Las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) adoptaron una serie de suspensiones temporales programadas en el servicio de agua en los municipios de Circasia y Filandia. Este racionamiento busca proteger las fuentes hídricas y garantizar que se pueda seguir prestando el servicio en las zonas afectadas por la disminución de los caudales de ríos y quebradas. 

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La medida responde al descenso que registran las corrientes de las que se capta el agua, un fenómeno asociado a las altas temperaturas y a la escasez de lluvias que atraviesa el departamento. El gerente de EPQ, Alejandro Guevara, explicó que el monitoreo abarca todos los municipios del departamento y sus respectivas fuentes abastecedoras, con atención prioritaria sobre aquellas ubicadas al norte, donde la ausencia de lluvias ha sido más prolongada. 

Guevara explicó cómo funcionará el racionamiento: "las suspensiones programadas en Filandia serán entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., mientras que en Circasia se han establecido horarios temporales de suspensión entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.". 

En Filandia, por ejemplo, el abastecimiento depende principalmente de la quebrada Bolillos, complementada por un caudal menor proveniente de la quebrada El Hacha. Según el funcionario, ese sistema fue el primero del departamento en recibir el impacto del calor. Por su parte, en Circasia dependen del río Roble. 

Las acciones que se están implementando surgen de la coordinación entre las empresas prestadoras del servicio de acueducto, las autoridades ambientales y las alcaldías municipales con sus equipos técnicos. 

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EPQ insiste en que las suspensiones programadas no son un castigo, sino un mecanismo para administrar el recurso disponible y evitar que las fuentes lleguen a un punto de agotamiento del que sea difícil recuperarse. Además, hicieron un llamado para que en las horas previas a los cortes no se acapare el agua y se consuma únicamente lo necesario. 

La medida se mantendrá por un tiempo indefinido, con un monitoreo permanente de las fuentes hídricas abastecedoras para determinar si se mantienen, se modifican o se suspenden los cortes del servicio. 

Un incendio forestal se expande por el corregimiento de Payandé, en el municipio de San Luis, Tolima, y tiene en alerta a las autoridades y a la comunidad por su cercanía con sectores habitados y con la planta de Cemex, la empresa multinacional mexicana de construcción. El punto más crítico se ubica en inmediaciones de la finca Altamira, a unos 500 metros de las instalaciones de la cementera.

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El mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, informó desde el lugar de la emergencia que más de 50 personas trabajaron durante el martes para contener las llamas. A ese esfuerzo se sumaron voluntarios que se desplazaron desde Coyaima y relevaron las labores durante la noche y la madrugada. 

En total han participado más de 150 personas entre agentes de la Policía, bomberos, integrantes de la Defensa Civil, personas de la comunidad y funcionarios de otras entidades. También se dispuso apoyo aéreo para enfrentar los focos ubicados en terrenos de difícil acceso. 

“Este es un incendio bastante complejo que desde el fin de semana inició en nuestro municipio. Hemos intentado por tierra y aire hacer la contención y relativamente se considera una distancia cercana a la planta La Esmeralda de Cemex. Para hoy se contempla trabajo helicoportado para intentar detener las llamas”, manifestó el alcalde de San Luis, Ricardo Acosta, quien además explicó que se está estudiando la posibilidad de evacuar las viviendas de la zona.

Las operaciones de control se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación del Tolima, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El objetivo central de los equipos es impedir que las llamas se dirijan hacia la planta industrial o hacia el casco urbano del municipio.

Los habitantes de Payandé han pedido a las autoridades que el Puesto de Mando Unificado se trasladara al corregimiento y que la Gobernación del Tolima asuma un papel más activo, destinando más recursos para la atención de la emergencia, especialmente en apoyo aéreo. 

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Aunque no se conocen oficialmente las razones que originaron el incendio, Acosta declaró que "la comunidad manifiesta que el incendio que inició en la vereda Campo Alegre ocurrió por personas que se desplazaban en motocicleta con cascos. Posteriormente, también nos comentaron que otro incendio presuntamente inició por personas que se desplazaban en otra motocicleta".

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Tolima es el departamento donde más incendios activos se registran en el país. Hasta el pasado 8 de septiembre había siete puntos activos en Cunday, Ortega, Natagaima, Ibagué y San Luis, entre otros.

Adicionalmente, la entidad también registra cinco incendios en Cauca, cuatro en Nariño y de a uno en Valle del Cauca y Norte de Santander.

Por tres días el fuego consumió cerca de 3.000 hectáreas de vegetación en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, y se determinó que tuvo su origen en una quema agrícola que un campesino no logró contener. Esta versión fue confirmada por el alcalde del municipio, Húber Darío Sánchez, quien descartó que detrás de la emergencia que inció el 5 de septiembre de 2026 en la vereda Berlín, Monte Redondo, estuviera alguna estructura armada.

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Ante las versiones que circularon sobre una posible participación de grupos ilegales que operan en el Catatumbo, Sánchez afirmó que estaba “descartado totalmente. Fue por la no prevención de una persona que ocasionó el incendio haciendo quemas pequeñas y luego no logró controlar”.

Desde la parte alta de Monte Redondo las llamas se desplazaron hacia los sectores de La Estancia y El Roque, llegando a su punto más crítico en la noche del domingo 6 de septiembre cuando el fuego se acercó a zonas próximas al casco urbano y llegó a rodear una vivienda y un restaurante del sector. El alcalde explicó que la intervención de los organismos de socorro impidió daños en las estructuras, aunque sí resultaron averiadas las mangueras que conducen agua a cultivos de la parte baja.

Sánchez declaró que el municipio solicitó apoyo aéreo por la dificultad que representaba el terreno para el acceso a controlar el incendio, pero esa ayuda nunca llegó a concretarse, por lo que las cuadrillas debieron trabajar desde tierra y recurrir a técnicas como el contrafuego, quemando una franja de vegetación para frenar el avance de las llamas.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó a través de su cuenta de X que la primera respuesta se dio por cuenta de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de Ábrego, y que posteriormente se sumaron unidades de Ocaña. Para coordinar la respuesta fue necesario instalar un Puesto de Mando Unificado y tras dos días y medio de trabajo continuo, las autoridades lograron extinguir el incendio.

Alrededor de 3.000 hectáreas quedaron afectadas, con daños en flora y fauna, y pérdidas para los cultivos y fuentes hídricas de la zona. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) quedó a cargo de establecer las responsabilidades del caso.

Casi dos años después del asesinato de un bebé de tres meses en Pereira, la Policía Nacional capturó a su padre biológico, Cristian David Cardona, quien deberá responder por los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. La captura se dio el pasado 3 de septiembre en Dosquebradas, Risaralda, y el hombre, que no aceptó los cargos, fue enviado a un establecimiento carcelario.

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El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó los detalles de la operación: “capturamos a un hombre que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses. Hechos ocurridos en septiembre del 2024. Y hoy la policía, en la Operación Ángel, capturó a su principal perpetrador gracias a una orden de captura emitida el 3 de septiembre de este año”.

El caso se conoció cuando el bebé ingresó de urgencia a la Clínica Los Rosales en septiembre de 2024, y durante la valoración, los médicos detectaron señales del síndrome del niño sacudido, una lesión que se produce al agitar con fuerza a un menor. A eso se sumaron indicios de agresiones de tipo sexual, lo que activó las alertas del personal de salud.

Los exámenes posteriores revelaron un trauma craneoencefálico severo, que fue la lesión que terminó causándole la muerte. “Este bebé recibió lesiones, tanto daños craneoencefálicos como alteraciones a su cuerpo”, precisó Ochoa.

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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los peritos hallaron lesiones cicatrizadas, compatibles con agresiones sexuales ocurridas antes del episodio que acabó con la vida del bebé. Con ese hallazgo, los investigadores se concentraron en el entorno familiar y, gracias a las entrevistas y verificaciones, establecieron que solo dos personas tenían contacto permanente y acceso directo al bebé: su padre y su madre, pues nadie más participaba en su cuidado.

Esa conclusión permitió a la Policía para la protección de la niñez solicitar la orden de captura del presunto responsable.

El comandante advirtió que el caso no está cerrado: “un hecho aberrante, vamos con contundencia a seguir el paso para identificar si hay otras personas vinculadas” y agregó que la institución policial mantiene el control permanente en este tipo de casos, rechazando cualquier hecho que ponga en riesgo a menores de edad.

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias dejó afectaciones en zonas rurales y urbanas de Campamento, en el norte de Antioquia. La emergencia se presentó durante las últimas noches, en medio de varios días consecutivos de lluvias, y los fuertes vientos se extendieron durante casi tres horas, según explicó el alcalde del municipio, Cristian Agudelo.

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El balance preliminar más reciente señala que 28 familias resultaron afectadas por la emergencia. De ellas, 21 familias, integradas por 49 personas, fueron clasificadas como afectadas, mientras que otras siete familias, con 23 integrantes, fueron catalogadas como damnificadas. Las autoridades continúan realizando el censo para establecer el balance definitivo.

Daños en viviendas y centros educativos

Las afectaciones se concentran en las veredas La Frisolera, Montañita, El Reposo, Los Mangos, San Roque, La Chiquita, Chaquiral, La Polca y La Quiebra. En la zona urbana también fueron reportados daños en el parque principal y en las calles 6 y 4.

La emergencia alcanzó además a tres centros educativos rurales: La Chiquita, El Reposo y Quebrada Negra, donde se registraron daños que están siendo evaluados por las autoridades para determinar las acciones necesarias. Las lluvias también han provocado derrumbes en algunas vías terciarias del municipio.

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El alcalde explicó que la administración local ha tenido que intervenir estos puntos para garantizar la movilidad de las comunidades rurales, “en Campamento ya llevamos cuatro noches donde llueve toda la noche, y, por ejemplo, en la noche trasantier tuvimos que madrugar a destapar una de las vías terciarias de nuestro municipio, que fue afectada también por derrumbes”.

Daños en trapiches paneleros

Uno de los sectores que también resultó afectado fue el de la producción panelera. Según el reporte de la Alcaldía, 11 trapiches paneleros perdieron parcialmente sus cubiertas debido a los fuertes vientos.

Los daños generan preocupación entre las comunidades rurales, debido a la importancia que tienen estos establecimientos para la economía del municipio. Las autoridades adelantan la evaluación de las estructuras para establecer el alcance de las pérdidas y las necesidades de atención.

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Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni animales afectados. La Alcaldía anunció que priorizará la atención de las familias damnificadas y gestionará apoyo con la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN para atender las demás afectaciones.

Mientras continúan las labores de evaluación, las autoridades recomendaron a los habitantes reforzar las cubiertas de sus viviendas y revisar las estructuras que las sostienen ante la posibilidad de nuevas lluvias y fuertes vientos.

Tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda del barrio Villa Sol, en la zona urbana de Obando, Valle del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Julián Esteban Serna, de 31 años; Brayan Andrés Díaz, de 29; y Darlis Xiomara Tunuala, de 32 años. Los tres fueron atacados con arma de fuego.

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El hecho es investigado por las autoridades como un posible enfrentamiento entre estructuras delincuenciales con presencia en Obando y otros municipios de la región. Sin embargo, esta hipótesis todavía está en verificación y aún no se reportan capturas por el triple homicidio.

Esto encontraron en la vivienda

Durante la inspección del lugar, los investigadores encontraron varios casquillos de cartuchos, dos teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para los respectivos análisis técnicos y balísticos.

El teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante del Distrito Especial de Policía de Cartago, señaló que “dos de las víctimas tenían antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas, mientras que la tercera no registraba anotaciones”.

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Las autoridades buscan establecer si estos elementos pueden aportar información sobre lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. El arma también será sometida a análisis para establecer si fue utilizada en el crimen y si puede estar relacionada con otros hechos violentos registrados en Obando o municipios cercanos.

Investigan disputa entre estructuras criminales

Por ahora, la principal hipótesis apunta a una posible confrontación entre organizaciones delincuenciales que tienen presencia en Obando y otros municipios del norte del Valle. La Policía mantiene las labores de investigación e inteligencia para establecer si el triple homicidio está relacionado con disputas por actividades criminales en la zona.

El organismo recordó que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de seguimiento en lo que se advierte sobre un riesgo alto por la persistencia de estructuras criminales y el desplazamiento de las confrontaciones hacia municipios cercanos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes fueron los responsables.

Ocho personas habrían sido retenidas en el sector de Charcón de Liberia, zona rural de Anorí, Antioquia. Cuatro de ellas fueron liberadas, mientras que tres integrantes del grupo aparecieron muertos días después en jurisdicción de Cáceres, en el Bajo Cauca. Una mujer que hacía parte del grupo continúa desaparecida.

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La información fue confirmada por el alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva, después de que inicialmente se reportara la retención de cuatro personas. Según los reportes conocidos, las ocho personas habrían sido retenidas presuntamente por integrantes del Clan del Golfo y trasladadas hacia el Bajo Cauca, aunque las autoridades continúan estableciendo las circunstancias de lo ocurrido.

De cuatro retenidos a ocho, así cambió el caso

La situación se conoció públicamente cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de cuatro personas en zona rural de Anorí y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el sector.

Uno de los retenidos, el líder comunal Jeiber Alonso Restrepo, fue liberado. Posteriormente, el Ejército confirmó la liberación de otros tres jóvenes mediante un operativo que incluyó sobrevuelos e ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N°7 y la Fuerza Aeroespacial.

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Sin embargo, el alcalde de Anorí confirmó posteriormente que eran ocho las personas retenidas y no cuatro," esta semana se llevaron ocho personas, no cuatro como estaban informando, ocho personas, cuatro fueron devueltas, por voluntad de ellos".

El reporte de Indepaz del 2 de septiembre coincide con este balance y señala que las ocho personas fueron retenidas en Charcón de Liberia y posteriormente trasladadas hacia el Bajo Cauca. El organismo registró el caso como la masacre número 87 de 2026.

Tres víctimas fueron encontradas en Cáceres

Después de la liberación de cuatro personas, tres cuerpos fueron encontrados en zonas rurales del corregimiento de El Guarumo, en jurisdicción de Cáceres. Dos de las víctimas fueron identificadas como William Jaime Pinea, de 31 años y Francisco Luis Mesa, de 41 años.

Una mujer que hacía parte del grupo permanece desaparecida. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, el traslado de las víctimas desde Anorí hacia el Bajo Cauca y la responsabilidad de los hechos.

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El caso ocurre en medio de la preocupación por la situación de orden público en la zona rural de Anorí. El 27 de agosto fue asesinado Deibi Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, además del líder comunitario y comerciante. Tras ese crimen, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta COP 100 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Dos flamencos rosados murieron tras chocar con una línea de transmisión eléctrica en inmediaciones de la comunidad Los Olivos, en La Guajira, un hecho que elevó a seis el número de flamencos muertos este año. La situación volvió a generar preocupación entre comunidades indígenas wayúu y autoridades ambientales por el riesgo que presenta la infraestructura eléctrica para estas aves.

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Los ejemplares fueron encontrados muertos cerca de la línea Refuerzo Eléctrico La Guajira 110 kV, aproximadamente a diez kilómetros de la vía que comunica a Riohacha con Cuestecitas. Tras el reporte, ENLAZA realizó una verificación en terreno y anunció que priorizará este tramo para instalar nuevos dispositivos destinados a hacer más visibles los cables durante los desplazamientos nocturnos de los flamencos.

Enlaza instalará nuevos dispositivos

Enlaza confirmó el hallazgo y explicó que en el sector existen cinco torres y cuatro vanos, con 282 dispositivos tipo espiral instalados a lo largo de unos 1.409 metros de línea. Sin embargo, la compañía precisó que se trata de elementos convencionales y no luminiscentes.

Por eso, el tramo será priorizado para instalar nuevos desviadores de vuelo luminiscentes, diseñados para aumentar la visibilidad de los cables durante la noche. La empresa informó que estos elementos ya fueron enviados a fabricación y que espera recibirlos en Colombia durante el último trimestre de 2026.

Los flamencos se desplazan durante la noche

Los estudios adelantados por Enlaza durante 2023 y 2024 permitieron identificar desplazamientos de flamencos desde las ciénagas de Venezuela hacia el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en Camarones, y otras lagunas marino-costeras de la región.

Una de las dificultades identificadas es que parte de esos desplazamientos ocurre durante el ocaso y la noche, cuando los dispositivos convencionales pueden ser menos visibles para las aves. A partir de estos análisis surgió la estrategia EcoFlamenco, que combina monitoreo, participación comunitaria y pruebas de nuevas tecnologías.

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La empresa ha probado 300 dispositivos Hawk Eye, 100 Firefly y un sistema ACAS de luz ultravioleta, instalado en una torre con un alcance aproximado de cuatro kilómetros. Según Enlaza, durante tres monitoreos realizados en sectores con estas tecnologías no se registraron muertes de flamencos.

Corpoguajira pide revisar las medidas

Con el nuevo reporte, se deberá avanzar en la instalación de los dispositivos luminiscentes anunciados para este tramo, mientras Corpoguajira hará seguimiento a las medidas implementadas. La comunidad, por su parte, espera que sus conocimientos sobre los recorridos de las aves sean tenidos en cuenta en los próximos monitoreos.

“Estamos evaluando la situación. Vamos a requerir, como ya lo hemos hecho anteriormente, a la empresa Enlaza para revisar esta situación y hacer lo mejor posible para poder preservar esta especia emblemática en el territorio de La Guajira”, aseguró Samuel Lanao, director de Corpoguajira.

Una adulta mayor de 94 años habría sido víctima de presuntos tocamientos de caracteres sexual mientras permanecía en el Centro del Adulto Mayor Mi Dulce Hogar, en Apartadó, Antioquia. Los señalados serían tres jóvenes que realizaban prácticas académicas en el área de la salud en ese hogar público.

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El caso se conoció luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a la mujer, quien según los reportes padece alzhéimer, mientras intenta apartar con sus manos a uno de los jóvenes y pide que se detenga. Tras conocerse el material, la Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá llegó al centro para recopilar elementos para esclarecer lo ocurrido y empezar el proceso judicial.

El video activó las investigaciones

Tras conocerse el material, la Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá acudió al centro de atención para adelantar las actuaciones correspondientes y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. El hijo de la adulta mayor también pidió a las autoridades investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los jóvenes señalados pertenecerían a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ICENF S.A.S., que rechazó las conductas que puedan vulnerar la dignidad, el respeto y la integridad de las personas adultas mayores durante los escenarios de práctica.

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La institución informó que activó los protocolos y abrió una investigación formal para esclarecer las eventuales responsabilidades disciplinarias y legales, “tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos y se inició un proceso de investigación formal conforme el Reglamento Estudiantil y la normativa vigente”, señaló la institución en un comunicado.

Buscan garantizar la protección de la adulta mayor

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia anunció que trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Apartadó y la Policía para garantizar la protección de la mujer y revisar las condiciones del centro donde ocurrieron los hechos, “no vamos a permitir que esto suceda en ningún centro de atención del adulto mayor del departamento”, manifestó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Por su parte, la Alcaldía de Apartadó informó que la Secretaría de Inclusión Social adelanta el proceso investigativo y que trabaja junto con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Policía y otros organismos de control para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de la adulta mayor.

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Debido a que dos de los tres señalados serían menores de edad, las actuaciones que eventualmente se adelanten en su contra deberán tener en cuenta las disposiciones especiales aplicables a adolescentes.

La búsqueda de Pablo Emilio Carrizo Hyrc, el mixólogo argentino reportado como desaparecido en Medellín desde el pasado 18 de agosto, terminó con un desenlace fatal. Su cuerpo fue encontrado en el departamento de Córdoba, y de manera preliminar, las autoridades investigan si murió en un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia Cartagena.

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Carrizo, quien tenía vínculos profesionales con Colombia y trabajaba como consultor gastronómico, había salido de un hotel en el sector de El Poblado, en Medellín, donde adelantaba un trabajo para un restaurante. Desde entonces, sus familiares y amigos habían intentado establecer su paradero y acudieron a las autoridades para activar la búsqueda.

El hallazgo se produjo en Córdoba

Según la información conocida hasta ahora, el cuerpo del argentino fue encontrado en el tramo que comunica los municipios de Buenavista y La Apartada, en Córdoba, en inmediaciones del sector conocido como Camu.

La hipótesis que manejan inicialmente las autoridades apunta a un posible siniestro vial. Los primeros reportes señalan que Carrizo habría sufrido politraumatismos en el cráneo luego de que el vehículo en el que se movilizaba chocara contra un árbol. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el accidente y si hubo alguna falla mecánica en el vehículo.

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La información entregada indica que Carrizo habría salido de Medellín con destino a Cartagena, ciudad donde viven su hija y su exesposa. Su desaparición fue reportada después de que sus allegados perdieran comunicación con él.

Una trayectoria ligada a la coctelería

Carrizo era reconocido en el sector de la gastronomía y la coctelería. Se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina, y era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad de Morón, en Buenos Aires.

A lo largo de su carrera trabajó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. En Colombia estuvo vinculado durante años a la World Class Competition, competencia internacional de coctelería, y desarrolló diferentes proyectos relacionados con el sector gastronómico y hotelero.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte. La identidad de la persona fallecida ya fue confirmada por las autoridades, mientras sus familiares reciben acompañamiento tras el desenlace de la búsqueda.

Una niña de seis años habría sido víctima de violencia sexual por parte de tres hombres de su entorno cercano en Barbosa, Santander, según la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía. Los señalados, de 29, 46 y 65 años fueron capturados y enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

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El caso se conoció después de que la menor de edad fuera llevada al Hospital San Bernardo de Barbosa para una valoración médica. Durante la atención, los profesionales de salud encontraron indicios que llevaron a activar la ruta de atención y poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

La investigación comenzó en un hospital

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la alerta se produjo el 13 de agosto, cuando la niña ingresó al centro asistencial. A partir de ese momento, investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia, junto con el CTI de la Fiscalía, adelantaron labores de policía judicial y recolección de elementos materiales probatorios.

La investigación estableció que los tres hombres señalados harían parte del círculo familiar de la niña; serían la pareja de su abuela, la pareja de su madre y la pareja de una de sus tías.

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Según la Fiscalía, los hechos investigados se habrían presentado de manera reiterada entre 2025 y agosto de 2026, en la vereda La Palma Baja. La investigación también señala que la menor de edad habría sido diagnosticada con dos enfermedades de transmisión sexual.

Tres capturas en Barbosa

Luego de las labores investigativas, un juez emitió tres órdenes de captura. Los operativos se realizaron de manera simultánea en el barrio Gaitán y la vereda La Palma, donde fueron ubicados los señalados. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Puente Nacional y posteriormente fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años. De acuerdo con la información presentada, ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso a los tres hombres medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa la investigación. Las autoridades seguirán recopilando elementos para establecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad individual de cada procesado.

Ocho casas del municipio de Oiba, en el sur de Santander, resultaron afectadas por una tormenta de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que causó el desprendimiento de las cubiertas de las viviendas. Además de los daños en las estructuras, la tormenta derribó árboles, comprometió cultivos y dejó a varios sectores sin servicio de energía.

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Las afectaciones se concentraron en la vereda Santa Rita, donde sus habitantes reportaron que los vientos arrancaron techos completos y tumbaron árboles de raíz, algunos terminaron encima de las casas y de los terrenos de cultivo. La población de la vereda registró la tormenta y sus daños en videos que posteriormente compartieron en redes sociales.

Eduard Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que la entidad trabaja con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para determinar cuáles son las familias damnificadas y en qué estado quedó cada vivienda, adelantando el estudio para definir la ayuda que recibirá cada hogar. Se espera que la alcaldía de Oiba precise cuántas personas necesitan apoyo y qué requiere cada una con un censo que permitirá orientar los recursos disponibles.

Por su parte, los habitantes de la zona solicitaron que se agilice la presencia de las autoridades y de los organismos de socorro para revisar las estructuras comprometidas y atender a quienes quedaron sin techo.

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Mientras estas zonas enfrentan los estragos de las lluvias y los vientos, once municipios del departamento (Málaga, Barichara, El Socorro, Vélez, Zapatoca, Villanueva, Capitanejo, Aratoca, Los Santos, Cabrera, Oiba, Barbosa, Rionegro, Guadalupe) continúan bajo esquemas de racionamiento por escasez de agua.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas tormentas y pidieron a la población atender los reportes oficiales, mantenerse alejada de las zonas identificadas como riesgosas y tomar precauciones frente a posibles caídas de árboles, crecientes repentinas o nuevos daños estructurales.

Una mujer, identificada como Barlis Marina Rada Ortiz, de 34 años fue enviada a prisión preventiva luego de que la Fiscalía la señalara de haber intentado acabar con la vida de sus tres hijos, de 5, 7 y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 5 de junio en Ciénaga, Magdalena. La investigación apunta a que la agresión habría ocurrido después de una discusión entre la mujer y su pareja sentimental, quien sería el padrastro de los menores.

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La situación pudo ser advertida a tiempo porque uno de los niños logró escapar de la vivienda y llegar hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. El hombre acudió al inmueble y encontró a los otros dos menores de edad, a quienes habría auxiliado. Los tres niños recibieron atención médica por las lesiones que presentaban en el cuello.

¿Qué ocurrió con los menores?

De acuerdo con la hipótesis presentada por las autoridades, después de la discusión con su pareja, la mujer habría utilizado cuerdas sujetas a una estructura de la vivienda para agredir a sus hijos por el cuello.

Uno de los menores de edad consiguió salir de la casa atravesándose el patio y buscó ayuda en una vivienda cercana. La intervención del vecino permitió poner a salvo a los otros dos niños antes de que la situación tuviera consecuencias mayores.

Tras lo ocurrido, los niños fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención por las lesiones. El caso fue asumido por investigadores de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

La investigación llevó a la captura de la mujer

Las autoridades recopilaron elementos probatorios y evidencia física que permitieron solicitar una orden de captura contra Rada Ortiz. Una vez detenida, fue presentada ante un juez de control de garantías.

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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, argumentando la gravedad de los hechos investigados y el riesgo para los menores de edad.

El juez acogió la solicitud y ordenó que la procesada permanezca recluida mientras avanza el proceso judicial. La mujer no aceptó su responsabilidad en los hechos y se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.

El desabastecimiento de agua en Vélez, Santander, ha estado tan grave que se puso en riesgo la producción del bocadillo veleño. “Generalmente las sequías en Vélez son más para las fechas de diciembre o enero, pero empezaron desde agosto y eso es preocupante. Nos están echando agua cada 18 días, por lo que ha tocado comprar agua en carrotanques”, explica Julián Andrés Mateus, cuya familia se dedica a los bocadillos en el municipio.

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La situación ha estado crítica desde la segunda semana de agosto. Según ha explicado el alcalde Orlando Ariza, además de la sequía se han presentado problemas en las antiguas tuberías del acueducto local y en la línea que conduce a Pozo Verde, un lago en el municipio de Bolívar que sirve de abastecimiento. Y aunque las empresas del famoso bocadillo tienen dentro de sus planes de contingencia la compra de los carrotanques, la temporada seca también ha reducido la cosecha de guayaba, por lo que se ha puesto en riesgo la producción.

En medio de la ciénaga del Uvero, en Ponedera, Atlántico, la situación es similar. Este viernes se reunieron alrededor de 25 pescadores en una de las zonas más profundas para demostrar que el agua no supera los 50 centímetros. Hace unos días ya habían lanzado una alerta porque estaba sobre los 80 cm y esperan que para dentro de una semana llegue a los 30 cm.
Su preocupación es que de este reservorio de agua, uno de los más importantes del Atlántico, sobreviven al menos 300 familias que se dedican a la pesca, y el bajo nivel de la ciénaga ya ha causado una mortandad de peces que pone en riesgo su sustento inmediato, pero también el de los próximos meses.

En San Luis, Tolima, mientras siguen limpiando los estragos que hicieron las llamas en el último mes, preocupa cada vez más el abastecimiento de agua. “Las quebradas se nos secaron, varios de los afluentes nacen en la parte alta del cerro que se quemó y además la vegetación se perdió. Aun no llueve y la situación es crítica, porque hasta que no caiga agua esto no se empieza a componer”, advierte Roger Matoma, líder social y presidente de la Asociación de la Guadua en Tolima.

La alcaldía y la gobernación han llevado carrotanques al municipio para abastecer a los damnificados, pero sigue siendo insuficiente, porque la comunidad no tiene el agua necesaria para bañarse, por ejemplo. También se comenzaron a secar los aljibes, por lo que creen que se pierda ganado por la sed. Además, “muchos campesinos perdieron sus cosechas y se les quemaron palos que llevaban uno o dos años esperando a que dieran fruto. El impacto agrícola va a ser muy complejo”, añadió Matoma.

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Ejemplos como estos hay en diferentes zonas del país. La sequía ha puesto en alerta a gran parte de los departamentos por el descenso de los niveles de embalses y afluentes, así como ha profundizado problemas como el de Vélez y Barichara, que tienen precarios sistemas de acueducto. Esto ha llevado a que varias ciudades y departamentos hayan puesto en marcha planes de ahorro del agua, mientras que a la par tienen que atender las emergencias que ya se registran por la escasez del líquido en varios municipios.

Esta es la situación de Bolívar, donde se han reportado 40 municipios con desabastecimiento de los cuales 16 ya superaron su capacidad para atender la emergencia, por lo que desde la gobernación han enviado carrotanques. Tal ha sido la situación que se ha visto afectado el suministro de energía. Hay regiones donde los cortes superan las 15 horas, mientras que Afinia advierte que la demanda en el departamento ha aumentado un 10 %, lo que equivale al consumo de una ciudad intermedia.

Por ello, para promover el ahorro están dando beneficios en la tarifa a quienes ahorren y sanciones que incluyen aumentos hasta del 70 % en el cobro por kilowatio. A la par, desde la gobernación están promoviendo la campaña “Bolívar se prepara” para motivar al ahorro voluntario de agua en la ciudadanía de cara al fenómeno de El Niño que se espera a final de año. Igual no es suficiente, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para apoyar el suministro del líquido.

“Estamos actuando con prontitud ante esta situación por instrucción del gobernador Yamil Arana. Somos uno de los departamentos más afectados por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y necesitamos sumar esfuerzos para garantizar el acceso al agua de nuestras comunidades”, añadió Daniel Franco, director de la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos de Bolívar.

Ernesto Barros, secretario (e) de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, señala que la capacidad del río Magdalena es suficiente para abastecer a los acueductos del departamento, pero señala que los problemas se concentran en las bocatomas de municipios como Campo de la Cruz. “Se gestionó maquinaria para el dragado del canal de abastecimiento: se dragaron cerca de 50 m2 de la zona de la barcaza, más un canal de acceso adicional de 5 metros de ancho por 100 metros de largo, para mantener el flujo normal del río en ese punto”.

En los casos de Bogotá y Cali, que tienen varias fuentes de abastecimiento, se han descartado racionamientos de agua. Específicamente en esta última ciudad se presentan bajos niveles en el cauce del río Meléndez, pero Emcali asegura que se ha logrado reponer el faltante desde el río Cauca, que mantiene sus altos caudales. “Contamos con una red interconectada sólida, capacidad técnica y operativa, y un monitoreo permanente las 24 horas. Esto nos permite compensar el suministro cuando una fuente presenta condiciones más exigentes y responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, explicó el gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, Diego Carabalí.

En el caso de Medellín, la tensión se mantiene porque, pese a que se levantó el racionamiento que se había propuesto en cinco comunas, las metas de los dos primeros días del ahorro voluntario que se implementó no se cumplieron. El lunes se evaluarán nuevas medidas entre las que se contemplan cortes de agua en más partes de la ciudad y el área metropolitana.

Por último, está Boyacá. Según datos de la Gobernación, 86 de los 123 municipios tienen amenaza de escasez de agua, por lo que han estado llevando carrotanques a zonas críticas como Otanche, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá y Tibasosa. Algunos alcaldes ya han decretado racionamientos, mientras que el gobernador Carlos Amaya hizo un llamado al gobierno nacional para apoyar con el suministro de agua.

Aquí, como en varios departamentos del país, las autoridades llaman la atención sobre los acueductos rurales y aquellos que dependen de microcuencas y nacimientos de agua de menor escala, porque son los que primero resultan afectados en épocas de sequía. En general el llamado a la ciudadanía está en priorizar el ahorro del agua, mientras se atienden las emergencias que desde ya ponen en alerta al país previo a la llegada del fenómeno de El Niño.

Santander completa dos semanas en alerta por la temporada seca que no solo ha provocado emergencias por los incendios, sino también por la falta del agua. De acuerdo con la gobernación, hay doce municipios que están presentando graves problemas de desabastecimiento, a lo que se suman inconvenientes en los sistemas de acueducto.

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El racionamiento se ha tenido que aplicar en los municipios de Málaga, Barichara, Socorro, Zapatoca, Capitanejo, Aratoca, Barbosa, Cabrera, Villanueva, Vélez y Guadalupe, en algunos de los cuales ya se ha tenido que declarar la calamidad pública por las dificultades para abastecer a las comunidades.

“Aunque nosotros nos acompañan tres ríos, el Chicamocha, el Nevado y el Tequiano, no tenemos un acueducto todavía decente que nos dé para la capacidad de todo el casco urbano que ha crecido significativamente en los últimos 10 años”, indicó a Noticias RCN Jaime Sepúlveda, alcalde de Capitanejo.

Similar situación enfrentan en Los Santos, donde la administración advirtió que, además del casco urbano, hay 28 veredas con 10.000 familias con problemas para acceder al agua, por lo que se ha tenido que enviar carrotanques.

“No hemos podido cultivar lo suficiente. Más que se cultiva tabaco, pimentón y tomate. Y está cultivando aguacate. ¿Y cómo han hecho? Pues ahí dejarlos al clima. Y entonces no se ha podido sembrar más porque no ha habido lluvias”, dijo a Blu Radio Arturo Mantilla Pérez, habitante de Los Santos.

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La situación se agrava en municipios como Vélez y Barichara, donde desde antes de esta situación se presentan problemas para garantizar el suministro de agua a todo el municipio o hay averías que agravan más la crisis.

En Vélez, la alcaldía ha hecho un llamado al gobierno departamental y nacional, debido a que la falta de agua se ha vuelto insostenible, a tal punto que se ha afectado el turismo, así como la tradicional producción del bocadillo veleño.

Finalmente, en Málaga se mantiene activo un racionamiento de 4:00 p.m. a 4:00 a.m. para evitar el desabastecimiento de los afluentes, así como se decretaron sanciones para quienes laven fachadas, carros o malgasten el recurso natural.

Desde la gobernación se ha señalado que se hace seguimiento a los niveles del río Magdalena, que ha alcanzado mínimos históricos que no se registraban desde hace 10 años, pero también a otros afluentes como el Opón, Sogamoso y Carare, que presentan bajos niveles por debajo del 50 % de su caudal.

Adicionalmente, se le ha pedido a la ciudadanía racionar el agua, mientras se espera que las lluvias lleguen a las zonas más críticas por el desabastecimiento.

Las lluvias registradas en Santa Marta provocaron una creciente del río Manzanares que arrastró una gran cantidad de residuos sólidos hasta la bahía. Un video muestra como el agua, de tonalidad marrón llega a la mar acompañada de plásticos y otros desechos que permanecían acumulados en distintos puntos de la ciudad.

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La situación volvió a encender las alertas por el impacto de los residuos en el ecosistema marino-costero y por las condiciones de los canales y quebradas de la ciudad, especialmente ante el propósito de nuevas lluvias. Tanto el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo como el concejal Enrique González se han referido a la problemática y han llamado la atención sobre la disposición de basuras y la necesidad de reforzar las labores de limpieza y prevención.

Basura que termina en el mar

El río Manzanares desemboca directamente en la bahía de Santa Marta, por lo que los aumentos de su caudal pueden facilitar el traslado de desperdicios provenientes de canales, quebradas y otros sectores. El ambientalista César Ausgutso Molina advirtió que “durante crecientes anteriores han sido arrastrados objetos de gran tamaño; camas, neveras y hasta colchones han llegado al río y posteriormente al mar”.

La Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito también identificó la disposición inadecuada de residuos sólidos y la obstrucción de canales como factores que pueden contribuir a las inundaciones. En jornadas anteriores de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura del Manzanares fueron encontrados plásticos, llantas y escombros.

En una de esas intervenciones se retiraron 23 toneladas de residuos de la desembocadura, con el objetivo de mejorar el flujo del río antes de las temporadas de lluvias.

Piden limpiar canales ante nuevas lluvias

Ante los pronósticos de nuevas precipitaciones en lo que queda de la semana, el concejal de Santa Marta Enrique González pidió adelantar trabajos preventivos en los puntos donde se acumulan desechos y advirtió que la situación podría favorecer nuevas inundaciones.

González también cuestionó el servicio de recolección de residuos en la ciudad y recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Pinedo para iniciar estudios relacionados con el futuro modelo de prestación del servicio, cuyo esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027. “Definitivamente lo que está ocurriendo con la recolección de estos residuos hoy está generando mucho traumatismo y la conclusión es que el sistema no está funcionando en debida forma”.

Basura que termina en el mar

Para el líder ambiental José Anchila, el arrastre de residuos hasta la bahía representa una amenaza para el ecosistema marino-costero, especialmente por la presencia de plásticos y otros elementos que pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente.

El problema se intensifica por las fuertes lluvias, cuando el aumento del caudal y el agua movilizan los residuos acumulados en canales, quebradas y otros sectores de la ciudad. Como el río Manzanares desemboca directamente en la bahía, estos desechos pueden terminar en el mar.

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La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) ha explicado que las redes de alcantarillado están diseñadas principalmente para transportar aguas residuales y no grandes volúmenes de agua lluvia, porque la ciudad no tiene una red de acueducto que separe las aguas.

Por esta razón, en reiteradas ocasiones el aumento de las precipitaciones ha obligado a activar un plan de contingencia por la obstrucción de rejillas con basura, maleza y otros elementos, que además terminan desbordando las aguas residuales por la ciudad.

Por eso, el llamado de autoridades y ambientalistas es a reforzar la limpieza de canales y puntos de acumulación antes de nuevas lluvias, para reducir tanto el riesgo de inundaciones como la cantidad de residuos que terminan en la bahía de Santa Marta.

La investigación por el ataque contra la periodista y dirigente política Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena por el Pacto Histórico, ocurrido el pasado 24 de agosto en Santa Marta, tomó un nuevo rumbo tras conocerse el resultado del peritaje balístico: la Policía Metropolitana confirmó que el arma utilizada contra el vehículo no era de fuego, sino traumática.

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El dato fue revelado por el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeisón López, durante un Consejo de Seguridad. “Ya tenemos un resultado pericial balístico donde podemos afirmar que el arma utilizada no fue un arma de fuego, sino traumática, de acuerdo con los elementos materiales probatorios”, aseguró el oficial.

Las cámaras, una pieza clave

Tras el resultado balístico, los investigadores concentran parte de sus esfuerzos en establecer quién disparó contra el vehículo. La Policía recopiló videos de cámaras de seguridad que fueron enviados a un grupo especializado de la DIJÍN para mejorar la calidad de las imágenes.

El objetivo, explicó López, es identificar la motocicleta en la que se movilizaba el presunto agresor y obtener características que permitan individualizarlo.

“En estos momentos se está haciendo la verificación de varios videos que se han podido recolectar. Estos videos se enviaron al grupo élite de la DIJÍN buscando hacer una mejor definición de imagen para poder identificar la motocicleta y la persona que iba en esta motocicleta”, explicó.

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La Policía no descarta un atraco

Aunque el ataque inicialmente generó preocupación por la posibilidad de una agresión dirigida contra Barros, las autoridades aún no establecen un móvil definitivo. El comandante señaló que, por las características del arma, también se analiza la posibilidad de un intento de hurto.

“Realmente pudo haber sido un atentado, que es difícil, porque un atentado es difícil hacerlo con arma traumática, pero también podría ser de pronto un posible atraco”, manifestó el coronel López.

Barros cuestiona esa hipótesis

La periodista rechazó públicamente que lo ocurrido pueda ser explicado como un atraco. Según su relato, se movilizaba en su vehículo después de dejar a sus padres cuando recibió tres impactos en el vidrio trasero izquierdo, detrás del asiento donde minutos antes había estado uno de sus acompañantes.

“Sin pronunciar una sola palabra, me dispararon”, afirmó Barros, quien sostiene que nunca recibió una exigencia para detenerse, entregar sus pertenencias o descender del automóvil. Por eso cuestionó la posibilidad de que se tratara de un hurto.

“¿Cómo es un atraco en movimiento? ¿Cómo es que primero te pegan tres tiros y después resulta que era un robo? ¿Qué iban a llevarse de un carro que no se detuvo, de una conductora que no bajó el vidrio y de un interior que no tenía objetos de valor a la vista?”, preguntó.

El arma traumática también genera controversia

Para Barros, establecer técnicamente el tipo de arma constituye una pieza de la investigación, pero considera que ese resultado no debería utilizarse para restarle gravedad a lo ocurrido. Su principal preocupación, aseguró, sigue siendo determinar quién disparó contra su vehículo y cuál fue la motivación.

“Yo sí quiero saber quién me atacó. Por qué lo quieren presentar como un intento de hurto que no encaja ni con la dinámica de los hechos ni con lo que ocurrió esa noche”, manifestó.

La excandidata también pidió al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta abstenerse de divulgar hipótesis mientras avanzan las investigaciones. A su juicio, entregar interpretaciones preliminares puede terminar condicionando la discusión pública sobre un caso que todavía no tiene un móvil establecido.

Pide reserva mientras avanza la investigación

Barros cuestionó además la manera en que se han divulgado algunos detalles del proceso y pidió que las autoridades concentren sus esfuerzos en esclarecer los hechos. “Solicitamos que las investigaciones se adelanten con celeridad y rigor, no con show mediático”, expresó.

La dirigente política aseguró que algunas declaraciones públicas podrían terminar exponiéndola a nuevos cuestionamientos. “Sus declaraciones pueden obstruir la investigación, además de que se siguen cometiendo acciones que me exponen al ataque mediático y violencia política”, señaló.

Un crítico panorama de emergencia invernal azota al municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, tras las torrenciales precipitaciones registradas en las noches. Los aguaceros superaron por completo la capacidad de los sistemas de drenaje y fuentes hídricas locales, dejando un saldo preliminar superior a las 3.000 familias damnificadas por el ingreso masivo de agua y lodo a sus viviendas.

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La contingencia impactó con severidad a cerca de 10 sectores poblaciones de la localidad, entre los que figuran El Poblado, La Victoria, Asovivienda, Divino Niño, Nueve Estrellas, Buenos Aires y El Roble, donde los habitantes reportaron pérdidas totales de enseres como colchones, neveras, muebles e incluso utensilios de cocina debido al nivel alcanzado por el fango.

Los estragos de la temporada de lluvias

El alcalde del municipio, Johán Montes, señaló que “si bien el caudal comenzó a descender de manera paulatina en horas de la madrugada, las zonas con condiciones topográficas más bajas, como El Poblado y El Roble, continuaron con anegaciones significativas, manteniendo a los residentes atrapados entre el lodo y el agua estancada”.

A la par de las inundaciones residenciales, el temporal causó daños en la infraestructura educativa y vial de la región. En el sector de Santa Elena, la fuerza del agua provocó el colapso de un muro perimetral de aproximadamente 74 metros perteneciente a una institución educativa local. Dicha estructura colapsó y afectó directamente al menos cuatro viviendas aledañas, generando grietas y encendiendo las alarmas de un posible colapso estructural.

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Además, las fuertes corrientes de viento y agua también derribaron múltiples árboles que bloquearon por completo las vías de acceso principales, obstaculizando de manera temporal el tráfico vehicular en el corredor estratégico que conduce hacia la Costa Atlántica.

Gracias a la articulación con la concesión vial encargada, maquinaria pesada y cuadrillas especializadas lograron despejar las rutas durante las primeras horas de la mañana, permitiendo restablecer el flujo vehicular.

Respuesta institucional y censo

Ante la magnitud de la emergencia, la administración municipal activó de inmediato el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil se desplegaron en los barrios afectados para realizar labores de remoción de escombros, verificación de daños estructurales y atención humanitaria.

Las autoridades locales avanzan en la consolidación del censo oficial para dimensionar el impacto real en los hogares afectados y gestionar el respaldo institucional ante la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, mientras persiste el monitoreo constante ante el riesgo de nuevas crecientes en la subregión.

Una relación sentimental que durante un tiempo estuvo ligada también a un proyecto político terminó convertida en una disputa judicial por COP 500 millones. El acordeonero Javier Matta y la excongresista Ingrid Aguirre hoy están enfrentados por el origen, destino y responsabilidad sobre un dinero que, según el músico, consiguió prestado para contribuir a la campaña política de Aguirre.

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La controversia escaló después de la ruptura. Matta sostiene que gestionó el préstamo cuando ambos mantenían su relación y que los recursos fueron usados para la aspiración política de Aguirre. La excongresista rechaza esa interpretación: afirma que jamás le pidió conseguir ese dinero, por lo que añade que no le adeuda nada y advierte que cualquier reclamación deberá demostrarse ante la justicia.

En medio aparecen actuaciones judiciales, reclamos económicos y versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante la relación. Lo que alguna vez perteneció al ámbito privado ahora está siendo discutido mediante abogados y procedimientos legales.

Matta: “Conseguí prestados $500 millones”

La versión de Javier Matta parte de una afirmación concreta: durante la relación habría conseguido prestados COP 500 millones con el propósito de aportar recursos para la campaña política de Ingrid Aguirre.

Según relató el acordeonero a Entérate en Línea, asumió ese compromiso económico de buena fe y en medio de la confianza que existía entre ambos como pareja. Matta asegura que el problema apareció posteriormente, cuando la relación terminó y, según él, Aguirre se apartó de cualquier responsabilidad relacionada con el pago.

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Esa es precisamente la base de su reclamación: considera que Aguirre debería asumir o contribuir al pago del dinero. Su versión, sin embargo, es rechazada de manera tajante por la excongresista. “No le debo un peso”, sostiene ella.

Aguirre tiene una historia distinta. En conversación con el mismo medio, negó tener una deuda con Javier Matta y sostuvo que nunca le pidió conseguir los COP 500 millones que él menciona.

Para la excongresista, las obligaciones financieras que Matta hubiese adquirido fueron decisiones personales del acordeonero y, por tanto, asegura que no pueden trasladarse ahora a ella como una deuda surgida después de la ruptura.

Aguirre también cuestionó que, terminado el vínculo sentimental, algunos gastos realizados durante la relación sean presentados como cuentas pendientes. “Quiere cobrarme ahora hasta las invitaciones a comer”, aseguró la excongresista al explicar su posición frente a los reclamos de su expareja.

Su planteamiento es que una relación sentimental supone gastos, invitaciones y decisiones económicas que, salvo que exista un acuerdo o una obligación demostrable, no pueden convertirse automáticamente en deudas cuando la pareja se separa.

La justicia entra en una discusión que comenzó en pareja

Entre ambos se han presentado recursos judiciales, incluida una acción de tutela promovida por Matta. Aguirre sostiene precisamente que será en ese escenario donde deberán discutirse las diferencias. La excongresista ha pedido que cualquier reclamación se tramite ante los jueces y que Matta presente allí los elementos con los cuales considere que puede demostrar la existencia de una obligación a su favor.

Por ello, queda en manos de un juez determinar si efectivamente existió un acuerdo entre ambos, cuál fue el destino de los recursos, quién recibió el dinero y, por consiguiente, quién tiene la razón en esta discusión.

La Sierra Nevada de Santa Marta está perdiendo bosque y con ello también se debilita su capacidad para captar, almacenar y regular el agua que alimenta sus ríos. La fragmentación de la cobertura vegetal, la reducción de los caudales y las presiones sobre el territorio han convertido la conservación del macizo en un asunto que va mucho más allá de proteger sus paisajes.

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Lo que ocurre en las partes altas termina afectando a comunidades, ciudades y actividades productivas que dependen de esas fuentes hídricas. Por eso, recuperar los bosques y proteger las cuencas exige también discutir cómo se ocupa la Sierra y qué alternativas económicas tienen las comunidades campesinas e indígenas que la habitan.

Durante cuatro décadas, la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta ha trabajado alrededor de ese desafío. Creada el 24 de julio de 1986, ha participado en más de 125 proyectos ambientales, sociales, científicos y tecnológicos junto a cerca de 75 aliados nacionales e internacionales.

El agua comienza mucho antes de llegar a las ciudades

Cuando se habla de los problemas de abastecimiento de agua en Santa Marta y otros municipios del Caribe, la discusión suele concentrarse en acueductos, represas, tuberías y sistemas de distribución. Sin embargo, existe una infraestructura natural determinante: los bosques de las cuencas.

Para Santiago Giraldo Peláez, director ejecutivo de ProSierra, la disminución de los caudales obliga a mirar hacia las fuentes. “La Fundación es consciente del problema de agua en el Distrito de Santa Marta y de cómo disminuye el caudal de las fuentes abastecedoras no solo en el Magdalena, sino también en La Guajira y Cesar”, explica.

Su estrategia consiste en recuperar los ecosistemas que permiten captar y regular el agua. Por eso, sostiene, resulta fundamental “proteger los ríos desde su nacimiento hasta la desembocadura”.

Una fábrica de agua bajo presión

El problema plantea una contradicción: los recursos naturales de la Sierra son indispensables para las poblaciones y actividades económicas de la región, mientras algunas de esas dinámicas ejercen presión sobre los mismos ecosistemas que garantizan su existencia.

Una de las experiencias recientes se desarrolla en la cuenca del río Buritaca. El proyecto “Mejorando la conectividad Sierra-Costa”, implementado por la Fundación Environomica Colombia con la colaboración de ProSierra y apoyo de Whole Foods Market Foundation y Global Conservation, busca recuperar ecosistemas y promover medios de vida sostenibles.

Entre 2024 y 2025 fueron beneficiados directamente 60 productores de El Encanto, Mutanzhi, San Martín y Honduras, que sembraron más de 48.000 árboles: 6.300 forestales, 17.000 frutales y 25.500 plantas de cacao y café. Los productores también recibieron herramientas, fertilizantes, sistemas de riego, asistencia técnica y capacitación en prácticas agroecológicas.

Del bosque al algodón ancestral

La conservación también puede generar alternativas económicas. En 2020, en la estación El Congo, Ciudad Antigua, comenzó una experiencia para recuperar el cultivo de algodón ancestral.

Ese año fueron cosechados 1.230 kilos de algodón semilla de una variedad nativa no transgénica. La producción terminó convertida en materia prima para una colección de camisetas de algodón orgánico de Punto Blanco, tras un trabajo con la Corporación Diagonal, Colhilados y el Grupo Crystal S.A.S. “Se vivió la experiencia de lo que se podría considerar el rescate del algodón ancestral en este país”, recuerda Giraldo.

La intención es continuar entregando semillas de la variedad Gossypium barbadense a familias campesinas e indígenas, integrando conocimientos tradicionales, producción y conservación.

El desafío después de 40 años

Cuatro décadas de trabajo también muestran la magnitud del problema. Un bosque degradado tarda años en recuperarse, restaurar una fuente hídrica requiere continuidad y transformar prácticas productivas puede tomar generaciones.

ProSierra considera que la conservación exige acuerdos duraderos entre el Estado, empresas privadas, comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales, sectores productivos y cooperación internacional. “Es una apuesta muy alta, pero la podemos lograr”, afirma Giraldo.

La Sierra Nevada es demasiado extensa y compleja para que su futuro dependa de una organización o de proyectos temporales. Necesita recursos sostenidos, decisiones sobre el ordenamiento territorial, instituciones coordinadas y comunidades participando en esas decisiones.

“Desde que aquel grupo de visionarios se reunió hace 40 años y creó la Fundación, la entidad le sigue apostando al desarrollo sostenible, entendido como la armonización del bienestar humano, la diversidad cultural y la vitalidad de los ecosistemas”, señala Giraldo.

Después de cuatro décadas, la batalla continúa. La pérdida del bosque ya no amenaza únicamente a la montaña: compromete el agua que nace en ella y sostiene a poblaciones y actividades productivas de buena parte del Caribe colombiano.