendo y si eso realmente está teniendo un impacto reparador.

Es un modelo diseñado para no depender de un solo mecanismo. Si falla la tecnología, entra el monitoreo humano; si hay dudas, interviene el control judicial.

El sistema incluye además otras capas de control. Las víctimas y las comunidades pueden participar como veedoras y presentar quejas si detectan irregularidades. Organismos internacionales cumplen funciones de observación y reporte. Y entidades como la Procuraduría pueden intervenir en el seguimiento.


En esto último también ha habido un cambio. Tras el recorte del mandato que le hizo en octubre el Consejo de Seguridad de la ONU a la Misión de Verificación en Colombia sobre el seguimiento a las sanciones propias, esa tarea está tratando de ser reconstruida con la Oficina de ONU Derechos Humanos y con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP–OEA).


“Tenemos la dificultad que ya no tenemos el tamaño y el alcance de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (una de las oficinas con más personas en terreno en Colombia), pero estamos reconstruyendo eso con esos organismos que tienen una función más de auditoría”, explica el magistrado Vidal.

No es menor lo que está en juego con este esquema. Aunque han existido distintos modelos de justicia para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de guerra o dictadura, el modelo de justicia transicional que opera en Colombia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz es único en el mundo.

Se aleja del carácter punitivista o de castigo tradicional y apuesta por un sistema en el que el eje es la verdad y la reparación a las víctimas. Por eso la mirada internacional no solo está puesta en sus avances —como los reconocimientos de responsabilidad o el esclarecimiento de hechos—, sino también en evaluar qué tan efectivo resulta este modelo para garantizar sanciones reales sin recurrir a la cárcel.


“El debate global es si las sanciones propias son serias, ciertas, monitoreadas, verificables. Lo que hacen estos componentes es dotar de estructura, de control, de seguimiento, de acompañamiento, de monitoreo y de verificación judicial, ante el examen que haría la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, que tienen los ojos puestos, por decirlo así, en el cumplimiento”, dice el magistrado Vidal.

A eso se suma el debate interno sobre las sanciones que pasa por las víctimas, el Congreso e incluso los candidatos presidenciales, algunos de los cuales se alejan de la JEP. “Esto nos permite decirles a todos que tenemos un mecanismo que es confiable, verificable y legítimo”, explica.

El trasfondo del debate es más amplio que una discusión técnica. En juego está la credibilidad misma del modelo de justicia transicional colombiano. La JEP no solo debe convencer a la opinión pública, sino también responder a estándares internacionales que históricamente han privilegiado sanciones punitivas.


La decisión que se conocerá pronto sobre el uso de estos mecanismos no solo definirá cómo se cumplen las sanciones, sino también marcará hasta dónde puede llegar Colombia en ese intento.

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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo pública una carta abierta dirigida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) -especialmente a tres de sus comandantes Antonio García, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, y Pablo Beltrán- en la que exige verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, Juan Antonio Sanguino Páez, desaparecido y asesinado hace casi cuatro décadas.

La misiva, difundida en redes sociales a propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno, expone un caso personal que el funcionario asegura ha permanecido en silencio durante años. “Esta no es una comunicación fácil para mí, que he sido desde mi adolescencia, un comprometido militante de izquierdas. Llevo casi 40 años rumiando la manera como debo aproximarme a ustedes para reclamarles verdad y reparación”, escribió.

Sanguino explicó que su hermano desapareció en junio de 1986 en Bogotá, tras un encuentro con un contacto del ELN y una llamada en la que anunció que regresaría, lo que nunca ocurrió.

“Supe que Juan, aquella vez, se dirigía a una escuela guerrillera en el Frente Camilo Torres que operaba en el Sur del Cesar, requisito indispensable para asumir sus responsabilidades como nuevo integrante de la Dirección Regional del ELN de la Capital, designación que había recibido en los primeros meses de ese año”, dice el ministro en la carta.

Con el paso del tiempo, Sanguino reconstruyó que fue trasladado a una estructura guerrillera, donde habría sido sometido a un “juicio revolucionario” y posteriormente ejecutado bajo sospecha de infiltración.

“Entiendo que una vez allí, en algún campamento de aquel Frente Guerrillero, Juan fue sometido a un mal denominado “juicio revolucionario”, especialmente sumario e injusto. Fue condenado a muerte después de haber sido acusado y supuestamente hallado culpable de infiltración como agente de las fuerzas militares”, dice la carta.

El ministro afirma que solo conoció estos hechos en octubre de 1988, más de dos años después de la desaparición, y que desde entonces no ha recibido información completa ni los restos de su familiar.

En su juventud, Sanguino militó políticamente en el ELN, pero sin ser combatiente. En 1994 entró a un proceso de acuerdo de paz la Corriente de Renovación Socialista -una suerte de disidencia del ELN que abandonó las armas-.

El ministro Sanguino en su carta plantea además un reto directo a esa guerrilla para reconocer este tipo de hechos y asumirlos como casos emblemáticos dentro de cualquier proceso de verdad.

El reclamo de verdad

En ese contexto, el ministro afirma que pese a los procesos de paz que se han realizado con el ELN no ha podido saber la verdad de lo que ocurrió con su hermano.,

“Nunca se me aportó verdad de los hechos, ni mucho menos se entregó el cuerpo de Juan o se me informó el sitio de ubicación del mismo. Este silencio ha permanecido, a pesar de los múltiples procesos de diálogo adelantados en los últimos 40 años entre el ELN y el Estado Colombiano, en los cuales se ha incorporado, en buena parte de ellos, la búsqueda de acuerdos humanitarios precisamente para abordar casos y situaciones como estas”, indicó.

En la misiva, Sanguino solicita al ELN que esclarezca plenamente lo ocurrido con su hermano, que facilite la entrega de los restos a su familia a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que, además, emita una solicitud formal de perdón por el asesinato.

“Hoy quiero pedirles públicamente que se me otorgue lo que me ha sido negado en estos 40 años de silencio eleno. Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, señala en la carta.

El pronunciamiento ocurre en un momento en que no existe un proceso de diálogo con el ELN y el Gobierno Petro. Aunque nunca se suspendió, de facto no se siguió la negociación.

“Les propongo que sean ustedes quienes den el primer paso para reconocer este fenómeno, y que asumamos a Juan Antonio como un caso emblemático. ¿Lo aceptan? Quedo atento a sus respuestas”, concluye.

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La propuesta de acabar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es nueva, pero se ha convertido en el caballo de batalla de cada elección en Colombia y esta campaña no fue la excepción. La idea, de hecho, está siendo determinante en la escogencia de la fórmula vicepresidencial de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, una de las aspirantes que promueven tumbar con ese tribunal de paz.

Una reunión este martes entre Valencia y Juan Daniel Oviedo -quien obtuvo el segundo lugar en esa misma coalición- y donde se buscaba definir una posible fórmula vicepresidencial terminó sin una oferta formal porque la defensa del Acuerdo de Paz y la permanencia de la JEP es una de las líneas rojas de Oviedo.

“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (…) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”, dijo al término del encuentro la candidata Valencia.

Oviedo ha insistido en que el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia debe respetarse, mientras que Valencia ha sido una de las voces que desde hace años propone desmontar el tribunal creado para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado y, de hecho, en octubre del año pasado presentó un proyecto de ley que busca reformar ese tribunal de paz.

A eso se suma las declaraciones del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó al tribunal de paz como “una farsa” y aseguró a Caracol Radio que, si dependiera de él, lo sacaría “con un plumazo”.

“La JEP es una farsa, no ha habido proceso de paz. Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso de la república, y esa FARC, que desmovilizaron entre comillas, se convirtió en cinco FARC. Eso es una farsa, no ha producido paz de nada, impunidad total. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria, que pusieron el pecho para defender la constitución, la ley, la vida y honra, la integridad de los ciudadanos”, dijo el candidato presidencial que este martes anunció que su fórmula vicepresidencial sería el economista y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

La propuesta, sin embargo, se enfrenta a un obstáculo mayor: jurídicamente desmontar la JEP es extremadamente complejo y tendría implicaciones constitucionales e internacionales para Colombia.

Existen tres dimensiones del “candado jurídico” que hacen impensable su derogatoria.

Uno de ellos es el punto de justicia para la paz y sus desarrollos legales que fueron incorporados mediante reformas constitucionales y leyes estatutarias, lo que los convierte hoy en parte del ordenamiento jurídico colombiano y del bloque de constitucionalidad.

En segundo lugar, el Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz —como la JEP— tienen carácter obligatorio, y que las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo pactado en el Acuerdo Final.

En tercer lugar, Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma, lo que implica que, si no garantiza la investigación y sanción de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir. La JEP existe precisamente para que Colombia ejerza su propia justicia.

El blindaje de la Constitución y de la comunidad internacional

La Jurisdicción, que funcionará inicialmente por 10 años -hasta 2029-, y cuyo periodo podría extenderse hasta cinco o 10 años más, no es una entidad ordinaria del Estado. Fue incorporada al ordenamiento constitucional y es parte del bloque de constitucionalidad mediante una reforma aprobada en 2017 para implementar el Acuerdo de Paz. Esto significa que su eliminación requeriría otra reforma constitucional larga y profunda.

Su función es administrar justicia transicional y esclarecer, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado y antes del 1 de diciembre de 2016.

Su desmonte también afectaría al sistema de justicia transicional del acuerdo —conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición— que no solo incluye a la JEP, sino también a la Comisión de la Verdad -cuyo mandato ya terminó- y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Modificar o desmantelar ese esquema implicaría alterar el corazón jurídico del Acuerdo de Paz.

Otro elemento clave es que el Acuerdo de Paz fue depositado como compromiso internacional ante organismos como la Organización de Naciones Unidas. De hecho, ante la ONU, Colombia hizo una declaración unilateral de Estado en la que se asumía la responsabilidad de su implementación.

Eso incluye que el Estado colombiano tiene obligaciones frente a la comunidad internacional para investigar y sancionar crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Expertos en justicia transicional advierten que eliminar la JEP podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que vigila desde hace años la situación colombiana.

Las críticas a la JEP también se han centrado en su lentitud o en la percepción de que ha sido más dura con militares que con exguerrilleros, un argumento frecuente en sectores políticos de derecha.

Sus defensores, en cambio, sostienen que el tribunal es la única instancia que está investigando las responsabilidades más altas en el conflicto armado, incluidas las cadenas de mando.

De hecho, el exnegociador de la jurisdicción Diego Martínez advirtió este martes en su cuenta de X que debilitar la figura de responsabilidad de mando —una de las bases del sistema— podría terminar protegiendo a quienes tomaron decisiones estratégicas durante la guerra.

“Como lo manifesté en el debate con la senadora Paloma Valencia, su cruzada contra el Acuerdo de Paz y la JEP tiene un fin inconfesable: romper las cadenas de mando para proteger a los responsables políticos de la guerra. Lo advertí hace meses y lo reitero hoy como negociador de la JEP: eliminar la responsabilidad de mando no es defender a los soldados, es blindar a los de arriba y exponer a Colombia ante la justicia penal internacional. La paz no puede ser un capricho electoral”, dijo.

Seguridad jurídica y víctimas

El tribunal también procesa a exguerrilleros, militares y terceros civiles que participaron en el conflicto armado. Eliminar la jurisdicción en medio de los procesos abriría un vacío jurídico porque miles de casos quedarían en el aire y las víctimas perderían el mecanismo creado para obtener verdad, reparación y reconocimiento de responsabilidades.

Además, muchos comparecientes —incluidos miembros de la Fuerza Pública— aceptaron someterse a la JEP precisamente bajo las reglas de ese sistema. Cambiarlo radicalmente podría afectar la seguridad jurídica de esos procesos.

La idea de acabar con la JEP ha sido una bandera recurrente en sectores del uribismo desde la firma del acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. El mismo expresidente Álvaro Uribe ha expresado en múltiples veces que debería tumbarse ese tribunal. En cada ciclo electoral reaparece como propuesta política, aunque nunca se ha concretado.

A través de las investigaciones de la JEP se han conocidos varias verdades y hechos del conflicto armado como la magnitud real de las ejecuciones extrajudicial, también llamados “falsos positivos” cometidos por militares; los antiguos comandantes de las extintas FARC han asumido responsabilidad por caso de secuestro.

En septiembre de 2025, la JEP dio sus primeras sentencias por ambos casos. También se ha reconocido reclutamiento forzado de menores y se han abierto líneas de investigación sobre la participación de terceros civiles.

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La reciente entrega de los restos de Camilo Torres Restrepo por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas volvió a poner en el centro la figura del sacerdote y sociólogo cuya vida sigue generando entre admiración y controversia.

La urna fue recibida por el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita y reconocido defensor de derechos humanos, quien impulsó su búsqueda desde lo que la UBPD denomina la “familia social”.

En conversación con Colombia+20, Giraldo reconstruye las razones de ese compromiso, defiende una lectura integral de la trayectoria de Torres —más allá de su paso por la lucha armada— y explica el trasfondo de ideas como el “amor eficaz”, eje de su propuesta cristiana y social.

Hace unos días la UBPD le entregó a usted una urna con los restos del padre Camilo Torres y en la rueda de prensa la directora de esa entidad recalcó mucho la importancia de lo que llamó la familia social. Es decir, esas personas que buscan a desaparecidos sin tener un lazo de sangre como es su caso con el cura Torres. ¿De dónde surge su interés de buscar el cuerpo de Camilo Torres?

Cuando Camilo estaba en su momento más intenso de acción social y política en el año 65, yo tenía 19 años y yo estaba en el noviciado de los jesuitas. Teníamos que prestar un servicio en un hospital durante un mes. A mí me mandaron a los Seguros Sociales de Medellín, y en esa misma semana llegó Camilo a Medellín, y yo pude mirar y experimentar cómo en estas tres clínicas que yo atendía en ese momento todo el mundo se volcó a escucharlo. Veíamos las conferencias de él. Teníamos un comedor enorme, donde íbamos a tomar las comidas con todos los médicos, las enfermeras, los administradores, todo el personal de los hospitales y veíamos cómo algunos enfermos se levantaban de su cama para ir a escucharlo. La gente de todas esas clínicas se peleaba por sentarse a la mesa con nosotros. Pero piense que éramos tres novicios, usábamos la sotana en ese momento, y nos sentábamos a discutir por qué la Iglesia estaba tratando así a Camilo Torres. En ese momento, ya él tenía su conflicto con el cardenal. Nosotros estábamos todavía muy inexpertos para discutir todas esas cosas, pero a mí se me quedó grabado lo que decía la gente. La gente decía que no entendía la condena de la Iglesia a las exposiciones de Camilo; cuando uno va y lo oye, y lo que él dice es puro evangelio. Nos preguntábamos: ¿La iglesia está condenando el evangelio?

Nunca tuve la oportunidad de verlo en persona, de hablar con él ni de darle la mano y todo eso. Yo lo vi, fue por televisión, por radio, sí. A mí se me grabó eso en lo más profundo, y de ahí seguí dándole vueltas.

Y ahora, años después, es usted el que recibe sus restos. ¿Qué sintió ayer cuando se los dieron?

Una emoción muy profunda, pero al mismo tiempo sentía algo como que lo que estoy haciendo aquí no es como persona, sino como país. Yo creo que gran parte del país lo he percibido en todos los aniversarios y en todas mis correrías, porque yo trabajo también con muchos movimientos sociales y comunidades de protesta. Entonces, lo he percibido, la admiración y el amor por la memoria de Camilo es muy grande, muy grande.

Pero también hay mucha polémica y mucha tensión alrededor de la figura de Camilo Torres sobre todo por su decisión de irse a las armas. ¿A qué le endilga la polaridad con la figura de él?

Es que él fue un sacerdote que termina yendo a un grupo armado y eso fue algo que no solamente conmovió y escandalizó, podríamos decir, a los colombianos, sino a todo el mundo. Eso se comentó en periódicos de todo el mundo, cómo un sacerdote se vincula a un grupo armado. Y por eso las explicaciones que él daba, sus comunicados, sus discursos también empezaron a ser puntos y textos de estudio y de discusión.

Pero, realmente, yo he explicado varias veces que la vinculación de él al Ejército de Liberación Nacional tiene muchos aspectos que no se han considerado. Yo creo que un elemento es el contexto de persecución que él estuvo viviendo en esos últimos meses. Amigos de él, que lo acompañaron mucho en sus estudios sociales, en sus clases en la universidad, le dijeron, si usted no se va para la guerrilla, le tocará estar preso durante el resto de su vida porque los militares ya lo están buscando.

¿Usted dice que se fue a la guerrilla un poco por el temor de lo que podía pasarle?

Creo que no fue solo por estar en la guerrilla, sino por todo lo que él afirmaba de la situación social del país. Él visitó la guerrilla del ELN, hizo acuerdos con ellos y de vincularse a esa guerrilla, porque él veía que el problema del cambio de estructuras en Colombia no iba a ser pacífico y que entonces iba a ser necesariamente violento. Hay otros elementos que invitan como a considerar de otras muchas maneras la vinculación de él a la guerrilla. Pero, como digo, son tres meses que contrastan con muchos años de ejercicio del sacerdocio, de ejercicio de la maestría en la universidad, de ejercicio de diálogo con muchos movimientos sociales y políticos. Todo eso se olvida y por eso la condena de él, yo creo que responde a posiciones más de los que condenan, de fanatismos y radicalismos de ellos, que no ven sino con miradas muy recortadas todo ese problema.

Usted dijo en la rueda de prensa que al cura Camilo Torres se le juzga, se le mira y se le admira sobre todo por los últimos tres meses de su vida, y que no se cuenta todo el resto. ¿Cuál es ese resto que debemos conocer? ¿Qué no se ha contado y qué destacaría de su vida como sacerdote y como sociólogo?

Yo creo que hay que empezar por su sacerdocio. Él no fue un sacerdote así de pacotilla, como podríamos decir. Fue un sacerdote muy convencido de su vocación, muy entusiasmado con su vocación, muy enamorado de su vocación. Desde que entró al seminario tenemos testimonios, el diario de él en el seminario, en fin, y su interés porque, por ejemplo, la Biblia que leía estaba muy subrayada con textos que refieren al amor, al amor a los demás, al amor cristiano, a la caridad. Y sus escritos, sus reflexiones, todas apuntan en ese sentido.

Él no quería ser un sacerdote simplemente como un profesional formal, sino que quería destacarse precisamente por tomar lo central del Evangelio, que era el amor a los demás. El compromiso con la justicia. Y en eso él vivió con un entusiasmo y una convicción muy profunda, fuera de serie. Pero además, como sociólogo, él comprendió que ese amor tenía que expresarse prácticamente en la sociedad. Y él veía una sociedad completamente dividida y sobre todo con sectores muy grandes de la sociedad excluidos.

¿Y cómo fue su paso por la Universidad Nacional?

Cuando él regresa de sus estudios de sociología y comienza a trabajar en la Universidad Nacional como capellán, lo primero que piensa es que los estudiantes deben conocer y experimentar lo que es el mundo injusto de Colombia, y los lleva a los barrios más empobrecidos de Bogotá. Era el extremo de Bogotá en esa época, que era el barrio Tunjuelito, donde estaban los chircales donde ponían a trabajar forzosamente a los niños.

Pero él descubre allí, y como capellán de la Universidad, que los estudiantes que él invita a llegar a los barrios y a conocer la realidad de los barrios, los que asisten más al culto cristiano, a la Eucaristía diaria en la capilla de la universidad, no les gusta ir a los barrios, y nunca van. Y en cambio los que van a los barrios son aquellos estudiantes que no les gusta el culto y que se dicen ateos. Y él va notando esa diferencia y se la escribe al arzobispo en una carta muy profunda que le dice, los que aman no tienen fe, y los que tienen fe no aman.

Esto hay que darle un vuelco, hay que cambiar el estilo de pastoral que traemos en la Iglesia desde hace siglos, desde la evangelización española, que es primero sacramentalizar, o sea, bautizar a la gente, confirmarla, casarla, que asistan a la Eucaristía los domingos, en fin. Pero esos son los sacramentos y las otras partes, digamos, de la pastoral, como son por ejemplo la catequesis y lo que se llamaba la caridad, las acciones de caridad, poco importaban.

Entonces él dice, hay que voltear patas arriba, como él lo llama todo este esquema de pastoral, y empezar por el compromiso con la caridad o con la justicia. Dice, si hay alguien que realmente no tiene sensibilidad frente a los problemas de la justicia, no tiene madera para ser cristiano. Entonces es absurdo bautizarlo porque no tiene madera para ser cristiano. Y él propone ese tipo de pastoral que en el fondo son los principios que le dan origen a la teología de la liberación unos años después. Entonces ese es el perfil fundamental del Padre Camilo.

Uno de los conceptos más populares de Camilo Torres fue el de “amor eficaz” que lo concibe no solo como un sentimiento, sino como una serie de acciones revolucionarias para ayudar al prójimo, pero también para cambiar estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. ¿Cómo llegó él a ese concepto?

El amor eficaz fue, digamos, la consigna central de la vida de Camilo. Él se entusiasmó y se enamoró de la parte de la Biblia, del Evangelio, que hablaban del amor a los demás, pero cuando él se hizo sociólogo, entendió que ese amor no puede ser un amor romántico o teórico, sino que ese amor tiene que ser eficaz.

Y él tomó un texto del Evangelio que lo repetía continuamente, y era un texto del Evangelio de San Mateo que habla del juicio final y enumera todas las obras de misericordia. Y entonces Camilo decía, para ser cristianos tenemos que dar de comer, pero no a unos pocos, sino a todo el país. Y para darle de comer a todos los pobres de Colombia necesitamos un cambio de estructuras, y él lo decía con esas palabras, una revolución. Y en sus últimos años él dijo que esa revolución no debe ser teórica, debe ser práctica y debemos comprometer con esa revolución, y esa fue su lucha final. O sea, la revolución comprometida era casi un sinónimo del amor eficaz.

Sobre el uso de su figura por parte del ELN, ¿usted cree que es importante por una coherencia ideológico o porque la popularidad de Camilo Torres le da exposición a esa guerrilla?

Pues hay muchas versiones y ahí es muy difícil discernir entre todas ellas. A Camilo le tocó la comandancia de Fabio Vázquez Castaño y algunas versiones dicen que cuando empezaron a llegar intelectuales de la Universidad Industrial de Santander a la guerrilla, él era un campesino sin títulos universitarios y señalan que sintió un celo, que mandó a fusilar a varios de los intelectuales, que trató a Camilo muy mal, que no supo el valor de la persona que estaba llegando allí y lo puso en circunstancias de combate y manejo de armas que él no era capaz, y que lo obligó a ir a la emboscada donde encontró la muerte.

Pero, de todas maneras, después de Fabio Vázquez vienen otros comandantes que valoraron muchísimo más lo que había sido Camilo en la guerrilla. Por ejemplo, Manuel Pérez, que fue sacerdote también, o Nicolás Gabino, ellos lamentaron… mucho la muerte de Camilo y le dieron un valor simbólico muy grande dentro de la organización. Pero, como digo, hay muchas versiones y es muy difícil establecer con plena certeza qué pasó internamente allí y cuáles fueron exactamente las motivaciones y decisiones de mando en ese momento. Lo que sí es claro es que posteriormente su figura fue asumida como un referente muy fuerte dentro de esa organización, y eso también ha contribuido a la polémica permanente sobre su memoria.

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Mario Ayerbe se sintió secuestrado dentro de su propia pintura. Era el año 2010 cuando la obra que tenía al frente terminó de absorberlo. Entonces tuvo que parar. En cada pincelazo, el artista opita se había adentrado en un lugar oscuro, húmedo, sin salida, que quería devorárselo. Era la selva. La misma a la que su amiga, la excongresista Consuelo González de Perdomo, fue arrastrada a la fuerza por la guerrilla de las FARC en septiembre de 2002.

Dieciséis años después, esa obra —19 pinturas en acrílico sobre lienzo que narran las distintas etapas del secuestro a partir de la experiencia de González— volvió a hablar. “De la sombra a la luz: imágenes de un secuestro”, la primera exposición de arte en Colombia que retrata ese drama, se inauguró el pasado 9 de febrero en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La apertura se realizó justo el día del cierre de la investigación del Caso 01 sobre secuestro, un hito judicial que dejó una radiografía de los métodos utilizados en el cautiverio por las extintas FARC. El tribunal encontró a 63 excombatientes del Bloque Oriental y el Bloque Sur como máximos responsables de esos crímenes.

La esclavitud, la tortura, los castigos y los tratos crueles y denigrantes que perpetraron esos exguerrilleros se reviven en cada una de las pinturas de Ayerbe. Durante los dos años que tardó en terminar la serie, el pintor se preocupó por retratar la tragedia que Consuelo González vivió durante más de seis años.

“Cuando yo hacía la obra, conté con la asistencia de Consuelo. Cuando le mostraba la obra y veía su rostro, sus ojos casi llorosos, comprendí que los momentos que ella había vivido estaban ahí, reflejados con todo su realismo. Para mí fue sorprendente ver que ella reconocía la obra tal como había sentido el secuestro y que pude mostrar todos los instantes como ella los pensaba”, contó Ayerbe a Colombia+20.

El efecto de la obra es poderoso para la memoria del país. Desde la JEP lo saben. Parte de esa fuerza radica en que del drama del secuestro no existen muchas imágenes. “Los cuadros son especialmente poderosos porque no hay registros visuales de estos hechos. Solo existían las pruebas de supervivencia, que eran manipuladas por la guerrilla, que en general ocultaban el lugar dónde se encontraban las víctimas y que en general no mostraban dónde estaban porque les ponían una sábana atrás”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre, tras la lectura de la sentencia.

En ese contexto, la exposición busca también dejar un mensaje a las nuevas generaciones y mostrar que aquellos relatos que algún día escucharon —o escucharán— de sus padres y abuelos sí existieron.

“Nosotros lo que hacemos con las sentencias es reconstruir el pasado. Y esta obra del maestro Ayerbe también reconstruye los hechos del drama de más de 21.000 víctimas de secuestro en Colombia. Es un mensaje también para las nuevas generaciones, para contarles que esto sí pasó y cómo transcurrió. Es difícil llevar al arte el dolor que sufrieron todas esas víctimas, pero creo que esta obra recoge muy bien ese relato”, dijo a este diario el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

“Los encadeno hasta el final”

Los prisioneros están agachados sobre el suelo fangoso. Comen de platos pequeños. Tienen los cuerpos encogidos, minimizados. Un cerdo merodea junto a las ollas. La equivalencia visual del cuadro es contundente: humanos y animales comparten el mismo espacio, las mismas condiciones. Pero hay un detalle más en esa pintura, uno que lo atraviesa todo: están encadenados.

Ya no son solo personas que comen. Son cuerpos atados, reducidos a algo que se amarra y se controla, como ganado.

Esas cadenas, que tantas veces Consuelo le insistió a Mario que debía pintar, fueron lo último que el artista añadió. Fue una decisión consciente. Una resistencia íntima del pintor para poder soportar el peso de lo que estaba creando.

“Consuelo me decía: ‘Mario, hay que encadenar a la gente’. Y yo le decía: ‘Uy, Consuelito, ¿de verdad? Déjeme que yo los encadene al final’ porque me daba tristeza. Y al final los encadené a todos”, recordó el pintor.

Las cadenas aparecen en casi cada escena de la obra: en la hora de la comida, en la noche ciega, en el peligro de cruzar los ríos. Cada eslabón une un cuadro con el siguiente, como si la serie entera estuviera, también ella, encadenada.

“Esto es toda la cronología, desde el secuestro hasta la liberación. Son todos los pasos, todas las vivencias”, explicó el magistrado Ramelli a este diario. “Yo no conozco una foto de las víctimas pasando un río con todos los riesgos. Hay muchas cosas que, si no es por esta obra, no se conocen. Todo esto tiene que ser un mensaje: los padecimientos fueron reales, los sufrieron miles de víctimas, y ninguna causa política justifica someter a un ser humano a ese tipo de vejaciones”, añadió.

“Jugar a que las mariposas son flores que salieron volando”

En las instalaciones de la JEP, una asistente se detuvo frente a una de las pinturas. Por un instante, quedó inmóvil, como si absorbiera cada detalle, hasta que cuatro palabras rompieron su silencio: “Todo es muy fuerte”.

El cuadro retrata una escena que parece moverse. Un grupo de secuestrados camina por la selva, encadenados, mientras guerrilleros sostienen fusiles. Entre el verde intenso de la selva que lo invade todo, una mujer se detiene y fija su mirada en un manto de mariposas azules. Lo que la espectadora quizá no sabía es que aquella mujer del cuadro pensaba en su amigo.

La mujer, Consuelo; su amigo, Mario.

Tras la liberación de González en 2008, ese recuerdo del cautiverio inspiró el cuadro “El manto de las mariposas en el camino”, la escena que daría origen a la obra de Ayerbe, que vio la luz por primera vez en 2011 en un libro del escritor Fernando Soto Aparicio, que lleva el mismo nombre de la exposición de arte.

“Jugar a que las flores azules son mariposas que se quedaron congeladas en los gajos, y que las mariposas son flores que salieron volando”, dice el texto de Soto que acompaña esa pintura. Ese fragmento del libro —al igual que el cuadro— es la expresión de cómo, mientras los días se sucedían entre escenas de tortura, había instantes, tal vez fugaces, en los que Consuelo lograba aferrarse a la belleza de los paisajes que se cruzaban ante sus ojos. Y en esos momentos, que eran quizá una forma de mantenerse viva, ella pensaba en todo lo que su amigo podría pintar si estuviera allí para verlo.

Lo que no imaginó es que al salir del cautiverio Ayerbe retrataría, sobre todo, lo inhumano de todo aquello que vivieron las víctimas del secuestro de las FARC y que quedó registrado en los testimonios ante la JEP.

Fue justamente a través de esos relatos que el tribunal conoció la existencia del libro en el que se recogen las pinturas sobre el secuestro. De ahí surgió la idea de llevar a sus instalaciones la exposición, que permanece abierta al público.

A través de las pinturas, los visitantes pueden recorrer un drama que Fernando Soto Aparicio condensó en unas líneas expuestas junto a los lienzos: “Se me han ido callando las palabras, se me han ido enturbiando las miradas, se me ha perdido por completo la sensación de estar vivo”.

“De la sombra a la luz: imágenes de un secuestro” es una exposición que no solo narra el sufrimiento de las víctimas, sino que obliga a mirar de frente la memoria de un drama que aún marca a quienes lo vivieron. Es intentar cargar por un instante el peso de las cadenas.

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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) terminó hace unos días una evaluación a los avances de Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz y destacó progresos en la aplicación del modelo de justicia transicional restaurativa, en particular en la emisión de sentencias, la calificación de conductas y la construcción de patrones macrocriminales.

El balance se conoció tras una sesión de trabajo con entidades del Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el comunicado conjunto, por la CPI participaron Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la Oficina del Fiscal, y Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Asuntos Externos (Complementariedad y Sociedad Civil), quienes revisaron el contenido de las tres primeras sanciones impuestas por la JEP y los planes para ejecutar proyectos restaurativos.

La revisión se dio en el marco de la novena sesión de la Instancia de Articulación, espacio de coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de las sanciones propias o restaurativas impuestas a responsables de crímenes graves del conflicto armado. Allí, delegados de la CPI conocieron el contenido de las tres primeras sanciones dictadas por la JEP y los planes para ejecutar los proyectos restaurativos asociados.

“Durante la jornada, las entidades expusieron de manera detallada el proceso interinstitucional para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos incluidos en las dos sentencias restaurativas que imponen Sanciones Propias. La primera en el Caso 01 contra siete integrantes del último Secretariado de las Farc-EP, por la política de secuestros y, la segunda, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en esa región del país”, se expuso en el comunicado.

La Corte Penal Internacional cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia, tras más de 17 años de seguimiento, al considerar que había avances en la investigación y juzgamiento de crímenes internacionales a través de la JEP. Sin embargo, puede reabrir actuaciones si el Estado deja de investigar seriamente esos delitos.

Ese hecho cobra peso luego de que en noviembre pasado el Consejo de Seguridad de la ONU eliminara el mandato de la Misión de la ONU en Colombia sobre la verificación de las sanciones propias. Si hubiera retrocesos fuertes en la implementación, la CPI mantiene base jurídica para volver a poner el foco en Colombia.

¿Qué dijo la CPI sobre su visita?

Los delegados de la Corte Penal Internacional ratificaron que el país es un referente para la justicia transicional y “destacaron avances sustanciales en la calificación de conductas, la identificación de patrones macrocriminales y el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

La CPI dijo que continuará el seguimiento a la implementación de las sanciones propias para verificar su ejecución material en los territorios. De hecho, habrá una segunda visita entre marzo y abril.

Durante la sesión, las autoridades colombianas expusieron el esquema operativo para poner en marcha proyectos restaurativos incluidos en decisiones judiciales ya adoptadas, entre ellas las relacionadas con secuestro y con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. El énfasis estuvo en cómo traducir las órdenes judiciales en intervenciones concretas con participación de víctimas y entidades estatales.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó el alcance institucional del compromiso con la CPI que el trabajo articulado busca que las sentencias estén soportadas en proyectos que restauren daños y aseguren derechos de las víctimas y de los territorios.

“(Las sentencias deben estar )soportadas en proyectos que restauren los daños causados, al tiempo que garanticen condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan ejecutarlos. Además, deben conducir al efectivo restablecimiento de los derechos de las víctimas y de los territorios. Este trabajo articulado demuestra que el Estado viene cumpliendo sus obligaciones”, afirmó Ramelli.

Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, anunció que desde esa cartera se han formulado siete proyectos restaurativos en apoyo a diferentes casos de la JEP y en articulación con las víctimas. “Estamos listos para iniciar su financiación y ejecución en abril próximo”, señaló.

Las entidades también expusieron el esquema operativo para poner en marcha proyectos restaurativos ligados a decisiones ya adoptadas —entre ellas las relacionadas con secuestro y con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate— y advirtieron que su ejecución exige coordinación administrativa, recursos y condiciones de seguridad.

El comunicado remarca que el acuerdo de cooperación de 2021 con la CPI incluye seguimiento a estos desarrollos y a las condiciones de implementación del Acuerdo de Paz.

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Hay quienes no tienen más alternativa que esperar en medio del dolor que arrastran.

Esa ha sido la historia de las mujeres buscadoras en Colombia: esperar alguna respuesta de ese familiar que nunca volvieron a ver; esperar el reconocimiento institucional a su trabajo entre reiterados intentos por desacreditarlo; y esperar, durante casi dos años, a que se firmara el decreto que hace valer la ley que las protege.

Ese último momento llegó este 26 de enero, cuando quedó en firme la medida que hace efectiva la Ley 2364 de 2024, conocida como Ley de Mujeres Buscadoras, un paso normativo sin precedentes que reconoce oficialmente a madres, hermanas, hijas, tías y amigas de personas desaparecidas como sujetos de especial protección del Estado.

“La recibimos con lágrimas en los ojos. Muy emocionadas, porque sentimos que desde el cielo Yanette Bautista materializa su legado y nos muestra que debemos seguir adelante. Nos da fuerzas, nos reconforta y nos recuerda que vale la pena levantarnos todos los días a exigir nuestros derechos y los de nuestros seres queridos. Ha sido una noticia muy hermosa después de décadas en las que las mujeres buscadoras estuvieron invisibilizadas”, dijo a este diario Andrea Torres, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista e hija de Yanette Bautista.

No todas alcanzaron a presenciar este logro. Algunas se fueron quedando en el camino, como Bautista -una de las principales impulsoras de esa ley- quien falleció el pasado 1 de septiembre. La confirmación del decreto desató entonces emociones contenidas durante décadas de lucha para que el trabajo de búsqueda —realizado tantas veces sin recursos, sin garantías y con el peso de la soledad— fuera finalmente reconocido.

Aunque la Ley de Mujeres Buscadoras fue aprobada el 4 de abril de 2024, su aplicación dependía de la firma del decreto por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin ese paso, la norma carecía de herramientas operativas. La urgencia, entonces, era clara: sin reglamentación no podían activarse los mecanismos previstos para el reconocimiento y la reparación de las mujeres buscadoras.

Cansadas de los incumplimientos, organizaciones de buscadoras iniciaron el 15 de enero los trámites para interponer una acción de cumplimiento. “Empezamos a enviar requerimientos a distintas entidades, comenzando por la Presidencia, porque considerábamos que ya se habían cumplido todos los plazos y términos establecidos por la ley”, explicó Torres. Según relató, el avance de este proceso fue conocido por las instituciones involucradas. “Eso fue lo que finalmente impulsó la firma del decreto”, agregó.

La acción de cumplimiento se sumó a la campaña de incidencia que las buscadoras iniciaron el 23 de octubre, con la creación de la Red Nacional de Mujeres Buscadoras. Desde entonces, difundieron videos y material gráfico para visibilizar su trabajo en territorios como Buenaventura, Montes de María, Putumayo y el Valle del Cauca, y presionaron a las entidades del Gobierno para que firmaran el decreto.

“La renuncia del entonces ministro de Justicia –Eduardo Montealegre– obligó a volver a someter el decreto a revisión, lo que nos generó mucha angustia, por eso comenzamos la estrategia de incidencia”, explicó Torres.

¿Qué dice el decreto?

Uno de los elementos centrales del documento es la puesta en marcha del Registro Único de Mujeres Buscadoras, que estará bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Este mecanismo permitirá acreditar oficialmente la condición de mujer buscadora y facilitará el acceso a derechos como vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial. La UARIV tendrá un plazo máximo de seis meses para diseñarlo, administrarlo y ponerlo en funcionamiento.

“El decreto también establece una hoja de ruta para la implementación de la ley, aclarando las competencias de cada institución y orientando a los ministerios sobre cómo garantizar los derechos de las mujeres buscadoras”, explicó Torres.

Esto incluye garantizar el derecho a la salud, generar acciones del Ministerio del Trabajo y establecer rutas de priorización que refuercen su condición como sujetos de especial protección del Estado. “La norma da respuesta a todas las instituciones que estaban esperando instrucciones para aplicar la ley”, añadió la directora de la Fundación Nydia Érika Bautista.

La firma del decreto se sintió como una bocanada de aire, necesaria no solo para mantener viva la memoria de los desaparecidos, sino también para encontrarlos, con garantías, recursos y seguridad.

Torres dice que están conformes con lo que se firmó. “Participamos activamente con el Ministerio de Justicia, planteando nuestras exigencias, haciendo comentarios y observaciones, muchas de las cuales fueron finalmente recogidas. Es un documento que reconoce nuestro trabajo y garantiza la protección que las mujeres buscadoras merecen. Esto nos deja con muchas ganas de seguir trabajando”, concluyó.

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Trata de afinar su voz, las palabras le salen como un suspiro que se va yendo. Entonces Omaira Montoya, a sus 63 años, habla sin parar. Va enredando recuerdos con fechas imprecisas, el tiempo va y se devuelve. Conversar con ella es tratar de ubicarse, no solo en su testimonio, sino en la historia de una ciudad que ha hecho invisibles y quiere borrar a quienes habitan la calle.

Cuando evoca su infancia, Omaira endereza la espalda. Creció en el barrio Enciso, en el norte de Medellín, en una casa donde el hambre y la violencia eran rutina. Su madre cosía con retazos para vestir a los 12 hijos; su padre, alcohólico, descargaba la rabia en golpes. Desde niña aprendió a resistir. Fuerte, acuerpada y rebelde, se fue de su casa a los ocho años para buscar trabajo y libertad. En la barbería donde barría y lavaba toallas conoció a una mujer que le mostró el amor y las noches del Parque Bolívar.


Allí, entre bares y peleas, se formó como lideresa. Era defensora por instinto, protectora de las suyas, una “cacica” que imponía respeto con carácter y cuchillos escondidos entre la ropa. La calle se volvió su escuela por 40 años. En los años ochenta y noventa recorrió los túneles y aceras de Medellín, entre drogas, hambre y violencia. Vio morir a muchos, durmió enferma y con miedo, pero también encontró gestos de cuidado que le recordaban que seguía viva.


En 2006, un amigo de Omaira, conocido como “Guerrero”, llegó emocionado a mostrarle $10.000 pesos que le regaló un supuesto campesino. Le contó que era un señor bien vestido que llegó a las calles en busca de trabajadores para recoger moras en una finca. La oferta incluía un salario mensual, además de alojamiento y comida.

La propuesta motivó que Omaira y él se unieran a un combo de personas que querían trabajar. Pasaron la noche reunidos, no “soplaron”—como se le dice coloquialmente a esnifar drogas—, compraron mecato con ese billete, hablaron del viaje, e incluso planearon en qué patio dormirían antes de irse juntos. Al día siguiente, salieron al punto de encuentro, cerca de la estación Prado del Metro de Medellín, el sitio donde los recogían para llevarlos.


—Cuando salí, vi al Guerrerito sin camisa, todo flaquito, pegado al pequeño camión.


Omaira le preguntó quién faltaba, se devolvió a confirmar si no se quedaba ninguno. Eran más o menos 20 los “parceros” que se habían unido a la aventura. Aprovechó para entrar al baño y en ese momento escuchó un ruido fuerte, un golpe seco. Cuando salió, el carro ya había arrancado. Se fueron sin ella.


Se quedó esperando unas tres horas a que volvieran, pero nadie regresó. Durante un mes fue cada mañana al mismo lugar, convencida de que volverían. Preguntó mucho por ellos, pero nadie tuvo noticias.

Entre ese dolor y los años de adicción, llegó la fe. Omaira ayunó, leyó la Biblia, predicó en parques. Dice que Dios la sanó del cáncer y le dio fuerzas para luego salir de la calle. Ingresó a programas de la Alcaldía de Medellín, aprendió jardinería, a coser muñecas de trapo y pegar cierres, vendió chicles, luego lideró un proyecto y montó una empresa comunitaria de confecciones que empleó a otras mujeres. En 2011 dejó definitivamente la calle y trabajó casi una década como educadora.


Su nueva vida le ayudó a comprender lo que pasó realmente cuando las ofertas de trabajo en fincas llegaron a las calles, y por qué no supo nunca más de sus amigos. Se enteró de que sus compañeros probablemente habrían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Militares, quienes los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, es decir, habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Dice que esa revelación la devastó. Lloró mucho al comprender que esa, su familia social, había sido asesinada.


—Yo estaba convencida de que estaban vivos.


El Águila, la Rata, Arena de Cementerio, La Hormiga, La Ardilla, El Pájaro, son algunos de los apodos que recuerda. Cada nombre fue una vida truncada. Al recordarlos, dice que siente que Dios tuvo misericordia con ella por haberla dejado viva.


Resistir al desgaste y al silencio


“¿Desechable quién?”, se lee en varios carteles pegados sobre la pared de la Corporación Everyday Homeless, ubicada en el sector de La Candelaria, en pleno Centro de Medellín, donde convergen los lugares culturales más emblemáticos y los recodos donde están los más de 8.000 habitantes de calle que documenta la misma organización. Jorge Calle, fotógrafo y líder del colectivo, cuenta que conoció a Omaira hace varios años, cuando ambos coincidían en los espacios del sistema habitante de calle en el Centro Día.


El Centro Día es un programa de la Alcaldía de Medellín creado desde 1992 para atender a personas en situación o riesgo de calle. Allí se ofrece alimentación, duchas, lavado de ropa, atención psicosocial, talleres de autocuidado y acompañamiento para quienes quieran iniciar procesos de resocialización. Omaira, quien pasaba con frecuencia por allí, comenzó a involucrarse hasta convertirse en una figura conocida por su liderazgo.


—Ella es una líder innata y tiene una historia muy fuerte—dice Jorge.


Cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a reconocer por los testimonios de comparecientes de la Fuerza Pública que entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales había habitantes de la calle, la organización de Omaira fue convocada para acompañar el proceso y ella misma se convirtió en una voz fundamental.


Entre 2002 y 2008, la JEP indicó que un número desconocido de habitantes de calle fueron reclutados con engaños desde Medellín. Los militares los buscaban por su vulnerabilidad, por la facilidad para convencerlos con una promesa de trabajo, un plato de comida o unos cuantos billetes. Muchos de ellos fueron trasladados a zonas rurales y asesinados para ser presentados como supuestas bajas de combate. Los vestían con ropa oscura o camuflada para simular que eran guerrilleros o paramilitares. Después de asesinarlos, los militares destruían sus documentos y los sepultaban como personas no identificadas en cementerios municipales.


A cambio de presentar bajas en combate, el tribunal halló que los militares recibían diversos beneficios como vacaciones, bonificaciones, medallas, cursos formativos e incluso ascensos en sus cargos. Antioquia, con 1.611 víctimas según la JEP, fue el departamento más afectado por esta violencia, con el 25% de las 6.402 ejecuciones ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008.


La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha priorizado dentro del caso 03 que investiga este tipo de ejecuciones a la Brigada IV del Ejército, que operaba en Antioquia, por su participación en este patrón criminal. Son aproximadamente 100 personas desaparecidas, según registros de la entidad, quienes fueron presentadas como falsas bajas por integrantes de esa brigada.


En la primera sentencia relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, del 18 de septiembre de 2025, la JEP condenó a 12 integrantes del Batallón La Popa por su responsabilidad en 135 casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2005, en el sur de La Guajira y el norte del Cesar.

Para el caso Antioquia aún no hay sentencia, pero sí se han realizado audiencias públicas donde los comparecientes —exmilitares, víctimas y representantes de la sociedad civil— se encuentran cara a cara. En la primera de esas diligencias, realizada el 27 de junio de 2023, el entonces comandante del Batallón de Contraguerrillas N.º 79, Efraín Prada, reconoció que bajo su mando ocurrieron los asesinatos de los habitantes de calle y mencionó fechas precisas: 3 y 17 de marzo, y 28 de abril de 2006.

En la Audiencia de Definición de la Situación Jurídica, realizada el 27 de marzo de 2025, 15 militares retirados que no fueron catalogados como máximos responsables aceptaron su participación en los asesinatos de habitantes de calle reclutados bajo engaño entre 2002 y 2008; y recibieron la renuncia a la persecución penal tras reconocer su participación y contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas.

Ese día, Omaira viajó a Dabeiba para la audiencia. A pesar de los nervios por dar cuerpo al testimonio de los habitantes de calle víctimas, sus gestos se convirtieron en un símbolo de reconciliación. Jorge, su amigo, aún se asombra al recordarla abrazando a los hombres que confesaban sus crímenes.


—Ella entiende el papel de ellos, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Yo no lo entendí al principio, pero después las reflexiones de Omaira me hicieron verlo distinto. Su gesto era profundamente político. Ella va, se para, les da un abrazo y les dice: “Parce, es que yo también estuve ahí. Yo también decidí cambiar mi vida”. Y ellos también empiezan a entender que pueden hacerlo.


El grito común


Aunque la Unidad para las Víctimas no tiene un registro preciso sobre cuántas de las 6.402 muertes registradas por la JEP como falsos positivos eran habitantes de calle, sí reconoce los efectos del conflicto armado sobre esta población que ha sido sujeto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violencias. Pero los hechos han sido invisibilizados por la falta de datos y seguimiento institucional.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), por su parte, ha realizado entregas dignas de personas que estuvieron en situación de calle, pero tampoco cuenta con información discriminada ni sistematizada sobre el número de víctimas. El caso más reciente es el de Henry de Jesús Zapata, quien vivió en la Comuna 13 y posteriormente en el centro de Medellín, de donde desapareció en 2006. Su cuerpo, inhumado como no identificado en el cementerio de Granada, al Oriente antioqueño, fue entregado a su familia en agosto de 2025.

Esa ausencia en los registros no es solo un vacío estadístico, sino una expresión más de la exclusión que impide la verdad y la justicia. Así lo señala Claudia Rengifo, investigadora de la Corporación Con-vivamos, quien sostiene que, en Medellín, “una ciudad conservadora y jerarquizada”, persiste la idea del “desechable”, del que no cuenta. “Sin políticas que acompañen o siquiera registren a las personas que habitan la calle, es fácil que alguien desaparezca sin dejar rastro”, advierte.


Para la experta, el caso de Omaira y sus compañeros revela una verdad más amplia sobre Medellín, la ciudad donde las políticas de “limpieza social” encontraron terreno fértil en la indiferencia.


Ante el vacío estadístico también nacieron luces de solidaridad. Cuando la JEP empezó a exhumar cuerpos en Dabeiba, Luz Amparo Mejía, representante del colectivo Madres de la Candelaria–Línea Fundadora, propuso algo que cambiaría la historia de esta población marginada:


—A partir de hoy, nosotras somos las madres adoptantes de esos chicos encontrados allá. Nosotras vamos a hablar por ellos, porque si no hablamos nosotras, ¿quién va a hablar por ellos?


Tras esa adopción simbólica que hicieron ante la JEP, Luz Amparo conoció a Omaira. Desde entonces la describe como una hermana y ejemplo de vida, quien no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la memoria viva de lo que se vive en la calle y el recuerdo de esas personas que ya no están.


Ahora, la esperanza común de estas voces es que el país reconozca esas vidas borradas. Jorge y Omaira sueñan con salir a buscar a sus familias tocando puerta por puerta y decirle a la gente: “Si usted tiene un familiar desaparecido, acérquese, deje su ADN”. Para ellos, esa es la verdadera justicia restaurativa: reconocer, buscar, incluir.

—Yo tengo fe de que ellos van a aparecer. Es muy doloroso, porque todos eran hombres, todos de la calle. Y saber que Dios permitió todo esto… que me dejara viva a mí.


Omaira convirtió su casa en un albergue para recibir a otros habitantes como ella que, voluntariamente, se han reeducado con la Alcaldía y quieren dejar la calle.

Su testimonio, de a poco, trata de devolverles la dignidad a los habitantes de calle desaparecidos. Su palabra ronca, quebrada, fuerte y valiente, es la memoria de una generación de invisibles que aún espera justicia.


*Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).

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Más de 8.500 personas acreditadas como víctimas en toda Colombia. 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). Más de 21.000 personas secuestradas en distintos sitios del país cometidos entre 1990 y 2016. Cinco grandes patrones criminales. Siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro condenados. Cuatro proyectos de reparación priorizados.

Esas son algunas de las cifras que resumen las dos sentencias emitidas el pasado 16 y 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con relación a los macrocasos 01 y 03, que investiga la justicia transicional, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Las primeras decisiones que imponen sanciones restaurativas en lugar de penas de cárcel.

Pero, más allá de los números para medir la efectividad de la justicia, en el centro de las decisiones están las víctimas de los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos al margen de la ley y agentes del Estado, durante medio siglo de violencia. Estas son sus voces.

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Mónica Oyuela, hija de Augusto Oyuela, secuestrado y asesinado por las Farc

Mónica Oyuela tenía 13 años cuando esperó recibir en el aeropuerto a un papá enfermo y convaleciente. Eso se imaginó cuando su mamá le dijo que el papá estaba grave, que no había esperanza luego de escuchar por radio que habían encontrado dos cuerpos amarrados a un árbol en Cartagena del Chairá. Pero lo primero que las recibió en esa terminal fue un carro fúnebre, una cita verde y un ataúd con el cuerpo de Augusto Oyuela.

Han pasado 30 años desde ese momento y a Mónica le sigue doliendo casi lo mismo. Respira profundo y se arma de valentía para contar que está relacionada con el caso 01 en la JEP por el secuestro, tortura y asesinato de su padre, Augusto, cuando él tenía 42 años. Era un ganadero y comerciante de San Vicente del Caguán que un día fue citado por la columna Teófilo Forero de las antiguas Farc a una reunión para mejorar las carreteras de la zona, pero ese encuentro, al que también citaron a su socio, se convirtió en un secuestro de no más de diez días en el que los transportaron hasta la finca de unos campesinos donde los torturaron y asesinaron.

Mónica recuerda con total lucidez y tristeza que en televisión estaban pasando la novela de las nueve de la noche, Café con aroma de mujer, cuando los tiros interrumpieron el silencio de la vereda. Cuenta que los campesinos no quisieron salir a mirar, que llamaron a la Fiscalía y que la noticia se difundió por radio. Su mamá supo que su papá estaba muerto, pero no pudo decirle la verdad. Mónica estaba segura que su papá se iba a recuperar de lo que fuera que le hubiera sucedido, pero después supo que no era así y que a sus 13 años le tocaría hacerse la fuerte hasta que pudiera reclamar verdad y justicia.

En el 2022, después de pasar un camino tedioso por Justicia y Paz, Mónica ingresó a la JEP y le comenzaron a hablar de verdad y reparación. No entendía esa forma de justicia hasta que un año después la invitaron a una audiencia de reconocimiento. A través de un vínculo de YouTube vio a Fabián Ramírez, comandante del Bloque Sur de las Farc. “Lo veo hablando de mi padre y reconociendo. Eso fue histórico, fue increíble, fundamental. Eso para mí fue el inicio de sentir que estaba obteniendo justicia”, cuenta Mónica. Después vinieron un par de encuentros más con otros jefes guerrilleros y Mónica pudo saber muchas cosas que necesitaba y quería conocer. En las audiencias, Mónica se dedicó a mostrar el valor de su padre para que los comparecientes entendieran todo lo que ella había perdido. Con la reciente sentencia de la JEP a los siete miembros del antiguo secretariado de las Farc, Mónica se siente reparada.

“Prefiero una justicia imperfecta porque la justicia ordinaria no me hubiera traído nada de esto. El que haya una sentencia es para mí que esto no sea indefinido. Es un paso más para soltar y cerrar”, agrega, aunque reconoce que siempre será necesario repetir el perdón todas las veces que sean necesarias. “Ellos han podido volver con sus familias, nosotros ya no podemos volver a nuestras familias y ningún esfuerzo es suficiente. Sigan invirtiendo en la lucha, busquen a las personas desaparecidas, sigan pidiendo perdón cuantas veces sea necesario y nunca crean que es suficiente”.

Héctor Mahecha, víctima de secuestro por las Farc

Héctor Mahecha fue víctima de secuestro, tortura, amenazas, desplazamiento forzado y hechos de terrorismo por el Comando Conjunto Central de las extintas Farc. Recuerda que a su padre también lo secuestraron y que pusieron bombas en su casa y su negocio. Con todo ese pasado en su vida, hoy Héctor dice que es una persona positiva y que tiene mucha fe. Cree que el proceso en la JEP ha sido largo y trabajoso, pero al mismo tiempo sanador.

Héctor reconoce que al principio fue incrédulo de una justicia transicional y que cuando se enfrentó a la antigua cúpula de las Farc fue un impacto muy grande. En todo ese camino se alejó de la idea de una justicia punitiva, pues encontró mayor beneficio en la verdad. “Muchas víctimas quieren cárcel para ellos, pero ¿en qué va a beneficiar a las víctimas tener encerrada a la cúpula en una cárcel? Eso no va a ayudar a las víctimas como tal porque pagan su pena y listo, salen. La justicia de la verdad me parece que funciona más para las personas que tengan muchas dudas y se solucionen”, explica Héctor.

Hoy por hoy reconoce que tiene una posición ambigua frente a la reciente sentencia de la JEP contra los siete ex jefes guerrilleros, en parte porque siente que no se dijo nada concreto. Por eso entiende que exista disgusto entre las víctimas, pero sabe que dentro de los proyectos de restauración se pueden hacer trabajos, obras y actividades restaurativas que de verdad valgan la pena. Sobre todo resalta que la fundación ReviPaz pueda participar.

“En mi caso particular no hubo víctimas mortales. Sufrimos todos los flagelos y yo no puedo dar, ni nadie puede dar reversa y tratar de resolver el pasado. Hay que mirar desde aquí el presente y el futuro. Entiendo que para otras víctimas no sea fácil porque hay resentimiento, hay una duda razonable en cuanto a que no se han hecho muchas cosas. Muchos teníamos proyectos de vida, pero la guerra nos los quitó.”, agrega y espera que con esta sentencia, los ex Farc sigan trabajando por las víctimas tanto a nivel simbólico como restaurativo.

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Juan Carlos González, víctima de secuestro por las Farc

Juan Carlos González fue víctima de secuestro por las Farc en al menos cuatro ocasiones y en cada una de las veces que la guerrilla lo internó en la selva él pensó en su familia. “Uno no piensa en nada más. Es una total incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi familia si no vuelvo?”, relata. También, cada vez que lo liberaron, Juan Carlos recordó que sus padres siempre le enseñaron a dar el perdón. “Nosotros tenemos la facultad de perdonar, pero no tenemos la facultad de condenar. El único que tiene la facultad de condenar es Dios. Mientras no descarguemos todo eso que tenemos represado, vamos a sufrir”, agrega.

Esa enseñanza lo ha ayudado a vivir. Sabe que nadie ni nada le va a devolver lo que perdió, pero se consuela al decir que la vida debe continuar. Tras la sentencia de la JEP, Juan Carlos sintió que fue una forma de cerrar un capítulo, sin necesidad de olvidar lo que le sucedió.

“Se sabía que la sentencia sería sin restricciones políticas, con algunas restricciones de movilidad. Pero esto nos enseña también que hay que trabajar mancomunadamente, trabajar juntos para lograr una paz estable y duradera. Hay que abrir nuestros corazones, sacar el odio y el rencor. No tenemos que olvidar lo que pasó, pero sí dejar el odio y el rencor de nuestros corazones para que las cosas surjan y hay que trabajar con ellos porque así lo dice la justicia transicional”, dijo Juan Carlos.

Olga González, hija Gilberto González, secuestrado y desaparecido por las Farc

Olga González cuenta que ella y su familia fueron condenados a 13 años y dos meses de sufrimiento e incertidumbre, a pesar de no haber cometido ningún crimen. Desde que secuestraron y desaparecieron a su padre, el agricultor Gilberto González, el 28 de mayo de 2012, toda su familia se sumió en una condena de dolor. Hoy se siente inconforme con la sanción de la JEP a los máximos responsables de la política de secuestro dentro de las Farc porque la sanción de 8 años es mucho menor a los 13 años y dos meses que sufrieron. Hace poco menos de dos meses que Olga y su familia encontraron el cuerpo de su papá luego de una ardua labor de búsqueda. Aunque su hallazgo fue un bálsamo, también fue la chispa que encendió una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿Qué fue lo que pasó?

“Estamos esperando la verdad. Esa es la reparación que yo espero que llegue. Hoy nosotros ya tenemos a mi papá con nosotros, pero ¿qué pasó desde el instante que se llevaron a mi papá de ese lugar? ¿Qué pasó hasta el día que él murió y qué pasó desde el lugar de donde se lo llevaron y al lugar donde lo encontramos? ¿qué pasó? Nosotros queremos esa verdad, queremos saber qué pasó, queremos saber el por qué y esa verdad no ha llegado”, cuenta.

Olga espera que la vida no se le acabe sin responder esas preguntas. Quiere que la fe, la esperanza y la paciencia que la acompañaron durante 13 años y dos meses le alcance para conocer la verdad que todavía no le han dicho. Por eso, con la sentencia de la JEP, Olga le dice al último secretariado de las Farc que los compromisos no se pueden quedar en papel, que las víctimas necesitan ser reparadas en todos los sentidos y que ya no quiere seguir sufriendo en la incertidumbre. “Una reparación completa será cuando la verdad sea dicha, no por terceros sino por boca directamente de las personas que cometieron los delitos”.

Mario Montoya, víctima de secuestro por las Farc

Mario Montoya dice que para hoy estar contando su historia tuvo que pagar 238 millones de pesos por once días en cautiverio. Fue secuestrado por las Farc el 7 de febrero de 2009 cuando trabajaba como en la Universidad del Tolima. Lo liberaron bajo la promesa del pago de una cuota mensual. No tenía tanto dinero para pagar su rescate, entonces tuvo que endeudarse y hoy, 16 años después, todavía debe una parte de esa alta suma de dinero. Pero más allá del daño económico, lo que más le pesa a Mario es el daño que le hicieron a su familia. “Mi familia está desintegrada, eso lo ocasionó el secuestro. ¿Quién nos ayuda a que la familia vuelva a estar unida? Si me vuelven a secuestrar, no me dejo llevar, yo me hago matar. No vuelvo a vivir ese flagelo”, cuenta Mario. Con la sentencia de la JEP, Mario espera que sea abran las puertas para que se reconozca el daño a las víctimas y que en los 8 años de sanción beneficien a los que estuvieron secuestrados para sentirse finalmente reparado.

Víctima de secuestro por las Farc

“El vacío de justicia es grande, pero es el precio que teníamos que pagar para acabar con la violencia. Sabíamos que la única manera de que ellos se entregaran y accedieran al Acuerdo de Paz, a incorporarse a la vida civil, era no pagar cárcel. Ese es el precio que pagamos las víctimas y tuvimos que sacrificarnos con el fin de que se hubiese apagado la violencia en ese momento. Pero miramos hoy en día nuestro país y nos hacemos la pregunta ¿Vale la pena parar la violencia cuando está resurgiendo nuevamente? Si en mi caso personal tengo que olvidarme de eso para haber evitado las muertes del 2016 hacía acá, pues no tengo nada que decir, solo sacar fortaleza y pasar la página”.

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Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó la primera sentencia contra el antiguo Secretariado de las FARC por más de 21.900 secuestros, marcando un hito histórico en la justicia transicional en Colombia.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último comandante de la guerrilla, habló en entrevista con Colombia+20 sobre lo que significan estas decisiones judiciales, su responsabilidad frente a las víctimas y los retos que enfrenta para cumplir las sanciones mientras se busca avanzar hacia la reconciliación nacional.

Las sanciones podrían ser una de las consecuencias más concretas del Acuerdo de Paz y una de las cosas que más pedían las víctimas. ¿Qué sintió y cómo recibió la sentencia?


En lo personal, la recibí con sentimientos encontrados. La satisfacción de que por fin haya salido la sentencia, que es un elemento clave y la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Pero también con cierta frustración por tan tarde, ¿no? Es mucho tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia. Al fin y al cabo lo que se hizo con la JEP es algo inédito, algo que construimos junto con el gobierno colombiano en la mesa de negociación en La Habana, y todos estábamos en la expectativa de que sí hayamos acertado porque sobre esto no hay ningún ejemplo en el mundo, en los acuerdos de paz no hay ninguna cartilla. Todos, tanto víctimas como nosotros los responsables, nos preguntamos si se habrá acertado, si va a contribuir esto de verdad a ese elemento que es tan importante para garantizar la paz de Colombia, que es la reconciliación, después de un conflicto tan largo y que dejó tanto dolor, que dejó tantas víctimas de lado y lado.

¿Y se responde esa pregunta? ¿Cree que sí va a contribuir?

Estamos ahora en la ejecución de la pena, en plasmar en la práctica el espíritu que nos animó, el espíritu que siempre estuvo presente en el acuerdo, que es el de buscar la reconciliación a partir de reparar el daño que se produjo fruto del conflicto.

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¿Qué le respondería a ese sector de víctimas que no están satisfechas con las sanciones y dicen y que esos ocho años que les impuso la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) no configuran realmente una reparación para ellas?


Yo lo entiendo perfectamente, y mis respetos por todas las víctimas. Con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y de Reparación, en el cual está enmarcada la JEP, cambiamos un paradigma de cómo se aplica justicia, que no es llevar a la cárcel, sino cómo se restaura el daño que se hace a partir de buscar la reconciliación y la verdad. Yo respeto todas las opiniones. Lo que sí hago es un llamado a que no busquemos inculcar odio. El dolor no se va, las heridas van a estar siempre presentes, pero creo que tenemos que pasar la página y comenzar a interactuar para construir una Colombia en medio de la adversidad, que nos garantice justicia social y paz.

Si usted se alejara de lo que decía el Acuerdo de Paz, ¿cree que ocho años de sanción son suficientes para reparar el daño del secuestro?


Esos ochos años se complementaron con las audiencias y con los encuentros que hemos tenido con las víctimas. A veces uno no encuentra palabras para explicarlo ni para justificarlo. Nada lo justifica. Es relativo. Yo les digo, ¿habría reparado más ocho años de cárcel? Si hubiéramos aceptado la propuesta de Justicia y Paz, hoy estaríamos libres de toda culpa. Pero bueno, ni 8, ni 10, ni 50 años son suficientes. Es irreparable.

¿Cómo se imagina usted cumpliendo sus sanciones?

Primero, vuelvo y repito, nos toca estudiar con detalle cómo va a ser, pero siento frustración porque hemos dicho muchas veces que se nos está acabando la vida y sería muy triste morir sin haber podido cumplir en buena parte la sanción en función de reparar el daño. Las heridas estarán siempre, pero si podemos trabajar con las víctimas por la reconciliación, haremos realidad ese sueño de una Colombia diversa y en paz.

Durante estos años hubo audiencias donde las víctimas tuvieron la oportunidad de objetar, complementar o rechazar su testimonio. ¿Qué cree que faltó para que haya esa sensación de que no hubo verdad plena?


Habría que ver cada caso particular, pero en general esa fue una decisión política que tomamos: reconstruir la verdad. El último secretariado asumió la responsabilidad de todo lo que pasó. Convencimos a más de 13.000 hombres de contribuir a esa reconstrucción. En muchas audiencias nos encontramos con que quienes protagonizaron hechos no están con vida, y eso dificulta la reconstrucción. Pero nuestra decisión política fue y sigue siendo reconstruir esa verdad.


Del caso 01 del secuestro, después de la audiencia que fue dura, un grupo de víctimas nos invitaron a reunirnos, a conversar, y nos plantearon trabajar juntos por la reconciliación. De ahí nació la fundación Revipaz, que es una experiencia muy hermosa, aunque no ha tenido el apoyo necesario. Esperamos ahora darle más oxígeno a esa experiencia.

Juanita Gobertus, quien es la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch y quien estuvo también como parte del equipo técnico negociador del expresidente Juan Manuel Santos, dijo que el tema de la restricción efectiva de la movilidad -un tema del que hay dudas tras la lectura de la sentencia- debe darse o podría denunciarse ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué responde a ello?

Estamos tranquilos. Este es un proceso que se trabajó, que yo creo que es bueno, así uno se demora un poco más de contextualizarlo. Hubo varios años de discusiones y escenarios para el tema de justicia, pero se creó una subcomisión y en tres meses intensos de mucha consulta, con las víctimas, con muchos sectores, y con el acompañamiento de la Corte Penal Internacional se dio la propuesta de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que incluía la JEP. Una jurisdicción especial, una justicia no punitiva, sino una justicia restaurativa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que esto se construyó con la opinión teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario. Todos estos elementos de la justicia internacional, todo lo que se ha construido en ese sentido, y entonces esto se elaboró, se construyó a partir de esos parámetros.

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No ha respondido la pregunta. ¿Usted cree que la duda que hay sobre la restricción efectiva de la movilidad de quienes fueron encontrados culpables podría ser un elemento para que se diga no se cumplió una parte del acuerdo y llegar a la Corte Penal Internacional?

Estamos esperando la que nos llegue oficialmente la sentencia, conocerla toda en su integridad, son 600 y pico páginas. Debemos trabajar con el equipo jurídico de defensa cada una de las partes. ¿Y a la luz de qué? A luz de lo que está en el Acuerdo de Paz. Ese es la base y el punto de referencia para estudiarlo. Si vemos algo que va en contra del acuerdo, pues fijamos posición, pero lo que sí quedó claro en el Acuerdo de Paz es que no hay cárcel.

Dentro de la aceptación que ustedes hicieron del secuestro decían que no hubo esclavitud, y eso es algo que quedó pendiente o que por lo menos no ha resuelto la JEP. ¿Se ha hablado de esto?


Los siete comparecientes del último secretariado de las extintas FARC reconocemos la existencia de la política de secuestros y el inmenso dolor que esta práctica causó a miles de personas y a sus familias. Somos conscientes de se derivaron hechos de extrema gravedad que nunca debieron ocurrir y que, a juicio de la JEP, se configuraron como esclavitud. No hemos aceptado dicha calificación jurídica; en nuestro caso sí reconocemos otros crímenes no menos graves, e incluso más graves, como tratos crueles.


El dolor no se va, las heridas van a estar siempre presentes, pero creo que tenemos que pasar la página y comenzar a interactuar para construir una Colombia en medio de la adversidad.

Rodrigo Londoño, excomandante de las antiguas FARC

La JEP dijo que usted ordenó, mantuvo y, de alguna manera, justificó esos secuestros porque eran parte de la financiación de las antiguas FARC. Usted, ¿cómo va a cumplir esta sentencia?


Voy a cumplir la sentencia con un sentimiento de vergüenza por todo lo que pasó. Esto fue una política que creíamos que era acertada, y ahora que estamos en este escenario, escuchamos a las víctimas y vemos los efectos, sabemos que no.

En su momento, Jacobo Arenas lo planteó creo que cuando los acuerdos de la Uribe, que dijo el secuestro es algo antihumano y antipolítico, y lo suspendimos en esa época, pero vino la dinámica de la guerra y lo reactivamos como una fuente de financiación. Qué gran equivocación. Fue de las primeras cosas que me hice consciente en La Habana, cuando viajaba e interactuaba con gente que estuvo secuestrada. Incluso en una de mis primeras entrevistas me preguntaron si en caso de continuar la guerra habría secuestro y dije: esto no se puede volver a dar porque no podemos quitarle la libertad a una persona ni a su familia. Mis sentimientos son de mucho dolor, vergüenza, arrepentimiento y la decisión de reparar el daño en lo posible.

Su equipo de defensa ha tenido tensiones con la JEP, sobre todo por el tema de la resolución única de conclusiones. ¿Eso sigue firme aun cuando ya hay una primera sanción?


Sí, eso sigue, porque es parte del acuerdo. Hemos pedido explicaciones, y en otros casos, como el macrocaso 04 (Urabá), yo nunca estuve ahí, no participé, entonces no puedo aportar nada. Pero ya tenemos la sanción, los ocho años. El acuerdo dice que son ocho años, no se puede agregar más. Seguimos ese debate con la JEP, siempre buscando salidas dialogadas.

¿La sanción que se dio el lunes sería entonces para ustedes esa resolución única de conclusiones?

No hemos intercambiado aún sobre ese tema, hay decisiones pendientes de la Corte Constitucional. Lo más importante es que está la sanción, y si hay recursos y condiciones para cumplirla, sentiremos satisfacción de haber puesto en práctica lo acordado. El mundo nos está mirando, y en escenarios internacionales me he dado cuenta de la admiración por lo que logramos en equilibrar paz y justicia.

Le insisto en lo de la resolución única. ¿Para ustedes está es la única resolución que debería darse? ¿Hay espacio para concertar, dialogar ese tema con la JEP?

Es que en el acuerdo lo dice.

Claro, pero la lectura de la JEP siempre fue muy distinta a las de ustedes, por eso le pregunto si hay una ventana todavía de diálogo para que eso se pueda “concertar”.

Sí, yo creo que podemos encontrar espacios para seguir ese diálogo.

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Algunos dicen que estas sanciones pueden ser de papel porque el Gobierno no ha apropiado recursos ni hay coordinación institucional. ¿Ustedes cómo lo ven?


Comparto esa inquietud. Somos aliados en exigirle al Estado colombiano que garantice las condiciones para cumplir las sanciones. El presidente Petro es un abanderado de la paz, y esperamos que lo entienda así. Hay que hacer hasta lo imposible en función de garantizar las condiciones para que nosotros logremos hacer realidad que fueron emitidas.
También agradecemos y reconocemos el acompañamiento internacional, como el Consejo de Seguridad de la ONU que cada tres meses ha hecho seguimiento. Tenemos un mismo objetivo todos y que el Estado cumpla lo que tenga que cumplir.

¿Sí hay esos obstáculos de falta de recursos y de coordinación institucional?

Hay esa inquietud. Vamos a hablar con todas las instituciones para que no sea una frustración más.

¿Cómo cree que deja esta sanción al Acuerdo de Paz?


Yo veo que esto que pasó y que es histórico oxigena el acuerdo siempre y cuando hagamos buena pedagogía y evitemos campañas de distorsión como las del plebiscito. Yo invito a los medios de comunicación, a los colombianos, a construir la paz de Colombia. Sí, hagamos el debate, abramos los micrófonos a todo el mundo, a los que tienen opiniones distintas, pero centrémonos en algo fundamental: cómo garantizamos la paz. No podemos seguir incentivando el odio porque el odio lleva a la confrontación y fueron más de 50 años que nos mostraron que ese no es el camino. El camino es la reconciliación. Para las próximas elecciones será importante conocer qué opinan los candidatos sobre la implementación del Acuerdo de Paz. La violencia a quién le sirve, solo a quienes han vivido de ella.

Usted decía que el secuestro fue un gran error. ¿Qué mensaje les enviaría a otros grupos armados que siguen perpetrando este crimen?


El problema es a quiénes. Nosotros lo hicimos buscando un objetivo político, pero fue un crimen. Ahora muchos lo hacen como bandas criminales para enriquecerse. El mensaje entonces tiene que ser más humano: no tiene sentido quitarle la libertad a una persona para exigirle plata.


La sentencia recoge actos de perdón y reconocimiento. ¿Qué le dejaron todos esos encuentros con las víctimas?

La convicción de que no podemos abandonar este camino, por más duro que sea. Hay, ha habido momentos difíciles. Yo estuve 40 años. De 17 años ingresé a las FARC y de 57 firmé el Acuerdo de Paz. Hay veces en medio de historias tan dolorosas y crueles uno dice: yo no me metí a la guerrilla para eso. Perdí esos 40 años. Pero cuando uno se relaciona con las víctimas y trabaja en pro de la verdad, de reconstruir los hechos y cuando de la gran mayoría de víctimas recibe generosidad uno entiende que este es el camino. A pesar de los casi 500 firmantes asesinados y las dificultades económicas, hay que seguir.

Ahora decía que se arrepiente del secuestro. ¿De qué otras cosas se arrepiente de haber hecho en la guerra?


Ufff… esa es una pregunta... Primero, de no haber logrado la paz más a tiempo, de no haber aprovechado ciertas coyunturas. No haber trabajado para que este acuerdo hubiera sido mucho más pronto.


¿Qué mensaje les enviaría a las personas que fueron víctimas de secuestro o que tuvieron familiares que padecieron ese flagelo?


No es fácil hablar a un universo de víctimas muy grande. Yo ya aprendí que decir que siento su dolor es imposible. Jamás se equipara. Firmé el Acuerdo de Paz buscando otro sueño en el cual hemos puesto como centralidad la reparación del dolor de las víctimas, que no es fácil. Sin ustedes, sin la comprensión y la generosidad de ustedes, va a ser difícil reconciliarnos.

La JEP que ustedes se imaginaron en La Habana hace nueve años es la misma de la de ahora. ¿Cambió, se transformó, mejoró?

Es una institución de la cual nos sentimos orgullosos. Se construyó en la mesa de diálogos tras la propuesta de la subcomisión y no fue fácil de aceptar incluso por miembros de la delegación del Gobierno. Eso es algo que le reconozco al presidente Santos, que se la jugó, y gracias a eso logramos hacer realidad el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Como toda institución, ha tenido desaciertos.

Yo tengo inconformidad porque no es la JEP original en ciertas partes, ya que tras la derrota del plebiscito hubo que renegociar e incluir objeciones de los del “No”. Una de ellas era que el 10 % de los magistrados fueran extranjeros, lo cual daba confianza, pero se perdió. Aún así, con los magistrados hemos construido escenarios interesantes de discusión, de debate. Eso es un camino interesante por eso estoy seguro de que esto va a salir bien.

Si se pudiera resumir en una frase lo que significa la sanción de la JEP para el país, ¿cuál sería?


Reconciliación.


¿Y para su vida?


Satisfacción de contribuir a esa reconciliación.


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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso este lunes una sanción de ocho años a siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por 21.936 casos de secuestro cometidos durante el conflicto armado.

La decisión marca un hito en la justicia transicional: es la primera condena de carácter restaurativo contra máximos responsables de esa organización insurgente, reconocidos por crímenes de lesa humanidad y de guerra. También es la primera a nivel mundial porque la JEP es, hasta ahora, el único tribunal de justicia transicional.

Los sancionados son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel.

En un comunicado conjunto, los exdirigentes asumieron su responsabilidad y reiteraron el pedido de perdón que ya habían hecho en diferentes audiencias ante la JEP. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”, señalaron. Y agregaron: “Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”.

Aunque advirtieron que todavía no han recibido la notificación oficial de la sentencia -lo mismo dijo la JEP en la audiencia de lectura de la sentencia-, reconocieron que las sanciones son “la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”. En esas audiencias, dijeron, no solo aportaron información y reconocieron su responsabilidad, sino que también expresaron “el anhelo de que algún día podamos ser perdonados”.

El comunicado enfatiza que las sanciones propias no son únicamente un mandato judicial, sino también un deber moral con el país: “Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz, producto del Acuerdo de Paz, son también un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia. Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”.

Los excomandantes también recordaron que en octubre de 2024 hicieron pública su aceptación de responsabilidad como máximos responsables de los secuestros, renunciando expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados. Según subrayaron, esa decisión buscaba ofrecer garantías jurídicas a “miles de hombres y mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y a sus familias”, quienes siguen a la espera de que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de La Habana.

El fallo de la JEP abre una nueva etapa: la ejecución de sanciones restaurativas que deberán traducirse en trabajos, obras y actividades reparadoras (TOAR). “Nuestro compromiso es dedicar todos los esfuerzos a realizar estas acciones que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz”, afirmaron los firmantes. Y concluyeron: “Con estas sanciones refrendamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia. Este es un paso más en el camino de la reconciliación: cerrar heridas abiertas por más de seis décadas para construir, entre todos, una paz estable y duradera”.

A este mensaje colectivo se sumó Pastor Alape a través de redes sociales, donde escribió: “Estamos comprometidos con una paz incluyente y restaurativa. Asumir las sanciones es también asumir la responsabilidad con las víctimas y con Colombia. Cada paso que damos reafirma el camino de reconciliación y construcción de un futuro sin violencia”.

El fallo se produce en medio de un ambiente de debate nacional. Para las víctimas, representa un reconocimiento histórico de la magnitud de los crímenes cometidos por la antigua guerrilla.

Sin embargo, persisten dudas sobre si las sanciones propias son suficientes frente al daño causado por miles de secuestros que marcaron a varias generaciones. Para los excomandantes, en cambio, constituye una oportunidad para reafirmar su compromiso con el Acuerdo Final y para avanzar hacia un proceso de reconciliación que, según insisten, debe ir más allá de lo jurídico y materializarse en hechos concretos de reparación y no repetición.

Este es el comunicado del antiguo secretariado de las FARC:

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A pocas semanas de que se emitan las primeras sanciones propias —uno de los tres tipos de sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— el debate sobre el alcance del tribunal de paz está en su momento más álgido.

Esta parte del proceso marcará un punto de quiebre en el proceso de paz: para algunos será la prueba de fuego de los excombatientes; para otros, el momento en que la justicia transicional demuestre si puede cumplir lo pactado en La Habana.

Entre reclamos por una verdad “a medias”, hay temores de impunidad y denuncias por vulneraciones al debido proceso.

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En diálogo con Colombia+20, Camilo Fagua Castellanos —abogado de la Coordinación Nacional de Defensa de Firmantes de Paz— responde a las críticas contra los comparecientes y envía un mensaje a las víctimas.

Dayibeth Jurado, abogada y coordinadora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a más de 1.500 víctimas acreditadas en la JEP, habla sobre la importancia de la participación de las víctimas en el proceso.

“Existe preocupación sobre participación de víctimas en construcción de las sanciones”: CCJ

¿Cuál es la posición de las víctimas en esta etapa decisiva del proceso judicial?

Representamos a cerca de 1.400 víctimas en el caso 01. Por un lado, tenemos víctimas de secuestro que al mismo tiempo tienen otras vulnerabilidades y sufrieron violencia sexual. Esas víctimas tienen una posición bastante planteada y han manifestado que realmente no se ha cumplido ese estándar de reconocimiento por parte de los comparecientes. Por otro lado, también tenemos víctimas del sector de la fuerza pública que fueron secuestrados. Ellos tienen una posición bastante contundente en cuanto a la reparación o la exigencia de reparación no vista desde los comparecientes, sino desde la misma institucionalidad. Hay otro sector específico que serían las familias de personas dadas por desaparecidas, que también tienen una posición de reclamar verdad para encontrar a sus seres queridos. Sus consideraciones es que los comparecientes no han dicho toda la verdad porque de las cifras que nos dio la Unidad de Búsqueda, por parte del secretariado solo se han encontrado cinco personas de las múltiples víctimas de desaparición forzada. Por eso se sigue reclamando que los comparecientes no han cumplido con ese estándar de verdad. Las víctimas de violencia sexual también han manifestado que no lo han reconocido. La posición de las víctimas ha estado muy enfocada en exigir de la jurisdicción que se pueda dar cumplimiento a los estándares desde el punto de vista de aporte a la verdad y el reconocimiento.

¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo ha sido su participación en la construcción de las sanciones?

Existe la preocupación en cuanto a la participación que se les está dando a las víctimas en la construcción de estas sanciones, porque lo que hemos visto es que en esta construcción de proyectos no se ha dado la posibilidad de construir conjuntamente compareciente, víctima y mediador JEP, sino que a través del traslado es que las víctimas están participando. No en la construcción sino presentando observaciones a la construcción de las sanciones propias.

La defensa presenta una propuesta de sanción propia que no ha sido construida con las víctimas, y las víctimas, a través de sus organizaciones representantes, entregan observaciones. No hay una línea específica de actividades. Solo hacen valer ejemplos que van a cumplir esas sanciones propias en cuanto a las líneas específicas restaurativas que ha fijado la Jurisdicción. Ellos en las propuestas no dicen las actividades específicas a cumplir en los territorios. Lo que estamos planteando es una construcción conjunta con las víctimas y su participación, que solo se está dando como una validación a la propuesta. Nos parece importante que las propuestas que se presentan sean diseñadas en conjunto con las víctimas. Lo que estamos viendo es que la participación no se está materializando del todo.

¿Creen que se va a poder garantizar que las sanciones propias mantengan un carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?

Esperamos que se pueda garantizar. Las organizaciones hemos apostado mucho a este nuevo escenario de justicia y específicamente al que nos propone la Jurisdicción porque pasamos a pensarnos en un enfoque restaurador y reparador. Se supone que el deber ser es que sí se deben garantizar esas sanciones propias para mantener el carácter restaurativo. Ese es el sentido de existencia. Uno de los objetivos de la audiencia pública de verificación era justamente hacer esa validación por parte no solo de las víctimas, sino de las entidades e incluso con participación de los comparecientes sobre esos aportes de verdad y esa contribución a la reparación para dar paso a la sentencia. Necesitamos que las acciones sean muy claras, concretas y de ello también va a depender estructuralmente de dónde se va a financiar la posibilidad de que esas sanciones se puedan cumplir y que a su vez puedan tener un contenido reparador y restaurador. Eso también hace parte de la articulación institucional que se debe tener y de la posibilidad del Gobierno nacional también de proporcionar tanto a nivel presupuestal como en la generación de espacios de articulación para que esas acciones puedan tener garantías.

¿Qué lectura hacen del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?

Si nos acercamos a una sentencia y hay sanciones propias es porque tanto la SRVR como el Tribunal han emitido decisiones que avalan que los exmiembros de las FARC han cumplido con esos presupuestos que establecieron en el marco de la JEP. La sentencia lo que va a ordenar es una sanción para que ellos puedan cumplir esta faceta después de un de un aporte de verdad y reconocimiento que hicieron y que la SRVR ya ha avalado en decisiones anteriores. En el año 2024 se peofirio el auto de correspondencia, que lo prefiere la Sección para casos de Reconocimiento del Tribunal para la paz. Es una valoración sobre el trabajo que ha hecho la SRVR, específicamente respecto a las conductas reconocidas, las calificaciones realizadas y los responsables, entre otros aspectos. Sobre si han cumplido su palabra, si lo reflejamos o lo pasamos a la categoría de aporte de verdad o de satisfacción al derecho a la verdad, el Tribunal avanzó a la fase de Audiencia Pública de Verificación en el caso nacional contra el secretariado lo que supone que puedan darse estas sanciones propias. Eso es una posición, pero hay otra posición de las víctimas.

“Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas”: defensa de ex-FARC.

¿Cuál es la estrategia jurídica central de la defensa frente a la fase de imposición de sanciones propias por parte de la JEP?

La estrategia jurídica es el reconocimiento de graves crímenes durante, con ocasión y en relación directa o indirecta con la guerra. En otras palabras, la estrategia no es otra cosa que el cumplimiento integral de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, que tiene tres aspectos fundamentales: primero, cumplir con los principios establecidos en el punto quinto del Acuerdo Final, especialmente, la obligación de contribuir con el esclarecimiento y la verdad para generar todas las condiciones y materializar el principio de reconciliación, así como la asunción de responsabilidad en los hechos más graves ocurridos en el contexto de la guerra. Segundo, que se garantice la seguridad jurídica de todas aquellas personas que confiaron en el Estado como alta parte contratante del Acuerdo y en particular en la JEP como tribunal de cierre del conflicto armado interno; esto es, la aplicación de la amnistía más amplia posible y que para aquellos seleccionados se emita una única resolución de conclusiones que integre todos los hechos imputables no amnistiables antes de dictar sentencia, para evitar sanciones parciales y fragmentadas. Tercero, que se garanticen los principios de restauración del daño causado y la aplicación de justicia prospectiva para que las nuevas generaciones no vuelvan a vivir el horror de la guerra.

¿Qué mensaje les envían a las víctimas y a la sociedad colombiana en esta etapa decisiva del proceso judicial?

El mensaje principal es que la paz sigue siendo el camino hacia la reconciliación que tanto necesita nuestra amada Colombia. Por parte de los firmantes de paz, especialmente los más de 9.900 que suscribieron sus actas ante la JEP, es innegable el cumplimiento pleno con los aportes de verdad y el reconocimiento de los hechos más graves ocurridos durante la guerra. El Acuerdo de Paz debe respetarse en su letra y en su espíritu, de ahí el llamado a la JEP para que retome el rumbo de lo pactado en La Habana. Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas, no garantiza la no repetición y encubre responsabilidades del Estado en la guerra por lo que no aporta en la construcción de paz.

¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo evalúa la defensa su participación en la construcción de las sanciones?

El papel de las víctimas es central y ha sido fundamental. Su participación en los proyectos de sanción propia no solo se dio de manera plena tal como lo indica el procedimiento. Igualmente, las víctimas han participado en los TOAR ejecutados y en las diversas acciones de reconciliación realizadas por los comparecientes. Hay algo a lo que poco se le ha dado relevancia pública luego de la Audiencia de Reconocimiento: entre víctimas y comparecientes conformaron la Fundación Revipaz. Eso es un ejemplo claro de que la reconciliación es posible.

¿Cómo garantizarán que las sanciones propias mantengan el carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?

Nuestros representados han demostrado una voluntad firme y constante. Han realizado voluntariamente más de 90 acciones restaurativas previas a la sanción, sumadas a todas las medidas de confianza ejecutadas desde la Mesa de Negociación. Su compromiso es total. Lamentablemente, la coordinación entre las entidades involucradas es mínima. Esto quedó en evidencia durante la audiencia de verificación llevada a cabo entre el 31 de julio y el 1.° de agosto del presente año, donde se constataron graves vacíos en la planeación y la viabilidad financiera de los proyectos de sanción.

En el Caso 01, el secretariado aceptó responsabilidad por secuestros, pero no lo hizo en casos de violencia sexual lo que ha sembrado dudas entre las víctimas y la jurisdicción sobre la voluntad para entregar verdad de los comparecientes. ¿Qué responder ante ello?

Los firmantes han aceptado la ocurrencia de esas conductas. La asunción de responsabilidad se ha hecho de manera técnica y jurídicamente fundamentada. La responsabilidad que les asiste, y tal como quedó pactado en el Acuerdo, no es aceptar de manera indiscriminada todas las imputaciones que les endilguen. Esto no es el modelo de Justicia y Paz.

El esclarecimiento y la asunción de responsabilidad merece de la mayor seriedad y compromiso ético y político de ahí que se ha sustentado la ausencia de generalidad, y sistematicidad, o de los elementos jurídicos necesarios para su configuración. No es aceptar por aceptar, eso va en contravía del espíritu del Acuerdo.

¿No cree que esa negativa en otros crímenes erosiona la percepción de voluntad de verdad que exige la JEP para otorgar sanciones propias?

La voluntad de verdad se mide por la contribución total al esclarecimiento, no por la admisión indiscriminada e irresponsable de cada imputación realizada. Los comparecientes han aportado verdad amplia y suficiente y han asumido responsabilidad en los crímenes no amnistiables. Eso lo han dicho reiteradamente los informes ante el Consejo de Seguridad de la ONU e incluso en la última Audiencia fue manifestado por la misma magistratura de la JEP.

Sectores de víctimas han dicho que esto se siente como “verdad a medias” para evitar sanciones más severas. ¿Cuál es la respuesta de la defensa?

Respetamos profundamente a las víctimas, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las apreciaciones de algunos sectores. No es “verdad a medias”, es verdad jurídicamente sustentada de acuerdo con los estándares internacionales. El Acuerdo de paz no busca una confesión genérica, sino un aporte real y verificable a la verdad.

Puedo decir que mientras hay algunos sectores de víctimas que indican que no se ha dado verdad, por otro lado, hay otras que están trabajando hombro a hombro con los firmantes en pro de la reconciliación.

La JEP ha señalado que la negación en ciertos delitos podría derivar en procesos de sanción ordinaria. ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo?

Nuestra posición no busca retrasar, negar ni dilatar; está fundada en convicciones jurídicas sólidas. Confiamos en que, al final del debate actual, prevalezcan los argumentos técnicos y las pruebas, pues este sigue siendo un proceso jurídico que se rige por normas establecidas nacional e internacionalmente.

La invitación es a que la JEP realice una lectura juiciosa e integral, técnicamente a la luz del Derechos Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ojalá alejada de presiones o intereses políticos y sin desviar la mirada de la función que se le encomendó: ser la Justicia para la paz.

Si se mantuviera la negativa, ¿aceptarán que la JEP derive esos hechos a la justicia ordinaria, incluso con riesgo de cárcel?

El mensaje sigue siendo el mismo de 2016, la población firmante acudió voluntariamente ante la JEP, primero por dar cumplimiento a lo pactado, segundo con tener presente que es el tribunal para dar un cierre jurídico a un conflicto de décadas y tercero buscando la materialidad de su seguridad jurídica como parte de su proceso de reincorporación.

La JEP tiene un mandato claro y especifico, así como una temporalidad constitucionalmente definida. Es en ese periodo que debe dar cumplimiento a los principios pactados.

¿Qué lectura hace la defensa del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?

La actividad reparadora y restaurativa se está dando desde la Mesa de Negociación. Las medidas de confianza, como la concentración en sitios especiales, la dejación de armas, la entrega de menores, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la entrega de bienes producto de la economía de la guerra, las acciones de desminado humanitario, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el trabajo de los firmantes certificado por la Comisión de la Verdad, los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y miles de acciones con comunidades y víctimas son muestra de que la acción restaurativa no comienza con la sanción, sino que lleva más de nueve años.

¿Qué mensaje concreto envían hoy a las víctimas de delitos que el secretariado no reconoce, cuando la sociedad espera una verdad total?

Cuando las víctimas reclaman una verdad total, esperan las responsabilidades del Estado, de los terceros responsables, una respuesta integral de por qué le pasó esta tragedia a nuestra sociedad. Reconocemos la legitimidad de su dolor y de su incansable búsqueda de la verdad, y les respetamos profundamente. La denominada “verdad total” es aquella que se construye con rigor procedimental y, sobre todo, con el más profundo respeto hacia las víctimas. Si bien se ha aportado toda la verdad dentro de los marcos de este proceso, comprendemos que, en ciertos casos, incluso la verdad más completa puede resultar insuficiente para sanar las heridas y calmar el dolor. Reiteramos, de la manera más enfática, el compromiso inquebrantable con el esclarecimiento de los hechos, actuando siempre dentro de los marcos establecidos por la ley y el Acuerdo de Paz.

¿Qué les han dicho sobre la tutela impuesta por ustedes sobre la sanción única para el proceso en la JEP?

La JEP respondió con un simple comunicado, insuficiente y ha introducido de manera fragmentada y sin explicar su alcance en algunas decisiones judiciales. Sin embargo, Llevamos meses esperando una respuesta de fondo que garantice los derechos de los comparecientes. El silencio y la dilación de la JEP, que aún no define quienes darán respuesta a la tutela, envían un pésimo mensaje: que el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de los comparecientes no son una prioridad para la Jurisdicción.

Especialmente para miles de firmantes que confiando en el Estado colombiano esperaban la materialización de sus derechos constitucionalmente reconocidos.

¿Qué les responde a los cuestionamientos de sectores que consideran que las sanciones propias son “demasiado blandas”?

Es esencial continuar con la labor pedagógica, incluso después de los nueve años transcurridos desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Es crucial comprender que el modelo de justicia para la Paz que este estableció en la negociación no es de carácter retributivo, sino restaurativo. Su propósito central no es el castigo a través de la privación de la libertad, sino garantizar la verdad, reparar integralmente a las víctimas y contribuir a la no repetición de los hechos. Estos sectores deben dejar de pensar en la venganza, en el ojo por ojo, en superar el odio para la no repetición.

En este contexto, las sanciones propias de hasta ocho años de duración y con un sólido componente reparador, resultan proporcionales y suficientemente rigurosas. Este modelo jurídico fue avalado por la Corte Constitucional y el Congreso y respaldado por la comunidad internacional como el mecanismo idóneo para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera.

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Yanette Bautista se fue con la entereza de una mujer que dedicó su vida completa a la búsqueda de su hermana Nydia Érika y del resto de víctimas de desaparición forzada en el país.

Este lunes 1 de septiembre se conoció la noticia del fallecimiento de la lideresa, mujer buscadora y defensora de derechos humanos, Yannette. Su familia confirmó su partida.

Era la directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio diez años después de la desaparición de su hermana mayor, Nydia, y en honor a ella.

Su hermana fue militante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y desaparecida por hombres de la Brigada XX de Inteligencia Militar “Charry Solano” del Ejército Nacional, bajo el mando del exgeneral Álvaro Velandia Hurtado. Tres años después de la desaparición de su hermana logró encontrar sus restos.

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Su camino no terminó ahí. Por más de 30 años, Yanette trabajó por la búsqueda de la verdad, la justicia y la búsqueda de más de 500 casos de desaparición forzada que representa su Fundación.

Su larga trayectoria la hizo merecedora del reconocimiento “A toda una vida” del Premio Nacional de Derechos Humanos 2023.

Su lucha inició desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), hasta que tuvo que exiliarse en 1997 por amenazas.

Incluso desde el exilio siguió trabajando por el caso de su hermana y con la Fundación comenzó a apoyar a mujeres y familiares de las víctimas de desaparición forzada en Bolívar, Valle del Cauca, Norte del Cauca, Putumayo, Meta, Guaviare, Vichada, entre otros departamentos.

La Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Erika Bautista” también aportó un informe a la Comisión de la Verdad que incluyó el rol de las mujeres buscadoras en la desaparición forzada, secuestros y otras privaciones de la libertad.

En abril de 2024, Yanette y ocho colectivos de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, lograron que el Legislativo aprobara la Ley de mujeres buscadoras, que reconoce el trabajo de las buscadoras como constructoras de paz y de justicia. En la legislación, además de ordenar que la institucionalidad las catalogue como sujetos de especial protección constitucional, se declararon una docena de directrices para que ellas, que llevan décadas empeñadas en la búsqueda, puedan continuar su trabajo sin amenazas o violencias.

En la última entrevista que tuvo con El Espectador, Yanette dejó un mensaje de lucha y resistencia para las mujeres buscadoras que esperan justicia y verdad para sus desaparecidos.

“Hoy nos sentimos reivindicadas. Aunque yo ya no esté, sigue el objetivo de luchar por Nydia Érika y por todos nuestros desaparecidos. Eso es algo que ya nadie nos puede quitar o desaparecer”, dijo Yanette.

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La estufa encendida. La llama a fuego lento. Mientras sofríe una cebolla con el cuidado de que no se queme, Rosalba Campos Guevara siente la urgencia de advertir que no pasa un día de su vida sin que piense en su hermano.

Rosalba es de sonrisa fácil y amplia. En una cocina de unos cinco metros cuadrados al interior de una casa en el sur de Bogotá, prepara una pasta con pollo que le recuerda a Gustavo, desaparecido en 1982 a manos de agentes del F2 —antigua estructura de inteligencia de la Policía— junto a otros 12 jóvenes, en lo que pasó a la historia como el caso Colectivo 82, el primer hecho documentado de desaparición forzada colectiva en el país.

“No puedo decir que era su plato favorito”, recalca con la frecuencia de alguien que no quiere dar cabida a malentendidos. Pero eso no importa. Es el que ella escogió para el Recetario para la Memoria, un proyecto que nació en México y que llegó a Colombia de la mano de la fotógrafa Zahara Gómez Lucini, su directora, para que familiares de víctimas de desaparición forzada cocinen para ese ser que nunca volvieron a ver.

Cada vez que Rosalba necesita revisar cómo va la cocción de la cebolla, se sube a una caja negra que le sirve de escalón. Su hija Derly la acompaña. Sentada frente a una pequeña mesa en la cocina, corta un pollo en trozos, mientras habla de uno de los pocos recuerdos que tiene de su tío. “Yo estaba chiquitica, pero sí me acuerdo que una vez que escuché al grupo Miramar y me pareció tan bonito. Después supe que a mi tío le gustaba”.

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Rosalba no puede evitar unirse a la conversación. Se para justo debajo de la única bombilla de la cocina –que es suficiente para iluminarlo todo– y dice que aún guarda ese cassette. “Cuando Gustavito estaba ayudando a hacer un arreglo de la casa a mi papito, lo escuchaba”, añade enseguida.

Las anécdotas a veces se pierden entre el ruido de las máquinas industriales para hacer bolsas de polietileno que están en una especie de garaje dentro de la casa, justo al lado de la cocina. Es el negocio que Rosalba tiene con su esposo, José Enrique Castillo, hace unos 18 años.

Pero cuando ese sonido silencia lo importante –recordar a Gustavo– Rosalba no tiene reparo en repetir aquello que no se entiende. Después de pensar en la música que le gustaba a su hermano, conversan del vestido que alguna vez él le regaló a su hija y de lo mucho que le gustaba la panela.

En medio de esos recuerdos y el olor cebolla, que lo invaden todo, Rosalba y Derly terminan de organizar los ingredientes que pronto añadirán a la sartén:

• Dos tomates
• Cebolla larga
• Ajo finamente picado
• Champiñones
• Pollo
• Tocineta
• Salsa de tomate

“No pensé que existieran mentes tan retorcidas para desaparecer a una persona”

Cuando a Rosalba Campos le preguntan por qué escogió una pasta con pollo para el Recetario para la Memoria, las palabras parecen atascarse en la garganta, como si no quisieran salir, pero ella les regala el tiempo que necesitan.

“Fue por una celebración a Gustavo. Hice esa pasta, y nos pusimos a hacer fiesta, a bailar. Yo abrazaba a Gustavo con una fuerza, y él también me abrazaba. Eso fue lo que me quedó como consuelo: saber que de verdad yo lo quise mucho y que él también me quiso como hermana. Entonces, esa pasta es recordar eso”, cuenta.

Recordar a Gustavo –su Gustavito–. Ese hermano que la acompañó a tantas fiestas y con el que se bailó los años más jóvenes de su vida. Gustavo, el divertido, el poeta, el estudioso, el deportista, el trabajador, el amante de panela y de un buen vaso de leche. Ese hermano que el 23 de agosto de 1982 salió de casa y no regresó.

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Ese día, una tristeza, que llegó como un golpe seco, en las vísceras, se tomó el cuerpo de Rosalba. No sabía que ese dolor era la anticipación de aquel con el que se acostumbraría a vivir.

“Ni siquiera sabíamos qué era la desaparición forzada. Yo no pensé que existieran mentes tan retorcidas, capaces de coger a una persona y desaparecerla. Comenzamos a ir a diferentes partes: a estaciones de policía, al F2, al DAS, a los hospitales, a Medicina Legal. Me parecía tan duro ir a Medicina Legal. Pensar que de pronto sacaban una bandeja... pero hubiera sido mucho mejor, aunque me hubiera dolido mucho, porque al menos habría terminado este dolor y esta incertidumbre”.

Mientras narra ese momento, Rosalba habla con el atropello de quien necesita reponerse. Son las pausas incontables que ha tenido que hacer a lo largo de su vida. Detenerse, anudarse por dentro y continuar.

Así nació el Recetario para la Memoria

¿Cómo se habla de los desaparecidos en vida? ¿Cómo darle cuerpo e identidad a las cifras?

En la casa de la fotógrafa Zahara Gómez Lucini la desaparición forzada era un tema recurrente. “Mi familia llegó a España saliendo del contexto de las dictaduras de Argentina. Entonces, crecí en un entorno donde se hablaba mucho de la desaparición forzada, algo muy marcado en el Cono Sur durante los años setenta, en el marco de esas dictaduras cívico-militares”, cuenta.

En México, donde Zahara reside, había empezado a acompañar desde su labor como fotógrafa al colectivo Las Rastreadoras del Fuerte en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en Sinaloa. Sabía que su trabajo fotográfico es un gran aporte al archivo de las buscadoras, pero faltaba algo más. Zahara se cuestionaba como narradora.

“La figura de una persona desaparecida en realidad empieza a existir públicamente en el momento que desaparece. Es decir, Roberto –por decir un ejemplo– no existe para nadie hasta el momento en que desaparece. ¿Y qué sabemos de Roberto? Solo sabemos que lleva una camiseta roja, que lo desaparecen en tal día y nada más. Después del trabajo con Las Rastreadoras, me di cuenta que en realidad solo sabía una historia muy cortita de cada quien”, dice la fotógrafa.

Eso que tanto la inquietaba fue lo que le dio forma al Recetario para la Memoria, un proyecto autoeditado y de resistencia que, afirma Zahara, fue posible por los años de investigación y el acompañamiento en la búsqueda de desaparecidos en Sinaloa.

La primera edición salió en 2020. “No existe sin el texto que regaló Daniela Rea, que es una belleza absoluta. Tampoco existe sin el trabajo que regaló Clarisa Moura, la diseñadora, y que es impecable. El resultado es un trabajo colectivo muy potente”.

Luego, en 2022, el proyecto tuvo un segundo capítulo en Guanajuato, que reúne las recetas de 72 familias de diez colectivos. Tres años después, el Recetario para la Memoria encontraría su tercera casa en Colombia.

El proyecto llega a Colombia con 49 recetas

Rosalba Campos fue la primera en inscribirse en el proyecto en Colombia, que llegó a través de Fundación Casa B, una iniciativa comunitaria, que busca por medio del arte, la construcción de memoria, la cocina, la lectura, la escritura, construir un plan de vida en el barrio Belén.

La coordinadora de la fundación, Liliana Gaviria, a quien de cariño llaman Chata, se encontró con un artículo del diario El País en el que se hablaba de mujeres buscadoras en México que cocinan platos a sus desaparecidos y se la mostró a Dario Sendoya, miembro fundador de Casa B –quien además fue coordinador de la Macroterritorial Bogotá, Soacha y Sumapaz de la Comisión de la Verdad–. La nota era sobre el Recetario para la Memoria. “Que bonito sería poder hacer eso en Colombia”, pensó Dario. Pero durante un año y medio esa sería solo una idea.

En 2023, con la preocupación de que ninguna de las estrategias que se hacían en Casa B había sido documentada, la fundación se alió con Agirre Lehendakaria Center, una organización en el País Vasco que trabaja justamente con la documentación de estrategias de transformación territorial.

Farah Reza, una chef colombo-española que hacía parte de ese centro, supo que Zahara y Casa B se tenían que encontrar. “Me mandó un correo diciéndome, ‘mira, te presento a la persona que hizo el Recetario para la Memoria en México’. Zahara ya llegaba a Colombia en esos días y organizamos un almuerzo en donde ella logró contarnos de qué se trataba el proyecto”.

Fue el primer encuentro de lo que sería la tercera edición de este libro, que ha tenido como aliados no solo a la Fundación Casa B, sino al Museo Casa de la Memoria en Medellín, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Bertha Foundation, que financió una parte del proyecto. Este capítulo del proyecto verá la luz en diciembre, esta vez con las recetas de al menos 49 familias.

Cocinar para los desaparecidos, el acto de compartir lo sagrado

Los ingredientes que le dan el toque final a la receta son un poco de pimienta, de comino y de canela. “Yo le echo de todo”, explica Rosalba mientras los incorpora. Después de casi dos horas, la salsa está terminada. En una olla de barro, en la que ya está cocida la pasta, Rosalba la añade. Revuelve todo y lo deja cocinando. Un par de minutos más y está listo para emplatar.

Lo hace con delicadeza. Primero, una capa de lechuga con limón y sal que funciona como cama al fuerte del plato. Luego, sirve la pasta. La acomoda, justo en el centro, y limpia el borde de los platos. Termina con una ensalada que tiene lechuga, papaya picada en cubos y una crema de leche casera.

Rosalba llama a su hija y entre las dos suben el almuerzo al segundo piso de la casa, donde están la sala y el comedor. Es un espacio amplio, iluminado por tres ventanas. La luz entra y se extiende de frente sobre una pared convertida en galería de recuerdos familiares.

Antes de sentarse junto a su esposo y su hija a devorar el plato que acaba de preparar, Rosalba me hace un recorrido por ese espacio: hay fotos del día de su matrimonio, de Gustavo, reconocimientos que le dieron a ella por ser buscadora, y un afiche que lleva los nombres de los implicados en el del caso Colectivo 82. Aparece una imagen de Nacín Yanine Díaz, jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía en esa época, y a su lado siluetas con nombres como los del coronel Castaño Rozo, el mayor Ernesto Condía Garzón, el mayor Jorge Alipio Vanegas y el teniente Jairo Otálora Durán.

También se lee el nombre del narcotraficante José Jader Álvarez, quien en esa época buscaba a sus tres hijos secuestrados. Para encontrarlos, se valió del grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores) y de la Fuerza Pública. Esa alianza derivó en operativos liderados por oficiales como Yanine, en medio de los que fueron detenidos y desaparecidos jóvenes del caso Colectivo 82. En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado en ese caso.

Después de enseñar una buena parte de todo eso que habita en la pared, Rosalba se sienta a comer con su familia. La conversación gira en torno a qué tanto ayuda en la cocina su esposo y en el recibo de internet que su hija no ha podido pagar… Ya no mencionan a Gustavo, pero sin hacerlo, en cada bocado de la pasta con pollo, Rosalba regala una parte de él, de su historia. Es el acto de compartir lo sagrado.

“Yo creo que en el cocinar y compartir está la esencia de un verbo que para mí es fundamental en esta lucha, en estos procesos sociales y de transformación: es el verbo del dar. Es poder generar una situación en donde ellas puedan volver a dar a un ser querido o a la sociedad algo. Para mí, ahí está mucha de la magia de todo esto”, dice Dario, de la Fundación Casa B.

Ese mismo acto de dar fue lo que ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando mujeres colombianas y mexicanas que hacen parte del proyecto hablaron por primera vez a través de una pantalla. Darío relata que el encuentro estuvo atravesado por la conmoción, empatía y sensibilidad. “Se conectaba la valentía de las mujeres mexicanas de poder emprender un proceso tan hermoso, pero al mismo tiempo tan doloroso como es el de cocinarle a un hijo desaparecido”, añade.

Una plato que se resiste al olvido de los 13 jóvenes del Colectivo 82

Antes de contar su historia frente a la cámara, Rosalba pide un momento. Necesita colgar sobre su cuello aquella imagen de Gustavo que ella mismo hizo con chaquiras de colores. Necesita que él la acompañe, pero también que todo aquel que llegue a la entrevista, lo pueda mirar a él.

Desde el 23 de agosto de 1982, cuando a Gustavo lo desaparecieron, Rosalba ha dedicado parte de su vida a eso, a mantener viva la memoria de su hermano de todas las formas posibles. Se cansa, pero se repone, cuantas veces sea necesario.

“Yo espero que conozcan a Gustavo a través de esa receta, que conozcan qué ha pasado aquí con los desaparecidos del caso Colectivo 82. Gustavo está ahí y, claro, es el que más me duele porque es mi hermano, pero es un caso colectivo en el que estamos luchando para que haya justicia por todos los desaparecidos”, dice frente a la lente.

La receta es para su hermano. Pero seguramente mientras Rosalba Campos cocine ese plato Edilbrando Joya Gómez, Hernando Ospina Rincón, Bernardo Acosta Rojas, Orlando Villamizar, Pedro Pablo Bejarano, Samuel Sanjuan Arévalo, Francisco Antonio Medina, Rafael Prado Useche, Alfredo Sanjuan Arévalo, Manuel Darío Acosta, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar García Villamizar –los jóvenes desaparecidos del caso del Colectivo 82– también vivirán en él.

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En el país hay más de 100.000 ausencias. Más de 100.000 familias que a diario viven con un duelo suspendido. Más de 100.000 sillas que se quedaron vacías en las mesas de las casas.

Más de 100.000 hermanos, hermanas, hijos, hijas, padres y madres que no regresaron para celebrar las fiestas de cumpleaños o los bailes de navidad. En el país hay más de 100.000 almas que no volvieron a abrazar ni ser abrazadas.

El flagelo de la desaparición forzada sigue siendo una realidad latente en el país. Cada año esa cifra lamentable se actualiza y se suman más familias a la espera interminable para saber una respuesta de dónde están sus seres que un día se fueron y no regresaron.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) actualizó su Universo de víctimas de desaparición forzada antes del 1 de diciembre en hechos relacionados con el conflicto armado en el país.

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Después de revisar 21 bases de datos de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para las Víctimas, la UBPD pasó de tener 126.895 a 132.877 personas desaparecidas, es decir que hubo un aumento significativo de solicitud de búsqueda con 5.982 nuevos casos.

A eso se le suma el más reciente reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documenta los casos de desaparición forzada posteriores al Acuerdo de Paz. Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el CICR documentó 2.144 víctimas de desaparición.

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Si bien las cifras permiten dimensionar el fenómeno en una mediana escala, pues los datos de desaparición forzada tienen subregistros, las historias permiten dimensionar el dolor.

Colombia+20 se une a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada a través de historias que narran este flagelo y el dolor de sus familias.

El regreso a casa: la historia de un cuerpo desaparecido que encontró a su familia

En los cementerios del país hay cuerpos plenamente identificados que todavía no han podido encontrar a sus familias. La UBPD hace un llamado para que entreguen información sobre sus seres queridos y sea posible el reencuentro. Esta es la historia de una búsqueda a la inversa.

Caso colectivo 82: la lucha de las familias de ocho estudiantes desaparecidos

Los familiares de los jóvenes desaparecidos en 1982 a manos de agentes del F2 lograron que la Universidad Nacional les otorgara el grado simbólico y honorífico. La ceremonia colectiva fue el 17 de abril.

Un sueño “ayudó” a ex-FARC y a la UBPD a encontrar a James Silva, desaparecido hace 22 años

La familia de James Silva Duque recibió el cuerpo de su ser querido en una entrega digna. La estrategia de búsqueda entre la UBPD y la Corporación Reencuentros, conformada por firmantes del Acuerdo de Paz, permitieron su hallazgo en las montañas de San Juanito, en Villavicencio, Meta.

El testimonio de nieto robado en dictadura y encontrado por Abuelas de Plaza de Mayo

Manuel Gonçalves fue raptado por los militares en 1976 en Argentina tras el asesinato de sus padres. En el Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada, Manuel recuerda el camino para recuperar su verdadera identidad, su hogar y su historia.

¿Cómo buscar a un desaparecido?

En Colombia existen por lo menos tres entidades oficiales para buscar a un desaparecido: el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación. También existe colectivos de la sociedad civil que apoyan la búsqueda como Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Hasta Encontrarlos y la Fundación Nydia Erika Bautista.

Las familias pueden buscar también en bases de datos de hospitales y Medicina Legal. Además, pueden revisar los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez y hablar con personas que puedan tener información, para dar con quién y dónde la pudieron ver por última vez. Y lo más importante, llevar la denuncia a las autoridades, quiénes deben activar el mecanismo de búsqueda de forma urgente.

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, y dónde están. Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos y a los culpables de su desaparición.

Además de las entidades mencionadas, se puede realizar el reporte en varios lugares, tales como:

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también conocido como Medicina Legal.
• Personerías municipales.
• Defensoría del Pueblo.
• Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).
• Fiscalía General de la Nación.

Policía Judicial, que incluye el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de la Nación) y la Sijín (Seccional de Investigación Judicial, dependiente de la Policía Nacional de Colombia).

Existe también el reporte en el Sirdec, desde este portal es posible dar seguimiento al proceso en la página de Consultas Públicas sobre Desaparecidos y Cadáveres. Sin embargo, cuando se trata de personas que desaparecieron antes de diciembre de 2016 en el contexto del conflicto armado, será el mecanismo extrajudicial y humanitario de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas el que reciba la información para dar con la persona.

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La pugna entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tuvo un nuevo giro tras varios meses de tensión por las intervenciones que se adelantan desde hace un año en La Escombrera, la fosa común a cielo abierto más grande de América Latina, y en la que se han hallado seis cuerpos.

Colombia+20 conoció una sentencia de la JEP que resuelve uno de los puntos clave en la discusión entre ambas entidades del Sistema Integral para la Paz. La sentencia ordena, entre otros puntos, el reintegro inmediato de la UBPD a las labores de búsqueda, luego de que la entidad fuera excluida de las actividades, a mediados de abril, tras los hallazgos de los primeros dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada en diciembre del año pasado.

Según se lee en el documento, la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz resolvió las impugnaciones contra una sentencia de ese mismo tribunal de paz en la que declararon improcedente una tutela que presentó la familia de Arles Edison Guzmán, uno de los desaparecidos en la Comuna 13 en el marco de la Operación Orión, en la que señalaba vulneración de derechos fundamentales tras la exclusión de la UBPD en las intervenciones.

En dicha tutela, la familia de Arles Edison señaló vulneración de sus derechos a “la verdad, dignidad humana, participación como víctima, legalidad y protección judicial, en el marco de las labores de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente llevadas a cabo en el trámite de la medida cautelar decretada sobre La Escombrera”.

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El recurso que fue interpuesto por la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), pretendía que se devolvieran a la UBPD las funciones constitucionales y legales y restituir a la entidad todas las funciones y fases del proceso de búsqueda. Sin embargo, en una primera instancia, la JEP declaró improcedente el recurso, por lo que vino la impugnación.

“Tiene un impacto directo en sus derechos y en las demás personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13, dado el no acompañamiento de la UBPD y las limitaciones fácticas a la participación de las víctimas en razón a las dificultades que tienen los familiares de asistir a las labores forenses. Lo anterior redunda en afectaciones a su derecho a la verdad, producto del distanciamiento del proceso y ruptura de articulación con la entidad con la que habían construido confianza institucional”, señaló la impugnación.

Tras la revisión del caso, la Sección de Apelación de la JEP destacó que las decisiones que se han tomado con respecto a las intervenciones en La Escombrera han sido adecuadas en el sentido de garantizar los recursos luego de que la UBPD expresara la imposibilidad de continuar con la financiación. Asimismo, resaltó que el plan de búsqueda que se adaptó se ha traducido en “óptimos resultados”, con el hallazgo de dos cuerpos más en julio.

La sentencia en cuestión se centra en “la garantía del mandato constitucional de la UBPD y su adecuada integración y articulación en los procesos de búsqueda en La Escombrera, en cada una de sus etapas, y en observancia de su mandato constitucional y legal, que permita optimizar la labor forense que se constituye en una respuesta sin precedentes de parte del Sistema Integral a las personas que sufren la desaparición de sus seres queridos”, se lee en el documento.

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Por lo anterior, la JEP resolvió en primer lugar conceder el amparo a los derechos fundamentales a la búsqueda de personas desaparecidas, a la participación efectiva de las víctimas y al debido proceso de la familia de Arles Edison Guzmán. Asimismo, la Sala ordenó modificar los autos proferidos para que no se excluya a la UBPD. “No podrá implicar de ninguna manera la exclusión de las labores misionales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, confirma el fallo.

En ese contexto, la sentencia también ordena que el despacho que lleva la medida cautelar sobre La Escombrera remita a la Unidad de Búsqueda el Plan de Intervención Forense que se adoptó para que la entidad presente una propuesta de articulación con la Jurisdicción en las labores de búsqueda, recuperación e identificación. Asimismo, se ordenó convocar de manera inmediata una mesa técnica para coordinar su participación en el proceso.

A la par del conocimiento de la sentencia, se hizo público un auto por parte de la Sala de Ausencia de Reconocimiento en el que se anuncia la prórroga de las medidas cautelares y se insiste en las restricciones para el ingreso de otras entidades diferentes a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que fue la que asumió el trabajo completo en La Escombrera. Sin embargo, dicho auto no tendría todavía efecto sobre la sentencia puesto que no tiene firmas y la Sala de Apelación es la última instancia en la JEP.

“No deja de sorprendernos que la Sala de Ausencia de Reconocimiento haya reiterado las restricciones para el ingreso a La Escombrera sabiendo que venía una decisión que dejaba sin efecto eso. Creemos que efectivamente la Unidad regresa de la misma manera que estaba trabajando hasta marzo. Un trabajo de coordinación, de colaboración armónica entre las distintas entidades del Sistema”, señaló la abogada María Victoria Fallon a Colombia+20, quien además explicó que lo único que estaría por encima de la sentencia de la Sala de Apelación es una posible escogencia por la Corte Constitucional.

En ese contexto, para la abogada Fallon el auto está en contravía de la decisión de la Sala e ignora la coordinación real y efectiva entre ambas entidades. “Ni el magistrado ni la Sala de Ausencia de Reconocimiento pueden pasar por encima de la Sala de Apelación. La sentencia es de obligatorio cumplimiento”, agregó.

Las mujeres buscadoras de La Escombrera, integradas en su mayoría en el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, han hecho reiteradamente el pedido de garantizar una búsqueda en unidad. Para Luz Helena Galeano, mujer buscadora, esta es una buena noticia para las labores que se realizan en ese punto de Medellín.

“Desde que desvincularon a la Unidad hemos siempre hecho el llamado a un trabajo articulado. Si bien la JEP tiene antropólogos profesionales, la Unidad también tiene los suyos y en esta medida podrían haber mayores avances en la búsqueda al trabajar coordinada y conjuntamente (...) Entendemos que las funciones de la UBPD son de carácter humanitario y que la Jurisdicción es de carácter judicial, pero eso no impide que se articulen para hacer un trabajo mancomunado que le dé prioridad a las víctimas. Si bien hablamos del Sistema Integral de Paz, la centralidad está en las víctimas”, señaló Galeano a Colombia+20.

Esta decisión podría cerrar un capítulo de tensiones y pleitos entre dos entidades fundamentales para el hallazgo de más de 400 cuerpos de personas desaparecidas en la Comuna 13, unos 100 de los cuales fueron víctimas de la Operación Orión.

El pleito entre la JEP y la UBPD y la exclusión de La Escombrera

La controversia alcanzó su punto máximo luego de que el magistrado de la Jurisdicción Especial, Gustavo Salazar, quien ha estado al frente de la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, señalara que la UBPD se retiraba de la intervención por falta de recursos.

“Ellos se fueron señalando que ya no tenían recursos para mantener la maquinaria amarilla y a partir de ahí se fueron y los equipos no volvieron a trabajar. Si no tienen recursos ¿a qué los vamos a convocar? si no tienen contrato vigente y no tienen intervención. Si nosotros duplicamos el número de obreros, tenemos un equipo forense y tenemos los recursos de maquinaria amarilla, ¿Cuál es el rol de la unidad? Lo que le dijimos a la Unidad, y eso fue un auto, es que presente una propuesta de intervención ordenada que sea razonable y que respete el carácter judicial de la intervención y le dé, y se utiliza este concepto, celeridad a la excavación. Si la intervención de la Unidad le va a dar mayor velocidad a esto, pues bienvenido”, explicó el magistrado en una reciente entrevista con Colombia+20.

La UBPD en varios momentos alertó a la JEP sobre el tema de presupuesto y la puesta en marcha del plan de intervención en la fase 6 que había sido presentado en octubre de 2024 con el fin de abarcar más terreno del polígono en La Escombrera. Esto suponía un trabajo de mínimo seis meses y a su vez la gestión de más recursos. Antes de que llegara la fecha máxima de la finalidad de recursos se realizaron por lo menos dos mesas técnicas en las que la Unidad puso en conocimiento la situación y pidió nuevamente respuesta sobre la fase 6.

El 31 de marzo de 2025, la UBPD se quedó sin recursos, pero decidió continuar con las gestiones administrativas para conseguir más e incluso sostuvo al equipo forense en terreno y no se retiró la maquinaria amarilla, con el fin de no detener la intervención.

“Cuando se informó a la magistratura sobre las limitaciones presupuestales de la Unidad y por tanto, la dificultad de poder seguir financiando la obra civil para continuar con la intervención a partir del 31 de marzo, que conforme lo definido en decisiones judiciales, le correspondía a otra entidad (Alcaldía de Medellín), lamentablemente fue interpretado por el despacho a cargo de la medida cautelar como un “retiro” de la entidad, pese a insistir sobre la garantía de permanencia del equipo forense. En este sentido la UBPD continuó haciendo presencia a través de su equipo forense y el personal de mano de obra no calificada para continuar la intervención en el lugar cautelado, así como la maquinaria pesada, a la espera de la financiación para su funcionamiento”, explicó Carlos Marín, subdirector de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Sin embargo, la JEP decidió asumir totalmente la excavación y prospección en La Escombrera. El magistrado Salazar, justificó su decisión con base en la urgencia judicial del caso, la necesidad de garantizar resultados eficaces y la autoridad legal que le confiere la JEP para adoptar medidas cautelares. La UBPD, por su parte, ha sostenido que su salida de la Escombrera no fue voluntaria ni producto de una falta de recursos, sino a una exclusión total.

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