En agosto, la inflación continuó su senda de subida, luego de la pausa registrada en julio, cuando el indicador se ubicó en 6,03 %.

Según los datos revelados por el DANE este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

Cuando se mira el IPC bajo la variación mensual (o sea, contra los datos de julio), la variación que se tiene es de 0,39 %.

Las variaciones estuvieron levemente por encima de las expectativas de los analistas consultados en sondeos como la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

“La moderación observada en julio fue transitoria y la inflación anual volvió a repuntar en agosto, hasta un nivel no observado desde julio de 2024. El aumento provino tanto de los alimentos como de los servicios y los regulados”, resumió Mariana Quinche, analista de BBVA Research.

¿Qué nos dicen los resultados del IPC de agosto?

Primero, lo obvio, estos resultados vuelven a establecer un camino claro de subida; de hecho, según el DANE, la última vez que se vio un resultado anual superior al registrado para agosto fue en julio de 2024. En otras palabras, retrocedimos dos años en la pelea con la inflación.

De fondo, hay algunos factores que inquietan un poco más que la cifra general (que no es buena, claro). Lo primero es el protagonismo que han ido ganando los alimentos, poco a poco, pero sin estancamientos ni retrocesos.

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En apenas un mes, la comida pasó de tener variaciones y contribuciones mensuales negativas (-0,13 % y -0,03 % para julio de 2026, respectivamente) a ubicarse muy lejos en la recta numérica en agosto: 0,71 % y 0,13 %, respectivamente.

De hecho, cuando se mira la variación de año corrido, o sea, el IPC entre enero y agosto de este año, la canasta de gastos que más ha crecido es la de alimentos, con 7,16 %. En segundo lugar está la de restaurantes y hoteles (7,1 %), en la que también tiene un peso importante la comida.

Bajo la mirada anual, los alimentos que más han subido de precios son las papas (63,45 %), la arracacha, el ñame y otros tubérculos (60,43 %). Si se hace la comparación con el año corrido (enero-agosto), la ganadora en inflación sigue siendo la papa (56,31 %), pero esta vez va seguida del tomate de árbol (52,76 %) y en tercer lugar repiten la arracacha y sus amigos (47,48 %).

Estos datos son interesantes, pues los dos renglones protagonistas (papa y arracacha) son justamente productos de la canasta básica, de consumo diario y sin sustitutos fáciles para buena parte de los hogares.

Quinche lo pone de esta forma: “La inflación de alimentos aumentó a 6,10%, 0,28 % por encima de la registrada en julio. Este incremento estuvo explicado principalmente por los alimentos perecedero”.

¿Qué tan mal le puede ir a la comida con El Niño?

Para este punto, con incendios en varios lugares (especialmente en Tolima) y alerta de desabastecimiento de agua en otros tantos (Santander, por ejemplo), todas las miradas están puestas sobre cómo se dará el impacto en el agro, lo que se traduce en abastecimiento y precios de la comida.

Y, a su vez, esa ficha del dominó termina por pegarle al esquema de la inflación.

En general, no es positivo que el renglón de alimentos pese más en la inflación. Pero es particularmente malo cuando se tiene en cuenta que, cuando se configura este escenario, el IPC comienza a castigar especialmente a los hogares más pobres y vulnerables.

De entrada, el comportamiento del renglón de los alimentos es volátil, difícil de predecir. Aunque tiene sus ciclos, acordes a los procesos de siembra y recolección, en él también confluyen presiones inflacionarias que van más allá de los límites del territorio colombiano.

Sin embargo, la entrada de un Niño que se proyecta como histórico, y que podría extenderse hasta 2027, según reconoció esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM), implica mayores riesgos para el desarrollo normal del campo.

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Según el Ministerio de Agricultura, el agro concentra 82 % de los daños y pérdidas por eventos de sequía.

Con la llegada de El Niño, una de las principales preocupaciones es la alimentación del ganado: puede haber menos pastos disponibles. Un animal mal alimentado produce menos leche y engorda más lento, lo que reduce la disponibilidad de carne para el sacrificio. En los casos más severos, algunos animales pueden morir. El resultado, advierte la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), es una menor oferta y, con ella, precios más altos para el consumidor.

El sector hortofrutícola también siente con fuerza el impacto de la sequía. El estrés hídrico y térmico altera la fisiología, la sanidad y la comercialización de frutas y hortalizas, según la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

La falta de agua hace que los cultivos colapsen y se marchiten. En frutales de exportación como el aguacate Hass, la uchuva y las pasifloras, explica la asociación, “la sequía prolongada detiene el llenado del fruto y restringe severamente su tamaño, limitando la producción a calibres deficientes que no cumplen con los estándares de los mercados internacionales”.

A esto se suma el llamado “golpe de sol”, que deja manchas en mangos y cítricos e impide su comercialización por razones estéticas. Bajo condiciones de estrés hídrico extremo, además, los árboles priorizan su propia supervivencia y provocan el aborto masivo de flores y frutos.

El panorama de las tasas de interés

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del IPC está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no muestran un panorama tranquilizador.

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio.

En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

A la ecuación hay que sumar la llamada inflación básica, que es seguida de cerca por el Banco de la República, pues elimina las volatilidades de renglones de gasto como los alimentos y los productos regulados (como la energía, por ejemplo). Este indicador se ubicó en 6,12, según Quinche, con un incremento de 0,16 %.

Estos datos pueden empujar a que la junta del Banco se decante por efectuar una nueva alza en sus tasas de interés para la reunión de septiembre.

Y, de fondo, muestran que la inflación puede continuar “su senda alcista en los próximos meses para cerrar 2026 en 7,0%, ante los posibles efectos del terremoto, la materialización del fenómeno de El Niño y el dinamismo de la demanda interna”, como concluyó BBVA Research.

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Septiembre pinta como un mes clave para el gobierno de Abelardo de la Espriella. El Presupuesto General, con un monto que nadie esperaba, ya está comenzando a ser discutido por las comisiones económicas, cuyo primer paso será aprobar (o no) el total de recursos que pide la iniciativa (COP 634,9 billones, COP 59 billones más que el proyecto presentado por la administración Petro).

Además de esto, el gobierno asegura que presentará una ley fiscal, que busca hace un recorte estructural a las finanzas de la Nación de alrededor de COP 45 billones, lo que equivaldría a 2,2 % del PIB, aunque el ajuste no se comenzaría a ver sino hasta 2027.

Paralelo a esto, el Gobierno debe ir formulando las bases de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) que, además de aterrizar la visión de país que tiene De la Espriella, debe incorporar elementos fundamentales para el proceso de reconstrucción por el terremoto.

Los primeros cálculos, que se hacen con proyecciones y modelos de afectación, indican que la reconstrucción podría costar alrededor de COP 30 billones. Pero la cifra exacta no comenzará a dilucidarse con algo más de certeza hasta que haya un censo definitivo de impactos y daños. Esto, según el Ministerio de Vivienda, estaría listo para el 30 de septiembre.

¿Por qué es clave el Plan Nacional de Desarrollo?

El PND es la columna vertebral de cada Gobierno, pues es la hoja de ruta que materializa las ambiciones de cada administración nacional. En otras palabras, es el documento que comienza a juntar las necesidades y realidades del país, pero sin el barniz fantástico de las promesas de campaña.

Aquí vale aclarar que tener un PND no significa que todo va de maravilla y se ejecuta al pie de la letra. De hecho, hay algunos cálculos que señalan que de las metas que establecen este tipo de documentos se cumple un 60 %, aproximadamente. Pero el hecho duro y crudo es que la promulgación del Plan (que termina siendo Ley de la República) es vital para ejercer cualquier tipo de transformación.

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¿Cómo se construye un Plan Nacional de Desarrollo?

Esta es una tarea en la que el tiempo es una variable fundamental. En total, el proceso del PND toma unos 6 meses y su formulación comienza desde el mismo 7 de agosto, cuando entra en funciones el nuevo Gobierno.

Desde ese punto hay apenas 100 días para presentarlo al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que juega un papel determinante en todo el proceso de diseño del PND. En él tienen voz y voto todos los ministros, así como el director del DNP; la secretaría técnica del Conpes también descansa en el DNP.

Antes de llegar al Conpes, el documento del Plan debe haber pasado por un concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), que básicamente tiene que decir si el plan es viable desde el punto de vista de recursos; el Confis depende del Ministerio de Hacienda, pero en él también tiene asiento la cabeza del DNP, que en este caso es Julián Buitrago.

O sea que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Plan debe haber recibido el visto bueno financiero, con las implicaciones fiscales que conlleva, y existir en forma de documento Conpes antes de pasar a ser revisado por el Consejo Nacional de Planeación, que se apoya para asuntos administrativos y logísticos en el DNP.

Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre también se tienen que ir preparando los procesos de consulta previa, así como de diálogos regionales. La participación ciudadana en general está abierta desde la posesión del nuevo Gobierno y hasta la presentación del proyecto de ley al Congreso.

El Consejo Nacional de Planeación debe proferir concepto sobre el PND, máximo, el 10 de enero. Además de emitir su concepto y recomendaciones, el Consejo también se encarga de “organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación”, según se lee en un documento del Departamento.

Entre el 10 de enero y, máximo, el 7 de febrero el Gobierno debe presentar el proyecto de ley del PND al Congreso para, después de los debidos debates, ahí sí comenzar a ejecutar la hoja de ruta del nuevo Gobierno. Todo el proceso legislativo no puede irse más allá de 90 días calendario, o sea, para el 7 de mayo, como mucho, debería estar aprobado el Plan.

El papel fundamental de Planeación Nacional

Como se ve, el DNP juega un papel clave en la formulación y seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

A pesar de su importancia en esta tarea, y en general en el asesoramiento y diseño de políticas públicas, el DNP lleva algunos años turbulentos.

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Después del paso de Jorge Iván González (el arquitecto del PND de la administración Petro), algunos analistas aseguran que la entidad se volvió invisible en el Estado.

Esta suerte de invisibilidad parece haberse trasladado a la asignación de recursos en el Gobierno actual: bajo las cuentas del Presupuesto de De la Espriella, la entidad perdería cerca de 50 % de sus recursos de funcionamiento, en comparación con la financiación que recibió en las cuentas de 2026.

El Departamento pasaría de tener un presupuesto por encima del billón de pesos a poco más de COP 540.000 millones en la propuesta que estudia actualmente el Congreso.

Es decir, a la entidad se le pide construir la hoja de ruta de los próximos cuatro años, que además debe incorporar una reconstrucción por terremoto calculada en unos $30 billones, con la mitad de los recursos de funcionamiento que tenía el año pasado.

Además de esto, la designación del propio Buitrago estuvo envuelta en una amarga polémica, pues antes de que fuera nombrado para el cargo por el presidente De la Espriella hubo otro candidato, cuya hoja de vida alcanzó a ser publicada por Presidencia: Carlos Sepúlveda, un reconocido académico, quien fue coordinador del PND del gobierno anterior.

¿Y con qué plata se hace este plan?

Por ley, es obligatorio tener un PND. Punto.

Pero eso no quiere decir que sea una tarea fácil, mucho menos en el escenario fiscal actual del país.

Los cálculos de la administración De la Espriella indican que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto (de lo contrario, sería del 8,2 %).

El Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez proyecta que en 2027 el déficit fiscal puede llegar al 9,4 % del PIB, cerca de dos puntos porcentuales por encima de 2020, el peor momento de la pandemia.

Si bien tener los números claros es el primer punto para intentar salir del hueco, el presupuesto presentado, aunque bienvenido en su ejercicio de reconocer los daños, no por eso se vuelve más sostenible, en palabras de Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence.

Esto, en esencia, tiene que ver con el tamaño de la deuda que se va a asumir para balancear las cuentas: ya no habría desfinanciamiento (que impulsaría una nueva reforma tributaria automáticamente), pero lo que falta (porque falta) se cubriría al debe.

Además de esto, una de las banderas del Gobierno es la de la austeridad, lo que implica, necesariamente, hacer sacrificios de gasto a dos manos, más aún teniendo en cuenta el panorama fiscal del país.

El PND, además de cargar con la reconstrucción, debe también ir en el camino de la austeridad. Las dos tensiones parecen casi contrarias y, en justicia, lo son un poco. De cómo se resuelvan en este documento va a depender el alcance de los proyectos de la administración, pero también la inversión en un sinfín de rubros que necesitaban atención desde antes del terremoto.

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Si se mira la curva de la inflación en Colombia en el último año, lo que se ve es que, con algunos bemoles, los precios no han parado de subir: a paso lento, y con algunos retrocesos, pero hacia arriba en definitiva.

Y estas no son buenas noticias en general: le suman tensión a las decisiones de tasas de interés del Banco de la República y le suman más presión al bolsillo de los colombianos, justo en una época en la que los estragos de El Niño comienzan a sentirse en términos de escasez de lluvia (algo que puede pegarle al ciclo productivo de una variedad de alimentos).

Este lunes, el DANE publica la información acerca de cómo se comportó el Índice de Precios al Consumidor en agosto, luego de que la medición de julio diera un leve respiro en el crecimiento del indicador en el país.

Cómo se ha comportado la inflación en Colombia

La inflación en Colombia dio un respiro en julio, más de lo que el mercado tenía calculado. El DANE reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,03 % en julio, por debajo del 6,14 % de junio.

En términos mensuales, es decir, entre junio y julio, la inflación aumentó un 0,17 %. En lo corrido del año (enero-julio), la variación acumulada llegó a 4,94 %.

Cabe resaltar que la caída de la inflación anual a 6,03 % fue mayor a la esperada por el mercado: por ejemplo, los analistas consultados por Fedesarrollo proyectaban un dato de 6,21 % para julio.

De las doce divisiones de gasto que mide el DANE, seis subieron por encima del promedio nacional (0,17 %) y las otras seis quedaron por debajo, tres de ellas incluso en terreno negativo.

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Las dos divisiones que más restaron al índice mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13 %), por la caída en productos como el plátano (-6,82 %) y el tomate (-3,89 %), y sobre todo Transporte (-0,24 %), arrastrado por el retroceso del transporte de pasajeros en avión (-4,95 %).

Y en el otro extremo de la recta se encuentran renglones específicos como la papa, el arriendo y el transporte urbano, que fueron los que más subieron en la medición de julio.

La papa es el más llamativo: acumula un alza de 49,85 % en el IPC en lo corrido del año y de 41,60 % en los últimos doce meses, la subclase con el aumento más pronunciado de toda la canasta.

Otros rubros que también presionan el bolsillo de los hogares en el último año son el transporte urbano, con un alza de 10,67 %, el servicio doméstico (13,90 %) y la carne de res y sus derivados (14,37 %). En el otro extremo, lo que más ha bajado de precio en el año es el tomate, con una caída anual de 17,21 %, seguido de las dulces y confites (-18,44 % en lo corrido del año) y el arroz (-5,60 % anual).

¿Qué tan mal le puede ir a la comida con El Niño?

Para julio, los alimentos no fueron el rubro que más registró alza de precios, pero sí el segundo que más contribuyó a la variación anual del IPC. En otras palabras, aunque no fue lo que más se encareció en la mirada de un año, sí fue determinante para registrar la marca de 6,03 % del mes pasado.

Para este punto, con incendios en varios lugares (especialmente en Tolima) y alerta de desabastecimiento de agua en otros tantos (Santander, por ejemplo), todas las miradas están puestas sobre cómo se dará el impacto en el agro, lo que se traduce en abastecimiento y precios de la comida.

Y, a su vez, esa ficha del dominó termina por pegarle al esquema de la inflación.

En general, no es positivo que el renglón de alimentos pese más en la inflación. Pero es particularmente malo cuando se tiene en cuenta que, cuando se configura este escenario, el IPC comienza a castigar especialmente a los hogares más pobres y vulnerables.

De entrada, el comportamiento del renglón de los alimentos es volátil, difícil de predecir. Aunque tiene sus ciclos, acordes a los procesos de siembra y recolección, en él también confluyen presiones inflacionarias que van más allá de los límites del territorio colombiano.

Sin embargo, la entrada de un Niño que se proyecta como histórico, y que podría extenderse hasta 2027, según reconoció esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM), implica mayores riesgos para el desarrollo normal del campo.

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Según el Ministerio de Agricultura, el agro concentra 82 % de los daños y pérdidas por eventos de sequía.

Con la llegada de El Niño, una de las principales preocupaciones es la alimentación del ganado: puede haber menos pastos disponibles. Un animal mal alimentado produce menos leche y engorda más lento, lo que reduce la disponibilidad de carne para el sacrificio. En los casos más severos, algunos animales pueden morir. El resultado, advierte la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), es una menor oferta y, con ella, precios más altos para el consumidor.

El sector hortofrutícola también siente con fuerza el impacto de la sequía. El estrés hídrico y térmico altera la fisiología, la sanidad y la comercialización de frutas y hortalizas, según la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

La falta de agua hace que los cultivos colapsen y se marchiten. En frutales de exportación como el aguacate Hass, la uchuva y las pasifloras, explica la asociación, “la sequía prolongada detiene el llenado del fruto y restringe severamente su tamaño, limitando la producción a calibres deficientes que no cumplen con los estándares de los mercados internacionales”.

A esto se suma el llamado “golpe de sol”, que deja manchas en mangos y cítricos e impide su comercialización por razones estéticas. Bajo condiciones de estrés hídrico extremo, además, los árboles priorizan su propia supervivencia y provocan el aborto masivo de flores y frutos.

El panorama de las tasas de interés en Colombia

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del IPC está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no muestran un panorama tranquilizador.

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio.

En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

Los resultados de inflación de este lunes, entonces, se convierten en un insumo crítico no sólo para trazar un camino más certero en las tasas, sino para proyectar qué tanto se están colando en los precios tensiones como el impacto del Niño en alimentos y energía.

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El problema fiscal de Colombia puede terminar saliendo del mismo lugar del que suelen salir las soluciones cuando las cuentas públicas no cuadran: el bolsillo de los ciudadanos. Recortes en el gasto, más endeudamiento o nuevos impuestos son algunas de las opciones que tendrá el país para corregir un desequilibrio que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), ya es estructural. En otras palabras, el Estado lleva años gastando más rápido de lo que crecen sus ingresos, y cerrar esa brecha cuesta billones de pesos.

Para el CARF, la explicación del desequilibrio es que “los gastos han crecido más que los ingresos”. Así de sencillo.

Pero desgranemos las cifras para entender, de fondo, qué propone el Comité para solucionarlo. Anticipo: todavía no se sabe, admite el CARF, porque dependen de política pública para determinar en qué momento específico el rojo de hoy será un verde sostenible mañana.

No obstante, hay ideas. Vamos por partes.

Si bien la economía colombiana ha crecido, buena parte de ese impulso no proviene de una recuperación robusta de la inversión. Según el CARF, desde el cuarto trimestre de 2019 hasta 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia ha aumentado cerca de 17,5 %, el mayor crecimiento entre los principales países de la región. Por detrás aparecen Brasil, con 14,5 %; Perú, con 11,7 %; Argentina, con 7,3 %, y México, con 6,1 %, según las cifras disponibles para 2025.

Este año, la economía creció 2,88 % y la demanda interna aumentó 3,7 %.

¿El problema? El consumo público. Si se midiera el PIB excluyendo ese rubro, el PIB apenas hubiera registrado un aumento de 0,99 %. Para dimensionarlo, entre 1976 y 2019 el crecimiento promedio del PIB fue de 3,63 %, mientras que, sin consumo público, se ubicó en 3,44 %. La diferencia es notoria.

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El crecimiento de Colombia depende cada vez más del consumo

El CARF identifica una economía impulsada principalmente por el consumo público y privado, mientras la inversión sigue sin ocupar el mismo papel como motor del crecimiento. Ambos están en los extremos opuestos de los componentes que pedalean la economía, y se ha mantenido así al menos desde 2019. Cada vez que la economía se mueve, ambos rubros echan para adelante, especialmente el consumo.

La proyección del Comité es que el PIB cierre este año con un crecimiento de 2,5 % y se mantenga alrededor de 2,6 % durante la próxima década.

“Colombia es un caso atípico”, señaló el CARF. El meollo del “gasto desbordado e ingresos que persiguen la tendencia” es propio de esta punta de América del Sur. Mientras Chile, Brasil, México y Perú registrarían, en conjunto, una reducción de 1 % en el gasto y un aumento de 0,5 % en los ingresos, Colombia seguiría la trayectoria contraria: el gasto aumentaría 2,5 % y los ingresos caerían 0,8 %.

Pero ¿qué desborda el gasto? La salud, el Sistema General de Participaciones, pensiones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Son, en buena medida, “gastos inflexibles”: obligaciones que el Estado no puede recortar de un día para otro sin afectar servicios, transferencias o compromisos legales.

Además, Colombia sobrestima los ingresos que recibirá cada año, tanto en los presupuestos generales como en los marcos fiscales de mediano plazo (10 años). Normalmente sucede un año sí, un año no; un año sí, otro no.

El CARF advierte que esta práctica genera “presiones fiscales persistentes”. La razón es elemental: se programa el gasto con una expectativa de recursos que luego no siempre llega.

En 2025, por ejemplo, la meta de recaudo equivalía al 16,5 % del PIB, pero el resultado terminó en 14,7 %. Esa diferencia, trasladada a una economía del tamaño de Colombia, representa decenas de billones de pesos que el Estado esperaba recibir y que no entraron en la misma magnitud a sus cuentas.

Para este año, el CARF proyecta un desequilibrio en el balance primario de 3,9 % del PIB, frente al 3,3 % calculado por el gobierno Petro. La diferencia parece pequeña cuando se expresa en puntos porcentuales, pero equivale a cerca de COP 10,3 billones. Es, en otras palabras, una brecha adicional que el Gobierno de La Espriella tendrá que financiar, recortar o recaudar.

Entre las recomendaciones del CARF aparece un recorte de COP 9,7 billones en gastos flexibles, es decir, aquellos que cuentan con mayor margen constitucional y legal para ser ajustados, como algunos gastos operativos no esenciales o subsidios temporales.

El Comité también pidió eliminar de las previsiones de ingresos cerca de COP 30,2 billones asociados a la emergencia invernal, como parte de un ajuste que permita reflejar con mayor precisión la situación de las cuentas públicas.

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Lo que puede empeorar las cuentas en 2027

El CARF ve un escenario complejo. Por un lado, considera que habrá señales de política económica adecuadas que disminuyan las primas de riesgo, es decir, lo que le cuesta al país la desconfianza inversora y productiva por los cambios de regla de juego y déficit de pago. Por otro lado, si el mercado laboral se mantiene a flote pese a posibles cambios estructurales, el crecimiento podría fortalecerse. Por último, el precio del petróleo es una sorpresa que brindaría más aportes fiscales.

Pero la lista de riesgos es más larga.

El aumento del salario mínimo de 2026 podría acentuar las presiones fiscales en 2027. La reforma laboral representaría una presión adicional de gasto equivalente a 0,2 % del PIB, mientras que la entrada en vigor de la reforma pensional requerirá mayores recursos para financiar el pilar semicontributivo.

Los pasivos de sectores como salud, energía y programas sociales también seguirían pesando sobre las cuentas.

La deuda es otra de las alarmas.

Según el Gobierno, la deuda neta se ubicaría en 60,2 % del PIB. Es decir, el saldo de las obligaciones del Gobierno equivaldría a más de 60 pesos por cada 100 que produce la economía colombiana en un año. El límite establecido por la Regla Fiscal es 71 %.

El problema no es únicamente el tamaño de la deuda, sino lo que cuesta sostenerla. El CARF advierte que, salvo la reducción temporal registrada en 2025, cerca de un tercio de los ingresos tributarios del país se ha destinado al pago de intereses. Para 2027, el Gobierno proyecta un gasto por este concepto equivalente al 4,9 % del PIB, unos COP 104,7 billones.

De manera que el CARF advierte que la trayectoria de la deuda neta podría deteriorarse. Su estimación para 2027 ubica la deuda neta en 67,3 % del PIB.

El contraste histórico muestra la magnitud del cambio. El promedio durante el siglo XX rondó el 12,6 % del PIB. Entre 2000 y 2019 fue de 39,6 %, y entre 2022 y 2024 alcanzó un promedio de 56,7 %.

“Entre más rápido sea el ajuste, menor el esfuerzo necesario”, señala el Comité.

Para lograrlo, será necesario “alcanzar acuerdos entre el Gobierno y el Congreso de la República”, un plan de ajuste con medidas para incrementar el PIB potencial y con protecciones a los hogares vulnerables.

La ecuación, sin embargo, tiene una salida limitada. Si los ingresos no alcanzan y el gasto continúa creciendo, alguien tendrá que cerrar la diferencia. El Estado puede gastar menos, endeudarse más o recaudar más.

Las tres decisiones terminan teniendo consecuencias fuera de los documentos técnicos. En servicios públicos, programas estatales, tasas de interés, impuestos y, finalmente, en el bolsillo de los colombianos.

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Las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión que había presentado la administración de Gustavo Petro.

La discusión ha estado marcada por el aumento del monto, las necesidades de financiación y el ajuste fiscal que plantea el Gobierno para contener el crecimiento del gasto.

El pasado martes, el Ministerio de Hacienda hizo la presentación oficial del presupuesto ante las comisiones económicas. En esa sesión también intervino el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, dijo que en las siguientes sesiones explicaría los temas que más preocupan a los congresistas, como de dónde saldrá la plata para atender la emergencia por el terremoto, por qué esos recursos no están en el proyecto, a qué se debe el aumento del servicio de la deuda y cuáles son los planes específicos para bajar el déficit fiscal.

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El miércoles, las comisiones económicas estaban listas para avanzar en el debate, pero los congresistas decidieron suspender la sesión en medio de críticas por la ausencia de funcionarios clave. “Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel.

El ministro de Hacienda no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. El director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

El ministro Gómez, al igual que Viviane Morales (en ese momento ministra de Educación), argumentó que no logró asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

Se espera que la discusión se retome la próxima semana, con la presencia de los funcionarios, especialmente del ministro de Hacienda.

En el debate de control político, el ministro de Vivienda aseguró que la cartera le ha solicitado a Hacienda que se incorporen COP 4 billones en el presupuesto de 2027 para la reconstrucción.

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¿Qué ha pasado con el presupuesto?

El primer proyecto de presupuesto para 2027, presentado por el Gobierno Petro, contemplaba gastos por COP 575,7 billones y un faltante de COP 30,2 billones que debía financiarse con nuevos ingresos, principalmente a través de una reforma tributaria.

El Congreso devolvió ese proyecto el 11 de agosto. Dos semanas después, el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una nueva versión por COP 634,9 billones.

El Ministerio de Hacienda sostiene que las dos versiones no pueden compararse directamente porque el proyecto anterior no contemplaba algunas obligaciones del Estado. Entre ellas, COP 6,5 billones para pensiones, COP 2 billones para salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La principal explicación está en el servicio de la deuda, que aumentó COP 37,4 billones. El Ministerio de Hacienda sostuvo que esta suma se deriva de la estrategia de manejo de deuda del Gobierno Petro, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tasas elevadas que no se incluyeron en las cuentas. Gómez les propuso a los congresistas una sesión en la que se explique, con todos los detalles, qué está pasando con la deuda.

Así está el presupuesto

El presupuesto contempla COP 392,5 billones para funcionamiento, COP 155,4 billones para el servicio de la deuda y COP 86,9 billones para inversión.

El Gobierno sostiene que el nuevo proyecto “sincera” las cuentas públicas y reconoce obligaciones que, de todas maneras, el Estado tendría que asumir. Sin embargo, los analistas han advertido que la necesidad de endeudamiento crece considerablemente.

De acuerdo con los cálculos recogidos en los anexos del presupuesto, las necesidades totales de financiación llegarían a unos COP 266,3 billones al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja. Entre las fuentes contempladas están COP 150,9 billones de deuda interna y COP 87,7 billones de deuda externa.

¿Qué propone el Gobierno?

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento de gasto por COP 21,9 billones para este año (todavía no se conoce el decreto con los rubros específicos). Según las cuentas oficiales, con este ajuste el déficit fiscal de 2026 bajaría de 8,2 % a 7,2 % del PIB.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones. El objetivo es que el déficit fiscal de 2027 no llegue a 9,4 % del PIB y se ubique en 7,2 %.

¿Qué sigue para el presupuesto?

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara deben continuar con el estudio del proyecto y definir el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El calendario establece que las comisiones tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar y votar el monto del presupuesto. Posteriormente, tendrán hasta el 25 de septiembre para votar el articulado.

Después de esta etapa, el proyecto pasará a las plenarias de Senado y Cámara, que tendrán hasta el 20 de octubre para aprobarlo por completo.

Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, entrará a regir el proyecto presentado originalmente por el Gobierno mediante decreto.

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Colombia cerró el gobierno de Gustavo Petro exportando más que un año atrás, pero con una dificultad que las cifras agregadas esconden: buena parte del crecimiento reciente proviene del petróleo, el oro y otros productos cuyo comportamiento depende más de los precios internacionales que de una transformación de la capacidad productiva del país.

Según el más reciente informe del DANE, entre enero y julio de 2026, las exportaciones llegaron a USD 32.489 millones, 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado luce favorable hasta que se mira qué se está vendiendo. Los combustibles y productos de las industrias extractivas crecieron 16,6 %, hasta USD 13.142 millones, mientras el grupo de otros sectores aumentó 90,1 %, impulsado casi por completo por el oro no monetario. Las manufacturas cayeron 2,5 % y el sector agropecuario retrocedió 2,4 %.

Esa composición resume buena parte del problema que recibe el nuevo gobierno: Colombia ha conseguido sostener el valor de sus exportaciones, pero todavía tiene dificultades para ampliar de manera consistente la cantidad de empresas, productos y mercados capaces de generar divisas.

Los números de los cuatro años anteriores muestran el recorrido.

En los últimos cinco meses de 2022, después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, las ventas externas todavía se movían en niveles elevados. En agosto alcanzaron USD 4.582 millones FOB; en septiembre fueron USD 4.779 millones; en octubre, USD 4.213 millones; en noviembre, USD 4.520 millones, y en diciembre cerraron en USD 4.498 millones.

Exportaciones para abajo

Después vino la caída.

En 2023, las exportaciones colombianas sumaron USD 49.543 millones, una reducción de 12,9 % frente al año anterior. Los combustibles y productos de las industrias extractivas explicaron buena parte del retroceso: sus ventas bajaron 18,6 %, con disminuciones de 25,4 % en hulla, coque y briquetas y de 16,6 % en petróleo y sus derivados.

El agro tampoco logró compensar la caída. Sus exportaciones disminuyeron 12,8 %, principalmente por el descenso de 29,4 % en las ventas de café sin tostar. Las manufacturas cayeron 3,8 %.

En 2024, el comercio exterior prácticamente se quedó quieto. Las exportaciones alcanzaron USD 49.552 millones, apenas 0,4 % menos que en 2023. Los combustibles volvieron a retroceder, esta vez 10,6 %, con caídas de 22,4 % en carbón y 5,1 % en petróleo.

El contrapeso apareció en el agro. Sus ventas aumentaron 14 %, impulsadas por el café sin tostar, que creció 21,8 %, y el banano, con un incremento de 33,9 %. Las manufacturas avanzaron 4,3 %.

También creció con fuerza el grupo de otros sectores, 20,4 %, aunque nuevamente con una particularidad: el aumento estuvo explicado por el oro no monetario.

En 2025 hubo una recuperación modesta. Las exportaciones llegaron a USD 50.200 millones, 1,3 % más que en 2024. El petróleo y el carbón volvieron a caer, esta vez 17,9%, mientras el agro aumentó 33,2 %. El café descafeinado creció 70,2 % y el aceite de palma 83,6 %. Las manufacturas subieron 4,8 % y el oro no monetario mantuvo su crecimiento.

Y así llegó el último tramo del gobierno.

Entre enero y julio de 2026, el aumento de 12,7 % parece romper la tendencia de estancamiento. Pero el detalle vuelve a importar. El petróleo creció 18,6 %, el carbón 1,5 % y el oro volvió a dispararse. En cambio, dos de los sectores sobre los que descansa la diversificación de la oferta colombiana tuvieron un comportamiento negativo.

Estados Unidos siguió siendo el principal destino, con 28,4 % del valor exportado, seguido por Panamá, con 8,5 %, e Italia, con 5,2 %. El crecimiento de las ventas hacia este último país fue particularmente alto, 367,2 %, impulsado por sus compras de oro y petróleo.

Acá, la gran pregunta: ¿cuánto de lo que Colombia está exportando responde a una mayor capacidad de producir y vender bienes y servicios competitivos, y cuánto depende del comportamiento de unos pocos productos?

Analdex llegó a su Congreso Nacional de Exportadores con esa preocupación sobre la mesa.

Un país que exporta poco y concentra mucho

Este jueves 3 de septiembre, en Cartagena, la Asociación Nacional de Comercio Exterior presentó su propuesta “Colombia Futuro Exportador: Ruta 2030″. El documento parte de una comparación poco favorable.

Durante el primer semestre de 2026, según las cifras presentadas por el gremio, las exportaciones llegaron a USD 27.844 millones y crecieron 14,2 %. Cerca del 95 % de ese incremento, señaló Analdex, estuvo concentrado en combustibles y oro.

La distancia con el máximo histórico también sigue siendo considerable. En 2012, Colombia exportó USD 60.125 millones. Catorce años después, el país todavía no ha conseguido superar esa marca.

La diferencia se hace más evidente cuando se mide por habitante.

Colombia exporta alrededor de USD 946 por persona, equivalente al 30,3 % del promedio mundial, que Analdex calcula en USD 3.114. El país ocupa el puesto 115 entre 190 economías y el decimoquinto entre 20 países latinoamericanos.

Chile exporta USD 5.388 por habitante; Costa Rica, USD 5.129, y México, USD 5.039. Para alcanzar el promedio regional, Colombia tendría que llevar sus exportaciones hasta unos USD 114.400 millones anuales.

El problema tampoco está repartido de manera uniforme entre las empresas.

En 2025 hubo 9.404 compañías exportadoras. Pero solo 460 vendieron más de USD 10 millones cada una y concentraron 88,9 % del valor exportado. Mientras tanto, 7.634 empresas exportaron menos de USD 1 millón y representaron apenas 2,4 % del total.

Además, la base de empresas que exportan de manera recurrente se redujo. Entre los trienios 2021-2023 y 2023-2025 se perdieron 395 exportadores constantes, una disminución de 7,4 %.

La concentración también aparece en los mercados. Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reúnen 52,3 % de las exportaciones colombianas.

Estados Unidos merece una atención particular. En 2025 recibió productos colombianos por USD 14.872 millones y, según Analdex, 2.490 empresas están relacionadas con productos afectados por medidas arancelarias estadounidenses como las secciones 301 y 232. El gremio calcula que un eventual aumento del arancel de 10 % a 12,5 % significaría unos USD 86 millones adicionales al año para los productos colombianos que ingresan a ese mercado.

Hay otro problema que atraviesa todas esas cifras y que el exportador siente antes de que aparezca en cualquier ranking internacional: el dólar.

Cuando el dólar deja menos pesos

El 12 de agosto de 2022, pocos días después de que Petro asumiera la presidencia, el dólar cerró en COP 4.162. En aquel momento, la tasa de cambio venía descendiendo desde niveles superiores y el mercado reaccionaba, entre otros factores, a señales provenientes de Estados Unidos.

Cuatro años después, la situación cambiaria se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para los exportadores colombianos.

La apreciación del peso reduce los ingresos que recibe en moneda local una empresa que vende en dólares. La cuenta es sencilla.

Analdex presentó un ejemplo durante su congreso: una exportación de US$1 millón liquidada a una tasa de COP 4.400 representaría ingresos por COP 4.400 millones. Con una tasa de COP 3.144,3, la misma venta produciría COP 3.144,3 millones.

La operación internacional no cambió. El producto vendido es el mismo, el cliente paga el mismo millón de dólares y la empresa entrega la misma mercancía. Lo que cambia es la cantidad de pesos que recibe al convertirlos.

En ese ejemplo, la diferencia es de COP 1.255,7 millones, equivalente a 28,5 % de los ingresos en pesos.

El efecto no se limita a una empresa concreta. Según las estimaciones presentadas por Analdex, por cada COP 100 de apreciación del peso, las exportaciones no minero-energéticas se reducen 0,8 %, mientras que las exportaciones de servicios disminuyen 3,3 %.

El problema es especialmente relevante para una economía que pretende diversificar sus ventas externas. Una empresa que exporta manufacturas, alimentos o servicios puede aumentar productividad, buscar nuevos clientes y abrir mercados, pero una apreciación fuerte de la moneda puede reducir en pesos el resultado de todo ese esfuerzo.

Por eso el gremio planteó medidas de corto plazo, entre ellas recuperar mecanismos como el Certificado de Abono Tributario, garantizar la devolución oportuna del IVA y establecer apoyos para las primas de cobertura cambiaria.

También llamó a las empresas a proteger su caja, aumentar productividad y utilizar herramientas de cobertura frente al riesgo cambiario.

Pero la propuesta de Analdex no se queda en contener el golpe.

La Ruta 2030

El objetivo que plantea el gremio es duplicar las exportaciones de bienes: pasar de los USD 50.200 millones de 2025 a más de USD 100.000 millones en 2030.

La cifra parece enorme porque lo es. Pero matemáticamente supone un crecimiento anual compuesto cercano a 14,8 % durante cinco años. Es una tasa exigente, aunque distinta de duplicar las exportaciones todos los años.

Para acercarse a esa meta, Analdex propone ampliar la base empresarial hasta llegar a 10.000 exportadores recurrentes. La definición del gremio contempla compañías que mantengan ventas internacionales superiores a USD 1.000 durante más de tres años consecutivos.

La propuesta también fija cinco prioridades para los primeros 100 días del nuevo gobierno.

La primera es definir prioridades claras entre sectores y mercados, de modo que los recursos públicos y las estrategias de promoción tengan objetivos concretos.

La segunda apunta a uno de los problemas que durante años han frenado la expansión agroexportadora: los estándares y los requisitos de admisibilidad sanitaria. Sin resolverlos, tener un producto competitivo no garantiza que pueda entrar a un mercado.

La tercera es digitalizar e interoperar al Estado para reducir los trámites que aumentan costos y tiempos para los exportadores.

La cuarta tiene que ver con financiación, capital de trabajo, garantías y logística.

Y la quinta combina defensa comercial y diplomacia económica. La apuesta es proteger el acceso al mercado estadounidense, pero al mismo tiempo abrir nuevos destinos.

La discusión, en últimas, no se reduce a si Colombia exportó más o menos durante el gobierno Petro. Las cifras muestran años de caídas, recuperación parcial y crecimiento reciente, pero también revelan una estructura que sigue dependiendo demasiado de unos cuantos productos, empresas y mercados.

El oro puede hacer crecer una estadística en un año. El petróleo puede sostenerla en otro. Un dólar favorable puede aliviar los márgenes de un exportador. Ninguno de esos factores, por sí solo, construye una base exportadora más grande.

El nuevo gobierno recibe una economía que necesita vender más al mundo y, sobre todo, conseguir que más empresas puedan hacerlo durante más tiempo.

Los USD 100.000 millones que propone la “Ruta 2030” deberán moverse a través de miles de empresas exportando, nuevos productos entrando a otros mercados y una estructura productiva capaz de resistir cuando el petróleo baje, el oro deje de brillar o el dólar vuelva a jugar en contra.

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El jueves pasado el Gobierno presentó un nuevo proyecto de presupuesto para 2027, luego de que el Congreso devolviera el anterior (elaborado por la administración Petro). En buena parte, la razón del movimiento fue el faltante de COP 30 billones en un monto total de COP 575,6 billones.


Aunque la jugada que se anticipaba era la redacción de un proyecto con un recorte de unos COP 30 billones (también se habló de COP 20 billones), lo que llegó al Congreso fue un documento con un monto total de COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más que el de Petro.

Si bien desde hace un tiempo 1+1 dejó de dar 2 en las cifras de la macroeconomía, la reacción inicial ante el nuevo proyecto de presupuesto fue un poco como 1+1= verde limón.


Desde la visión del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el primer paso para que los números vuelvan a tener sentido era, justamente, presentar el lado más descarnado de las cuentas.


El segundo, para pocas sorpresas, pasa por efectuar un recorte en el gasto este año de casi COP 22 billones. Y en un tercer momento, algo así como un combo de dos golpes, se busca presentar una ley fiscal que no buscará recursos nuevos, sino seguir adelgazando el tamaño y alcance del Estado: la meta objetiva de esa legislación (que sería presentada en unas semanas) sería poder recortar estructuralmente unos COP 45 billones en gasto (algo así como 2,2 % del PIB).

Cuando nada cuadra


Desde la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en junio de este año, varios análisis fueron esbozando panoramas distintos (y ciertamente más oscuros y difíciles de navegar) que lo que mostraban los cálculos del gobierno Petro acerca del rumbo de las cuentas nacionales.


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Uno de estos análisis fue el del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que estimó en su momento que el déficit fiscal de 2026 estaría por encima del 7 % del PIB, cuando la información del Ministerio de Hacienda de Germán Ávila, último ministro de Hacienda de Petro, hablaba del 5,3 % en este rubro.


Hoy, apenas un par de meses después de la presentación de ese documento (que es uno de los imanes claves en la brújula macroeconómica del país), los cálculos del presupuesto muestran que el panorama se ve muy distinto al que mostraban las cuentas oficiales y ciertamente más cercano a lo que el CARF y otros centros de análisis estimaron. Incluso, la fotografía que muestra el proyecto radicado en el Congreso muestra una situación más crítica de lo que se anticipaba.

Los cálculos de la administración De la Espriella indican que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto (de lo contrario, sería del 8,2 %).

Para Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, el nuevo presupuesto parece más responsable y realista: elimina los COP 30,2 billones que inicialmente se condicionaron a una reforma tributaria y reconoce obligaciones que el Estado tendría que pagar de todas maneras, pero no por eso es más sostenible.

Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario, coincide en el punto de sinceridad de los números: “Es como salir sin ropa a la calle. Y parece que el gesto fue bien recibido por el mercado. Y es un paso correcto en la conversación sobre cómo seguimos. Lo que nos tiene que contar el Gobierno ahora es cómo nos vamos a vestir”.


En general, los analistas reconocen como una señal positiva que el país tenga cuentas creíbles, después de tres años de manifestar serias dudas frente a las cuentas que proyectaba el Gobierno. El problema es que a la luz del presupuesto radicado la situación fiscal de Colombia es peor de lo que se esperaba. En palabras de César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, “las finanzas del país están al filo del precipicio”.


La palabra precipicio podría sonar aquí entre el alarmismo y el cliché. Pero la discusión no es de poca monta. El Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez proyecta que en 2027 el déficit fiscal puede llegar al 9,4 % del PIB, cerca de dos puntos porcentuales por encima de 2020, el peor momento de la pandemia.

Esta idea ayuda a echar algo de luz sobre el tamaño del hueco, pues nos estamos comparando con uno de los mayores choques externos en la historia moderna no solo de Colombia, sino del mundo: un tiempo de confinamientos obligados, parálisis económica y social en su máxima expresión, y en la que llegamos a acumular unos 300 muertos diarios durante varios meses, como si cada 24 horas se cayera un avión lleno de pasajeros.


Y aun así, mirando en el retrovisor de los horrores del pasado, el déficit de 2027 superaría cómodamente esa mala marca. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, advierte que, de hecho, sería el peor en la historia de Colombia en 120 años. Eso sí, si se materializan las acciones anunciadas por el Gobierno, el panorama sería “menos grave”, en palabras del analista.

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A pesar de la complejidad y el peso de estas cifras, cuando alguien mira por la ventana de su casa todo se ve medianamente normal: la gente sale a comprar sus cosas (aun con una inflación que cerraría por encima del 6 %), el gas llega a la cocina al girar la perilla (a pesar de un déficit nacional que ya lleva años) y, en general, la economía parece crecer, el desempleo se mantiene en niveles bajos y la pobreza está en mínimos históricos.


¿Cómo se conecta esta historia con el diario vivir? ¿El nivel proyectado de déficit implica que nos quebramos? No necesariamente, y aquí hay que dejar claro un punto: prácticamente ningún país del mundo logra balancear del todo sus cuentas. El Estado es un asunto que siempre va al debe, casi que por definición.


Los déficits son un tema más o menos común al momento de hablar de un país. Déficit no es igual a quiebra. En el nivel de un país, esta ocurre cuando un gobierno deja de pagar sus deudas, algo que comúnmente se conoce como entrar en default. Esto puede tener consecuencias desastrosas para una economía, pues le cierra el camino para buscar recursos por fuera, deuda externa. Y, como ya dijimos, operar un Estado es siempre un ejercicio que involucra endeudarse.


Lo que sí importa con el déficit es la trayectoria: si se repite año tras año sin ningún plan creíble de corrección, la deuda crece más rápido que los recursos para pagarla. Ese es el escenario que empieza a preocupar a analistas y calificadoras.


Es por acá que la cosa no se ve bien en Colombia: llevamos años de déficits altos y, con la sincerada de las cuentas que está presentando el gobierno De la Espriella, vamos de mal a peor, al menos en el corto plazo.


Si bien tener los números claros es el primer punto para intentar salir del hueco, el presupuesto presentado, aunque bienvenido en su ejercicio de reconocer los daños, no por eso se vuelve más sostenible, en palabras de Mejía.

Esto, en esencia, tiene que ver con el tamaño de la deuda que se va a asumir para balancear las cuentas: ya no habría desfinanciamiento (que impulsaría una nueva reforma tributaria automáticamente), pero lo que falta (porque falta) se cubriría al debe.


¿Cómo se ve el presupuesto?


El presupuesto presentado esta semana tiene un monto total de COP 634,9 billones, un incremento del 14,2 % frente al vigente para 2026. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37,3 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.


Frente a la primera versión que había presentado Petro, el funcionamiento creció COP 24,9 billones, servicio de la deuda COP 37,4 billones, mientras la inversión cayó COP 3 billones. El Ministerio de Hacienda explicó que el aumento frente a la versión del gobierno anterior se debe a que en ese documento había rubros desfinanciados.

Según la cartera, faltaban COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Sobre el crecimiento de la deuda (COP 37,4 billones, más de la mitad del aumento total), Hacienda argumenta que esto se debe a que el gobierno Petro no incorporó en las cuentas los vencimientos de deuda de corto plazo, con tasas elevadas, que se acumularon por la estrategia de manejo de deuda.

Este punto ya lo habían advertido los analistas. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, explica que, en palabras sencillas, para mostrar un mejor balance en 2025 y 2026 se estaba “pateando” el problema para el futuro, pero en el presupuesto de De la Espriella se asume la realidad del endeudamiento que es más compleja de lo que se esperaba.

Pero entonces, ¿cuánto falta para financiar el presupuesto? Como explica Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, se estima un déficit del 4,4 % del PIB. Para financiarlo se acudiría a deuda interna (COP 150,9 billones mediante subastas y colocaciones de Títulos de Tesorería), deuda externa (COP 87,7 billones con multilaterales y mercados internacionales) y utilidades de empresas del Estado como Ecopetrol (COP 20,7 billones).


La deuda es uno de los puntos que más preocupa a los analistas consultados por este diario. Pérez, si bien reconoce que el Gobierno está planteando el peor escenario y que se anunció un plan de ajuste, también advierte que el mayor desbalance fiscal se traduce en mayores necesidades de financiamiento, con consecuencias en las tasas de interés y en los mercados. De hecho, el viernes, los Títulos de Deuda Pública (TES) aumentaron entre 20 y 30 puntos básicos.


Los mensajes claves


Los anuncios que hizo el ministro Gómez llegaron desde la Convención Bancaria, en Cartagena, que reúne a buena parte de su público más inmediato: creadores de mercado, analistas, la gente que toma decisiones de compra de deuda, emite conceptos sobre qué tan buena paga es el país y libera recursos para acompañar, o no, al Gobierno en su tarea de enderezar el camino. Y se dieron apenas un día después de presentado el presupuesto.


Tanto el lugar como el momento, para hablar de la situación fiscal y para esbozar un plan de salida del laberinto, no son fortuitos. Y van en una línea que no pasa solo por los números duros y crudos: intentar que un grupo de representantes de intereses de todo tipo crea que el Gobierno, en serio, quiere timonear hacia mejores costas fiscales.

Que pueda lograrlo va a depender de una serie de factores: voluntades políticas en el Congreso, que no haya un choque grande en los mercados externos que pueda jugar en contra de los flujos de capital y, como dicen varios analistas, ver si todo el plan puede descansar tan solo en la esquina de los recortes. “Al final, las calificadoras y los inversionistas miran la cifra de ingresos certeros, y ahí usted tiene la tarea del recorte, pero también la de nuevos ingresos, tributarios específicamente. Es muy difícil dar este giro sin los dos componentes”, dijo un analista que pidió no ser citado.


El discurso de Gómez fue insistente en que hay la voluntad de hacer la tarea, aunque sea dolorosa (con seguridad lo será). El funcionario hizo una pregunta que, aunque no es popular, se vienen haciendo analistas de todo color político hace un tiempo: “¿Vamos a seguir poniendo todos los gastos en la Constitución para que sean sacrosantos?”.


Clavijo resaltó la importancia de que la decisión de “sincerar las cuentas” en el presupuesto se haya acompañado de otro mensaje del Gobierno de que habrá recorte. La analista resalta que hay un buen momento de mercado para una estrategia que incluya mayor endeudamiento, considerando que en las últimas semanas la prima de riesgo se ha reducido y la tasa de cambio ha reflejado optimismo de los inversionistas externos, pero además hay interés en los mercados emergentes.

Por su parte, Correa reconoce que para el mercado el incremento en el monto del presupuesto, en principio, parece contradictorio con las promesas de campaña, pero todo dependerá de la capacidad del Ministerio de Hacienda de comunicar tres mensajes: que el incremento se justifica en un ejercicio de saneamiento y sinceridad de las finanzas que se recibieron, que se están incorporando los efectos del terremoto y que hay una propuesta concreta y realista de ajuste fiscal. En el último punto el Congreso cumplirá un papel importante porque, al final, será el Legislativo el que defina si las leyes de presupuesto y de ajuste fiscal se harán, o no, realidad.

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El panorama de las finanzas públicas presentado por el nuevo gobierno cayó como un balde de agua fría en Wall Street, provocando una de las peores ventas masivas del año en los activos del país.

Los mercados colombianos se desplomaron el viernes después de que la administración de Abelardo de la Espriella revelara el día anterior un déficit fiscal preliminar de 9,4 % del producto interno bruto para 2027. Los rendimientos de los bonos locales del gobierno a 10 años subieron más de 30 puntos básicos y el peso se depreció hasta 2,1 %. Las pérdidas se extendieron el lunes, después de que el gobierno informara a los creadores de mercado en una reunión privada que planeaba aumentar el financiamiento en alrededor de USD 11.000 millones este año.

El “presupuesto de la verdad”, como lo denominaron funcionarios, mostró un déficit mayor de lo que esperaban los economistas y que, incluso después de considerar el ajuste fiscal propuesto, “se ubicaría como el segundo mayor de la historia reciente”, según analistas de JPMorgan Chase & Co.

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“Considero que esa noticia es más preocupante, ya que el déficit presupuestario sigue siendo muy elevado”, señaló Jeff Grills, responsable de deuda estadounidense multiactivos y de mercados emergentes de Aegon Asset Management. “Dadas las valoraciones actuales, somos más cautelosos”.

Se espera que más de USD 3.000 millones del financiamiento adicional necesario para este año provengan de endeudamiento externo, principalmente mediante ventas de bonos, según personas que asistieron a la reunión del lunes. Alrededor de 25 billones de pesos se captarán en el mercado local de bonos.

El Ministerio de Finanzas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los inversionistas se preguntan si habrá suficiente demanda para absorber esa oferta. Andrés Pardo, de XP Investments, espera que el gobierno recurra a instituciones multilaterales para ayudar a cubrir el déficit de financiamiento.

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Se espera que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, viaje a Nueva York y Washington la semana del 7 de septiembre. Asegura que el país no está buscando un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional.

“Los mayores supuestos de endeudamiento deberían ser manejables si el gobierno cumple con su ley de consolidación fiscal y utiliza organismos multilaterales y otras fuentes de financiamiento para limitar la presión sobre las emisiones de bonos”, señaló Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price. “Colombia heredó un punto de partida fiscal mucho peor de lo que muchos esperaban, pero una mayor transparencia y un ajuste creíble de varios años serían, en última instancia, positivos para los inversionistas”.

Analistas de BTG Pactual señalaron que los planes de endeudamiento del gobierno representan un “shock significativo de oferta” para el mercado local de bonos, y agregaron que esperan presión alcista sobre los rendimientos y una curva más pronunciada, siendo los tramos intermedios y largos los más afectados por el ajuste. El lunes, los rendimientos de los bonos locales y las tasas de los swaps extendieron sus alzas. El peso se depreció un 0,9 %, el peor desempeño entre las monedas de mercados emergentes.

Según un informe de los analistas Munir Jalil, Laura Flórez y Mariana Villabona, la primera prueba más clara será si las próximas subastas requieren mayores concesiones de rendimiento o muestran una demanda más débil, particularmente para los títulos a largo plazo.

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Pese al retroceso, los bonos locales de Colombia siguen siendo los de mejor desempeño de los mercados emergentes este año. Han generado ganancias del 29 %, superando ampliamente a todos los demás bonos de un índice de Bloomberg. Estos retornos se vieron impulsados por el mayor rally cambiario del mundo, algunos de los rendimientos más altos de los mercados emergentes y el optimismo por la elección de De la Espriella, quien asumió este mes.

Para Juan Carlos Mora, director ejecutivo de Bancolombia, el mayor banco del país, la pregunta es cómo se financiará ese presupuesto y de dónde provendrán los fondos. Anticipa que los mercados analizarán esto con lupa y, si ven riesgos que superan lo que consideran razonable, el gobierno podría enfrentar dificultades de financiamiento.

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes un histórico acuerdo que le da a Washington el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo. El presidente Donald Trump lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que la transacción duplicará con creces las reservas de crudo de Estados Unidos.

El pacto contempla una inversión privada cercana a los USD 100.000 millones, según el secretario de Estado, Marco Rubio, quien la describió como una “gran victoria” tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano.

Detrás del anuncio hay más preguntas que respuestas. Ni Estados Unidos ni Venezuela han precisado con exactitud cómo se repartirán las ganancias del acuerdo más allá de las cifras generales, y esa escasez de detalles dificulta medir su verdadero impacto económico

Delcy Rodríguez habló de ingresos por USD 204.000 millones en impuestos, pero no dio cifras sobre otros rubros, como las regalías. Esa falta de precisión es, según analistas consultados por AFP, uno de los principales obstáculos para calcular qué tan rápido y en qué magnitud este pacto podría alterar la oferta global de crudo.

Cómo va la industria petrolera venezolana

La producción petrolera venezolana creció 29,8 % entre enero y julio de este año, hasta alcanzar 1,2 millones de barriles diarios, un nivel que sigue lejos de los 3 millones que el país llegó a extraer a finales del siglo pasado.

Ese repunte se dio en medio de una relajación de las sanciones petroleras que Estados Unidos había impuesto durante el gobierno de Nicolás Maduro, y de reformas impulsadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para abrir los sectores de petróleo y minería al capital privado, especialmente extranjero.

El nuevo acuerdo busca acelerar esa recuperación, aunque el ingeniero petrolero Oswaldo Felizzola, profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración, advirtió, en declaraciones a AFP, que el aumento de producción “no se verá por lo menos en tres, cuatro años”. Para Felizzola, el papel de Estados Unidos como garante de las inversiones es clave, porque sin ese respaldo los campos petroleros no serían explotados “en los próximos 10 o 15 años”, ya que PDVSA “no tiene los recursos económicos para hacerlo”.

Las dudas sobre el acuerdo

Para el analista Elías Ferrer, la sola existencia de las inversiones ya es una buena noticia, así vengan con condiciones favorables a Estados Unidos. “Sin lugar a dudas esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando, si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso”, comentó, en declaraciones a AFP.

Aun así, Ferrer no descartó que el acuerdo pudiera haber sido más favorable para Venezuela: “¿Podría ser mejor que este acuerdo? Muy probablemente sí”, agregó.

La abogada Dolores Dobarro, exviceministra venezolana de Energía, coincidió en que el resultado dependerá de la ejecución. “Si todo se hace bien (...) será una gran oportunidad para Venezuela de ver resurgir su sector petrolero”, dijo, también a AFP.

Qué podría pasar con el Brent

El viernes, antes de conocerse el acuerdo, el barril de Brent para entrega en octubre cerró en USD 89,31, con una caída de 0,43 % frente a la sesión anterior. Ese cierre llegó al final de una semana en la que el crudo ya venía cayendo cerca de un 7 %. En lo corrido de 2026, el Brent ha oscilado entre los USD 58 y los USD 126, en un año marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El movimiento del viernes respondió a factores como la cautela del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la inflación estadounidense, y el sexto mes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Ormuz todavía cerrado. La analista Fiona Cincotta explicó, en declaraciones a EFE, que el descenso del viernes reflejaba que “la prima de riesgo geopolítica se ha eliminado a medida que la atención se centra en medidas diplomáticas y económicas en lugar de una mayor escalada militar”.

Ese es el punto de partida para pensar qué podría pasar cuando abran los mercados este lunes.

Con el acuerdo de Venezuela ya anunciado, hay al menos tres variables que podrían pesar sobre el precio del Brent en los próximos días:

Si los inversionistas leen el pacto como una promesa de oferta futura, sin efecto inmediato en los barriles disponibles hoy, teniendo en cuenta que la producción tardaría entre tres y cuatro años en despegar, como lo dijo Felizzola.

Por otro lado, si la eventual reapertura del estrecho de Ormuz avanza en paralelo, lo que sumaría presión a la baja sobre el crudo desde otro frente distinto a Venezuela; y si la Fed de Warsh mantiene su tono cauteloso frente a la inflación, un factor que ya venía pesando sobre el mercado antes de este anuncio.

En el corto plazo, lo más probable es que el mercado trate el acuerdo como una señal de mediano plazo, más que como un cambio inmediato en la oferta física de crudo, dado que ninguno de los analistas citados por AFP proyecta un salto en la producción venezolana antes de varios años.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 28 de agosto, un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, dará a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas conocidas de crudo venezolano.

Trump calificó el pacto como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red Truth Social, que según el presidente, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”, escribió el mandatario.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de “Estados Unidos primero”: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

Por su parte, la líder chavista aseveró que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela.

Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

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Venezuela está considerando si debería abandonar la OPEP, según personas familiarizadas con el asunto, lo que podría asestar un nuevo golpe al cartel petrolero que ayudó a crear hace más de seis décadas.

La idea de una salida ha sido tema de conversaciones con funcionarios de Estados Unidos y no se ha tomado una decisión final, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de información privada.

Una decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subrayaría el profundo realineamiento político en Caracas desde que el presidente Donald Trump derrocó al líder de larga data Nicolás Maduro y tomó el control de las ventas de petróleo del país.

De hecho, Trump anunció, este viernes 28 de agosto, un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, dará a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas conocidas de crudo venezolano.

Trump calificó el pacto como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.

La creciente influencia de Washington también se refleja en las conversaciones de EE. UU. con líderes venezolanos para adquirir una participación significativa en los campos petroleros del país, un hecho que habría sido impensable hace apenas dos años.

Negociadores de ambos países están discutiendo esa propuesta, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Algunas de ellas dijeron que uno de los posibles acuerdos discutidos contempla un arrendamiento por 100 años de varios campos petroleros.

Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato sobre la posible decisión respecto de la OPEP. La Casa Blanca también declinó comentar sobre las negociaciones de los campos petroleros, reportadas primero por Axios. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Adquirir una participación en las reservas petroleras de Venezuela supondría una intervención casi sin precedentes de EE. UU. en la economía de otro país, pero también está en línea con la llamada Doctrina Monroe de Trump, que busca extender la influencia estadounidense en el hemisferio occidental.

Trump ha descrito a Venezuela como el estado número 51 y ha dicho que EE. UU. controla su petróleo.

La iniciativa también coincide con el enfoque cada vez más intervencionista de Trump hacia las empresas, ya que su gobierno ha adquirido participaciones en compañías que van desde Intel Corp. hasta el productor de tierras raras MP Materials Corp. y la minera de litio Lithium Americas Corp.

Trump también ha buscado recursos naturales en el extranjero. El año pasado, su gobierno fundó un fondo conjunto de inversión con Ucrania respaldado por ingresos de proyectos de minerales, petróleo y gas de ese país.

La posibilidad de que el gobierno de EE. UU. asuma un papel directo en proyectos petroleros venezolanos pone de relieve cómo la industria está siendo transformada durante un período de transición política.

Los grandes productores internacionales de petróleo están adoptando en su mayoría un enfoque cauteloso hacia Venezuela, mientras perforadores independientes e inversores con mayor tolerancia al riesgo acuden a lo que muchos consideran la mayor oportunidad petrolera desde la caída de la Unión Soviética.

La gloria perdida

Venezuela, que alguna vez fue un miembro destacado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha perdido importancia a medida que las sanciones de EE. UU. y la agitación interna han devastado su industria petrolera.

El país produjo 1,16 millones de barriles diarios en julio, según una encuesta de Bloomberg, menos de la mitad de lo que produjo hace una década. Sin embargo, la producción ha aumentado este año.

Dada su menor producción, es poco probable que una eventual salida de Venezuela tenga un efecto inmediato significativo en los mercados mundiales de petróleo, actualmente dominados por las repercusiones de la guerra de EE. UU. con Irán.

Sin embargo, la idea está ganando fuerza en medio de la frustración pública expresada por Irak y otros países con las obligaciones que implica pertenecer al grupo. Hace apenas cuatro meses, Emiratos Árabes Unidos anunció que abandonaría el cartel, lo que amenazó la unidad del grupo y su influencia sobre los precios del crudo.

Una salida de Venezuela aumentaría las dudas sobre si la OPEP —liderada por Arabia Saudita— puede mantenerse unida y seguir influyendo en los precios del crudo. Un mayor deterioro podría llevar a sus miembros a una feroz competencia por participación de mercado, repitiendo la breve guerra de precios de 2020.

Algunos funcionarios estadounidenses imaginan una potencia petrolera construida a partir de una alianza entre EE. UU. y Venezuela que reduciría considerablemente la influencia de la OPEP, dijo una de las personas.

Caracas actualmente no está sujeta a ningún límite de producción de la OPEP dada la magnitud de su declive en los últimos años, y otra persona dijo que liberar al país de cualquier posible cuota ayudaría a maximizar la producción a más largo plazo y, por lo tanto, a reducir los precios. Washington podría llevar adelante sus aviones para el sector petrolero del país sin las restricciones derivadas de obligaciones con otro grupo, dijo la persona.

¿Momento oportuno?

La posible retirada de Venezuela de la OPEP podría abrir el camino para que compañías petroleras internacionales de EE. UU. y otros países desempeñen un papel más importante en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, lo que podría contribuir al superávit mundial de petróleo previsto para los próximos años por la Agencia Internacional de Energía y otros pronosticadores destacados.

La eventual separación de Caracas sería una victoria para Trump, crítica desde hace mucho tiempo de la OPEP y de su capacidad para elevar los precios del petróleo y los costos de los combustibles para los consumidores estadounidenses.

Desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero y la líder interina del chavismo Delcy Rodríguez ganó el poder, las relaciones entre Washington y Caracas han pasado del aislamiento y la hostilidad a una asociación cada vez más estrecha, a medida que Trump ejerce una influencia significativa sobre el país y sus vastos recursos naturales.

El gobierno de Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas, reabrió la embajada de EE. UU. en Caracas y mantiene conversaciones directas con Rodríguez y sus principales ministros, utilizando una combinación de alivio de sanciones, acceso al financiamiento mundial y control sobre los ingresos petroleros para orientar la política. Chevron Corp., el segundo mayor productor de petróleo de EE. UU., acordó en abril un intercambio de activos con Venezuela que ampliará significativamente las operaciones de la compañía en el país.

Venezuela fue uno de los cinco productores de petróleo que fundaron la OPEP en 1960 y es ampliamente considerado el país más influyente en la creación del grupo, debido a los persistentes esfuerzos diplomáticos de su entonces ministro de Petróleo, Juan Pablo Pérez Alfonzo.

El cartel y sus socios han desempeñado desde entonces un papel significativo en los mercados mundiales de petróleo, desde el embargo petrolero árabe de la década de 1970 hasta los enormes recortes de producción que estabilizaron los precios y ayudaron a gran parte de la industria petrolera mundial durante la pandemia de coronavirus.

Venezuela también fue fundamental en el nacimiento de la OPEP+, la alianza formada en 2016 entre los principales miembros del cartel y países externos, incluida Rusia, que revitalizó a la organización, que entonces perdió relevancia.

En los últimos años, sin embargo, la influencia de la coalición parece haber vuelto a disminuir. Los productores de petróleo de esquisto de EE. UU. y otros competidores en todo el mundo han erosionado su capacidad para influir en los precios. Y los enormes descubrimientos en Guyana y Brasil han reducido su predominio sobre la producción.

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El presidente de la Reserva Federal (Fed) consideró este viernes que la inflación en Estados Unidos es “preocupante” y dijo que difícilmente podría calificar de “restrictiva” la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir las tasas de interés.

El banco central de Estados Unidos no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2% durante más de cinco años. Esta semana el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador preferido de la Reserva Federal, se situó en 3,7%.

En su primer discurso en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, en el oeste de Estados Unidos, Kevin Warsh dijo este viernes que en este momento el “enfoque predominante” de la Fed “debería centrarse en los precios”.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente”, señaló.

Con este panorama, y ante la cuestión de los tipos de interés, afirmó que “en su conjunto, difícilmente podría describir las condiciones financieras como restrictivas”.

La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés estables a lo largo de 2026, pero un grupo creciente de responsables de política monetaria reclama subir los tipos para combatir la inflación alimentada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y su guerra contra Irán.

En su última reunión de julio, la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios, pero una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité encargado de fijar las tasas expresó su desacuerdo y abogó por una subida inmediata.

En sus perspectivas económicas, Warsh también destacó algunos aspectos positivos.

“Me impresiona el desempeño general de la economía, que parece haberse fortalecido”, declaró, citando indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el gasto de los consumidores.

“Pleno empleo”

La Reserva Federal tiene un mandato doble: mantener la inflación a largo plazo en su objetivo del 2% y, al mismo tiempo, lograr el pleno empleo.

El desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante el último año, a pesar de las fluctuaciones en las cifras de creación de puestos de trabajo, debido principalmente a cambios demográficos impulsados por el envejecimiento de la población y una menor inmigración neta.

“En lo que respecta al aspecto del empleo dentro del mandato dual de la Reserva Federal, a nuestro país le va bien”, afirmó Warsh. El nivel actual de desempleo del 4,1% es “compatible con el pleno empleo”, dijo.

En su discurso Warsh también se refirió a los efectos de la inteligencia artificial sobre la economía estadounidense, calificando el momento actual como “un punto de inflexión en la historia”.

El banco central ha estado investigando el impacto de la IA en la productividad y el empleo a través de un grupo de trabajo creado por Warsh tras asumir su cargo a principios de este año.

El jerarca no hizo mención alguna a la independencia del banco central, objeto de ataques sin precedentes por parte de Trump desde que este asumió el cargo el año pasado.

A principios de este mes, el jefe de Estado renovó sus intentos de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y frecuentemente insultó y criticó al predecesor de Warsh, Jerome Powell, al exigir tipos de interés más bajos a pesar de la elevada inflación.

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El Gobierno radicó en el Congreso la segunda versión del Presupuesto General de la Nación 2027. El pasado 11 de agosto el Legislativo devolvió el proyecto que había radicado la administración de Gustavo Petro para que el Ministerio de Hacienda le hiciera cambios. La nueva versión trae sorpresas.

Petro radicó un presupuesto por COP 575,7 billones, con un hueco de COP 30,2 billones que debía llenarse con nuevos ingresos, principalmente de una reforma tributaria. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, afirmó que esa versión era una “chambonada” y defendió que el nuevo Gobierno presentaría un proyecto más sensato.

La versión definitiva contempla gastos por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que el proyecto que radicó Petro. “Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que el mercado esperaba una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que incrementó”, señaló César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Sin embargo, como reconoció el analista, el nuevo Gobierno sostiene que se están “sincerando” las cuentas frente a estimaciones que no se compadecían con la realidad fiscal.

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, aseguró a El Espectador que el presupuesto “es más realista, pero no más austero”. Frente al monto del presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), el de 2027 presenta un incremento del 14,2 %. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.

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El ministro Gómez defendió que no se pueden comparar los dos presupuestos, porque en el del gobierno Petro había partidas mal calculadas u omitidas.

El Ministerio de Hacienda mencionó algunos de los rubros que estaban desfinanciados en las cuentas que proponía Petro, principalmente COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Sobre el aumento en el servicio de la deuda, de COP 37,4 billones, la cartera sostiene que se debe a “la estrategia irresponsable de endeudamiento del gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo, cuyas tasas fueron más elevadas, y que sin embargo la administración previa no incorporó en sus cuentas”.

Para José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, el nuevo presupuesto refleja la realidad fiscal del país, pues los analistas y los inversionistas ya sabían que el gobierno Petro había presentado cifras para 2026 y 2027 que no eran creíbles. El problema, dice, es que al “sincerar las cifras” se evidencia que la situación es “mucho peor” de lo esperado. Ahora, desde su análisis, la pregunta es cuál es el esfuerzo fiscal que este Gobierno tendrá que hacer en recorte de gasto para que el presupuesto sea financiable.

De acuerdo con Mejía, el déficit que tendría que financiar el Gobierno sería cercano a los COP 200,4 billones, una cifra inédita. “Al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarían a unos COP 266,3 billones. La principal fuente serían COP 238,6 billones de nuevo endeudamiento, aproximadamente COP 150,9 billones de crédito interno, principalmente mediante TES, y COP 87,7 billones de crédito externo. También se contemplan ingresos tributarios, dividendos de entidades públicas, cooperación internacional y otros recursos de capital”, explicó el exdirector de Fedesarrollo.

El experto insiste en que parece ser una versión más responsable, pues elimina los COP 30,2 billones de ingresos condicionados a una reforma tributaria incierta y reconoce obligaciones que, de todas maneras, el Estado tendría que pagar. Eso no quiere decir, en palabras de Mejía, que sea más sostenible por dos razones: primero, aumenta considerablemente el tamaño del presupuesto, y segundo, sustituye esos ingresos hipotéticos con mayor endeudamiento.

En uno de los documentos que acompañan el presupuesto, el Gobierno estimó que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto. Sin esa modificación, el déficit habría alcanzado el 8,2% del PIB. Ambas cifras superan ampliamente lo que se había estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, presentado por la administración anterior.

El panorama se complica todavía más si hablamos del déficit fiscal estimado para 2027: 9,4 % del PIB. Este sería el nivel más alto de la historia reciente, incluso por encima del dato de 2020, el peor año de la pandemia (7,8 % del PIB).

Minhacienda defendió que el presupuesto es un “ejercicio de honestidad” y que se hizo un esfuerzo de austeridad en COP 17,5 billones, con reducciones en compras de bienes y servicios (COP 2,8 billones), inversión no prioritaria (COP 2,5 billones) y otras 250 líneas de gasto (COP 12 billones). El ministro Gómez también anticipó que se radicará en el Legislativo la “ley rescate”, que incluirá medidas para contener el crecimiento del gasto público y la deuda.

Cómo se reparte el dinero entre sectores

Como ya es costumbre en los presupuestos nacionales, el gran ganador en la repartición de la torta es el servicio de la deuda. Este rubro crece 54,7 % frente al presupuesto de 2026, pero también lo hace frente a la propuesta que dejó radicada la administración Petro (una expansión de casi 33 %).

Este crecimiento tiene sentido cuando, en aras de tener unas cuentas balanceadas (aun cuando en total están creciendo), se contempla una consecución de un nivel de deuda que, en palabras de un analista que prefiere no ser citado, “es una locura”.

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El siguiente renglón que captura la mayoría del crecimiento es el propio Ministerio de Hacienda, cuya asignación de recursos llega a cerca de COP 41 billones, con un crecimiento nominal de COP 14 billones frente al primer proyecto de presupuesto (52,8 % de más y casi 43 % más que en el documento aprobado para 2026).

Esto llama la atención si se tiene en cuenta que es una de las carteras desde donde se mueven rubros algo menos transparentes del presupuesto, conocidos como “de libre destinación”.

El tercer gran ganador es el Ministerio de Trabajo, que recibirá 12,4 % más que en el primer proyecto de presupuesto (bordeando los COP 59 billones), algo que se puede explicar, en parte al menos, por las cargas alrededor de iniciativas como la reforma pensional.

En el otro extremo de la recta, la entidad que más perdió nominalmente en esta repartición de recursos fue el Departamento de Prosperidad Social, con un recorte de más de COP 1,6 billones. Esto implica una disminución de recursos de apenas 0,5 % frente a lo que se presupuestó en 2026, pero representa una baja del 16 % de cara al proyecto del gobierno anterior.

Si se mira el asunto desde las disminuciones porcentuales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sufrió una baja del 37 % en su asignación de recursos frente al presupuesto de 2026 y del 39 % en comparación con la propuesta presupuestal de Petro.

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La administración De la Espriella presentó este jueves el Presupuesto General de la Nación para 2027.

Si le suena a que ya había escuchado acerca de la radicación del Presupuesto para el próximo año, no se equivoca: el gobierno Petro presentó, como ordena la ley, este documento a finales de julio. Pero en el primer examen de las Comisiones Económicas del Congreso, fue devuelto al Ejecutivo para que le ajusten el monto. Esto se hizo por pedido de la administración De la Espriella.

Aunque se esperaba que el monto disminuyera, el nuevo Presupuesto de la administración De la Espriella crece frente a la propuesta del gobierno Petro. Esto en medio de la emergencia económica decretada para hacerle frente a la crisis por el terremoto del 10 de agosto.

El documento radicado en el Congreso este jueves por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, establece un monto total de COP 634,9 billones. En su primera versión, el Presupuesto venía por COP 575,6 billones.

Frente al monto del Presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), la nueva propuesta del Gobierno presenta un incremento de 14,2 %.

En la sesión en la que se devolvió el Presupuesto para hacerle cambios a las cifras propuestas por la administración Petro, el ministro Gómez aseguró que el documento “muestra la crisis que dejó el Gobierno Petro: “es altísimo en funcionamiento, en otras palabras en gasto, está lleno de burocracia; es altísimo en servicio de la deuda, el más alto de la historia producto de habernos endeudado de manera irresponsable; en cambio, es paupérrimo en inversión”.

¿Cómo está distribuido el Presupuesto 2027?

• Funcionamiento: COP 392,5 billones, un aumento de 7,3 % frente al presupuesto vigente a junio de 2026.
• Servicio de la deuda: COP 155 billones, un aumento de 54,7 % frente al de 2026. Los intereses de la deuda crecieron 37, %.
• Inversión: COP 86,9 billones, una contracción de 2,8 % frente al de 2026. La inversión también baja como porcentaje del PIB (pasa de 4,4 % a 4,1 %).

El agudo momento fiscal de Colombia

Colombia atraviesa desde hace un par de años los peores déficits fiscales de su historia reciente, con la excepción de los años de pandemia. Ese deterioro ha venido acompañado de caídas en el recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.

A ese panorama se suman rebajas en las calificaciones crediticias, alzas en las tasas de interés que rigen la deuda externa y una inflación que no logra alcanzar la meta del Banco de la República y que, actualmente, se está acelerando.

Al mismo tiempo, el país ha mantenido un mejor ritmo de crecimiento económico —particularmente en el PIB—, un desempleo en niveles históricamente bajos y disminuciones en pobreza monetaria y multidimensional.

Y a todo este escenario hay que sumarle, claramente, el terremoto. Este choque presiona aún más las finanzas del país, pues se estima que la atención de los afectados y la reconstrucción requerirán unos COP 30 billones, monto que sería financiado en 60 % por el Estado (según primeros cálculos y modelos que tienen en cuenta el escenario del terremoto del Eje Cafetero, en los años 90).

Las últimas estimaciones del gobierno Petro indicaban que 2026 acabaría con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB. Sin embargo, la administración De la Espriella señala hacia 7,8 %. De cumplirse esta proyección, la cifra igualaría la de 2020, el momento más crítico de la pandemia. La comparación ayuda a entender el tamaño del abismo y del reto para las finanzas nacionales.

Justo esta semana, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló que es momento de “sincerar las cuentas”, a la vez que anunció que se presentará una ley fiscal que, más que recursos tributarios, buscará cortar el gasto y adelgazar el Estado.

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La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,7 % interanual en julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el índice PCE publicado este miércoles por el Departamento de Comercio.

Los inversionistas esperaban una ligera baja de los precios, a 3,6 % interanual, según el consenso de la firma Trading Economics.

La inflación se vio impulsada en julio por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) aumentó 3,7 % en la medición a 12 meses. En la medición mensual, el índice subió un 0,2 % respecto al mes pasado.

Lea:

Ambas cifras estuvieron en gran medida en línea con las expectativas de los analistas.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido Oriente Medio en el caos y ha hecho que los precios de la energía a nivel mundial se disparen, con Irán bloqueando prácticamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La administración Trump lidia con una crisis de precios desde que asumió el año pasado, crisis atizada por sus políticas arancelarias y la guerra contra Irán.

Los datos de inflación PCE del miércoles, aunque se mantuvieron estables con respecto a junio, siguen cerca de máximos en tres años.

La gestión de la economía por parte del republicano será una cuestión clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas buscan arrebatarle el control de ambas cámaras del Congreso.

La mirada de la Fed

El índice de precios PCE es el método preferido de medición de la inflación del banco central estadounidense, que pretende mantenerlo en un objetivo a largo plazo del 2 %.

La Reserva Federal no ha alcanzado ese objetivo desde hace más de cinco años, pero los datos del miércoles probablemente le den margen para mantener sus tasas de interés y no subirlas en su reunión de setiembre.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha dicho que la institución está centrada en combatir la inflación, y un grupo de responsables de política monetaria reclaman subidas de tipos de interés para lograrlo.

Subir las tasas encarece el crédito y desalienta de este modo el consumo y la inversión, lo cual reduce presiones sobre los precios.

Las familias estadounidenses sufren por los precios que suben hace años, desde la pandemia, y la inflación nunca ha vuelto al objetivo de la Fed debido a una serie de choques, incluidas las políticas arancelarias de Trump.

El mayor componente de la inflación PCE fue el rubro de bienes y servicios energéticos, cuyos precios aumentaron un 15,3 % en 12 meses. En mayo este dato era de 24,1 %.

Los precios de la gasolina son un asunto político sensible en Estados Unidos, y el precio medio de un galón de combustible regular (3,8 litros) ha subido un 37,5 % desde el inicio de la guerra.

Los precios del diésel -que se trasladan a los de muchos bienes debido al transporte de carga- han subido un 50 % en el mismo periodo.

El gasto de los consumidores aumentó sin embargo un 0,2 % en julio, según mostraron los nuevos datos del PCE. La mayoría de los incrementos se concentraron en los servicios, incluidos los de salud, vivienda, servicios financieros y seguros.

El gasto en las principales categorías de bienes disminuyó en el mes.

¿Y el PIB?

En un comunicado aparte, el Departamento de Comercio señaló que el crecimiento anualizado del PIB para el segundo trimestre de 2026 fue del 1,5 %, según la segunda estimación de la cifra. El dato no varió respecto a la primera estimación publicada a finales del mes pasado.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, dijo que las perspectivas de crecimiento del PIB seguían siendo sólidas a pesar de la elevada inflación.

“Los datos de gasto del consumidor de julio y de envíos de bienes duraderos básicos apuntan a una sólida tasa de crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que parece estar situándose al menos en el 3 %” anualizado, afirmó.

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Colombia va a estrenar sistema pensional en abril de 2027. La reforma del gobierno de Gustavo Petro entraba en vigencia el 1° de julio de 2025, pero dos semanas antes de esa fecha la Corte Constitucional decidió suspenderla y devolver el articulado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se subsanaran los vicios de trámite. A mediados del año pasado, el 28 de junio, la plenaria de Cámara le dio de nuevo el visto bueno al proyecto y durante casi 14 meses el país estuvo a la espera de una decisión final de la Corte.

Este martes, la Sala Plena del alto tribunal decidió que la mayoría de la ley se ajusta a la Constitución, pero devolvió varios componentes del articulado para que la Cámara de Representantes, en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la sentencia, corrija errores de trámite.

Los pilares del nuevo sistema, el corazón de la reforma, ya están aprobados. Entre los temas sensibles que quedaron en manos del Legislativo están las comisiones de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) y detalles de la administración del fondo de ahorro a cargo del Banco de la República. También quedó en vilo el artículo 93, que ordena condiciones diferenciales para pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, y las 50 semanas por hijo nacido para las mujeres que no cumplen los requisitos de pensión.

Si la Cámara, en el marco de los artículos que devolvió la Corte, aprueba diferencias frente a lo que salió del Senado, los textos pasarán a conciliación (este proceso debe hacerse en esta legislatura). Una vez cumplido el trámite, los magistrados revisarán otra vez el material y decidirán si se subsanaron los vicios. Mientras eso no suceda, los artículos que se devolvieron al Congreso no tendrán asegurada su entrada en vigencia junto con el resto del nuevo sistema.

Le recomendamos: El camino de la pensional: del “pupitrazo” de 2024 a la decisión de la Corte Constitucional

El camino de la pensional en el Congreso fue espinoso, pero la verdadera travesía vino después. El 14 de junio de 2024, la Cámara de Representantes decidió acoger el texto de la reforma que salió del Senado, pese a que en tercer debate (en la Comisión Séptima de Cámara) se habían hecho varios cambios. En ese momento, los miembros del Pacto Histórico defendieron que era el único camino para salvar la iniciativa, considerando que quedaba poco tiempo para que se acabara la legislatura y la oposición, como estrategia política, buscaba desarmar el quórum. Ese “pupitrazo” desencadenó dos años de espera.

Con la decisión de este martes se resuelve en buena parte el futuro de la reforma pensional, una de las banderas con las que Gustavo Petro gobernó por cuatro años.

“Tenemos reforma pensional, esa es la primera conclusión”, aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos. La cabeza del gremio reconoció que la estructura básica de la iniciativa ya está definida y que en los próximos 30 días serán fundamentales para terminar de concretar los detalles del nuevo sistema.

Velasco también destacó que la decisión del martes corresponde al análisis de constitucionalidad por vicios de forma, pero que la Corte Constitucional también podría revisar más adelante las demandas por posibles problemas de fondo.

¿Qué propone la reforma pensional?

El sistema de pilares busca aumentar la cobertura en un país en el que solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores. La propuesta incluye la creación del pilar solidario, que entregará una renta básica solidaria (cerca de COP 230.000) a las personas mayores sin pensión, y el semicontributivo, que ofrecerá una renta vitalicia para quienes cotizaron al sistema entre 300 y 1.000 semanas.

El proyecto incluye otros mecanismos para aumentar la cobertura del sistema, como la prestación anticipada, para que las mujeres con 62 años y los hombres con 65 años que tengan más de 1.000 semanas se puedan pensionar y se les siga descontando de la mesada el valor equivalente a las cotizaciones faltantes.

Otra de las grandes transformaciones que trae la reforma es la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados, un ajuste que eliminaría un componente de inequidad, pues actualmente hay personas que quedan en el lado del sistema que menos les conviene. En cambio, el régimen público y el privado serían complementarios: cuando entre en vigencia, todos los afiliados al sistema cotizarán en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos (COP 4.027.081 en 2026) y de ahí en adelante en alguna de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

La principal crítica al proyecto durante el trámite legislativo fue la sostenibilidad fiscal. Expertos y analistas han cuestionado la viabilidad del sistema de pilares con un umbral de 2,3 salarios mínimos de cotización en Colpensiones, pues personas que no son pobres recibirán un beneficio del Estado por la forma en la que se calculan las mesadas.

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Las preguntas clave sobre la reforma pensional

¿Qué va a pasar con las pensiones en Colombia? Por ahora, el sistema sigue bajo las reglas de la Ley 100 de 1993: los usuarios siguen afiliados a Colpensiones o a los fondos privados. Pero el 1° de abril de 2027 entrará en vigencia la reforma pensional.

Varios actores le habían pedido a la Corte Constitucional que, si había luz verde para la reforma, se definiera una entrada en vigencia posterior a la fecha en la que se conociera la decisión. Asofondos advirtió que, como varios de los procesos operativos y tecnológicos se suspendieron por la decisión de la Corte Constitucional, se necesitan al menos dos meses para terminar el alistamiento.

Para poder estructurar el fondo de ahorro, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, también envió una carta al alto tribunal. La solicitud la explicó en una entrevista con El Espectador: “La dificultad que tenemos es que para muchos de los pasos que debemos dar en el proceso de preparación correspondiente se necesita que la ley esté vigente. Le pedimos a la Corte Constitucional que, si la ley se declara exequible, tengamos siquiera tres meses a partir de que se conozca la sentencia de exequibilidad para terminar el alistamiento e iniciar el funcionamiento pleno del fondo de ahorro”.

Para implementar el nuevo sistema se han invertido recursos sustanciales. Los fondos privados dijeron el año pasado que invirtieron “millones de dólares”; Colpensiones no ha dado una cifra de cuánto destinó a las actualizaciones tecnológicas, ampliación de planta de personal entre otros ajustes para poner en marcha la pensional, pese a que este diario ha hecho la consulta en múltiples ocasiones, incluso por medio de derecho de petición.

Otro punto clave para los usuarios son los traslados entre Colpensiones y los fondos privados que habilitó la reforma.

La Ley 100 de 1993 establece que los afiliados sólo se pueden cambiar de régimen si están a más de 10 años de la edad para pensionarse. Es decir, bajo esas reglas, las mujeres mayores de 47 años y los hombres mayores de 52 años ya no se pueden trasladar. Pero el artículo 76, que la Corte Constitucional había dejado con vida en su primera decisión, estableció una excepción: hasta el 16 de julio de 2026, las personas a las que no les aplicaba la reforma (es decir, mujeres con 750 semanas cotizadas o más y hombres con 900 semanas o más) podían trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados, aunque estuvieran a menos de 10 años de la edad de pensión e incluso si ya habían cumplido la edad.

De acuerdo con las cifras que entregó Asofondos, más de 166.000 afiliados cambiaron de régimen en los dos años de plazo. Si usted se trasladó, puede estar tranquilo: el artículo 76 ya fue declarado exequible.

Los fondos privados, Colpensiones y otros actores del sistema están analizando la decisión de la Corte Constitucional para comprender sus alcances y poder retomar el alistamiento que había quedado en pausa.

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El dólar se mantiene entre los COP 3.000 y 3.100, con una relativa estabilidad.

Para el cierre de las negociaciones del martes, la divisa quedó en en COP 3.090, lo que se traduce en una escalada de de COP 33 frente al cierre del lunes (COP 3.057).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que rige las transacciones de este 25 de agosto, se ubica en COP 3.056,51.

En el último mes, el dólar acumula una caída de 4,29 %, lo que lo mantiene cada vez más cerca de la barrera de los COP 3.000. Según Rodrigo Lama, director de negocios de Global66, este fenómeno se ha visto reflejado en otras monedas emergentes, aunque el caso colombiano tiene un acento particular.

Los factores locales detrás del dólar

Una de las variables detrás de esa fortaleza del peso es el llamado carry trade: los inversionistas piden prestado dinero donde las tasas de interés son bajas para invertirlo donde son más altas, ganando con la diferencia.

Con las tasas del Banrep todavía en 12 %, Colombia sigue siendo un destino atractivo para esos capitales, lo que eleva la demanda de pesos y presiona la tasa de cambio a la baja.

Ese mismo factor, dice Lama, ha mantenido su peso incluso después del terremoto que dejó pérdidas estimadas en COP 30 billones.

Una primera lectura haría pensar que la incertidumbre generada por el desastre empujaría al dólar hacia arriba, pero eso no se ha visto en los días posteriores al sismo. Expertos consultados por este medio explican que el Gobierno probablemente financiará buena parte de esos gastos mediante deuda y no con un aumento de impuestos, lo que para los inversionistas podría traducirse en más oportunidades de inversión y, en consecuencia, en una mayor entrada de dólares al país.

La sacudida geopolítica

El precio del petróleo, clave para las exportaciones colombianas, también está en el radar de la cotización del dólar.

El crudo cayó este lunes tras dos semanas de avances (el Brent se ubicaba cerca de USD 93 por barril y el WTI cerca de USD 86), mientras el mercado espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, revele en las próximas horas los detalles del plan para aislar económicamente a Irán.

En un artículo de opinión publicado en Financial Times, Bessent calificó la iniciativa como “la mayor ofensiva financiera en la historia contra un país” y advirtió: “Los facilitadores de Irán compran y transportan su petróleo. Harían bien en considerar las consecuencias de seguir sosteniéndolo”.

A esto se suma la política monetaria en Estados Unidos. Lama considera que la inflación en ese país se está moderando de forma gradual, a la par de que el consumo empieza a dar señales de debilidad, lo que apunta a que la Reserva Federal difícilmente suba las tasas en septiembre. Tasas más altas en EE. UU. tienden a reducir los incentivos para algunos flujos de inversión internacional hacia economías emergentes como la colombiana, generando presiones al alza sobre el dólar; el escenario contrario, en cambio, tiende a favorecer al peso.

¿Qué podría pasar con el dólar?

No todos los análisis coinciden en que la tendencia bajista se mantenga. Davivienda advierte que, a pesar de que el peso colombiano acumula una apreciación del 20 % en lo corrido de 2026, la tasa de cambio enfrenta fuerzas que presionarán su cotización al alza.

“Factores como la decisión del Banco de la República de mantener inalterada su tasa de interés, el reciente retroceso en los precios del petróleo y la menor incidencia de la incertidumbre política local actuarán como determinantes alcistas para el precio del dólar”, explica la entidad.

A esto se suma el programa que anunció el Banco de la República para acumular hasta USD 4.000 millones en reservas internacionales durante los próximos dos años, que, si bien no busca modificar la tasa de cambio, sí podría limitar caídas fuertes del dólar.

Sobre el carry trade, Davivienda coincide en que el amplio diferencial de tasas de interés en Colombia mantiene el atractivo para la entrada de flujos de inversión, lo que podría generar presiones bajistas sobre la tasa de cambio en el corto plazo.

Sin embargo, advierte que los menores precios del petróleo impactarán de manera adversa los términos de intercambio del país. “Esta dinámica favorecerá la convergencia de la tasa de cambio hacia sus fundamentales macroeconómicos, razón por la cual reiteramos nuestra proyección para el cierre de año en COP 3.530”, puntualiza la entidad.

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El bitcoin superó este martes los 80.000 dólares por primera vez desde mayo, impulsado por la debilidad del dólar y las perspectivas legislativas favorables, mientras que los inversores ignoraron en gran medida las amenazas comerciales de Estados Unidos contra los socios de Irán.

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado subió un 1,12 % y alcanzó los 79.812,50 dólares, tras haber ganado casi una cuarta parte de su valor desde el miércoles y gracias al apoyo del presidente Donald Trump a la Ley CLARITY, un proyecto de ley para regular las monedas digitales en Estados Unidos.

Lea: Precio del dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este 25 de agosto.

Bitcoin también se beneficia del descenso en los rendimientos de los bonos estadounidenses tras el anuncio del Tesoro el miércoles de un programa ampliado de compra de bonos, lo que ejerce presión sobre el dólar.

Las repercusiones de esta intervención “reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar”, aunque esta conserva su posición como moneda dominante, señala Chris Beauchamp de IG.

Paralelamente a la preocupación por la deuda federal estadounidense, el analista observa que esta situación beneficia a activos alternativos al dólar, como las criptomonedas y el oro, si bien el metal precioso retrocedió ligeramente el martes.

Por su parte, el dólar se mantiene estable frente a las principales divisas, cediendo un 0,04 % frente a la moneda única europea, hasta situarse en 1,1669 dólares por euro.

El mercado de divisas permanece tranquilo ante la nueva ronda de sanciones denominadas “secundarias” anunciada el lunes por el ministro de Finanzas Scott Bessent, que no afecta directamente a Irán, sino a sus socios comerciales, en materia de oro, tecnología, activos digitales, aviación y transporte marítimo.

El gobierno estadounidense pretende “cortar todos los recursos económicos” a Irán y sus aliados, pero no ha especificado cuándo entrarán en vigor estas medidas ni a qué países impactarán.

“Crece el escepticismo sobre la voluntad de Bessent de cumplir su amenaza”, afirma Carol Kong, de CBA.

Además, el analista duda de que China, importante consumidor de petróleo iraní, “ceda a la presión estadounidense para cesar el comercio” con Irán, y cree que Washington “priorizará la estabilidad sobre la escalada en el periodo previo a la cumbre Trump-Xi del próximo mes”.

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El dólar cerró este lunes en COP 3.057, lo que se traduce en un repunte de COP 20,25 frente al cierre del viernes (COP 3.036,75). Sin embargo, en las primeras horas de la jornada el precio promedio ya cayó a COP 3.035,16.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que rige las transacciones de este lunes, se ubica en COP 3.048,12: una caída de COP 14,84 (-0,48 %) frente a la TRM del viernes, de 5,32 % (COP 171,19 menos) frente al mismo día del mes anterior y de 23,95 % (COP 959,95 menos) frente al mismo día del año pasado.

En el último mes, el dólar acumula una caída de 4,29 %, lo que lo mantiene cada vez más cerca de la barrera de los COP 3.000. Según Rodrigo Lama, director de negocios de Global66, este fenómeno se ha visto reflejado en otras monedas emergentes, aunque el caso colombiano tiene un acento particular.

El “imán” del carry trade

Una de las variables detrás de esa fortaleza del peso es el llamado carry trade: los inversionistas piden prestado dinero donde las tasas de interés son bajas para invertirlo donde son más altas, ganando con la diferencia.

Con las tasas del Banrep todavía en 12 %, Colombia sigue siendo un destino atractivo para esos capitales, lo que eleva la demanda de pesos y presiona la tasa de cambio a la baja.

Ese mismo factor, dice Lama, ha mantenido su peso incluso después del terremoto que dejó pérdidas estimadas en COP 30 billones.

Una primera lectura haría pensar que la incertidumbre generada por el desastre empujaría al dólar hacia arriba, pero eso no se ha visto en los días posteriores al sismo. Expertos consultados por este medio explican que el Gobierno probablemente financiará buena parte de esos gastos mediante deuda y no con un aumento de impuestos, lo que para los inversionistas podría traducirse en más oportunidades de inversión y, en consecuencia, en una mayor entrada de dólares al país.

La sombra de Ormuz

El precio del petróleo, clave para las exportaciones colombianas, también está en el radar de la cotización del dólar.

El crudo cayó este lunes tras dos semanas de avances (el Brent se ubicaba cerca de USD 93 por barril y el WTI cerca de USD 86), mientras el mercado espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, revele en las próximas horas los detalles del plan para aislar económicamente a Irán.

En un artículo de opinión publicado en Financial Times, Bessent calificó la iniciativa como “la mayor ofensiva financiera en la historia contra un país” y advirtió: “Los facilitadores de Irán compran y transportan su petróleo. Harían bien en considerar las consecuencias de seguir sosteniéndolo”.

A esto se suma la política monetaria en Estados Unidos. Lama considera que la inflación en ese país se está moderando de forma gradual, a la par de que el consumo empieza a dar señales de debilidad, lo que apunta a que la Reserva Federal difícilmente suba las tasas en septiembre. Tasas más altas en EE. UU. tienden a reducir los incentivos para algunos flujos de inversión internacional hacia economías emergentes como la colombiana, generando presiones al alza sobre el dólar; el escenario contrario, en cambio, tiende a favorecer al peso.

¿Qué podría pasar con el dólar?

No todos los análisis coinciden en que la tendencia bajista se mantenga. Davivienda advierte que, a pesar de que el peso colombiano acumula una apreciación del 20 % en lo corrido de 2026, la tasa de cambio enfrenta fuerzas que presionarán su cotización al alza.

“Factores como la decisión del Banco de la República de mantener inalterada su tasa de interés, el reciente retroceso en los precios del petróleo y la menor incidencia de la incertidumbre política local actuarán como determinantes alcistas para el precio del dólar”, explica la entidad.

A esto se suma el programa que anunció el Banco de la República para acumular hasta USD 4.000 millones en reservas internacionales durante los próximos dos años, que si bien no busca modificar la tasa de cambio, sí podría limitar caídas fuertes del dólar.

Sobre el carry trade, Davivienda coincide en que el amplio diferencial de tasas de interés en Colombia mantiene el atractivo para la entrada de flujos de inversión, lo que podría generar presiones bajistas sobre la tasa de cambio en el corto plazo. Sin embargo, advierte que los menores precios del petróleo impactarán de manera adversa los términos de intercambio del país. “Esta dinámica favorecerá la convergencia de la tasa de cambio hacia sus fundamentales macroeconómicos, razón por la cual reiteramos nuestra proyección para el cierre de año en COP 3.530”, puntualiza la entidad.

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El petróleo cayó este lunes, al inicio del mercado, después de dos semanas consecutivas de avances, a la espera de que Estados Unidos revele, más tarde, su plan para aislar económicamente a Irán.

El Brent bajaba a alrededor de USD 93 por barril, tras ganar cerca de 13 % en las últimas dos semanas, y el West Texas Intermediate se ubicaba cerca de USD 86.

¿Cómo luce el plan financiero de Estados Unidos contra Irán?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tiene previsto revelar los detalles del plan en una conferencia de prensa. En una entrevista con CNBC buscó, además, aumentar la presión sobre los aliados de Estados Unidos para que se sumen a la iniciativa.

El petróleo ha subido más de 50 % en lo corrido de este año, en momentos en que la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya lleva seis meses, restringe los suministros mundiales de crudo y de productos refinados.

No está claro, sin embargo, cómo Estados Unidos podría aumentar de manera significativa la presión económica sobre Teherán, más allá de apuntarle a China, el principal comprador del crudo del país miembro de la OPEP, con el riesgo de represalias que eso implica.

En un artículo de opinión publicado en Financial Times, Bessent calificó la iniciativa como “la mayor ofensiva financiera en la historia contra un país”. Allí también dijo: “Los facilitadores de Irán compran y transportan su petróleo. Harían bien en considerar las consecuencias de seguir sosteniéndolo”.

Efectos de largo alcance

Como señal de que los precios más altos podrían estar frenando la demanda de combustibles, Sinopec, la principal refinadora de China, reportó una caída de casi 8 % en el consumo de gasolina y de 12 % en el de diésel durante el primer semestre del año, atribuible a los precios elevados y al mayor uso de vehículos eléctricos.

El tránsito marítimo visible a través del estrecho de Ormuz sigue limitado, aunque Irán permitió que varios petroleros iraquíes cruzaran la vía tras una solicitud de Bagdad, según medios iraníes. Tanto Estados Unidos como Irán han insistido, cada uno por su lado, en que controlan el estrecho.

Los flujos de crudo en Medio Oriente, de todas formas, siguen afectados. Arabia Saudita se ha visto obligada a desviar el petróleo que carga en el mar Rojo hacia una ruta septentrional más segura, aunque más larga, después de que militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen atacaran embarcaciones que transitaban por el estrecho de Bab el-Mandeb, más al sur.

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