Un nuevo episodio de violencia entre barras se registró en la capital del Valle del Cauca luego del partido entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali por la Copa BetPlay Dimayor. Aunque el encuentro no involucraba al equipo del América de Cali, varios integrantes de esa hinchada hicieron parte de los disturbios debido a que el compromiso se disputó en el escenario habitual del equipo escarlata.

Los enfrentamientos ocurrieron en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero y dejaron tres personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, cerca de 200 hinchas del América de Cali y aficionados del Deportivo Cali protagonizaron riñas tras la finalización del encuentro deportivo, obligando a desplegar un operativo especial de seguridad en la zona.

Riñas, bengalas y operativo de seguridad

El teniente coronel Javier Gómez, supervisor del servicio de estadio de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que “tras la finalización del encuentro deportivo se registró una riña entre aproximadamente 200 hinchas en inmediaciones del estadio”.

El oficial explicó que, ante la situación, “las autoridades activaron un dispositivo de reacción con patrullajes terrestres y monitoreo aéreo del helicóptero Halcón para dispersar los disturbios y acompañar el desplazamiento de los aficionados. Gracias a la reacción oportuna se logra dispersar la confrontación y se activó una caravana de seguridad monitoreada desde el aire”.

Sin embargo, durante el recorrido posterior al partido se presentaron nuevas alteraciones del orden público que dejaron tres personas heridas, quienes fueron auxiliadas por uniformados y trasladadas a centros asistenciales.

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Durante la jornada también se reportó el uso de bengalas, una de las cuales cayó al terreno de juego y obligó a suspender el partido durante varios minutos. Además, la transmisión de Win Sports tuvo que ser cancelada por falta de garantías de seguridad para el personal técnico y periodístico.

Medidas de seguridad y análisis de sanciones

Los hechos ocurrieron pese a las restricciones implementadas previamente por las autoridades, entre ellas la prohibición del ingreso de barras populares y de elementos alusivos al Deportivo Cali, como camisetas, trapos e instrumentos. Estas medidas habían sido adoptadas precisamente ante advertencias sobre posibles confrontaciones por la presencia de hinchas del Cali en el Pascual Guerrero.

Asimismo, la Administración Distrital confirmó que los disturbios serán evaluados por la Comisión Local de Fútbol, instancia encargada de analizar posibles medidas y sanciones tras lo ocurrido en el Pascual Guerrero.

Desde la Alcaldía de Cali, rechazaron los actos vandálicos y destacaron la reacción de la Policía Metropolitana y de los organismos de seguridad desplegados en la zona, “rechazamos categóricamente estos actos vandálicos. El fútbol debe ser una fiesta en paz”, reiteraron las autoridades.

En Cali, Víctor Julio Lozano Fandiño, un entrenador de fútbol señalado de haber agredido sexualmente a una menor de 16 años, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. Los hechos habrían tenido lugar en enero de este año.

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Según el relato de la víctima, Lozano Fandiño la habría citado en su vivienda con el argumento de que el gimnasio en donde entrenaban generalmente se encontraba cerrado durante la jornada. Ese 15 de enero, el hombre habría aprovechado la visita de la joven para intimidarla, tirarla a una cama y agredirla.

Asimismo, habría buscado presionarla psicológicamente, diciéndole que al negarse no evitaría el ataque, sino que sería otra persona la podría ingresar al lugar para ejercerlo.

La víctima logró escapar de la vivienda y los materiales probatorios fueron reunidos por la Fiscalía. Gracias a ello también se pudo evidenciar que, días después de la agresión, Lozano habría incurrido en conductas de insinuación sexual enviando mensajes a su teléfono celular.

No aceptó los cargos

A partir de la denuncia, se emitió la orden de captura contra el entrenador. Así, fue presentado ante un juez de control de garantías gracias al operativo de la Policía en colaboración con los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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Tras la investigación, la recolección de pruebas y las audiencias, el juez concluyó que el procesado representaba un peligro para la víctima y se avanzó el proceso jurídico correspondiente: desde la Seccional Cali se le imputó el delito de acto sexual violento. No obstante, el capturado no aceptó su responsabilidad.

Por ahora, y con el fin de proteger a la víctima, el juez impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Además de este caso, durante esta jornada la Fiscalía informó sobre otros dos casos contra hombres investigados por delitos de agresión sexual contra menores en la ciudad.

Jorge Andrés Cuellar Gómez, un docente que en septiembre del año pasado habría sometido a un niño de 5 años a tocamientos de índole sexual, que fue capturado el pasado 12 de mayo y a quien se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Y el de un hombre (cuyo nombre aún se desconoce), acusado de agredir sexualmente y dejar en estado de embarazo a su hijastra de 13 años; de forma agravada, le fueron imputados los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento.

En ambos casos, los hombres no aceptaron los cargos formulados y quedaron bajo medida de aseguramiento, igual que Lozano Fandiño.

El nombre de Ceneibe Jaramillo Correa, quien es reconocida por su labor como gestora social en Dagua, Valle del Cauca, así como por su intento de llegar a la alcaldía del municipio en 2019 (candidatura que fue inhabilitada), empezó a circular en un panfleto amenazante en el que fue declarada objetivo, presuntamente, por disidencias de las FARC en la región.

Al respecto, Karol Villarejo, alcaldesa del municipio, convocó un consejo de seguridad extraordinario tras haber recibido amenazas el 1 de mayo en otro panfleto, en el que se le advertía, además, que las acciones armadas dentro del casco urbano aumentarían.

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La alcaldesa indicó que recientemente se conoció la circulación de un panfleto y de una amenaza difundida a través de redes sociales, presuntamente atribuida a un grupo al margen de la ley, dirigida contra la gestora social y lideresa del municipio, Ceneibe Jaramillo: “Para esto, cité un consejo de seguridad extraordinario, pero hemos iniciado cada una las respectivas denuncias, para que sean Fiscalía y todas las autoridades quienes tomen este caso como prioridad y puedan iniciar las investigaciones pertinentes: saber si estas amenazas son ciertas o de qué se está tratando”, declaró Villarejo.

Según el panfleto, fechado el 13 de mayo de 2026, la gestora social es señalada por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos, por lo que el grupo anuncia que la declara objetivo militar.

En él, también se asegura que se le otorga un plazo máximo de 24 horas a Jaramillo para abandonar el municipio y que, si “cumplido este tiempo llega a poner un pie en el territorio, nuestras unidades se verán obligadas a adentrarse y atacar, considerando su presencia como un acto de provocación directa”.

Ana María Sanclemente, exalcaldesa del municipio, denunció el panfleto contra su madre

Al respecto, Ana María Sanclemente, exsecretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca y quien fue alcaldesa de Dagua hasta 2023, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar el panfleto en el que se declara objetivo militar a su madre, asegurando que, “como gestora social, su único compromiso ha sido con el bienestar de las comunidades de Dagua”. Y solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la UNP activar los protocolos correspondientes para atender la situación.

La violencia no puede seguir siendo la respuesta al trabajo por la comunidad. Denuncio públicamente el panfleto que declara objetivo militar a mi mamá. Como Gestora Social, su único compromiso ha sido con el bienestar de las comunidades de Dagua. Solicitamos a la @DefensoriaCol y… https://t.co/uGBgnMtnfd

— Ana Maria Sanclemente (@sanclementeam) May 14, 2026

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Ante este señalamiento, otras figuras políticas también se pronunciaron respaldando a Jaramillo. Entre ellas, Juan Pablo Rojas, representante a la Cámara por el Valle y exconcejal de Cali, que expresó su solidaridad y aseveró que “no podemos permitir que los grupos armados sigan sembrando miedo e intimidación en el Valle del Cauca”.

Entretanto, se esperan los pronunciamientos de las autoridades competentes sobre las amenazas y el panfleto firmado por la Columna Móvil “Jaime Martínez”, de las disidencias de las FARC. “Una vez más somos víctimas como mujeres lideresas que ejercen el poder y el liderazgo”, aseguró la alcaldesa del municipio en su declaración.

Desde 2021, Claribel Moreno emprendió una búsqueda incansable para recuperar a su hija, Natalia Buitrago, una joven modelo de quien, hasta el día de hoy, no se tienen noticias: para celebrar sus 22 años viajó a Cartagena en compañía de algunas amigas y de quien sería su pareja sentimental. Pero jamás regresó.

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Moreno, de 55 años, denunciaba públicamente la desaparición de su hija. Subía videos contando los detalles del caso y sus inconsistencias a través de plataformas como TikTok, daba entrevistas, hacía carteles. A raíz de eso, aseguró en repetidas ocasiones que fue víctima de amenazas y anuncios de atentados en su contra.

En medio de su búsqueda, viajó alrededor de cuatro veces a Cartagena para hablar con la Policía y la Fiscalía e intentar recolectar versiones de testigos; a Pereira, en donde su hija vivió; a Bogotá, para contar su historia y que se difundiera en canales y medios de comunicación.

Frente a la pregunta de los avances del caso, Moreno explicaba que la ausencia de un cuerpo impedía la judicialización del esposo de Natalia, Hernán Darío Jiménez Herrar (quien, según ella, tiempo atrás había sido detenido en Ciudad de México junto a otros dos colombianos, señalados de integrar presuntamente una red de distribución de estupefacientes o “narcomenudeo” y que, además, había entregado testimonios contradictorios sobre la desaparición de su hija). Que las pruebas existentes no eran suficientes para avanzar en el proceso.

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“¿Cuál es la seguridad que le brindan a nuestras mujeres los diferentes gobernantes de Cartagena y de toda la Nación? Solo viven esperando que se desaparezcan nuestras hijas, que las asesinen, que violen a nuestros niños y luego aparezcan muertos", aseveró la mujer en medio de un pronunciamiento público en mayo del año pasado.

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Claribel Moreno fue hallada sin vida este 13 de mayo

El cuerpo de Claribel Moreno fue hallado ayer, 13 de mayo, en una zona rural del municipio de Jamundí, sobre la carretera que conduce al corregimiento de Robles, casi a 300 metros del Río Claro. El crimen fue confirmado en la tarde de hoy por las autoridades del departamento.

Presuntamente, la mujer se desplazaba en una motocicleta en compañía de otra persona cuando recibieron disparos, acabando con la vida de ambos. Moreno recibió, al menos, cuatro tiros. Por ahora, se esperan más detalles sobre este crimen y sus responsables.

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En medio de la búsqueda que lideró durante más de cuatro años, Moreno declaró que recibió partes de la historia contradictorias y cabos sin atar en el caso. En 2023, en entrevista para el diario EL UNIVERSAL, contó que Jiménez Herrar le aseguró que la relación entre Natalia y él ya había terminado meses atrás y que incluso se encontraba fuera del país para la época en la que ella desapareció. Pero luego recibió otra versión: que ambos todavía convivían en un conjunto residencial de Dosquebradas, Risaralda, hasta pocos días antes del viaje.

A través de un comunicado, Ana Julieth Velásquez, abogada que llevaba el caso de la joven modelo, lamentó y rechazó lo ocurrido, y aseveró que “en memoria de ella, agradezco infinitamente a todas las personas que se sumaron a esta causa. Pero también informo que, por motivos de seguridad, presentaré mi renuncia irrevocable al caso. Y añadió: “Quienes me conocen saben que soy una mujer luchadora, acérrima, incansable, apasionada y profundamente entregada a cada una de las causas que asumo. Pero también soy sensata, y hoy prefiero retirarme viva.

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Distintos colectivos feministas que seguían y ayudaban en la búsqueda de la joven también se pronunciaron al respecto, exigiendo justicia por la vida de Claribel y su hija, que tuvieron contacto por última vez el 18 de agosto de 2021.

Cerca de 3.400 alumnos pertenecientes a 37 sedes educativas localizadas en Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, en Jamundí, Valle del Cauca, hoy le ponen pausa a sus actividades académicas presenciales debido al deterioro de la seguridad en la región.

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Para ello, la Secretaría de Educación habilitó plataformas digitales que permitieran desarrollar las clases bajo un esquema remoto desde los niveles escolares primarios hasta bachillerato, incluyendo grado once; la medida se tiene prevista para funcionar, al menos, hasta mañana 15 de mayo.

Mientras persisten los hechos violentos en esa zona del Valle del Cauca, se ha adoptado de manera preventiva el traslado de las clases a la modalidad virtual; pues, de acuerdo con reportes conocidos por las autoridades, allí ya se habrían presentado más de 100 ataques con drones dirigidos contra integrantes de la fuerza pública.

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Pero los efectos de estas confrontaciones también alcanzan espacios civiles y comunitarios, haciendo que, incluso, con las acciones tomadas para evitar que los alumnos estén expuestos, haya temor por parte de la comunidad. Por eso, el regreso a las aulas dependerá de la reducción y estabilización de la región, especialmente de los territorios en los que se han presentado mayores enfrentamientos y ataques atribuidos a disidencias de las FARC.

“Están atacando con drones en todo el territorio: en la iglesia, en el centro de salud, en la escuela, en el parque; no solamente en la estación de Policía. Toda la población de esa zona está expuesta a que en algún momento le lancen una granada desde un dron. Es una población civil prisionera de los combates entre el Ejército y los grupos armados”, dijo al respecto Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Potrerito.

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Entre los episodios recientes de violencia en la zona también se encuentran el ataque armado registrado el pasado 25 de abril contra la subestación de Policía de Potrerito, en el área rural de Jamundí, en el que hombres armados dispararon contra la estación y además lanzaron una granada de fragmentación, y el del 26 de abril, hombres armados interceptaron un camión avícola, lo atravesaron en el puente de Río Claro y le prendieron fuego.

La incertidumbre por el paradero de Mireyda Ordóñez y su hijo Alejandro, de 11 años, terminó en la mañana del pasado miércoles 13 de mayo, luego de que las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos enterrados dentro de la casa en la que vivían en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros del municipio de Florida, en el suroriente del Valle del Cauca.

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La desaparición se registró el pasado 19 de abril en la zona rural del municipio, por lo que tanto familiares como allegados iniciaron su búsqueda, así como promovieron plantones y marchas. A la par, desde la alcaldía se anunció una recompensa de COP 10 millones y el uso del equipo Raptor para sobrevolar el municipio y apoyar la búsqueda de la mujer de 36 años y su hijo.

Muerte de la pareja de la mujer

El caso dio un giro la semana pasada, luego de que en la vereda del Palmichal, a 20 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, fue encontrado muerto Marco Antonio Ramírez, de 26 años, quien era la pareja sentimental de Mireyda Ordóñez.

El hombre, que era comerciante y oriundo de Suárez, en Cauca, fue hallado con un disparo en la cabeza que, al parecer, él mismo se habría ocasionado con una escopeta.

“Lastimosamente, al muchacho no se sabe qué le pasó, empezó a tener cuadros de depresión, ansiedad y problemas con la esposa, madre del pequeño, quien era su hijastro”, indicaron a El País de Cali allegados del hombre.

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Hallazgo de los cuerpos

La primera alerta la dieron los vecinos, quienes días después de que se reportara la desaparición advirtieron la presencia de olores nauseabundos que salían de la casa donde vivía Mireyda con su familia.

Al lugar llegaron miembros del CTI de la Fiscalía, quienes tras una primera inspección no encontraron nada, pero la comunidad, al evidenciar que los olores se intensificaban en un gallinero en el patio de la vivienda, inició las excavaciones en las que se hallaron los cuerpos de la mujer y su hijo.

“Llegamos a esperar a la familia de Mireyda, ellos llegaron tarde porque venían desde Santander de Quilichao. Llegaron y nos dividimos en dos grupos para buscarlos. Con otro compañero y un familiar de ellos nos pusimos a cavar una parte que era el gallinero, donde desafortunadamente encontramos un pie y una mano y por eso dimos aviso a la Policía”, dijo a La FM Janeth Rivera, líder social del corregimiento.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si el caso se configuraría como un feminicidio, así como se indaga en la responsabilidad de Marco Antonio Ramírez.

Desde la alcaldía se rechazó el crimen y se pidió celeridad en las investigaciones. “Rechazamos contundentemente toda forma de violencia intrafamiliar y hacemos un llamado a las autoridades locales y departamentales para que las rutas de atención y protección se mantengan activas y funcionen con verdadero compromiso social, evitando que tragedias como esta vuelvan a repetirse”, indicó la concejal Sandra Marcela Caicedo.

Desde un grupo de viviendas ubicadas en una misma cuadra del barrio Floraria, en el norte de Cali, trece personas pertenecientes a dos clanes familiares integrarían la banda conocida como “La Virgen”, señalada de dedicarse a la producción, distribución y comercialización de marihuana y otras sustancias psicoactivas en la zona.

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A través de empaques de colores, este grupo criminal camuflaba dosis de marihuana, bazuco y cocaína para suministrarlas a menores de edad: las sustancias eran dejadas en bancas, árboles y otros puntos de parques, espacios públicos y deportivos y entornos escolares de Floraria. Además, y según las autoridades, “La Virgen” también estaría relacionada con enfrentamientos recurrentes con otros grupos ilegales por el control del microtráfico en ese territorio.

Así fue desmantelada

Para desarticularla, fueron necesarios 16 meses de labores de inteligencia y seguimiento, así como 15 diligencias de allanamiento. El operativo fue realizado por la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y dejó como saldo 13 personas capturadas: una de ellas fue detenida en flagrancia.

Uno de los detenidos es Alias “Miguel” que, al parecer, lideraba la coordinación de las actividades criminales de esta banda y tenía antecedentes judiciales desde el año 2013 por delitos como homicidio y porte ilegal de armas. Según las autoridades, habría recobrado la libertad hace aproximadamente dos meses, luego de cumplir una condena.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Por ahora, se encuentran en medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario por orden de un Juez de Control de Garantías.

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De igual forma, en los allanamientos fueron incautados elementos que servirían como material probatorio para el proceso judicial. Entre ellos un arma de fuego tipo revólver con munición, dos proveedores para arma traumática, 24 teléfonos celulares presuntamente usados para la coordinación del expendio de las drogas, más de ocho millones de pesos colombianos en efectivo y cerca de 1.000 dosis de estupefacientes, junto con elementos para su dosificación.

Según las autoridades, esta estructura criminal generaba ingresos ilícitos cercanos a los COP 140 millones y recurría a la instrumentalización de menores de edad para la distribución de estupefacientes en distintos puntos.

En medio de las discusiones que se han dado por la forma en que se devolverá la empresa de aseo de Cali, Emsirva, a la administración municipal, luego de más de una década de intervención de la Superservicios, el Tribunal del Valle del Cauca anunció la suspensión de la licitación que había abierto la empresa para la prestación del servicio de aseo en la ciudad. ¿Qué está pasando?

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En las últimas semanas se conoció que la Superintendencia de Servicios Públicos haría entrega a la alcaldía de Cali de la empresa de Emsirva, que fue intervenida hace más de 15 años por problemas de liquidez. Aunque la decisión fue celebrada en la ciudad, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lanzó alertas sobre la operatividad de la empresa.

Esto se debe a que, por los problemas económicos que presentaba Emsirva, tuvo que tercerizar a privados la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios, y justo antes de que se haga la devolución a la alcaldía, se abrió un proceso para volver a adjudicar a privados la labor.

“El problema aquí es que, si están licitando unos usuarios que no tienen y nos van a devolver la empresa, quiere decir que, por parte de la Superintendencia o del interventor, se perdió el principal activo que se tenía (los usuarios)”, indicó hace unos días el alcalde Eder.

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En medio de la discusión se da la orden de suspensión de la licitación. El tribunal, a partir de una acción popular interpuesta por Sebastián Bejarano Ledesma, ordenó suspender el proceso al tener en cuenta varias consideraciones, como los cortos tiempos que se dieron para adjudicar las cuatro zonas de recolección de basuras de la ciudad.

“Considera el actor popular que el plazo de 24 días que durará el procedimiento para la contratación no es suficiente, habida consideración de la complejidad del asunto, pues se trata de la prestación de un servicio de saneamiento ambiental para 2’700.000 habitantes que tiene el distrito de Santiago de Cali, lo que denota irregularidades y un ‘afán’ de adjudicación que a la postre pondrá en riesgo la prestación del servicio”, indicó el magistrado Juan Pablo Dossman en el documento.

A esto añadió que los términos de referencia no son claros con respecto a la experiencia técnica de los privados, “por lo que podría llegar una empresa que desconozca cómo se presta el servicio en una zona determinada, poniendo en riesgo a toda la población por falta de planificación“.

Por último, se pidió a Emsirva “adelantar desde ahora, las actuaciones encaminadas a mantener la prestación del servicio de aseo en el distrito de Santiago de Cali, es decir, evitar su parálisis a partir del 28 de mayo de 2026, mientras dura su liquidación”.

Actualmente, la prestación del servicio de aseo está en manos de Ciudad Limpia, Veolia Valle y Promo Cali-Valle.

En la terminal de transporte de Cali y la Carrera Quinta, las filas comienzan a formarse desde temprano frente a las gualas que salen hacia corregimientos y zonas de ladera. Hay estudiantes con morrales, trabajadores medio dormidos y adultos mayores esperando que el vehículo arranque. Algunos preguntan cuánto falta para salir, otros miran el reloj porque saben que unos minutos de retraso pueden convertirse fácilmente en media hora más de trayecto hacia sectores como Golondrinas, La Paz o La Castilla. Durante años, esa ha sido la rutina de miles de personas para entrar y salir del casco urbano la ciudad. Ahora, ese modelo está en proceso de transformarse.

La administración distrital y MetroCali avanzan en la integración del sistema integral de transporte público, una apuesta que proyecta consolidar a 2027 las rutas y los buses, pero aparece en medio de discusiones sobre la sostenibilidad financiera del MI0, el futuro de los transportadores informales y las quejas por la necesidad de conectar a toda la ciudad, lo que ha acrecentado los temores entre conductores y usuarios de gualas por el impacto que tendrá el cambio en su vida cotidiana.

La apuesta por la unificación del transporte

Daniel Parra, director operativo de MetroCali, explica que el objetivo es “avanzar hacia un modelo de intermodalidad, donde distintos tipos de transporte funcionen articuladamente y no compitan entre sí, pensando en el usuario. Que una persona pueda utilizar distintos medios de transporte con un mismo sistema y recorridos conectados”.

El proceso se realiza en varias ciudades y consiste en establecer un sistema de transporte público único, que en este caso es el MIO. El lío es que la empresa enfrentó una crisis financiera en 2024 y ahora la alcaldía busca impulsarlo con las renegociaciones con operadores, reposición de flota y ajustes operativos para fortalecer el servicio.

Esto implica el fin del transporte tradicional, como las gualas de las que hablamos al principio, que prestan el servicio en lugares donde el MIO hoy no llega, es decir, zonas rurales, laderas y barrios periféricos, donde Parra asegura que se harán nuevas integraciones.

“No pensamos en buses dando vueltas sin sentido, sino un sistema adaptado a las necesidades reales del usuario”, afirma el director. Esto quiere decir que se implementarán nuevos vehículos, pagos electrónicos y articulación con otros sistemas.

“Eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo”

En el discurso todo suena muy bien, pero para los transportadores este es un fantasma que los ha perseguido por años, ya que no solo podría desaparecer el servicio que ofrecen y con ello su trabajo, sino porque además no está claro cómo ellos van a participar en el nuevo esquema.

Carlos Bernal, conductor de guala en rutas hacia Golondrinas y La Paz, asegura que el transporte necesita mejoras,pero teme que estos problemas los lleve a desaparecer. “No sabemos cómo lo van a manejar ni qué va a pasar con nosotros. Eso no es tan fácil, va a llevar muchos años”.

Héctor, otro conductor que escucha atento a unos metros, interviene para decir que muchos trabajadores sienten que todavía hay demasiadas preguntas sin resolver. “Uno ya conoce estas rutas, conoce las lomas, la gente y los horarios. Pero si empiezan a cambiar todo o pedir otras condiciones, hay gente que puede quedarse por fuera”.

Una percepción similar tiene Óscar Jesús, quien también trabaja en rutas de ladera. Para él, el mayor temor es laboral, “uno entiende que quieran organizar el transporte, pero aquí hay mucha gente que vive de esto hace años”.

En ciudades como Bogotá y Bucaramanga, procesos de reorganización del transporte tradicional terminaron dejando un sinsabor entre conductores y propietarios de los vehículos, quienes se sintieron excluidos en los cambios.

Subir, bajar y esperar: la rutina en las laderas

Yhainer Giraldo, comunicador y habitante de Golondrinas, recuerda que en su etapa universitaria dependió de las gualas para llegar al sur de Cali, “tenía clase a las siete de la mañana y me levantaba como a las cuatro para alcanzar transporte antes de las cinco”.

Dice que la incertidumbre hace parte de la rutina. “Había días en que las gualas pasaban seguido y otros en que se demoraban. Uno nunca sabía exactamente a qué hora iba a pasar”.

Los trayectos podían extenderse fácilmente entre cuarenta minutos y más de una hora dependiendo del tráfico en sectores como la Portada al Mar, la Quinta o Cañasgordas. “En la noche el problema era más grande, después de cierta hora, regresar implicaba buscar motor o carros que subieran nuevamente”

Esa dependencia también la vive Sandra Milena, trabajadora de servicios generales que va desde La Castilla hasta el norte de Cali. Cuenta que, aunque el transporte suele ir lleno y los horarios no siempre se cumplen, sigue siendo la opción más cercana para movilizarse, “uno ya sabe cómo moverse y como resolver. El miedo es que cambien todo y después no haya suficientes rutas o que quede más lejos de las casas”.

Por ahora, la transición sigue avanzando entre pilotos, mesas técnicas y acuerdos con operadores en los que se habla de modernizar, pero no acabar las gualas. Mientras MetroCali habla de integración y eficiencia, en corregimientos y zonas de ladera se preguntan por precio del pasaje, las rutas y qué ocurrirá con los conductores de las gualas, quienes también hacen parte de su comunidad.

El director de El Espectador, Fidel Cano, con la moderación de la directora de El País, Vicky Perea García, responderá preguntas sobre periodismo de docentes y estudiantes de siete pregrados de comunicación social y periodismo de la capital del Valle del Cauca.

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La Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Universidad Minuto de Dios, la Institución Universitaria UNICATÓLICA y TelePacífico son las instituciones participantes.

Este encuentro de diálogo sobre el presente y el futuro del periodismo es organizado por la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador, y con el apoyo de la Universidad Icesi y la Fundación Sidoc.

Cada escuela de comunicación social y periodismo estará representada en el escenario por su director o un docente y cinco estudiantes destacados por su vocación periodística.

Los docentes y estudiantes tienen total libertad para elaborar un bloque de tres preguntas por escuela para una respuesta de seis minutos del director de El Espectador.

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Este diálogo ocurre en un contexto de incertidumbre mundial del periodismo, marcado no solo por la disrupción de las redes sociales y la caída de los modelos de negocio tradicionales (publicidad en papel y TV), sino por una compleja convergencia de factores tecnológicos, éticos y políticos que amenazan su sostenibilidad y credibilidad.

Sin embargo, reunirse para hablar con franqueza de la situación de la profesión es un acto de resiliencia. Las sociedades necesitan más que nunca de un periodismo libre, independiente y de calidad.

Los docentes, directores y coordinadores que liderarán el ejercicio por cada escuela son: directora Erika Barbosa, Universidad Autónoma de Occidente, UAO; directora Adriana Rodríguez, Pontificia Universidad Javeriana Cali; coordinador editorial Andrés Castañeda, Universidad del Valle.

Docente Georgie Echeverri, Universidad Santiago de Cali; directora Eliana Meneses, Institución Universitaria Antonio José Camacho; coordinador Hans Vargas, Universidad Minuto de Dios; director Wilson Martínez Guaca, Institución Universitaria UNICATÓLICA; e Iván Rodríguez Periañez por TelePacífico.

Para los estudiantes seleccionados por sus escuelas será un momento de introspección de su vocación periodística y, en el entorno, de conocer oportunidades de entrenamiento formativo en los géneros periodísticos de predilección.

Los estudiantes y recién egresados de comunicación y periodismo interesados en asistir pueden inscribirse en este formulario: https://forms.gle/1TaGpkN9BG7iuMeH8

Profesionales en general interesados, con este otro formulario: https://forms.gle/gSyAFLdq192gYx4f9

Ambos con plazo hasta este miércoles 13 de mayo, 3 de la tarde. El Micrófono abierto se llevará a cabo en el Auditorio 1 de El Samán, de la Universidad Javeriana, de 3:00 a 4:30 de la tarde, este jueves 14 de mayo.

Este fin de semana, durante una plenaria realizada el 9 de mayo, integrantes del Concejo Municipal de Cali denunciaron presuntas amenazas externas de incendiar el recinto con los concejales adentro. Ante la situación, algunos solicitaron intervención de los organismos de seguridad y escalarla ante la Fiscalía General de la Nación.

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Alertan en plenaria por presuntas amenazas contra concejaleshttps://t.co/lUcTBwXpz1 pic.twitter.com/7rfJlXMF5B

— Concejo de Cali (@ConcejoCali_) May 9, 2026

En medio de la controversia, varios concejales y participantes de la mesa manifestaron su preocupación. El concejal Fabio Alonso Arroyave Botero señaló que es necesario revisar de manera urgente las condiciones de seguridad de los cabildantes y del lugar donde actualmente funciona el Concejo. “Me parece grave que, en medio del debate político por llegar al Concejo, se pretenda atemorizar a los actuales concejales”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, informó que la seguridad del recinto donde sesiona temporalmente la corporación está garantizada, explicando que en el Centro Cultural donde actualmente funciona el Concejo hay presencia de uniformados, sin olvidar los esquemas de protección asignados a cada cabildante.

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Frente a las versiones sobre un eventual ataque contra el Concejo con los concejales en su interior, Plaza aclaró que en las sesiones no solo participan los cabildantes, sino también ciudadanos, funcionarios del gobierno distrital, medios de comunicación y organismos de control como la Contraloría y la Personería.

No obstante, el primer vicepresidente del Concejo, Rafael Andrés Escobar González, planteó la posibilidad de acudir a la Fiscalía por posibles hechos de injuria y calumnia, y no descartó medidas adicionales como restringir el ingreso al recinto donde sesiona la corporación para prevenir nuevas situaciones de hostigamiento. De igual forma, la vicepresidenta de la mesa directiva, María del Carmen Londoño Sanna, reiteró la necesidad de reforzar la seguridad del lugar y llamó a resolver las diferencias políticas por vías democráticas, sin recurrir a la violencia.

Este no es el primer episodio de este tipo. Hace pocas semanas, de hecho, el Concejo de Cali denunció amenazas contra el secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo. Los concejales se pronunciaron en defensa del ejercicio institucional y el rechazo a la violencia e hicieron un llamado a garantizar el ejercicio del control político sin presiones.

En Cali, tras la decisión de un juez de control de garantías, el joven de 21 años capturado por su presunta participación en los actos vandálicos contra estaciones del sistema MIO durante una marcha realizada el pasado 8 de abril fue dejado en libertad.

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Según las autoridades, el joven aparecía en los registros de las cámaras de seguridad atacando infraestructura del sistema durante la denominada “marcha de antorchas”, que fue convocada por estudiantes de la Universidad del Valle. Los hechos provocaron afectaciones en siete estaciones del servicio de transporte: Tequendama, El Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y La Buitrera.

Sobre el balance de los daños y cierres derivados de los disturbios, Metrocali aseguró en su momento más de 40.000 usuarios resultaron perjudicados.

La captura del joven implicado

El joven fue detenido en un operativo de la Policía Metropolitana en el barrio Panamericano de Cali, donde las autoridades realizaron un allanamiento e incautaron celulares, un computador, una cámara digital, una motocicleta y prendas de vestir que, según la investigación, coincidirían con las que utilizó el día de los disturbios.

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Luego de quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, el señalado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Y, aunque el proceso judicial continuará, el juez de control de garantías determinó que podrá seguir en libertad mientras avanza la investigación, con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Sobre la captura, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, aclaró que continúa vigente una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita ubicar y judicializar a otros responsables identificados en videos de seguridad.

Eskeiler Rodríguez, un joven de 19 años, murió ahogado en el humedal Isaías Duarte Cancino, ubicado en la comuna 15 del oriente de Cali, luego de sumergirse en sus aguas junto a sus primos y un grupo de amigos en la tarde del jueves 7 de mayo de 2026. Las labores de búsqueda se extendieron por más de seis horas y el cuerpo fue hallado en la mañana de hoy, viernes 8 de mayo.

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Según el teniente John Fitzgerald Rodas, jefe de Emergencias del organismo de socorro que atendió la situación, al llegar al lugar, varios testigos confirmaron que “había un grupo de cuatro muchachos nadando en ese humedal. Uno de ellos percibe que un integrante del grupo no vuelve a salir, queda en la profundidad y es la persona que nos reportan como desaparecida”.

Las primeras labores de búsqueda, realizadas durante la noche del jueves, no dieron resultado debido a la hora, pues ya estaba oscuro y las condiciones del terreno eran difíciles. Con la luz del día en la madrugada del viernes, los equipos de rescate integrados por Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía Nacional, lograron ubicar el cuerpo. “Se hace una búsqueda inicial por parte de unidades de Cruz Roja y se logra hallar el cuerpo del joven a una profundidad aproximada de dos metros”, detalló Rodas.

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El subsecretario para el Manejo de Desastres de la Alcaldía de Cali, Nicolás Suárez Vallejo, lamentó el hecho y confirmó que ya se activó el servicio de atención psicosocial a los familiares de la víctima. “Las causas de la muerte serán determinadas por las autoridades competentes”, añadió Suárez, y explicó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, quienes determinaran los detalles de lo ocurrido.

Eskeiler era un joven venezolano que residía en el barrio República de Israel de Cali, y había salido ese día hacia el barrio Mojica, en el suroriente de la ciudad, para visitar un amigo. El humedal Isaías Duarte Cancino, ubicado en inmediaciones del hospital del mismo nombre, no está habilitado para actividades recreativas ni para el baño.

Sobre las 10:00 de la noche de este jueves 7 de mayo, en el sector conocido como La Nave, ubicado en la ladera occidental de la ciudad de Cali, un ataque sicarial dejó como saldo dos muertos y seis heridos.

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Según las versiones que se conocen hasta el momento, un grupo de personas se encontraba en un establecimiento comercial cuando hombres armados llegaron al sitio y comenzaron a disparar; los seis heridos que dejó la balacera fueron trasladados a diferentes centros médicos de la capital vallecaucana para recibir atención.

Tras cometer el ataque, los responsables escaparon en una camioneta que fue encontrada luego de ser abandonada. Esta quedó bajo custodia de las autoridades y será inspeccionada.

Las víctimas fatales ya fueron identificadas

David Lora Ospina —quien tenía registros judiciales por procesos relacionados con hurto calificado y delitos contra el patrimonio económico registrados el año pasado—, y Lady Tatiana Idrobo —quien, por su parte, tenía una anotación por lesiones personales en 2023—, fueron las víctimas fatales que dejó este ataque a tiros.

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Sobre el estado de las personas heridas, la Policía Metropolitana de Cali informó que siguen siendo atendidas y que algunas de ellas también cuentan con antecedentes. Además, desde la entidad se manifestó que la hipótesis que se maneja por ahora es que “posiblemente se trate de un tema de ajuste de cuentas”.

Los nuevos detalles sobre los móviles del ataque y sus responsables serán entregados conforme avancen las investigaciones oficiales.

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Este hecho se suma a las preocupaciones de las autoridades, que anunciaron un despliegue especial de seguridad de más de 800 uniformados ante la llegada del fin de semana del Día de la Madre, pues aseguran que es una fecha que cada año concentra un aumento de distintos ataques violentos en la ciudad.

Durante este fin de semana habrá patrullajes, caravanas y controles en distintas zonas de afluencia, incluyendo las 22 comunas de la zona urbana de Cali. A su vez, y para hacer un monitoreo en tiempo real, también incluirán el helicóptero Halcón y varios drones de vigilancia.

La gobernación del Valle ofreció una recompensa de COP 100 millones por información de los responsables del asesinato de la concejal Mileidy Villada del municipio de Obando, en Valle del Cauca, a la que sicarios le dispararon mientras almorzaba en un restaurante.

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El ataque sicarial se registró en el sector “Tres Esquinas” del barrio El Jardín, en la tarde del pasado jueves 7 de mayo, mientras la concejal del Centro Democrático se encontraba junto a familiares y funcionarios de la alcaldía en un establecimiento comercial.

De acuerdo con las autoridades, dos personas que se movilizaban en una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra la política, causándole la muerte en el lugar. Ambos lograron huir luego del ataque.

“De manera inmediata, la Policía Nacional activó un componente especial investigativo en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), orientado a esclarecer con la mayor celeridad este hecho criminal”, indicó la Policía del Valle del Cauca, que además añadió que se adelanta la recolección de pruebas y testimonios.

Ante lo ocurrido, desde la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro lamentó el crimen y anunció que se activó un plan candado para ubicar a los sicarios. “He solicitado a su comandante, la general Sandra Liliana Rodríguez, se ponga al frente de los operativos. Además, se conformó un equipo de investigación criminal del más alto nivel junto a la Policía y la Fiscalía para avanzar en la ubicación y captura de los responsables”.

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De igual forma, la mandataria anunció la recompensa de COP 100 millones por información de los responsables del asesinato. “Hago un llamado a la ciudadanía para que denuncie y nos ayude a que este hecho no quede en la impunidad. A su familia, amigos y seres queridos, toda mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor”.

Amenazas contra la concejal asesinada en Obando

Sobre la seguridad de Villada, quien era presidenta del Concejo de Obando, la Policía del Valle del Cauca confirmó que “contaba con medidas preventivas y de autoprotección derivadas de valoraciones institucionales previas”.

Adicionalmente, se ha conocido que había aparecido recientemente en panfletos intimidatorios difundidos por WhatsApp en el municipio, lo que ha generado temor entre la comunidad.

Pronunciamientos políticos

Los primeros en reaccionar fueron los miembros del Centro Democrático, que señalaron: “Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”.

Sobre lo ocurrido, Gabriel Vallejo, presidente del partido, añadió: “Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia la emprendió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. “El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que dé la cara”.

El crimen se da en medio de denuncias del partido por problemas de seguridad en el Valle del Cauca que les han impedido hacer campaña en algunos de los municipios de la región. Al respecto, el diputado Rafael Rodríguez advirtió que en lugares como Dagua y Jamundí también habría constreñimiento que podría poner en riesgo las elecciones del 31 de mayo.

De acuerdo con Indepaz, el asesinato de Villada es el número 56 que se registra en lo que va corrido del año contra un líder en el país.

Un vehículo arrolló en la mañana de este jueves 7 de mayo a dos habitantes de calle que dormían sobre la vía pública, en la Carrera 15 con Calle 20, en el barrio Sucre de Cali. Uno de ellos murió en el lugar de los hechos y el otro fue trasladado de urgencias a la Clínica Cali, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. El conductor del vehículo huyó de la escena sin prestar auxilio a las víctimas.

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Unidades de criminalística de la Policía realizaron el levantamiento del hombre muerto, mientras agentes de tránsito controlaron el flujo vehicular en el sector, que se vio afectado por el cierre parcial de la vía. Las autoridades adelantan las gestiones para dar con el paradero del conductor responsable.

Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, especialmente en horarios nocturnos: “se sugiere que mantengan el respeto por las normas de tránsito, y máximo en los horarios nocturnos, y en la hora de salida de los niños de los colegios y en las horas pico”.

De igual manera, recordó que los límites de velocidad en la ciudad son de 50 kilómetros por hora, y que en zonas escolares se reduce a 30 kilómetros por hora.

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El funcionario también anunció que este fin de semana se reforzarán los operativos en los puntos de mayor accidentalidad de la ciudad, incluyendo controles de alcoholemia en la zona gourmet, la vía al mar y las entradas de Cali, en el marco de los festejos del Día de la Madre.

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de Cali, en las últimas horas también se presentaron otros incidentes en la ciudad: en la calle 10 con Carrera 39, dos vehículos chocaron y uno quedó volcado, dejando tres personas lesionadas; en el sector de Puerto Rellena, mientras que en la Calle 36 con 46, dos vehículos tipo buseta colisionaron e impactaron a tres taxis que se encontraban en el lugar, dejando ocho heridos y varios vehículos volcados.

Por otro lado, en la vía a Montebello, una buseta perdió el control y chocó contra un predio, dejando seis lesionados, entre ellos una mujer embarazada. La alta accidentalidad encendió las alertas de las autoridades de movilidad sobre el comportamiento vial en la ciudad.

El muro de cerramiento de las obras que se adelantan en la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, ubicada en el barrio Antonio Nariño de la comuna 16 de Cali, colapsó el martes 5 de mayo, lo que obligó a suspender las clases de manera preventiva. Aunque no hay personas lesionadas, el caso ha generado indignación, ya que el muro se había alzado hace pocos días.

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Ante la emergencia, los secretarios de Gestión del Riesgo, Educación y Salud de la Alcaldía se hicieron presentes en el lugar para inspeccionar los daños y activar los protocolos correspondientes.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que ya se inició la investigación para determinar las causas: “estamos haciendo la verificación de los hechos y hemos entablado con el contratista el análisis para determinar responsabilidades”.

La hipótesis preliminar apunta a que el colapso pudo ser provocado por cambios de temperatura, aumento de humedad y variaciones en el suelo.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Pinzón, confirmó que se realizó una evacuación preventiva y que la obra fue suspendida de inmediato: “hicimos la evacuación de manera preventiva y afortunadamente no hay lesionados. Ahora sigue la etapa de encontrar las causas, mientras tanto, se suspendieron las clases”.

A la par, la secretaria de Educación, Sara Rodas, subrayó que desde el primer momento se priorizó la seguridad de los estudiantes: “de manera inmediata hicimos todas las labores necesarias para asegurar la zona y asegurar lo más importante para nosotros, que es la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

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La representante a la Cámara, Ana Erazo, denunció que la comunidad venía advirtiendo desde el año pasado que los muros de la institución presentaban irregularidades, por lo que radicaron un derecho de petición en agosto de 2025 exigiendo una evaluación técnica urgente.

La Secretaría de Educación respondió que la obra estaba en construcción, pero sin ordenar verificaciones de seguridad ni articulación con Gestión del Riesgo. “Solo después de la caída del muro apareció la Secretaría de Gestión del Riesgo”, señaló Erazo.

El hecho generó críticas en redes sociales, donde el concejal Rodrigo Salazar cuestionó la forma en que se ejecutan las obras en la ciudad: “esto no es un error menor, es un riesgo para la vida de nuestros niños y jóvenes. Alcalde: las obras se hacen bien, no a la carrera”.

El desbordamiento de las quebradas La Mina, Patuma y Aguas Lindas provocó fuertes corrientes de agua que inundaron viviendas y destruyeron pertenencias en los barrios Las Olivas y El Oasis de Versalles, en Valle del Cauca, tras las intensas lluvias registradas este lunes 4 de mayo. La alcaldesa Alba Gómez Ángel confirmó que el censo urbano registra aproximadamente 50 familias damnificadas, aunque el balance total podría ser mayor dado que la zona rural aún no ha podido ser verificada en su totalidad.

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Hugo Arboleda, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Versalles, declaró: “las lluvias bajaron por todas las vías, entraron a las casas e inundaron y dañaron las pertenencias de muchos habitantes. Estamos llegando con frazadas, colchonetas, cobijas y alimentos, tratando de resolver la comida de hoy y al menos la dormida de estas noches”. Las autoridades también agradecieron la solidaridad de la comunidad e invitaron a continuar con el apoyo a los damnificados.

En la zona rural varias vías quedaron bloqueadas por derrumbes y árboles caídos, lo que ha impedido que las autoridades lleguen a consolidar el censo de los daños. “Las carreteras todas quedaron dañadas, no hay paso, hay derrumbes, así que no se tiene aún el censo de la zona rural”, explicó la alcaldesa. Las vías más afectadas son las que comunican a Versalles con los corregimientos de Campoalegre, La Florida, El Balsal y Puerto Nuevo, donde además se reporta pérdida de banca en sectores del río Garrapatas.

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La Alcaldía de Versalles está recibiendo donaciones de cobijas, ropa, alimentos no perecederos, agua potable y artículos de primera necesidad para atender a los damnificados. Adicionalmente, el municipio hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales para enviar maquinaria amarilla que permita habilitar las vías rurales, mientras las labores de evaluación y censo continúan.

La segunda edición de la Maratón de Cali contó con cerca de 20.000 atletas de más de 40 países en una competencia que tuvo como ganadores al etíope Gossa Challa y la keniana Stacey Ndiwa en la categoría élite, consolidándose como el evento deportivo de mayor impacto turístico en Cali durante el primer semestre del año.

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El impacto turístico se reflejó en los 24.101 visitantes que llegaron a la ciudad asociados al evento, de los cuales más del 76% se hospedó en Cali. Luis Felipe Posso, director de la maratón, destacó que la ocupación hotelera y de plataformas de hospedaje superó el 70%, algo que, según él, no ocurre en un fin de semana cualquiera en la ciudad. “Este evento ya es el que más gente trae a Cali en el primer semestre”.

En términos económicos, Alexander Camacho, secretario de Deporte y Recreación, señaló que “aproximadamente, entre 5 y 10 millones de dólares se han movilizado en la economía este fin de semana”.

Posso, por su parte, advirtió que el dato real podría ser significativamente mayor una vez se consoliden las cifras con proveedores y aliados logísticos. Camacho también destacó que la economía informal se benefició, al igual que los restaurantes, los transportadores y los servicios de plataformas digitales.

El sábado 2 de mayo, víspera de la carrera principal, más de 2.500 niños participaron en una milla acompañados de sus familias, en una jornada recreativa que también incluyó una mini maratón de 4,2 kilómetros.

Posso destacó que más del 95% de los menores corrió de forma gratuita gracias al apoyo de la Secretaría de Deporte y la alcaldía. En total, el evento convocó a más de 40.000 asistentes entre corredores y público.

El operativo de seguridad y logística de la carrera del domingo incluyó 780 uniformados de la Policía, 250 agentes de tránsito, 88 miembros del Ejército y 60 de la Fuerza Aérea, además de ocho pelotones de fuerzas especiales en la periferia de la ciudad. La organización también realizó más de 235 intervenciones de mantenimiento vial en el recorrido y una revisión técnica completa del circuito.

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Críticas por hueco en uno de los tramos

Durante la carrera, un corredor keniano, Ezra Kipketer, cayó cerca del kilómetro 35, lo que generó versiones sobre un posible hueco en la vía. Sin embargo, el propio atleta confirmó a través de un video que nadie lo tocó ni tropezó con nada, y que ya venía con una molestia en la pantorrilla que se agravó repentinamente, posiblemente agudizada por no haber podido hidratarse en las estaciones de abastecimiento. El diagnóstico fue un desgarro muscular, y el corredor permanece estable y en reposo.

Camacho concluyó del evento que “esto hace que la ciudad, en la que hace algunos días vivimos momentos muy difíciles a nivel de seguridad, tuviera la posibilidad, por medio del deporte, de encontrarse y resaltar ese orgullo caleño”.