Este miércoles, Apple presentó sus nuevos dispositivos, de los que destaca el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max, así como el iPhone Duo (su primer teléfono plegable). 

Empresas de seguridad informática han alertado que, aprovechando la expectativa por el nuevo lanzamiento de Apple, grupos de ciberdelincuentes han puesto en marcha campañas de estafa que buscan captar la atención de sus víctimas mediante supuestas promociones y beneficios.

Una de las modalidades que se ha identificado es la de los “usuarios de prueba”, en la que supuestamente se le permite a las personas acceder a los nuevos modelos antes de que salgan oficialmente al mercado. 

Lo que buscan es que, bajo esa promesa, las personas les entreguen sus datos personales o financieros. En algunos casos incluso las inducen a realizar pagos. 

Otras modalidades ofrecen grandes descuentos e incluso llegar a tener dispositivos gratis.

“Estas estafas se insertan en un escenario especialmente desafiante para América Latina, donde el phishing se mantiene como una amenaza recurrente: de acuerdo con cifras de Kaspersky, durante el último año se registraron en la región un promedio de 3,5 millones de ataques al día, lo que demuestra la magnitud de este tipo de engaños y cómo los ciberdelincuentes aprovechan eventos de gran interés para atraer a nuevas víctimas”, puntualiza la firma de seguridad informática, Kaspersky. 

Los reportes también detallan que no es la primera vez que se registra una estrategia de este tipo. En septiembre del año pasado, tras la presentación del iPhone 17, Kaspersky llegó a detectar campañas fraudulentas con falsas preventas, sorteos y supuestos programas de usuarios de prueba.

Detrás de este tipo de iniciativas criminales hay una mezcla peligrosa de factores que aumentan las probabilidades de que las víctimas muerdan el anzuelo: sentimientos de expectativa, novedad, sensación de exclusividad y urgencia.

“Los ciberdelincuentes no necesitan inventar una nueva técnica cada año, les basta con encontrar un nuevo motivo para que las personas bajen la guardia. El phishing sigue siendo uno de los engaños más recurrentes en América Latina pues, a pesar de estar cada vez más expuestos a este tipo de amenazas, muchos usuarios aún tienen dificultades para reconocer sitios fraudulentos o los mensajes engañosos”, explica María Isabel Manjarrez, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

“Lanzamientos tan esperados como el de los nuevos iPhone les ofrecen el escenario perfecto: la urgencia por comprarlo, la ilusión de ganarlo o la posibilidad de probarlo antes que los demás pueden hacer que una página falsa o una oferta demasiado buena para ser verdad parezcan legítimas. Por ello, más que desconfiar únicamente de lo desconocido, debemos aprender a detenernos y verificar incluso aquello que parece familiar y atractivo”, detalla. 

Estas son las recomendaciones que brinda esta experta:

• No confíes en un enlace solo porque la página parece legítima: antes de hacer clic en una promoción, preventa o sorteo, revisa cuidadosamente la dirección web: los estafadores pueden utilizar dominios con letras cambiadas, palabras adicionales o pequeñas variaciones que imitan a los sitios oficiales. Ante la duda, evita el enlace y entra directamente al sitio o aplicación oficial escribiendo tú mismo la dirección. 
• Desconfía de los enlaces que llegan acompañados de urgencia o beneficios extraordinarios: mensajes como “últimas unidades”, “acceso exclusivo”, “ganaste un premio” o “confirma ahora” buscan provocar una reacción rápida. Si la oferta solicita además contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o un pago para recibir un supuesto premio, detente y verifica la promoción por otro canal antes de proporcionar cualquier información.
• No compartas datos personales a cambio de “regalos”: los concursos legítimos rara vez solicitan información sensible de entrada; considere cualquier petición de nombre, datos de tarjeta o direcciones como una señal de alerta.

El incremento en los costos laborales genera preocupación en el gremio de las estaciones de servicio. La unión gremial Somos Uno alertó que el actual panorama con la operación 24/7 que tanto caracteriza a las denominadas “bombas”.

Cifras manejadas por el gremio especifican que las estaciones que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, han registrado un aumento del 53,5 % en los costos que implica mantener a los trabajadores, esto entre julio de 2024 y julio de 2026. 

En dinero se pasó de COP 1,18 millones a COP 1,81 millones. Un ajuste tan drástico, según el gremio, pone en riesgo los puestos de trabajo o la disponibilidad del servicio prestado.

“Las estaciones de servicio han hecho un esfuerzo importante por generar empleo formal y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Pero hoy enfrentamos una realidad: los costos laborales están creciendo mucho más rápido que la remuneración reconocida por la regulación”, afirmó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, en el marco del Foro Sectorial SODICOM 2026 que se realiza en la ciudad de Cali.

El análisis hecho también detalla que, entre 2022 y 2025, el sector pasó de 52.000 empleos a 68.000, lo que se traduce en un incremento del 29,3 %. En la misma ventana de tiempo, la informalidad laboral cayó de 28,7 % a 21,4 %, mientras que los ingresos reales de los isleros aumentaron 25,3 %.

El gremio también señala que este incremento en los costos laborales genera una presión especial en las estaciones pequeñas y rurales. 

“Una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino poner en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad”, señaló Jiménez.

Las cifras que mostró Jiménez también concluyen que existe una brecha de COP 272 por galón entre lo que cuesta un galón y lo que vale mantener a un trabajador.

“Esta cifra no constituye una propuesta de aumento del margen, sino una medición de la diferencia entre los costos laborales y lo que actualmente reconoce la regulación. La discusión debe ser técnica y transparente. Si queremos preservar el empleo formal y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, debemos hablar también de la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio”, concluyó.

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Son múltiples los impactos que tiene el clima en la vida de las personas y en la economía. Ahora se intensifican con los efectos del fenómeno de El Niño, que trae la sequía y, con ella, los incendios.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió recientemente una alerta sobre el fenómeno y señaló que se “intensificará hasta convertirse en un episodio muy fuerte durante los próximos meses, aumentando el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo en distintas partes del planeta”.

Este evento climático consiste en el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental. Los modelos climáticos estiman que el actual será el más intenso de los últimos 30 años y una duración promedio de 18 meses, de acuerdo con un estudio realizado por ANIF.

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Con estas estimaciones, se hace necesario entender cómo los efectos climáticos extremos impactan a la economía.

"El fenómeno de El Niño impacta la actividad económica, reduciendo el crecimiento y presionando al alza la inflación", resalta el informe. De hecho, se asocia con un menor crecimiento económico del agro y del sector energético de 0,56 puntos y 0,47, respectivamente.

Otro de los impactos es directamente para los consumidores. "Mayores temperaturas tienen un impacto directo en el poder adquisitivo. El 19 % de la canasta de consumo de los hogares estaría comprometida", de acuerdo con el informe.

La razón es el incremento en los precios de la energía porque se incrementa la dependencia de las plantas térmicas, cuya producción es más costosa que la usada en condiciones normales: las centrales hidroeléctricas. Las reservas hídricas se ubican levemente por encima de la mediana, pero debajo de la meta fijada por la CREG.

De otro lado, los alimentos perecederos serían los más afectados por la sequía, generando presiones inflacionarias significativas. "Durante el fenómeno más reciente, los precios de los alimentos aumentaron 9,9 % más que el nivel general de precios", destaca ANIF.

Las razones son variadas. Una de ellas tiene que ver con la disminución de la oferta de los alimentos por la caída en la producción, que son sensibles a los cambios climatológicos. Además, el estrés hídrico afecta la supervivencia de las plantas y la calidad de sus frutos. De otro lado, con la reducción en la humedad de los suelos, aumenta la probabilidad de incendios, como ha ocurrido en diversos departamentos, pero especialmente en el Tolima.

El impacto también termina por ser macroeconómico, ya que con una mayor presión inflacionaria en el país se va a demorar más tiempo en llegar al rango meta establecido por el Banco de la República (que es de entre el 2 y 4 %).

"Un shock de oferta persistente podría retrasar la reducción de las tasas de interés", que hasta el momento está en el 12 %, según el informe.

Finalmente, bajo estas condiciones el crecimiento del subsector energía y agro se vería afectado, un choque que se amplificará a medida que el sector agropecuario gana peso en el PIB, concluye ANIF.

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Este 10 de septiembre se cumple un mes desde cuando la tierra se movió y cambió la vida a miles de colombianos. No lo vimos de lejos, en tercera persona; lo sufrimos en vivo y en directo bajo nuestros pies y minutos más tarde como testigos, de a pocos, observamos la gravedad de lo que había sucedido. Tres días antes había comenzado el nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, y la emergencia fue el foco de la administración entrante. Por eso este boletín busca reunir los hechos y las decisiones más relevantes que han pasado en los últimos 30 días y, sobre ellos, los impactos que se esperan para el país, mirando por el vidrio panorámico y no solo dejando nuestro análisis en el espejo retrovisor. Comencemos.

De acuerdo con las cifras oficiales de la UNGRD, están registradas 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas; fueron 16 los departamentos y 498 los municipios afectados; y se contabilizaron 296.738 familias que suman más de 466.709 colombianos damnificados. En materia de infraestructura, 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios dañados y 743 colapsados. 400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales con algún tipo de afectación. También 3.277 animales con algún tipo de afectación y 3.003 rescatados. “Las cifras son preliminares y continúan en consolidación”, dijo la entidad que sigue al frente de la atención de la emergencia.

 Política
El Espectador le explica los principales retos que tiene el gobierno de De la Espriella
Ciencia
El Espectador le explica: el paso a paso de la emergencia en Colombia tras el terremoto
Ciencia
EE le explica la atención a los afectados por el terremoto y la reconstrucción que se viene
Economía
El Espectador le explica lo que sigue tras la declaratoria de emergencia económica

Todos los contenidos que hemos publicado desde la redacción de El Espectador sobre lo que sucedió ese lunes 10 de agosto hasta hoy, aparecen en este enlace, más de 2.000 productos periodísticos en texto, video y audio que relatan, paso a paso, las historias de vida, las voces de aliento, la tristeza de perder seres queridos, pero también esas historias de sobrevivencia que se mantienen en pie en medio de todo lo que se ve caído. Años tardará la reconstrucción de lo material y billones de pesos costará, ahora se trata de entender cómo se hará.

En los cuatro textos que les acabamos de recomendar (entre el 10 y el 25 de agosto), hablamos de los retos que tenía por delante De la Espriella cuando asumió: El tema fiscal, la seguridad, la transición energética, la educación, la salud y las relaciones internacionales, en la lista. Pero luego vino el terremoto. Fuimos a los lugares de la tragedia y explicamos la decisión de declaratoria de emergencia económica, con los ojos puestos en el Presupuesto General de la Nación, en el crédito internacional y en los recortes de gasto local. También, por supuesto, en las miles de donaciones de los colombianos en todos los rincones del país y las que hicieron los empresarios más poderosos de Colombia.

Colombia tras el terremoto: triste cumpleaños de Pereira, coraje y valor entre escombros

El 26 de agosto la CAF y el BBVA ampliaron su línea de crédito: USD 41 millones para reconstrucción tras terremoto. La plata, entonces, se informó que tiene como foco infraestructura y recuperación de actividades económicas. Al día siguiente, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde participaron representantes de la ART, URT, AUNAP, ICA, FINAGRO, ARD URA, Banco Agrario y cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Se propuso a consideración una matriz de información para las cadenas agrícolas que incluye: Listado de cadenas agrícolas, Tipo de afectación parcial y/o total del cultivo e infraestructura productiva, Número de hectáreas afectadas, tipo de infraestructura y registrar el momento en el cual se encontraba el cultivo (siembra, manejo de cultivo, cosecha y postcosecha). La idea, una vez se tenga esa información, es tomar las acciones con foco. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros informó que 8.070 cafeteros tienen sus viviendas afectadas, de las cuales 709 reportan daño total, 6.902 daño parcial y de las otras 459 viviendas se está revisando su estructura. Entre esa estructura también están los lugares de beneficio del grano que son esenciales para sacar la producción, contaron los colegas de Economía.

Los banqueros hicieron anuncios para los damnificados, la comunidad internacional hacía lo propio, desde las distintas entidades del gobierno modificaban fechas de obligaciones tributarias y los balances seguían sumando afectados por sectores, como el de la salud:  

Economía

Afectados por terremoto podrán acceder a periodos de gracia de hasta un año: así funcionará

Mundo

Unión Europea anuncia nueva ayuda de EUR 250.000 para afectados por terremoto en Colombia

Economía

DIAN extiende hasta el 11 de septiembre los plazos para trámites en tres ciudades

Cali

Terremoto en Cali: 64 centros de salud resultaron afectados y tres tendrán que ser demolidos

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunció que en el periodo de gracia (hasta un año) los bancos condonarán la tasa de interés. Además, los créditos de vivienda tendrán una tasa fija del 8 %”. El gremio informó que los bancos harán la evaluación caso a caso para definir el periodo de gracia y la recomendación es que, si usted resultó afectado, se acerque a la oficina de banco para que estudien su caso y le entreguen información detallada, contaron los colegas de Economía.

También se informó el 27 de agosto que la ayuda europea llegará a 12.900 damnificados de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, con recursos para alojamiento y necesidades básicas, valorada en EUR 250.000. “La Unión Europea también ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para enviar artículos de primera necesidad a las zonas afectadas. Alemania, Suecia, Luxemburgo y Francia aportaron tiendas de campaña, mantas, kits de cocina, filtros de agua y productos de higiene”.

Por el lado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se amplió hasta el 11 de septiembre la suspensión de términos en Pereira, Buenaventura y Tuluá, por las afectaciones que se derivaron del terremoto. Es decir, en esas ciudades se extendió el plazo para realizar trámites relacionados con la entidad, como por ejemplo en impuestos y aduanas. Y se detalló que “las direcciones seccionales de Armenia, Manizales, Palmira, Popayán y Quibdó, así como las direcciones seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali que habían quedado cobijadas por la suspensión decretada el pasado 13 de agosto, retomaron el curso normal de los términos a partir del 26 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en la resolución número 012017 de 2026”, detalló la entidad.

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 Y como en tiempos de tragedias también aparecen los aprovechados, tuvo que ser el mismo primer mandatario el que tuviera que pedir que no se convierta el terremoto en una oportunidad para abusar de los colombianos, razón por la cual se adoptaron “medidas para impedir cobros injustificados”. Una tarea que se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para que implementara “estrategias para combatir prácticas como el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier otra que vulnere la libre competencia”.

Entre las decisiones tomadas están, por ejemplo, la que tiene que ver con el techo que todos ser humano necesita a diario, pues desde el 31 de agosto estaba en el cronograma iniciar “los desembolsos directos a las familias cuya vivienda haya sido destruida o esté inhabitable. Cada hogar beneficiario recibirá COP 1.050.000 mensuales durante 3 meses para un total inicial de COP 3.150.000″. Se supo que “bajo la articulación del Ministerio de Vivienda y el sector privado (28 de agosto) estamos entregando 191 toneladas de materiales para comenzar los trabajos (en Pereira). Llegan con maquinaria amarilla y equipos que permitan intervenir de inmediato las primeras viviendas. [...] Hemos logrado reunir a algunos de los empresarios más importantes de la patria alrededor de una causa común, reconstruir la patria milagro. Gracias a este trabajo junto al sector privado, se han gestionado recursos por más de dos billones de pesos, que serán destinados a la atención de damnificados, la recuperación de la infraestructura y la reconstrucción de las viviendas”. Se ordenó también al Icetex para que se “activarán alivios automáticos para 5.253 estudiantes de Risaralda que tienen créditos educativos” y “el tiempo de esta medida será de un trimestre” en el que “se suspenderá el cobro de sus créditos”. En Cali se autorizaron COP 110 mil millones de pesos para ejecutar 1462 subsidios y atender 741 viviendas rurales.

Economía

Damnificados por el sismo no pagarán reconexión de servicios de internet, telefonía o TV

Colombia

Los pueblos que empiezan a reconstruirse tras el terremoto

Política

“Romper la rosca”: la instrucción que lanzó De la Espriella en consejo de ministros

Economía

Precios de la gasolina y el diésel no subirán en septiembre por el terremoto

Lo mínimo ha venido pasando: que no cobren los servicios que no hay o que, por lo menos, las empresas tengan en cuenta que ahora mismo las personas afectadas tienen su cabeza enfocada en sobrevivir en medio de la tragedia. Y, hay que decirlo, también desde algunos empresarios el asunto va más allá de peticiones del Ejecutivo y han anunciado que, por ejemplo, lo que tienen que ver con el tema de telecomunicaciones, se puede solicitar beneficios hasta el 31 de diciembre del presente año.

Itzel Martínez Sarmiento nos contó cómo en el municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca, y en Roldanillo, avanza la reconstrucción después de superar el balance de afectaciones, remover escombros, reparar viviendas y ayudarse entre los vecinos. Una realidad que se ha visto en cada rincón del país y que, con cuentagotas, va poco a poco tratando de superar la tragedia.

En su primer consejo de ministros, el Ejecutivo en voz de De la Espriella, fue directo: “Vamos a revisar cada rincón del Estado para desmontar dentro de la ley las roscas, los monopolios y las redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos. Ministerio por ministerio, entidad por entidad. Empresa por empresa. Esta instrucción es para todo el gobierno nacional, sin excepciones. Hay que romper la rosca”, dijo. Y contó que se va a construir un mapa de “concentración contractual”, con el que se pueda determinar cuánto dinero han recibido unos pocos contratistas. Aseguró que se está revisando toda la estructura del Estado para identificar si dos entidades están haciendo lo mismo, una apuesta, explicó, que coincide con la necesidad de recortar el gasto en un momento de crisis fiscal y de necesidad de recursos por cuenta del desastre que dejó el terremoto.

Destacado: Y con la llegada del fin de mes, también había que definir si el precio de la gasolina se mantenía o se ajustaba. Para este caso, el galón de corriente rondará los COP 15.887 y el del diésel, los COP 11.320, lo que quiere decir que no aumentó.  

En medio de esta realidad, con  velatón y homenaje a las víctimas del terremoto, Pereira conmemoró sus 163 años. Justo ese mismo día, De la Espriella en alocución presidencial, la segunda desde que asumió el cargo, realizó un balance de los últimos días de su administración. También cumplió una orden judicial que desató nueva polémica. ¿De qué se trata? Vamos por partes.

“La alocución arrancó con el tema del terremoto. El mandatario dijo que, aunque la búsqueda de desaparecidos continúa, el país entra en modo reconstrucción”. “La nueva fase anunciada por el Gobierno incluye la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares”. Se habló de la atención en el Tolima por los incendios: “se han atendido 43 puntos en 11 municipios: 20 controlados, 16 liquidados y 7 activos. El 84% del departamento ya está controlado o liquidado”.

Confirmó “el desmonte de la “paz total”, pues ya se firmaron las resoluciones para acabar tres mesas de diálogo con igual número de grupos armados”, anunció la creación de “un bloque de búsqueda contra la extorsión, con el fin de combatir uno de los delitos que más azota a la ciudadanía. Además, ratificó su propuesta de lanzar otro “bloque de búsqueda”, esta vez orientado a luchar contra la corrupción”.

Abordó el tema económico contemplando que ya está en el Congreso el presupuesto de COP 636 billones y habló de la necesidad de los ajustes para maniobrar la crisis fiscal, y al final ofreció excusas “por la inclusión de una ceremonia religiosa durante su posesión del pasado 7 de agosto. Lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado, aunque insistió en el derecho a profesar públicamente sus creencias religiosas”, contaron los colegas de Política. Claro que el cierre de la alocución se vivió en doble vía: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, dijo De la Espriella, quien luego cerró con la frase: “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

Economía

Aseguradoras han pagado COP 43.000 millones por sismo, pero daños suben a 2,7 billones

Política

Ya se han firmado más de 120 contratos relacionados con la atención del terremoto

Economía

Gobierno modificó el decreto de emergencia económica: se excluyó Putumayo

Economía

Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia

Las aseguradoras ya han pagado más de COP 40.000 millones en indemnizaciones, la mayoría en el Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia. Se sabe que las alcaldías y gobernaciones de los territorios más afectados ya han firmado más de 120 contratos, la gran proporción de ellos bajo la figura de urgencia manifiesta. Netflix anunció que donará COP 600 millones para apoyar a los miembros del sector audiovisual que fueron víctimas del terremoto. Asofondos informó que quienes sean ahorradores y también afectados por la tragedia, podrán retirar sus cesantías sin cobro de comisión. Y por el lado de la industria del entretenimiento, Netflix anunció que donará COP 600 millones para apoyar a los miembros del sector audiovisual que resultaron damnificados.

De la Espriella habló con el papa León XIV: “durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”, contaron en la información oficial.

El ministerio de Vivienda aseguró que aún faltan datos para calcular el costo total de la tragedia, pero ya se ha hablado de una cifra redonda de COP 30 billones, tanta plata como dos reformas tributarias. Mientras tanto, la redacción de Ciencia de El Espectador nos explicaba que “el sismo del 10 de agosto liberó una energía equivalente a 125 bombas de Hiroshima”, de acuerdo con el SGC. En la lista de retos no está solo lo obvio, que es volver a levantar lo que se derrumbó en las ciudades capitales, sino estar en la capacidad de llegar a las zonas apartadas del país en donde antes difícilmente se asomaba el Estado y ahora, por cuenta del desastre natural, la situación es incluso peor. Comenzando por las carreteras.

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Fedecajas, por su parte, dice que las cajas activaron apoyos inmediatos y esperan normas para destinar recursos a la reconstrucción. Se confirmaron los requisitos para que los caleños puedan acceder a los subsidios temporales de vivienda,  y los mandatarios y mandatarios departamentales, es decir, los gobernadores, se reunieron en Mompox con el presidente De la Espriella para entregarle las peticiones regionales y, sobre todo, mostrarle lo que a consideración de ellos debe ser prioridad en la relación del gobierno central con los departamentales.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), gobernadora Rafaela Cortés, inició diciendo que “los gobernadores no esperamos que el Gobierno nacional haga la tarea por nosotros. Tenemos equipos, proyectos, conocimiento territorial y capacidad de ejecución. Queremos hacer nuestra parte y trabajar de la mano del presidente”. Y agregó: “En estos primeros días hemos encontrado disposición para escuchar, para sentarnos a conversar y para revisar de manera conjunta los problemas que enfrentan nuestros territorios. Esa voluntad de diálogo y de trabajo articulado nos genera esperanza”, contaron los colegas de Política.

El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, manifestó que “los departamentos y municipios han dejado de recibir COP 548 billones por concepto de participación en los ingresos de la Nación, pasando del 42,4 % en 2001 al 26,8 % en 2025. [...] La Nación destina COP 10 billones a administrar competencias que no ejecuta de manera adecuada en los territorios”. Y desde el Chocó, la gobernadora Nubia Córdoba tocó un tema que poca vitrina ha tenido: “Colombia nunca ha contado con un Plan Nacional de Reasentamientos, lo que hace que cada departamento termine enfrentando esta situación sin un lineamiento técnico y una planeación estratégica. Esperamos que, a través del Fondo Adaptación o del Fondo Milagro, se construya este instrumento que permita una respuesta más efectiva, articulada y oportuna frente a las necesidades de los territorios”.

De la Espriella les contestó: “No habrá rincón de la patria donde no se sienta la presencia del Gobierno. Para cumplir ese propósito, debemos fortalecer el poder de los departamentos, darles mayor capacidad de decisión y acercar el Estado a la vida cotidiana de los ciudadanos”. “La unidad de la Nación no exige que las decisiones se tomen en Bogotá. Como candidato lo dije y como presidente lo reafirmo: no gobernaré encerrado en un despacho, gobernaré desde las regiones”.

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Primer mes de Abelardo de la Espriella: estos han sido los tres retos de su gobierno

En este primer mes de gobierno y también a un mes del terremoto, han pasado muchos hechos noticiosos con también tres frentes de trabajo. El primero, un terremoto de magnitud 7,4, una declaratoria de emergencia económica, una asignación de subsidios y alivios tributarios para los damnificados y un sector privado que se metió el bolsillo para la reconstrucción del país. Se creó el llamado “Fondo Milagro” con gerente asignado: Jaime Uribe. Aunque aún no entra en funcionamiento. En Buga anunciaron un plan de reactivación económica para las regiones afectadas por COP 40.000 millones para microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas.

Sobre la mesa ya está la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares. Hasta ahí, si se pudiera hacer un listado de acciones, ha estado esa primera fase del Ejecutivo en el primer mes que incluso va más allá, pues la destrucción de un tercio del país ha obligado a desplegar acciones en todos estos lugares.

El segundo foco de las actuaciones del gobierno ha estado orientado a la seguridad, como la baja de jefes de organizaciones criminales, puntualmente la de alias “Bendito Menor”, quien delinquía, como parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en buena parte de La Guajira, detallaron los colegas de Judicial. También la firma de extradiciones, pues el mandatario ya firmó órdenes sobre cabecillas como alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de ese país por narcotráfico. Lo propio hizo con alias “Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez), “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo).

Un “Plan Marshall” para Chocó: la apuesta que lanzó De la Espriella junto a empresarios

El Gobierno canceló varias mesas de conversaciones de paz y anuló las delegaciones del gobierno y de los grupos involucrados, entre estos las disidencias de alias “Calarcá” y las bandas de Medellín y su área metropolitana. Se han reportado bombardeos y hasta se volvió tema de debate ver al primer mandatario caminando sobre varios cuerpos envueltos en bolsas blancas.

Y el tercero, el escenario financiero: primero, porque el Presupuesto General de la Nación fue radicado con un monto superior, incluso por encima, del que había dejado Petro. El ministro de Hacienda lo justificó diciendo que había que transparentar y sincerar las cifras, pues de acuerdo con el titular de la cartera, no se incluyeron rubros vitales para el funcionamiento del Estado. Esa discusión, la del PGN, está en este momento en el Congreso. En cifras, se buscan COP 30 billones para la atención del sismo y la aprobación de un presupuesto de COP 634,9, billones para 2027. Tamaño reto.   

El primer mandatario cumplió su primer mes en un viaje a Quibdó, rodeado de los empresarios más importantes del país y con anuncios que tienen nombre propio. En cortas palabras, “no es un simple plan de reconstrucción, sino un esfuerzo para derrotar la pobreza a través de la construcción de las condiciones sociales vitales y la llegada de la inversión privada y extranjera”, contaron los reporteros que siguieron este cubrimiento.

El primer punto de la reunión, presentado junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, fue la financiación de la construcción del malecón gastronómico de Quibdó. El presidente aseguró que los recursos se consiguieron gracias a la solidaridad de los empresarios. El segundo anuncio fueron los COP 5.000 millones de capital semilla para los emprendedores que se vieron afectados por el sismo. El tercero fue la revisión del proyecto de un canal interoceánico en Chocó, con el fin de conectar el Pacífico con el Caribe. Se anunció un régimen especial minero para atraer más inversión de ese sector al departamento y COP 1 billón para obras de infraestructura. El sexto y séptimo anuncio tuvo relación con mejorar el acceso a la energía y particularmente a la energía solar. Todos los demás detalles aparecen en este enlace.

Este martes, 31 días después de que llegara al poder De la Espriella y un día antes de cumplirse el mes del terremoto, la noticia fue el encuentro en Barranquilla con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Se definió, en sus propias palabras, “una nueva era de la relación bilateral” y todos esos detalles los dejamos en este enlace, que tienen que ver con temas de energía nuclear y sector minero energético, además de compromisos en seguridad y comercio. Por ahí también se van registrando las primeras páginas de la historia que está escribiendo la nueva administración. Y, en paralelo, este jueves se cumplen treinta días convulsos, muy agitados, con una tragedia de por medio y la solidaridad de millones de colombianos y también de extranjeros puesta en forma de ayuda para los damnificados. Pero con una agenda de pendientes que exigen urgencia, como la crisis de la salud, que nos toca de manera directa a todos, hay que pasar de los anuncios a los hechos. Lo que venga, tanto por el lado del nuevo gobierno como de la reconstrucción, se lo seguiremos contando a diario en www.elespectador.com. Nos vemos el próximo miércoles.   

¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com

En lo corrido de esta semana, la moneda estadounidense ha mantenido una tendencia a la baja. Esta se conserva para el arranque de las negociaciones del miércoles.

El precio del dólar en Colombia cerró en COP 3.103. El valor representa una caída de 8 pesos, en comparación con el valor registrado en el último cierre del martes (COP 3.111).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.116,47, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

Según expertos, entre las principales variables que explican este comportamiento se encuentra el apetito de los inversionistas por los activos de mercados emergentes. En ese escenario, las altas tasas de interés que mantiene el Banco de la República, actualmente en 12 %, hacen que los activos denominados en pesos colombianos resulten más atractivos para los inversionistas, al ofrecer un mayor rendimiento frente a otras alternativas de la región.

En esto cobra protagonismo el llamado carry trade. En términos generales, se trata de una estrategia mediante la cual los inversionistas buscan financiarse en países donde las tasas de interés son relativamente bajas y llevar esos recursos hacia mercados donde las tasas son más altas, con el objetivo de obtener ganancias por ese diferencial.

Para el CEO de Values AAA, Jeisson Balaguera, esta semana hubo dos variables que se destacaron. La primera es la expectativa sobre las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés, dado que la moderación de los datos de inflación y de algunos indicadores laborales en Estados Unidos fortaleció las expectativas de un recorte de las tasas de interés en septiembre. Esto, a su vez, debilitó el índice global del dólar (DXY).

La segunda es la fluctuación en la cotización del precio del petróleo de referencia Brent, el cual ha influido directamente en el flujo de divisas hacia el mercado colombiano.

Los expertos coinciden en que en el ámbito local el debate sobre el Presupuesto General de la Nación y las perspectivas sobre el recaudo tributario mantienen cierto nivel de cautela en los mercados de renta fija y cambiario.

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Para los próximos días, Sánchez considera que la atención de los mercados seguirá concentrada en cualquier señal que provenga de la Fed.

Desde el punto de vista técnico, la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano comienza a acercarse a una zona de soporte relevante, alrededor de los COP 3.100. Este nivel, además de tener un componente psicológico, podría resultar atractivo para que los inversionistas recompongan posiciones largas en dólares y, de esta manera, se genere cierta estabilidad en la tasa de cambio después de la fuerte corrección registrada durante los primeros días de septiembre.

Las expectativas de Balaguera apuntan a que esta semana servirá como un canal de negociación lateral, con un ligero sesgo bajista.

“El dólar podría fluctuar principalmente entre los $3.110 y los $3.180”, anticipa.

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Aunque el desempleo ha caído de manera sólida en el país, hasta el 8,1 % en julio, uno de los mayores retos del mercado laboral en Colombia es la informalidad, que afecta al 54,5 % de los trabajadores del país y llega al 83,2 % en las zonas rurales.

Esta semana se presentó el estudio “De la informalidad laboral a los caminos hacia la formalidad”, elaborado por Aliadas – Alianza de Asociaciones y Gremios presidida por María Claudia Lacouture con el apoyo de la Universidad del Rosario y con la participación del Ministerio del Trabajo.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció la conformación de una mesa con el sector productivo para analizar las 30 alternativas planteadas y avanzar en mecanismos que favorezcan el tránsito hacia empleos con seguridad social y protección.

El documento revela que el 75 % de quienes ingresan a la informalidad permanecen en ella y señala que, para una microempresa, formalizarse puede representar un costo hasta 45 % superior frente a operar sin registro.

Entre las alternativas están mecanismos de cotización proporcional, esquemas simplificados y herramientas digitales dirigidas a disminuir barreras y facilitar el acceso de más trabajadores al sistema de protección social.

“Las cifras nos muestran la dimensión del desafío y nos convocan a trabajar unidos. Desde el Ministerio del Trabajo tenemos la responsabilidad de promover la formalización y construir puentes entre trabajadores, empresarios y Estado. Recibimos el informe como un aporte valioso para el diálogo y analizaremos cuáles pueden traducirse en acciones viables que amplíen la protección social y generen mejores oportunidades para los colombianos”, afirmó la ministra del Trabajo.

El tamaño de la informalidad

Aunque según cifras del DANE, dicha tasa ha mejorado en los últimos cuatro años (pasó de abarcar el 58 % en 2022 al 55,7 % en 2025), la mayoría de los trabajadores de recursos económicos bajos son trabajadores “por cuenta propia”.

¿Qué quiere decir esto? Son independientes, trabajan en empresas muy pequeñas o unipersonales y con sus empleos cumplen con el día a día que necesitan. Este tipo de sustento no les permite ahorrar ni tener colchones financieros, en caso de enfrentar una emergencia.

Las y los trabajadores “cuenta propia” representan tres de cada cuatro ocupaciones en el 20 % de las personas con menores ingresos.

Sobre las informalidades, Cristina Fernández, profesora de economía de la Universidad del Rosario, propone que hay diferentes razones que llevan a una o un trabajador a considerarse “informal” ante el mercado laboral.

Hay un grupo de personas que no puede ser formal porque no alcanzan a tener la productividad para pagar los costos laborales. Esta es una informalidad de exclusión. Más o menos el 36 % de personas que trabajan como independientes, dicen que son independientes porque no encuentran trabajo. Se autoexcluyen del mercado laboral, de acuerdo con Fernández.

Pero también para ella existe la informalidad voluntaria “si uno gana menos del salario mínimo le queda dificilísimo ser formal y si uno gana menos de 2.5 salarios mínimos le sale muy costoso ser formal. Es una legislación laboral que impulsa a trabajar tiempos completos y la gente no necesariamente quiere trabajar tiempos completos. ¿Por qué?, por la economía del cuidado”.

Estar de regreso en casa en los horarios donde las niñas y niños regresan de los jardines o escuelas es muchas veces la razón por la cual un trabajo de nueve de la mañana a seis de la tarde no es una opción. Esto sin contar los tiempos de transporte que puede costar llegar y salir del trabajo.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte alcanzó este miércoles los 100 dólares, por primera vez desde finales de julio, ante el agravamiento de las hostilidades en el Oriente Medio.

El Brent para entrega en noviembre alcanzó brevemente los 100,19 dólares. Poco después, hacia las 07H45 GMT, retrocedió ligeramente y luego subía un 1,94 %, a 99,82 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1,46 % a 94,39 dólares.

"El umbral de los 100 dólares es un nivel psicológico que tiene su peso en los mercados", apuntó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Una vez superado ese nivel, "muchos bancos centrales no tendrán más opciones que subir sus tipos de interés" para controlar la inflación, añade.

Lo cual podría "encarecer los costes [de financiación] para las empresas y los particulares", con el consiguiente impacto en la actividad económica, se demostró.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen iraní, dijeron este miércoles que atacaron una base militar estadounidense en Jordania.

Igualmente atacaron unos 20 buques en el Golfo, en represalia por operaciones previas de Washington que destruyeron cinco petroleros iraníes en la zona.

Como respuesta a la cotización del energético, la Bolsa de Nueva York abrió en rojo el miércoles debido a los temores inflacionistas que genera el repunte.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,41 %, el índice Nasdaq perdía un 0,36 % y el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 0,17 %.

Los temores sobre la inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,7 % interanual en julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el último índice PCE publicado por el Departamento de Comercio.

La inflación se vio impulsada en julio por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

Por eso lo que ocurra con los precios del petróleo son tan importantes para la economía estadounidense y su inflación.

De hecho, el índice de precios PCE es el método preferido de medición de la inflación del banco central estadounidense, que pretende mantenerlo en un objetivo a largo plazo del 2 %.

La Reserva Federal no ha alcanzado ese objetivo desde hace más de cinco años, por lo que la decisión que pueda llegar a tomar el Banco Central es determinante para el futuro de las tasas de interés en el país.

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Las revisiones y los debates en torno al monto del Presupuesto General para 2027 continúan en el Congreso. El plazo que tienen para aprobar la cifra es hasta el 15 de septiembre.

El Gobierno radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión presentada por la administración de Gustavo Petro. Todavía así, hay sectores que pierden parte de su financiamiento.

Uno de ellos es el Ministerio de Agricultura, cuyo jefe de la cartera, Indalecio Dangond, aseguró que el renglón agropecuario se encuentra actualmente "en sala de urgencia". Explicó que para la vigencia 2027 el presupuesto tendrá una reducción del 32 %, por lo que pasará de COP 4,1 a 2,7 billones. Así lo dijo durante su intervención en el debate del Presupuesto General de la Nación ante las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

Este miércoles continúan las reuniones en el legislativo en las que los ponentes y ministros del Gobierno van a explicar cuáles son las prioridades de gasto de sus respectivas carteras.

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento del gasto por COP 21,9 billones para este año, así como una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y que buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones.

¿Cómo estarán las finanzas en el sector del agro en 2027?

"Lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente. Y una vez normalizado, en el 2028 vamos a comenzar a ejecutar los grandes proyectos de inversión para que en el 2030 tengamos un sector agropecuario en las grandes ligas", afirmó el ministro Dangond. Y destacó que su gestión se enfocará en optimizar los recursos y reorientar el gasto hacia la inversión y el apoyo real a los pequeños productores del país.

El jefe de la cartera agropecuaria señaló la necesidad de realizar una reestructuración y optimización presupuestal profunda en entidades adscritas, eliminando cargas burocráticas heredadas de administraciones pasadas en contratos de prestación de servicios, para destinar dichos recursos al fortalecimiento del campo, el financiamiento a largo plazo y la tecnificación con distritos de riego.

Finalmente, el ministro destacó que la apuesta del Gobierno Nacional se centrará en impulsar el desarrollo rural a través de:

• Esquemas de crédito eficientes a 10 y 15 años
• Implementación de escuelas de emprendimiento rural en los municipios más apartados
• Apoyo decidido a los proyectos productivos que consolidan el campo

De otro lado, Dangond anunció la terminación de contratos COP 540 mil millones en contratos, dinero que se va a ahorrar el Estado para el próximo año. En su intervención también dijo que a los campesinos se les debería dejar de llamar así y nombrarlos como "pequeños empresarios del campo".

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Este martes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que su junta directiva designó a Tatyana Orozco como nueva presidenta ejecutiva. La economista asumirá el cargo el próximo 14 de septiembre, en reemplazo de María Consuelo Araujo, quien dejó la presidencia para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

En su hoja de vida figura la dirección del Departamento Nacional de Planeación, así como habilidades en liderazgo de programas sociales y la conversión de recursos en resultados para las regiones.

“Conoce cómo se planea, cómo se financia y cómo se ejecuta la infraestructura en Colombia, y llega a la cámara en el momento en que esa experiencia es exactamente la que el sector necesita”, detalló la CCI.

La Cámara también señaló que adoptará una hoja de ruta acorde con las nuevas realidades que enfrenta el país, entre ellas, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Estos son los seis puntos que incluirá en la agenda:

• La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto
• El aporte técnico al nuevo Plan Nacional de Desarrollo
• La terminación de los proyectos en curso, en concesiones y en obra pública y desarrollo de nuevos proyectos estratégicos para el país
• Reglas claras y transparentes en la contratación, con el Observatorio de Contratación de la CCI como herramienta
• La transformación empresarial a partir de la innovación y las nuevas tecnologías
• La ampliación del sector hacia el agua, el modo férreo, la infraestructura social y los mercados internacionales.

“Dentro de esta agenda, la Cámara gestionará con prioridad inmediata dos asuntos: el impulso a las iniciativas privadas como palanca para acelerar la infraestructura sin presionar el presupuesto público; y el cumplimiento oportuno de los compromisos económicos vigentes, en las concesiones y en los contratos de obra pública, condición indispensable para que los proyectos avancen y las empresas del sector, en especial las pymes, conserven su capacidad de ejecución”, señala la cámara.

También se subrayó que Colombia viene creciendo por debajo de su promedio histórico, al tiempo en que la inversión productiva acumula años en caída y con cuellos de botella logísticos notorios.

Para superar estos desafíos, la Cámara pondrá sobre la mesa del Gobierno Nacional una propuesta basada en el impulso a la infraestructura como motor de crecimiento, aprovechando el modelo de concesiones y las vigencias futuras para avanzar en nuevos proyectos sin exigir un mayor esfuerzo fiscal inmediato al Estado. El gremio aseguró que trabajará de manera articulada y constructiva con el Gobierno, como lo ha hecho durante más de dos décadas.

“La Cámara Colombiana de la Infraestructura reúne a toda la cadena de valor del sector, de las grandes concesiones a las pymes de las regiones, y llega a este nuevo ciclo con un mensaje único: la infraestructura mueve la economía, genera empleo y reduce la pobreza. Esa es la visión que la doctora Orozco liderará con la orientación de la Junta Directiva”, concluyó.

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A comienzos de marzo, Claro radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de preevaluación para una eventual integración empresarial con Azteca Comunicaciones. En términos simples, el operador de telecomunicaciones busca que la autoridad revise la operación y determine si puede avanzar con la integración de ambas compañías.

Azteca, aunque comercialmente no es tan conocida, es un importante jugador en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia. En 2011, la empresa (perteneciente al Grupo Salinas), ganó una licitación del Ministerio de las TIC y asumió el desafío de desplegar, en 30 meses, cerca de 15.000 kilómetros de fibra óptica para conectar a más de 400 municipios y llevar internet a 2.000 instituciones educativas. El reto no era menor, pues para entonces apenas 200 municipios tenían acceso a internet. La compañía destinó USD 300 millones a lo que se convertiría en la red troncal de fibra óptica más grande de Colombia, la cual hoy supera los 32.000 kilómetros de extensión y llega a cerca de 900 municipios.

Sin embargo, hoy Azteca pasa por una compleja situación financiera que la llevó a entrar en reorganización empresarial para evitar caer en la bancarrota.

Entre las alternativas que se han explorado está la venta de sus negocios. Un primer candidato apareció en marzo de 2024, Ufinet (firma de infraestructura de telecomunicaciones). Para entonces también radicó ante la SIC una solicitud para adquirir los activos y negocios de Azteca. Sin embargo, hacia finales de abril de 2025 se conoció que desistió de esta idea, sin que diera a conocer una razón o explicación oficial.

El segundo interesado, como ya se mencionó, es Claro. En su momento, el operador dijo que “la evaluación de esta integración responde principalmente a la posibilidad de generar sinergias operativas que permitan estabilizar y mantener esta infraestructura, la cual hoy presenta fallas que impactan la calidad del servicio. Aunque no se trata de un activo atractivo desde el ámbito comercial, su adecuada operación resulta clave para garantizar la continuidad de la conectividad en territorios donde actualmente no existen alternativas de red”.

Entender este contexto es clave, pues el negocio de Azteca no puede quedar en manos de cualquier oferente. Solo para hacerse una idea, si hipotéticamente esta compañía desaparece mañana se desconectaría el 80 % de la red fija en Colombia.

La advertencia de la CRC

Es clave que la SIC evalúe muy bien la posible integración, pues esta puede generar riesgos para la competencia o los usuarios, dado que la misma implicaría una amplia concentración de mercado a cargo de Claro.

Ante este escenario, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) radicó ante la SIC sus consideraciones. Se trata de un documento de 136 páginas en el que se analiza las implicaciones de esta eventual integración y las consideraciones que la superintendencia debería tener presentes ante cualquier decisión.

Si bien el regulador reconoce que la integración entre Claro y Azteca puede llegar a fortalecer la conectividad en Colombia (especialmente en cobertura, capacidad y calidad de las redes), es necesario que se adopten una consideraciones (o salvaguardas) para preservar la competencia.

“La operación podría permitir a Claro incorporar una red de aproximadamente 32.000 kilómetros de fibra óptica, con presencia en 893 municipios y utilizada para soportar los servicios de más de 250 operadores, entre proveedores mayoristas, operadores minoristas y pequeños proveedores de internet. Para la CRC, el principal asunto que debe evaluarse es el efecto que tendría el control de esta infraestructura sobre las condiciones de acceso y competencia en los mercados de comunicaciones”, señala.

Para la CRC es claro que más conectividad no se puede traducir en menos competencia, pues Claro pasaría a ser el único operador de conectividad de fibra óptica en 778 rutas.

“Esta situación podría incrementar la dependencia de operadores que utilizan esa infraestructura y que, al mismo tiempo, compiten con Claro en los mercados minoristas de servicios fijos y móviles”, advierte.

En cuanto al mercado portador, el Índice Herfindahl-Hirschman, utilizado para medir la concentración, aumentaría en más de 200 puntos en 78 municipios.

“La operación puede reducir costos y mejorar las condiciones de prestación de los servicios de Claro. Sin embargo, las simulaciones realizadas por la CRC muestran que esas eficiencias no necesariamente se trasladarían a menores precios para los usuarios. En los grupos de municipios analizados, bajo los escenarios evaluados, los precios podrían incluso aumentar”, puntualiza el regulador.

En el mercado móvil, la bandera roja que se levanta es que pasa a ser un mercado vertical (Claro sería a la vez su proveedor).

“Claro podría pasar a controlar un insumo mayorista relevante para operadores con los que compite posteriormente por los usuarios. Por esta razón, el concepto advierte sobre el posible estrechamiento de márgenes si las condiciones de acceso a la infraestructura se deterioran o el insumo mayorista se encarece para otros operadores mientras Claro fortalece su posición en el mercado minorista”, concluye.

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El Ministerio de Minas y Energía informó, junto con la Cancillería, que Colombia firmó dos memorandos de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Con estos se busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de minerales estratégicos y energía nuclear.

Según lo detallado con la cartera, estas apuestas permitirán robustecer la seguridad energética de la nación, así como las apuestas en materia de transición energética, competitividad industrial, innovación tecnológica y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Los memorandos establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano, que permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país”. detalló la cartera.

Hay que tener en cuenta que, en el gobierno anterior, Colombia también firmó un memorando de entendimiento similar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Eso fue el 24 de febrero y, para entonces, la cartera señaló que con ello se buscaba avanzar en la descarbonización de los sistemas energéticos, así como el fortalecimiento del suministro eléctrico en el país.

“El Memorando, suscrito en Cartagena y con una vigencia de cinco años, permitirá avanzar en el intercambio de información, mejores prácticas y estadísticas del sector energético; así como en la cooperación en planificación, modelado y seguimiento energético, desarrollo de infraestructura para energía nuclear e intercambios técnicos sobre diseño, construcción y regulación, incluyendo pequeños reactores modulares y aspectos de seguridad y protección”, explicó en su momento la cartera.

Sobre los más recientes memorandos, también se detalló que se buscará apoyar el conocimiento geológico, así como la identificación de oportunidades de inversión, el procesamiento con valor agregado, el reciclaje y la diversificación de cadenas de suministro.

“En materia de energía nuclear, el memorando abre un espacio de diálogo técnico, gradual y responsable sobre las posibles aplicaciones de la tecnología nuclear para la seguridad energética, la investigación científica, la formación de talento humano y el fortalecimiento regulatorio. Esta cooperación se desarrollará bajo los más altos estándares internacionales de seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardas”, puntualiza la cartera.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, resaltó que Colombia no puede limitarse a exportar materias primas, sino que se tiene que avanzar para convertir ese potencial minero y energético en una industria consolidada con empleo formal, innovación y desarrollo para las regiones.

“Esta cooperación nos da herramientas para hacerlo con mejores estándares, más conocimiento técnico y una visión clara: que la transición energética también sea una oportunidad de desarrollo productivo y de soberanía para el país”, concluyó.

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Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), una de las problemáticas más apremiantes de la juventud rural es su paulatina desterritorialización. El concepto no alude únicamente a la migración del campo hacia las ciudades, sino también a la pérdida progresiva del vínculo con el territorio, así como de la identidad, los saberes y las prácticas culturales asociadas a la vida campesina y étnica.

Este martes, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, habló ante el Congreso de la República sobre el programa Jóvenes Milagro que, precisamente, busca generar las condiciones para que esta población quiera quedarse en el campo a continuar con los proyectos productivos de sus familias.

“Muchos jóvenes han crecido pensando que el futuro está en otra parte, pero eso está a punto de cambiar, nace Jóvenes Milagro, un programa que forma a la nueva generación del campo colombiano”, señala el ministerio.

La iniciativa busca crear 1.000 escuelas rurales en las zonas campesinas de Colombia. Estos espacios serán dotados con energía solar y conectividad satelital para garantizar su funcionamiento a pesar de las complicaciones geográficas que pudieran presentarse.

A los estudiantes se les dará clases en vivo con profesores especializados, así como una enseñanza que se adaptará a la vocación productiva que presente cada territorio.

Con esto se busca que los negocios campesinos familiares puedan convertirse en negocios rentables y competitivos, para que los jóvenes concluyan que vale la pena quedarse en su tierra y continuar con el legado de sus padres.

Dangond subrayó que este proyecto está listo para comenzar. Se proyecta que 70.000 reciban formación, llegando a generar un impacto superior a las 350.000 personas.

“Ya tengo todos los gremios de la producción agropecuaria casados con este programa. Todas las entidades adscritas y vinculadas, eso es un curso práctico y les vamos a ayudar dependiendo de los pisos térmicos en cada municipio el gremio va a ir a ayudar a estructurar el proyecto y el banco agrario lo financia al 100 % y con garantía del 100 %”, concluyó.

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Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza en esta entrevista las preocupaciones que deja el presupuesto de 2027, que el Gobierno de De la Espriella radicó por COP 634,9 billones. También plantea cuáles son los caminos que tiene Colombia para mejorar sus cuentas fiscales y explica las ocho hojas de ruta que Fedesarrollo presentó al nuevo Gobierno en temas clave como el frente fiscal, energía, salud y seguridad.

¿Cómo se ven las cuentas fiscales en el presupuesto 2027 y qué tan claras están?

Se ven preocupantes y no están lo suficientemente claras todavía. Con el presupuesto que el Gobierno le entregó al Congreso hay más preguntas que respuestas: es saludable sincerar el tamaño del hueco, pero queda un sinsabor. Tenemos que dar un compás de espera, tener paciencia con la nueva administración que se encontró con un problema muy grande, pero estamos expectantes porque el déficit es muy alto y no sabemos cómo se va a financiar.

El presupuesto presenta un recorte de ingresos de cerca de 1 % del PIB y suma 2 % en intereses que no estaban bien contabilizados, aparentemente. Con esa cifra, tendríamos un déficit fiscal de 9,4 % en 2027. El Gobierno anunció una ley de rescate con la que llevaría el déficit fiscal a 7 %, que igual es un nivel complicado. Cuando un país tiene sus finanzas desordenadas, el mercado castiga. En este momento, se estima que uno de cada tres pesos de recaudo se está yendo en intereses de la deuda.

Habría sido ideal que el Gobierno presentara el gasto por bloques. En el sector salud y en el sector energético había deudas pendientes que es necesario resolver pronto y eso, por ejemplo, no lo veo por ninguna parte. Tenemos un problema de seguridad que está siendo un desafío para el desarrollo y para la inversión, pero no hay ningún gasto adicional en el presupuesto para atender el tema.

Lea también: ¿Por qué aumentó el monto del presupuesto 2027? Estas son las claves para entender el debate

Los analistas ya habían advertido que el déficit fiscal del próximo año sería mayor, pero no se esperaba un hueco tan grande. ¿Qué faltaba incluir en esas cuentas?

Habíamos advertido que el déficit era probablemente más grande por las deudas de Air-e, el rezago en el pago de subsidios a las distribuidoras, las deudas del sector de la salud con los gobiernos subnacionales y el tema de seguridad. Pero lo que nadie tenía claro es que los intereses estaban mal contabilizados o que no los conocíamos.

Además no entendemos por qué los ingresos caen 1 %. La verdad, la preocupación es grande: incluso si todo sale bien para el Gobierno, en términos del plan anunciado vamos a tener un déficit del orden de 7 %. Debemos converger a un acuerdo para lograr las eficiencias de gasto que sean posibles, recortar las “arandelas”, pero también pensar desde el lado de los ingresos.

No tenemos la información completa porque solo tenemos los datos de un año. Entonces, falta que el Gobierno nos cuente cómo va a financiar el presupuesto que presentó y cómo se ve la senda de disciplina fiscal en los próximos cuatro años.

Para 2027, ¿parece viable lograr el ajuste sin nuevos ingresos?

No creo. Pero hay maneras de pensar los ingresos: una vía es aumentar los impuestos, pero otra es sanear la base sobre la que se tributa. En el caso del IVA hay una cantidad de servicios y de bienes que están totalmente exentos o que tienen tasas reducidas. Perdemos cerca de seis puntos del PIB en recaudo por tener la base “agujereada”. Si se eliminan las exenciones y se establece una estrategia para compensar a las familias más pobres, habría una fuente de recaudo grande. La efectividad del IVA en Colombia es de 37 % versus 56 % en los países de la OCDE.

Hay una reforma pendiente grande sobre el tratamiento tributario del sector productivo, que es malsano y no facilita el crecimiento. Pero hasta que no ordenemos la casa completa, trataría de postergar el momento de ordenar la tributación del sector productivo para poder hacerlo bien y no con tratamientos especiales.

Y desde el enfoque del gasto: ¿qué tan fácil es recortar?

Mucho del aumento en gasto de los últimos años viene del “contrato social”: pensiones, salud, transferencias en el Sistema General de Participaciones. Vemos que una parte del gasto, que no suma más de COP 20 billones, tiene un espacio de mayor discrecionalidad, lo que generalmente se conoce como “otras transferencias”. Falta conocer qué está pensando el Gobierno porque se anunció un recorte de COP 45 billones en un solo año y, francamente, todavía no vemos cómo puede ocurrir.

Uno podría, por ejemplo, pensar en focalizar mejor los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, pero para ese tipo de ajustes se requiere ley y una reflexión cuidadosa. Espero que en la ley fiscal o en la ley de rescate económico el Gobierno evite incluir ajustes en diseños regulatorios que no se pueden hacer de un brochazo.

A esta compleja situación fiscal se sumó el terremoto. ¿En este momento está claro de dónde saldrá la plata?

El ministro de Hacienda ha dicho que en el presupuesto hay una partida de COP 4 billones que se va a destinar para transferencias a las personas damnificadas y que se espera que la reconstrucción corra por cuenta del sector privado. Eso me preocupa, porque si bien el esfuerzo de filantropía del sector privado es inmenso, solo cubre una pequeña parte de las necesidades.

Estiman que el costo de la reconstrucción es del orden de COP 30 billones, por lo que debe existir un esfuerzo complementario desde lo público para la reconstrucción de centros de salud, escuelas y demás infraestructura pública.

¿Cómo han reaccionado los mercados?

En el momento en que se anunció el presupuesto aumentó la tasa de los TES y hubo un ajuste en la tasa de cambio. Ahora hay una calma que yo definiría como un “compás de espera”: nos dan el beneficio de la duda. En el momento en que se presente la ley de recorte, esperaría que los mercados reaccionen, ojalá en una dirección favorable para el país.

Hasta el momento, en el papel, se entiende que la financiación sería con deuda…

El Gobierno ha dicho que recortará gasto y que no cambiará nada desde el lado de los ingresos, por eso se entiende que el déficit de 7 % se financiaría con deuda.

¿Qué opciones hay?

Si se aprueba un recorte, aún con mucho por aclarar sobre cómo se haría, terminaríamos 2027 con un déficit fiscal muy alto que ameritaría buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de lograrlo depende de cómo el país presente ese camino de reorganización de las finanzas públicas en los próximos cuatro años.

Ustedes presentaron ocho hojas de ruta para el próximo Gobierno y una de esas aborda el tema fiscal. ¿Cuáles son las propuestas en este escenario?

Presentamos ocho documentos al Gobierno que comienza. Elegimos unas áreas donde pensamos que hay elementos críticos que tienen que abordarse. Desde el tema fiscal, es clave revisar las exenciones que, en total, contando las que afectan a las empresas, suman ocho puntos del PIB. Eso es la mitad del recaudo del país.

El primer paso sería el IVA con una pedagogía importante. Existe la idea de que le hace mucho daño a la gente pobre y la verdad es que cuando afecta la canasta básica, encarece los bienes de la gente que compra en el mercado formal, pero eso se puede compensar. También debemos recuperar la fiscalidad de los combustibles fósiles: Colombia desaprovechó una coyuntura de precios altos porque no tenía suficiente producción.

No será inmediato, pero el Gobierno ya ha dado la señal de aumentar la exploración y explotación de combustibles fósiles. Tiene sentido una transición energética más lenta para financiar el gasto en desarrollo, infraestructura, salud, educación, seguridad.

¿Qué implica esta situación fiscal para los colombianos?

Quizá no tenemos bien dimensionado en Colombia el momento tan complicado en el que estamos, porque es el momento en que la ruta se endereza o nos vamos a pique. Si queremos que la economía crezca, si queremos reducir la pobreza, necesitamos tener un piso estable. Es lo que le ocurre a una familia cuando está endeudada por encima de su capacidad y, si busca hacer refinanciación de su deuda, usualmente se tiene que endeudar más caro, con la tarjeta de crédito.

Es un momento en el que la deuda puede llegar a ser el 60 % del PIB; se pierde la posibilidad de hacer todo lo demás que necesita hacer un Gobierno. Si para endeudarse el país debe acudir a unas tasas muy altas, eso repercute en las tasas de la economía. Además, necesitamos un manejo fiscal que le permita al Banco de la República bajar la inflación, que es el impuesto que nos golpea a todos.

También hay una hoja de ruta para energía. ¿Qué tan cerca estamos de un apagón?

En el corto plazo, es necesario que entre la infraestructura necesaria para importar más gas natural; sin esas facilidades podríamos apagarnos. Además, tenemos problemas relacionados con las señales regulatorias: la CREG se desconfiguró y hay que volverla a armar porque el sector privado necesita reglas del juego claras para invertir.

¿Qué recomiendan para acelerar los proyectos de infraestructura y de energía que están frenados?

En el documento de licencias señalamos que un proceso está tomando hasta 800 días, cuando debería tomar 90 días. Mientras los retrasos no se resuelvan, hacer inversión será difícil. Hay que revisar la reglamentación de licencias ambientales y consulta previa para que funcione y sea razonable. En el corto plazo, podría pensarse una especie de “fast track” para los macroproyectos que debemos acelerar.

¿Y sobre la salud?

Se ha hablado mucho de corrupción en el sistema de salud, pero ese no es el único problema. De fondo hay que revisar el diseño del sistema y cómo se financia el aseguramiento. Eso pasa por entender que ningún seguro de salud cubre absolutamente todo y que debe haber topes para que todos podamos tener cobertura.

Es importante la revisión de la UPC de una manera técnica. Atender los problemas de diseño no significa que tenemos que refundar el sector de la salud, pues hay muchas cosas que están bien planteadas.

¿Cuáles son las grandes propuestas que dejan las otras hojas de ruta en materia de seguridad?

En tres documentos, de manera complementaria, abordamos el desafío que plantea el tema de seguridad. En el de corrupción concluimos que no necesitamos más leyes; necesitamos procesos de implementación para cumplir las que ya existen. En el de crimen organizado resaltamos que Colombia debería volver al Grupo Egmont, esperamos que se anuncie pronto, y es clave ordenar la UIAF para poder monitorear las transacciones.

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Se va a cumplir un mes desde el terremoto del 10 de agosto de 2026. En este tiempo, los ojos han estado puestos en la reconstrucción y el dinero necesario para realizarla. Parte de los recursos, cerca de un tercio, se espera que provengan del sector asegurador.

Con corte al 7 de septiembre, el valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende a COP 3,7 billones, COP 1 billón más frente a la semana anterior. Durante este primer mes, las aseguradoras han recibido 68.270.

Esto representa un aumento del 3% en apenas ocho días y del 550% frente al balance presentado en los primeros días de la emergencia.

Las compañías han desembolsado ya COP 95.076 millones en indemnizaciones, recursos que están llegando directamente a los asegurados y contribuyendo a la reparación de viviendas, comercios, copropiedades y demás bienes afectados.

“Los COP 3,7 billones estimados en indemnizaciones reflejan la magnitud de los daños asegurados y el compromiso que hoy tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una aseguradora”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Morales recuerda que hay plazo de dos años para presentar reclamaciones desde la ocurrencia del terremoto, por lo que apenas están empezando los procesos.

El plazo es tanto para las aseguradoras como para las personas. Para hacer la reclamación solo deben acercarse a la compañía de seguros correspondiente y solicitar la ayuda de un asesor.

Pagos y estimaciones por departamento

A tres semanas del evento, las reclamaciones se extienden a 451 municipios de 31 departamentos, lo que refleja la amplitud territorial de la afectación reportada al sector asegurador.

Los cinco departamentos más afectados presentan las siguientes reclamaciones son:

De otro lado, esta ha sido la respuesta por tipos de seguros a nivel nacional:

Las cifras de las aseguradoras

• Volumen de avisos: 68.270 reclamaciones tramitadas.
• Alcance geográfico: 451 municipios en 31 departamentos. COP 16.6 mil millones
• Recursos entregados: COP 95.076 millones transferidos a asegurados.
• Valor estimado de estos siniestros: COP 3.7 billones
• Cerca de 550 % de crecimiento de las reclamaciones frente al primer balance de la emergencia, cuando se registraron 10.465 casos.
• 121% de crecimiento de los pagos frente al tercer reporte.

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Cuando se piensa en el costo de vida de las personas hay un aspecto que es especialmente sensible por ser el más cotidiano. También es el que afecta a toda la población, pero especialmente se concentra en los pobres y vulnerables: los alimentos.

Además, en los últimos años, los mayores repuntes que ha tenido la inflación en Colombia han estado sincronizados con el incremento en el rubro de la comida.

Esto mismo ocurre ahora, pues en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

En este caso, aunque el renglón de alimentos no sea el que tiene un incremento más significativo en porcentaje, es el segundo de más peso para que se dé dicho resultado. Registra un aporte de 1,16 puntos, solo por debajo de alojamiento y servicios públicos (1,78).

Lo que más llama la atención del informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la subida de los alimentos solo en el mes de agosto.

En ese periodo la categoría superó el dato general, que es el que mide la variación mensual (o sea, frente a los datos de julio). Esta fue de 0,39 %, mientras que solo la comida se encareció 0,71 %, más del doble. Fue el renglón que más pesó en el incremento.

Se trata de un tema que despierta alarmas porque está demostrado que son los alimentos el rubro en el que más gastan las personas con menos ingresos.

¿Por qué la comida está tan cara?

Los datos muestran el tamaño de la inflación de los alimentos, pero no alcanzan para entender por qué ocurre. Son varios los factores que hacen las veces de ingredientes y le dan sabor a esta realidad amarga para los colombianos.

Algunos de los elementos en juego son esperados y cíclicos, como los tiempos de siembra y cosecha de un producto en específico. Pero también inciden coyunturas y decisiones internacionales.

Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle, considera que es el encarecimiento de los precios de los insumos lo que ahora le pasa factura a los bolsillos de los consumidores.

Rendón considera que desde algún tiempo hay un entorno de guerras, por el control de los energéticos y se relaciona con los alimentos. Así ocurrió en el conflicto entre Rusia y Ucrania desde 2022 y ahora con el estrecho de Ormuz por la disputa entre Estados Unidos e Israel frente a Irán.

El resultado ha sido agroinsumos más costosos y, como el país depende de las importaciones casi que, en su totalidad, genera un efecto. Esta situación se ha amortiguado gracias a la baja tasa de cambio, en palabras del académico.

Los alimentos que subieron y bajaron de precio

Aunque todos son productos comestibles, su proceso de cultivo puede ser muy distinto. Por eso vale la pena revisar en detalle cuáles son esos ingredientes que están encareciendo el mercado.

Para el mes de agosto, los más inflados fueron:

Rendón resalta lo ocurrido con los tubérculos, que solo en un mes superaron la inflación anual registrada hasta ahora. La razón principal es la tierra: sequías puntuales y lluvias excesivas que dañan los cultivos.

De otro lado, también hay alimentos que se presentan como contrapeso a las subidas. Para el octavo mes del año estos fueron:

De la lluvia al diluvio: un panorama oscuro

Si bien ya se han visto reflejados algunos impactos climáticos en los cultivos, el director del CEIR considera que es muy pronto para asegurar la llegada de El Niño a los mercados.

“Se va a sentir con más fuerza hacia los meses de septiembre y especialmente en octubre por las consecuencias del calentamiento, sequías, e incendios. También habrá un efecto por el terremoto, pues altera el abastecimiento en el sur del país y eso impacta en la inflación a nivel nacional”, resalta Rendón.

Además, los efectos de la sequía serán más nefastos entre más se prolongue El Niño en el tiempo. El fenómeno se proyecta como histórico y podría extenderse hasta 2027, según reconoció esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM), implica mayores riesgos para el desarrollo normal del campo.

Según el Ministerio de Agricultura, el agro concentra 82 % de los daños y pérdidas por eventos de sequía.

Ya los ganaderos están resistiendo al hambre de las vacas, a los incendios y pastos secos, pero no creen poder durar mucho más.

En este momento hay productores en el Tolima, por ejemplo, se concentran en mantener vivos sus animales y cultivos, aunque no haya producción debido a las condiciones climáticas. Para ellos la muerte de una planta o un animal es una pérdida económica difícil de sobrellevar.

Ese estrés se traduce en menos oferta y ante una demanda estable, el valor solo puede subir más y más.

Si los precios de agosto son una lluvia, lo que viene es el diluvio: un fuerte fenómeno climatológico, las presiones internacionales que no se modifican y encarecen los insumos, menor oferta, más costos en transporte (peajes y energéticos) y alteraciones en los mercados por el terremoto.

“Este acumulado de hechos que nos va a llevar a un panorama inflacionario a finales de 2026, que nos puede acompañar hasta el primer trimestre de 2027″, concluye Rendón.

El panorama no es alentador, pero es solo una estimación. Para este punto, el impacto para los bolsillos de los colombianos dependerá del sol y al agua, al menos en cuanto a los precios de los alimentos.

Los aranceles de Canadá sobre una serie de productos de Estados Unidos entraron en vigor este martes. Se trata de represalias por las tarifas que le impuso Washington a finales de agosto, mientras se intensifica la guerra comercial entre ambos países.

Estos nuevos cobros del 15 %, 25 % y 50 % afectan a unos 20.000 millones de dólares (27.600 millones de dólares canadienses) en importaciones provenientes de Estados Unidos, que abarcan por ejemplo el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50 %.

El conflicto comercial entre los dos vecinos alcanzó una nueva dimensión desde la ruptura el 21 de agosto de las negociaciones con la Casa Blanca por parte del primer ministro canadiense, Mark Carney.

El ex banquero central acusó a Estados Unidos de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas”, y de tener el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz.

También justificó su postura por las condiciones fijadas por Washington sobre la lengua francesa, un tema políticamente sensible en Canadá.

Según Carney, el proyecto de acuerdo ponía en cuestión el lugar de los medios francófonos en línea y la obligación de un etiquetado bilingüe en los productos vendidos en Canadá.

La Casa Blanca lo negó, asegurando no haber convertido este tema en una “línea roja”.

Intercambio de críticas

Una reanudación de las negociaciones no está sobre la mesa y el cruce de críticas no ha cesado en las últimas dos semanas.

Donald Trump amenazó el lunes con atacar las ventas del fabricante aeronáutico canadiense Bombardier, antes de la entrada en vigor de la respuesta canadiense.

“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los secretarios estadounidenses del Tesoro y de Defensa, Scott Bessent y Pete Hegseth, se habían burlado previamente del ejército canadiense, poniendo en duda la capacidad de su vecino para defenderse.

“No estamos en guerra con Canadá. ¿Cómo podríamos estar en guerra con Canadá? ¿Van a coger sus dos submarinos del centro comercial de Edmonton y lanzárnoslos?”, ironizó Bessent, al evocar una atracción que funcionó en el pasado en el oeste de Canadá.

Unos comentarios “indignos”, según Mark Carney, que instó a la administración Trump a cesar los “memes” y a dejar de “hacerse los duros”. “No es constructivo, pero es su democracia”, zanjó.

En tanto, Trump firmó un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario, cuyas aguas comparten ambos países, por “lago América”. La movida desató una ola de protestas en Canadá.

El presidente estadounidense también amenazó a la industria automotriz, un sector clave en Canadá, con una subida de los aranceles del 25 % al 50 % a partir del 1 de enero.

Apoyado por la opinión pública canadiense, Carney está haciendo una apuesta económicamente arriesgada, dado que Canadá depende en gran medida de su gran vecino.

Cerca del 60 % de las importaciones de Canadá provienen de Estados Unidos y alrededor del 70 % de sus exportaciones se dirigen a ese país.

Para ayudar a los sectores afectados, su gobierno desbloqueó 7.500 millones de dólares canadienses (5.400 millones de dólares) para apoyar a las empresas.

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En agosto, la inflación continuó su senda de subida, luego de la pausa registrada en julio, cuando el indicador se ubicó en 6,03 %.

Según los datos revelados por el DANE este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

Cuando se mira el IPC bajo la variación mensual (o sea, contra los datos de julio), la variación que se tiene es de 0,39 %.

Las variaciones estuvieron levemente por encima de las expectativas de los analistas consultados en sondeos como la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

“La moderación observada en julio fue transitoria y la inflación anual volvió a repuntar en agosto, hasta un nivel no observado desde julio de 2024. El aumento provino tanto de los alimentos como de los servicios y los regulados”, resumió Mariana Quinche, analista de BBVA Research.

¿Qué nos dicen los resultados del IPC de agosto?

Primero, lo obvio, estos resultados vuelven a establecer un camino claro de subida; de hecho, según el DANE, la última vez que se vio un resultado anual superior al registrado para agosto fue en julio de 2024. En otras palabras, retrocedimos dos años en la pelea con la inflación.

De fondo, hay algunos factores que inquietan un poco más que la cifra general (que no es buena, claro). Lo primero es el protagonismo que han ido ganando los alimentos, poco a poco, pero sin estancamientos ni retrocesos.

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En apenas un mes, la comida pasó de tener variaciones y contribuciones mensuales negativas (-0,13 % y -0,03 % para julio de 2026, respectivamente) a ubicarse muy lejos en la recta numérica en agosto: 0,71 % y 0,13 %, respectivamente.

De hecho, cuando se mira la variación de año corrido, o sea, el IPC entre enero y agosto de este año, la canasta de gastos que más ha crecido es la de alimentos, con 7,16 %. En segundo lugar está la de restaurantes y hoteles (7,1 %), en la que también tiene un peso importante la comida.

Bajo la mirada anual, los alimentos que más han subido de precios son las papas (63,45 %), la arracacha, el ñame y otros tubérculos (60,43 %). Si se hace la comparación con el año corrido (enero-agosto), la ganadora en inflación sigue siendo la papa (56,31 %), pero esta vez va seguida del tomate de árbol (52,76 %) y en tercer lugar repiten la arracacha y sus amigos (47,48 %).

Estos datos son interesantes, pues los dos renglones protagonistas (papa y arracacha) son justamente productos de la canasta básica, de consumo diario y sin sustitutos fáciles para buena parte de los hogares.

Quinche lo pone de esta forma: “La inflación de alimentos aumentó a 6,10%, 0,28 % por encima de la registrada en julio. Este incremento estuvo explicado principalmente por los alimentos perecedero”.

¿Qué tan mal le puede ir a la comida con El Niño?

Para este punto, con incendios en varios lugares (especialmente en Tolima) y alerta de desabastecimiento de agua en otros tantos (Santander, por ejemplo), todas las miradas están puestas sobre cómo se dará el impacto en el agro, lo que se traduce en abastecimiento y precios de la comida.

Y, a su vez, esa ficha del dominó termina por pegarle al esquema de la inflación.

En general, no es positivo que el renglón de alimentos pese más en la inflación. Pero es particularmente malo cuando se tiene en cuenta que, cuando se configura este escenario, el IPC comienza a castigar especialmente a los hogares más pobres y vulnerables.

De entrada, el comportamiento del renglón de los alimentos es volátil, difícil de predecir. Aunque tiene sus ciclos, acordes a los procesos de siembra y recolección, en él también confluyen presiones inflacionarias que van más allá de los límites del territorio colombiano.

Sin embargo, la entrada de un Niño que se proyecta como histórico, y que podría extenderse hasta 2027, según reconoció esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM), implica mayores riesgos para el desarrollo normal del campo.

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Según el Ministerio de Agricultura, el agro concentra 82 % de los daños y pérdidas por eventos de sequía.

Con la llegada de El Niño, una de las principales preocupaciones es la alimentación del ganado: puede haber menos pastos disponibles. Un animal mal alimentado produce menos leche y engorda más lento, lo que reduce la disponibilidad de carne para el sacrificio. En los casos más severos, algunos animales pueden morir. El resultado, advierte la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), es una menor oferta y, con ella, precios más altos para el consumidor.

El sector hortofrutícola también siente con fuerza el impacto de la sequía. El estrés hídrico y térmico altera la fisiología, la sanidad y la comercialización de frutas y hortalizas, según la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

La falta de agua hace que los cultivos colapsen y se marchiten. En frutales de exportación como el aguacate Hass, la uchuva y las pasifloras, explica la asociación, “la sequía prolongada detiene el llenado del fruto y restringe severamente su tamaño, limitando la producción a calibres deficientes que no cumplen con los estándares de los mercados internacionales”.

A esto se suma el llamado “golpe de sol”, que deja manchas en mangos y cítricos e impide su comercialización por razones estéticas. Bajo condiciones de estrés hídrico extremo, además, los árboles priorizan su propia supervivencia y provocan el aborto masivo de flores y frutos.

El panorama de las tasas de interés

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del IPC está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no muestran un panorama tranquilizador.

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio.

En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

A la ecuación hay que sumar la llamada inflación básica, que es seguida de cerca por el Banco de la República, pues elimina las volatilidades de renglones de gasto como los alimentos y los productos regulados (como la energía, por ejemplo). Este indicador se ubicó en 6,12, según Quinche, con un incremento de 0,16 %.

Estos datos pueden empujar a que la junta del Banco se decante por efectuar una nueva alza en sus tasas de interés para la reunión de septiembre.

Y, de fondo, muestran que la inflación puede continuar “su senda alcista en los próximos meses para cerrar 2026 en 7,0%, ante los posibles efectos del terremoto, la materialización del fenómeno de El Niño y el dinamismo de la demanda interna”, como concluyó BBVA Research.

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El suministro del golfo Pérsico sigue restringido y las exportaciones de Irán prácticamente se han paralizado debido al bloqueo estadounidense. El repunte de la demanda china supone un giro frente a los primeros meses de la guerra, cuando el débil consumo ayudó a contener precios.

El cambio está provocando fuertes alzas en distintos tipos de crudo. El Djeno de Congo se ofreció esta semana a compradores chinos con primas de hasta USD 20 por barril sobre el Brent de ICE, frente a unos USD 15 hace un par de semanas, según operadores que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar con los medios.

El aumento está dejando fuera del mercado a las refinerías chinas más pequeñas, que operan con márgenes más estrechos que las grandes procesadoras estatales, señalaron las fuentes citadas.

Las refinerías chinas también han comprado activamente petróleo de Canadá, Brasil y Argentina en las últimas semanas, mientras las fuertes adquisiciones han impulsado el precio del crudo ESPO de la costa rusa del Pacífico. Los precios de los crudos disponibles de Medio Oriente se han disparado debido a que el recrudecimiento de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas ha deteriorado las perspectivas de mayores flujos a través de Ormuz.

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Sin embargo, las compras chinas aún no han regresado a los niveles previos a la guerra: actualmente se dirigen hacia los 10 millones de barriles diarios, según estimaciones de finales del mes pasado, frente a 12 millones antes del conflicto.

No obstante, el aumento no necesariamente indica una recuperación de la demanda china de más largo plazo. La mejora de los márgenes de refinación, la reanudación de las exportaciones de combustibles y la reposición comercial de inventarios están alentando las compras, mientras el impacto sobre la oferta obliga a los compradores a competir de manera más agresiva.

“Las fuertes compras de China últimamente se deben en gran medida a que las refinerías están aprovechando márgenes favorables”, señaló Liao Na, fundadora de la firma de investigación energética GL Consulting. “La activa reposición de inventarios por parte de operadores comerciales también ha ayudado, pero no necesariamente es una señal de una mayor demanda subyacente que esté respaldando la recuperación”.

Las refinerías privadas más pequeñas son las más perjudicadas por los cambios en el mercado. Antes dependían en gran medida del petróleo iraní y venezolano con descuento, que ya no está disponible. Estas refinerías, conocidas como teapots, tienen dificultades para competir con las estatales, que cuentan con mayor capacidad financiera, y con las grandes independientes, que están ofreciendo precios superiores.

China todavía tiene enormes reservas almacenadas, lo que le da flexibilidad para comprar menos en períodos de mayor demanda y precios más altos. El país tiene al menos 1.000 millones de barriles de crudo almacenados, según estimaciones.

Incluso si las compras chinas continúan recuperándose, un límite estructural probablemente mantendrá las adquisiciones contenidas a más largo plazo. El presidente de Sinopec, la mayor refinadora del país, señaló el mes pasado que la demanda petrolera de China probablemente alcanzó su máximo en 2025. La rápida adopción de vehículos eléctricos desplazó alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de demanda de petróleo en el segundo trimestre, según la Agencia Internacional de Energía.

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Esa combinación de amplios inventarios y una desaceleración estructural de la demanda significa que China puede seguir reaccionando con gran flexibilidad a los precios. Goldman Sachs Group Inc. estima que las importaciones de crudo han caído alrededor del 35 % respecto del mismo período del año pasado.

“China seguirá actuando como una fuerza estabilizadora en los mercados mundiales de crudo al moderar las escaladas de precios”, sostuvo en una entrevista con Bloomberg TV Daan Struyven, responsable de investigación petrolera de Goldman.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,24 % en agosto, un aumento frente al dato registrado en julio (6,03 %). De hecho, la última vez que se registró una inflación más alta fue en julio de 2024, cuando la variación del IPC fue de 6,86 %.

La variación mensual del IPC, es decir, agosto frente a julio, fue de 0,39 %. En lo corrido del año, la inflación llegó a 5,35 %.

La inflación en Colombia por ciudades

Antes de detallar el dato por ciudades, es importante tener en cuenta que el DANE informó que por el terremoto del pasado 10 de agosto hubo dificultades para acceder a algunas fuentes de información y establecimientos. La entidad tuvo que aplicar el proceso establecido para los casos en los que la información no está disponible temporalmente.

Pereira fue el lugar más afectado entre los analizados: solo el 50,66 % de los registros reportados no presentó novedades, mientras que en Armenia, Cali, Manizales y otras áreas urbanas (incluyendo Quibdó) el porcentaje superó el 80 %.

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En el último año, de las 23 capitales que analiza el DANE, las que registraron mayor inflación fueron Medellín (7,07 %), Bucaramanga (7,03 %) y Pereira (6,85 %).

Mientras que Riohacha (4,37 %), Pasto (4,72 %) y Valledupar (5,31 %) fueron las que registraron menores incrementos.

Vea los datos en esta tabla:

En el mes, Riohacha tuvo la mayor variación del IPC, con 0,71 %, seguida de Santa Marta (0,70 %), Bucaramanga (0,67 %) y Armenia (0,65 %).

¿Qué pasó con la inflación en agosto?

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más contribuyó al resultado mensual, con un aporte de 0,13 puntos porcentuales. Le siguió la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En el mes, la mayor variación se registró en recreación y cultura (0,89 %), principalmente por suscripción y servicio de televisión por redes y cable, paquetes turísticos y libros y lista de útiles escolares.

La segunda con mayor variación fue información y comunicación (0,81 %).

La inflación anual

De acuerdo con los datos del DANE, el comportamiento de la inflación anual se explica, principalmente, por alojamiento y servicios públicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas fueron las divisiones con mayores aportes a la inflación anual (con 1,78 puntos porcentuales y 1,16 puntos porcentuales respectivamente).

La categoría con mayor variación en el último año fue restaurantes y hoteles (9,36 %), impulsada por bebidas calientes (como tinto, café con leche, chocolate y té), gastos en discotecas, bares, tiendas y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio.

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Inflación por niveles de ingreso

En términos anuales, la inflación fue de 6,39 % para los hogares de ingresos altos, 6,23 % para la clase media, 6,09 % para los hogares vulnerables y 5,98 % para los hogares pobres.

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