A menos de un mes de que termine la legislatura, la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria a la que solo le restan dos debates en las plenarias de Cámara y Senado atraviesa un crítico en el Congreso.

El proyecto, clave para poner en marcha los jueces especializados en conflictos de tierras, sigue enredado varios temas, entre ellos, el debate alrededor del artículo noveno. Ese artículo define qué procesos agrarios —como clarificación de baldíos, recuperación de tierras o extinción de dominio agrario— podrán seguir siendo resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en cuáles deberá existir control obligatorio de jueces.

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La discusión se intensificó después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el artículo noveno y dejara en manos de jueces civiles el control sobre conflictos de tierras mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Agraria.

Aunque el alto tribunal aclaró después que no busca frenar la reforma agraria ni eliminar facultades de la ANT, el documento agitó el debate en el Congreso y fortaleció las críticas de sectores de oposición que piden modificar de fondo el artículo noveno.

En las sesiones del martes 19 de mayo y la de este miércoles 20 de mayo la Jurisdicción Agraria no avanzó en el Congreso, entre otras por el aumento del ausentismo.

En la Cámara, la sesión de este miércoles se levantó tras la denuncia del representante de Cambio Radical Mauricio Parodi que dijo que el Ministerio de Agricultura y la ANT estaban preparando un lobby para presionar a los congresistas.

En entrevista con Colombia+20, el representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la iniciativa, asegura que el anuncio de la Corte pusieron en riesgo la aprobación de la ley.

Representante queda un mes para que se acabe la legislatura y sigue sin aprobarse el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria. ¿Cómo va ese pulso en el Congreso?

Bueno, vamos. Se hizo un acuerdo político en la plenaria de la Cámara entre las bancadas de oposición y de gobierno para poder, por un lado, avanzar en la aprobación de los impedimentos que faltaban y aprobar, después de la exposición, el informe de ponencia. Eso hicimos la semana pasada. Frente a un punto en particular, era el artículo noveno, se acordó con una proposición, conformar una comisión técnica para tratar este punto. El jueves nos reunimos con la comisión y quedamos que íbamos a trabajar sobre ese artículo noveno que ha sido el de mayor disputa. El problema, y esta es la verdad, es que la comisión ha querido que no solo se discuta ese punto, sino otros puntos y lo que hemos dichos es que eso no corresponde a lo que se acordó entre las bancadas.

Yo creo que todo esto ha tenido como trasfondo el documento de la Corte Suprema que le ha dado alas a la oposición para meter todo lo que ellos quieren en la discusión, pero eso no se acordó. Lo que quedamos por ahora, le repito, son tres cosas. El primero discutir el artículo noveno para que saber qué procesos van a tener control judicial y cuáles no.

El segundo, que es el tema de los principios y los enfoques, algo que no estaba en la discusión porque ya habíamos avanzado bastante. Pero la Corte creo comete un error, un error muy grave en la manera de ver porque dice que como es una ley procesal no debería tener principios ni enfoques (género y étnicos). Eso es algo que molesta lo de todo a las mujeres y a estos tipos de poblaciones quienes creen que ese tipo de postura es no reconocer, el mandato constitucional. Hay principios que deben, por ejemplo, en el derecho a favorecer a la parte más débil. Eso no es para el el derecho agrario, eso es para todo.

Y el tercer tema son los que tienen que ver como competencias. El Consejo de Estado en ese caso va a tomar decisión. Se supone que se presenta un informe el martes y se debería pasar a decidir.

¿Pasar a decidir dentro del Congreso?

Sí, ya que se pase a votar.

Me quiero detener en algunos puntos. Usted dijo al principio que hicieron un acuerdo político con la oposición, ¿en qué consistía ese acuerdo?

El acuerdo fue básicamente que aprobamos esa proposición que te digo para poder discutir el tema del artículo noveno. Era una proposición que ya existía -donde estaba lo de la mesa técnica-, se tachó el segundo párrafo y se agregó que se discutirá todo lo que hay en relación con proposiciones no avaladas o que tengan relación con el artículo noveno. ¿Qué se cumplió de eso? Pues se votó el informe de ponencia y se instaló la mesa técnica, pero ahora el tema es que la oposición quiere que se discuta todo y ese no fue el acuerdo.

¿Pero entonces falló el acuerdo político?

Por supuesto y nos parece que no es bueno porque ya habíamos avanzado en acuerdos previos tanto en las comisiones conjuntas como en la discusión para presentar la ponencia que fue firmada por todos, a excepción de Cadavid que presentó una ponencia negativa y volver a abrir el debate de todo me parece complicado.

¿Qué tan cerca está la ley de Jurisdicción Agraria de aprobarse? ¿Solamente le falta la discusión en ambas plenarias?

Estamos muy cerca. Si nosotros -la Cámara- lo aprobáramos -trabajemos en un escenario hipotético la próxima semana-, la otra podría aprobarse en Senado y quedaría todo listo para para la conciliación. Tendríamos todo julio para eso.

Se inició este miércoles una movilización campesina justamente por el tema de la Jurisdicción Agraria. En redes vi que la apoya la Agencia Nacional de Tierras (ANT). ¿Ustedes saben algo de esta movilización?

Sí, sabemos. Se están movilizando para decirle al Congreso que la jurisdicción es ya.

¿Cómo recibieron desde su bancada y desde el mismo Gobierno el anuncio de la Corte sobre el rol de la ANT en ciertas decisiones?

Lo que a mí me parece sorpresivo es que de quienes en contra de la jurisdicción después de haber avanzado tanto, lo que está haciendo es políticamente agitar mucho el escenario alrededor de este tema. Porque es que lo que hizo la Corte Suprema me parece que fue muy imprudente, entiendo que el tribunal sacó un comunicado aclarando sus puntos, pero el primer documento fue larguísimo donde prácticamente puso en discusión temas sustanciales y eso me resulta extraño porque nosotros nos hemos reunido muchas veces con la Corte. Es más, en la última reunión la tuvimos tuve que ellos nos habían hecho unas observaciones, pero no nos habían hecho ninguna observación sobre estos temas precisamente. Seguramente algunos magistrados tienen esa observación.

¿El concepto de la Corte Suprema puso en riesgo el proyecto o cree que es posible hacer esos ajustes sin desmontar todo el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción?

No, yo creo que ha colocado en riesgo el proyecto. Porque cuando usted le dice que le va a quitar a la Agencia Nacional de Tierras una función que la autoridad administrativa tenía desde hace décadas, Pues es algo que no ha caído bien en los especialistas y en el movimiento campesino porque es ir en contra de la misma eh por prudencia de la Corte.

¿Y no hay forma de hacer esos ajustes sin desmontar todo lo que se ha avanzado en el proyecto?

Yo creo que la misma Corte ha reflexionado y sacó un comunicado donde dice que no, que eso no es lo que quiere, pero lo que pasa es que una cosa es lo que dice el comunicado de la Corte y otra cosa es lo que dice el documento que estaba negro sobre blanco entregado a los congresistas.

Ahora, a mí me parece correcto que si se va a hacer un proyecto que tiene que ver con los temas de la justicia que se consulte a la Corte Suprema. Lo que pasa es que me parece que la Corte se le fue la mano porque ya llevamos 3 años discutiendo con ellos esto y nunca habían dicho cosas que aparecieran en ese documento.

¿Por qué cree que ha habido tanta reticencia que está ley pase? Si ya se aprobó el acto legislativo, ya pasó la ley estatutaria que sancionó el presidente hace dos meses

Hay sectores que no le parece correcto que se pueda avanzar en medidas nítidas para poder garantizar una justicia especializada en áreas y les parece que todo esto al final atenta contra sus intereses, que no que no son los intereses mayoritarios. Realmente la facultad que tiene la ANT es la facultad que ha permitido entregar los resultados que hoy tenemos en términos de recuperación de tierras de los baldíos de la Nación y de entrega al campesinado. Y eso se ha hecho en el marco del Estado de Derecho, de la Constitución, de la ley y eso es una medida creo favorable para la sociedad.

Pero siempre habrá sectores en la medida en que son afectados por esa recuperación de tierras o por esta labor diligente de este Gobierno -porque esto es una facultad que he estado ahí desde todos los gobierno-. pues parece que no quieren que se den. Ahora, sino pasa la ley ¿qué es lo que pasa? Pues que no tiene el status quo. La Corte dijo que deberían entrar en enero en los juicios agrarios, los jueces especializados y lo que yo pienso es que si se hunde la ley, pues habrá que presentarla de nuevo, pero el Congreso desaprovecha -sobre todo este Congreso que termina, y que aprobó, como dices, el acto legislativo y la ley estatutaria- desaprovecha su oportunidad para cerrar el círculo y dejar este tema de la Jurisdicción Agraria listo.

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¿Y no entra en juego también el tema electoral? ¿Pasar en el Congreso esta ley a 15 días de las elecciones puede ser un triunfo que la oposición no querrá darle al Gobierno?

Creo que lamentablemente la jurisdicción quedo en medio de la disputa política electoral, pero la jurisdicción, la reforma constitucional, la ley estatutaria, incluso en la ponencia que presentamos esto no es solamente del Gobierno y de su bancada, es producto de un esfuerzo colectivo donde en mi condición por ejemplo de coordinador ponente yo no tengo ningún problema en reconocer que en esto también aportó la oposición. El tema es que efectivamente tal vez para algunos puede ser un trofeo muy grande para el Gobierno, para el gobierno campesino, para para la deuda histórica que se tienen con la reforma agraria y debería pesar esa grandeza creo yo que dejar meter este tema en la campaña electoral.

Hablemos del artículo noveno que es uno de los que más ha generado debate, de hecho, la misma proposición viene por eso. ¿Qué están dispuestos a hacer de parte del gobierno sobre ese artículo en particular para que la ley ordinaria pase? ¿Cuál es el límite?

El Gobierno llegó con una postura y era que los procesos de ese artículo, que son varios procesos especiales -es un tema bastante técnico sobre baldíos, extinción de dominio, etc- la mayoría fueron resueltos por la autoridad administrativa por la Agencia Nacional de Tierras. Esa fue la postura. Pero cuando tú vas mirando, el recorrido, la trayectoria, el Gobierno ha venido cediendo. Cuando digo gobierno es la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ya. En lo que vamos es que todos los procesos tienen control de legalidad. Lo otro que no se tocó fue todo el tema de la ly 160 de 1994 – que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y un subsidio para que los campesinos compraran tierras y definiendo la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Además, reglamentó la creación de las Zonas de Reserva Campesina-.

También cedimos en el proceso de clarificación, es decir, cómo interviene la autoridad administrativa y cómo se garantiza que haya control judicial. En algunos casos ese control judicial no es obligatorio, pero si una de las partes no está de acuerdo puede solicitar. Por lo tanto, hay control judicial.

¿Cuál es la tragedia de esto? Que hay miles de miles de procesos que están descartados, que están de embudo porque la justicia ordinaria no lo ha resuelto y eso es una negación de la justicia para todos los que viven los conflictos y eso es muy grave para la para la ciudadanía.

Entonces, lo que propuso la ministra es miremos proceso por proceso y a cuáles habría que hacer ajustes para que les dé tranquilidad a los que deben o no deben tener control judicial y lo podamos resolver. Pero pues yo creo que ahí salta el tema político. Hay algunos que dicen que no, que debe dar claro que todos tienen que tener el control judicial. Y lo que explica el gobierno y la ministra es que eso puede ser tan gravoso que al final lo que haga es inoperante a la jurisdicción

El hecho de que la ANT tenga las competencias que tiene ahora, ¿también se mantendría o ahí podría cederse?

Lo que te decía es que en la revisión que propone el Gobierno, pues lógicamente habría cambio o modificaciones.

¿Cómo cuáles?

Como, por ejemplo, que en algunos procesos donde solamente quien tenía la facultad era la ANT entra a hacer otro tipo de control judicial.

Esta jurisdicción es clave también para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, ¿por qué a pesar de los dos mensajes de urgencia al Congreso no ha pasado? Justo el tema de la tierra es el origen del conflicto en el país…

No es un secreto para nadie que en la disputa del poder en Colombia, los temas relacionados con la violencia de la tierra han sido temas vitales y después de que el Acuerdo de Paz aprobó una reforma rural agraria y reforma una jurisdicción que va a garantizar que este pueda procesar los conflictos con unos jueces especializados, pues hay sectores que le huyen al tema. Y esos sectores, que son sectores económicos, tienen poder político y hacen la tarea para que su agenda económica prevalezca en el Congreso de la República.

¿Cuál es la fecha límite, representante para que no se hunda la Jurisdicción Agraria?

Nosotros vamos en sesiones hasta el hasta el miércoles 17 de junio. Ahora, el gobierno podría para citar a sesiones extraordinarias, pero eso tiene unos unas reglas y no queremos llegar hasta allá.

¿Y si se hunde qué pasaría? ¿Lo presentarían de nuevo y de cero?

Es una ley ordinaria, o sea que hay que volverle a dar los cuatro debates.

¿Y si fue tan difícil en este Congreso, no será más duro con el nuevo que se posesiona el 20 de julio?

Eso depende de los resultados de las elecciones. Ley va a haber. Ahorita o después, pero va a haber. Estamos en el pulso político. Ahora, desde el punto de vista del presidente Petro pues “a papaya partida, papaya comida”. El presidente ha dicho que hay un Congreso que no quiere las reformas y justo ese Congreso no le aprueba las reformas, ¿qué quiere que diga el presidente?

¿Usted quiere decir que podría intensificar aún más la idea del presidente Petro de una constituyente?

Yo creo que objetivamente le da argumentos. Es que si usted es una ciudadana de a pie y veo que el Congreso no aprueba esto, pues creo que se preguntaría yo por qué tengo que esperar a que el Congreso debate, trabaje. La gente habla de defender la Constitución del 91 y a mi me da un poco de risa porque en el fondo lo que dice es: “Me gusta la Constitución del 91, toda la Constitución del 91, menos el artículo 376 que dice que el pueblo puede aprobar una Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cuál es el acto subversivo que se está cometiendo?

Ahora, ¿hay condiciones? Pues a mí me parece que todavía no hay condiciones para eso, pero en la medida en que entre las clases políticas y esos sectores tradicionales bloqueen, yo creo que están cometiendo un error político. Que es el mismo error político que cometieron con el salario mínimo.

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Antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, Érika hacía parte de procesos sociales y políticos desde lo comunitario y lo urbano. Aunque no figura como firmante del Acuerdo —pues no estaba en los listados iniciales de las Farc-EP— hizo parte de la organización y se transformó en un enlace clave en estos años de tránsito a la paz.

En 2017, durante el proceso del cese al fuego final y definitivo y la dejación de armas de las extintas FARC-EP, jugó un importante rol en este hito histórico para la construcción de paz en Colombia. Como muchas otras mujeres, ayudó a organizar, explicar, convocar y preparar a las comunidades para el nuevo escenario del posacuerdo y, al mismo tiempo, trabajó para garantizar que el enfoque de género se tuviera en cuenta.

Desde entonces, Érika tejió vínculos entre mujeres firmantes y no firmantes, víctimas del conflicto y habitantes de la comunidad, a partir de los cuales nació la red de mujeres Las Manuelitas, una iniciativa que hoy es asociación, red de cuidado y proyecto productivo, pero que empezó, sobre todo, como un espacio de encuentro para mujeres con una misma convicción: sostener la paz.

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Las Manuelitas se gestó en estrecha relación con el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, que funcionó hasta 2025 en Buenos Aires, Cauca, y que fue cerrado, entre otras cosas, por razones de seguridad. El sueño inició 2018, como una juntanza orientada a fortalecer el rol de la mujer, su capacidad de liderazgo y la prevención de violencias basadas en género. Esta iniciativa reunió a mujeres provenientes de distintos territorios y trayectorias, y tomó forma como una organización de alcance departamental que articuló procesos del Cauca, el Valle del Cauca y Nariño bajo una misma apuesta: mantener vivo el trabajo de género en el nuevo escenario tras la firma de la paz con las Farc-EP.

Este proceso no ocurrió en aislamiento. A lo largo de los años, diversas agencias, fondos y programas de la ONU —con el liderazgo de ONU Mujeres y UNICEF, y el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia— acompañaron iniciativas de cuidado y prevención de violencias, como el reciente proyecto ‘Cuidados para la paz. Somos para la vida’. A ello se sumaron el apoyo institucional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como los aportes de la academia y organizaciones sociales, entre ellas la Universidad Javeriana de Cali y la Corporación Ensayos, que contribuyeron a estructurar y proyectar el proceso organizativo de Las Manuelitas.

Hoy, la asociación está conformada por 31 personas —26 de las cuales son mujeres— entre firmantes y no firmantes. Dieciocho cuentan con certificación oficial como personas en reincorporación; los demás acompañan el proceso o pertenecen a sus familias. Esta composición mixta refleja la realidad de los territorios, pero también evidencia barreras institucionales persistentes: muchos esquemas de financiación priorizan únicamente a firmantes de paz del Acuerdo, dejando en una posición secundaria a organizaciones que se sostienen en la articulación entre lo comunitario y lo político.

Fortalecimiento económico

Ante estas limitaciones, la organización apostó por construir autonomía económica. Su primera iniciativa fue La Trocha Sentires de la Montaña, un espacio comercial que articula una marca de café producida por firmantes de paz de distintas regiones, una exhibición de productos de cooperativas de paz y un espacio de memoria, con fotografías del proceso de paz. El lugar puede visitarse en pleno centro histórico de Popayán, capital del Cauca, a pocos pasos del Morro de Tulcán.

Más adelante surgió otra iniciativa, la Ruta de la Paz, concebida como una experiencia turística y formativa que articula proyectos productivos, intercambio entre organizaciones y nuevas formas de narrar el territorio. A esta apuesta se suman la producción de una cerveza artesanal, un hostal urbano y alianzas con otros procesos, como el que adelanta la cooperativa CECOESPE, en Timbío, Cauca, donde el agroturismo del café y el glamping amplían las oportunidades comerciales. Estas iniciativas han sido apoyadas y fortalecidas por el Fondo B del programa Prodefensora de ONU Mujeres.

Pero para Las Manuelitas la paz no es solo un proyecto económico; es también una práctica que se ejerce en medio del riesgo. Robos, seguimientos, amenazas y exilios forman parte de su cotidianidad. Algunas mujeres han tenido que bajar el perfil; otras han salido del país; y varias —incluida Érika— han recibido amenazas de muerte. Aun así, el liderazgo persiste, sostenido por el cuidado mutuo y la convicción de que renunciar no es una opción. Su búsqueda es persistir en la paz.

La violencia ha tocado el proyecto en más de una ocasión. El día de Año Nuevo del año 2020, fue asesinado Benjamín González, ‘Mapita’, un reconocido firmante de paz en Guapi, Pacífico caucano. Este hecho requirió activar por primera vez la red de apoyo y sororidad para proteger a su familia. Poco después, un nuevo asesinato en el sur del departamento confirmó una realidad: la firma del Acuerdo no había cerrado el ciclo de violencia y se necesitaban “respuestas solidarias y colectivas”.

El llamado de la ONU

Este riesgo que enfrentan no es abstracto. Desde la firma del Acuerdo, 491 personas excombatientes han sido asesinadas en Colombia: de ellas, 12 eran mujeres; 179 (17 mujeres) han sido víctimas de intento de homicidio, y 57 han sido dadas por desaparecidas, una de ellas mujer. Así lo reporta el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El informe señala que, a pesar de los esfuerzos por implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre garantías de seguridad, la violencia persiste. El período que abarca el informe (entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026) se caracterizó por persistentes desafíos de seguridad para los excombatientes, las comunidades y los líderes políticos y sociales en Colombia. La violencia, incluidos los asesinatos y los desplazamientos forzados, continuó en las regiones afectadas por el conflicto en varios departamentos, entre ellos el Cauca.

Sobre esta situación, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que, si bien “Colombia sigue siendo hoy, en términos generales, un país más pacífico que durante los años más críticos previos a la firma del Acuerdo de Paz (…), la seguridad se ha deteriorado considerablemente en determinadas zonas, tras las mejoras registradas durante los primeros años de implementación”.

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El Secretario General recordó que el Acuerdo ofrece un marco integral para abordar muchos de estos retos persistentes y constituye un componente clave de una estrategia global de seguridad. En ese sentido llamó al Gobierno a que trabaje en pro de la aplicación rápida y plena de dichas medidas e insto a las instituciones estatales competentes a que garanticen la protección de las comunidades. Además, hizo un llamado a todos los grupos armados para que actúen de buena fe en aras de la paz y cesen de inmediato todas las acciones que causan daño y sufrimiento a la población civil, incluido el reclutamiento de niños, la violencia contra las mujeres líderes, los excombatientes y los miembros de las comunidades étnicas.

Reconciliar desde lo cotidiano

A pesar de todos los desafíos, proyectos como el de las Manuelitas también da muestras de reconciliación y esperanza. En barrios de Popayán y en veredas cercanas, el trabajo con niños, niñas y adolescentes ha abierto espacios de confianza y diálogo. Para Érika, el hecho de que las familias acepten este acompañamiento es una muestra concreta de reconciliación: una confianza construida desde la presencia, la palabra y el tiempo compartido. Un ejemplo de cómo la construcción de una paz sostenible se nutre de la participación de toda la sociedad, como reafirma la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

El anhelo de Las Manuelitas es tan concreto como profundo: que sus iniciativas productivas sostengan un fondo común de bienestar, “creado para cuidar a las mujeres de la organización y responder a situaciones donde el cariño, la solidaridad y el cuidado mutuo sean la respuesta”. No buscan crecer sin medida, sino sostenerse con dignidad, transmitir su historia y reafirmar un mensaje que atraviesa todo su trabajo: el compromiso con la paz persiste, incluso en medio de la violencia y las dificultades. Una paz que se construye en juntanza, desde lo civil, desde las mujeres y desde la vida cotidiana tras casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz.

*Oficial de comunicación estratégica

Misión de Verificación de la ONU

Oficina Regional Popayán

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La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este miércoles que realizará un cese al fuego unilateral por elecciones y que no interferirá en ese proceso electoral, cuya primera vuelta será en menos de dos semanas, el próximo 31 de mayo.

En el comunicado, el grupo armado ilegal dijo que la Dirección Nacional orienta a toda su fuerza combatiente “a no realizar operaciones militares ofensivas” contra las Fuerzas Armadas.

Y agregó que el cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio.

En el comunicado, la guerrilla también afirmo sin pruebas que los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares el pasado 9 de mayo en Tibú, Norte de Santander “cayeron al vacío” y que por ello no hubo muertos ni heridos dentro de ese grupo armado.

El fin de semana, el Clan del Golfo también anunció la no interferencia de sus integrantes en las elecciones.

El documento, firmado por el “Estado Mayor Conjunto” del grupo armado y atribuido a Chiquito Malo -Javier dentro del grupo- sostiene que se impartió una orden directa a “todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia”.

Según el texto, dentro de esa instrucción quedó “expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular”.

y pidió denunciar las presiones ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento, que se estableció en la mesa de diálogos con el Gobierno y cuya secretaría técnica la presidente la MAPP-OEA.

“En caso de que algún ciudadano haya sido constreñido, inducido o presionado para votar por un candidato a la presidencia específico, se invita a presentar la respectiva denuncia con todas las pruebas ante el Mecanismo Tripartito”, señala el documento.

El anuncio de la guerrilla se da en medio de señalamientos contra el ELN que habría sido responsable de una masacre perpetrada el martes en Ábrego, Norte de Santander, y que dejó seis muertos, entre ellos Freiman David Velásquez, líder juvenil de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), miembro de la Unión Patriótica y quien presidió el Consejo Departamental de Juventudes de Norte de Santander en 2024 y 2025.

La Defensoría del Pueblo se refirió la muerte de Velásquez y dijo que su asesinato “golpea a los procesos juveniles, campesinos y comunitarios del Catatumbo que defienden la participación, la organización social y el derecho de las juventudes a construir un buen futuro”. Además indicó que afecta a Asuncat, que ha “enfrentado estigmatización y amenazas en medio de la escalada de crímenes a gran escala en el Catatumbo”.

ELN libera a siete secuestrados en frontera entre Colombia y Venezuela

El ELN liberó el martes a siete personas que mantenía secuestrados, según informó la Defensoría del Pueblo.

Los siete rehenes “fueron entregadas hoy a una comisión liderada por la Iglesia Católica”, dijo en X la entidad.

Según un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que circula en redes sociales, los civiles fueron retenidos en la región de Arauca por llevar a cabo “actividades de inteligencia”.

Las partes no revelaron el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El presidente Gustavo Petro intentó un proceso de diálogo con el ELN, pero las conversaciones quedaron suspendidas a principios de 2025, cuando los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos entre esta guerrilla y miembros de las FARC provocaron la peor crisis humanitaria en dos décadas en Catatumbo.

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El Gobierno de Gustavo Petro le está metiendo el acelerador a la construcción de las cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que se acordaron con cuatro grupos armados que están dentro de la paz total.

Uno de los avances se está dando en Valle del Guamuez, Putumayo, donde se proyecta una de esas zonas con la disidencia conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza.

La delegación de Gobierno compartió con Colombia+20 imágenes donde se evidencia la presencia de maquinaria y la adecuación del terreno para albergar la ZUT en ese punto del país. En las fotografías también se ve a personal trasladando material.

De acuerdo con lo anunciado por Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en ese diálogo, la meta es que el traslado de los integrantes de esa disidencia -se prevé que sean 100 en una primera fase y 200 en total- se concrete a finales de mayo. En total, esa disidencia tiene aproximadamente 2.500 hombres en armas.

La vigencia de ese espacio será de 10 meses, es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es el próximo 6 de agosto, según lo que quedó establecido en la resolución que autorizó la creación de la ZUT con esa disidencia. Con este grupo armado también está proyectada otra Zona de Ubicación en la parte rural del municipio de Roberto Payán en Nariño.

Los avances de las ZUT se dan en medio de varios choques del Gobierno con la Fiscalía por el anuncio del Gobierno del levantamiento de las órdenes de captura para integrantes de grupos armados que vayan estar en esos espacios. Específicamente la pugna se dio porque la decisión alberga a 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo, quien tiene órdenes de extradición.

La Fiscalía se negó a levantar esa suspensión y el Gobierno, en cabeza del comisionado de paz, Otty Patiño, afirmó que esa era potestad del presidente Petro.

La discusión aún no se ha zanjado, pero el Ejecutivo decidió descartar el ingreso de extraditables al menos en una primera fase. Este martes, a través de un comunicado, el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- aceptó es decisión.

La Defensoría del Pueblo también se refirió este martes a las ZUT y afirmó que existen riesgos sobre el levantamiento de las órdenes de captura a integrantes de grupos ilegales que vayan a hacer tránsito hacia esos espacios.

En su pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que, si bien el presidente de la República tiene la facultad de pedir la suspensión de las órdenes de captura, “dicha facultad es reglada y está sometida al cumplimiento de condiciones constitucionales y legales” que debe tener en cuenta el Ejecutivo.

Marín también advirtió que, entre los riesgos, está si se avanza en tener en cuenta los derechos de las víctimas, si “se generan expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno”, también si persisten los riesgos para las comunidades y también las afectaciones de los derechos de pueblos étnicos potencialmente impactados por las ZUT.

Marín explicó, además, qué significa un “estado avanzado” del proceso de diálogos para avanzar hacia las ZUT. Para la Defensoría, un proceso llega a ese punto cuando ya son viables el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los integrantes del grupo. En otras palabras, cuando los combatientes están prácticamente listos para entregar las armas.

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?

Se han concebido como una suerte de espacios delimitados donde miembros de las estructuras armadas harán la transición a la vida civil con acompañamiento estatal y verificación. Estos espacios quedaron definidos en la ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total. Según lo indica esa norma jurídica, tienen como objetivo “poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de despeje”.

Estos espacios se basan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se establecieron para hacer el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC. Sin embargo, la Ley de Paz Total no desarrolla cuáles reglas se aplicarán en esas zonas y qué tendrán que hacer los miembros de los grupos armados.

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La discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en las que busca avanzar el Gobierno del presidente Gustavo Petro con cuatro grupos armados llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir un comunicado en el que explica, entre otras cosas, el estado en el que debe estar un proceso de paz para avanzar en esos espacios.

Según dio a conocer el mandatario el pasado 13 de mayo, autorizó el ingreso a esos espacios para miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) que no tengan órdenes de extradición vigentes.

En contexto: Estos son los grupos armados que entrarán a cinco Zonas de Ubicación autorizadas por Petro

Para la Defensoría, un proceso llega a ese punto cuando ya son viables el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los integrantes del grupo. En otras palabras, cuando los combatientes están prácticamente listos para entregar las armas.

El ente de control respalda la creación de la ZUT con el argumento de que la ley de orden público le permite al Gobierno crear esas zonas especiales donde los miembros de grupos armados puedan concentrarse mientras avanzan “en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad”, y que existen otras herramientas legales para facilitar su regreso a la vida civil.

También sustenta la existencia delas ZUT a través con una fallo de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-525 de 2023 –cita la Defensoría–, el alto tribunal estableció que las ZUT solo son procedentes cuando la negociación ya está lo suficientemente avanzada, pues “de esta manera se garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia (...) esto es, su tránsito al Estado de Derecho”.

Si esa idea se traslada a las mesas de negociación que adelanta el presidente Petro con los grupos armados en el marco de la paz total, las Zonas de Ubicación Temporal pueden verse como un mecanismo indicado la reintegración a la vida civil de miembros de los grupos armados. “En este sentido, el Gobierno debe sustentar que estas medidas son efectivas para un desarme cercano y concreto y no solo posible en un sentido general”, dijo la defensora, Iris Marín.

Por eso, la Defensoría advierte que el Gobierno y sus equipos negociadores en las distintos tableros de paz total, debe demostrar, con hechos concretos, que el proceso ha avanzado hacia el desarme “no como algo hipotético o posible, sino cercano: que el proceso ha avanzado hacia ese fin próximo. Prácticamente, que se concentran para el desarme”, se lee en el comunicado.

Las dudas sobre los mecanismos de seguimiento

Otro punto que preocupa a la Defensoría es la falta de mecanismos independientes para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las negociaciones. Sin esos controles, añade la entidad, es difícil saber si realmente se están cumpliendo los avances requeridos. Por eso exige que el Gobierno “presente información suficiente y verificable para motivar sus decisiones”.

El comunicado también menciona los cuatro procesos en los que ya se acordaron ZUT y recuerda que tienen distintos niveles de avance, por lo que “el análisis debe ser diferenciado” para cada uno.

A través de su cuenta de X, Leonardo González, subdirector de Indepaz, se refirió al pronunciamiento de la Defensoría. Para él, se necesitan controles en las decisiones alrededor de la paz como las Zonas de Ubicación Temporal. De lo contrario, “el riesgo no es solo jurídico: también humanitario y democrático”, escribió.

“El último paso a la desmovilización de la violencia”

Este martes 19, el presidente Petro también se pronunció en su cuenta de X sobre las ZUT, en respuesta a un comunicado en el que el Clan del Golfo aceptó la decisión del mandatario de que a esos espacios no ingresen en una primera fase los integrantes del grupo con órdenes de extradición.

“Ahora atacan las ZUT, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización, el último paso a la desmovilización de la violencia (...) cuando es de ley y se ha practicado desde hace décadas, incluído el proceso de paz con el M19 hace 34 años", escribió el mandatario.

Petro también señaló que con el Clan del Golfo se acordó el ingreso de 400 combatientes a estos espacios “para su tránsito a la vida civil” y que ninguno de ellos tiene órdenes de extradición, como él mismo lo solicitó.

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El Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo aceptó la decisión del presidente Gustavo Petro de que a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) no ingresen en una primera fase los integrantes del grupo con órdenes de extradición vigentes como Chiquito Malo, máximo comandante de ese grupo armado.

Así lo dio a conocer la estrucura -que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- en un comunicado de cuatro puntos emitido este 19 de mayo.

“Como muestra inequívoca de voluntad política y de coherencia, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia – EGC acepta, de buena fe, que el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentren solicitados en extradición por ningún gobierno extranjero“, se lee en el documento.

En contexto: Estos son los grupos armados que entrarán a cinco Zonas de Ubicación autorizadas por Petro

Según expresaron, esa decisión es una forma de mostrar su compromiso con la mesa y eliminar el “argumento de la extradición como pretexto para sabotear el proceso”.

El Clan del Golfo también invitó a los países mediadores y a las comunidades a verificar el cumplimiento de ese acuerdo de las ZUT.

“Atacan las ZUT, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización”

Horas después de conocerse el comunicado del Clan del Golfo, el presidente Petro se pronunció en su cuenta de X y defendió las Zonas de Ubicación Temporal.

“Ahora atacan las ZUT, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización, el último paso a la desmovilización de la violencia (...) cuando es de ley y se ha practicado desde hace décadas, incluído el proceso de paz con el M19 hace 34 años", escribió el mandatario.

También señaló que con el Clan del Golfo se acordó el ingreso de 400 combatientes a estos espacios “para su tránsito a la vida civil” y que ninguno de ellos tiene órdenes de extradición, como él mismo lo solicitó.

La decisión de Petro y la polémica sobre las ZUT

El pasado 13 de mayo, el presidente Petro autorizó el traslado de integrantes de cuatro grupos armados ilegales a cinco ZUT, con la condición de que en una primera fase no ingresen quienes tengan una orden de extradición vigente.

Esto incluye a máximos comandantes de los grupos armados como Chiquito Malo, Araña, Andrés Allende, H.H., John Mechas y Mocho Olmedo.

Lea aquí: Los ocho extraditables que no entrarán a las Zonas de Ubicación Temporal aprobadas por Petro

La decisión se tomó en una reunión entre el mandatario, el comisionado de paz, Otty Patiño, y varios delegados del Gobierno en las distintas mesas.

El punto de la suspensión de órdenes de captura y de extradición ha sido uno de los más sensibles de la paz total. Aunque el 8 de mayo, la Consejería de Paz pidió suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo para su ingreso a la ZUT, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó la decisión de no levantarlas.

Este martes 19 de mayo, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre ese debate. La decisión -señaló la entidad- requiere de “motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.

El comunicado recuerda, además, que la creación de esos espacios existe legalmente desde 1988, y que las decisiones de la suspension de órdenes de captura alrededor de la figura de la ZUT son competencia del presidente Petro.

“Sin embargo, si bien el presidente cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de estas funciones legales, el ejercicio de estas está sujeto a la Constitución y la ley. Se trata de una discrecionalidad reglada pues, de lo contrario, se convertiría en arbitrariedad”, añadió la entidad.

Según la Defensoría, las mesas de negociación deben estar en un punto en el que haya avanzado en “desescalar las violencias, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad”.

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La Jurisdicción Agraria, una de las apuestas más importantes para resolver conflictos históricos por la tierra en Colombia y uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz de 2016, entra en su fase más crítica.

A menos de un mes de que termine la legislatura del Congreso, organizaciones campesinas anunciaron un paro nacional para este 20 de mayo con el fin de presionar la aprobación de la ley ordinaria que permitiría poner en marcha el nuevo sistema judicial especializado en asuntos agrarios.

La movilización fue convocada por organizaciones campesinas y respaldada públicamente por la Agencia Nacional de Tierras, que llamó a “movilizarse por el respeto y la protección del campesinado”. El pasado 14 de mayo el presidente -a través de su cuenta de X- convocó a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar “la coordinación social para iniciar la gran lucha por la tierra”.

Según las organizaciones convocantes, la protesta busca evitar que la reforma “se hunda” en el Congreso luego de varios meses de retrasos y controversias jurídicas, pese a varios mensajes de urgencia enviados por el Gobierno.

El proyecto atraviesa una semana clave en el Capitolio. Hace unos días parte de su trámite avanzó en la Cámara de Representantes al aprobarse la ponencia tras un acuerdo político con la oposición. Sin embargo, todavía enfrenta obstáculos políticos y técnicos antes de convertirse en ley. En plata blanca aún le quedan las dos sesiones en ambas plenarias del Congreso y luego el trámite de conciliación.

La ley estatutaria de jurisdicción agraria fue creada mediante una reforma constitucional aprobada en 2023 y sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo pasado. Su objetivo es establecer jueces y tribunales especializados para resolver disputas sobre tierras, formalización de predios, conflictos rurales y acceso a derechos en el campo, un vacío histórico que distintas organizaciones han señalado como una de las raíces de la violencia rural. El Acto Legislativo también fue aprobado.

Pero para que pueda operar plenamente, todavía falta la aprobación de la ley ordinaria que define competencias, funcionamiento y estructura institucional. Esa discusión se encuentra contra el reloj porque si no se aprueba antes del cierre de la actual legislatura el próximo 17 de junio -aunque podría haber sesiones extraordinarias-, el proyecto se hundiría.

El artículo 9, la ANT y las dudas de la Corte Suprema

El punto que más ha generado discordia es un parágrafo del artículo 9 del articulado que permitiría, según algunos sectores que decisiones clave de tierras queden en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en lugar de los jueces.

Este tema ha tomado aún más relevancia esta semana tras el concepto de la Corte Suprema de Justicia donde expresaba sus preocupaciones por el papel de la ANT dentro de todo el sistema de justicia agraria.

El alto tribunal aclaró que no cuestiona las funciones de adjudicación que actualmente tiene la ANT -sobre baldíos, extinción de dominio, deslindes entre otros-, sí encendió las alertas porque varios de esos procedimientos quedarían, en la práctica, bajo el manejo predominante de una autoridad administrativa y no de jueces especializados.

El jurista Rodrigo Uprimny cuestionó algunos de los argumentos de la Corte en ese sentido. En una columna publicada en El Espectador este fin de semana, Uprimny sostuvo que algunas interpretaciones sobre el papel de la ANT exageran los riesgos jurídicos y denota el “precario conocimiento” de la Corte Suprema sobre temas agrarios.

“El documento entregado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso propone una reforma al artículo 9 del proyecto en que transfiere esa competencia a los jueces. Esto no es un error menor y muestra que el conocimiento de la corte de elementos básicos del derecho agrario es precario. Por eso es que me parece tan negativo que en 2023 la corte se hubiera opuesto a la creación de una nueva corte agraria como órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria por considerarla una carga burocrática innecesaria. El Congreso le creyó, por lo cual no habrá una corte agraria especializada. Esto debilita la consolidación de un derecho agrario coherente, con sus principios propios y conocimiento apropiado de la realidad rural. Ojalá esta vez el Congreso no le crea en estos puntos a la Corte Suprema”, señaló en esa Colombia.

Para Uprimny, la discusión no debería centrarse en desmontar el proyecto sino en ajustar mecanismos que garanticen independencia judicial sin frenar la creación de una justicia especializada para el campo.

De acuerdo con el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, uno de los congresistas que más ha impulsado el proyecto, aún hay tiempo para lograr la aprobación de la ley ordinaria, aunque advierte que hay al tema de la ANT se han sumado otros “peros” de la oposición como el tema de que la ley tenga enfoques diferenciales e interseccionales -género y étnico- y otros sobre las competencias.

La jurisdicción agraria es considerada una de las piezas pendientes más importantes de la Reforma Rural Integral pactada entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

Diversos informes de seguimiento, como el que la semana pasado presentó el Instituyo Kroc y que es el oficial sobre la implementación del Acuerdo de Paz, han advertido que los avances en acceso y formalización de tierras siguen siendo limitados y que la ausencia de mecanismos judiciales especializados ha dificultado resolver conflictos históricos sobre propiedad rural.

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En medio de las crecientes alertas sobre posibles presiones armadas de cara a las elecciones de 2026, el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-, publicó un comunicado en el que asegura haber prohibido a todos sus integrantes participar en política o actuar en favor de cualquier candidato.

El documento, firmado por el “Estado Mayor Conjunto” del grupo armado y atribuido a Chiquito Malo -Javier dentro del grupo- sostiene que se impartió una orden directa a “todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia”.

Según el texto, dentro de esa instrucción quedó “expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular”.

La comunicación aparece en un momento especialmente sensible para el país porque, a menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales distintas organizaciones sociales, líderes regionales y autoridades han advertido sobre riesgos de interferencia armada en los comicios en varias zonas del territorio nacional.

En respuesta a esas denuncias, el Clan del Golfo aseguró que cualquier ciudadano que haya sido víctima de presiones para votar por determinado candidato debe acudir al Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento.

“En caso de que algún ciudadano haya sido constreñido, inducido o presionado para votar por un candidato a la presidencia específico, se invita a presentar la respectiva denuncia con todas las pruebas ante el Mecanismo Tripartito”, señala el documento.

Ese mecanismo es uno de los acuerdos que hizo en Doha, Catar, en diciembre pasado la mesa de diálogo que ese grupo armado lleva con el Gobierno Nacional

La secretaría técnica de ese mecanismo -compuesto también por ambas delegaciones- está a cargo de la MAPP/OEA y afirma que las denuncias deberán ser “tramitadas de manera inmediata”.

Las alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE)

La publicación del comunicado ocurre en medio de un ambiente de creciente polarización política y de preocupación por el impacto que puedan tener los grupos armados en el desarrollo de las próximas elecciones.

En regiones como el Caribe, Urabá, Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, organizaciones territoriales han advertido sobre controles sociales, restricciones a la movilidad y presiones ilegales que podrían afectar la libertad del voto y la participación política.

Además, esta semana el presidente Gustavo Petro autorizó el avance de cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), una de ellas con el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba.

Aunque en esas zonas no estarán, por ahora, los máximos jefes de los grupos armados que tengan órdenes de extradición, la decisión de suspender las órdenes de captura del resto de personas que entrarían en esas zonas provocó una nueva tensión con la Fiscalía y también el rechazo de los candidatos a la Presidencia.

En contexto: Las Zonas de Ubicación Temporal propuestas por Petro chocan con el viejo dilema de la extradición

Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático dijo en su momento: “Levantan órdenes de captura al Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a Gustavo Petro, según confesión de su hermano. Narcotráfico puro y duro, aliado natural de Iván Cepeda, a sus anchas desde su zona de despeje”.

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo dijo que era una “vergüenza” y una “irresponsabilidad”. “Ya lo hizo en Medellín, sacó a unos criminales de la cárcel y los puso en el espacio público de la ciudad y ahora los integrantes del Clan del Golfo”, señaló. Fajardo.

El también aspirante Mauricio Lizcano dijo que era un atentado a la democracia. “A tres meses de terminar su mandato, les da salvoconducto a los dirigentes y cabecillas del Clan del Golfo. Sospechoso. Estamos a menos de un mes de elecciones”, precisó Lizcano, quien agregó que “es un atentado a la democracia y a la justicia de nuestro país”.

La semana pasada Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que uno de los principales retos de las elecciones será garantizar que no existan presiones al elector en las Zonas de Ubicación proyectadas por el Gobierno.

“Para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”, afirmó a Caracol Radio.

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A unos meses de que Colombia complete una década desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el país vuelve a enfrentar una transición política en medio de persistentes desafíos para consolidar lo pactado.

Aunque el pacto firmado en 2016 permitió el desarme de una de las guerrillas más grandes del continente, abrió espacios de participación política y creó una robusta arquitectura institucional para implementar reformas históricas, la violencia en varias regiones, los asesinatos de firmantes y líderes sociales, las dificultades presupuestales y los cambios de rumbo entre gobiernos han frenado parte de su implementación.

En conversación con Colombia+20, Ángela Ramírez, directora ejecutiva de la Iniciativa Barómetro de Colombia —parte del Instituto Kroc, la entidad internacional encargada de verificar y monitorear la implementación del Acuerdo Final—, hace un balance de estos casi 10 años de implementación. Habla de los avances que considera irreversibles, de los principales cuellos de botella que siguen afectando el cumplimiento de lo pactado y de los riesgos que enfrenta el proceso ante la llegada de un nuevo gobierno en 2026.

Ramírez alerta sobre la necesidad de blindar financieramente el Acuerdo y de entenderlo no solo como un pacto alrededor de la reincorporación o la justicia transicional, sino como una hoja de ruta para enfrentar problemas estructurales del país, como la desigualdad rural, la exclusión política y la débil presencia del Estado en los territorios más afectados por la guerra.

Hace unos días, el Instituto Kroc publicó su informe anual sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con algunas tareas urgentes para el o la próxima presidenta de Colombia. Aquí puede leer la nota que hizo este diario.

Tras 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, ¿cómo ha cambiado el país y cómo va la implementación global?

Vemos un país transformado en al menos tres aspectos. El primero es que hoy existe una mayor apertura política y democrática: las Farc dejó cerca de 9 mil armas y se convirtió en partido político, y esto ocurrió mientras gobernaron tres administraciones de expresiones políticas muy diferentes. El segundo tiene que ver con la consolidación de una arquitectura normativa e institucional para la implementación, que ha mantenido viva una agenda sobre las transformaciones que requiere el país, incluso en medio del recrudecimiento del conflicto con otros actores armados y disidencias. Y el tercero es que hoy tenemos una sociedad mucho más informada sobre el conflicto armado, y ese conocimiento está permitiendo abrir caminos hacia la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Frente a la segunda parte de la pregunta, en términos generales hemos visto un Acuerdo que, pese a las dificultades, no ha dejado de implementarse.

Ustedes han hecho informes del Acuerdo de Paz año a año. ¿Cuál es el principal cuello de botella de la implementación?

El principal cuello de botella ha sido implementar el Acuerdo bajo el principio de integralidad. El Acuerdo fue concebido como un todo interrelacionado, donde sus principios, objetivos y programas tienen altos niveles de interdependencia. Esa falta de integralidad se ha manifestado, al menos, en dos problemas concretos. El primero es la falta de continuidad. El Acuerdo requiere ser asumido como una política de Estado y no como la apuesta de un gobierno particular, pero cada transición política ha significado interrupciones, cambios de enfoque y rotación de los equipos técnicos. El segundo es la ruptura de la secuencialidad: muchos compromisos dependen de que otros avancen primero y, cuando se priorizan de manera aislada, se generan cuellos de botella que terminan afectando toda la cadena de implementación.

¿Cuáles consideran que son los avances más sólidos e irreversibles, y qué es lo que cree que ya no se dará en esa ejecución?

Lo irreversible son estos casi 10 años de implementación acumulados, con sus aciertos y errores, pero que también se traduce en muchas vidas que no se perdieron y en proyectos de vida que hoy se están reconstruyendo. Todo esto representa un aprendizaje colectivo como sociedad, una especie de catarsis que nos permite mirar hacia adelante, y eso no se puede borrar.

En términos materiales, hay muy pocos compromisos que hoy puedan considerarse imposibles de cumplir. Su cumplimiento sigue siendo viable si existe voluntad política y disposición financiera.

Ahora bien, también hay que entender la dimensión de lo que significa este proceso. El Acuerdo de Paz de Colombia es quizás uno de los más comprensivos del mundo e implicó la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente. Eso representa una enorme responsabilidad y también una gran cantidad de compromisos pactados.

Diez años después de la firma, Colombia es un país distinto, y el gran desafío ahora es consolidar esos avances y responder a los retos que inevitablemente seguirá planteando la implementación de un Acuerdo tan ambicioso.

¿Cuál diría que fue el momento más crítico de estos 10 años para el Acuerdo de Paz?

Es difícil identificar un solo momento crítico, pero empezaría por mencionar los asesinatos de firmantes del Acuerdo, defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales que continuaron después de la firma. Cada uno de esos asesinatos representó un golpe directo a la implementación y a la confianza en el proceso de paz.

La pandemia también fue un punto de inflexión: dispersó esfuerzos y presupuestos, restringió el acceso a programas y ejercicios participativos, y generó una ventana de expansión para las disidencias y otras estructuras armadas que han atentado contra la implementación del Acuerdo. La transición política que se aproxima seguramente también será un momento crítico para la implementación. Por eso, desde el Instituto Kroc hemos insistido en la necesidad de priorizar la agenda del Acuerdo de Paz durante este periodo.

Avanzar en la negociación e implementación de un acuerdo de paz siempre implica atravesar momentos críticos, y como sociedad debemos mantener la decisión de persistir en ese propósito y construir alternativas para superar esos obstáculos.

El informe de este año insiste en la financiación. ¿Hoy la implementación está en riesgo presupuestal?

El informe insiste en el tema de la financiación porque hemos identificado que garantizar recursos suficientes y sostenidos es una condición indispensable para implementar adecuadamente el Acuerdo. La implementación requiere capacidades institucionales, presencia territorial y continuidad en el tiempo, y eso solo es posible si existe una apuesta presupuestal clara y estable.

Hoy, además, estamos en un contexto fiscal complejo tanto a nivel nacional como internacional. Colombia enfrenta restricciones presupuestales importantes, al tiempo que la cooperación internacional también atraviesa procesos de contracción y reasignación de prioridades. Eso genera presiones adicionales sobre la implementación.

El riesgo presupuestal existe, pero también hay una oportunidad. Este momento de transición política y de discusión sobre las prioridades de largo plazo del país puede servir para consolidar la implementación como una verdadera prioridad presupuestal del Estado.

Durante varios años, buena parte de la implementación dependió del apoyo de la cooperación internacional. El desafío ahora es construir una sostenibilidad más estructural, alineando presupuestos, capacidades institucionales y recursos propios con los compromisos del Acuerdo.

¿Qué impacto han tenido los problemas de seguridad sobre la implementación territorial?

Los problemas de seguridad han tenido un impacto muy significativo sobre la implementación territorial. Ese impacto opera, al menos, en dos niveles. El primero es institucional y operativo. Las restricciones de seguridad han limitado la capacidad de las entidades del Estado, de las organizaciones implementadoras e incluso de organismos humanitarios para llegar a muchos territorios rurales y desarrollar las acciones previstas en el Acuerdo. Lo hemos visto, por ejemplo, en las dificultades que han enfrentado algunos equipos de la Unidad de Búsqueda para acceder a sitios de interés forense.

Además, en varios territorios algunos grupos armados han consolidado formas de control que terminan regulando buena parte de la vida cotidiana de las comunidades. Eso incluye restricciones a la movilidad, presiones sobre organizaciones campesinas e indígenas e incluso controles sobre actividades económicas y productivas.

El segundo nivel de impacto quizás es aún más profundo: el efecto sobre la confianza y la participación comunitaria. Los asesinatos de personas que ejercen liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo, así como las amenazas persistentes contra muchos de ellos, han debilitado procesos organizativos y espacios de veeduría social fundamentales para sostener la implementación.

¿Cuál cree que es la principal deuda que deja el gobierno Petro frente a la implementación?

El estado de la implementación que recibirá el próximo gobierno es el resultado acumulado de decisiones, avances, aprendizajes y también limitaciones de tres administraciones que han tenido a su cargo la implementación del Acuerdo Final. En ese sentido, hay deudas que no pueden atribuirse exclusivamente a un solo gobierno, sino que reflejan desafíos persistentes a lo largo de esta década.

Una de las principales tiene que ver con la dificultad para construir consensos políticos e institucionales suficientes que permitan impulsar reformas centrales del Acuerdo. En el plano legislativo, compromisos como la Jurisdicción Agraria, la reforma político-electoral o el tratamiento penal diferencial continúan pendientes. Y eso también invita a examinar el papel del Congreso como un actor fundamental —y no secundario— dentro de la implementación.

A esto se suma un desafío crítico en materia de garantías de seguridad y la implementación transversal de los enfoques de género y étnico continúa siendo uno de los mayores retos del proceso. Persisten brechas importantes frente a la implementación general del Acuerdo, y compromisos como los Planes Integrales de Reparación Colectiva siguen presentando rezagos significativos. Estas son algunas de las deudas que persisten después de casi una década de implementación.

El Gobierno habla de cifras históricas en adjudicación de tierras, pero el avance frente a la meta total sigue siendo bajo. ¿Cómo interpretan ustedes esa contradicción sobre todo si se ve que el mayor rezago es la Reforma Rural Integral?

La aparente contradicción se entiende si diferenciamos dos cosas: el avance frente al desempeño histórico previo y el avance frente a las metas estructurales del Acuerdo de Paz.

Es cierto que el actual Gobierno puede hablar de cifras históricas en adjudicación de tierras. Entre agosto de 2022 y octubre de 2025 se adjudicaron más de 54.000 hectáreas, es decir, cerca del 75 % de todo lo adjudicado desde la firma del Acuerdo. Y solo en 2025 se concentra más de la mitad del acumulado histórico. Eso muestra una aceleración importante frente a años anteriores.

Pero el problema es que ese avance parte de una línea base muy baja. Cuando se compara con la meta del Acuerdo Final, que es adjudicar tres millones de hectáreas, el avance efectivo sigue siendo muy reducido. Lo mismo ocurre frente a las metas fijadas por el propio Gobierno. Entonces, las cifras no son contradictorias: son históricas frente al pasado reciente, pero todavía insuficientes frente a la magnitud de la Reforma Rural Integral.

Además, existen cuellos de botella jurídicos e institucionales que ralentizan el proceso. Hay miles de hectáreas que ya fueron entregadas o adjudicadas de manera provisional, pero que todavía no cuentan con el registro y saneamiento necesarios para consolidar plenamente los derechos de propiedad. Eso hace que el avance real pueda ser mayor al que muestran las cifras oficiales, pero también evidencia las dificultades estructurales del sistema.

También persisten desafíos normativos e institucionales importantes. La ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria aún no culmina su trámite legislativo y siguen existiendo desacuerdos sobre el alcance de las competencias entre la autoridad administrativa agraria y la jurisdicción. El reto, entonces, es construir un arreglo institucional que permita avanzar con seguridad jurídica, capacidad técnica y mayor agilidad.

En todo caso, es importante entender que la Reforma Rural Integral enfrenta problemas históricos y estructurales de larga duración. Los avances actuales reflejan tanto aciertos como dificultades propias de intentar transformar una de las desigualdades más profundas del país. Y justamente por eso, aunque el progreso siga siendo más lento de lo esperado, cada avance en redistribución y formalización de tierras sigue siendo un paso importante para cerrar una deuda histórica con el campo colombiano.

¿Falló el actual Gobierno cambiando la arquitectura de la implementación del Acuerdo al pasar de una Alta Consejería a la Unidad de Implementación?

Creo que es importante empezar por reconocer cuánto ha enriquecido la implementación el enfoque técnico y territorial que la Unidad ha dado a este proceso. Aun enfrentando limitaciones en su capacidad de dirección política dentro del Gobierno, hemos visto cómo, bajo el liderazgo de Gloria Cuartas, la Unidad hizo posible avanzar en varios compromisos del Acuerdo que venían enfrentando dificultades o rezagos. Quizás uno de los ejemplos más importantes sea la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI), un instrumento fundamental para orientar y hacer seguimiento a la implementación.

Seguramente, con mayores atribuciones institucionales y una mayor capacidad de incidencia para coordinar sectores y entidades, esta institución habría podido ampliar el alcance de sus acciones y consolidar más resultados. Esto ha sido advertido desde hace tiempo por distintas instancias de monitoreo del Acuerdo —incluido el Instituto Kroc—, por la otra Alta Parte Contratante y por la propia Corte Constitucional. Tal vez la falla no estuvo en la creación de la Unidad, sino en no atender los llamados a fortalecerla con las herramientas y capacidades necesarias para ejercer plenamente ese rol.

¿Qué mensaje le están mandando a quienes aspiran a la Presidencia?

El principal mensaje es que el Acuerdo Final constituye un compromiso y una política de Estado con una agenda compleja, pero sobre la que se han depositado expectativas importantes para la construcción de paz en Colombia.

El Acuerdo es mucho más amplio que algunos de sus componentes más visibles o más debatidos públicamente. No se limita al Sistema Integral para la Paz o a la reincorporación política; también es una hoja de ruta para avanzar en desafíos históricos del país relacionados con el desarrollo rural, la participación democrática, la presencia institucional en territorios históricamente excluidos, la seguridad y los derechos de las víctimas.

En ese sentido, el llamado a quienes aspiran a la Presidencia es a mirar el Acuerdo no únicamente desde las disputas políticas que rodearon su origen, sino también desde las oportunidades que ofrece para buscar soluciones a los problemas estructurales del país. Las transiciones políticas son momentos especialmente sensibles para los acuerdos de paz. Por eso, la implementación no debería empezar de cero cada cuatro años, sino corregir rezagos y fortalecer aquello que ha demostrado funcionar.

¿El país está olvidando el Acuerdo de Paz?

No creemos que el país haya olvidado el Acuerdo. Lo que sí observamos es que, 10 años después de su firma, ha dejado de ocupar el mismo lugar en el centro de la agenda política y pública. Eso es comprensible en un país atravesado por múltiples urgencias y transformaciones, pero también plantea un reto importante. Consideramos fundamental que el periodismo, la academia, las organizaciones sociales y la sociedad civil continúen promoviendo conversaciones informadas sobre la implementación, sus avances, sus desafíos y aquello que aún sigue pendiente.

Al mismo tiempo, sí vemos el riesgo de que el Acuerdo se reduzca a algunos de sus componentes más visibles o más debatidos políticamente. La conversación pública pierde de vista que el Acuerdo contiene apuestas mucho más amplias relacionadas con el desarrollo rural, la inclusión política, la presencia integral del Estado en los territorios, los derechos de las víctimas y la reducción de desigualdades históricas.

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Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con las que el gobierno de Gustavo Petro busca avanzar en negociaciones con grupos armados, volvieron a ser noticia esta semana por una serie de choques con la Fiscalía General y por un tema que se ha convertido en el principal nudo jurídico -y político- de este punto de la paz total: la extradición.


Varios de los máximos comandantes de esas estructuras no entrarán, por ahora, a esos espacios debido a las solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, donde están acusados de distintos delitos, entre ellos narcotráfico y terrorismo.


n contexto: Estos son los grupos armados que entrarán a cinco Zonas de Ubicación autorizadas por Petro

La decisión, anunciada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) tras una reunión con el presidente Petro, abrió nuevas preguntas sobre la viabilidad real de los procesos con las cuatro estructuras que estarán en las cinco ZUT autorizadas por el mandatario el miércoles pasado -el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, la disidencia de “Mendoza”), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF de “Calarcá”) y Comuneros del Sur- y también sobre cuáles serán los resultados reales que dejará esta política en la recta final del Gobierno.


En esas cuatro organizaciones armadas ilegales, algunos de sus mandos más visibles y estratégicos tienen solicitudes activas de extradición. Entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo” y máximo jefe del Clan del Golfo; Javier Velosa, “John Mechas”, del EMBF; Andrés Allende, de la CNEB; Willinton Henao, “Mocho Olmedo”, también del EMBF, y Geovanni Rojas, “Araña”, de la disidencia de “Mendoza”. Estos dos últimos ya tienen el aval de la Corte Suprema para su extradición, pero el año pasado Petro las frenó y dijo que su decisión se basaba en los avances de ambos procesos.


La exclusión temporal -el comunicado de la OCCP dice que sería solo en la primera fase- de varios extraditables de las ZUT plantea dudas, como, ¿qué tan viable puede ser una negociación si algunos de los hombres con control territorial y peso dentro de las estructuras armadas quedan por fuera de los principales mecanismos diseñados para avanzar hacia un tránsito a la legalidad?


Además, está el eterno dilema entre anteponer los compromisos internacionales -y en este caso la presión de Estados Unidos sobre Colombia- frente a las negociaciones. En algunas de las mesas la inclusión de los mandos en las ZUT ha sido uno de los pedidos claves. Por ejemplo, en el proceso con la disidencia de “Mendoza” la sola mención de que “Araña” no podría entrar a ese espacio fue una de las razones de la pausa del séptimo ciclo en marzo pasado.

Lea también: Petro autorizó traslado de integrantes de grupos armados a cinco Zonas de Ubicación Temporal

¿Qué dicen los delegados?


Por ahora la exclusión de los máximos jefes fue recibida con cautela por las delegaciones del Gobierno con los grupos armados. Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo con la CNEB, reconoció a este diario que la discusión ya venía siendo evaluada desde antes dentro de la mesa y aseguró que el grupo está revisando la situación.


“En este tipo de procesos siempre se producen situaciones complejas. El grupo tiene unas expectativas al respecto, pero existen unas realidades que debemos tener en cuenta. Una de ellas, la pugnacidad electoral que todo lo tergiversa en función de los intereses en juego. Otra, el asunto de la extradición”, dijo Novoa.


Aunque evitó anticipar cómo reaccionará la estructura armada, Novoa afirmó que en cuanto a las fases proyectadas para el proceso hacia la ZUT como lo sugería el comunicado de la Consejería de paz habrá “las fases necesarias para lograr que el grupo haga tránsito a la legalidad”.

Ambas delegaciones en ese diálogo adelantaron una reunión el viernes de la que, hasta ahora, no se conocieron conclusiones.

Desde la mesa del Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC-, el delegado Álvaro Jiménez evitó adelantar posiciones definitivas y señaló que el grupo sigue evaluando las nuevas circunstancias. “Al momento que tengamos información sobre las decisiones que toma el grupo respecto de las nuevas circunstancias, estas serán comentadas”, respondió a este diario el jefe negociador del Gobierno.

También pueda leer: Petro descarta que extraditables del Clan del Golfo, como “Chiquito Malo”, entren a las ZUT

Por ahora, ninguna de las delegaciones de las estructuras armadas se ha pronunciado. Sin embargo, Colombia+20 pudo hablar con Ricardo Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), quien aseguró que excluir a personas con solicitudes de extradición contradice el espíritu de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total), que creó las herramientas jurídicas para hacer viables este tipo de procesos.

“La ley no distingue ni deja margen para excluir a los extraditables: los incorpora expresamente”, afirmó Giraldo y agregó que “no se trata de una atribución que el presidente se invente: es una consecuencia jurídica definida directamente por el Congreso, en desarrollo del mandato constitucional del presidente de conservar el orden público y conducir la política de paz”, indicó.

Para el abogado, la discusión no solo tiene implicaciones jurídicas, sino prácticas pues los hombres pedidos en extradición son quienes concentran el mando responsable y la capacidad real de hacer cumplir órdenes en los territorios. “¿Quién responde frente al Estado y frente a la comunidad internacional por el cumplimiento de lo acordado si los mandos responsables no están en la zona y con orden de captura activa?”, cuestionó.

La pugna con la Fiscalía

Giraldo también aseguró que la propia Fiscalía había sostenido anteriormente -a través de directivas internas y comunicaciones enviadas al Comisionado de Paz, Otty Patiño- que la suspensión de órdenes de captura operaba “de pleno derecho” y no dependía del ente acusador.

Ese mismo argumento fue expresado en el comunicado que esta semana hizo público la OCCP tras conocerse que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se negó a suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo para que hicieran el tránsito hacia las Zonas de Ubicación Temporal.

En contexto: Fiscalía y Gobierno chocan por suspensión de órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

Ahí aparece una de las principales tensiones que hoy rodean la paz total sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno en la construcción de condiciones jurídicas para negociar sin chocar con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la presión de Estados Unidos. El principal argumento del Ejecutivo es que esas decisiones se basan en los avances de la paz total, ¿pero quién determina esos avances y sobre qué bases?

Además, aunque el presidente tiene la última palabra frente a una extradición una vez existe concepto favorable de la Corte Suprema, las órdenes de captura ordinarias siguen dependiendo de jueces y de la Fiscalía General. Esa diferencia jurídica ha sido precisamente uno de los puntos de choque entre el Ejecutivo y la fiscal Camargo.

La extradición de los “paras” y las contradicciones de Petro

La discusión tampoco es nueva en Colombia. El antecedente más cercano ocurrió durante el proceso de desmovilización paramilitar bajo la Ley de Justicia y Paz, cuando el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pese a que ya estaban sometidos a ese modelo de paz.

Ese episodio sigue pesando sobre las actuales negociaciones y suele ser citado por distintos sectores armados como prueba de que entrar a un proceso de paz no necesariamente blinda frente a la extradición.

Petro ha insistido varias veces en que extraditar a actores que participan en procesos de paz puede afectar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y debilitar los procesos de sometimiento.

El presidente lo ha llamado la “fragmentación de la verdad” y parte de ello lo motivó a una mesa con los exparamilitares para que revelaran al país lo que no habían contado al ser enviados a Estados Unidos.

Para el abogado penalista Pedro Nel Escorcia, experto en extradición, en general, el compromiso internacional tiende a imponerse sobre procesos de negociación. “La facultad y el deber, si se puede decir que tiene (el presidente), de extraditar va por encima de una negociación de ese corte”, le señaló a este diario.


Escorcia también aclaró que esa facultad solo la tiene el presidente sobre la extradición, pero que las órdenes de captura ordinarias “siguen siendo competencia únicamente de la rama judicial”.

Las crecientes pugnas entre Gobierno y Fiscalía también pueden deberse a que la Ley 2272 no desarrolla completamente los alcances y los lineamientos que tendrán las ZUT -de hecho, en dicho articulado se usó el mismo párrafo que el que tiene el Acuerdo de Paz con las Zonas Veredales Transitorias-. Y eso sumado a la falta de un marco jurídico para el sometimiento deja abierto a interpretaciones de lado y lado.


En todo caso, el episodio de las Zonas de Ubicación Temporal parece proyectarse como una vía para mantener vivas las negociaciones y, de paso, como la salida del Gobierno para dar forma y presentar algo tangible a su ambiciosa política de paz total.

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La aprobación del presidente Gustavo Petro del ingreso de miembros de cuatro grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) vino acompañada de una condición: los integrantes de esas estructuras que tengan órdenes de extradición vigentes no podrán entrar en una primera fase.

Esa “situación será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República”, se lee en el comunicado emitido este 13 de mayo por la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz.

Según indica ese documento, la decisión se tomó tras una reunión del jefe de Estado con el comisionado de paz, Otty Patiño, y jefes de las delegaciones del Gobierno en los diálogos de paz total. Entre ellos, Álvaro Jiménez, delegado en el proceso con el Clan del Golfo; Armando Novoa, de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; Gloria Quiceno, negociadora en la mesa del Estado Mayor de los Bloques y Frente; y Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo en el tablero de paz de Comuneros del Sur.

Fue para esos cuatro grupos que el presidente autorizó el ingreso a las ZUT.

En contexto: Estos son los grupos armados que entrarán a cinco Zonas de Ubicación autorizadas por Petro

¿Quiénes son los extraditables de esos grupos que no entrarán en esta primera fase a las ZUT?

1. Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, Chiquito Malo

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, es el máximo comandante del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la mayor estructura armada ilegal del país.

En 2018, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por cargos de narcotráfico. De acuerdo con la acusación, aproximadamente desde 2008, Ávila Villadiego “se unió a un concierto para delinquir, se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, y con personas conocidas y desconocidas a bordo de una embarcación sujeta la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia”.

El pasado 13 de enero, la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega al país norteamericano. La decisión final, sin embargo, quedó en manos del presidente Gustavo Petro.

Tras la reunión que sostuvieron en Washington los presidentes Petro y Donald Trump el pasado febrero, Chiquito Malo fue declarado “objetivo de alto valor” por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

En contexto: El sacudón a la paz total tras reunión Petro-Trump: Clan del Golfo y ELN, primeros golpeados

2. Geovanni Rojas, Araña

Geovanni Rojas, conocido como Araña, es el jefe de los Comandos de Frontera, una estructura adscrita a la disidencia CNEB, también en diálogos de paz con el Gobierno Petro.

En febrero de 2025 fue capturado en un hotel de Bogotá tras terminar el tercer ciclo de diálogos. En ese momento, ese grupo armado –así como el Clan del Golfo y Comuneros del Sur– pusieron en tela de juicio la seguridad jurídica y las garantías que el Gobierno Petro da a quienes están en una mesa de paz total.

Esa captura fue sorpresiva, pues los agentes del CTI llegaron hasta un hotel donde se llevaba a cabo el evento y dijeron que la detención se daba bajo una circular roja de Interpol con fines de extradición por un presunto envío “reciente” de drogas hacia Estados Unidos.

Araña es para Estados Unidos un objetivo estratégico vinculado al tráfico de drogas y al control de corredores cocaleros.

Aunque el presidente Petro frenó su extradición a través de la resolución 421 del 18 de noviembre de 2025, desde el pasado 29 de enero, el presidente emitió una serie de pronunciamientos en los que condicionaba la suspensión de su traslado a Estados Unidos al cumplimiento de la erradicación de los cultivos de coca.

Según conoció Colombia+20, una de las razones por las que la CNEB declaró en pausa la mesa el pasado 16 de marzo fue justamente por la preocupación de la delegación de la disidencia sobre el proceso de la ZUT y la posibilidad de que Araña no ingresara.

3. Andrés Allende

Andrés Allende es el máximo comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, también perteneciente al CNEB, que tiene una fuerte presencia en Nariño. Se dice que tiene un rol clave en la articulación de economías ilegales transfronterizas.

En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por narcotráfico. Allende es acusado por ese país de controlar rutas de narcotráfico entre Colombia y Ecuador por la zona del Pacífico y, según el gobierno norteamericano, colabora con el cartel de Sinaloa en la distribución de estupefacientes en las rutas México y Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa.

4. Javier Alfonso Velosa García, John Mechas

Javier Alfonso Velosa García, conocido como John Mechas, es el jefe del Frente 33 de la disidencia de Calarcá que opera en Catatumbo.

Su orden de extradición a Estados Unidos está marcada por el atentado contra el expresidente Iván Duque y el ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde había personal estadounidense. Por ello ese disidente es tan importante para el gobierno norteamericano.

Además del ataque con explosivos, ocurrido en 2022, al CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde fallecieron dos menores de edad.

5. Willinton Henao Gutiérrez, Mocho Olmedo

Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, es el segundo al mando del Frente 33, una de las estructuras más activas del EMBF, y cuyo punto de operación es la región de Catatumbo.

Desde 2023, Estados Unidos busca a Henao para que responda por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia avaló ese pedido de extradición. Sin embargo, dos meses después, el presidente Petro la suspendió por su papel en la mesa de negociación.

De acuerdo con la resolución 186 de 2025, “su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”.

6. Gabriel Yepes Mejía, H.H.

Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H., es el máximo comandante de Comuneros del Sur., el frente que se dividió del ELN en Nariño. En julio de 2022, fue llamado a juicio cuando fue acusado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por tráfico de cocaína.

Según la Corte, “es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína, y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”.

En abril de 2025, la Corte Suprema le avaló su extradición. Sin embargo, en mayo de 2025, el presidente Petro frenó su entrega a Estados Unidos por pertenecer a uno de los procesos más avanzados en la paz total.

La decisión del mandatario se dio en la misma semana en la que la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, denunció presiones para frenar la extradición de H.H.

7. Oliverio Orfilio Pai, Chuky

Oliverio Orfilio Pai, conocido como Chuky, es delegado en la mesa de paz con Comuneros del Sur y es uno de los delincuentes más buscados en el suroccidente del país por las acciones cometidas durante su paso por el ELN.

En noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación suspendió su órden de extradición, así como la de otros 10 miembros de Comuneros del Sur.

8. Jorge Wilfredo Rosero Marín, Fercho

Jorge Wilfredo Rosero Marín, conocido como Fercho, también pertenece a Comuneros del Sur y tiene una circular azul de Interpol por narcotráfico.

Al igual que Orfilio Pai, su orden de extradición fue frenada por el ente de control en noviembre de 2024.

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Las decisiones sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) siguen moviendo el tablero de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a menos de tres meses de su salida de la Casa de Nariño.

Este miércoles en la noche, el jefe de Estado autorizó el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco de esas zonas, definidas en la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.

Estos espacios han sido concebidos como áreas delimitadas donde miembros de estructuras armadas harán tránsito hacia la vida civil con acompañamiento estatal y mecanismos de verificación. La Ley, sin embargo, no explica cómo.

En contexto: Lo que debe saber sobre las Zonas de Ubicación Temporal para los grupos armados

Colombia+20 conoció dónde estarán ubicadas esas cinco Zonas de Ubicación Temporal y qué grupos armados harán presencia en ellas:

1. Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba: Catatumbo. Esta será solo con el Frente 33 que opera en esa región de Norte de Santander.
2. Comuneros del Sur: Nariño.
3. Clan del Golfo: Tierralta, Córdoba. Esto significa que no avanzarán, por ahora, las zonas de ubicación que se habían contemplado para Chocó.
4. Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza: una estará en Nariño y otra en Putumayo.

El Gobierno precisó que, en una primera fase, a estas zonas no ingresarán personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Esto incluye a Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, y Araña, jefe de los Comandos de Frontera, una estructura adscrita a la CNEB.

Tensiones entre el comisionado de paz y la fiscal general

El anuncio se produjo en medio de una creciente tensión entre la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Fiscalía General de la Nación. El tono se ha elevado tanto que durante el consejo de ministros que se dio el miércoles, el jefe de la cartera de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión entre la fiscal, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de paz, Otty Patiño, para “aclarar, precisar y reafirmar” la posición del Gobierno.

La Ley de Paz Total contempla la suspensión de órdenes de captura para integrantes de grupos armados incluidos en los listados entregados por las delegaciones y avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sin embargo, hace dos días, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que no suspendería las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para permitir su ingreso a las ZUT, como lo había solicitado la consejería de paz.

El ente investigador señaló que la información recibida por parte del Gobierno nacional “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”.

En el comunicado de la Consjería se respondió a la decisión de la Fiscalía y se subrayó que la dirección de la política de paz y del orden público corresponde “de manera exclusiva” al Presidente de la República.

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Cuando Olivier Dubois llegó a asumir el rol de jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Bogotá en febrero pasado, se encontró con un país que ya no encuentra dónde guardar tanto sufrimiento. Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de la última década, marcada por una reconfiguración del conflicto armado, o de los conflictos armados, como el CICR prefiere llamarlos.

Dubois acumula 28 años de experiencia en la organización. Antes de asumir su cargo en Colombia, sirvió como jefe de la Delegación Regional para México y América Central, donde lideró la respuesta humanitaria del CICR en México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, y tuvo bajo su responsabilidad la estrategia de cooperación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en esa región.

Con esas casi tres décadas de experiencia en contextos de guerra en distintos rincones del mundo, el jefe del CICR habla con la cautela de quien ha visto que el dolor se repite bajo distintos nombres, fronteras y actores armados. Por eso evita comparar cifras entre países. Dice que hacerlo puede desviar la mirada de lo esencial, que son las consecuencias de la violencia sobre la población civil.

“Al final, lo que importa es el impacto sobre el niño, la niña, la mamá. Si tu familia está en un lugar en el cual hay presencia militar, hay enfrentamientos o un actor armado ha dejado artefactos explosivos en tu cultivo, el impacto es el mismo para ti que en otros lugares”, afirma.

En entrevista con Colombia+20, Dubois conversa, entre otras cosas, sobre el más reciente informe del CICR sobre Colombia, los límites de la respuesta humanitaria frente a los recortes presupuestales y el aumento de las violaciones al DIH en medio de la reconfiguración de la guerra.

¿Cuáles son esas afectaciones que más le preocupan en los focos de violencia que describe el informe?

Creo que el informe es claro en que no todo el territorio de la República está impactado. Hay una diferencia en la forma en la cual el conflicto impacta a diferentes departamentos. Y en 2025 el informe ha sido bastante claro en que Norte de Santander ha tenido un lugar desproporcionado en términos de números de afectaciones.

Porque sí, el conflicto se intensificó y no hay una resolución, y lo vemos aún ahora en 2026: Norte de Santander, Catatumbo, sigue siendo una zona de conflictividad importante. Entonces hay que ver eso, no son todos los territorios impactados de la misma manera.

Después, cifras e impactos pueden ser relativos. Si hablamos de confinamiento y de su impacto en Norte de Santander, ha sido algo diferente en 2025 frente al Chocó, donde es un hecho un poco más histórico.

Lo que también me llamó la atención del informe fue que en Guaviare casi el 20 % de la población ha sido confinada en 2025. Por supuesto, es un territorio con poca población, ese porcentaje de la población quiere decir que toda una región ha sido, no voy a decir completamente paralizada, pero sí con una afectación mayor en toda la región. Y eso también llama la atención sobre ir un poco más allá de la cifra.

El documento dice que la mayoría de violaciones del DIH no ocurrieron en medio de los combates, sino fuera de ellos. ¿Qué lectura hace el CICR sobre esta forma de operar de los grupos armados?

Eso es probablemente resultado de la complejidad de los conflictos y, a veces, de la fragmentación y refragmentación de diferentes grupos.

Entonces, lo que vemos son realmente comunidades que se encuentran en medio de una disputa. No se trata únicamente de escapar o de protegerse durante los enfrentamientos, sino de tener el miedo de estar a merced del reclutamiento, de posibles atentados a la integridad física y, por supuesto, de tener una gran dificultad para seguir haciendo sus tareas habituales, sus cultivos, por ejemplo.

Estamos convencidos de que no es inevitable. Por eso este informe no es solamente una descripción de hechos, una acumulación de cifras; es un llamado a las partes en conflicto para que respeten el DIH tanto durante los enfrentamientos, como también cuando están en zonas pobladas, cuando tienen bajo su control —o cualquier nombre que podamos usar— a población civil que no participa en las hostilidades.

Hay que realmente asegurarse del respeto del derecho internacional humanitario y del respeto a la integridad y la dignidad de las personas.

El informe describe 2025 como el año más grave de la última década. ¿Qué fue lo que más lo impactó al llegar a Colombia y encontrarse con la realidad de las comunidades más golpeadas por la guerra?

Al llegar acá, vi primero cifras de nuestras operaciones del día a día y noticias de enfrentamientos o de afectaciones, pero lo que me faltaba era realmente darme cuenta de la realidad.

Entonces tuve la oportunidad de acompañar a parte de mis equipos a algunas de las zonas afectadas; quizás no las más afectadas a nivel de cifras como las que señala el informe, que es Norte de Santander, pero tuve la oportunidad de ir a Caquetá, de acompañar a mis equipos, encontrar comunidades que están en medio de una disputa entre dos grupos armados y de ver también la realidad del trabajo que mis equipos pueden hacer acá en Colombia, tanto como ayuda directa a la comunidad, como este diálogo tan importante de recordar a las partes en conflicto la importancia de respetar a la población, de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de tomar una forma de responsabilidad sobre sus actos. Después tuve la oportunidad de ir a Quibdó, otra realidad colombiana.

También me encontré con comunidades recién afectadas por enfrentamientos, comunidades que han sufrido diferentes episodios de confinamiento y tuve la oportunidad de hablar y discutir sobre lo que significa concretamente el confinamiento para su capacidad de vivir, de crecer, de educar a los niños. Tuve la oportunidad también de encontrar el personal de salud allá y ver el impacto del confinamiento que a veces no respeta el acceso a la salud, la posibilidad de sacar un herido a tiempo para que llegue a un centro de salud.

Entonces eso me impactó bastante porque informes y cifras son una cosa, pero hablar con la gente afectada y ver el territorio es indispensable para poder intentar incidir y también en mi rol apoyar a mis equipos.

Usted señala en el informe que llegó a Colombia con la claridad de que este “contexto requiere respuestas prontas, consistentes y adaptadas a las múltiples realidades locales”. En el tiempo que lleva en el país –y con una guerra hoy reconfigurada–, ¿siente que el CICR está logrando eso, o la magnitud del conflicto supera su capacidad de respuesta?

Es una pregunta difícil. Por un lado, tengo la impresión de que sí, el CICR, por su proximidad con las comunidades y su escucha, ha logrado adaptar su respuesta y responder de manera rápida cuando ocurre un cambio para las comunidades. Ha tenido también la posibilidad de coordinarse con otros actores, incluyendo los actores de gobierno, para que el esfuerzo sea coordinado cuando se pueda.

Después, la otra parte de la respuesta es más compleja. A nivel puramente humanitario, la capacidad de respuesta humanitaria –que generalmente es una respuesta temporal y limitada en algunos aspectos, pero necesaria–, lo que hemos visto es una reducción importante de la capacidad y de la presencia de actores humanitarios en el país por razones de reducción presupuestaria, una tendencia mundial que impacta también a Colombia. Nosotros también tuvimos que adaptarnos.

Entonces no va a ser suficiente. Hay un riesgo y un dolor para mis equipos de no poder alcanzar a estar presentes, dar respuesta a lo largo de la necesidad de todas las comunidades y las personas afectadas.

¿Qué prioriza ahora el CICR tras la redución de un 30 % de su prespuesto en el país?

La fuerza y la especificidad del CICR en Colombia es la capacidad de llegar a zonas en las cuales otros actores no van a tener las garantías suficientes para acceder y entonces favorecer esta proximidad territorial. Por eso nos quedamos con 10 estructuras en Colombia, lo que, en comparación con otros países afectados por conflictos armados, es importante. Primero sí, enfocar esta prioridad porque hay una especificidad, hay esta presencia, este diálogo que hemos mantenido con muchos actores; favorecer eso.

Segundo, favorecer justamente las acciones que tienen un impacto que llamamos de protección y que favorecen no solamente la respuesta en alimentos, sino que pueden reducir la ocurrencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Entonces, enfatizar sobre los efectos directos de las hostilidades y los efectos que impiden realmente a la población ser protegida. Enfocamos esos dos aspectos y coordinamos, cuando se puede —y hay muchas oportunidades, es un deber—, con otros actores para que la ayuda llegue.

Un ejemplo bastante claro para ilustrar eso es el desplazamiento. Muchas veces comunidades o individuos se desplazan de un lugar que es arriesgado y van a un lugar en el cual esperan tener más seguridad, pero también recibir ayuda de la alcaldía, de otros actores, etcétera.

Entonces, no nos enfocamos tanto en las personas que han logrado llegar, pero tenemos, desde nuestra perspectiva, una preocupación aún mayor por las personas que están obligadas a permanecer confinadas en sus lugares, con la presencia, si no constante, por lo menos intermitente, de personal armado.

El CICR documentó 845 presuntas violaciones al DIH y, aunque las cifras son alarmantes —como el aumento del desplazamiento y el confinamiento—, usted ha insistido en que el impacto va mucho más allá de los números. Desde lo que han visto en terreno, ¿cómo están afectando estas violencias el tejido social y la vida comunitaria?

Creo que sí, el tejido social está bastante afectado, especialmente por lo que yo vi y lo que escuché de mis colegas. Cuando la dinámica de los conflictos hace que una misma comunidad deba enfrentarse o convivir con diferentes actores y grupos armados, la presión social que eso genera es bastante impactante.

Eso afecta la capacidad de la comunidad de convivir y de seguir afrontando la realidad, una vida que ya no es fácil en muchos lugares, y además tener que afrontar esta realidad adicional de violencia como comunidad.

Hablemos un momento de Catatumbo. Hace poco más de un año se desató en esa región la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años. ¿Ha visto cambios para bien o para mal en Catatumbo? ¿Qué le preocupa?

Lo que es preocupante en Catatumbo, por ser una región en la cual no fue únicamente un evento sino una continuación, es finalmente el acumulado y la multiplicación de afectaciones: desplazamiento; dificultades para acceder a la salud o recibir atención; dificultades para tener enseguida acceso a la educación por la presencia continua, en zonas pobladas, de actores armados.

Entonces, es eso lo que preocupa cuando vemos que la misma zona sigue en el foco. Hay un efecto acumulativo sobre comunidades que cada vez van a tener menos oportunidades de resiliencia, de sobrevivir frente a las afectaciones.

Hay otro tema que aborda el informe y es el uso de drones explosivos, especialmente preocupante en zonas como Catatumbo. Además del riesgo físico, estas prácticas tienen impactos en la salud mental de las comunidades. ¿Qué tan preparados están los equipos del CICR para documentar y responder a este tipo de violencia?

Es una realidad reciente y una realidad que se está desarrollando rápidamente. Pienso que sí, que esta realidad va a acompañarnos y traer más complejidad en los meses y años que vienen.

Creo que todavía no estamos totalmente preparados, tanto para entender el riesgo sobre la población como el riesgo para actores humanitarios. Entonces, sí creo que hay que apurarnos en entender bien el fenómeno. Hay que reiterar que el Derecho Internacional Humanitario es aplicable a este tipo de tecnología y que las precauciones para que no afecte a la población civil son esenciales.

Y creo que hay un tema importante en un país como Colombia, que ha desarrollado muchas herramientas para abordar situaciones difíciles con comunidades, como el tema de minas antipersonales. Hay que adaptar eso a esta nueva realidad y a este nuevo riesgo.

Y tú lo mencionaste al inicio, no son únicamente cifras de personas heridas o fallecidas por artefactos lanzados, incluyendo drones. Más bien, los drones están generando un nuevo miedo y una incertidumbre en comunidades y territorios de una manera novedosa.

Usted habla de la sensibilización como uno de los objetivos del informe. ¿Cómo hacer para que violencias que se dan en el conflicto y que muchas veces son invisibilizadas, como la violencia sexual, no queden reducidas a cifras? ¿Cómo se sensibiliza también a las partes de conflicto más allá de la publicación de este informe?

Es cierto, la violencia sexual tiene un subregistro importante que sigue siendo un desafío, incluso para nuestros equipos, que cuentan con colegas bastante capacitados para abordar este tema. Pero es bastante difícil saber exactamente lo que está pasando, especialmente cuando aumenta la presencia de actores armados en una zona por un tiempo. Entonces, creo que es una dificultad importante.

Hay que visibilizarlo porque es bastante fácil pensar que no existe cuando no es visible. Entonces, creo que tenemos un deber de mencionarlo. Es una realidad en diferentes conflictos, una realidad que muchas veces no se reconoce.

Para nosotros es una preocupación que mencionamos de manera diaria en nuestro diálogo con las partes en conflicto. Lo mencionamos y no aceptamos una respuesta de que eso no existe, porque sabemos que existe. ¿Qué hacer? ¿Cómo asegurarse de que eso se pueda minimizar? Eso es algo que probablemente es mucho más fácil de organizar con fuerzas estatales, pero también se debe hacer con actores armados no estatales.

El informe tiene una cifra que a mí me importa mucho: durante 2025, colegas del CICR tuvieron más de 500 diálogos directos con las partes en conflicto. Es decir, este acceso al territorio y esta presencia hacen posible que podamos hablar de esas cosas con los actores armados.

¿Qué respuestas se han encontrado por parte de los grupos armados ilegales en esos encuentros? ¿Cree que esos espacios sí tiene algún efecto?

El hecho de que continuamos es porque sabemos que es útil. Después, por la forma en la que trabajamos y por la importancia que tiene para nosotros no estigmatizar a un grupo particular frente a otro, o decir “ese lo hizo bien, pero el otro mal”, no puedo realmente entrar en detalles sobre este tipo de discusiones.

Lo que me parece interesante al llegar a Colombia es que tenemos un diálogo que puede estar basado en el DIH. Y eso no existe en todas las partes del mundo. Aquí, con la mayoría de los grupos y con las fuerzas públicas, por lo menos podemos tener una base común de diálogo. Eso me parece importante. No es suficiente y las cifras lo demuestran, pero esta base es fundamental.

Y también esperamos que eso pueda seguir, porque creo que es parte del camino para tener en los próximos años un informe menos preocupante.

Todas esas afectaciones humanitarias, señala el informe, son el resultado de un proceso progresivo que el CICR ha advertido desde 2018. ¿No se escucharon esas advertencias a tiempo? ¿Qué está fallando?

Es una pregunta bastante difícil. Es difícil de decir cuál sería la receta ideal, pero lo que sabemos de experiencia tanto acá como en otros lugares es que mientras tanto haya conflicto, si se respeta el Derecho Internacional Humanitario, las afectaciones a la población civil se van disminuyendo. Y eso creo que es un paso, como lo mencioné, importante para seguir avanzando en en Colombia.

Los ataques contra el personal de salud tienen una cifra especialmente alarmante en territorios donde el acceso al sistema de salud ya es muy limitado. ¿Cómo impactan estas agresiones no solo a las comunidades, sino también a la labor humanitaria que ejerce el CICR en esas zonas?

Creo que es una preocupación importante. Hay que recordar que una persona que está fuera de combate por estar herida —quizás alguien que hizo parte del combate, pero que resultó herido— tiene una protección especial en el DIH y debe ser atendida, cualquiera sea su afiliación.

Ese es un primer punto importante: reconocer que los actores de salud son personas neutrales, que atienden a quienes realmente necesitan una atención inmediata.

El segundo punto es que una forma de control territorial, por uno u otro actor, no debería impedir el acceso a servicios de salud en esos territorios. Y eso me parece importante porque lo que hemos visto son amenazas al personal de salud, prohibiciones de acceder a un territorio o a otro. Y lo lamento porque es realmente la base no solamente del DIH, sino también del respeto a la dignidad humana cuando se trata de personas enfermas o heridas.

Entonces, sí podemos ayudar, especialmente en zonas donde no hay necesariamente un acceso posible o factible a servicios de salud estatales. Pero preferimos, por supuesto, primero facilitar el acceso de los servicios de salud existentes del Estado, porque creo que es una tarea de desarrollo bastante importante en todo el territorio.

Queremos facilitar eso y no reemplazar ese servicio; no es la vocación de un organismo humanitario. Pero a veces sí debemos actuar, especialmente para evacuar heridos de zonas de gran tensión. Y en ese sentido el contacto con todas las partes es esencial. Creo que sí lo podemos lograr, pero no debería ser una lucha, debería ser algo bastante simple.

Otra afectación humanitaria que se menciona en el informe y es la desaparición. El documento advierte que el aumento de las hostilidades en 2025 hizo que, en muchos casos, no se garantizaran la recuperación e identificación de personas fallecidas en medio de la guerra. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad del Estado y de los actores armados para cumplir incluso obligaciones humanitarias mínimas?

Lo que indica el informe es que, por parte del CICR, hemos registrado más de 300 nuevas desapariciones. Eso no quiere decir que sea el universo total de nuevas desapariciones en el territorio. Quiere decir que todavía hay desapariciones.

Lo que nos preocupa justamente es que, a pesar de la existencia de mecanismos más amplios, más robustos y más capacitados para ayudar en la identificación de cuerpos; estoy hablando, por ejemplo, tanto de Medicina Legal como de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que nació del Acuerdo de Paz de 2016 y tiene una presencia territorial importante.

Seguimos observando que, a veces, por periodos de confinamiento y de enfrentamientos continuos en algunas zonas, los cuerpos pueden quedarse en un lugar sin que se tomen las medidas mínimas para asegurar, primero, un trato digno del cuerpo y, segundo, la posibilidad de que esos cuerpos entren en lo que llamamos en el informe “la ruta estatal”, porque es la mejor ruta para responder a la ansiedad, la angustia y la incertidumbre de una familia.

Entonces, también es parte del diálogo que tenemos con los actores armados. Esperamos que no impidan eso, que compartan información con nosotros y que acepten el acceso de esos actores para justamente facilitar esta labor, que tiene un componente humanitario muy fuerte: dar respuesta a una mamá, a una familia.

¿Qué enfrentamientos le preocupan más y en qué zonas del país?

Lo que a mí me preocupa es que los enfrentamientos, más allá de mencionar uno en particular, se estén localizando también en zonas pobladas, porque es ahí donde las afectaciones son mayores.

Y por eso creo que es importante recordarles a las partes la necesidad de no poner en riesgo a la población civil. Eso debe estar presente no solamente durante los enfrentamientos, sino también antes.

A mí me impactó, en algunas de mis visitas y en informes que he leído, ver que las escuelas siguen ocupadas por personas armadas o que están ubicadas justo al lado de actores armados. No hablamos necesariamente de enfrentamientos, pero sí de comportamientos que ponen en riesgo a la población civil, en este caso a los menores de edad.

Usted afirma que Colombia no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias del conflicto armado. Con base en los hallazgos de este informe, ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en materia humanitaria para que los próximos informes muestren mejoras reales?

Creo que el mensaje va no solamente al próximo gobierno, sino también a los congresistas recién elegidos y a todas las partes en conflicto que siguen presentes en el territorio: por favor, no olviden que hay un marco jurídico, que es el Derechos Internacional Humanitario, que debe respetarse.

Eso puede ser la base, primero, para una disminución de las afectaciones a la población civil y, segundo, quizás para construir una ruta de salida de los conflictos.

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El Acuerdo de Paz llegará a sus 10 años en medio de una transición presidencial y con una implementación todavía incompleta. A pocos meses de la salida del presidente Gustavo Petro del poder y de la llegada de un nuevo o nueva presidenta, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame presentó el miércoles su informe anual, donde advierte sobre los riesgos políticos e institucionales que enfrenta el pacto.

Aunque el documento mantiene su foco en medir los avances y rezagos de la implementación, esta vez incorpora un énfasis especial en los retos que enfrentará el Acuerdo de Paz durante la transición política y gubernamental de este año. “El décimo año de implementación coincide con un momento de transición política que puede redefinir el rumbo del Acuerdo Final”, señala el informe.


Aparte del balance sobre el estado de los seis puntos del Acuerdo -en el que el Instituto Kroc advierte que el 43 % de las disposiciones permanecen “en estados mínimos o no iniciados”-, el informe incluye un capítulo de “acciones estratégicas” dividido en tres momentos específicos sobre el cierre del actual Gobierno, los primeros 100 días de la próxima administración y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.


El eje transversal de esas acciones es la continuidad institucional. Kroc insiste en la necesidad de evitar rupturas durante el cambio de gobierno y propone medidas para garantizar la sostenibilidad política, técnica y presupuestal de la implementación y de las entidades que hacen posible esa ejecución. No es menor la petición, pues en esta campaña varios candidatos y candidatas han afirmado que, por ejemplo, se desmonte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o que se acabe.

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En ese sentido, una de las principales alertas del informe tiene que ver con la necesidad de blindar financieramente las instancias encargadas de hacer seguimiento al Acuerdo. Específicamente al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda le pide: “Continuar fortaleciendo las fuentes de financiamiento del Acuerdo de Paz, como el Presupuesto General de la Nación, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) y el mecanismo de obras por impuestos, asegurando que estos recursos puedan ser monitoreados a través de los trazadores presupuestales de paz”.


El documento también plantea que la actual administración debería convertir el empalme de paz en una prioridad política y técnica. Para eso le propone a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que hoy lidera Gloria Cuartas, que coordine un informe sectorial completo sobre el estado de la implementación, incluyendo indicadores, procesos normativos pendientes y avances presupuestales.


La preocupación del Instituto es que buena parte de la implementación depende de capacidades técnicas e institucionales que podrían perderse durante el cambio de gobierno.


Las recomendaciones para quien llegue a la Casa de Nariño


Entre las primeras tareas menciona el nombramiento inmediato de la persona que liderará la Consejería de Paz y “encargarle la elaboración de un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno orientado a activar las instancias institucionales de implementación del Acuerdo Final”.

Este plan, dice el Instituto Kroc, debería incluir la designación de las personas representantes del Gobierno en las instancias implementadoras, construir acuerdos con el Congreso para sacar adelante proyectos que contribuyan a la ejecución del pacto de 2016 y presentar ante la Corte Constitucional una propuesta clara sobre el diseño institucional encargado de coordinar la implementación.


El documento también hace énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento internacional. Entre otras medidas, propone que la Cancillería diseñe, junto con al jefe de la Misión de Verificación de la ONU, una estrategia diplomática para recuperar el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la misión en Colombia.


La recomendación no es menor si se tiene en cuenta que, aunque sigue el apoyo del Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo de Paz, el año pasado por una petición de Estados Unidos se redujeron las tareas de la Misión de Verificación, entre ellas el monitoreo a las sanciones propias de la JEP.

¿Cómo va la implementación?


Todo esto ocurre en medio de un balance todavía desigual. Según el informe, solo el 36 % de las 578 disposiciones del Acuerdo están completamente implementadas, mientras que el 43 % permanece en estado mínimo o ni siquiera ha comenzado.


Los mayores rezagos siguen concentrados en la reforma rural. Aunque el Gobierno alcanzó cifras históricas en adjudicación de tierras, el avance frente a la meta total de tres millones de hectáreas apenas llega al 2,4 %.


Este tema ha estado en el centro del debate esta semana tras los retrasos que ha tenido la discusión de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria que reglamentará el funcionamiento de ese tribunal creado para dirimir los conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, el origen de la guerra en Colombia.

El informe también documenta que apenas el 13 % de las disposiciones con enfoque de género y el 14 % de las étnicas han sido implementadas completamente.

En paralelo, el reporte realzó las primeras sanciones propias contra antiguos miembros de las FARC y militares dadas el año pasado. Sin embargo, advierte que su ejecución enfrenta retos de financiación, seguridad y articulación institucional.

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El presidente Gustavo Petro autorizó este miércoles el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se tomó en una reunión entre el mandatario; el comisionado de paz, Otty Patiño; y varios delegados del Gobierno en las distintas mesas y espacios de diálogo con grupos armados. Allí se presentó un balance sobre avances, logros y dificultades de cada proceso.

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“En desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el Presidente de la República autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco (5) Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados”, dice el comunicado difundido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Aunque el comunicado no lo precisa, Colombia+20 conoció que las cinco Zonas de Ubicación Temporal serán: Una en Catatumbo en el marco del proceso con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), de Calarcá Córdoba. La otra en Nariño en el marco del proceso con Comuneros del Sur. La tercera es la de Tierralta, Córdoba, con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Las otras dos son con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) -la disidencia de Walter Mendoza- que estarán ubicadas en Nariño y Putumayo.

El Gobierno precisó que, en una primera fase, a estas zonas no ingresarán personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes.

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“En la primera fase de implementación de las ZUT, no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes”, dice el comunicado.

Sin embargo, esa condición “será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República”, según señala el documento. Sobre este tema, el presidente ya había adelantado el martes que debían excluirse a los integrantes de grupos armados con órdenes de extradición.

Entre los nombres incluidos para la ZUT con el Clan del Golfo estaba el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Con esta decisión, la otra persona que se descarta su ingreso es Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, y miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con quien también se proyecta una ZUT.

En la reunión participaron los jefes negociadores del Gobierno Armando Novoa (de la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano), Carlos Erazo (del proceso con Comuneros del Sur), Gloria Quiceno (del diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frente), Mauricio Silva (del espacio con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), Álvaro Jiménez (delegado ante el Clan del Golfo), Isabel Zuleta (del proceso con bandas del Valle de Aburrá), Fabio Cardozo (del espacio con bandas de Buenaventura), Alexander Castillo (del proceso con bandas de Chocó) y Camilo Pineda (del diálogo con bandas de Barranquilla), quienes presentaron un balance sobre los avances, logros y dificultades de los distintos procesos de negociación y sometimiento que impulsa el Ejecutivo.

El choque entre el Gobierno y la Fiscal

El comunicado también subraya que la dirección de la política de paz y del orden público corresponde “de manera exclusiva” al Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, en línea con el artículo 189 de la Constitución y la Ley 2272 de 2022, que dio sustento jurídico a la política de paz total.

Tanto la reunión como la decisión tomada por el presidente se da en medio de la tensión con la Fiscal General. De allí la precisión de que las órdenes y dirección de la política de paz vengan solo del mandatario.

El martes, la Fiscal General de la Nación decidió no suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo tras la comunicación que el viernes le dio en ese sentido la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).

Aunque la OCCP había expedido la Resolución 120 de 2026 para facilitar el tránsito de esos 29 miembros del Clan del Golfo hacia las Zonas de Ubicación Temporal el próximo 25 de junio, la fiscal Luz Adriana Camargo, aseguró que las capturas seguirán vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones legales y el estado real del proceso.

La Fiscalía sostuvo que la suspensión automática no puede aplicarse sin antes comprobar aspectos como la identificación de los integrantes, su pertenencia efectiva al grupo armado, la entrega de armas, la desarticulación de estructuras y el cumplimiento de compromisos humanitarios.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y, a través de un comunicado, el comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció sobre el tema y en un comunicado difundido este miércoles apoyó a la fiscal Camargo.

El alto tribunal expresó que “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz”.

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La Amazonía, el llamado pulmón del mundo, está pasando por una mutación silenciosa y peligrosa por cuenta de los grupos armados presentes entre sus selvas y ríos, y que amenaza en convertirla en un gran corredor transnacional que mezcla narcotráfico, minería ilegal, control territorial, lavado de activos y expansión regional.

El nuevo informe de la organización International Crisis Group titulado El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado advierte que el crimen organizado se ha consolidado como uno de los principales motores de destrucción de la selva tropical más grande del planeta, aprovechando la debilidad estatal, las fronteras porosas y la expansión de economías ilegales.

En ese nuevo mapa amazónico aparece Comandos de Frontera, una de las estructuras de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza y con la que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogos. Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, es el jefe de Comandos de Frontera.

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Según el informe, ese grupo armado ilegal dejó de ser una estructura localizada en Putumayo y hoy es uno de los actores que mejor logró aprovechar las condiciones de la selva para crecer en número de hombres y ser parte de una red regional conectada con Perú, Ecuador y Brasil.

“Con el crecimiento de sus filas, Comandos de la Frontera ha extendido su influencia a Perú, donde paga a campesinos para que arrasen los bosques y los conviertan en plantaciones de coca al sur del río Putumayo, la frontera natural entre Colombia y Perú”, indica el documento.

La organización también habría consolidado vínculos con Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador. Según Crisis Group, esa alianza le permite participar en la exportación de cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal de oro en territorio ecuatoriano.

Ambas estructuras -Comandos y Los Lobos- se enfrentan a Los Choneros, otro grupo ilegal de Ecuador que ha emprendido una “violenta campaña” de expansión, como lo califica el informe, para quedarse con esas rutas de narcotráfico.

El informe ubica a los grupos colombianos como piezas centrales dentro de las economías ilegales amazónicas. Además de Comandos de la Frontera, menciona al ELN y a disidencias de las antiguas FARC como actores que han logrado combinar control territorial, regulación de economías ilícitas y expansión transfronteriza.

En el caso del ELN, el documento señala que mantiene presencia en zonas del sur de Venezuela -particularmente en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro- desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.

Todo ese cóctel explosivo -al que se suman redes venezolanas y los grupos brasileros Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC)- tiene acorralada a la población civil que ha sido víctima de asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación-.

Según el informe, estas estructuras ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

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“En lugares como Tabatinga, en la frontera de Brasil con Colombia, grupos criminales como Comando Vermelho difunden en redes sociales listas de personas a las que pretenden asesinar, incluyendo supuestos rivales y sus colaboradores, con el fin de silenciar toda oposición”, dice el informe.

Y agrega: “A pesar de sus diversos orígenes, todos estos grupos criminales han aprendido que controlar a los habitantes de determinada zona les da poder. Estos grupos se han infiltrado en las comunidades, donde buscan eliminar o cooptar a los líderes y explotar a la población civil como escudos humanos, mano de obra barata y desechable, así como someterla a prácticas depredadoras como la extorsión. Quienes se resisten enfrentan represalias violentas”, dice el informe que reporta que entre 2012 y 2022, la Amazonía concentró gran parte de los casi 2.000 defensores ambientales y del territorio asesinados en todo el mundo. “Colombia y Brasil representaron más del 40 por ciento del total”, dice Crisis Group.

Crisis Group también advierte que las alianzas entre estructuras colombianas y organizaciones extranjeras son cada vez más frecuentes y funcionales. Algunas veces cooperan para mover cargamentos de cocaína o proteger rutas y minas; otras veces entran en disputa por el control de corredores estratégicos.

El informe incluso señala que organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y PCC han encontrado en grupos colombianos socios locales para consolidar cadenas de suministro regionales.

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“Una corporación transnacional”

La red criminal que se ha formado en esa región se concentra en el narcotráfico donde cada grupo armado ha encontrado su propia forma de lucrarse en esa cadena de suministro. Un funcionario de las fuerzas de seguridad de Perú afirmó que el negocio funciona como una “corporación transnacional”.

En el informe se detalla que en el caso de los grupos colombianos como el ELN y las facciones disidentes de las FARC se dedican a “controlar” y “gravar” a productores de coca y pasta base de cocaína y que también se encargan del transporte local.

El documento sostiene que el crecimiento de esas economías ilícitas ha permitido que los grupos colombianos pasen de controlar zonas puntuales a insertarse en cadenas regionales de producción y exportación. La Amazonía, señala el informe, dejó de ser una retaguardia periférica y se convirtió en un nodo central para el narcotráfico continental.

Los grupos ecuatorianos -Los Lobos y Los Choneros- “participan tanto en la producción como en el transporte desde la región amazónica hasta Guayaquil”.

En el caso de las brasileñas Comando Vermelho y el PCC “compran a productores de Bolivia, Colombia y Perú”. Otros grupos más pequeños venden la droga o hacen trabajos menores para las estructuras armadas.

El impacto ambiental de la minería y la droga

Pero, además de que los grupos estén modificando las dinámicas de seguridad y amenazando a la población, sus actividades ilegales -que incluyen también la minería ilegal – están destrozando el delicado equilibrio ambiental de toda la cuenca amazónica.

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la Amazonía no es simplemente el escenario donde operan estas organizaciones, sino una de las razones que explican su crecimiento y la víctima más grande de toda la red de tráfico de droga y de oro que se está tejiendo.

“Los ríos son sus autopistas”, dice el informe que cita a un alto funcionario de las fuerzas de seguridad.

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Cada corredor fluvial abierto por las organizaciones criminales termina transformando el ecosistema alrededor suyo. El informe explica que las redes ilegales usan los ríos como ejes para instalar laboratorios de cocaína, pistas clandestinas, campamentos mineros y nuevas rutas terrestres que fragmentan la selva.

“Más del 70 por ciento de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 km de alguno de ellos. Los mismos grupos delictivos que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal a menudo reinvierten sus ganancias en ganadería y otras industrias gestionadas principalmente con dinero en efectivo, exacerbando así el daño que causan a la selva”, se explica en el informe.

Crisis Group afirma que como para tener minería ilegal o cultivos de coca es necesaria la deforestación, que se ha convertido en otro de los impactos de los grupos armados sobre el medio ambiente e indica que ambas actividades “invaden las áreas protegidas”.

Así mismo se insisten en que la expansión de esas economías ilegales deja una huella química y física sobre la Amazonía y que en el caso de la minería “causa daños más profundos y permanentes, convirtiendo los bosques en terrenos desolados de pozos desbordados y sedimentos” y agrega que datos de 2024 “muestran que al menos dos millones de hectáreas de la selva amazónica sufrieron esta suerte; un aumento del 52 por ciento en seis años”.

Además, a los ríos y quebradas han llegado durante años sustancias que los contaminan -como por ejemplo el mercurio, usado para la minería-, que afectan la pesca, el agua potable y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas.

“Debido a la contaminación de los ríos, los niveles de mercurio en la sangre de los integrantes de los pueblos yanomami y munduruku superan los umbrales de la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca daños neurológicos y enfermedades crónicas en poblaciones con escaso acceso a la atención médica”, señala.

En el caso del narcotráfico, Crisis Group señala que los laboratorios que procesan hoja de coca descargan residuos como acetona, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico directamente sobre los suelos y fuentes hídricas. Así mismo los cultivos de coca requieren la expansión de rutas y laboratorios y eso implica la apertura de caminos y tala de selva.

Y por si no fuera poco, varias denuncias registradas en el informe afirman que el acceso a las drogas ha provocado un aumento en el consumo de sustancias, especialmente por parte de jóvenes indígenas. “Aunque no existen estudios epidemiológicos sobre este fenómeno, las autoridades brasileñas afirman que la dependencia de las drogas, en particular del crack, se está extendiendo entre los jóvenes indígenas de Brasil. En otros lugares, los pagos en pasta base de cocaína a los campesinos por sus cosechas de coca han propiciado un mayor consumo de la droga. El consumo de cocaína parece estar aumentando entre los trabajadores de la comunidad indígena”, se indica.

El informe también dedica un capítulo completo a las respuestas estatales y advierte que, hasta ahora, los gobiernos amazónicos están reaccionando más lento que las organizaciones criminales. Aunque varios países han realizado operaciones militares y policiales contra minas ilegales, laboratorios y rutas del narcotráfico, Crisis Group sostiene que esos esfuerzos suelen ser fragmentados, temporales y poco coordinados entre países vecinos.

El informe pide controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas para evitar que productos ligados a la destrucción ambiental y al crimen organizado terminen entrando a mercados legales internacionales.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció este martes sobre el proceso que se adelanta para que miembros del Clan del Golfo entren en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para su tránsito a la vida civil y dejó claro que no entrarán quienes tengan con órdenes de extradición.

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La declaración del mandatario se produjo horas después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunciara que no suspenderá, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), pese a la solicitud hecha por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que no ha suspendido la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias “Chiquito Malo” ni he autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, dijo y agregó que no fue consultado a la lista de los 29 que incluye a extraditables.

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El jefe de Estado indicó que este martes la comisión de paz -no precisa si se refiere a la Consejería de Paz o a la delegación de Gobierno en ese proceso-, está reunida para evaluar la lista completa donde no debe haber integrantes con requerimientos internacionales.

“Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz, continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, aseguró.

Y luego indicó que “solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición”.

El mensaje del presidente se da precisamente en medio de un choque entre el comisionado de paz, Otty Patiño, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se negó a suspender las órdenes de captura de los 29 primeros integrantes del Clan que estarían en la Zona de Ubicación Temporal.

Según la Fiscal, estas se mantendrán hasta verificar “cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

El comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

El documento cita el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, según el cual, una vez acordadas las Zonas de Ubicación Temporal, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en esos espacios.

El comisionado Patiño también le dijo a la fiscal Camargo que la determinación sobre el “estado avanzado de un proceso de paz” y la creación de Zonas de Ubicación Temporal solo corresponde “constitucional y legalmente al Presidente de la República”.

¿Quiénes son los extraditables?

Aunque no se conoce la lista completa de las 400 personas que entrarían en esas Zonas de Ubicación Temporal, la resolución que se conoció el viernes y que fue firmada por el Comisionado de paz sí muestra una preliminar de 29 personas, entre ellas, todo el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

Estos son los miembros de la estructura armada:

• Tatiana Andrea Correa Jaramillo.
• José Francisco Peña Santana.
• Luis Enrique Martínez Cogollo.
• Carlos Andrés Méndez Paternidad.
• Ermy Daniel Velásquez Cuadrado.
• Fredy Ferney Anaya Mejía.
• Andrés Arrieta Cardona.
• Luis Antonio Mogrovejo.
• Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.
• Orosman Orlando Osten Blanco.
• Elkin Casarrubia Posada.
• Wilmar Albeiro Mejía Úsuga.
• Luis Armando Pérez Castañeda.
• José Alberto Vega Alvarán.
• Deneil Enrique Acosta Ballesteros.
• Álvaro Padilla Medina.    
• Julio César Sánchez.
• Ana Gisela Vásquez Jiménez.
• Jesús Betancur.
• Juan Pablo Marín Quiceno.
• Esneider Paul Torres Santero.
• Juan Carlos Hernández Díaz.
• Armando Morellys Socarrás Negrete.
• Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda.
• Arturo Efraín Viera Almanza.
• Jesús Ramos Machado.
• Juan David Bahena Miranda.
• José Higinio Arroyo Ojeda.
• Jaime Antonio Morelo Fajardo.

Entre ellos, el más sobresaliente es Chiquito Malo, requerido por autoridades judiciales de los Estados Unidos para comparecer ante cortes federales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir. En enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición. Sin embargo, en Colombia la última palabra para frenar o avalar su envío a Estados Unidos la tiene el Presidente de la República.

Orosman Orlando Ostén Blanco, conocido como Rodrigo Flechas, fue sanciones en 2024 por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, también por narcotráfico.

Elkin Casarrubia Posada, cuyo nombre en la guerra es El Cura, también fue sancionado por Estados Unidos con el congelamiento de sus cuentas.

Los tres hacen parte del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo.

Aún con ello, esa estructura armada -la más grande del país- es considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera y como uno de los mayores distribuidores de cocaína del mundo

El 16 de diciembre de 2025, ese país incluyó al Clan del Golfo en la Lista Clinton. “Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, indicó en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con la Secretaría, el Clan del Golfo fue designado como un grupo terrorista y una organización criminal transnacional. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.

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El incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia ha arrastrado a la población civil a una crisis humanitaria que alcanzó en 2025 su punto más grave de la última década.

Así lo alerta el más reciente informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que registró 845 presuntas violaciones al DIH durante 2025. Sin embargo, el organismo advierte que las cifras apenas alcanzan a mostrar la magnitud real del sufrimiento que viven las comunidades que están atrapadas en la guerra.

Aun así, algunos indicadores permiten dimensionar ese deterioro. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) —citada por el CICR—, durante el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual (aumentó un 100 % en comparación a 2024) y otras 87.069 salieron de sus territorios en eventos de desplazamiento masivo (111 % más que el año anterior), lo que evidencia una degradación acelerada de la situación humanitaria. Los confinamientos, por su parte, crecieron un 99 % con 176.730 personas afectadas.

El CICR insiste en que la crisis que muestran las cifras de 2025 venía alertándose desde hace años. Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del organismo en Bogotá, señaló que “la situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”.

A ese panorama se suma otro factor que preocupa al CICR: la salida de organizaciones humanitarias de varios territorios y la reducción de recursos de las que continúan operando en el país. El jefe de la delegación regional aseguró que el organismo tuvo que recortar el 30 % de su presupuesto para Colombia de cara a 2026. “En una paradoja con efectos globales, observamos que mientras las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas por los conflictos armados aumentan, los recursos para su atención disminuyen”, escribió Dubois.

La violencia que ocurre fuera de los combates

Una de las conclusiones del informe es que las afectaciones humanitarias ya no están necesariamente ligadas a los combates, que representan el 43 % de las afectaciones a la población civil.

La mayoría de casos de hostilidades –advierte el CICR– se han dado por fuera de los enfrentamientos. “Dentro de este grupo, en el 45 % se vulneró la vida o la integridad física o mental de personas protegidas por el DIH, entre ellas la población civil y quienes habían quedado fuera de combate, como personas heridas, enfermas o privadas de libertad”, indica el documento. Además, en el 12 % de los casos se afectó la vida cotidiana de las comunidades con limitaciones a la movilidad.

Ese confinamiento significó no poder salir a buscar alimentos, agua o atención médica. También -añade el balance del CICR- interrumpió controles prenatales de mujeres embarazadas, esquemas de vacunación y tratamientos médicos básicos en territorios donde el acceso a la salud ya era precario.

Entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo una de las más alarmantes y, al mismo tiempo, una de las menos visibles.

“Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”, se lee en el documento.

Según el CICR, los grupos armados han utilizado este tipo de violencia como mecanismo de intimidación, castigo y control sobre las comunidades. Sus efectos, además, van mucho más allá de las víctimas directas: fracturan vínculos familiares y comunitarios, afectan la salud física y mental y alteran las condiciones de vida de comunidades enteras.

Algunos de los departamentos más golpeados

El CICR advierte que la forma en la que la violencia golpea a las comunidades queda reflejada en territorios como Norte de Santander que, durante 2025, registró “el 67 % de la población afectada por desplazamiento masivo, el 42 % por desplazamiento individual y el 28 % de la población confinada” en el país.

Otros departamentos también muestran la magnitud de las afectaciones humanitarias sobre la población civil. En Chocó se concentró el 29 % de la población confinada a nivel nacional. El caso de Guaviare también llamó la atención del organismo: aunque registró cerca de 16.000 personas confinadas, el informe advierte que se trata de una cifra especialmente significativa “dada su baja densidad poblacional”.

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Cauca, por su parte, fue el departamento más golpeado por artefactos explosivos. Allí se registró el 46 % de las personas heridas o fallecidas por este tipo de ataques en todo el país.

Víctimas de drones con explosivos y de desaparición forzada, otras cifras en crecimiento

El uso de artefactos explosivos se consolidó como una de las tendencias más preocupantes del conflicto durante 2025. Según el CICR, 965 personas resultaron heridas o murieron por este tipo de ataques; la mayoría (622) eran civiles, entre ellos 93 niños, niñas y adolescentes. En comparación con 2024, el número de víctimas aumentó un 34 %.

Entre las mayores preocupaciones del organismo está el incremento en el uso de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos, una práctica que extendió el miedo y la incertidumbre en comunidades rurales y urbanas.

“La forma en que se desarrollan los enfrentamientos y se emplean las armas tiene implicaciones directas sobre la población civil y los bienes de carácter civil. Cuando no se respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, aumenta la probabilidad de que los efectos de las hostilidades se extiendan más allá de los objetivos militares y recaigan sobre las comunidades, ampliando tanto la magnitud como la gravedad de las consecuencias humanitarias”, advierte el documento.

El incremento de las hostilidades durante 2025 también agravó el riesgo de desaparición de personas en medio del conflicto armado. “En muchos casos no se garantizó que las personas que murieron en el contexto de los conflictos armados fueran recuperadas e ingresadas a la ruta estatal para su identificación y entrega a sus familias, lo que exacerbó el riesgo de desaparición”, alerta el informe.

En ese contexto, el organismo documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto armado, un 22 % más que en 2024. De esos casos, 226 correspondieron a civiles, entre ellos 77 niños, niñas y adolescentes.

El 85 % de las desapariciones se concentró en Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Guaviare.

El reclutamiento de menores, una violencia que no cesa

El informe también documenta con preocupación el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, una práctica que golpea no solo a las víctimas directas sino al tejido social de comunidades enteras.

Durante 2025, el CICR documentó 65 casos de desaparición de menores relacionados con reclutamiento en cinco departamentos donde tiene presencia. El 49 % de los casos correspondió a niñas.

“La mayoría de estos casos corresponde a adolescentes entre los 15 y 17 años; sin embargo, también se registraron situaciones que afectaron a niños y niñas entre los 11 y 14 años. Asimismo, el 49 % corresponde a niñas, lo que evidencia que esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres”, añade el documento.

Los acercamientos no ocurrieron en lugares apartados ni en medio de combates, el 46 % de las situaciones el primer contacto ocurrió en barrios o centros poblados, los mismos espacios donde los menores estudian, viven y conviven.

“Las consecuencias de esta vinculación van más allá de la separación familiar: incluyen la pérdida de proyectos de vida, afectaciones psicológicas, exposición a violencia sexual, así como lesiones, mutilaciones y muertes en el contexto de las hostilidades. La proximidad a la guerra expone a los menores de edad a riesgos particularmente graves”, advierte el informe.

Ataques contra la asistencia de salud cada 31 horas

La degradación humanitaria también se refleja en la violencia contra quienes intentan atender a las víctimas del conflicto.

En 2025, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra el personal de salud, que cuenta con protección especial bajo el DIH. El promedio es alarmante: cada 31 horas una misión médica se vio afectada o interrumpida. Esto representa un aumento del 40 % en los actos violentos contra la asistencia de salud, con respecto al 2024.

Aunque esta situación se registró en 22 departamentos, el 68 % de los casos se concentró en Norte de Santander, Cauca, Chocó y Antioquia.

Las consecuencias van más allá del momento del ataque. Impedir el trabajo de médicos, deteriora aún más la situación humanitaria en zonas donde ya existen enormes barreras para acceder a servicios médicos.

Frente a este panorama, el CICR mantuvo 512 diálogos con las partes en conflicto. Según el organismo, esos espacios fueron “bilaterales y confidenciales” y sirvieron para presentar preocupaciones sobre el respeto del DIH y los derechos humanos “relacionadas con la conducción de las hostilidades, el trato humano, la protección de la niñez y de la población civil, la violencia sexual y el uso de la fuerza, entre otras”.

Pese al panorama, Dubois insistió en que Colombia “no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias de los conflictos armados” y recordó que el Derecho Internacional Humanitario no puede reducirse a “discursos vacíos”, sino que debe orientar las operaciones y decisiones diarias de todas las partes armadas.

Para el organismo, el respeto al DIH sigue siendo la única vía para reducir el sufrimiento de comunidades que hoy continúan atrapadas entre desplazamientos, confinamientos, desapariciones, reclutamiento de menores y ataques que atraviesan su vida cotidiana.

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La decisión de la Fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo tras la comunicación que el viernes le dio en ese sentido la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) volvió a abrir un nuevo choque político y jurídico entre ambas entidades.

Aunque la OCCP había expedido la Resolución 120 de 2026 para facilitar el tránsito de esos 29 miembros del Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio, la fiscal Luz Adriana Camargo, aseguró que las capturas seguirán vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones legales y el estado real del proceso.

Entre los nombres incluidos está el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Según fuentes cercanas a ese proceso, aunque aún no se ha establecido a dónde llegarán esas 29 personas —entre las que se encuentra además todo el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo—, lo más probable es que sea en Tierralta, donde se había estado adelantando su proyección y construcción hasta que ocurrió la pasada temporada de lluvias que inundó gran parte del departamento. La otra razón para descartar que sea en Chocó es que —como lo ha constatado este diario— hay más reservas y rechazos de poblaciones de esos territorios.

Las tres ZUT para Clan del Golfo fueron acordadas durante el segundo ciclo de conversaciones realizado en Catar en diciembre pasado y están en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, en Córdoba.

La Fiscalía sostuvo que la suspensión automática no puede aplicarse sin antes comprobar aspectos como la identificación de los integrantes, su pertenencia efectiva al grupo armado, la entrega de armas, la desarticulación de estructuras y el cumplimiento de compromisos humanitarios.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y, a través de un comunicado, el comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

El documento cita el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, según el cual, una vez acordadas las Zonas de Ubicación Temporal, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en esos espacios.

Por eso, el Gobierno afirmó que resulta “extraño” que ahora se adopte una interpretación distinta que “termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”.

“Resulta extraño, y por lo mismo, importante recordar, que usted en calidad de Fiscal General de la Nación, mediante la comunicación DFNG-No. 202610000000011 del 20 de enero de 2026, remitida a esta Consejería, había reconocido expresamente que “la seguridad jurídica opera de iure” y que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato de la propia ley y no por disposición de la Fiscalía General de la Nación”, se dice en el comunicado.

El comisionado Patiño también le dijo a la fiscal Camargo que la determinación sobre el “estado avanzado de un proceso de paz” y la creación de Zonas de Ubicación Temporal solo corresponde “constitucional y legalmente al Presidente de la República”.

En diálogo con Colombia+20 el viernes pasado, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en ese diálogo, afirmó que la fiscal estaba enterada de este proceso.

“La Fiscalía ha estado enterada de los procesos. Me he reunido con la fiscal en distintas oportunidades. El señor consejero comisionado lidera reuniones también con ella, con su equipo, y ella tiene conocimiento de cómo van evolucionando los procesos de conversación. En este caso específico este espacio de conversación sociojurídico, ella tiene información directa por parte de la oficina”, dijo entonces.

Y sobre las órdenes de extradición, reiteró lo dicho por el comisionado este martes y es que la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total) les permitía hacer esa suspensión. “La Ley 2272 de 2022 plantea que se puede hacer suspensión de órdenes de captura de carácter nacional e incluso aquellas que tienen fin de extradición. No es una prerrogativa exclusiva para este caso, sino planteada para una norma general, que es la Ley 2272.

En contexto: ¿Qué significa ingreso del Clan del Golfo a una Zona de Ubicación? Esto dice jefe negociador

El presidente Gustavo Petro se pronunció antes en su cuenta de X y dijo, sin embargo, que esa lista de los 29 jefes del Clan del Golfo no le fue consultada por la comisión de paz.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias “chiquito malo” ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la fiscalía general. La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables. Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición", dijo en su cuenta de X.

Así mismo dijo que la delegación de paz se reunirá este martes y se hará la lista completa de las 400 miembros del Clan que entrarían en la ZUT, pero indicó que ninguna de esas personas son extraditables. Eso lleva a pensar que Chiquito Malo no entraría en la Zona de Ubicación.

El episodio revive tensiones que ya habían aparecido al inicio del gobierno Petro, cuando en 2023 la Fiscalía también negó solicitudes para suspender órdenes de captura de jefes del Clan del Golfo por considerar que no existía un marco jurídico claro para hacerlo.

Este es el comunicado:

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