En una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permanece el cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, quien se accidentó en la madrugada de este lunes 26 de octubre junto con su agrupación, en Bosconia, Cesar. En el siniestro vial fallecieron cuatro personas y 17 resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.

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Primeras versiones indican que el conductor del bus de la empresa Superstar perdió el control y chocó contra un puente que daba al río Ariguaní, sobre la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, en César. El bus cayó al afluente, por lo que varias personas en la zona ingresaron para rescatar a las personas atrapadas, mientras llegaron los cuerpos de socorro.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó dos muertes, así como señaló que "entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados, desafortunadamente". Adicionalmente, las autoridades confirmaron en la tarde de este lunes que la cifra de muertos aumentó a cuatro.

Sobre la condición de Kbeto Zuleta, Noticias Caracol reveló que tuvo graves traumatismos en sus dos piernas, con compromiso vascular y fracturas, por lo que se decidió amputarle una de las extremidades, mientras que la otra sigue bajo evaluación médica.

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La mayoría de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bosco, así como a la clínica Sinais Vitalis en Valledupar, mientras que la familia de Kbeto Zuleta organiza el traslado del músico a Medellín o Bogotá.

Entre las personas muertas se ha confirmado la identidad de Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación.

Un viaje a Santa Marta para conocer sus playas terminó en tragedia este domingo 25 de octubre. José Arbey Díaz Álzate, de 58 años y oriundo del Valle del Cauca, murió luego de ser impactado por una embarcación mientras practicaba careteo en el sector de Cabo Tortuga, al sur de la ciudad.

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De acuerdo con el comunicado de la Dirección General Marítima (Dimar), la víctima se encontraba realizando esta actividad cuando "habría sido impactada por una motonave tipo gusanera, que realizaba tránsito en el área". El golpe le ocasionó heridas de gravedad y activó los protocolos de atención de la emergencia.

Tras el accidente, el hombre fue evacuado en la misma embarcación y trasladado desde Cabo Tortuga hasta el sector de El Rodadero Sur. Posteriormente, fue llevado a la clínica Avidanti, donde se confirmó su fallecimiento. La Dimar precisó que el turista fue remitido al centro asistencial después de recibir los primeros auxilios.

El capitán de fragata de Puerto de Santa Marta, Julio Monroy Silvera, confirmó que las autoridades comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Sobre la posición de la embarcación al momento del accidente, explicó que “al parecer fue cuando esta lancha empezaba a hacer el recorrido, iba alejándose de la costa y ocurrió la novedad con el señor que estaba careteando”.

Investigan las circunstancias del siniestro

La Capitanía de Puerto inició las actuaciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente. Según el comunicado oficial, las autoridades verifican los hechos y adelantan la revisión de "la documentación, permisos y condiciones de seguridad de las motonaves presuntamente involucradas".

Monroy Silvera señaló que todavía no existe claridad sobre todos los detalles del caso y que la investigación permitirá determinar las posibles responsabilidades. Al referirse a las distancias de navegación y las condiciones del área, indicó “en estos momentos no tenemos una información clara en cuanto a cómo sucedieron los hechos; estamos apenas abriendo la investigación”.

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El oficial también recordó que quienes conducen embarcaciones deben extremar las precauciones para evitar accidentes con bañistas y turistas. “Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo y, obviamente, estar alejados de cualquier turista”, manifestó.

Llamado a reforzar la seguridad en las playas

La Dimar informó que trabaja de manera coordinada con la alcaldía de Santa Marta, la Policía de Turismo y la Estación de Guardacostas en acciones de prevención, vigilancia y orientación a los visitantes. De acuerdo con Monroy Silvera, la ciudad cuenta con alrededor de 21 playas con vocación turística, donde coinciden bañistas y diferentes servicios marítimos.

En su comunicado, la autoridad marítima lamentó el fallecimiento y reiteró que “la seguridad en el mar es una responsabilidad compartida".

Asimismo, indicó que la información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las diligencias para esclarecer el siniestro que terminó con la vida del visitante.

Dos casos registrados en días recientes han generado rechazo entre ciudadanos y animalistas, que exigen esclarecer las muertes y establecer responsabilidades.

Tres perros fueron hallados calcinados en la vía Alterna al puerto de Santa Marta, en el sector de Juan XXIII. El caso ha generado indignación entre ciudadanos y animalistas, que exigen esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Este hecho se suma al asesinato de otros dos perros en el barrio El Cundi, ocurrido días atrás, que también provocó rechazo y llamados de justicia.

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Con ambos casos, son cinco los caninos muertos en hechos recientes que preocupan a la ciudadanía y motivan a los defensores de los animales a exigir investigaciones y acciones contundentes contra el maltrato animal.

Tres perros hallados calcinados en la vía Alterna

El grupo Casos Santa Marta, dedicada a apoyar y ayudar a los animales, también denunció lo sucedido y pidió la intervención de las autoridades de protección animal. “Hay perros quemados sobre la vía Alterna, en la entrada de Juan XXIII, del lado del parque. Lo más indignante sobre la humanidad que pude ver. Lastimosamente, no pude tomar fotos, pero ojalá alguien de protección animal pueda investigar. Solo están quemados hasta la mitad”.

La secretaria de Gobierno de Santa Marta, Luz Alejandra Duarte, confirmó que el reporte oficial corresponde a tres animales y no a siete, como se difundió inicialmente. Según información suministrada por la Policía Metropolitana, los perros habrían sido incinerados después de morir y posteriormente abandonados en el lugar. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento y la identidad de los responsables aún deben establecerse.

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“Recibimos con profunda tristeza e indignación la noticia del hallazgo de tres cuerpos de caninos en la vía Alterna”, expresó Duarte, que solicitó celeridad en las investigaciones y reiteró el rechazo de la administración distrital a cualquier forma de maltrato animal.

El Cundi: dos perros asesinados

Días antes, el asesinato de dos perros de compañía pertenecientes a la familia Farrayán, en el barrio El Cundi, también había generado consternación. El caso fue dado a conocer por la Iglesia Cristiana Renace Internacional, que rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia afectada. La congregación pidió a la Fiscalía General de la Nación, al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), a la Policía Nacional y a las autoridades distritales avanzar en las investigaciones.

En su comunicado del 19 de octubre, la iglesia exigió que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. También recordó la importancia de la protección legal de los animales y pidió que el caso no quede en la impunidad.

Un llamado contra la crueldad animal

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de ambos casos, la ciudadanía espera que las muertes de estos cinco perros no queden sin respuesta. La exigencia es que se conozca la verdad, se identifique a los responsables y se aplique la ley cuando corresponda.

El sábado será 31 de octubre. Las grandes ciudades se preparan para reforzar la seguridad en vísperas de las celebraciones de Halloween con el fin de garantizar la tranquilidad en las actividades que involucran a los niños, pero además en las fiestas y celebraciones que se desarrollan alrededor de esta fecha. Pero en los últimos años se ha sumado una preocupación adicional para las autoridades: las rodadas o caravanas en las que participan motociclistas disfrazados.

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No está claro su origen, pero al menos la última década se han vuelto comunes las convocatorias de motociclistas que salen disfrazados en caravanas. El problema es que en medio de este tipo de actividades se propician problemas de movilidad y de seguridad.

Las convocatorias suelen hacerse por redes sociales, promovidas por grupos de motociclistas o influenciadores que no tienen la capacidad de controlar lo que ocurre dentro de las caravanas, por lo que, mientras algunas alcaldías, como la de Cartagena, optaron el año pasado por llegar a acuerdos con los moteros, otras como Medellín y Cali decidieron prohibirlas.

Algo similar ocurrió en Bogotá, que en 2025 anunció que no daría ningún permiso ni permitiría que los motociclistas se congregaran para la noche del 31 de octubre, debido a que el fin de semana anterior una caravana provocó graves problemas de movilidad sobre la carrera 30. Aunque hubo mucha tensión ese día, finalmente no se presentaron alteraciones del orden público.

Este año ya se activaron las alertas. En Cartagena, aunque no se había mencionado el tema, en los últimos días apareció una convocatoria en redes sociales llamada “Rodada del terror”, que promete anunciar el punto de partida pocas horas antes de su realización, así como promete un premio de COP 1 millón para el mejor disfraz de la noche.

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La Alcaldía señaló que este año no permitirá ese tipo de actividades, pese a los acuerdos que se hicieron el año pasado, mientras que el alcalde Dumek Turbay aseveró que “el 31 de octubre es un día para los niños y niñas, y los cartageneros quieren disfrutarlo con sus hijos, por eso este año tampoco va”.

Entre los argumentos del mandatario está que este tipo de movilizaciones puede ocasionar desórdenes, afectar la movilidad y poner en riesgo la seguridad, especialmente de los niños y las niñas que ese día salen a pedir dulces.

Por su parte, Barranquilla estableció restricciones para este fin de semana y el siguiente. El Decreto 1484 de 2026 recuerda que el año pasado se registraron 102 delitos de alto impacto en la ciudad el día de Halloween, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 110 víctimas fatales en accidentes de tránsito, entre los cuales hubo 73 motociclistas involucrados.

Por esta razón prohibieron las concentraciones de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos tipo motocicleta de cualquier cilindraje. A esto se suma la restricción de circulación de cualquiera de estos vehículos por el Gran Malecón (Avenida del Río), en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente.

Aunque no todos han optado por la prohibición. En el caso de Armenia, se intentará otra fórmula. La Alcaldía anunció que, tras conversaciones con líderes moteros y autoridades, se lograron establecer las condiciones de seguridad para el 31 de octubre, por lo que se permitió hacer la rodada, pero con el acompañamiento de las autoridades y una serie de compromisos de convivencia, como no arrojar agua ni harina en medio de la caravana.

“Vamos a darles a conocer a todos los armenios las rutas por donde ellos van a pasar, que puedan salir y ver esta manifestación artística, donde como se dieron cuenta el año pasado salen disfrazados, salen en diferentes actividades y eventos, incluso repartiendo dulces, y siempre con el acompañamiento de la Alcaldía como en todos los eventos culturales o manifestaciones pacíficas que se hacen a nivel del municipio de Armenia”, indicó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez.

Parte de la confianza se debe a que las últimas caravanas se han desarrollado con tranquilidad en la ciudad.
Algo similar ocurre en Norte de Santander, donde el gremio de moteros confirmó la “Supermega Caravana de Halloween”. Será un plan piloto organizado con la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, que les permitirá salir el 28 de octubre de 7:00 p. m. a 11:00 p. m.

Del tema se seguirá hablando esta semana. Aunque alcaldías como la de Medellín y Cali no se han pronunciado sobre el tema, ya se conocen convocatorias de rodadas, por lo que tendrán que decidir qué camino tomarán para garantizar la seguridad durante la celebración.

Una emergencia se registra en el corregimiento de Timba, en Jamundí, donde las lluvias que se presentaron este fin de semana provocaron graves afectaciones que incluyen casas destechadas, árboles caídos e inundaciones que dejaron a por lo menos 300 familias de la zona damnificadas.

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En videos compartidos en redes sociales se evidencia que las lluvias que se registraron en la tarde y noche del pasado sábado 24 de octubre estuvieron acompañadas de fuertes vientos que provocaron daños en tejados de varias viviendas, así como la caída de árboles.

En algunos sectores también se registraron encharcamientos, por lo que la alcaldía señaló que se trasladó a la zona afectada para adelantar un censo de las afectaciones y damnificados. A la par, la comunidad pidió celeridad para dar ayuda a quienes tuvieron graves daños en sus viviendas.

Esta emergencia se registra a la par de la que se presentó en la costa Caribe, donde las lluvias dejaron a centenares de personas damnificadas, especialmente en Santa Marta, donde se tuvo que decretar la alerta roja para atender la magnitud de las afectaciones.

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En Cartagena se reportaron más de 300 viviendas afectadas por las lluvias, mientras que en Barranquilla, el cuerpo de Bomberos señaló que tuvieron que talar un árbol y rescatar cuatro vehículos que fueron arrastrados por las lluvias.

El Ideam señaló que la influencia del sistema extratropical Josephine estaría favoreciendo el ingreso de humedad hacia el Caribe, con acumulados estimados entre 100 y 130 milímetros que podrían continuar provocando lluvias en los primeros días de esta semana.

Un ataque armado contra tropas del Ejército Nacional en Guachaca, zona rural de Santa Marta, dejó un soldado muerto y otro herido, y llevó a las autoridades administrativas de la región a activar medidas de coordinación y protección.

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El alcalde Carlos Pinedo Cuello ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la emergencia, en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, y solicitó apoyo del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de las comunidades.

La situación también generó llamados urgentes de habitantes y defensores de derechos humanos, ante el temor provocado por las ráfagas de fusil cerca de viviendas y centros educativos.

Alcaldía activa PMU y solicita apoyo nacional

El alcalde Carlos Pinedo anunció la instalación inmediata del PMU como mecanismo para coordinar la respuesta institucional frente a la situación de orden público en Guachaca y Quebrada del Sol. La medida busca hacer seguimiento a los hechos y articular las acciones necesarias para proteger a los habitantes de estos sectores rurales.

“He ordenado la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, para hacer seguimiento a la situación”, manifestó el mandatario.

Pinedo también expresó su respaldo a las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales y reiteró el compromiso de la administración distrital con la recuperación de la tranquilidad en la zona. “¡No descansaremos hasta recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades!”.

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La Alcaldía solicitó el acompañamiento del Gobierno Nacional para fortalecer las acciones de seguridad y responder a las necesidades de la población afectada. La prioridad es establecer las condiciones que permitan proteger a las familias, especialmente a los niños, adultos mayores y demás personas expuestas al riesgo.

Gobernadora reportó hostigamiento y medidas en la Troncal del Caribe

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, señaló que la situación comenzó con un hostigamiento contra tropas del Ejército sobre la Troncal del Caribe. Según explicó, el ataque habría sido una retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por las operaciones militares que han afectado su estructura y sus finanzas.

Guerra indicó que los militares respondieron a la agresión y que el corredor vial fue asegurado preventivamente para reducir los riesgos para los habitantes y quienes se movilizaban entre Santa Marta y La Guajira.

“Hemos estado trabajando de la mano con la Fuerza Pública con el fin de garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que viven y transitan en la Troncal del Caribe, pero también de nuestros soldados”, sostuvo.

La Gobernación informó que se tomaron acciones para normalizar la movilidad por este corredor, sin embargo, la situación en las zonas habitadas mantiene la preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades rurales.

“Presidente, no nos deje solos”: el llamado de Guachaca

En medio de la emergencia, habitantes de Guachaca hicieron un llamado urgente al presidente Abelardo De la Espriella para que el Gobierno Nacional intervenga y refuerce las garantías de seguridad en el territorio.

La comunidad manifestó su preocupación por los disparos registrados cerca de viviendas y establecimientos educativos. Videos difundidos durante la jornada muestran a niños llorando dentro de un colegio mientras se escuchan detonaciones, así como a menores que intentaban regresar a sus casas en medio de la incertidumbre.

Los habitantes y líderes comunitarios pidieron presencia institucional efectiva, protección para las familias y condiciones seguras para los niños, adultos mayores y demás personas vulnerables. También solicitaron que se evalúen alternativas de evacuación segura para quienes se encuentren en mayor riesgo.

La principal preocupación es que la población civil continúe expuesta a las consecuencias de las acciones armadas. Por eso, los habitantes reclaman medidas que les permitan permanecer en sus hogares sin temor y recuperar la normalidad en sus actividades cotidianas.

Defensor de derechos humanos pide presencia de la Personería y la Defensoría

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez también se pronunció sobre la situación y pidió que los organismos encargados de velar por los derechos de la población acudan al territorio.

“Se presenta una situación de alteración en zona urbana en la comunidad de Guachaca (cerca al Parque Tayrona) entre el Ejército y las ACSN con bloqueo. Es importante que Personería de Santa Marta y Defensoría del Pueblo, acudan como garantes de derechos”, manifestó.

Dimas advirtió sobre la necesidad de que la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo acompañen a la comunidad y verifiquen las condiciones de seguridad y las posibles afectaciones a sus derechos.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas agregó que es necesario revisar la planificación de los operativos militares para evitar que la población civil quede expuesta al fuego. “Nadie está diciendo que no los capturen, es todo lo contrario, tienen que capturarlos, es la obligación del Estado, pero tienen que minimizar los riesgos hacia la población civil”.

También pidió evaluar los resultados de la estrategia de seguridad en la Sierra Nevada y Santa Marta, al señalar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada continúan operando en el territorio y que, según información recibida por su plataforma de derechos humanos, las denuncias de extorsión han aumentado.

El defensor también alertó sobre el impacto de los hechos violentos, los bloqueos y las restricciones en la economía local, especialmente en el turismo, los hoteles y el empleo de las comunidades que dependen de esta actividad. “Lo único que se está pidiendo es que se actúe de tal forma que la población civil sea la menos afectada, porque ya es víctima y no se puede volver a revictimizar”, concluyó.

Un soldado murió y otro resultó herido

El Comando de la Segunda Brigada del Ejército confirmó que el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano murió durante el ataque contra tropas del Batallón de Montaña N.º 6. En la misma acción resultó herido el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal.

De acuerdo con la institución militar, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y ametralladora mientras desarrollaban operaciones en la zona. El militar lesionado recibió atención inicial de los enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta.

El Ejército atribuyó la agresión a integrantes de las ACSN y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado fallecido, además de desear una pronta recuperación al soldado herido.

El Centro Comercial Fundadores de Manizales informó que permanecerá cerrado temporalmente como consecuencia del incendio que se presentó en sus instalaciones durante la noche del jueves 22 de octubre de 2026. Por ahora no se conoce la fecha y condiciones de reapertura pues están sujetas a las condiciones de la infraestructura que reporten los especialistas que se encuentran adelantando las evaluaciones del lugar.

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“El centro comercial permanecerá cerrado temporalmente, mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos para una reapertura segura”, indicó la administración en un comunicado a tráves de redes sociales.

El incendio sucedió aproximadamente a las 10:18 p.m. del jueves en la parte trasera del centro comercial, por la Avenida Marcelino Palacio. Trabajadores de algunos establecimientos y personas que estaban en las salas de cine debieron ser evacuadas y aunque algunas resultaron afectadas por el humo, pudieron ser atendidas por los organismos de socorro. “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, ni personas lesionadas”, informó el centro comercial.

Según el reporte inicial, las llamas se habrían originado en las bodegas ubicadas en los niveles -2 y -3 de la edificación y la columna de humo negro que salió del lugar llevó a que cerca de las 11:20 p.m. los organismos de socorro extendieran la evacuación a las viviendas aledañas al centro comercial.

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La administración agradeció la intervención del Cuerpo de Bomberos, que controló las llamas, así como el acompañamiento de la Alcaldía de Manizales y de las demás entidades que atendieron la emergencia. En el mismo texto expresó su respaldo a quienes resultan afectados por el cierre temporal: “expresamos nuestra solidaridad con los comerciantes, empleados y sus familias, así como con todas las personas que forman parte de nuestra comunidad”.

Las causas del incendio y la magnitud de los daños todavía no se han establecido y "serán determinados mediante las verificaciones e investigaciones con el equipo técnico", precisaron desde el centro comerical y aseguraron que las decisiones respecto a la reapertura se tomarán priorizando "la protección de la vida y la integridad de nuestros visitantes, comerciantes y empleados".

La ciudadanía podrá informarse sobre todas las actualizaciones en el caso a tráves de las redes sociales del Centro Comercial Fundadores.

Desde la Alcaldía de Timaná, Huila, y su Dirección Local de Salud confirmaron que se han recibido cinco denuncias anónimas sobre la formulación y aplicación de péptidos sintéticos inyectables sin registro INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) en el municipio. Por esto, decidieron lanzar una alerta sanitaria y adelantar las labores de vigilancia e inspección para idnetificar los establecimientos implicados.

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"Como autoridad sanitaria del municipio, quiero exponer una alerta sobre el uso y comercialización fraudulenta de péptidos no autorizados en tratamientos estéticos y reducción de peso. Esto representa una grave amenaza directa a la salud pública. Están siendo manipulados por personal no autorizado y en sitios no autorizados", declaró Andrea Bermeo, directora local de Salud.

La directora explicó que de estos productos promocionados con fines estéticos para la pérdida de peso, rejuvenecimiento o control de grasa localizada se han identificado riesgos como "infecciones severas y abscesos por microbacterias, alteraciones endocrinas y metabólicas, complicaciones cardiovasculares, reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, proliferación celular. También hemos conocido varios casos, no acá en el municipio, pero sí en estudios anteriores, de personas que han quedado hasta ciegas por la utilización de estos péptidos".

Bermeo confirmó que desde la Dirección Local de Salud se activó un plan de intervención en el municipio para verificar las condiciones de seguridad y salubridad de los establecimientos registrados como centros estéticos en Timaná y de esta manera identificar los productos y prestadores del servicio que no están habilitados o incumplen los requisitos sanitarios.

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La advertencia local coincide con una serie de alertas emitidas por el Invima a lo largo de este año: el 23 y el 24 de junio de 2026 la entidad publicó tres alertas sanitarias sobre productos inyectables que se comercializan en redes sociales y plataformas digitales sin registro sanitario. Entre los señalados están la retatrutida, la tirzepatida inyectable, la solución de péptido GHK-Cu, la combinación LIPO-C con vitamina B12 y el NAD+.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, ha advertido sobre el crecimiento de la oferta de supuestos tratamientos para adelgazar a través de redes sociales, servicios de mensajería y comercio electrónico. La entidad explica que, al carecer de registro, se desconocen la composición real de estos productos, las condiciones en que fueron fabricados y la cadena de almacenamiento y transporte por la que pasaron.

Desde la Alcaldía de Timaná recordaron que los centros estéticos no tienen autorización para realizar procedimientos invasivos y pidieron a la comunidad evitar todo tipo de tratamientos sin antes asegurar una valoración médica, el cumplimiento del registro sanitario del INVIMA y las condiciones de conservación de las sustancias.

La crisis de las basuras en Santa Marta va más allá de las bolsas de residuos acumuladas en las calles. Las dificultades en la recolección, las deficiencias en la operación del sistema de contenedores y las dudas sobre el futuro del relleno sanitario de Palangana han puesto en discusión la capacidad de la ciudad para garantizar un servicio esencial para sus habitantes.

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En diferentes sectores, la acumulación de residuos ha generado quejas por malos olores, presencia de vectores y afectaciones al espacio público. La situación también preocupa por sus posibles consecuencias ambientales, especialmente en una ciudad cuya actividad turística depende, entre otros factores, de las condiciones sanitarias de sus barrios, playas y corredores urbanos.

Uno de los factores que explica el deterioro del servicio son los incumplimientos operativos documentados por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), encargada de supervisar el contrato de concesión con Aseo Técnico de la Sabana (Atesa). Los informes de la entidad identificaron deficiencias en las obligaciones de recolección y transporte de residuos, así como retrasos que afectaron la continuidad y calidad de la prestación.

La problemática no se limita a una jornada específica. La supervisión contractual identificó 18 casos de presunto incumplimiento, entre ellos fallas en las labores de recolección de los días 12, 13 y 14 de septiembre y en las rutas 1049, 2050, 1051 y 2052. Estos hallazgos llevaron a la imposición de una sanción económica contra el operador, en un contexto en el que persisten las exigencias ciudadanas por un servicio oportuno.

A las dificultades de recolección se suma la transformación del sistema de disposición de residuos en las calles. En septiembre, Atesa inició el desmonte progresivo de los contenedores que durante años funcionaron como puntos de almacenamiento. La empresa anunció que buscaría fortalecer el modelo de recolección puerta a puerta, con camiones de carga trasera y apoyo de operarios. La medida abrió una pregunta central: cómo evitar que los residuos vuelvan a acumularse en los lugares donde se retiraron los recipientes.

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El cambio resulta especialmente relevante por el volumen de residuos que maneja la ciudad. Según cifras presentadas por el operador en discusiones locales, Santa Marta genera y recoge alrededor de 570 toneladas diarias, de las cuales unas 60 correspondían al sistema de contenedores. Su retiro exige una reorganización efectiva de las rutas, frecuencias, vehículos y personal para evitar que la transición termine agravando la crisis. La efectividad del nuevo esquema dependerá de que la capacidad operativa responda a la cantidad de residuos producidos y a las necesidades de cada sector.

Palangana, otro frente de la crisis

El futuro del relleno sanitario de Palangana constituye uno de los puntos más sensibles de la discusión. Durante el debate realizado el 20 de octubre en la Comisión Quinta del Senado, la Superintendencia de Servicios Públicos informó que la licencia ambiental del lugar venció en mayo de 2026 y que la solicitud de modificación presentada por el prestador todavía no tenía una respuesta definitiva.

En esa misma sesión, la autoridad de vigilancia señaló que, de los 509 contenedores contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 434 estaban operativos, lo que representa un déficit de 75 unidades. También advirtió sobre la falta de vehículos de carga lateral para atender el sistema.

La capacidad disponible de Palangana y las alternativas para garantizar la disposición final de los residuos son asuntos que requieren respuestas técnicas e institucionales. Entre las opciones mencionadas por las autoridades están trasladar los desechos a rellenos sanitarios de Soledad o Aracataca, una posibilidad que podría incrementar los costos de transporte y repercutir en las tarifas del servicio.

El escenario plantea un desafío que no se resuelve únicamente con retirar contenedores o aumentar las jornadas de recolección. Santa Marta necesita claridad sobre las autorizaciones ambientales, la capacidad real de disposición, las obras previstas y los mecanismos que permitirán mantener el servicio sin trasladar nuevos costos a los usuarios. La falta de una solución de largo plazo podría comprometer la continuidad del manejo de los residuos y aumentar la presión sobre el sistema de aseo.

Essmar sanciona a Atesa por incumplimientos

En medio de la controversia, la Essmar impuso a Atesa una multa de 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a COP 220.061.403, por incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión 007 de 1993.

De acuerdo con la entidad, la decisión se fundamentó en informes de supervisión e interventoría que documentaron deficiencias en la recolección y el transporte de residuos. El monto será descontado de los saldos pendientes a favor del contratista o podrá cobrarse por jurisdicción coactiva en caso de que no se produzca el pago voluntario.

La sanción se adoptó dentro de las facultades contractuales de la entidad y, según la información oficial, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de Atesa. El alcalde Carlos Pinedo Cuello respaldó la decisión y sostuvo que se debe exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Más allá de la medida económica, el resultado que esperan los habitantes es que las sanciones se traduzcan en mejoras verificables del servicio: rutas cumplidas, recolección oportuna, menos puntos críticos y una operación capaz de responder a las necesidades de la ciudad.

El debate llega al Senado

Durante el debate del 20 de octubre en la Comisión Quinta del Senado, liderado por la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico. La discusión abordó las fallas atribuidas al operador, el retiro de contenedores, la capacidad de Palangana y la gestión de los recursos destinados a la protección ambiental.

Entre los asuntos planteados estuvieron el cumplimiento de las rutas y frecuencias, la disponibilidad de vehículos, las alternativas para los sectores afectados por el desmonte de contenedores y el fortalecimiento del aprovechamiento de residuos y la participación de los recicladores.

El debate puso sobre la mesa una pregunta que trasciende las diferencias políticas: cómo garantizar que los recursos, los contratos y las decisiones administrativas se traduzcan en un servicio eficiente y en resultados ambientales medibles para Santa Marta.

La salida de la crisis dependerá de la articulación entre el operador, la Essmar, las autoridades ambientales y los organismos de vigilancia. También requerirá información pública sobre los avances, el cronograma de las medidas y las soluciones para la disposición final de los residuos.

En medio de cañaduzales, en zona rural del municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, quedó incrustada una avioneta que tuvo un accidente aéreo en la mañana de este viernes 23 de octubre. Primeras versiones indican que no hubo personas lesionadas en medio del hecho.

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Según testigos en el lugar, la aeronave estaría al servicio del ingenio azucarero Cauca y realizaba trabajos de aspersión de fertilizantes este viernes.

En el momento del accidente, el piloto habría evidenciado una falla en el sistema, por lo que buscó aterrizar de emergencia sobre una de las vías. Al intentarlo, terminó chocando contra uno de los cañaduzales al lado de la carretera en zona rural de Puerto Tejada.

El accidente de la avioneta de matrícula HK 5251 se dio en el sector de la hacienda La Suiza. El hecho se ha conocido por imágenes de habitantes del sector, que las difundieron para alertar a las autoridades. Aunque por ahora no se conocen más detalles de los hechos, se sabe que los tripulantes salieron ilesos.

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En otras imágenes difundidas por redes sociales, se evidencia que la aeronave liviana tuvo afectaciones en las alas y en la hélice, que estaba en la parte delantera.

Noticia en desarrollo...

Debido a los problemas de orden público que se han registrado en los últimos días en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, donde recientemente hubo un ataque armado con drones, así como durante varios días permaneció un cilindro con símbolos del ELN en la entrada del centro poblado, la alcaldía anunció la suspensión de las actividades para Halloween.

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El anuncio lo hizo la administración en las últimas horas a través de un comunicado que se concretó en un consejo de seguridad en el que se determinaron nuevas medidas para garantizar la seguridad de la población y que incluye la prohibición de actividades que puedan provocar aglomeraciones, entre otras.

“La Fuerza Pública, la Administración Municipal y las entidades competentes, en el marco de sus responsabilidades, determinaron la no realización de las actividades previstas para la celebración de Halloween, así como de otros eventos que impliquen concentración y movilidad de personas en El Carmen, Norte de Santander”, indica el breve comunicado.

Sumado a esto, las autoridades quisieron enviar un parte de tranquilidad, por lo que señalaron que las medidas no serán permanentes. “Una vez las condiciones de seguridad estén dadas, se promoverán espacios culturales y actividades de integración familiar que nos permitan compartir y disfrutar juntos como comunidad”.

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Ataques en El Carmen

En los últimos días se han registrado varias acciones violentas en el municipio de Norte de Santander. El pasado miércoles 21 de octubre, habitantes del municipio alertaron la presencia de drones en la población, que finalmente terminaron atacando la estación de policías.

Días atrás se registraron tres ataques con explosivos en el corregimiento del Guamalito, por lo que fueron retirados los uniformados de la zona, mientras que la semana pasada apareció en la entrada del casco urbano un cilindro con logos del ELN que finalmente fue retirado por un adulto mayor que en aparente estado de embriaguez lo movilizó por el casco urbano.

Graves emergencias han causado las fuertes lluvias en las últimas horas en los departamentos de Norte de Santander y Santander, donde además de crecientes súbitas y afectaciones en redes de alcantarillado, hay daños en puentes e importantes vías como la que comunica a Cúcuta y Ocaña, que mantiene un carril cerrado.

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La emergencia sobre la vía se dio en la tarde del pasado miércoles 21 de octubre, cuando se registró un deslizamiento sobre el kilómetro 69, sobre la vereda Alto del Pozo del municipio de Villa Caro, que taponó completamente el paso sobre la vía.

En videos compartidos por habitanes de la zona y conductores que transitaban la zona en ese momento se evidencia que sobre la vía cayeron árboles y restos orgánicos, sobre los cuales solo estaban pasando motocicletas con apoyo de la misma comunidad.

En las últimas horas, las autoridades locales lograron habilitar el paso por un carril, mientras que en el transcurso del día se espera la llegada de personal del Instituto Nacional de Vías (Invías) que realice las acciones correspondientes para habilitar completamente el paso por el importante tramo de Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades locales, la vía es uno de los corredores más importantes de la región por la que transitan a diario más de 3.000 vehículos, así como es un la conexión del departamento con su capital y la Costa Caribe.

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Emergencia por lluvias en Santander

Las emergencias por las lluvias también se han extendido a Santander donde son varias las emergencias activas por cuenta de las precipitaciones. Entre las más grandes está la del municipio de Barbosa, donde se tiene el registro de dos personas desaparecidas.

Según informó el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés a Caracol Radio, las crecientes súbitas arrastraron a tres personas de las cuales los cuerpos de socorro lograron rescatar a una con vida, mientras que la búsqueda de las otras dos sigue activa.

Adicionalmente alertó que la cantidad de agua que ha caído en los últimos días se están concentrando en las alcantarillas de las vías nacionales que no tienen la capacidad para recibirlas, lo que ha generado crecientes en sectores urbanos como Uribe Uribe, Villa Paz y la Diagonal 18.

Por esto, el mandatario hizo un llamado a las autoridades regionales y nacionales ya que la situación está afectando el suministro de energía, mientras que el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado está poniendo en riesgo a personal de Bomberos y Policía que participa en las acciones.

Por su parte, Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, señaló a medios locales que se tiene el registro de una persona desaparecida en Barbosa e inundaciones en los municipios de Guaca y California, donde también se registran daños en puentes y vías, así como se mantienen alertas por la cercanía de ríos a centros urbanos.

Por lo pronto, las autoridades locales han pedido a los alcaldes activar los planes de emergencia, así como han recomendado a conductores y viajeros a tomar precauciones y evitar acercarse a las zonas en las que se han registrado emergencias por las lluvias, mientras que a la ciudadanía le recuerda que no deben intentar cruzar corrientes crecidas y evitar acercarse a las orillas de los ríos durantes las precipitaciones.

Tres casas resultaron destruidas por un incendio estructural registrado aproximadamente a las 7:00 a.m. de este miércoles 21 de octubre de 2026en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva. El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la emeregencia y logró controlar las llamas, no reportó personas lesionadas.

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La magnitud del incendio obligó a desplegar tres máquinas y 14 unidades bomberiles hasta el lugar y las labores se concentraron en contener el fuego para impedir que alcanzara las edificaciones vecinas. El tamaño de las llamas y los daños en los inmuebles generaron preocupación entre los habitantes del sector, uno de los más poblados de la capital huilense.

Durante 2026, los bomberos de Neiva han atendido un número creciente de incendios estructurales, categoría que agrupa los incendios ocurridos en viviendas, locales comerciales, bodegas y otras edificaciones. Los balances parciales del año registran 37 casos a comienzos de abril, 49 a finales de ese mes, 58 en julio y cerca de 96 a mediados de septiembre.

Según los reportes de los propios bomberos, la mayoría de estas emergencias tiene un origen común en descuidos domésticos y fallas en las instalaciones eléctricas, dos factores que pueden corregirse con revisiones básicas.

A los incendios estructurales se suman otros frentes que han mantenido ocupado al organismo de socorro. La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal reportó 157 incendios durante la actual temporada seca, de los cuales 85 fueron forestales y 72 ocurrieron en basureros y escombreras. Los incendios de cobertura vegetal han afectado cerca de 500 hectáreas en el municipio.

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Las autoridades competentes adeleantan las inspecciones necesarias para establecer el origen del fuego.

Funcionarios de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Linares fueron recibidos a tiros cuando intentaban llegar hasta la vereda Bella Florida para sacar de allí a las familias atrapadas por los combates entre grupos armados. El ataque ocurrió durante la noche del lunes 19 de octubre y obligó a suspender el corredor humanitario, dejando a cerca de cien personas en situación de confinamiento.

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En la comitiva iban el secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Álex Javier González, y personal de la administración municipal. Según su relato, avanzaban desarmados y con banderas blancas cuando empezaron las ráfagas de fusil y los disparos no cesaron pese a que los funcionarios se identificaron a gritos como una misión humanitaria.

"Logramos sacar más de 300 personas de las veredas Parapetos, Las Cochas, Tambillos de Bravos, y cuando íbamos hacia la vereda Bella Florida, pues fuimos atacados con ráfagas de fusiles. Y esto nos pudo afectar la integridad tanto de la Alcaldía Municipal como de mi persona. Y fue una situación muy difícil. No pudimos realizar el corredor humanitario en este sector", relató González.

Ninguno de los integrantes de la comisión resultó herido.

Minutos antes del ataque, la operación había logrado su objetivo en tres veredas del corregimiento de Tabiles. Más de 300 personas, entre ellas decenas de niños, salieron de Parapetos, Las Cochas y Tambillo de Bravos.

Esos habitantes llevaban encerrados en sus casas desde el viernes 16 de octubre, sin posibilidad de salir a conseguir agua ni comida por la intensidad de los enfrentamientos.

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Quienes permanecen en Bella Florida han denunciado ataques con drones cargados de explosivos y la presencia de minas sembradas en los caminos, lo que hace casi imposible desplazarse a pie.

El municipio suspendió las clases presenciales como medida preventiva, mientras los desplazados que lograron salir se refugian en el coliseo y el polideportivo de Linares, en condiciones de hacinamiento.

Las autoridades adelantan gestiones de mediación para poder atender a las comunidades afectadas, mientras el Ejército reforzó su presencia en la zona con unidades de la Brigada 23.

El derrumbe de una mina de oro en Nariño dejó 14 personas muertas, 12 de ellas mujeres. La emergencia ocurrió en la vereda Chambergo, en Santa Bárbara de Iscuandé, donde la entrada de agua a los socavones habría provocado el colapso de la explotación minera. Otras siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

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La emergencia ocurrió en una zona rural de difícil acceso, a orillas del río Iscuandé, donde la minería se mantiene como una de las actividades económicas de las comunidades. Gabriel Ocaña, director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastre de Nariño, explicó que el aumento del nivel del río habría provocado la entrada de agua a las excavaciones, “por crecida del río, el agua se entró y generó esta caída de la bóveda de los socavones que ellos hicieron”.

El impacto de la tragedia también se extiende a las familias de las víctimas. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, confirmó que las 12 mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar y que la administración departamental adelanta, junto a la Alcaldía, un censo para establecer las condiciones económicas de sus hogares y las necesidades de los hijos que quedaron sin sus madres, "eso pone esto en un drama humanitario y familiar muy complejo que estamos dimensionando".

La distancia y las condiciones geográficas dificultaron la atención. Desde la cabecera de Santa Bárbara de Iscuandé, el sitio del derrumbe queda a cerca de una hora y media por río; desde Tumaco, el trayecto puede tomar unas seis horas en embarcación. No hay acceso por carretera. Habitantes de la zona, integrantes de la Defensa Civil y organismos de socorro participaron en las labores, en las que también se utilizó una excavadora vinculada a la actividad minera del sector.

La atención de los heridos requirió apoyo aéreo. Según Escobar, cinco personas fueron trasladadas desde Santa Barbara de Iscuandé hasta Tumaco para recibir atención médica. Tres de ellas eran mujeres. El gobernador indicó que los pacientes fueron ingresados a una clínica y que, al momento de la entrevista, se encontraban en recuperación.

Una tragedia que se repite

El derrumbe vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la minería sin las condiciones técnicas y ambientales requeridas. Según José Evelio Aguiño, secretario de Minas de Nariño, la explotación donde ocurrió la emergencia no estaba autorizada. El funcionario señaló que las lluvias y la fragilidad del terreno podrían haber incidido en el colapso, aunque las causas deben ser establecidas por las autoridades competentes.

La Secretaría de Minas departamental no ejerce por sí sola el control directo sobre estas explotaciones. “Nosotros como Secretaría no generamos ningún control”, afirmó Aguiño. Explicó que las labores de inspección y vigilancia involucran a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO).

Las dificultades para llegar a la zona también quedaron expuestas en el pronunciamiento de la ANM. La entidad informó que su equipo de Salvamento Minero estaba dispuesto a atender la emergencia, pero no había podido ingresar por las condiciones de acceso y de orden público. Según el comunicado, la Agencia mantendría su disponibilidad técnica y operativa para apoyar la atención cuando existieran condiciones de seguridad para el ingreso de los equipos.

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Para Ocaña, la emergencia también evidencia los riesgos de realizar excavaciones cerca de los cauces sin las medidas de control necesarias, “esto no es algo natural, porque son ellos quienes hacen el tema minero al lado del río (...). Todo esto no tiene ningún control, ninguna licencia ambiental”. El funcionario advirtió, además, sobre el impacto de los materiales que se desechan durante la explotación y que terminan en los ríos.

La minería es una actividad de larga tradición en municipios de la costa nariñense, pero en algunas zonas se ha intensificado con el uso de maquinaria pesada. Ocaña señaló que comunidades de municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y La Tola dependen de esta economía. En estos territorios, las distancias, los costos de transporte y la falta de alternativas dificultan el acceso a otras fuentes de ingresos.

Formalización y control

El gobernador señaló que en el departamento hay cerca de 181 solicitudes de formalización minera pendientes ante la ANM, alunas desde hace más de 21 años. Según el mandatario, en Santa Barbara de Iscuandé hay alrededor de siete comunidades de organizaciones de comunidades negras relacionadas con áreas de reserva especial minera que esperan respuesta. “Mientras haya esta informalidad en la explotación, no va a ser posible garantizar esas condiciones de seguridad”, afirmó Escobar.

El pasado 19 de agosto, otro derrumbe minero en ese municipio dejó 13 personas muertas. Con las 14 víctimas mortales de Santa Bárbara de Iscuandé, ambos hechos suman 27 fallecidos en menos de tres meses, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa los retos de prevención y control de la actividad minera en Nariño.

Un derrumbe al interior de una mina de oro ilegal en la vereda Chambergo, zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, ocurrido en horas de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026, dejó 30 personas atrapadas, de las cuales 14 resultaron fallecidas y siete heridas de gravedad, según informó Gabriel Ocaña, director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Nariño.

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"Hay siete heridos, hay cuatro cuyos casos son más complejos y en este momento buscamos un apoyo en helicóptero para poder trasladarlos a la ciudad de Pasto o a Tumaco para ser atendidos", informó Ocaña. La Agencia Nacional de Minería (ANM) precisó que las labores en el terreno presentaron altas dificultades debido a las condiciones de la zona que complicaban el acceso. Los organismos de socorro, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y voluntarios, dieron por finalizadas las labores de búsqueda tras localizar a la totalidad de las 30 personas afectadas.

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De las víctimas fatales, 13 cuerpos fueron trasladados a la cabecera de Iscuandé y uno al municipio vecino de Guapi. Desde la Defensoría del Pueblo se hizo una solicitud urgente a las autoridades para agilizar los recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la emergencia. Entre las peticiones se incluyó evaluar la posibilidad de trasladar el buque hospitalario Guapi para atender a los afectados, activar los protocolos de la red hospitalaria, coordinar apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para evacuar a los heridos graves, y garantizar la presencia prioritaria de Medicina Legal para la identificación de las personas fallecidas.

Finalmente, ante las dificultades de acceso por la situación de orden público en la región, la Defensoría del Pueblo recordó "la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona”.

Ante los efectos del fénomeno de El Niño que afecta distintas zonas de Colombia, el gerente de la Electrificadora de Santander ESSA, José Gregorio Ramírez, anunció que se tomará una nueva medida en la que quienes superen los límites de consumo establecidos por el Gobierno Nacional tendrán que pagar cobros adicionales, mientras que quienes disminuyan el consumo podrán recibir incentivos.

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"Se estableció una tarifa para los usuarios de los estratos cinco y seis, industriales y comerciales, equivalente a 1,7 veces el valor del kilovatio hora, aplicada al consumo que exceda ese 110 %", manifestó Ramírez. De esta manera, se tomará el resgitro histórico de consumo de cada usuario; quienes superen el consumo en 110% recibirán sanciones monetarias, quienes se mantengan entre el 90% y 110% no serán penalizados pero tampoco recibirán incentivos como sí lo harán quienes consuman menos del 90% de su registro histórico.

Estas medidas que aplicará ESSA hacen parte del programa nacional que estableció la  Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y busca reducir los riesgos en la demanda eléctrica durante El Niño.

Según el gerente, durante los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre) se registró un aumento en el consumo energético de Santander. Un comportamiento que se asocia a factores como las altas temperaturas causadas por el fénomeno de El Niño.

Ramírez aseguró que el Gobierno Nacional adelanta acciones para priorizar la generación térmica que permita garantizar el abastecimiento de gas natural y combustible a las plantas abastecedoras. También realizan controles en los despachos de energía hidráulica teniendo en cuenta la disminución de aportes de agua en los embalses.

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La ESSA ya entregó los planes de contingencia y priorización de los circuitos eléctricos en caso de emergencia. En estos se aplicarían racionamientos de energía en el departamento, teniendo en cuenta criterios de seguridad y salud de la población, asegurando el suministro a clínicas, personas electrodependientes y centros penitenciaros.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera Meza, será investigado disciplinariamente después de verse involucrado en una pelea a golpes en la entrada de la Terminal de Transportes del municipio. El propio funcionario admitió haber respondido con los puños.

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El secretario relató que la situación se desencadenó cuando dos personas llegaron al patio de los vehículos inmovilizados para hacer un reclamo, golpearon las puertas del lugar y amenzaron con incendiarlo. Trabajadores del lugar le informaron que dos hombres en motocicleta lo esperaban afuera de las instalaciones y él salió mientras grababa, pues temía por su integridad debido a que había recibido amenezas de muerte en días anteriores: "En ese ejercicio de yo sacar el celular, una de estas personas se da cuenta, se regresa, yo me bajo de mi motocicleta, me dice un poco de improperios y saca la mano para darme un golpe en la cara. Yo respondo a esa agresión inicial y los compañeros tratan de protegerme porque eran dos personas las que me estaban agrediendo".

Sin embargo, el funcionario explicó que se equivocó "al responder en defensa propia. Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control para esclarecer los hechos".

De acuerdo con la información conocida hasta ahora por testigos de la riña, uno de los jóvenes que participó en el altercado sería un motociclista al que las autoridades le habían inmovilizado el vehículo por una infracción de tránsito y, tras el enfrentamiento, familiares de los jóvenes señalados como agresores buscaron a Noguera para intentar una conciliación y evitar que el caso llegara a mayores.

Por su parte, el personero municipal, Andrés Fauricio Torrado Amaya, informó que abrió una indagación disciplinaria preliminar. El objetivo es determinar lo sucedido y la responsabilidad del secretario. De ese proceso dependerá si el episodio acarrea consecuencias disciplinarias para el funcionario.

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Noguera es abogado y asumió la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña en 2024, una dependencia que ha enfrentado un conflicto permanente con los motociclistas del municipio.

Finalmente, Noguera añadió que otra funcionaria de la secretaría resultó agreida y reiteró sus disculpas a las personas implicadas en el enfrentamiento y a la ciudadanía.

Entre 30 y 40 hectáreas de vegetación nativa y bosque tropical húmedo resultaron comprometidas por el incendio que arde en el cerro Tasajero, en zona rural de Cúcuta, y que ya completa tres días de atención por parte de los organismos de socorro. El foco se ubica en inmediaciones de las antenas de la Aeronáutica Civil.

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Durante el fin de semana, desde el viernes 16 de octubre de 2026, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta trabajan en el terreno con apoyo de la Defensa Civil y acompañamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de frenar el avance de las llamas hacia otros sectores del cerro.

No es la primera vez que el Tasajero enfrenta una emergencia de este tipo. En julio de 2023, un incendio consumió unas 40 hectáreas y generó preocupación en los sectores del Anillo Vial Oriental y el puente Atanasio Girardot. En aquella ocasión, los bomberos tuvieron que retirarse de la zona durante la madrugada por el riesgo que corrían. Las condiciones del terreno son uno de los factores que dificultan las labores pues los vehículos de extinción no alcanzan a llegar hasta los puntos donde avanza el fuego.

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La emergencia coincide con la alerta roja por incendios de cobertura vegetal que mantiene el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre el departamento.

Las autoridades insistieron en abstenerse de realizar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo ni objetos que puedan iniciar fuego en zonas con vegetación, y reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato a los organismos de socorro. También recordaron que en Norte de Santander continúa vigente la prohibición de quemas controladas, una medida adoptada para reducir el riesgo de nuevas emergencias.

Zaira Díaz Flórez, de 50 años, es la identidad de la mujer que en la mañana de este domingo fue asesinada por sicarios en moto que le dispararon en al menos cuatro ocasiones cuando se encontraba en su vivienda. El homicidio ocurrió en el barrio Nariño, de la ciudad de Montería (Córdoba).

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció ante la gravedad de las heridas.

Sobre la motivación de este ataque sicarial, Ruiz detalló que las hipótesis apuntarían a un ajuste de cuentas, pues sobre Díaz Flórez reposaban cinco procesos penales, tres por tráfico de estupefacientes y dos por concierto para delinquir agravado.

Las autoridades ya recaudan información necesaria con testigos y cámaras de seguridad para determinar los autores de este asesinato.

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De acuerdo con datos de la Policía Nacional, durante el 1 de enero y el 12 de octubre, se han registrado 29 homicidios en Montería, de los cuales todas son víctimas masculinas.