Donovan Balanta Paz habría recibido golpes y múltiples descargas de una pistola Taser cuando estaba esposado, tanto en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, como dentro de la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Allí, según la investigación, permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, sin recibir atención médica oportuna.

El Espectador conoció información especial de la investigación que reconstruye lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026 e identifica a tres patrulleros de la Policía, de 22, 23 y 27 años; un subintendente de 41, y un mayor, de 38, todos adscritos a la Estación de Policía de Cazucá, a quienes la Fiscalía les imputará cargos ante un juez de garantías por homicidio agravado y tortura.

En particular, la investigación señala a un patrullero, de 27 años, como el autor del crimen; a los otros dos, por agredir a la víctima, y al subintendente y al mayor por omisión. En el caso del mayor, que comandaba la estación, se le señala de haber presenciado las descargas dentro de las instalaciones y pese a haber apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo eléctrico, presuntamente no dispuso el traslado de inmediato del joven a un hospital.

Riña previa al crimen

El caso comenzó hacia las 2:15 de la tarde del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta compartían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados, que recorría la zona.

Según los testimonios recopilados por los investigadores, uno de los uniformados habría lanzado expresiones racistas contra los presentes. Cuando Elisair Guerrero le reclamó respeto, sus familiares decidieron ingresarlo a la vivienda para evitar una confrontación. Sin embargo, el uniformado presuntamente lo amenazó con una frase que quedó consignada en la investigación: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Diez minutos después llegaron más patrullas, luego de que el mismo policía solicitara apoyo por una supuesta riña. La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al preguntarles por qué lo hacían, le exigieron los documentos del vehículo y varios policías lo rodearon. De acuerdo con el expediente, uno de los patrulleros le habría aplicado tres descargas de Taser en la espalda, provocando su caída y posterior detención.

En medio del procedimiento apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Según las versiones recaudadas, habría lanzado un objeto hacia los uniformados antes de huir. Los policías lo persiguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector. Aunque ya estaba esposado y reducido, presuntamente recibió puños, patadas y varias descargas eléctricas, según los testimonios y videos recopilados. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) hasta la Estación de Policía de Cazucá.

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Tres descargas más dentro de la estación

Las presuntas agresiones no habrían terminado en Caracolí. Una vez dentro de la estación, Donovan fue dejado en el suelo, todavía esposado y parcialmente semidesnudo. Allí, otro uniformado le habría propinado una patada. La investigación señala que el mismo patrullero que utilizó el Taser durante la intervención en la calle habría accionado nuevamente el dispositivo en tres oportunidades dentro de la estación. Durante la tercera descarga, el mayor que estaba al mando habría intervenido para apartarlo.

Este episodio también ha sido objeto de seguimiento del concejal Jairo Avellaneda, quien ha llamado la atención sobre las presuntas descargas eléctricas aplicadas cuando Balanta ya se encontraba bajo custodia policial. Otro de los aspectos sobre los que ha hecho seguimiento el concejal es la presunta demora en la atención médica. Según la reconstrucción investigativa, Donovan permaneció cerca de 20 minutos en la estación mientras manifestaba dolor en el pecho, dificultades respiratorias y pedía ayuda.

Un ciudadano detenido en el mismo procedimiento también habría alertado a los policías sobre su estado. Sin embargo, las solicitudes no fueron atendidas oportunamente. Solo después de que Balanta perdió el conocimiento fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha.

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La muerte de Donovan Balanta

La víctima ingresó al centro asistencial hacia las 3:55 de la tarde, con respiración agónica. Los médicos lograron reanimarlo inicialmente, pero sufrió un nuevo paro cardíaco y falleció a las 7:40 de la noche. La necropsia documentó seis lesiones puntiformes con apariencia de quemadura, compatibles con el uso de un dispositivo Taser, además de golpes, lesiones musculares y hemorragias en estructuras cardíacas.

Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica y clasificó la manera probable de muerte como violenta, pendiente de determinación. Sin embargo, el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento. Tampoco se ha determinado cuáles de las descargas presuntamente aplicadas en Caracolí o dentro de la estación pudieron incidir específicamente en la muerte.

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Cinco policías bajo investigación

La información conocida por este diario identifica a cinco uniformados frente a quienes se proyectaban solicitudes de captura por homicidio agravado y tortura agravada. Entre las conductas investigadas figuran el uso reiterado del Taser, las patadas y golpes contra Donovan cuando estaba reducido, y la posible omisión de atención médica por parte de quienes tenían su custodia.

En particular, la investigación examina la actuación del mayor que comandaba la estación, quien habría presenciado las descargas dentro de las instalaciones y apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo, pero presuntamente no dispuso de inmediato el traslado del joven a un hospital.

Se espera que, durante las próximas audiencias judiciales, se conozcan nuevos detalles sobre las actuaciones de los uniformados, las pruebas recopiladas y las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta. Será allí donde la justicia deberá evaluar las responsabilidades individuales de los policías señalados en la investigación.

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El corregimiento Puente de Piedra, de Madrid (Cundinamarca), aleja el temor de quedar sin agua gracias a la próxima puesta en funcionamiento de una infraestructura que mejorará la capacidad de suministro para miles de habitantes y la respuesta frente a las dificultades de su acueducto. El proyecto nace, no solo ante el agotamiento del pozo que ha abastecido a la comunidad por casi 20 años, sino a los daños que sufrió la infraestructura tras un sismo del año pasado, contingencia que obligó en su momento a activar medidas de emergencia, entre ellas la distribución provisional de agua mediante carrotanques, mientras se adelantaban las obras para recuperar el sistema.

Desde entonces, el trabajo entre Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), la Gobernación, las entidades técnicas y la comunidad ha estado dirigido a encontrar una solución que permita recuperar la estabilidad del servicio. La nueva infraestructura representa un avance importante para Puente Piedra y para otros sectores rurales, como La Cuesta. La necesidad de contar con un sistema de respaldo y mayor capacidad quedó en evidencia durante la emergencia, que también puso sobre la mesa la importancia de fortalecer las condiciones técnicas de su acueducto.

Infraestructura y normalidad

La construcción del nuevo pozo comenzó en 2024, mediante el contrato CO-886-2024. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto contempló una perforación de un nuevo pozo de 200 metros de profundidad, con capacidad proyectada para suministrar hasta 20 litros de agua por segundo y la instalación del medidor eléctrico para completar la puesta en funcionamiento del sistema. La inversión superó los COP 3.874 millones y la infraestructura está diseñada para beneficiar inicialmente a más de 5.200 habitantes, con una proyección de cobertura superior a las 7.300 personas, según los datos presentados por EPC.

En este proceso estuvieron involucrados la Gobernación de Cundinamarca, Enel Colombia, la Secretaría de Minas y Energía del departamento y EPC, que permitió aprobar la infraestructura eléctrica y formalizar la instalación del equipo. El trabajo continúa con la automatización de los controles, una etapa necesaria para completar el sistema y entregarlo para su operación. La nueva infraestructura busca que la respuesta de largo plazo dependa de un sistema de abastecimiento fortalecido y no exclusivamente de mecanismos de emergencia. En palabras de Jorge Machuca, director de EPC, garantiza un servicio que es, a su vez, un derecho: el agua potable para saneamiento, consumo, cocina o labores del campo. 

Mejoras de calidad 

La recuperación del servicio incluye intervenciones adicionales en la planta de tratamiento de agua potable. Durante el próximo mes, dice la Gobernación, se prevé ejecutar trabajos para adecuar y construir una nueva unidad de floculación (para volver potable el agua), cambiar los paneles del sistema de sedimentación y reducir las posibilidades de agua sucia o contaminada.  Estas mejoras son fundamentales para complementar la construcción del pozo. La disponibilidad de una fuente de captación es una parte del proceso; el tratamiento y la distribución también requieren condiciones técnicas adecuadas para que el agua llegue a los hogares con la calidad esperada.

Las intervenciones se desarrollan en articulación con la Asociación de Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado de Puente de Piedra (Asuservipuente), cuya participación ha sido importante en la gestión de las dificultades del sistema y en el diálogo con las entidades responsables. Laureano Ramírez Sierra, representante legal de la asociación, destacó la capacidad de la comunidad para afrontar la contingencia y agradeció el acompañamiento institucional durante el proceso de recuperación. La participación de los usuarios y de su organización ha permitido mantener el trabajo conjunto alrededor de una necesidad esencial para la vida cotidiana de la zona rural.

Soberanía hídrica 

La instalación del medidor eléctrico y el avance hacia la operación del nuevo pozo representan una oportunidad para fortalecer la infraestructura hídrica de Puente de Piedra. El alcance de esta inversión también se relaciona con un desafío más amplio para Cundinamarca: garantizar que sus sectores rurales cuenten con sistemas capaces de responder a las necesidades de sus habitantes y resistir las dificultades que puedan afectar las fuentes de suministro. Para lograrlo, la infraestructura debe estar acompañada de mantenimiento, tratamiento adecuado, operación técnica y coordinación entre las instituciones y las organizaciones comunitarias.

En Puente de Piedra, el nuevo pozo puede convertirse en una pieza clave de esa apuesta. Su puesta en funcionamiento permitirá fortalecer la capacidad local de abastecimiento y reducir la vulnerabilidad frente a fallas como las que dieron origen a la emergencia. La conexión eléctrica, las mejoras previstas en la planta y el trabajo conjunto con Asuservipuente hacen parte de un proceso que busca recuperar la confianza de los usuarios en el sistema.

El hito será que estos avances se reflejen en el acceso continuo y seguro al agua. Para el corregimiento, significará contar con una infraestructura más sólida, mientras que para Cundinamarca, será otro paso en la construcción de soberanía hídrica desde sus territorios rurales, con obras que respondan a las necesidades de las comunidades y permitan sostener el servicio en el tiempo.

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Cerca de 3,8 millones de vehículos se movilizarán por los principales corredores de Cundinamarca durante la Semana de Receso Escolar y el puente festivo del Día de la Raza, por lo que el departamento anunció la implementación de varias medidas especiales de tránsito que operarán hasta el lunes 12 de octubre.

La operación contempla reversibles, restricciones para vehículos de carga, monitoreo con drones y presencia de agentes de tránsito en los corredores con mayor demanda. La Gobernación también recomendó evitar, cuando sea posible, el paso por Soacha y utilizar como alternativas las vías Canoas, Mondoñedo, la calle 13 o la calle 80 debido a los consabidos trancones que suelen formarse en el ingreso a la capital por el extremo sur.

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Uno de los puntos con manejo especial estará en la vía entre La Mesa y La Vara. El viernes 9 y el sábado 10 de octubre se implementarán medidas de tránsito en este tramo, entre los kilómetros 66+300 y 85+000, en sentido de salida de los viajeros.

Ojo con los reversibles

La gobernación anunció la implementación de reversibles en los siguientes puntos:

• Para el retorno se habilitarán reversibles continuos entre Apulo y el puente de Balsillas, en el municipio de Mosquera. El domingo 11 de octubre funcionarán de 2:00 p. m. a 11:59 p. m., mientras que el lunes 12 estarán habilitados entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.
• El lunes también habrá un reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en Soacha, en sentido Mondoñedo–Soacha, entre las 4:00 y las 8:00 p. m.

Restricciones para vehículos de carga

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricciones en el corredor Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y el ramal hacia Soacha.

Estas regirán así:

• Viernes 9, entre las 3:00 y las 11:00 p. m.
• Sábado 10, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.;
• Domingo 11, de 2:00 a 11:00 p. m.
• Lunes 12, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

En la vía Los Alpes–Villeta, la restricción operará el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

La operación también contará con monitoreo aéreo mediante drones en corredores de Soacha, La Mesa y Mosquera, con el objetivo de identificar novedades y apoyar las decisiones de los equipos en terreno.

La Gobernación señaló que los viajeros podrán consultar velocidades promedio y novedades viales a través del Portal de Movilidad 360. Además, recomendó planear los recorridos, revisar las condiciones del vehículo, respetar los límites de velocidad, hacer pausas durante trayectos largos y evitar conducir después de consumir alcohol.

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Durante el puente también se realizarán eventos como el Reinado Nacional del Turismo, en Girardot; el Festival Floral y de la Rumba Criolla, en Fusagasugá, y el Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio, en Gachalá, que podrían aumentar los desplazamientos hacia esos municipios.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado informó la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá, suspendió su operación esta tarde debido a una afectación en el servicio de energía eléctrica.

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Según información de Enel Colombia, se presentó una falla en la red de alta tensión que afecta el servicio de energía en algunos sectores de Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía, Cajicá y municipios aledaños.

Como consecuencia de esta situación, informaron, se pueden presentar interrupciones en el suministro de agua, baja presión e intermitencia del servicio en los sectores abastecidos por la Planta Tibitoc.

Las principales afectaciones previstas son:

• Sin servicio de agua: los municipios de Gachancipá y Sopó.

• Baja presión de agua: en los municipios de Chía y Cajicá, y en Bogotá, desde la Calle 246A hasta la Calle 90 o Canal Río Negro, y entre la Carrera 7.ª y la Avenida Boyacá.

• Servicio intermitente: en Bogotá, desde la Calle 170 hasta la Calle 93 o Río Arzobispo, y entre la Avenida Boyacá y la Carrera 153 o Río Bogotá.

Barrios con baja presión: Guaymaral, Casablanca Suba Urbano, Casablanca Suba II, Tibabita Rural, Torca I, Torca Rural II, Canaima, El Cerezo, El Redil, El Rocío Norte, El Vervenal, La Granja Norte, La Uribe, San Antonio Noroccidental, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Tibabita, Verbenal San Antonio, Atenas, Britalia, Cantagallo, Casablanca Suba, Casablanca Suba I, Ciudad Jardín Norte, El Otoño, El Otoño I, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Granada Norte, Iberia, Iragua, Mazurén, Mirandela, Nueva Zelandia, Portales del Norte, Prado Pinzón, Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José de Bavaria, San José del Prado, San José V Sector, Santa Helena, Victoria del Norte, Villa del Prado, Acacías Usaquén, Barrancas, Barrancas Norte, Bella Suiza, Bosque de Pinos II Rural, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquideas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, San Cristóbal Norte, Santa Bárbara Central, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara, Oriental , Santa Teresa, Andes Norte, Batán, Canodromo, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Los Andes, Mónaco, Niza Norte, Niza Sur, Pasadena, Potosi, Prado Veraniego Sur, Puente Largo, Rionegro y Santa Rosa.

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Barrios con servicio intermitente: El Rincón del Norte, Los Naranjos, Santa Cecilia de Suba I, Altos de Chozica, Santa Cecilia de Suba II, Bilbao, Tibabuyes Occidental, Villa Hermosa, Club de los Lagartos, Santa Teresa de Suba, Suba Urbano, Lisboa, Tibabuyes, Lago de Suba, Altos de Suba, Las Mercedes Suba, Rincón de Santa Inés, La Chucua, Tibabuyes II, Santa Rita de Suba, Berlín, Aures II, Suba Cerros, Bilbao Rural, Casablanca Suba I, Santa Cecilia, El Rincón, La Gaitana Oriental, Rincón Altamar, Vereda Suba Naranjos, Salitre Suba, San Cayetano, Las Flores, Bosques de San Jorge, Pinos de Lombardía, Rincón de Suba, Sabana de Tibabuyes, Tuna Baja, Tuna, Tibabuyes II Rural, San Pedro, Toscana, Villa María, Villa Alcazár, Tuna Alta, La Gaitana, Aures, Costa Azul, Villa María I, Ttes de Colombia, Almirante Colón, Santa Cecilia de Suba I Rural, Tibabuyes Universal, El POA, Nueva Tibabuyes, El Pino, Lech Walesa, Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte, Vereda Suba Cerros II, Niza Suba, Puerta del Sol, Las Mercedes I, Delmonte, Villa Elisa, Lombardía, Ciudad Hunza, La Carolina de Suba, Potrerillo, Campanella, Las Mercedes Suba Rural, Tuna Rural y San Carlos de Suba.

Cambio temporal de agua: Como consecuencia de los ajustes operativos requeridos en la red, los cuales implican variaciones en la velocidad y, en algunos casos, en el sentido del flujo del agua dentro de las tuberías, es posible que se presenten cambios temporales en las características visuales del agua. Es importante precisar que estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos.

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Ya hay constructor para el proyecto del Puente Tibanica que promete mejorar el tránsito entre Soacha y Bogotá. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) anunció que el contrato lo adjudicó a la firma Consorcio Corredor Vial ICCU, conformado por Construlatina S.A.S. (50%), SJ Projects S.A.S. (40 %) y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes (10 %).

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De acuerdo con la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, la firma fue elegida entre 17 proponentes interesados en ejecutar la obra que costaría COP 118.896 millones, financiados bajo un modelo de cooperación regional:

• Agencia Regional de Movilidad e ICCU: Completan el rubro con el 9,5 % restante.

• Bogotá (IDU): Aporta $56.685 millones (47,68 %).

• Cundinamarca: Contribuye con $36.685 millones (30,86 %).

• Soacha: Su aporte de $14.232 millones (11,97 %) se representa en talento humano y avalúos prediales.

Más allá del tráfico mixto

El proyecto se erige sobre un puente de 87 metros de longitud y un ancho de 50 metros, cuya robustez está garantizada por una estructura en concreto reforzado y vigas postensadas, diseñada no solo para soportar el tráfico pesado actual, sino para servir de base al futuro sistema de transporte masivo de la región.

En su superficie, la movilidad se distribuirá en cuatro carriles de tráfico mixto y espacios segregados que priorizan a peatones y ciclistas, conectando de forma segura a quienes transitan entre ambas jurisdicciones. Esta transformación se extiende hacia las vías existentes con la construcción de 1.000 metros lineales de nuevas calzadas y la adecuación de la segunda calzada de la Avenida Terreros, complementada con una intersección semaforizada y retornos estratégicos que buscan eliminar los históricos nudos viales del sector.

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Si bien la función inmediata es descongestionar la Autopista Sur, la estructura también incluye el espacio necesario para una futura extensión del sistema Transmilenio por este corredor, integrándose con la Av. Ciudad de Cali, una de las futuras rutas alimentadoras del metro.

En cuanto al impacto local, se espera que los beneficios directos recaigan principalmente sobre habitantes de sectores como San Diego, Primavera y Esperanza-Tibanica en Bosa, así como en los residentes del sector de Ciudad Verde en Soacha.

El dantesco y ahora cada vez más extremo fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país. Disminución de lluvias y sequías, incendios forestales, impacto en la seguridad alimentaria, riesgo de apagón y disminución de los caudales de ríos y quebradas, embalses y reservorios son algunas de las implicaciones registradas desde su declaratoria en junio de este año.

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Pero el escenario podría ponerse peor. El 3 de septiembre, la máxima autoridad global en ciencia climática, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que El Niño irá hasta febrero de 2027, previamente intensificándose “hasta convertirse en un episodio muy fuerte” entre septiembre y noviembre.

Y los efectos ya se sienten. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR el 33 % de su territorio ya afronta algún grado de desabastecimiento, ante el aumento gradual de los efectos del fenómeno de El Niño.

La situación más crítica la reportan Puerto Salgar y Viotá, quienes se declararon en calamidad pública, seguidos por Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, categorizados en alerta roja, dado que sus empresas de servicios públicos no están en capacidad de sostener la demanda.

En alerta naranja se declararon Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene, en Cundinamarca y Buenavista en Boyacá, los cuales hoy presentan cortes parciales de agua, y si bien aquellos ubicados al Occidente de la Sabana de Bogotá se abastecen de aguas subterráneas, las autoridades vienen adoptando medidas de uso eficiente y ahorro para evitar que esta situación se agrave.

En la cuenca baja del río Bogotá la situación no es diferente, pues los alcaldes de Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama declararon alerta amarilla, así como La Palma y Paime, en la región de Rionegro y Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania, en la zona del Sumapaz.

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De otra parte, en la provincia de Magdalena Centro, los municipios de Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán dieron cuenta de dificultades en el abastecimiento de agua para consumo humano, lo cual los ha obligado al uso de carrotanques para atender las necesidades de las comunidades en algunas veredas.

Entre tanto, el municipio de Chaguaní adoptó la medida de racionamiento en el casco urbano, con el fin de prevenir el deterioro del recurso hídrico y promover su uso racional.

Para analizar las medidas a adoptar ante la amenaza de sequía que podría aumentar en el resto de la jurisdicción, la CAR Cundinamarca activó el Comité Hidrológico. “Nuestros equipos técnicos están en campo día y noche junto a los comités de gestión del riesgo, pero aquí no hay medias tintas. El agua es para la gente. Estamos desplegando operativos inmediatos para sellar captaciones ilegales y frenar riesgos no autorizados”, afirmó el director general, Alfred Ignacio Ballesteros.

Cabe recordar que en lo corrido de 2026 la Corporación ha iniciado más de 300 procesos sancionatorios por afectaciones sobre el recurso agua, representada en captaciones sin concesión, alteración de cauce, vertimientos ilegales, ocupación y desviación de cauces, ocupación de ronda, exploración de pozos profundos sin permisos o incumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en algunos casos.

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El departamento reunirá una vez más a grandes atletas, en una nueva versión de la Media Maratón de Cundinamarca. La Gobernación lanzó este lunes la convocatoria para el tradicional certamen deportivo, que este año se desarrollará en uno de sus municipios más icónicos: Anapoima. Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey, quien destacó que el certamen apunta a que cada vez más ciudadanos tengan acceso al deporte y, de paso, conozcan la región, como lo hicieron con la carrera en 2024, que se realizó en Zipaquirá, y la de 2025, que se corrió a orillas del Magdalena, en Girardot. 

Este año, la carrera se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre y la inscripción tendrá un costo de COP 80.000. Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca, entidad que lidera la Media Maratón, confirmó que este año habrá oportunidades para que grandes atletas compitan en las rutas de 10K y 21K, pero también tendrá la alternativa para participar en familia, con las modalidades de 3K-canicross o 5K.

“La Media Maratón de Cundinamarca 2026 dispondrá de una bolsa de COP 102 millones en premios y los participantes que completen la competencia y crucen la meta recibirán la medalla conmemorativa del evento. La premiación reconocerá a los tres primeros atletas de cada categoría en las cuatro distancias”, subraya la Gobernación. 

Carrera por el desarrollo

La Media Maratón de Cundinamarca ha comprobado en el pasado que los municipios sede reciben réditos más allá de lo deportivo. En 2024, por ejemplo, Zipaquirá, y en 2025, en Girardot, registraron altos índices de ocupación hotelera y un aforo de poco más de 8.000 competidores. Esto generó un efecto dominó donde se evidenció beneficios económicos, culturales y mostró que estos municipios se pueden fortalecer como referentes turísticos del departamento y el país.  

En esta nueva cita “runner”, la Gobernación ultima detalles para ofrecer un buen espectáculo deportivo y, a la par, generar desarrollo económico y local en Anapoima. “El municipio cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo disponibles para los visitantes. La jornada también contará con una oferta comercial y gastronómica, que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar de los productos, servicios y restaurantes que hacen parte de la actividad turística del municipio”, acota la Gobernación. 

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, profundiza en que la cita deportiva genera impactos para los municipios sede, pero también para emprendedores y otras zonas aledañas que se benefician de la alta afluencia de público en un corto período de tiempo: “La Media Maratón fortalece el turismo deportivo y ayuda a activar la economía local. Esto reafirma la promoción del deporte como eje de salud, cohesión social y proyección regional”.

Renombre internacional 

La Gobernación confirmó que hay varios atletas de alto rendimiento que tendrán protagonismo en la Media Maratón y competirán por la gloria. Por ejemplo, representando al departamento estarán David Gómez González, quien ganó la Maratón de Medellín y la carrera Allianz 15K, también en la capital antioqueña, en 2025. A él se suma Dylan Carrasco, campeón panamericano sub20 en la categoría de 1.500 metros, y Nicolás Herrera, considerado como el mejor corredor latinoamericano en la Media Maratón de Barcelona en 2025. 

Pero otras figuras de renombre nacional e internacional también participarán. Lilian Jelagat y Joseph Kiptum aterrizarán desde Kenia, en África, para asistir a la Media Maratón de Cundinamarca, al igual que Carlos Andrés Sanmartín, galardonado en los Juegos Bolivarianos de 2025. De hecho, la Gobernación espera que más figuras de renombre mundial y nacional se sumen a la carrera para brindarle un halo de competitividad y convertir al municipio de Anapoima como un destino tanto turístico como deportivo en Colombia. 

Si está interesado en la inscripción, tarifas o modalidades de la Media Maratón de Cundinamarca puede conocer más información a través de la página web de la Gobernación o acceder directamente a través de este enlace. 

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Para 1.500 jóvenes de Cundinamarca se despeja la posibilidad de ser profesionales. Ellos son los nuevos beneficiarios de Cundinamarca Más Profesional, el fondo de la Gobernación que financia el acceso y la permanencia en la educación superior, y que tiene como principal condición que quienes culminen sus estudios quedan exonerados de la deuda.

La segunda convocatoria de 2026 destinó COP 3.383 millones para esta nueva generación. De acuerdo con cifras de la Gobernación, los recursos se distribuyeron entre 812 beneficiarios de acceso y 648 de permanencia. Con esta convocatoria, el programa llega a 8.600 apoyos entregados en los 116 municipios y las 15 provincias del departamento.

La apuesta parte de una dificultad que atraviesa a buena parte de los jóvenes que terminan el colegio en los municipios alejados, de los principales centros urbanos: conseguir un cupo universitario es apenas el primer paso. El costo de la matrícula, el transporte, los materiales y la permanencia durante varios años puede convertirse en una barrera para continuar los estudios.

“Cuando un joven tiene la posibilidad de estudiar, también tiene la posibilidad de transformar su historia y la de su familia. Cundinamarca Más Profesional nació para que el talento de nuestros jóvenes no se quede por fuera de la universidad por razones económicas. Aquí tenemos una regla muy sencilla: el que se gradúa no paga”, señaló el gobernador Jorge Rey.

De hecho, en septiembre de 2025, el gobernador confirmó en diálogo con El Espectador que este programa es la apuesta educativa más ambiciosa en la historia de Cundinamarca. “más que ofrecer oportunidades, entrega futuro a los territorios, para que profesionales en medicina y en asuntos relacionados con el desarrollo agrícola puedan devolver y aplicar los conocimientos que adquieran en sus territorios, y de esta manera contribuir al desarrollo no solo de un municipio puntual, sino de todo el departamento”, dijo en ese momento Rey.

El antes y el después de las aulas

La entrega de los beneficios estuvo acompañada por una jornada de bienvenida pensada para orientar a los estudiantes en una etapa que también implica tomar decisiones sobre su futuro profesional. Allí participaron 100 orientadores escolares y los jóvenes tuvieron espacios para identificar capacidades e intereses, conocer herramientas relacionadas con ciencia y tecnología y comenzar a proyectar su vida universitaria.

Una de las actividades fue “Encuentra tu superpoder”, un ejercicio de orientación destinado a que los estudiantes reconocieran sus habilidades y áreas de interés. La jornada también incluyó el RegioLab, instalado dentro de uno de los nuevos trenes de Regiotram, además de experiencias relacionadas con realidad virtual y drones.

La intención es que el acompañamiento no termine con la entrega del beneficio. El fondo también busca que los estudiantes conozcan las posibilidades que tienen dentro de la educación superior y encuentren herramientas para permanecer en ella.

En la jornada fueron reconocidos, además, los beneficiarios que obtuvieron los mejores promedios en semestres anteriores. El reconocimiento pone el foco en otro de los retos del programa: conseguir que los recursos destinados a financiar la educación se traduzcan efectivamente en estudiantes que logren completar sus carreras.

Desde 2025 y durante 2026, Cundinamarca Más Profesional registra una ejecución acumulada de COP 25.368 millones. La Gobernación proyecta destinar COP 90.000 millones para garantizar la financiación de las convocatorias correspondientes a 2025-2, 2026-1 y 2026-2.

Educación cerca de los municipios

El alcance territorial es uno de los componentes de la estrategia. El fondo cuenta actualmente con 69 instituciones de educación superior aliadas, que ofrecen descuentos del 30 % en sus programas académicos y del 10 % en Medicina para los beneficiarios.

Una de las consignas que ha repetido Rey sobre el éxito del programa versa sobre los incentivos para que los jóvenes, independientemente de su municipio u hogar, versa sobre la condonación de los créditos estudiantiles. El programa promete a sus estudiantes que sin importar los semestres cursados o el monto adeudado, en caso de recibir un diploma profesional o técnico, las cuentas pendientes se saldarán. 

“El que se gradúa no paga. Estamos creando una oportunidad para que la juventud del departamento tenga posibilidad de soñar con ser profesional. Es una alternativa de valor económico, pero también social por el impacto que tendrá en el departamento”, dice el mandatario. 

A esta oferta se suma una estrategia de regionalización que busca acercar las oportunidades de formación a estudiantes que viven por fuera de los municipios con mayor concentración de universidades. En este componente, 160 jóvenes de 11 municipios pueden acceder a ocho programas académicos con el respaldo de siete instituciones de educación superior.

La cifra resulta relevante en un departamento donde las oportunidades educativas no están distribuidas de manera uniforme. Para algunos estudiantes, estudiar una carrera profesional también implica desplazarse de su municipio, asumir gastos adicionales o incluso trasladarse a Bogotá. Llevar parte de la oferta a los territorios puede reducir algunas de esas barreras.

La nueva generación de beneficiarios también llegó con una tarea distinta a la académica. Durante la jornada, los estudiantes participaron en una iniciativa de ayuda para municipios afectados por recientes incendios en Cundinamarca. En coordinación con la red ciudadana RaDAR de Ayuda, recolectaron alimentos no perecederos que serán destinados a las comunidades afectadas.

Además, realizaron una donación digital a “1, 2, 3 x TIC”, iniciativa de la Fundación Más Por TIC que busca llevar formación en ideación y fortalecer capacidades entre jóvenes de estos territorios.

El encuentro terminó con la firma de un decálogo de compromisos con Cundinamarca. Para los estudiantes que ahora comienzan esta etapa, el beneficio representa una oportunidad para ingresar o permanecer en la educación superior; para el departamento, el desafío estará en que esos miles de jóvenes consigan atravesar también la otra mitad del camino: permanecer en las aulas, terminar sus carreras y convertir la formación recibida en nuevas oportunidades para sus municipios.

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Todos ganan: los niños al recibir comida nutritiva y caliente en sus jornadas escolares; los habitantes de municipios y veredas, al acceder a empleo o vender sus cosechas, y los territorios al lograr que sus niños y jóvenes cuenten con la garantía de cursar sus estudios sin hambre. Todo gracias a un programa de la Gobernación de Cundinamarca: PAE Nuestro. La idea nació en 2024, como un proyecto piloto que apuntaba a mejorar los programas de alimentación escolar en el país y convertir el de este departamento en un ejemplo nacional, como pilar de desarrollo en los territorios.

En ese entonces, el gobernador Jorge Emilio Rey diseñó un modelo en el que la administración se encargaba de crear el programa, pero quienes gestionaban los recursos eran los líderes de las Juntas de Acción Comunal en los diferentes municipios. Ellos no solo se encargaban del menú, sino de que estos platos se prepararan con productos cosechados por manos campesinas de sus territorios.

En aquel entonces, el piloto comenzó con 2.493 estudiantes y unos cuantos líderes de 11 municipios, que fungieron como veedores y ejecutores del proyecto. Dos años después, en los colegios de Cundinamarca funciona PAE Nuestro, un modelo de avanzada en el que más de 16.000 estudiantes reciben comida caliente y nutritiva periódicamente, demostrando que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) sí puede gestionarse con transparencia y cumpliendo su propósito: el bienestar de los niños.

Las cifras respaldan el éxito de un modelo que cada vez gana más espacio en el departamento: a la fecha, el programa ha contratado a más de 440 personas, que se encargan de llevar comida de calidad y sin contratiempos a más de 300 escuelas. Un aspecto valioso es que muchos de esos platos se cocinan con productos locales, que se compran a los campesinos de la región, pagándoles precios justos.

Fórmula de avanzada

Hay varias voces que le atribuyen el éxito del programa a cómo el gobernador Rey diseñó el PAE Nuestro, un modelo que analizó los tropiezos del programa tradicional e involucró a la comunidad para que los niños pudieran recibir comida de calidad, una porción adecuada y una dieta que supliera todas sus necesidades nutricionales. “Antes lo manejaba un operador particular que tenía dificultades con la producción de alimentos, el manejo de personal y hasta la gestión de quejas. El PAE Nuestro trae un cambio a nuestro municipio y ha mejorado la manera en que educamos a nuestra niñez”, dice Nhora Martínez, rectora de la Institución Educativa San Juan de Rioseco.

La directiva también destaca la gestión comunal, pues al ser los mismos pobladores de las regiones los responsables del programa, lo blinda de corrupción o desfalcos. El sentido de pertenencia del pueblo y su gente hacia el programa los lleva a invertir de manera adecuada cada centavo, por el bienestar de la niñez.
El PAE Nuestro, dice el gobernador Rey, revoluciona la manera como se había manejado la alimentación escolar pública en el pasado. Antes, un operador privado recibía un contrato que, en teoría, lo obligaba a alimentar a los niños en un determinado número de escuelas. Pero el contrato se quedaba en el papel: así lo demostró la Contraloría en 2025 cuando alertó de que más de COL 49.000 millones estaban bajo la lupa por sobrecostos, retrasos en los pagos y miles de niños perjudicados sin alimento.
El modelo en Cundinamarca da plena autonomía a las Juntas de Acción Comunal para gestionar la alimentación de sus escuelas e involucra a los campesinos aledaños a cada institución educativa para que también participen en la fórmula. Al menos 40 cultivadores y sus organizaciones producen toneladas de alimento que, tras una juiciosa revisión fiscal y técnica, se venden a las juntas. Estas organizaciones ahorran cada centavo posible para que la mayor cantidad de niños suplan sus necesidades alimentarias y ubican ellos mismos los alimentos en los platos de los alumnos.

El municipio de Zipacón ilustra bien el proceso. La Junta de Acción Comunal se ha encargado de que ninguno de los 744 estudiantes de sus 13 sedes educativas curse sus estudios con hambre. Semanalmente, la organización alista toneladas de alimentos que almacena gracias a un centro de acopio que constituyeron sus líderes y la Gobernación.
Algo similar ocurre en el municipio de El Colegio. “La idea es que mejoren su alimentación y de paso su aprendizaje. En muchos casos, la única comida que reciben al día es la del PAE, y esta debe ser de calidad. Las escuelas han visto crecer su porcentaje de alumnos gracias al programa. Nos ha demostrado organización, visión de progreso y desarrollo conjunto”, dice Wilson Correa, presidente de Asojuntas en este municipio.

Negocio circular

Rey insiste en la importancia de involucrar a todos los actores departamentales posibles para el PAE Nuestro. Pero el verdadero éxito, dice, consiste en que un solo programa consiguió impactar positivamente a diferentes poblaciones de un mismo territorio. Para él, la calidad educativa también tiene cabida en este proyecto por garantizar alimentación digna o economías circulares en los departamentos.

“Le hemos demostrado a Colombia que la educación puede llegar con calidad a los municipios, lo cual se verá retribuido en el departamento. Un ejemplo es que gracias a programas como el PAE Nuestro y otros esfuerzos por la educación, hoy Cundinamarca lidera los resultados del país en las Pruebas Saber. Esta es una apuesta por el futuro de Cundinamarca”, concluye el gobernador.

Las imágenes son inquietantes. Cristian Garzón, el primer guarda de seguridad asesinado a manos de un colado, va desgonzado mientras sus compañeros lo llevan urgente hasta el centro médico de Salud Total, en el municipio de Soacha. La preocupación en sus rostros es evidente: acaba de ser herido con arma blanca por un hombre que evadió el pago del pasaje. Así lo indicó la empresa Top Guard LTDA, que presta el servicio de vigilancia en el sistema Transmilenio.

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Todo pasó muy rápido. Este viernes 18 de septiembre, sobre las 9:30 a. m., un hombre y una mujer se colaron e ingresaron a la estación Terreros, ubicada en la troncal de Soacha. De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, una de las vigilantes le reclamó por su falta a la norma, pero el sujeto, de manera violenta, la amenazó con arma blanca. Entonces, la reacción de Cristian fue protegerla, pero recibió dos puñaladas en el pecho, de tal gravedad, que falleció en cuestión de horas. "Lo que habíamos temido ocurrió", enfatizó el cabildante.

Y ocurrió porque, con base en los múltiples hechos, así como los datos, dan cuenta de la problemática escalada de agresión a guardas de seguridad en Transmilenio. Según cifras entregadas por la Empresa a la concejal Diana Diago, durante 2024 se registraron 96 agresiones, de las cuales más de la mitad (56) ocurrieron por llamar la atención a los colados. Para 2025, la cifra total aumentó a más de 196 ataques, nuevamente reportando en 144 de ellos, por motivos de evasión del pasaje. Para el año pasado, las estaciones más críticas fueron Portal Suba (36), Portal El Dorado (18), Portal Américas (15), San Mateo (13), Banderas (8), Perdomo (7) y León XIII (6).

Para este 2026, la situación no ha desescalado. Apenas entre enero y julio, agredieron a más de 230 trabajadores. En marzo, se registraron 77 hechos; en abril escaló a 184, y en mayo ya registraba más de 200 casos. Como lo hemos contado en El Espectador, datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central también encontraron que, en promedio, cada 12 horas una persona vinculada a la operación del sistema de transporte masivo es víctima de una agresión. 

“El incremento de estos hechos demuestra que el Distrito no ha tomado medidas eficaces para proteger a quienes garantizan el orden y la seguridad dentro del sistema. Exigimos que la Administración adopte protocolos claros de prevención y acompañamiento, y que se refuerce la presencia policial en las estaciones más conflictivas”, agregó la concejal Diago.

A este reclamo se sumó también la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada – CONFEVIP. A través de un comunicado, reiteraron que los hombres y mujeres que prestan este servicio se ven expuestos diariamente a situaciones que comprometen su integridad, tanto así que "empresas del sector han tenido que adquirir elementos y trajes especiales de protección".

"Nosotros habíamos advertido sobre los riesgos a los que están expuestos nuestros guardas. No podemos permitir que quienes salen todos los días a cumplir una labor de seguridad terminen poniendo en riesgo su propia vida", sentenció Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP.

Su preocupación se basa también en casos documentados como el del pasado 5 de mayo de 2026, cuando a un guarda de seguridad lo hirieron tras intervenir en la estación Calle 76 para proteger a una compañera vigilante que estaba siendo agredida por evasores del pasaje, sufriendo lesiones en el enfrentamiento. Por el hecho, los agresores fueron detenidos por las autoridades.

El 10 de junio, en el portal 20 de Julio, un hombre atacó a un guarda con un martillo luego de negarse a pagar el pasaje. El 12 de julio a un guarda de seguridad privada lo hirieron cuando intentó evitar que dos colados ingresaran sin pagar al Portal Suba y uno de los sujetos lo atacó con arma blanca en el brazo y abdomen. Por el hecho, el agresor fue detenido por la Policía Metropolitana.

El 2 de agosto, un guarda de seguridad en la estación Universidades CityU fue golpeado con puños y patadas por dos hombres que, presuntamente, habían ingresado al sistema sin pagar el pasaje y se encontraban, al parecer, en estado de embriaguez. Así como otros casos.

"Consideramos indispensable que las autoridades, los operadores del sistema, las empresas de vigilancia y las demás entidades involucradas revisen de manera urgente los protocolos de seguridad, prevención, reacción y protección del personal de vigilancia privada, especialmente en aquellos puntos donde se han identificado mayores niveles de conflictividad y agresiones", pidió Confevip.

¿Quiénes son los responsables de los colados?

Actualmente, Transmilenio cuenta con 886 servicios de vigilancia distribuidos en estaciones y portales. De ellos, 546 están destinados específicamente a labores de control de evasión y 340 a la protección de infraestructura. Una decisión que para la Empresa de Transmilenio evidencia su prioridad en contener a los colados, pero que no ha logrado anular del todo y, por el contrario, ha incrementado.

Según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), elaborado a partir de cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de 2026 se impusieron 122.925 comparendos por colarse en el sistema. En promedio, 579 comparendos diarios, cerca de 24 cada hora o uno cada 2 minutos y 29 segundos, indica el informe. Un aumento del 21,2 %, frente a 2025.

Al hacer zoom a las localidades donde más se imponen estos comparendos, Santa Fe encabeza los registros con 17.135 anotaciones; le sigue Engativá (16.102), Suba (13.335) y Los Mártires (13.162). Para Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, las dificultades económicas pueden influir en la decisión de no pagar, pero no son la única explicación. La experta señala también una normalización de la evasión y una baja percepción del riesgo de ser sancionado.

Así coincide también Germán Prieto, profesor de la especialización en Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en entrevista con El Espectador. “Las sanciones son bajas, difíciles de cobrar y, en muchos casos, simbólicas. Esto ha instalado una percepción generalizada entre los usuarios: no pasa nada”, señala el profesor.

A nivel de infraestructura también hay una deuda. En 2025, la concejal Diana Diago denunció que la falta de infraestructura adecuada facilita la evasión. Con corte a octubre de 2024, 96 de 138 estaciones del sistema troncal no contaban con puertas de acceso, es decir, 66% de las estaciones no tienen puertas, más de la mitad. Lo que significa una apertura a que más personas evadan el pago del servicio. Para enero de este año, la cabildante también denunció que el contrato para la instalación de 174 puertas “anticolados” en estaciones troncales tenía ejecución física de apenas el 28 %, cuando, para la fecha, el proyecto ya debía estar en su fase final.

Esos vacíos, entonces, terminarían por entregar parte de la responsabilidad a policías y personal de seguridad privada en controlar a los evasores. Estos últimos, además, operando con márgenes difusos de cómo ejercer la fuerza y equipados con un casco, una pechera y un bolillo, que en el caso de Cristian Garzón no lo protegió.

Desde Transmilenio aseguran que la lucha contra la evasión forma parte de una estrategia integral basada en tecnología, infraestructura, cultura ciudadana, fiscalización e incidencia institucional. La entidad informó que más de 520 servicios de vigilancia cuentan con capacitación específica para integrar escuadras móviles antievasión y reiteró que el 85 % de los usuarios valida su pasaje.

Pasajeros también han muerto a manos de vigilantes

Otras de las discusiones son en torno al papel que desempeñan los vigilantes dentro del sistema. Como lo documentamos en este diario, expertos y voces del Concejo han advertido que existe una tensión entre las responsabilidades que asumen estos vigilantes y las facultades que legalmente tienen para actuar.

Para la concejala Heidy Sánchez, una de las voces más críticas del modelo de seguridad privada que opera en el sistema, las medidas implementadas para contener la evasión no han logrado los resultados esperados. “Las estrategias de puertas anticolados, torniquetes de piso a techo y la presencia de guardias no han logrado contener el problema de la evasión; en contraste, han aumentado los ataques a los guardias y las respuestas violentas de algunos de ellos contra los usuarios”, afirmó.

Sánchez recordó que los vigilantes cumplen funciones preventivas y disuasivas, mientras que el uso legítimo de la fuerza corresponde exclusivamente a la Policía Nacional. Esto ante casos donde vigilantes también se convierten en agresores de usuarios, incluso que terminan en homicidios. Así ocurrió el 1 de septiembre de 2024 cuando en la estación San Diego, un joven de 23 años ingresó sin pagar al sistema. Ante el reclamo del vigilante para que pagara el pasaje, la víctima sacó un arma cortopunzante y amenazó al trabajador. En medio de la riña que se formó frente a varios testigos, durante los forcejeos entre las partes, el vigilante lo desarmó y terminó atacándolo con la misma arma con la que lo estaban amenazando.

Ese mismo año, la justicia condenó a 16 años y seis meses de prisión a un patrullero por el homicidio de un joven de 19 años que se coló en el sistema, en un procedimiento calificado como injustificado.

El homicidio de Cristian Garzón ya avanza en la justicia. De acuerdo con la Policía de Soacha, el señalado agresor y su pareja, una mujer mayor de edad, fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. Desde la SIJIN, Inteligencia Policial (SIPOL) y demás capacidades institucionales, señalaron que adelantan labores investigativas, de análisis y recolección de elementos materiales probatorios que serán llevados a juicio.

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Su caso ocurrió en medio de múltiples alertas tempranas que desde el gremio de vigilantes y la misma empresa de Transmilenio han emitido por la escalada violenta contra los guardas de seguridad. Sin embargo, también es el reflejo de los límites difusos que hay sobre qué tanto deben involucrarse con el uso de la fuerza para controlar a los evasores, donde terminan en riñas y respondiendo, como lo advirtieron desde el Concejo, ante una falta de reforzamiento de infraestructura en el sistema. Las consecuencias ya dejan un joven muerto.

Hablar en pasado de un ser querido y, en especial, tras una muerte violenta es doloroso. Así lo siente Rusmeiri González, quien el miércoles se enteró del hallazgo sin vida de su hermana menor, Ana Lucía González Mendoza, quien alegró a su familia con su presencia solo por 9 años, pues a esa edad fue asesinada. Según el reporte preliminar de Medicina Legal, la asfixiaron. Ahora lo que tratan de determinar es si también fue víctima de abuso sexual.

Los hechos pasaron rápido, pero, al parecer, pudieron prevenirse. Rusmeiri contó cómo llegaron a Bogotá y detalles previos a la desaparición de la niña. Narra que hace dos años, llegó a Colombia oriunda de Zulia (Venezuela). Entre ires y venires, ‘Chana’, como llamaban de cariño a su hermanita, le dijo que si la podía acompañar. “Estaba de vacaciones escolares, cursaba cuarto de primaria, y me dijo que quería conocer Bogotá”.

Fue así como ella, su hijo (de 2 años) y Ana llegaron a la capital. Se alojaron en un inquilinato de seis pisos, ubicado en el barrio Porvenir del Río, municipio de Mosquera (Cundinamarca). Los recuerdos de los tres meses que convivieron son imborrables. La joven de 24 años cuenta que cuidaba de ellos todo el día. Luego de prepararles el desayuno a los niños, los dejaba jugar o veían el programa favorito de Ana, Las Chicas del Pop.

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Pero los días iluminados, asegura, los opacaba quien hoy es el principal sospechoso de la muerte de la pequeña: su exnovio, de 29 años, oriundo del estado La Guaira (Venezuela). Durante casi dos años y medio sufrió una relación marcada por la violencia económica y psicológica. “No me dejaba hablar con nadie, solo con mi mamá. Me cansé, puse mi límite y en agosto le terminé, pero me dijo que nunca me iba a dejar ir. Era obsesivo. Tóxico”.

En el mismo cuarto del que no se fue, como parte del asedio, supuestamente el sujeto agredió a Ana, según la denuncia en Fiscalía. “Una mañana encontré a la niña en la cocina y le pregunté qué había pasado. Me dijo que tenía miedo de contarme, porque él le había dicho que si hablaba me iba a hacer daño. La tranquilicé y fue cuando me contó que le había mostrado el pene. Esa noche lo confronté”.

Antes de la desaparición

El 14 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, Rusmeiri recibió un mensaje en su celular. Su exnovio lo vio e inició una escalada de violencia. En el cuarto, en presencia de los dos niños, “empezó a romper el espejo. Ana se levantó, yo agarré a mi hijo y bajamos a la calle. Nos persiguió y bajó con un bolso donde tenía los documentos de los tres y mi celular”. Con varios testigos, pero sin que nadie levantara el teléfono para llamar a la Policía, Rusmeiri le pidió a Ana que buscara ayuda. “En mi desespero le dije que fuera a la panadería, porque allá siempre hay policías. Le dije que si había uno, lo trajera. Si no, que me esperara allí”.
Al ver que el sujeto se había ido al parqueadero para sacar la motocicleta, caminó con su hijo cinco cuadras hasta el cuadrante de Policía, mientras Ana atendía la instrucción. Su preocupación era lograr que le devolviera los documentos. Sin ellos, no tenía cómo regresar a Venezuela. Sin embargo, la esperanza de recibir auxilio chocó con otro muro: “Llegó un policía a recibir turno, le comenté lo sucedido, pero me dijo que luego podía comprar otro celular o sacar la cédula. Quedé decepcionada de no recibir ayuda y me devolví”.

A paso firme, mientras Rusmeiri pensaba en juntar una maleta y huir con los niños y el poco dinero que había reunido, caminó directo a la panadería, pero Ana no estaba. La preocupación y el miedo escalaron. Corrió al inquilinato, donde creyó que la iba a encontrar, pero el cuarto estaba vacío. “El tiempo que perdí en el CAI, él lo aprovechó para llevársela. Así lo vi en las cámaras de seguridad”.
A la deriva, acudió a una señora que hacía perifoneo. Era la primera persona que la escuchaba y auxiliaba. A pesar de los esfuerzos, no tuvo éxito. Cuando pasó un policía, se recepcionó la denuncia y se activó la Alerta Rosa. Ese mismo 14 de septiembre, en la noche, el sospechoso regresó al inquilinato en Mosquera. Tranquilo y con la excusa de que había estado trabajando, ayudó a Rusmeiri a buscar a la pequeña en los barrios cercanos. “Me llegó a consolar. Estaba tranquilo. Cuando vi las grabaciones, lo confronté e insistió en que no se la había llevado”.

Las 48 horas de búsqueda

El Espectador intentó contactar al alcalde de Mosquera, Nelson Parra, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. A partir de sus declaraciones en otros medios, detalló el recorrido que hizo el sospechoso con Ana Lucía. Así lo evidencian las cámaras de seguridad, que ahora son pieza clave en el proceso penal. De acuerdo con Parra, el indiciado partió del barrio Porvenir del Río, en Mosquera (Cundinamarca), tomó la calle 13 hacia Bogotá e ingresó al barrio Casandra (Fontibón), antes de llegar a la Zona Franca. Allí hizo una parada por cerca de tres minutos y se devolvió, ya sin la pequeña. Ese detalle es materia de investigación, para establecer cómo su cuerpo terminó en una alcantarilla del barrio Juan José Rendón, de Ciudad Bolívar, a más de 18 kilómetros de distancia.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, la Policía de Mosquera pidió apoyo en Bogotá para la búsqueda de Ana Lucía, sobre todo en el Río Bogotá, pues esa es la frontera que separa a los dos barrios, en apenas 5 cuadras, donde se movilizó el hoy sospechoso. Aunque buscamos a la Policía de Mosquera y de Bogotá para conocer cómo se articularon, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El sospechoso fue capturado el 16 de septiembre, dos días después de la desaparición de la menor y fecha en que encontraron su cadáver. Al cierre de esta edición, estaba programada la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

A Ana Lucía la sepultarán en Venezuela. Su familia pide apoyo para trasladarla, mientras reciben atención psicosocial y su abogado, Daniel Solarte, toma la representación del caso. Solo esperan la máxima pena posible como justicia ante tanto dolor, caso que podría tipificarse como violencia vicaria, la cual se caracteriza por la intención clara del agresor de generar daño a la mujer a través de los hijos o familiares.

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Rusmeiri pide recuerden a su hermana ‘Chana’ como una niña risueña, sincera y amorosa con toda su familia. El recuerdo que más preserva de ella eran los momentos en que la miraba con admiración. “Cuando yo me vestía o me peinaba, me decía que quería vestirse algún día así. La extrañaré siempre”.

La violencia vicaria en Bogotá

De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, 1 de cada 10 mujeres con hijas o hijos en Bogotá experimentó violencia vicaria al menos una vez durante los últimos dos años. Una violencia caracterizada por tener la intención clara de generar daño a la mujer a través del sufrimiento infligido a los hijos, hijas, familiares o incluso mascotas. A pesar de ello, esta violencia no es reconocida en el marco jurídico colombiano, aunque la Corte Constitucional la ha nombrado en dos sentencias. Ana Lucía es la víctima más reciente, pero también lo fue Susan y Santy y la menor, que junto a su mamá, fueron asesinadas por un exmilitar en Usme. Un vacío que, más allá de lo legal al no penalizarse bajo su entendido, impide entender el problema para no solo sancionarla, sino prevenirla.

Todo ocurrió en cuestión de horas. El 16 de septiembre, en horas de la mañana, se conoció la noticia del lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de una niña en el barrio Juan José Rendón de la localidad de Ciudad Bolívar. Según vecinos de la comunidad, fueron precisamente otros menores que jugaban cerca de la zona los que vieron el cadáver de la menor y salieron despavoridos.

Tras la alerta a la línea de emergencias 123, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía llegaron al punto para realizar el rescate y levantamiento del cadáver. Para ese momento, el secretario de Seguridad, César Restrepo, descartó que la víctima estuviera reportada como desaparecida en Bogotá.

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Quien lo hizo fue el alcalde del municipio de Mosquera. A través de un comunicado, informó que desde el momento en que se reportó la desaparición de una niña el 14 de septiembre en el sector de Porvenir Río, activaron "todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa". ¿Por qué Bogotá no conocía de ese reporte?

En el marco del proceso, se pudo establecer entonces que el cuerpo sin vida al sur de la ciudad correspondía a la pequeña Ana Lucía González Mendoza, de apenas 9 años.  

El primer capturado

Ese mismo 16 de septiembre, en horas de la noche, el CTI de la Fiscalía anunció que ejecutó una orden de captura en Bogotá contra un hombre sospechoso del feminicidio de Ana Lucía.

De acuerdo con el ente acusador, la hipótesis apunta a que el hoy indiciado "se habría llevado a la niña de su vivienda tras una discusión que sostuvo con uno de los familiares de la víctima".

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El hombre, quien de acuerdo con la Alcaldía de Mosquera sería "uno de los responsables", será imputado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años".

¡A recoger agua antes de El Niño! Esa es la posibilidad que tienen las comunidades rurales de Cundinamarca, que recibirán 2.100 sistemas para recolectar y almacenar lluvia, como alternativa durante las temporadas secas que se avecinan.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destinó COP 5.880 millones para desarrollar la estrategia Cosecha de Agua Comunitaria, en conjunto con la Gobernación y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO). Los organismos de Acción Comunal recibirán los equipos y se encargarán de apoyar su implementación en los territorios.

Ya entregaron 571 sistemas en 31 municipios

Durante agosto, las entidades distribuyeron 571 kits en 31 municipios. Entre los primeros beneficiados se encuentran Tausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Manta, Tibirita, Machetá, Útica y Quebradanegra.

Cada sistema permite captar las aguas lluvias y conservarlas para diferentes usos domésticos. La estrategia busca reducir la presión sobre los acueductos y las fuentes hídricas durante los periodos de menor disponibilidad.

“Con una inversión de COP 5.880 millones de la CAR, esta estrategia avanza hacia la entrega de 2.100 kits de Cosecha de Agua Comunitaria en todo el departamento”, explicó Erika Sabogal, gerente del IDACO.

Las juntas comunales ayudarán a definir las necesidades

Los equipos incluyen herramientas pedagógicas para orientar a las comunidades sobre su instalación, cuidado y uso. Las juntas de Acción Comunal también participarán en la identificación de las zonas que enfrentan mayores dificultades para acceder al agua. Sandra Machete, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, en Fúquene, destacó que los sistemas pueden convertirse en una reserva para las familias campesinas.

“En esta época de sequía, contar con esta herramienta es de gran ayuda para nuestras comunidades del campo”, señaló. Las entidades continuarán con la entrega de los 1.529 kits restantes en distintos puntos de Cundinamarca. La meta es fortalecer la capacidad de las comunidades para administrar el agua disponible y contar con una fuente alternativa durante las temporadas de sequía.

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El dantesco y ahora cada vez más extremo fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país. Disminución de lluvias y sequías, incendios forestales, impacto en la seguridad alimentaria, riesgo de apagón y disminución de los caudales de ríos y quebradas, así como de embalses y reservorios, son algunas de las implicaciones registradas desde su declaratoria en junio de este año.

Aun así, el escenario podría ponerse peor. El 3 de septiembre, la máxima autoridad global en ciencia climática, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que El Niño irá hasta febrero de 2027, previamente intensificándose “hasta convertirse en un episodio muy fuerte” entre septiembre y noviembre.

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Una posibilidad del 100 %, según la OMM, y que preocupa no solo por su impacto, sino que lleva a preguntarse: ¿qué tan preparados estamos en un futuro para contenerlo? La CAR Cundinamarca busca responder esta pregunta a través del inicio de la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA, una hoja de ruta para la planificación y gestión del agua subterránea en las cuencas alta y media del río Bogotá. Así será el proceso de análisis con el fin de establecer medidas para protegerlas.

La disponibilidad de agua subterránea

Como lo contamos en el especial 'Escasez de agua en Bogotá. ¿Cómo llegamos a este punto?' de El Espectador, Bogotá es una de las ciudades del país con más fuentes de agua disponibles a su alrededor. Páramos, ríos, humedales, aguas subterráneas, grandes embalses… Y a pesar de ello, la historia cuenta que en varias oportunidades se ha enfrentado a la escasez, como ocurrió en 2024, con el racionamiento.

A diferencia de esa temporada del fenómeno de El Niño, hoy los embalses que abastecen de agua a Bogotá, con corte al 14 de septiembre, se encuentran en una tendencia estable y ascendente. El total agregado norte se encuentra en un llenado de 67, 74 %; mientras que el sistema de Chingaza reporta un 94,51 % de llenado. Sin embargo, el acelerado crecimiento poblacional sigue amenazando a este actual sistema de abastecimiento.

En entrevista con este diario, la directora del Acueducto, Natasha Avendaño, advirtió que si siguen atendiendo la demanda en los municipios de la región, sin nuevas áreas de prestación, "tendremos capacidad de abastecimiento hasta el 2040. En cambio, si ampliamos el área de prestación y en los municipios donde vendemos agua en bloque pasamos a ser prestadores, tendremos capacidad de abastecimiento hasta el 2033". A estas opciones, Avendaño también resaltó en su momento la posibilidad de explorar la fuente de aguas subterráneas, "no como una solución de emergencia, sino de largo plazo".

El problema es que los estudios y marcos regulatorios de aguas subterráneas datan de 2008 (a nivel Cundinamarca) y 2014 (a nivel nacional), cuando el IDEAM publicó en 2022 un informe que recopiló las exploraciones en esta materia, efectuadas entre 1995 y 2014. Dicho documento señala que en el país se han identificado 50.492 puntos de agua subterránea, reportados por las autoridades ambientales, estudios regionales y locales e información del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH). La CAR Cundinamarca, busca entonces a través de un nuevo plan, actualizar dicha información para la toma de decisiones.

El plan de la CAR

Las aguas subterráneas son un recurso hídrico que, como su nombre lo indica, no puede ser detectado a simple vista. Dividido en dos tipos de aguas: meteórico, cuya profundidad no es tan pronunciada, y se compone, esencialmente, del agua de las lluvias que permea las rocas del suelo; y acuíferos, agua almacenada por millones de años a 800 metros de profundidad, en territorios como el de la sabana de Bogotá. Estos últimos son de interés de la CAR Cundinamarca.

Este lunes, la Corporación anunció el inicio de la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA, una hoja de ruta con la que auditarán no solo los acuíferos en las cuencas alta y media del río Bogotá, sino que pretende delimitar legalmente sus áreas de recarga natural para protegerlas.

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El proceso, dicen, contará con un equipo interdisciplinario especializado de profesionales, así como también con la participación de los diferentes actores del territorio, entre ellos comunidades, usuarios del agua subterránea, sectores productivos, entidades territoriales, organizaciones sociales, instituciones académicas y ambientales. "Sus conocimientos y experiencias ayudarán a identificar los principales usos del agua, los puntos donde se aprovecha, las problemáticas existentes y los cambios que ha tenido el recurso a lo largo del tiempo", destacó la CAR Cundinamarca.

Como punto de preparación, el PMAA inició con la recopilación, organización, revisión y análisis de la información secundaria relacionada con los componentes geológicos, así como información sobre aprovechamientos, concesiones, calidad del agua, recarga y descarga, vulnerabilidad y fuentes potenciales de contaminación.

En las demás fases, la CAR busca identificar las principales problemáticas, presiones y riesgos asociados al aprovechamiento y conservación del recurso, incluyendo aspectos relacionados con la oferta y demanda, calidad del agua, contaminación, recarga y posibles condiciones de agotamiento.

Las conclusiones, entonces, permitirán a la autoridad ambiental identificar los puntos estratégicos donde se recargan los acuíferos —desde el páramo de Guacheneque hasta el sector de Alicachín, abarcando 29 municipios de Cundinamarca y el área rural de Bogotá— para declararlos áreas de conservación absoluta y prohibir cualquier actividad de excavación. Esto, en cumplimiento también del Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, fortaleciendo la gestión integral del agua y el ordenamiento del territorio alrededor de este recurso en las cuencas alta y media del río Bogotá.

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Autoridades oficiales y expertos coinciden en asegurar que los estudios necesarios para localizar acuíferos, tanto en la sabana como en el país, se encuentran bastante desactualizados, por lo que el plan de caracterización integral de la CAR se muestra como una oportunidad de identificar y asegurar el abastecimiento estratégico de más de 10 millones de habitantes, ante los cada vez más intensos fenómenos de El Niño.

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La Alcaldía de Chía está próxima a presentar ante el Concejo municipal el proyecto que busca ampliar y mejorar la movilidad en una de las entradas del municipio: la Avenida Pradilla. El proceso, que se encuentra en su etapa técnica, avanza en la adquisición de los terrenos requeridos. Según datos oficiales, de los 85 predios necesarios para la ampliación, al menos 26 ya se encuentran en proceso de gestión y compra por parte del Iduvi.

Este proyecto, que responde a una demanda ciudadana de más de 12 años, contempla intervenir 1.040 metros de la avenida, entre Centro Chía y el cruce con la variante Cota–Chía, para pasar de cuatro a ocho carriles, dos a cuatro por sentido, y ampliar su perfil de 22 a 44 metros. Asimismo, la ampliación al doble de la rotonda ubicada en el sector de McDonald’s, uno de los puntos de mayor congestión del corredor.

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También contempla la construcción de andenes a ambos costados, ciclorruta, separadores y pasos peatonales, con el propósito de generar mejores condiciones para quienes se movilizan a pie o en bicicleta.

A la par de la transformación vial, se sumará una intervención integral de las redes de servicios públicos. Los diseños contemplan la subterranización de las redes de alta tensión que actualmente recorren la avenida, además de la adecuación de redes de alcantarillado y gas, entre otros servicios.

Para Alejandro Hoyos, secretario de Obras Públicas, llevar el cableado bajo tierra representará un cambio importante en el paisaje urbano y permitirá reducir la contaminación visual en uno de los principales accesos al municipio.

Un punto crítico en movilidad

La dimensión de la obra responde a una problemática que los habitantes de Chía enfrentan diariamente. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad, por la Avenida Pradilla circulan aproximadamente 40.000 vehículos entre carros y motos cada día, una cifra equivalente a cerca del 57 % del tráfico que se registra en la Autopista Norte, donde transitan alrededor de 70.000 vehículos.

En las horas de mayor congestión, un recorrido que normalmente podría tomar entre siete y diez minutos puede extenderse hasta 40 minutos, una situación que ha convertido la movilidad por este corredor en una de las principales dificultades para quienes ingresan o salen del municipio.

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“Cualquier día, hacia las 5:45 de la tarde, el panorama es de caos. Por más operatividad que se haga, por más medidas que se tomen, es necesaria la ampliación de la vía”, explica Juan Pablo Ramírez Otálvaro, secretario de Tránsito de Chía.

De llegar a ser aprobado este proyecto por COP 130 mil millones en el Concejo municipal, la Alcaldía proyectó que las obras de construcción comenzarían a principios de 2027.

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La línea del tiempo de cómo Cundinamarca fortaleció la salud en tiempos de “vacas flacas” comienza en 2024, cuando el gobernador Jorge Emilio Rey y su equipo diseñaron un plan financiero que no solo contempló rescatar de la crisis a los hospitales, sino el ampliar la infraestructura y acercar la atención a los habitantes, independientemente del municipio o la vereda donde desarrollaran su proyecto de vida. En aquel momento, los incumplimientos y las deudas que tenían distintos actores del sistema con la red hospitalaria del país ponían en jaque los servicios. En la lista estaban 17 entidades de Cundinamarca, las cuales soportaban condiciones tan difíciles que algunos estaban ad portas de cerrar servicios y unidades.

El desalentador panorama se hacía más complejo al saber que cualquier acción u omisión repercutiría en la ciudadanía. Un cierre, por ejemplo, llevaría a la gente a enfrentar dificultades para acceder a algo tan simple como una cita o una ayuda diagnóstica, obligándolos a desplazarse lejos de sus territorios. En cifras, implicaba una vulneración del derecho a la salud de casi el 33 % de la población. En ese contexto, el gobernador Rey priorizó la destinación de COP 255.000 millones para fondear el enorme hueco financiero que dejaban las cuentas por cobrar. ¿El resultado? Las entidades encontraron estabilidad, garantizaron la continuidad en la prestación de servicios y el departamento dio un paso fundamental en su gran apuesta por la sostenibilidad del sistema.

Edificar para crecer

Pero la estrategia no paró ahí. El diagnóstico financiero mostró otra realidad igual de preocupante: muchos hospitales operaban en condiciones precarias e, incluso, había casos en los que la infraestructura no permitía una atención completa a los pacientes. Y ¿qué sentido tenía contar con hospitales saneados si de todas maneras los pacientes iban a ser remitidos a otras ciudades, porque el departamento no tenía capacidad para garantizar su derecho a la salud?
Fue así como, cuenta Neidy Tinjacá, secretaria de Salud de Cundinamarca, la Gobernación priorizó una vez más el sector y destinó un multimillonario rubro, esta vez para infraestructura, dotación y apalancamiento de nuevos servicios. A la fecha, el monto asciende a COP 412.000 millones, destinados a reforzar y a edificar nueva infraestructura en salud.

Un ejemplo es el municipio de Soacha, donde avanza la construcción de un hospital que evitará que sus ciudadanos tengan que someterse a un viaje de dos horas hasta Bogotá para recibir atención; otro, la construcción del hospital regional en Ubaté. Así hay más proyectos emblemáticos que en un futuro próximo estarán en pie, como en Villeta, Chía o Fusagasugá, donde avanza uno de los hospitales más grandes del departamento, que beneficiará a casi 250.000 habitantes de la región.

A estos se suma el plan para habilitar otro en Funza, donde en promedio se remiten a 2.700 personas a otros centros, debido a la falta de personal y la precariedad de sus instalaciones. Hoy, gracias al Plan Financiero, se busca construir una nueva sede del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes para garantizar la atención de sus 119.000 habitantes y ofrecerá oportunidades a los ciudadanos de municipios aledaños como Mosquera, Madrid, Tenjo o Cota. Es decir, mientras muchos hospitales en el país enfrentan millonarias deudas y limitan su atención, en Cundinamarca el sistema de salud empezó a florecer.

Médicos que llegan hasta los territorios

Finalmente, la iniciativa no estaría completa, dice Tinjacá, si los médicos, los insumos y los servicios no llegan con sus beneficios a la población rural. Por eso, en un departamento donde muchos campesinos o pobladores de la zona rural dispersa debían hacer largos viajes para acceder a este derecho, se hacía indispensable que la administración les llevara el servicio hasta sus territorios. Con una inversión de casi COP 68.000 millones crearon Médico en tu Territorio. “La salud de las ciudades principales también debía llegar a las zonas alejadas. Es una brecha que se empieza a cerrar con las poblaciones rurales de Cundinamarca”, subraya Tinjacá.

Gracias a esto, Yacopí, uno de los municipios más extensos del departamento, pasó de un déficit de atención (en el que sus pobladores tenían pocas oportunidades de acceder a citas o controles) a contar con oferta a través de la inauguración de tres puestos de salud. Viotá, Guaduas, La Calera y Puerto Salgar (otro de los territorios con más superficie) también se beneficiaron de la apertura de este tipo de infraestructuras para la atención.

En total, a la fecha Cundinamarca ha invertido COP 735.000 millones en no solo reforzar un servicio y su infraestructura, sino en garantizar un derecho. Rey explica que con estas inversiones se demuestra que una estrategia acompañada de voluntad política permite enviar un mensaje a la ciudadanía sobre la seriedad de su apuesta por atender a los 116 municipios del departamento. “Le estamos mostrando a Colombia que mientras en muchos departamentos se cerraron hospitales o suspendieron servicios, en Cundinamarca conjugamos voluntad política y planes financieros para cerrar una brecha que limitaba a muchos ciudadanos el acceso a la salud”, dice el mandatario.

“Cada inversión, tanto en los municipios urbanos como en las zonas rurales dispersas, corresponde a una apuesta para que seamos capaces de ofrecer salud, respuestas y atención a nuestros ciudadanos, sin depender de terceros”, agrega Tinjacá. Finalmente, el gobernador considera que cada centavo invertido, si bien no tendrá un retorno económico directo al erario, sí implica beneficios inmensos a futuro. Con nuevas sedes hospitalarias y una zona rural dotada de salud, dice, Cundinamarca cada vez está más cerca de garantizar este derecho fundamental. “Nuestro propósito es una inversión con calidad de servicio y enfoque centrado en su humanización”, concluye.

Las imágenes son totalmente contrastantes, pero el reflejo más crudo del innegable cambio climático. En marzo de este año, Facatativá era el municipio de Cundinamarca más afectado por la ola invernal. Ahora, lo es con la extrema sequía. Como lo contamos en El Espectador, hace seis meses, las intensas lluvias generaron el desbordamiento del río Botello que, sumado al colapso del sistema de drenaje, terminó por afectar a 3.230 personas de 15 barrios y cinco veredas, que terminaron con el agua por encima de sus rodillas. 

Pérdidas de enseres, mercancías en negocios, vehículos averiados, daños en infraestructura y mucha, pero mucha incertidumbre, fue el panorama desolador. A las inundaciones y al balde que había a la mano para sacar la mayor agua posible, hoy es usado para todo lo contrario: para recoger esa misma agua que falta. 

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Las lluvias de las últimas horas dejaron al menos 14 emergencias en Cundinamarca, con afectaciones en vías y zonas residenciales.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Facatativá concentra el mayor impacto, con inundaciones que afectan al menos 20 barrios.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El desbordamiento de ríos y quebradas agravó la situación en zonas urbanas y rurales del municipio.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En varios sectores, el colapso del alcantarillado intensificó las inundaciones.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Barrios como La Paz, Villa Miriam y San Benito registran afectaciones en viviendas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Las emergencias también alcanzan veredas como Mancilla, Corinto y La Tribuna.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La caída de árboles y los encharcamientos en varias vías han complicado la movilidad de miles de personas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En el sector Colibrí, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales. De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, en 2026 se han atendido 117 emergencias por lluvias en en 50 municipios de 11 provincias del departamento.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Vecinos de los barrios más afectados señala que la presión sobre la infraestructura de alcantarillado y drenaje no es una novedad en el municipio y que los trabajos de limpieza y mantenimiento no se hacen con la regularidad que se necesita.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El dantesco y ahora cada vez más extremo fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país. Disminución de lluvias y sequías, incendios forestales, impacto en la seguridad alimentaria, riesgo de apagón y disminución de los caudales de ríos y quebradas, embalses y reservorios son algunas de las implicaciones registradas, desde su declaratoria en junio de este año.

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Pero el escenario podría ponerse peor. El 3 de septiembre, la máxima autoridad global en ciencia climática, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que El Niño irá hasta febrero de 2027, previamente intensificándose “hasta convertirse en un episodio muy fuerte” entre septiembre y noviembre.

Una posibilidad del 100 %, según la OMM, y que preocupa no solo por su impacto, sino ¿qué tan preparados estamos para contenerlo? La pregunta también se traslada a Facatativá, protagonista de esta historia. 

Agua para solo 18 días 

Facatativá tiene cinco embalses: El Gatillo (divididos y nombrados como 1, 2, 3 y cero) y el embalse Mancilla, donde hoy se puede caminar. El límite donde el agua debería llegar al cuello no es más ahora que suelo árido. Su capacidad es de 227.700 m³, pero a la fecha, solo quedan 50 mil m³. La caída, en general de las lagunas artificiales, es dramática. Según datos oficiales, para el 13 de agosto, el llenado total estaba en un 51 % (386.800 m³). Casi un mes después, con corte al 8 de septiembre, disminuyó al 24,7 % (170 mil m³ de los 686 mil m³ disponibles).

De ahí que la situación sea crítica para sus cerca de 160 mil habitantes. En entrevista con El Espectador, el gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá, Gustavo Vargas, advirtió que, de seguir esta tendencia, tendrían agua superficial para los próximos 13 a 18 días. “Claro, los pozos profundos nos permiten de alguna manera poder abastecer alguna parte del municipio, pero indudablemente, si no llegáramos a tener lluvias, la situación de racionamiento de agua se podría volver más dura, es decir, más horas”, agregó. 

Desde el 19 de agosto, el municipio de la Sabana de Bogotá declaró alerta naranja, a través del Decreto 222, con el fin de mitigar y realizar acciones preventivas y correctivas, que puedan llegar a afectar aún más el municipio por cuenta de este fenómeno. Dentro de las prohibiciones está utilizar agua potable para el lavado de vehículos, fachadas, zonas verdes y demás, so pena de sanciones monetarias que también aplican en otros comportamientos contrarios a la convivencia. 

En el decreto, también se exhorta a la comunidad a disminuir el consumo y a la Empresa de Aguas de Facatativá a implementar la sectorización del servicio de agua, o más conocido como racionamiento. Esta medida restrictiva empezó desde el 18 de agosto y funciona bajo horarios de lunes a viernes; en otros casos, solo cinco, tres o dos días a la semana y, en su mayoría, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. 

Uno de los sectores que están cobijados con esta medida es el barrio 7 de agosto. Martha Lucía Velandia es presidenta de la Junta de Acción Comunal. Allí, dice, habitan cerca de 700 familias de estrato 3. Aunque les aplica la medida, cuenta que les llega agua todos los días, pero con baja presión. “No nos ha afectado el racionamiento porque no tenemos una válvula cercana y eso hace que siga pasando el servicio”.

Martha señala que ha hecho el llamado a su comunidad de ahorrar y almacenar lo más posible. “Yo por lo menos reservo en una caneca de plástico o en ollas para preparar los alimentos (...) Si hubieran construido esos nuevos pozos en otras administraciones, no estaríamos sufriendo tanto”, recalcó. 

De acuerdo con el alcalde, Luis Carlos Casas, los datos muestran que esta medida ha permitido contener la caída en picada que se registraba desde el mes de junio, pero “no ha sido suficiente”, reconoció. Pues dentro de las proyecciones se estimaba un ahorro en la semana 3 y 4 de 50 mil m³, pero solo se logró 15 mil m³. “La idea es ahorrar 30 mil m³ por semana”, indicó.

A esto se suma que, como parte de su sistema de acueducto, los pozos profundos también han sido un colchón para mitigar esta crisis. Por ejemplo, el pozo Deudoro Aponte, que más produce agua subterránea, se mantiene casi intacto, pues conserva el 100 % de su disponibilidad (50 litros/segundo). Sin embargo, aunque en total existen siete pozos, a la fecha solo funcionan cinco.  

Sobre esto, el alcalde Casas informó que ya entrarán en operación los tres restantes. “Este miércoles vamos a recuperar el pozo San Rafael III y San Rafael I, que estaba abandonado, y nos va a dar entre 10 y 15 lt/seg más”. “El pozo Guapucha II lo vamos a habilitar (...) En menos de 20 días, recuperamos 3 pozos”, complementó el gerente, Gustavo Vargas.

A cerca de más o menos 10 minutos en vehículo, en la parte alta de Facatativá, está el sector Manablanca. Carlos Eduardo Suárez es uno de sus líderes comunales hace 35 años. Dividido en 13 sectores, viven allí aproximadamente 4 mil personas, “por la cantidad de inquilinatos”, explica don Carlos. De mayoría estrato 1, es de vocación de personas trabajadoras que salen antes de que el sol se asome y regresan con la luz de luna de los cultivos de flores u otras empresas ubicadas en Madrid, Mosquera y Funza. 

La particularidad allí es que, según él, siempre han vivido en racionamiento. “Aquí la presión es baja. En mi casa nos acostumbramos a reciclar; incluso mandé a hacer una alberca grande. El problema es que los tanques, que construyó la misma comunidad, ya no son suficientes porque ha crecido la población. Y el agua que bombea el Acueducto la distribuyen a otros sectores”, se quejó. 

Don Carlos reconoce también que en su sector también hay un problema de conexiones ilegales. Un delito que no solo ocurre en Manablanca, sino en distintas veredas del municipio. De ahí que esta también sea otra de las razones del porqué Facatativá está en crisis de abastecimiento. 

“Detrás de esas conexiones hay también obras ilegales que infringieron el POT. Una de las veredas más críticas es Pueblo Viejo y La Aurora. La Empresa de Acueducto tiene conocimiento de eso”, recalcó Yohan Ríos, vicepresidente del concejo municipal.

“En nuestra planta de tratamiento Gatillo, tratamos cerca de 200 lt/seg para toda la población, pero estimamos que el 30 % (60lt/seg) es agua que no se factura porque hay conexiones irregulares o fugas en la red que la ley lo permite y está sobre los 10 lt/seg. Pero nosotros venimos saneando y haciendo visitas en campo. Tenemos 34 mil suscriptores; es todo un reto. Aun así, por ejemplo, en esta administración hemos cambiado cerca de 2 mil medidores que estaban dañados”, respondió por su parte el gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá, Gustavo Vargas.

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Uno de los casos que hallaron durante los operativos fue en la vereda La Tribuna. Allí, la Alcaldía encontró desvíos con manguera de una de las quebradas que alimentan a los embalses, para riego de cultivos. Casas dijo en su momento, que la única solución era comprar las hectáreas aledañas “y si no quieren vender, declararlas de interés público”, advirtió. 

De acuerdo con el concejal Yohan Ríos, para la primera semana de octubre tienen proyectado un debate de control político sobre cómo llegó a Facatativá a este punto y qué se está haciendo para evitar nuevas afugias. “Somos un municipio rico hídricamente, pero pobre en capacidad de almacenamiento”, sentenció. 

Las obras

Como en toda crisis, vienen las preguntas desde la comunidad y el control político sobre si se pudo haber prevenido. Facatativá ha venido creciendo a ritmos acelerados en su población, pero no las obras de la red de acueducto que logren abastecerla del servicio de agua. 

La respuesta estaría en las actuales obras que se adelantan: la ampliación de un embalse y la perforación de cuatro pozos profundos urbanos (San Rafael II, Tierra Morada, Guapucha y Cartagenita) que, de acuerdo con el gerente, Casas, deberían entrar en operación a finales de este año y en enero de 2027, respectivamente. 

A detalle, San Rafael II, costó COP 4 mil millones y tendría una capacidad de proveer agua de 60 lt/seg a 125 mil habitantes. Tierra Morada tendrá 15lt/seg para 2.224 habitantes (inversión de COP 2 mil millones); Guapucha, 60 lts/ seg para 125 mil habitantes de la parte norte del municipio (COP 3.500 millones) y Cartagenita, tendrá 60 lt/seg para 15 mil habitantes (COP 4.623 millones). 

En formulación, detalló el alcalde, está el pozo Tierra Grata que se espera provea 15 litros por segundo para 2 mil habitantes. “Esperamos las próximas semana firmar este convenio por alrededor de COP 3.500 millones y contratar para iniciar obra”. 

Por último, está la obra de ampliación del embalse San Marta, que según Casas también se entregaría en diciembre y quedaría con una capacidad total cercana a los 360.000 m³. 

Por ahora, como en toda sequía, las esperanzas también están puestas en las precipitaciones. De no llegar a presentarse con la suficiente intensidad y constancia, el municipio no solo contempla más horas de racionamiento, sino declarar alerta roja y firmar un convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, con quien se reunieron el pasado viernes 4 de septiembre, para comprar agua en carrotanques a un costo cercano de COP 4 mil por m³.

El contraste entre las inundaciones de marzo y la severa sequía actual demuestra la vulnerabilidad del municipio ante el cambio climático. Si se cumple el cronograma a corto y mediano plazo, la ampliación del embalse y la perforación de pozos profundos son la principal estrategia de infraestructura para estabilizar el suministro. Pero esto no bastará tampoco, si no se logra erradicar el 30 % de agua no facturada.

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad. 

Los buses de TransMiZonal retoman su recorrido habitual sobre el corredor y cancelan los desvíos.

Autoridades de tránsito reportan un bloqueo en la avenida Circunvalar con calle 15, en sentido norte-sur, debido a una manifestación que ocupa la calzada.

Unidades de Tránsito se desplazan al punto para gestionar la movilidad. Como ruta alterna, las autoridades recomiendan tomar la avenida NQS.

Pico y placa para hoy Para este 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m.. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en .5 y 6.

Transmilenio informó que, con corte a las 4:31 a. m. de este martes 8 de septiembre, el sistema opera con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio. Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para conocer cualquier cambio durante la jornada.

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Cada árbol que se tala en los Cerros Orientales genera preocupación. La importancia de la estructura ecológica principal de la ciudad está cada vez más arraigada en los capitalinos, que han asumido un papel vigilante. Sin embargo, hay casos que podrían tener explicación. Al menos, este es el resumen del pleito jurídico y ambiental por los hechos registrados en un predio en la carrera séptima con calle 245, que ya conocen las autoridades, las cuales tendrán que definir si se violó la ley o fue un caso de buena fe.

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Los hechos se remontan al 31 de mayo cuando vecinos de la Urbanización Campestre Bosques de Torca, en Usaquén, advirtieron ruidos de motosierras en el lindero oriental de la copropiedad. De inmediato adelantaron un seguimiento que terminó en denuncias ante la Fiscalía y la CAR. Para ellos, allí hubo supuestamente una deforestación, que afectó dos hectáreas de cobertura vegetal.

Sin embargo, la versión de los propietarios de la Hacienda Novita A Torca I, donde ocurrió la tala, está lejos de lo que dice la denuncia. Aclaran que no se intervinieron dos hectáreas y que la tala obedeció a una acción para mitigar el riesgo que representaban unos eucaliptos, a punto del colapso. En compensación, ya iniciaron labores de restauración y han sembrado cerca de 200 árboles nativos.

La denuncia de tala en los Cerros Orientales

Las alarmas se encendieron cuando residentes del conjunto Bosques de Torca, colindante con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y ante la falta de respuestas de la administración local, encomendaron a la firma Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. realizar una investigación técnica con inspecciones de campo, sobrevuelos de drones y georreferenciación. Ante los hallazgos, el apoderado de la firma radicó el 3 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía por deforestación, promoción y financiación de la deforestación, y daño en los recursos naturales. Pide investigar a los relacionados con la Finca Novita por el ingreso de maquinaria y el transporte de madera en tablones.

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Como respaldo contaron con el concepto de la ingeniera ambiental Laura Fernández Flechas, quien advirtió los riesgos de la intervención de coberturas vegetales en áreas de alta sensibilidad ecológica. Fernández dice que remover la vegetación en terrenos de ladera desestabiliza el suelo, acelera la erosión y altera la dinámica hídrica local, disminuyendo la capacidad de amortiguar sequías o lluvias extremas. Alerta, además, el peligro de incendios debido al inadecuado manejo de residuos leñosos.

Nuestra misión ha sido conservar

En uno de los expedientes reposa un documento en el que los dueños del terreno contradicen la denuncia de “deforestación continua” y explican que no se trató de una acción encaminada a un interés de cambio de uso del suelo, planes de expansión o comercialización de madera nativa, sino la intervención puntual de unos árboles de especies introducidas (eucaliptos), que generaban riesgo, debido a un “deterioro fitosanitario crítico y fallas en su estructura”, que amenazaban un “inminente colapso y volcamiento” sobre personas y animales.

Carolina Botero Kling, quien asumió la vocería del caso, fue más precisa al calificar la tala como una acción de buena fe, en la que el principal error fue no haber notificado a los vecinos, que impulsaron la denuncia. “Hace seis meses cayeron unos rayos y quemaron unos eucaliptos, que estaban a punto de caerse. Sabiendo que la CAR adelanta un proceso de modificación de vegetación no nativa, decidimos talar 40 árboles, no solo para eliminar el riesgo sino para sembrar especies nativas. Reconocemos que debimos hacerlo de mejor manera y notificar a los vecinos, pero no fue de mala fe”, explicó.

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Sin embargo, hay un detalle que han resaltado los denunciantes en esta historia: los dueños no tenían permiso de la CAR para la intervención. Ante el señalamiento, fuera de reconocerlo, agragan que lo hicieron por la urgencia. precisa que delegados de la CAR han hecho varias visitas y ya les explicaron la intervención. “Allí no se ha realizado remoción de cobertura vegetal nativa que represente alteración grave a la salud de los ecosistemas. Además, contamos con los estudios técnicos que indican cuántos árboles hay que sembrar para compensar y restaurar”.

De momento, cuenta, están sembrados casi 200 árboles nativos. “Nuestra tarea es corregir lo que corresponda. Tradicionalmente hemos sido los más cuidadosos con nuestros bosques. Nos entristece que la denuncia la puso un vecino sin preguntarnos. Si en algo nos equivocamos, fue de buena fe. Si nos tienen que sancionar, por nuestra equivocación, pues pagaremos como corresponde en ley”

A pesar de que las denuncias comunitarias y de Greencity se radicaron ante el Ministerio de Ambiente (1 de julio), la Secretaría Distrital de Ambiente (23 de julio) y la CAR (23 y 29 de julio), y existe una extensa explicación de los dueños del predio, los denunciantes insisten en la necesidad de una inspección técnica integral. Corresponderá ahora a la CAR y sus ingenieros hacerla y pronunciarse para conocer si realmente se trata de una violación de normas ambientales y el Código Penal o si la actuación preventiva de los propietarios de la Hacienda Novita se ajustó a los principios excepcionales de mitigación de desastres.

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La Policía de Cundinamarca, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, inmovilizó un vehículo de transporte público en la vía Girardot - Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la actitud nerviosa de las dos personas que se movilizaban en el automotor llevó a los policías a sospechar que en el vehículo se transportaba algún elemento ilícito.

Y efectivamente. Al registrar el automotor, los uniformados hallaron varias cajas de cartón que contenían paquetes envueltos en papel vinipel. En su interior encontraron 676 kilogramos de marihuana, avaluados en cerca de COP 1.400 millones.

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Durante el operativo fueron capturadas dos personas, además de realizarse la incautación del estupefaciente y la inmovilización del vehículo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A julio de este año, las autoridades han decomisado 5.645 kilogramos de drogas, distribuidos en 2.084 kilogramos de marihuana, 2.609 kilogramos de sustancias sintéticas, insumos y nuevas sustancias psicoactivas, 922 kilogramos de cocaína, 15 kilogramos de base de coca, 14 kilogramos de basuco y un kilogramo de heroína.

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A estos resultados se suman 957 capturas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, afectando las redes criminales que utilizan el territorio cundinamarqués como corredor para el transporte y distribución de sustancias ilícitas.

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