El Ministerio de Hacienda intercambió COP 10,3 billones en títulos de deuda pública interna para reducir los vencimientos que la Nación debe atender en 2026 y 2027. La operación disminuyó en COP 1,5 billones las amortizaciones previstas para este año y en COP 8,8 billones las de 2027, según informó la cartera. El alivio da más margen para administrar los pagos de la deuda, al cambiar títulos cortos por otros con plazos más largos.

La segunda operación de reperfilamiento del año tuvo un costo reportado de COP 467.000 millones, equivalente al 4,5 % del monto canjeado, es decir, la diferencia que deberá pagar entre los títulos que recibe y los que entrega la Nación.

El mecanismo busca disminuir el riesgo de refinanciamiento, que no es más que la posibilidad de que el Gobierno tenga dificultades para conseguir los recursos necesarios para pagar las obligaciones que llegan a vencimiento. Al trasladar pagos hacia fechas posteriores, Hacienda reduce la presión inmediata sobre la caja pública, pero mantiene compromisos para los siguientes años.

Un alivio concentrado en 2027

Con las dos operaciones realizadas, el Gobierno reporta un monto acumulado de COP 30,1 billones en títulos canjeados. De acuerdo con Hacienda, el programa ha reducido en COP 3,9 billones las amortizaciones de 2026 y en COP 26,2 billones las previstas para 2027. Esto equivale, según la cartera, a una disminución del 50 % de los vencimientos de 2026 y del 19 % de los de 2027.

La mayor parte del alivio se concentra, por tanto, en 2027. La estrategia busca distribuir las obligaciones en un horizonte más amplio y evitar que una porción elevada de los pagos se acumule en un periodo corto. La tercera y última operación del programa está prevista para el 19 de noviembre de este año.

El intercambio se realizó en dos tramos. En la subasta competitiva, los participantes presentaron ofertas por COP 7,5 billones y Hacienda adjudicó COP 6,2 billones, con una aceptación del 83 %. En el segundo tramo se adjudicaron otros COP 4,1 billones. Allí participaron creadores de mercado y la propia Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que intervino con títulos bajo su administración.

La operación también elevó la vida media de la deuda interna representada en títulos de tesorería (TES) de 10,14 a 10,21 años. El aumento fue de 0,07 años, alrededor de 26 días en promedio. Aunque el canje cambia el calendario de vencimientos de los títulos intercambiados, ese incremento de la vida media promedio fue limitado.

¿Qué significa para las cuentas públicas?

El reperfilamiento es una operación de manejo de pasivos, no una condonación ni una reducción automática del saldo de la deuda. La Resolución 2419 del 21 de octubre autorizó intercambiar títulos con menor vida media por otros con plazos más largos y estableció que la operación no debía incrementar el endeudamiento neto de la Nación.

La diferencia importa para leer el anuncio: el Gobierno reduce la concentración de pagos en el corto plazo, pero debe seguir atendiendo las obligaciones financieras asumidas. El costo reportado de COP 467.000 millones también debe considerarse al evaluar el beneficio de aplazar vencimientos.

La próxima ventana de intercambio, programada para noviembre, completará el programa de este año.

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La confianza del consumidor de EE. UU. bajó levemente en octubre a un mínimo de cinco meses, afectada por los altos precios y el aumento de las tasas de interés.

El índice final de confianza de la Universidad de Michigan descendió a 48 desde 48,1 en septiembre, según la encuesta publicada el viernes. Aun así, el dato mejoró frente a la lectura preliminar y superó todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas.

Los consumidores esperan que los precios aumenten 4,7 % durante el próximo año, frente a 4,6 % el mes anterior. También prevén que los costos suban a una tasa anual de 3,5 % durante los próximos cinco a 10 años. Ambas cifras fueron las más altas desde mayo.

“Después de cinco años de inflación por encima del objetivo, las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo han aumentado en los últimos meses, lo que pone de manifiesto el riesgo de que las elevadas expectativas de inflación se arraiguen”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

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La confianza del consumidor continuó deteriorándose en octubre en medio de una inflación persistente, una contratación débil y elevadas tasas hipotecarias. Los precios de la gasolina se mantienen muy por encima de USD 4 por galón, agravando el descontento de larga data por el costo de vida.

En los últimos meses, los aumentos de precios han superado las alzas salariales, ejerciendo mayor presión sobre los presupuestos de los hogares. Datos publicados la semana pasada mostraron que los precios al consumidor aumentaron en septiembre al ritmo más rápido en cinco meses.

Los temas económicos, como el costo de vida, siguen ocupando un lugar central para los estadounidenses en la recta final de las campañas para las elecciones de mitad de mandato.

“Los consumidores de todas las tendencias políticas coinciden en que la inflación representa, por amplio margen, un riesgo mayor para la economía durante el próximo año que el desempleo”, dijo Hsu.

La confianza entre demócratas y republicanos mejoró ligeramente en octubre, mientras que entre los independientes cayó por tercer mes consecutivo.

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Un indicador de las condiciones para comprar bienes duraderos cayó a un mínimo histórico en octubre, y el informe atribuyó el descenso al aumento de las tasas de interés y a la creciente preocupación por la asequibilidad. Casi 70 % de los consumidores espera que las tasas de interés aumenten durante el próximo año, la proporción más alta en más de tres años.

El indicador de condiciones actuales cayó al segundo nivel más bajo desde que existen registros, mientras que el índice de expectativas de los consumidores mejoró por primera vez desde julio.

El período de la encuesta incluye respuestas recopiladas entre el 22 de septiembre y el 19 de octubre.

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El Gobierno publicó el Decreto 1585, "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de
la vigencia fiscal de 2026 y se dictan otras disposiciones". Se trata de un recorte de COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

El documento reconoce que estaba contemplado un recorte presupuestal mayor, de hasta COP 21,9 billones, según la autorización conferida por el Consejo de ministros en su sesión del 29 de agosto de 2026. Aunque el Gobierno anuncia que hará otro.

Que se reduzca el monto para el año vigente responde a la necesidad del Gobierno de reducir el déficit fiscal de este año porque, de no tomar medidas, el déficit podría llegar a COP 8,2 % del PIB, una cifra que sería histórica para el país. Pero con el recorte y la Ley de Rescate Económico, que se debe presentar pronto en el Congreso, tendría que reducirse el déficit a 7,2 % del PIB, que sigue siendo un valor alto y que de todas formas está cercano al valor alcanzado durante la pandemia.

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"El Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, ordenó, entre otros aspectos, a la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que adelantaran el trámite correspondiente, para la expedición de un decreto de reducción o aplazamiento de las apropiaciones del PGN para la vigencia 2026, hasta por el monto que resulte necesario para cumplir con 'los requerimientos constitucionales y legales'", establece el documento.

Además, el decreto se fundamenta en que el Ministerio de Hacienda estimó que los recaudos del año son inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deben pagarse con cargo a tales recursos.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, el recorte se centró, entre otros, en la eliminación en compras de bienes y servicios que no eran indispensables, la reducción de contratos de prestación de servicios, y la no realización de procesos de contratación cuya planeación estuviera desfasada.

Este recorte comprende:

• 3 billones de pesos menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y compras innecesarias.
• 4 billones de pesos menos en servicio de la deuda.
• 6,8 billones de pesos menos en inversión: recursos de contratos que ya no alcanzarán a ejecutarse o que no son prioritarios.

Los sectores con más recorte

El Ministerio de Hacienda reiteró que el ajuste no es una medida aislada, sino el primer paso de una estrategia más amplia de saneamiento de las finanzas públicas, que continuará con la presentación de la Ley de Rescate Económico ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el consolidado del Ministerio de Hacienda, estas algunos de los sectores con mayores aportes a la reducción del gasto y concentran aproximadamente COP 5,78 billones, lo que representa cerca del 42 % del ajuste total.

A este esfuerzo se sumaron otras 15 entidades con reducciones presupuestales de entre COP 100.000 millones y COP 260.000 millones. Entre ellas se destacan:

• Superintendencia de Notariado y Registro (COP 258.610 millones)
• Ministerio de Hacienda (COP 251.880 millones)
• Departamento Nacional de Planeación (COP 249.550 millones)
• Presidencia de la República (COP 191.670 millones).
• Ministerio de Minas y Energía (COP 180.860 millones)
• Procuraduría General de la Nación (COP 160.000 millones)
• Agencia Nacional de Hidrocarburos (COP 155.380 millones)
• Superintendencia Nacional de Salud (COP 117.580 millones)

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El Gobierno ya definió en qué se va a gastar la plata del Estado el próximo año. En la noche de este jueves se conoció el decreto del presupuesto de 2027, cuyo monto total es de COP 634,95 billones.

La mayor parte, COP 391,38 billones, es para funcionamiento; otros COP 155,43 billones se irán en pagar deuda y COP 88,14 billones, en inversión. Es el mismo monto y la misma distribución que aprobaron las comisiones económicas del Congreso en primer debate, como lo confirmó el Ministerio de Hacienda.

Sin contar la deuda, el sector que más recibe es Educación, con COP 93 billones. Le sigue Salud y Protección Social, con COP 81,56 billones, que incluyen COP 2 billones adicionados en primer debate. Defensa y Policía suman COP 74,90 billones, y Trabajo, un sector que incorpora las obligaciones pensionales, COP 67,42 billones.

Más abajo en la lista están Hacienda, con COP 41,95 billones; Inclusión Social y Reconciliación, con COP 25,19 billones; Transporte, con COP 21,67 billones, y Minas y Energía, con COP 7,51 billones.

¿Por qué el Gobierno decretó el presupuesto 2027?

Todo viene de un error de trámite. Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron dos textos distintos para el artículo 65 del proyecto, el que habla de las coberturas para reducir el impacto fiscal de las variaciones en el precio del petróleo, los combustibles y el dólar. Los textos no se conciliaron antes de que venciera el plazo y no fue posible expedir la ley del presupuesto a tiempo.

El martes, tanto en el legislativo como en el Gobierno, se creía que los documentos aprobados en Cámara y Senado eran idénticos, pero había una diferencia. En el Senado se aprobó el artículo 65 sin ajustes. Sin embargo, asesores del Ejecutivo, que debían verificar estos procedimientos, incluyeron una proposición en el texto final que se envió a la Cámara. En la votación de la madrugada del 20 de octubre, pasadas las 3:00 de la mañana, la plenaria de esa corporación le dio el sí al presupuesto sin percatarse de esa diferencia.

En contexto: Lo que se perdió en el presupuesto 2027 por un error de trámite

La proposición era del senador Juan Fernando Caicedo y agregaba dos parágrafos al artículo. Él explicó que, como el Senado ya lo había aprobado, para votarla había que reabrir la discusión. Para evitar que se dilatara el debate, la retiró y la dejó como constancia. Pero el texto que aprobó la Cámara sí la incluyó.

El plazo para expedir el presupuesto vencía a la medianoche del 20 de octubre. Si el Congreso no lo hace para entonces, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que cita el decreto, dispone que rige el proyecto del Gobierno "incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate". Por eso el Gobierno pudo decretarlo, y por eso los cambios de las plenarias no se aplican.

El error abrió un debate jurídico. Congresistas y expertos plantearon dos posturas. Unos sostuvieron que se cayeron todos los ajustes del segundo debate, porque el Congreso no logró conciliar los textos a tiempo. Otros defendieron que el problema solo afectaba al artículo 65, y que el Gobierno podía decretar el presupuesto sin ese ajuste, aun con el riesgo de demandas. El Gobierno se inclinó por la primera.

(El presupuesto) "No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo, en el que hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado, que no alcanzó a ser conciliado, es necesario ratificar que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, regirá el proyecto que el Gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate", dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo en un pronunciamiento.

¿Qué dice el artículo 65 del decreto del presupuesto 2027?

El artículo 65 del presupuesto 2027 es el que quedó en el centro del impase del proyecto en el legislativo. El decreto lo incorpora sin los dos parágrafos que proponía Caicedo, y esto es lo que dice textualmente:

"Las operaciones de cobertura previstas en los artículos 129 de la Ley 2010 de 2019 - Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal- y 33 de la Ley 1955 de 2019 -Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles- se podrán estructurar, contratar y ejecutar en forma conjunta, como parte de un programa integral de mitigación de los riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso colombiano por el dólar estadounidense. Los costos generados por la ejecución de dichas operaciones se podrán asumir con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación cuando los recursos disponibles en dichos fondos sean insuficientes. Las operaciones de cobertura de que trata el presente artículo se podrán administrar por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a través de cuentas independientes mientras son incorporadas a los fondos respectivos. En caso de percibirse recursos en virtud de las operaciones de cobertura, estos podrán ser incorporados en los estados financieros del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal - FEIF para posterior utilización de los mismos".

En palabras sencillas, el artículo permite manejar de forma conjunta las coberturas de los dos fondos y, si la plata de esos fondos no alcanza, pagar los costos con el presupuesto del servicio de la deuda.

¿Qué sigue tras el decreto del presupuesto 2027?

En el comunicado, José Manuel Restrepo aclaró que el presupuesto fue discutido y aprobado mayoritariamente tanto en la Cámara como en el Senado. El vicepresidente envió además un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, los tenedores de bonos y la comunidad financiera internacional: "este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país".

Restrepo anunció también que el Gobierno continuará con la preparación del proyecto de la llamada "ley de rescate", que será presentado próximamente al Congreso. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo esta semana que dicha ley buscará un ajuste desde el enfoque del gasto y que ya está "prácticamente lista".

A finales de agosto, el Ministerio de Hacienda calculó que el déficit fiscal de este año sería de 8,2 % del PIB, y prometió que con un recorte de COP 21,9 billones, que todavía no se ha materializado, bajaría a 7,2 %. Para 2027, el cálculo es que el déficit quedaría en 7,2 % con la ley de rescate, que implicaría un recorte de COP 45 billones en el gasto. Sin ajuste, el déficit podría llegar al 9,4 % del PIB.

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En 2004, la economista Stefanie Stantcheva, de la Universidad de Harvard, publicó un documento en el que buscaba arrojar más luces sobre una pregunta que, aunque puede parecer obvia, viene rondando a investigadores y economistas desde hace varias décadas: por qué a la gente no le gusta la inflación.

Entre sus hallazgos, Stantcheva reportó que, al preguntarle a la gente por qué sube el costo de vida, las respuestas terminaron yendo más por el lado de echarle la culpa a los gobiernos, a las empresas, a la avaricia del sistema y así. El término banco central brilló por su ausencia, a pesar del rol central de estas instituciones en controlar los aumentos de precios y mantener el valor de la moneda, entre otros asuntos de gran calado.

Esta suerte de desconexión entre tareas y percepción pública de estas instituciones puede explicar por qué Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se paró este jueves en frente del pleno del Congreso Colombiano de la Construcción para explicar un poco el porqué hace lo que hace, especialmente alrededor de las tasas de interés: perdón por los golpes, fueron con cariño.

Una de las palabras en las que más insistió Villar durante su discurso de poco menos de una hora (una de las intervenciones planilladas en la agenda del evento que gozaron de más tiempo) fue confianza. “La tarea de Villar es difícil porque esos discursos de credibilidad tienen una sola audiencia; al ciudadano de a pie lo tienen sin cuidado, no tiene una historia que vincule lo que hace el Banco con la inflación”, explicó Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario.

En este caso, la audiencia que Villar tenía al frente era un auditorio pleno con empresarios a quienes cada punto básico en tasas de interés les puede restar clientes potenciales (compradores de vivienda) o encarecer toda su ecuación de subsistencia (créditos para comprar maquinaria, para financiar compras de predios y así).

Ante esta audiencia que bien podría calificarse como delicada, si se quiere, Villar defendió la estrategia que la entidad persigue desde 1999: centrarse en el control de la inflación mediante el uso de tasas de interés, por encima de perseguir estabilidad en tasa de cambio; el cambio de enfoque vino después de un colapso ciertamente tan doloroso como espectacular, que a finales de los años 90 se llevó por delante buena parte de la economía, y con especial saña a la construcción.

Para este punto de la historia, el nivel actual de las tasas de interés (12,25 %, con un último incremento de 0,25 % en septiembre) se encuentra a la par del registrado en marzo de 2024, un año exacto después del pico de inflación pospandemia (más de 13 % para marzo de 2023).

Y si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual (6,29 %) se encuentra en la mitad de la cima registrada en 2023, y más de un punto porcentual entero por debajo del de marzo de 2024 (7,36 %), las tasas muestran una clara curva de ascenso desde principio de este año.

“Somos conscientes de las dificultades por las que ha atravesado la construcción de vivienda, entre esas las asociadas a las tasas de interés particularmente altas”, dijo Villar durante su intervención en el congreso organizado por Camacol en Cartagena.

Pero a la vez defendió el curso de acción, conectando, cómo no, con la palabra confianza: una baja de tasas en un entorno en el que la inflación duplica la meta del Banco (establecida en 3 %) podría generar una expectativa de mayor crecimiento de precios hacia el futuro, lo que, a su vez, termina por impulsar las expectativas de las tasas de crédito de largo plazo.

Y es por acá que se ajusta la ecuación del mercado de vivienda: si la gente cree que la inflación se va a mantener alrededor de la meta de 3 % porque hay instituciones que garantizan esto, es mucho más fácil ver que las expectativas de las tasas de interés de largo plazo comiencen a bajar, argumentó Villar.

En otras palabras: los dolores de hoy ayudan a meter en cintura potenciales problemas para un mañana en el que se juega ampliamente el éxito de un sector que llegó a representar 5 % del PIB en términos de inversión.

Además de argumentar por esta vía, Villar también recalcó que el crítico escenario fiscal que enfrenta el país (con un déficit que, en el mejor de los casos, cerrará el año en niveles de pandemia) también ayuda a perjudicar los créditos de largo plazo en los que se juega la venta de vivienda nueva.

En la medida en la que los títulos de deuda del Gobierno se venden con mayores rendimientos en intereses (por cosas como el escenario fiscal), estos instrumentos resultan más atractivos para el retorno de los inversionistas que financiar la construcción de vivienda. Un asunto está halando al otro, en una suerte de espiral que no para de crecer. Y, así, según el gerente del Banrep, las tasas de interés de los créditos de vivienda están (por el momento, al menos) más asociadas a las tasas de los títulos de deuda que a las fijadas por el Banco de la República en sus decisiones de junta directiva.

Y bajo esta visión se entiende mucho más que el discurso alrededor de la confianza haya tenido como audiencia justamente miles de constructores y empresas conexas.

A diferencia del ciudadano de a pie, que puede no tener en mente a los bancos centrales cuando piensa en inflación, los constructores reunidos en Cartagena entienden perfectamente el argumento de Villar. No se les escapa la lógica de las expectativas, la curva de tasas, el peso del déficit fiscal. El problema no es de comprensión, sino casi que de una mezcla entre paciencia y esperanza: saber que la decisión es técnicamente correcta no hace menos costoso cargar con ella mientras tanto.

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Las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos por los aranceles siguen sobre la mesa y, según el Gobierno De la Espriella, antes de terminar el 2026 podría haber un acuerdo. Así lo anunció el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, en declaraciones a medios de comunicación (incluido El Espectador). De acuerdo con el funcionario, hay negociadores sentados a la mesa revisando el texto artículo por artículo. La idea es que el acuerdo se anuncie en las próximas semanas y se firme en diciembre, según dijo Gómez Amín esta semana.

¿Estados Unidos quitará los aranceles?

Gómez Amín contó que la semana pasada estuvo en Washington, junto con la embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, en un diálogo "sincero" con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Según el ministro, las conversaciones avanzan y buscan lo que más le conviene "a ambos países".

El funcionario agregó que el acuerdo en discusión es de carácter recíproco. Este acuerdo se sumaría al tratado de libre comercio (TLC) que los dos países tienen desde 2012.

¿Qué aranceles aplica Estados Unidos a los productos colombianos?

Desde el pasado 24 de julio rige un arancel adicional de 12,5 % a los productos originarios de Colombia que ingresan a Estados Unidos. Este gravamen reemplazó el recargo temporal de 10 % vigente desde febrero y lo pagan incluso productos que entraban sin arancel por el TLC, salvo los exceptuados, entre ellos el café y el carbón.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) lo impuso porque consideró que Colombia no había adoptado ni aplicado de forma efectiva una prohibición a la importación de bienes hechos con trabajo forzoso. El Gobierno De la Espriella expidió después el Decreto 1444 de 2026 con esa prohibición, pero el retiro de aranceles depende de la USTR.

Según cálculos de AmCham Colombia, un 20,8 % de las exportaciones colombianas a Estados Unidos paga actualmente el recargo de 12,5 %.

Durante un foro en la Universidad Externado de Colombia, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), explicó este jueves que el TLC con Estados Unidos sigue siendo una plataforma fundamental para la relación entre los dos países, incluso con los cambios en la política arancelaria estadounidense. Según dijo, ha permitido que 72,8 % de la canasta exportadora colombiana mantenga un arancel de 0 % y que las conversaciones se den dentro de un marco institucional establecido, algo que otras economías no tienen.

También destacó el peso de Estados Unidos como principal inversionista extranjero en el país: más de 750 empresas estadounidenses han contribuido a generar más de 150.000 empleos.

¿Qué otros acuerdos comerciales vienen en camino?

Gómez Amín confirmó que el 11 de diciembre Colombia firmará un acuerdo comercial con El Salvador. También habló de Japón, con quien el país negocia desde hace años un Acuerdo de Asociación Económica, un tratado comercial que ha estado en la agenda de varios gobiernos.

Cabe recordar que el pasado 27 de agosto, Colombia y Japón acordaron instruir a sus equipos técnicos para reactivar las conversaciones. Según la embajada de Colombia en Japón, buena parte del texto ya estaba negociado, aunque aún quedan temas por cerrar.

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A inicios de septiembre, el Banco de la República publicó sus Boletines Económicos Regionales (BER) del segundo trimestre de 2026, que describen el comportamiento de la economía entre abril y junio. El pasado 21 de octubre, la entidad divulgó el Pulso Económico Regional (PER) del tercer trimestre, con información sobre julio, agosto y septiembre.

Leídos en conjunto, ambos informes muestran una economía en la que el consumo de los hogares sostuvo parte de la actividad, mientras la industria, la construcción y el agro enfrentaron dificultades que se acentuaron durante el tercer trimestre.

Aunque los dos documentos analizan el desempeño económico del país y sus regiones, tienen una diferencia importante. Los BER presentan un análisis de la actividad económica, mientras que el PER recoge la percepción de empresas, establecimientos, gremios e instituciones que desarrollan actividades económicas en siete regiones. Por eso, sus resultados permiten identificar tendencias y dificultades, pero no equivalen por sí solos a una medición exacta del crecimiento económico.

El BER y el PER estudian Bogotá-Cundinamarca; la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre); la Central Cafetera (Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima); Noroccidente (Antioquia y Chocó); Nororiente (Santander, Norte de Santander, Arauca y Boyacá); Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada), y Suroccidente (Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca).

Los BER del segundo trimestre muestran que el consumo de los hogares impulsó la actividad económica, aunque no compensó las dificultades de sectores como la industria, la construcción y el agro. También hubo diferencias entre regiones: las manufacturas retrocedieron en Bogotá-Cundinamarca y la Costa Caribe, pero crecieron en Nororiente, Noroccidente y Suroccidente.

En los Boletines Económicos Regionales del segundo trimestre de 2026 (abril a junio) se observa que el consumo de los hogares impulsó la actividad económica, pero no logró compensar todas las dificultades de la industria, la construcción y el sector agropecuario. 

Los boletines permiten conocer las condiciones económicas regionales previas al terremoto del 10 de agosto, pero no medir sus consecuencias. Para esto último, el PER del tercer trimestre aporta indicios sobre los efectos del sismo y las condiciones climáticas. Según este informe, la actividad perdió dinamismo en todas las regiones frente al trimestre anterior.

Entre julio y septiembre, por ejemplo, continuaron avanzando las ventas de carros y motos, pero la industria se enfrentó a una demanda débil, costos elevados y daños asociados al terremoto.

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El consumo de los hogares y la vivienda

Según el análisis del banco del segundo trimestre, el consumo de los hogares desempeñó un papel fundamental en el crecimiento económico porque en varias regiones se impulsaron las ventas de bienes como carros, motos, televisores y equipos tecnológicos. 

En Bogotá-Cundinamarca aumentaron las ventas minoristas y las importaciones de bienes de consumo, especialmente carros eléctricos y productos tecnológicos. En Antioquia, la comercialización de vehículos también impulsó el comercio, favorecida por una mayor disponibilidad de inventarios y las estrategias de venta de las empresas.

Sin embargo, aunque el comercio impulsado por los hogares tuvo un incremento, la construcción residencial tuvo una disminución.

En las siete regiones estudiadas, la venta de vivienda nueva disminuyó frente al mismo trimestre (II) del año 2025. Por ejemplo, en regiones como Bogotá-Cundinamarca, la Costa Caribe, el Nororiente y el Suroriente se vendieron menos casas o apartamentos nuevos, pero sí aumentó el área construida a partir de obras ya iniciadas. 

Hubo un “menor avance de las construcciones residenciales, en especial de apartamentos. La reducción fue marcada en Cundinamarca, mientras que el crecimiento del área causada (avance de las obras medido en metros cuadrados) en Bogotá moderó la caída regional”, afirma el boletín. 

En Nororiente, los despachos de cemento y el licenciamiento mostraron aumentos, pese a la disminución de las ventas de vivienda nueva, principalmente por la caída del segmento de interés social en Santander. En Suroriente, mientras avanzaban proyectos en curso, el licenciamiento y las ventas seguían descendiendo.

La situación se debilitó durante el tercer trimestre. El PER reportó una reducción acentuada en la venta de vivienda nueva, asociada a una menor demanda, a los daños en la infraestructura provocados por el terremoto y a una “mayor cautela de gasto”.

Pese a la pérdida general de dinamismo, Bogotá y Nororiente conservaron variaciones anuales positivas, según el indicador. El Banco de la República relaciona ese comportamiento con actividades como la industria, el transporte y el comercio, este último impulsado también por las donaciones destinadas a ayudar a las personas afectadas por el sismo.

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El clima y los cultivos también influyen

Las condiciones climáticas y los problemas de movilidad también afectaron la actividad agropecuaria durante el segundo trimestre. En la Costa Caribe, la falta de lluvias redujo el abastecimiento de algunas frutas y hortalizas y afectó el acopio de leche. En Nororiente, las lluvias y los bloqueos viales de abril dificultaron el transporte de ganado, redujeron la oferta de algunos productos e incidieron en sus precios al consumidor.

En Noroccidente, la mayoría de los rubros agropecuarios registró descensos relacionados con condiciones climáticas desfavorables. En la región Central Cafetera aumentaron los despachos de alimentos hacia las centrales mayoristas, pero cayó la producción de arroz por una menor área sembrada.

El café también mostró señales de dificultad. Durante el segundo trimestre disminuyó el valor de sus exportaciones en la región Central Cafetera, aunque aumentó la recolección. Para el tercer trimestre, las cifras nacionales de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) mostraron que entre enero y septiembre de 2026 Colombia exportó 8,45 millones de sacos de café de 60 kilogramos, una caída del 13,8 % frente a los 9,80 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La asociación también ha señalado que el precio del dólar influye en el comportamiento de las exportaciones. Según sus cifras, en 2025 se exportaron 13,14 millones de sacos por un valor de COP 20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de COP 4.052,71 por dólar. En 2026, el dólar se ha situado alrededor de COP 3.503.

Durante el tercer trimestre, el terremoto y las altas temperaturas afectaron la producción agropecuaria, según el PER. Suroccidente y Central Cafetera, dos de las regiones más golpeadas por el sismo, estuvieron entre las que afrontaron mayores impactos en el agro. Antioquia, la Costa Caribe y los Llanos Orientales también registraron descensos asociados a los efectos del fenómeno de El Niño, entre ellos las altas temperaturas y la menor disponibilidad de agua.

Una de las conclusiones del Banco de la República para el segundo trimestre fue que cada región creció o decreció a ritmos distintos. Ahora bien, en el tercer trimestre el resultado es similar, pero definitivamente el impacto del sismo afectó el dinamismo económico que, según el PER, estuvo en detrimento en todas las regiones.

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Los hogares siguen gastando más, pero el consumo avanza a un ritmo menor y depende cada vez más de una fuente que también implica obligaciones futuras: el crédito. En septiembre, el gasto real aumentó 2,69 % frente al mismo mes de 2025, mientras que un año atrás había crecido 4,59 %, según la medición de Gastometría de Raddar.

La desaceleración en este indicador es fundamental para lo que serían las próximas decisiones de política pública, ya que el gasto familiar refleja tanto la capacidad de compra como el margen que queda para afrontar otros costos del hogar.

En pesos corrientes, Raddar calculó el gasto de septiembre en COP 104,68 billones, frente a COP 95,92 billones en el mismo mes de 2025, un incremento de 9,14 %. Pero esa cifra incorpora el efecto de los precios. Al descontarlo, el crecimiento real fue de 2,69 %, una medida más útil para observar cuánto aumentó el gasto en términos de poder de compra.

La moderación también aparece en el acumulado del año. Entre enero y septiembre, el gasto real creció 2,60 %, frente al 3,75 % registrado en igual periodo de 2025. En el tercer trimestre, el avance fue de 2,46 %. Aunque el consumo conserva terreno positivo, las cifras muestran que ha perdido velocidad respecto del año pasado.

El crédito sostiene parte del gasto

Uno de los movimientos más destacados del informe es el crecimiento de las colocaciones de crédito. La suma de los préstamos de consumo, los de libre destinación, las tarjetas de crédito y los hipotecarios aumentó 14,8 % anual en septiembre. Dentro de ese conjunto, las colocaciones con tarjeta de crédito crecieron 26 %.

En ese sentido, el dinamismo existe, pero aún falta aclarar de qué manera la falta de ingresos acrecienta el acceso a crédito, en un momento en que, de todos modos, pese a las tasas altas, los hogares continuarán las compras propias de consumo.

Ahora bien, el tema es cuánto tiempo se puede mantener ese ritmo: si financian las compras, se vuelve más costoso en el tiempo, y sí o sí deberán destinar una mayor parte del bolsillo al pago de deudas, ya no al consumo.

Raddar advierte que las condiciones de crédito y las presiones sobre los precios podrían hacer más exigente el cierre del año. La temporada de compras de fin de año puede impulsar el gasto, pero esa posibilidad no elimina los riesgos que identifica la firma.

Ingresos que mejoran, empleo bajo presión

Las señales sobre los ingresos son mixtas. Según Raddar, la capacidad de compra del salario mínimo, descontada la inflación, aumentó 15,7 % anual. Los ingresos reales por persona ocupada también crecieron, 2,23 %, y completaron cuatro meses consecutivos de avance.

Sin embargo, el informe recoge cifras del mercado laboral que apuntan en otra dirección. En agosto de 2026, Colombia tenía 126.000 ocupados menos que en agosto de 2025. Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas aumentó en 207.000 y el de personas por fuera de la fuerza laboral creció en 468.000.

Las cifras advierten que la evolución de los ingresos no depende únicamente de cuánto ganan quienes tienen empleo, sino también de cuántas personas logran conservarlo o encontrarlo. Si esa base se debilita, el consumo de los hogares puede enfrentar nuevas restricciones.

Los alimentos presionan el presupuesto

La distribución del gasto ofrece otra pista sobre las decisiones de las familias. En septiembre, el gasto real en alimentos para el hogar aumentó 4,16 % anual, por encima del crecimiento total. Raddar señala que los alimentos representan más del 30 % del gasto de los hogares, por lo que su comportamiento resulta especialmente relevante para el presupuesto familiar.

Entre otras categorías, el gasto real creció 2,64 % en entretenimiento, 2,60 % en moda y 2,14 % en electrodomésticos.

De fondo, los datos de Raddar muestran que el gasto continúa creciendo, pero más despacio; el crédito conserva fuerza y el mercado laboral presenta señales de alerta.

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El Presupuesto General de la Nación de 2027 quedó en COP 634,9 billones, pero su distribución será distinta de la que habían acordado las plenarias de Senado y Cámara. Después de un error de trámite que impidió conciliar los textos aprobados por ambas corporaciones, el Gobierno anunció que decretará el documento que salió del primer debate en las comisiones económicas. La decisión deja por fuera los cambios introducidos en la última etapa de discusión, incluidos aumentos para sectores que habían reclamado más recursos.

Entre las partidas que ya no recibirán esos incrementos están salud, que habría obtenido COP 3 billones adicionales; pensiones, con COP 6,5 billones; subsidios de energía y gas, con COP 3 billones, y el funcionamiento de las universidades públicas, con COP 700.000 millones. También se pierde el aumento de COP 100.000 millones para el Icetex y el de COP 7.000 millones para programas de Prosperidad Social.

Los cambios no alteran el monto total del presupuesto. Durante el segundo debate, las plenarias habían acordado reducir en más de COP 11 billones los recursos destinados al servicio de la deuda para trasladarlos a otros rubros. Al regresar al texto aprobado en primer debate, esa redistribución deja de aplicarse: los recursos vuelven a la distribución inicial del proyecto.

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¿Qué cambia para los sectores?

La consecuencia es que varias entidades tendrán que responder a sus obligaciones con las partidas previstas antes de los ajustes de las plenarias. Los ministerios de Salud, Trabajo y Minas y Energía habían advertido que necesitaban recursos adicionales para cumplir compromisos. Por ahora, el Gobierno no ha detallado cómo cubrirá esas necesidades ni si buscará recuperar algunos de los aumentos mediante otros mecanismos presupuestales.

También quedaron por fuera medidas de transparencia y seguimiento a los recursos públicos que se habían incluido durante el segundo debate. Entre ellas estaba la obligación de que Hacienda informara trimestralmente sobre los saldos y la ejecución de recursos administrados a través de fondos especiales, patrimonios autónomos y otros mecanismos. Además, ya no estarán los artículos que buscaban fortalecer el seguimiento a la deuda pública ni el que creaba un trazador presupuestal para recursos destinados a emergencias y desastres naturales.

La decisión también modifica algunos recortes aprobados en las plenarias. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, no tendrá el ajuste adicional de COP 11.400 millones que se había aprobado trasladar al Ministerio de Defensa, aunque se mantiene el recorte inicial de COP 170.000 millones.

Contexto: Así queda el presupuesto 2027: Gobierno decretará el texto aprobado en primer debate

El ajuste fiscal sigue pendiente

El presupuesto es apenas una parte de la discusión sobre las cuentas públicas de 2027. El Ministerio de Hacienda calcula que el déficit fiscal será de 7,2 % del producto interno bruto (PIB) si se aprueba una ley de rescate económico que contempla un ajuste de COP 45 billones. Sin esas medidas, la proyección del Gobierno asciende al 9,4 % del PIB.

El Ejecutivo ha anunciado que presentará esa iniciativa para ordenar las finanzas públicas, pero su aprobación dependerá del Congreso. Por eso, aunque el presupuesto ya tiene una ruta definida, todavía queda por establecer cómo se hará el ajuste del gasto y de dónde saldrán los recursos necesarios para atender las obligaciones de las entidades.

El siguiente paso será conocer el alcance de esa ley y si el Gobierno buscará recuperar, por otras vías, algunos de los recursos que las plenarias habían aprobado y que finalmente quedaron fuera del presupuesto que será decretado.

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El camino del Presupuesto General de la Nación 2027 fue atropellado en muchos niveles. Este miércoles, José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, informó que el Gobierno decretará el documento que salió del primer debate en las comisiones económicas. La decisión se tomó por un vicio de trámite en el segundo debate en las plenarias. La principal consecuencia es que se perdieron las casi 20 horas de discusión hasta la madrugada y, especialmente, los cambios que se habían acordado.

A las 11:00 de la noche del lunes el Senado le dio el visto bueno al presupuesto. La Cámara terminó la aprobación casi a las 4:00 de la mañana del martes. Al parecer, legisladores y el Gobierno estaban convencidos de que ambas corporaciones habían aprobado los mismos textos al pie de la letra. Bajo esa premisa, no era necesario conciliar.

Pero en la noche del martes, se hizo evidente el error: en el Senado se aprobó el texto del presupuesto sin ajustes al artículo 65, que trata sobre coberturas financieras para reducir impactos fiscales por variación en el precio del petróleo, los combustibles y el dólar. El senador Juan Fernando Caicedo, autor de la proposición, explicó a medios de comunicación, incluyendo a El Espectador, que como la plenaria ya había aprobado ese artículo, para aprobar su proposición, que agregaba dos parágrafos, era necesario reabrir la discusión y volverlo a votar. Para evitar que se dilatara el debate, Caicedo decidió retirarla.

Sin embargo, en el texto que se envió para el debate y la aprobación en la Cámara de Representantes sí se incluyó la proposición de Caicedo. En la votación de la madrugada del 20 de octubre, pasadas las 3:00 de la mañana, el pleno de la corporación le dijo “sí” al presupuesto sin percatarse de que había una diferencia que cambiaría el rumbo de las cuentas de 2027.

El país despertó el miércoles en incertidumbre. En redes sociales y medios de comunicación los congresistas y expertos manejaban, en general, dos posiciones. Para unos, era evidente que por el error de trámite y la falta de conciliación dentro de los tiempos establecidos era necesario que el Gobierno decretara el presupuesto que salió de las comisiones económicas. Para otros, los problemas con el artículo 65 no viciaban la totalidad del texto, por eso era posible que, excluyendo los cambios en ese artículo, se salvaran los resultados del segundo debate, aunque en el futuro se presentaran demandas. Unos y otros citaban jurisprudencia.

Pasadas las 10:00 de la mañana, Presidencia publicó un video de poco más de tres minutos en el que aparecen el vicepresidente y Miguel Gómez, ministro de Hacienda. “No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, dijo Restrepo. A continuación explicó que ante el error de trámite, siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Gobierno decretará el proyecto presentado con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en primer debate.

El vicepresidente defendió que el presupuesto 2027 es de “la verdad”, a diferencia del radicado por la administración anterior, que presentó una primera versión a finales de julio. Aunque Gómez prometió un presupuesto más austero, la propuesta del Gobierno De la Espriella superó en casi COP 60 billones la que había dejado Gustavo Petro. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que la diferencia está en que las cuentas de la nueva administración sí incluyen todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado.

Con vehemencia, Restrepo mandó un “mensaje de tranquilidad” a los inversionistas, tenedores de bonos y a la comunidad financiera internacional porque, aseguró, el documento “recoge el esfuerzo fiscal que necesita el país” y el siguiente paso es la radicación de la ley de rescate económico, con la que el Ejecutivo promete ordenar las finanzas públicas. El ministro Gómez no dijo nada. Tampoco hubo una rueda de prensa.

Puede que para muchos suene lejano el error de trámite y los cambios en el presupuesto, pero lo que ocurrió esta semana tiene efectos prácticos. Las plenarias de Cámara y Senado decidieron bajarle recursos, más de COP 11 billones, al servicio de la deuda para darle más plata a algunos sectores porque consideraron fundamental hacerlo. Esos ajustes se borran de un plumazo (vea en el gráfico, basado en datos de Hacienda, cómo cambia la distribución del presupuesto).

El error en el artículo 65 implica que ya no habrá recursos extra para el sector salud (se habían sumado COP 3 billones), para pensiones (COP 6,5 billones), para subsidios de energía y gas (COP 3 billones) ni para el funcionamiento de las universidades públicas (COP 700.000 millones), entre muchos otros ajustes.

Varios congresistas han cuestionado que se perdieran los acuerdos que había logrado el Legislativo con el Gobierno. “Icetex perderá los COP 100.000 millones que propusimos y logramos aprobar. Los perjudicados serían miles de estudiantes que dependen de esos recursos. ¿Quién responde por ellos?”, dijo el representante Mauricio Toro (Alianza Verde). La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) agregó que con la decisión también “se pierden” COP 7.000 millones para los programas que administra Prosperidad Social (como Colombia Mayor) y COP 26.500 millones para el programa de esterilización de perros y gatos. Así como se borra lo que habían “ganado” algunos sectores, también hay una pequeña victoria para la JEP: ya no se aplicará ese recorte adicional de COP 11.400 millones que se habían trasladado al Mindefensa (aunque permanece el ajuste inicial de COP 170.000 millones).

Pedraza también advirtió que queda por fuera el artículo que obligaba al Ministerio de Hacienda a informar cada trimestre sobre los saldos y la ejecución de los recursos de fondos especiales, contribuciones parafiscales, establecimientos públicos con recursos propios, fondos cuenta, patrimonios autónomos, fiducias públicas y otros mecanismos que administren recursos públicos y hayan recibido giros del presupuesto nacional. En estas mismas páginas, en la edición del miércoles, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, destacó que ese era un avance importante para “empezar a cerrar una brecha de información sobre recursos que hasta ahora han sido difíciles de rastrear una vez salen del presupuesto”.

Para los congresistas que habían advertido que se necesita mayor veeduría sobre los recursos que entran al Fondo Milagro, para la reconstrucción tras el terremoto, ese artículo no era suficiente, pero sí daba algunas garantías. Entre los artículos nuevos que ya no existen había otro que creaba un trazador presupuestal para hacer seguimiento a los recursos destinados a atender emergencias y calamidades asociadas a desastres naturales.

Las plenarias también habían aprobado dos artículos para aumentar la transparencia en la gestión de la deuda pública y uno para liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), creado en noviembre de 2023.

Sobre la mesa hay muchas preguntas que, hasta ahora, el Gobierno no ha contestado. Las carteras de Salud, Trabajo y Minas y Energía, por poner tres ejemplos, habían advertido que sí o sí necesitaban más plata de la asignada para cumplir compromisos ineludibles. ¿De dónde saldrán los más de COP 6 billones para pensiones? ¿Cómo se conseguirán los recursos para los subsidios de energía y gas? ¿Con qué plata se atenderá la crisis de la salud? No está claro cuál será el plan.

La hora del ajuste

Para Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, no se puede olvidar que este “es uno de los presupuestos más grandes de la historia, así que la preocupación no es tanto sobre los sectores desfinanciados, sino en dónde va a recaer el ajuste”.

En el video publicado el miércoles, Restrepo dijo que “próximamente” se radicará en el Congreso la ley de rescate económico que “busca seguir ordenando las finanzas públicas y garantizar el crecimiento de la economía”. Esa es, sin duda, una pieza vital para el futuro fiscal del país.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que el próximo año el déficit fiscal quedaría en 7,2 % del PIB con la ley de rescate económico, que implicaría un recorte de COP 45 billones en el gasto. En un escenario sin ajuste, la cifra sería de un alarmante 9,4 % del PIB.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, dijo a este diario el martes que para los mercados había claridad en que el presupuesto era un escalón para la radicación de la ley de ajuste fiscal. Con el presupuesto listo, el tiempo para dar el segundo paso empieza a correr. “Este es quizá el punto más importante de toda la estrategia fiscal del Gobierno porque es donde veremos el compromiso del Ejecutivo con los ajustes necesarios para que la deuda pública sea sostenible, pero también qué tan cercano está el Congreso a este tipo de propuestas”, aseguró.

Mejía también le dijo a El Espectador que la aprobación del presupuesto ya estaba descontada por los mercados, y era, de hecho, el paso más sencillo. Ahora viene lo “verdaderamente difícil”, recortar al menos dos puntos del PIB del presupuesto del próximo año y dar señales sobre el ajuste que se hará en el cuatrienio.

Para el senador Rafael Nieto no está claro cómo se hará ese recorte. De hecho, sostiene que hasta ahora, ante la negativa del Gobierno a propuestas que su partido, Centro Democrático, ha presentado para lograr el ajuste, no ve “ninguna posibilidad de ver una reducción real del presupuesto”.

La ley de ajuste fiscal, en la que tienen los ojos puestos los mercados y organismos internacionales, es quizá la llave maestra de la credibilidad fiscal en este momento. Su aprobación depende del Congreso. El error de trámite que borró todos los acuerdos que se habían logrado para el presupuesto en segundo debate lesionó, no sabemos qué tan profundamente, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese “tropiezo” puede pasar factura más adelante.

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El Canal de Panamá batió su récord de carga en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre: por la ruta transitaron 521 millones de toneladas en casi 14.000 buques, de acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que difundió los datos este miércoles 21 de octubre. El aumento estuvo impulsado por el cierre del estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y se dio pese a las reducciones de tráfico por la sequía de El Niño.

El récord anterior era de 2022, con 518 millones de toneladas. La ACP reportó además, en un comunicado, ingresos totales por las operaciones del canal de US$ 6.600 millones, un 16 % más que en el año fiscal anterior.

Por qué el Canal de Panamá marcó un récord de carga?

La administradora del canal, Ilya Espino de Marotta, explicó en declaraciones a AFP que el aumento se debió al "auge" de buques tras el cierre de Ormuz y a que El Niño solo afectó al final del año fiscal.

Por ese estrecho transitaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado antes del conflicto desatado en Oriente Medio en febrero. Entonces, el canal elevó de 36 a 41 el número de buques diarios "por un período de tiempo" para facilitar una alternativa de tránsito a los energéticos, indicó Espino de Marotta.

¿Cómo afectó El Niño al tránsito por el canal?

Ese incremento permitió amortiguar la reducción de barcos que el canal tuvo que aplicar después por la escasez de lluvias, que hizo bajar el nivel de los dos lagos artificiales que almacenan el agua dulce necesaria para su operación. A inicios de septiembre, la vía redujo los tránsitos hasta 32, aunque más tarde los elevó a 33.

Según Espino de Marotta, el impacto de El Niño solo se ha sentido durante los últimos cuatro meses del año fiscal. Y pese al fenómeno, dijo, "hemos podido apoyar a la industria cuando lo ha necesitado trayendo más carga por el canal".

¿Qué mueve el Canal de Panamá?

Por esta vía de 80 kilómetros de longitud pasa el 5 % del comercio marítimo mundial. Conecta sobre todo rutas de China, Japón y Corea del Sur con la costa este de Estados Unidos, su principal usuario.

Sus negocios más destacados son el transporte de contenedores, gas licuado de petróleo, vehículos, granos y gas natural licuado, el segmento que más ha crecido en los últimos meses.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en agosto, las importaciones colombianas contaron en USD 7.702 millones. Esto se traduce en un incremento de 31,7 % frente al mismo mes del año pasado. 

Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por las manufacturas, las cuales registraron USD 5.439 millones. Esa cifra implicó un aporte de 14,8 puntos porcentuales, así como una variación de 18,9 %.

El mayor crecimiento porcentual lo tuvo el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, los cuales sumaron USD 1.777 millones, lo que refleja una variación del 190 %. 

“En agosto, las compras externas del grupo agropecuarios, alimentos y bebidas fueron USD 1.064,8 millones y presentaron un crecimiento de 24,8% en comparación con agosto de 2025; este resultado se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (30,5%) que aportó 22,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalló el DANE. 

En lo corrido del año (enero - agosto), las importaciones colombianas suman USD 53.746 millones, lo que se traduce en un crecimiento del 17,2 % frente al mismo periodo del año anterior. 

Una vez más, son las manufacturas las que tienen las mayores contribuciones a este comportamiento, con un aporte de 11,9 puntos porcentuales, gracias a sus UDS 39.809 millones. 

También, el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas fue el que registró un mayor crecimiento, con una variación anual del 31,9 % producto de las compras por USD 6.230 millones. 

“En el periodo enero – agosto 2026 las compras externas del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron USD 7.629,0 millones y aumentaron 14,0%, en comparación con el mismo periodo de 2025; este resultado se explicó principalmente por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (18,9%), que aportaron 14,5 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalló.

Los más comprados 

Al revisar el comportamiento de las importaciones colombianas en lo corrido del año, lo que más ha importado Colombia (por valor en dólares) es maquinaria y equipos de transporte. Las compras de estos productos superan los USD 18.000 millones, lo que implica una variación anual del 24 %. Le siguen los productos químicos y conexos (con USD 11.103 millones); productos alimenticios y animales vivos (USD 6.099 millones) y artículos manufacturados, clasificados principalmente según su material (USD 6.051 millones). 

Entre enero y agosto de 2026, China fue el principal país de origen de las importaciones de Colombia, con una participación del 28,7 % del valor total CIF (costo, seguro y flete). En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con el 22,8 %, seguido de Brasil (5,1 %) y México (4,8 %). En conjunto, estos resultados muestran la relevancia de los mercados chino y estadounidense en el abastecimiento externo del país.

Por su parte, Alemania representó el 3,3 % de las importaciones colombianas, mientras que India y Japón registraron participaciones del 2,5 % y el 2,3 %, respectivamente. Los demás países de origen concentraron el 30,5 % del valor importado durante el periodo.

La balanza comercial (la diferencia entre importaciones y exportaciones) queda en USD 13.877, esto se explica porque las importaciones se han contado en USD 50.757 millones, mientras que las exportaciones en USD 36.880 millones.  

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Los operadores de Wall Street impulsaron al alza las acciones y los bonos a medida que los precios del petróleo caían ante la esperanza de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Irán.

El crudo Brent cayó a alrededor de 108 dólares. A pesar de los informes inexactos que indican que un acuerdo de paz está cerca, las conversaciones para alcanzarlo continúan, según un diplomático involucrado en las negociaciones. Alrededor de 400 empresas del S&P 500 registraron avances. Los fabricantes de chips recuperaron las pérdidas provocadas por la preocupación sobre el comercio de inteligencia artificial. Los bonos del Tesoro a largo plazo tuvieron un buen desempeño.

Los inversores también están a la espera de los resultados de varias empresas tecnológicas para obtener pistas sobre si el auge de la IA justifica los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en el sector. Se espera que SpaceX presente sus resultados tras el cierre del mercado el martes, seguida mañana por Meta Platforms Inc.

“Desde una perspectiva fundamental, prevemos una sólida temporada de resultados tecnológicos en el tercer trimestre, pero las elevadas expectativas pueden generar volatilidad específica de cada empresa”, declaró Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS.

Su empresa ve oportunidades en las grandes empresas de procesamiento en la nube, los semiconductores de alta calidad y los beneficiarios del gasto en IA en el sector del hardware.

La evidencia más reciente de que los inversores cuestionan las perspectivas de la IA: Elice Inc., un proveedor surcoreano de computación para IA prácticamente desconocido fuera de su mercado nacional hasta esta semana, se desplomó un 32 % en su debut en Seúl el martes. Semanas antes, la australiana Firmus Grid Ltd. canceló sus planes de salir a bolsa. Mientras tanto, la británica Nscale Ltd. se enfrenta a la oposición respecto a la valoración objetivo que fijó para su propia salida a bolsa.

CoreWeave Inc., que se había desplomado la semana pasada al alcanzar sus bonos niveles de riesgo, repuntó el martes.

Algunos sectores del mercado de la IA han sufrido recientemente una fuerte presión vendedora, ya que los inversores están reevaluando los costes de financiación, la competencia y la rentabilidad de la inversión en infraestructuras. Según Anthony Saglimbene, de Ameriprise, están cada vez menos dispuestos a financiar el crecimiento en el entorno actual sin una vía más clara hacia una mayor rentabilidad.

"La IA sigue siendo un motor a largo plazo de los beneficios y el crecimiento económico, pero los inversores se están volviendo más selectivos a la hora de elegir qué empresas se benefician de ella", afirmó.

"Para los inversores, esto justifica una exposición selectiva a la IA en lugar de una exposición generalizada, controlando la concentración tecnológica y diversificando en función de la capitalización bursátil, los sectores y las regiones".

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“Este presupuesto no es como los otros”, dijo este lunes en la plenaria del Senado el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, mientras avanzaba el debate de las cuentas nacionales para el próximo año. Casi a las 11:00 de la noche del lunes terminó la aprobación del Presupuesto General de la Nación en esa corporación y luego, a las 4:00 de la mañana de este martes, la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al proyecto.

Las sesiones en ambas corporaciones fueron largas y agotadoras. Después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto, el ministro de Hacienda agradeció en nombre del Gobierno Nacional el trabajo del Congreso durante los últimos dos meses en un presupuesto que describió como uno de los "más difíciles" que ha tenido que considerar el Legislativo.

El presupuesto cuenta con un monto de COP 634,9 billones. La mayoría de estos recursos van para gastos de funcionamiento (COP 393,25 billones), seguido del pago de la deuda (COP 147,07 billones) y la inversión, que recibe COP 94,63 billones.

Gómez dijo que el país está en "un momento muy especial" y que la señal que el Congreso le dio hoy a la política económica del Gobierno "es de muchísima importancia". Para el ministro, la aprobación es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad".

Desde hace unos años el trámite del presupuesto general dejó de ser un trámite con algo de rutinario en el gran aparato de la burocracia estatal, para encapsular buena parte de las tensiones y visiones sobre cómo se ordena y maneja el Estado.

La presentación de Gómez ante la plenaria del Senado fue elocuente en este sentido y resuena con el discurso de los días de campaña del entonces candidato Abelardo de la Espriella: el Estado es muy grande y gasta mal. Ese dinero, mejor invertido, alcanzaría para más.

Bajo las cuentas de Gómez hay al menos unos COP 63 billones de tres grandes fuentes de gasto con los que se podrían hacer maravillas de inversión nacional: 95 establecimientos públicos, fondos de destinación especial y 262 partidas del presupuesto “sin control, sin evaluación de eficiencia del gasto”.

El problema de esta visión macro es que pasar la tijera por 95 establecimientos y arrancar a cortar líneas del presupuesto a ojo solo en el monto final de recursos puede traer problemas. Un analista lo puso de esta forma: “Es como intentar enderezar un cuadro en la pared con un bulldózer”.

Pero el punto fundamental de la presentación habla de una visión que es compartida por algunos analistas y académicos de diversas corrientes: el tamaño del Estado colombiano no supera por mucho sus posibilidades de financiamiento sostenible. De acuerdo con el ministro de Hacienda, el Estado recibe en promedio unos COP 29 billones al mes y gasta COP 40 billones, así que arrastra un déficit mensual de unos COP 11 billones. “Ningún hogar, ninguna empresa, ningún país puede vivir indefinidamente cuando sus gastos son superiores a sus ingresos”, dijo. Gómez ubicó la deuda actual del país en COP 1.174 billones.

Otro de los argumentos del ministro para explicar cómo se formó el nudo fiscal tiene que ver con los impuestos. Según dijo, el país tiene 18 impuestos nacionales, “muchos impuestos y poco recaudo”, y eso hace que la DIAN no logre recaudarlos ni controlarlos para evitar la evasión. El ministro lo describió como un escenario de “fatiga fiscal”, en el que “la gente se cansó de pagar impuestos” y busca mecanismos para no hacerlo.

De fondo, las palabras de Gómez estuvieron orientadas a tratar de explicar las particularidades de un presupuesto que no parece convencer a prácticamente nadie, incluyendo al Ministerio de Hacienda, que lo forjó bajo las sombras y presiones de la aguda situación fiscal por la que atraviesa el país.

¿Cómo quedó el Presupuesto?

Tanto Gómez como varios congresistas ponentes recalcaron que el proyecto no representa una felicidad completa y bienhechora para prácticamente nadie.

Pero, casi también al unísono, han defendido que es lo que se puede hacer para el momento fiscal por el que pasa Colombia.

Desde la oposición, liderada por el Pacto Histórico, criticaron duramente que no hubo margen de debate ni negociación con el Gobierno, pues prácticamente se ignoraron todas las propuestas que desde allí le fueron hechas al proyecto.

Los principales reclamos de los congresistas han girado alrededor de la baja en los recursos para las regiones. Por ejemplo, a Antioquia le restaron unos COP 600.000 millones y al Valle del Cauca le fueron recortados COP 200.000 millones.

Otra de las dudas que dejaron sobre la mesa algunos legisladores está atada a los recursos para el terremoto. En el presupuesto se creó una partida de COP 3,9 billones, vinculada a la atención y prevención de desastres. Pero se estima que todo el esfuerzo de reconstrucción costaría alrededor de unos COP 30 billones.

Las dudas sobre los dineros para atender el terremoto se extienden hacia los artículos 84 y 85, que permiten que el Gobierno haga algunas reorientaciones presupuestales de recursos hacia el llamado Fondo Milagro, que debe atender la reconstrucción por la tragedia "sin pasar por el Congreso”, advirtió el senador David Racero. “Esto nos quita derechos y no es transparente”, aclaró el congresista.

En su momento, senadores de partidos del Gobierno pidieron incluir una proposición para ejercer más veeduría y trazabilidad sobre estos recursos, pero no recibió aval del Gobierno y se hundió en la plenaria del Senado.

Entre los artículos nuevos aprobados en Senado se incluyó uno que implica la presentación de informes trimestrales sobre saldos y recursos de los fondos y establecimientos públicos, especialmente asociados con la atención de emergencias. Varios congresistas aseguraron que no es suficiente para ejercer una veeduría completa y aseguraron que el proyecto le extiende un cheque en blanco al Gobierno.

Entre los cambios más importantes que se le hicieron al proyecto se cuenta una adición de COP 3 billones para el Ministerio de Salud, provenientes de fondos del Ministerio de Hacienda, “dentro del servicio de la deuda”, dijo David Barguil, uno de los senadores ponentes.

También se adicionaron COP 100.000 millones al Mineducación para fomento de la educación superior, recursos provenientes del Minhacienda.

Así mismo, se destinan COP 11.400 millones más de la JEP hacia el Mindefensa para indemnizaciones de familias de soldados lesionados en el servicio.

De fondo, el Presupuesto sufrió cambios estructurales en segundo debate, con una disminución el servicio de la deuda, que es lo que el Estado destina a pagar los créditos que ha pedido: pasó de COP 155,43 billones a COP 147,07 (COP 8,36 billones menos). Aun así, sigue siendo casi uno de cada cuatro pesos del Presupuesto 2027.

La inversión también recibió un refuerzo, mediante la reubicación de partidas presupuestales para apoyar este rubro, con movimientos como los que le aportaron más dinero a la salud, por ejemplo.

El camino del presupuesto 2027

El presupuesto 2027 empezó a tomar forma el 29 de julio de este año, cuando el gobierno de Gustavo Petro radicó un proyecto de COP 575,7 billones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que gastaba unos COP 20,7 billones más de lo que el propio Gobierno había planeado en sus metas fiscales. El Banco de la República señaló que faltaban cerca de COP 30,2 billones por financiar, que dependían de ingresos “inciertos”, como una reforma tributaria y una ley de financiamiento que el Congreso no aprobó.

Luego vino el cambio de gobierno. Miguel Gómez llegó al Minhacienda y, recién posesionado, pidió devolver el proyecto presentado por la administración Petro. El 11 de agosto, las comisiones económicas lo devolvieron al Ejecutivo, algo que no pasaba desde 2003. Un día antes había ocurrido el terremoto y, a partir de ese momento, el impacto fiscal de esta emergencia marcaría las discusiones presupuestales.

El 27 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó su propio texto, con un monto total COP 634,9 billones, cerca de COP 59 billones más respecto al primer proyecto. Según el CARF, el aumento recoge gastos que el proyecto de Petro no tenía del todo en cuenta, como pensiones, salud, nómina pública y subsidios de energía y gas, además del servicio de la deuda.

El 14 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron este monto total de COP 634,9 billones. En su momento, Gómez dijo que no era el presupuesto con el que habría querido empezar su mandato, pero sí “el presupuesto que podemos permitirnos”. Unos días después el proyecto fue aprobado en primer debate. Para el segundo debate en las plenarias del Congreso, la ponencia mantuvo su monto total, pero movió unos COP 11,7 billones entre rubros y entidades. La deuda baja COP 8,36 billones (de COP 155,43 billones a COP 147,07 billones). Según la ponencia, la reducción responde a las condiciones para reperfilar la deuda, es decir, reacomodar los plazos para pagarla. La inversión sube COP 6,49 billones, hasta COP 94,63 billones, y el funcionamiento COP 1,87 billones, hasta los COP 393,25 billones.

Una “tijera” incierta

“Austeridad” fue la palabra con la que el ministro Miguel Gómez resumió su propuesta. Ante el Senado señaló que el país tiene un presupuesto “por encima de la capacidad que tenemos de financiarlo” y que hace falta “un entorno de austeridad, de recorte”. ¿Pero dónde cabe ese recorte dentro de los COP 634,9 billones? Las cuentas del propio proyecto dan una pista. Cerca del 62 % del total es funcionamiento, lo que cuesta mantener el Estado en marcha. Otro 23 % es el servicio de la deuda, que de todas formas bajó COP 8,36 billones en la ponencia. La inversión es el rubro más pequeño, con 14,9 %. Para tocar el grueso del gasto, el texto de segundo debate incluye un programa de austeridad obligatorio, que debe priorizar el recorte de contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad.

El otro frente es el que todavía no se ve completo. El ajuste del 2,2 % del PIB que el Gobierno espera lograr depende de la llamada ley de “rescate económico”, que según Gómez se centra en reducir el gasto, aunque también traerá medidas tributarias, y que aún no se ha presentado. Los congresistas presionaron, varias veces, para que el Gobierno presente prontamente el proyecto o al menos comience a delinear cómo se daría este ajuste que, eso sí, reconocen como necesario y acaso vital.

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Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron el Presupuesto General de 2027, de COP 634,9 billones, tras una jornada que se extendió hasta la madrugada de este martes 20 de octubre. La Cámara dio su visto bueno poco antes de las 4:00 a.m.; el Senado lo había hecho horas antes.

Fue una sesión lenta y con pocos acuerdos entre Gobierno y oposición. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció al Congreso el trabajo de los últimos dos meses y dijo que "este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía".

El Presupuesto de 2027 será 14,2 % mayor que el vigente de este año. La mayor tajada (COP 393,25 billones) va para el funcionamiento del Estado. Otros COP 147,07 billones se destinan a pagar deuda, y COP 94,63 billones a inversión, el rubro más pequeño. Para el segundo debate, la ponencia redujo el pago de deuda en COP 8,36 billones y movió esa plata hacia inversión y funcionamiento. Además, el artículo 92 de la inicativa trae un programa de austeridad obligatorio para todas las entidades, que debe priorizar el recorte de contratos de prestación de servicios y otros gastos no esenciales, como viáticos, eventos y publicidad.

Después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de Presupuesto 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció en nombre del Gobierno Nacional el trabajo del Congreso durante los últimos dos meses en un presupuesto que describió como uno de los "más difíciles" que ha tenido que considerar.

Gómez dijo que el país está en "un momento muy especial" y que la señal que el Congreso le dio hoy a la política económica del Gobierno "es de muchísima importancia". Para el ministro, la aprobación es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad".

La Cámara aprobó el proyecto con 112 votos a favor, horas después de que lo hiciera el Senado. En el debate, el Pacto Histórico, bancada de oposición, había pedido archivarlo, y desde esa orilla se criticó que no hubo margen de negociación con el Gobierno.

Poco antes de las 4:00 a.m. de este martes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el título del proyecto de Presupuesto 2027. Luego se le preguntó si quería que el proyecto siguiera su tránsito hacia el Senado y fuera ley de la República. Lo aprobó con 112 votos a favor, mayoría.

Hacia las 3:37 a.m. de este martes, la plenaria de la Cámara aprobó las proposiciones con aval del Gobierno a los artículos 2, 65, 90, 91 y 92, y los artículos 4, 6, 29, 30, 71, 75, 76, 77, 81, 84, 85 y 86 tal como venían en la ponencia. Con eso quedan resueltos los artículos del articulado que estaban pendientes.

Hacia las 2:50 a.m. de este martes, la plenaria de la Cámara votó en bloque, es decir, todas juntas en una sola votación, las proposiciones sin aval del Gobierno al artículo 2 del proyecto. Fueron negadas, con 104 votos en contra.

Ese artículo fija el presupuesto de gastos de 2027: COP 634,95 billones en total, repartidos entre funcionamiento (COP 393,25 billones), servicio de la deuda (COP 147,07 billones) e inversión (COP 94,63 billones), con el detalle entidad por entidad.

Hacia la 1:30 a.m. de este martes, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la única proposición que -hasta ahora- cuenta con aval del Gobierno en esta corporación. La había presentado el representante Jorge Hernán Bastidas y contemplaba cambios al artículo 71 de la ponencia. De los votos emitidos, 105 fueron en contra y 15, a favor.

Después de las formalidades para retomar la sesión se procede para continuar con las votaciones y se consideran proposiciones para eliminar cuatro artículos, que no han sido avaladas por el Gobierno ni los ponentes.

Las proposiciones fueron derrotadas, con más de 100 votos a favor de no permitir la eliminación de los artículos.

Esto se dio luego de una proposición para aplazar la sesión, que fue derrotada por una vasta mayoría.

El debate fue levantado, pero se citó de nuevo para las 12:10 de la mañana. O sea, en 20 minutos.

Esta decisión se realiza para no cometer un vicio de trámite cuando cambie el calendario entre 19 y 20 de octubre, que es la fecha máxima para la aprobación del proyecto en el Congreso.

Varios representantes pidieron que la Cámara se plegara al texto que aprobó el Senado pocos minutos antes. Pero, a la vez, otros legisladores indicaron que ese mismo camino de aprobación fue el que llevó a que la reforma pensional terminara siendo devuelta dos veces al Congreso por vicios de trámite.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia positiva y procedió de inmediato a aprobar un bloque de 76 artículos que no tienen proposiciones. La votación fue, como se conoce popularmente, a pupitrazo.

Poco antes de que se diera esta votación, la bancada del Pacto Histórico se retiró parcialmente del recinto.

Después de unas 10 horas de debate, la plenaria del Senado le dio el visto bueno al Presupuesto General para 2027.

Aunque el tono es celebratorio de cierta forma, nadie parece extasiado con el resultado de cómo se va a repartir los recursos el próximo año, pues el proyecto fue construido bajo la sombra y presiones del crítico escenario fiscal del país.

El Senado aprobó incluir en el proyecto seis artículos nuevos, que tenían aval del Gobierno y de los ponentes.

Entre las nuevas disposiciones hay un artículo que implica la presentación de informes trimestrales sobre saldos y recursos de los fondos y establecimientos públicos, especialmente asociados con la atención de emergencias.

También hay un artículo que incorpora una estrategia para la gestión deuda a mediano plazo.

Así mismo, se liquidan la Unidad para la Planeación de Infraestructura de Transporte y el Instituto Nacional de Vías Regionales.

La plenaria votó un bloque de cuatro artículos: 2, 90, 91 y 92.

Este es un paso fundamental, pues el artículo 2 concentra buena parte del gasto del Presupuesto: es el corazón del proyecto, sin duda alguna.

El artículo 2 sufrió cambios importantes en esta discusión, con la presentación de 11 proposiciones, avaladas por Gobierno y por los ponentes.

Entre estas se cuenta una adición de COP 3 billones para el Ministerio de Salud, provenientes de fondos del Ministerio de Hacienda, “dentro del servicio de la deuda”, dijo David Barguil, uno de los senadores ponentes.

Se adicionaron COP 100.000 millones al Mineducación para fomento de la educación superior, recursos provenientes del Minhacienda.

Así mismo, se destinan COP 11.400 millones más de la JEP hacia el Mindefensa para indemnizaciones de familias de soldados lesionados en el servicio.

También se le adicionaron 100.000 millones al Congreso en el rubro de inversión.

El bloque fue aprobado con 58 votos a favor y 15 en contra.

Faltan los artículos 2, 65, 85, 90, 91, 92. El 93 es la vigencia.

Y faltarían los artículos nuevos propuestos por los congresistas.

La plenaria del Senado aprobó un nuevo bloque de 11 artículos sin las proposiciones no avaladas por el Gobierno.

La votación se resolvió con 56 votos a favor y 16 en contra.

El bloque incluye los artículos 1, 4, 6, 29, 51, 54, 66, 75, 76, 78, 84.

El artículo 8 dice que el Gobierno podrá emitir TES Clase B, los títulos de deuda con los que se financia, con solo un decreto que autorice la emisión y fije el monto y las condiciones. Lo que se recaude por esa vía entra al presupuesto como recursos de capital, y sus intereses y su redención se pagan con cargo al Presupuesto General. Pueden emitirse en moneda extranjera, no cuentan con la garantía del Banco de la República y no afectan el cupo de endeudamiento.

Si se emiten para financiar apropiaciones, el monto queda limitado por ellas.

Fondo de combustibles y Ecopetrol: el artículo 71 dice que, para pagar las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), incluidas las de años anteriores, Hacienda podrá usar tres caminos, solos o combinados: apropiaciones del servicio de la deuda que estén disponibles y no comprometidas, saldos de caja del propio fondo, o compensar, total o parcialmente, las obligaciones liquidadas que el FPEC tiene con el Grupo Ecopetrol con los dividendos decretados por Ecopetrol a favor de la Nación, sin movimiento de efectivo ni operación presupuestal. Esta última opción tendrá que presentarse al Conpes para su recomendación.

El artículo 83 permite redimir antes de tiempo bonos o títulos de deuda del portafolio de la Nación, sin operación presupuestal, siempre que mejore el perfil de vencimientos y genere ahorros en el servicio de la deuda. El 60 autoriza emitir bonos para pagar obligaciones financieras causadas o acumuladas y sanear pasivos de cesantías de universidades estatales, además de bonos pensionales.

El artículo 79 autoriza a Hacienda a hacer cruces de cuentas con otras entidades públicas, sin operación presupuestal. El 80 dice que los recursos que giró el Tesoro y que estén como excedentes de liquidez en fondos, fiducias o patrimonios autónomos deben volver a la Unidad de Caja del Tesoro Nacional. Se exceptúan, entre otros, los recursos de la seguridad social, los parafiscales y los del Sistema General de Participaciones y de regalías.

Y el artículo 86 autoriza a Hacienda a hacer ajustes por decreto para dejar en cabeza del Consejo Nacional Electoral, cuando se cree como sección presupuestal, los recursos para su funcionamiento. También para trasladar a las entidades que asuman las funciones del Ministerio de la Igualdad durante 2027 las apropiaciones destinadas a sus objetivos, sin aumentar las partidas globales de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

La plenaria decidió aprobar un segundo bloque de 12 artículos que, momentos antes, habían querido ser eliminados por algunos senadores de oposición. por diversas razones.

Este bloque está compuesto por los artículos 8, 10, 21, 27, 28, 60, 65, 71, 79, 80, 83 y 86.

De esta votación se excluyeron dos artículos (84 y 85) que facultan al Gobierno para realizar algunos traslados presupuestales hacia el Fondo Milagro “sin pasar por el Congreso”, dijo el senador David Racero. “Esto nos quita derechos y no es transparente”, aclaró el congresista.

Varios senadores, incluyendo a algunos de partidos afectos al Gobierno, pidieron mayor transparencia sobre cómo se harían esos movimientos dentro del Presupuesto, en aras de garantizar una mayor transparencia alrededor de los recursos del Fondo Milagro.

Los artículos sin proposiciones fueron votados por la plenaria del Senado y fueron aprobados por 55 votos a favor y 17 en contra.

Se trata de un bloque de 65 artículos.

¿Qué dicen los artículos aprobados?

Dentro del bloque de 65 artículos aprobados, están algunos como:

Subsidios de energía y gas: el artículo 52 dice que se podrán pagar con los recursos que sobren a 31 de diciembre de 2026 en los fondos FAZNI, FAER y PRONE (energía) y en la cuota de fomento de gas, fusionados en el Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía). También podrán financiar proyectos del Gobierno relacionados con fuentes alternativas de energía y gas sostenible, y el programa creado por el Decreto 972 de 2025.

Pensiones: tres artículos (41, 53 y 55) apuntan a cuadrar cuentas entre la Nación y Colpensiones. Los dos primeros permiten compensar deudas recíprocas, por subsidios al aporte en pensión y por bonos pensionales, con registros contables; si después quedan obligaciones, la entidad deudora debe incluirlas en el presupuesto. El tercero dice que, para garantizar el pago oportuno de las mesadas, Colpensiones podrá usar su propia liquidez, y que la Nación se la devolverá en los términos que acuerden.

Regiones: el artículo 81 dice que en 2027 se reintegrará al Fonpet, el fondo de pensiones de las entidades territoriales, una catorceava parte de la deuda por los recursos que el Gobierno usó antes para financiar educación y salud. Hacienda deberá presentar a las comisiones económicas, a más tardar el 30 de septiembre de 2027, un informe de esa deuda por entidad territorial.

Congreso: también quedó aprobado cómo se reparte el presupuesto de funcionamiento del Congreso: COP 1,28 billones en total, de los cuales unos COP 490.500 millones son para el Senado y unos COP 786.200 millones para la Cámara (artículo 88).

Consejo Nacional Electoral: el artículo 89 crea para 2027 una sección presupuestal independiente para el CNE, mientras el Congreso tramita, en cumplimiento de la Sentencia C-116 de 2026 de la Corte Constitucional, la ley orgánica correspondiente.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático y uno de los ponentes del proyecto, explicó cómo se votará el articulado. Se dividió en cinco grupos de artículos:

1. Artículos sin proposiciones, tal como el Gobierno los radicó en la ponencia.
2. Artículos con proposiciones avaladas.
3. Artículos con proposiciones sin aval, para que retornen a como estaban en la ponencia.
4. Artículos nuevos avalados.
5. Artículos nuevos no avalados.
6. Después de esos cinco grupos, seguirá un bloque de proposiciones que no contaron con el aval del Gobierno.

Hacia las 6:05 p.m., el Senado aprobó la proposición final con la que termina el informe de ponencia: 59 votos por el sí y 1 por el no. Con ello, la plenaria acepta que se discuta y se vote el texto que propone la ponencia, el de COP 634,9 billones con los ajustes del segundo debate.

No es todavía la aprobación definitiva. Falta discutir el articulado y las proposiciones de modificación, y luego votar el proyecto completo.

A eso de las 4:30 p.m. de este lunes, la plenaria del Senado votó la proposición de archivo que presentó el Pacto Histórico, bancada de oposición al Gobierno. Fue negada: 56 votos por el no y 28 por el sí.

Con ese resultado, el proyecto de Presupuesto 2027 sigue su camino y el debate continúa.

El Pacto Histórico, como bancada de oposición al Gobierno, llegó a la plenaria del Senado con una petición: archivar el proyecto de Presupuesto 2027.

La senadora Carolina Corcho la defendió con el argumento de que el Gobierno le dio la razón a su bancada al bajar el pago de deuda en unos COP 8,3 billones, algo que, según ella, confirma que ese rubro estaba inflado.

Dijo que el proyecto tampoco cubre el subsidio de energía: según Corcho, la ministra de Minas reconoció que se necesitaban COP 6 billones, y la ponencia trae COP 3 billones, de los cuales uno es para gestión institucional. "Estamos 4 billones por debajo de las propias expectativas del Gobierno", afirmó.

Por su parte, el senador Wilson Arias le respondió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en el tema de la deuda. "La deuda de Colombia es modesta hoy", dijo, y la comparó con la de Japón (204 % del PIB), Singapur (171 %), Italia (138 %) y Estados Unidos (125 %), frente al 58 % que ubicó para Colombia.

Sobre los ingresos, Arias dijo que sí hay de dónde sacar plata sin más endeudamiento. Habló de COP 54 billones en exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales del sector privado solo por renta: COP 28 billones corresponden a personas naturales y COP 26 billones a personas jurídicas.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, hizo una breve presentación del proyecto, haciendo especial énfasis en las dificultades fiscales por las que atraviesa el país y que explican por qué “no podemos atender hoy muchas de las necesidades que están solicitando en el Presupuesto”.

De acuerdo con Gómez, el tamaño del Estado (95 establecimientos públicos) y un gasto que, argumenta, “no ha sido bien administrado” le resta unos COP 63 billones anuales a las cuentas nacionales.

El ministro también señaló que parte del problema fiscal del país, y que está íntimamente ligado al Presupuesto, tiene que ver con una “fatiga fiscal”: “Hay un exceso de impuestos, 18, lo que vuelve ineficiente a la DIAN para recaudarlos y controlarlos y la gente, cansada de pagar impuestos, busca mecanismos para no pagarlos”.

“Este Presupuesto no es como los demás: es el momento de cambiar el rumbo o seguir en el mismo camino”, finalizó Gómez durante su intervención.

Después de verificar que sí había quorum para avanzar con la sesión, la Cámara decidió decretar un receso en la sesión hasta las 8:00 p.m.

El senador Garcés, coordinador ponente (Centro Democrático), destacó algunas modificaciones que se le hicieron al proyecto desde su aprobación en las comisiones, especialmente la disminución en servicio a la deuda para pasar esos recursos hacia el rubro de inversión. En todo caso, este último renglón sigue siendo el más pequeño en la configuración de todo el proyecto.

También hizo énfasis sobre una apropiación de COP 3,9 billones para atención desastres y emergencias que, en esencia, se irían para la atención por el terremoto.

El senador aclaró que “este no es un presupuesto que nos guste a todos”, pero defendió el “sinceramiento en las cuentas”.

Aunque hay quorum en la plenaria de la Cámara de Representantes, el debate no ha podido arrancar en forma por interrupciones de todo tipo, especialmente por presentación y votación de impedimentos.

En el principio de la sesión, la bancada del Partido Liberal anunció que abandonaba la discusión.

Después de verificar el quorum y despachar los impedimentos, la sesión arrancó en la plenaria del Senado con una explicación por parte de uno de los senadores ponentes, Cristian Garcés (Centro Democrático), acerca de cómo está la composición del Presupuesto.

Para este punto, nadie parece estar realmente contento con cómo se ven las cuentas para el próximo año, pero las explicaciones y perspectivas varían dependiendo de qué esquina del espectro político esté hablando.

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El giro de América Latina hacia la derecha y hacia políticas favorables al mercado está transformando su relación con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y abriendo la puerta a nuevos flujos de financiamiento de organismos multilaterales, históricamente cuestionados en la región por promover la austeridad fiscal.

Esa sintonía quedó de manifiesto durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok la semana pasada, donde funcionarios de las llamadas instituciones de Bretton Woods respaldaron muchas de las políticas impulsadas por nuevos gobiernos alineados con Trump. También señalaron que crece en la región la demanda de financiamiento y asesoría en materia de políticas.

“Estamos viendo un cambio en la orientación de las políticas”, dijo Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una sesión informativa el viernes. “Vemos nuestro papel como un apoyo a ese giro hacia políticas con mayor conciencia social, más responsables fiscalmente y más orientadas al mercado en la región”.

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La creciente presencia coincide con una profunda transformación del mapa político de América Latina, que incluye a líderes más estrechamente alineados con Trump.

El FMI tiene 10 programas activos en América, según Chalk, de un total de 35 programas de financiamiento vigentes. Entre ellos figuran una línea precautoria con Chile y nuevo financiamiento para Bolivia, además de conversaciones con Colombia para un nuevo programa. Los tres países eligieron recientemente presidentes respaldados por Trump. El organismo también mantiene programas en El Salvador, cuyo gobierno se inspira en el movimiento MAGA, y Argentina. A su vez, tanto el FMI como el Banco Mundial han retomado su relación con Venezuela, controlada por Washington.

Chalk y su contraparte en el Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, dijeron que la política no desempeña ningún papel y mantuvieron a Trump fuera de las conversaciones esta semana.

“El banco es agnóstico, en la medida de lo posible, respecto de la política de las reformas”, dijo Cordeiro Guerra. El mayor acercamiento a los nuevos líderes se debe a que “la coincidencia con la agenda de empleo y crecimiento es enorme”.

Aunque las relaciones de muchos líderes mundiales con Trump son más personales y transaccionales que ideológicas, su Partido Republicano ha respaldado tradicionalmente la disciplina fiscal y las políticas favorables al mercado del FMI, conocidas como el Consenso de Washington, y está más alineado con partidos de derecha a nivel mundial en temas de inmigración y seguridad.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ya se había convertido en un referente conservador en la región y, como aliado de Trump, hizo de la motosierra el símbolo de su programa de austeridad.

Argentina recibió el año pasado USD 20.000 millones del FMI —pese a las preocupaciones de algunos miembros de la junta del organismo—, incluidos USD 12.000 millones desembolsados por adelantado de manera excepcional. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien compartió escenario esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó al país como un ejemplo a seguir.

José Antonio Kast asumió en marzo de este año la presidencia de Chile con una agenda de reformas favorables al mercado y en agosto obtuvo la renovación de una línea de crédito flexible del FMI.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo en agosto y ahora negocia un nuevo programa con el FMI para hacer frente al deterioro fiscal heredado de su predecesor.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien puso fin el año pasado a casi 20 años de gobiernos socialistas, consiguió un programa de USD 1.900 millones previamente este mes mientras el país enfrenta su crisis económica más profunda en cuatro décadas. Su gobierno ha avanzado en el desmantelamiento de los subsidios a los combustibles y en otras medidas para sanear las finanzas públicas, tras años de caída de los ingresos por gas natural y escasez de dólares.

El ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Christian Andrés Morales, dijo esta semana en una entrevista que a pesar del contexto internacional se están abriendo nuevas ventanas de oportunidad para nuestra región y es el momento de ser responsables para ver cómo las aprovecharán.

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Los gobiernos que heredaron tensiones fiscales, crecimiento débil o reservas financieras agotadas recurren cada vez más a las instituciones con sede en Washington en busca de dinero, mientras aplican políticas que esos organismos han defendido durante mucho tiempo. En el pasado, gobiernos de izquierda utilizaron al fondo y a otros organismos multilaterales como chivos expiatorios de la disciplina fiscal.

“Tengo la impresión de que también hay mucho más apoyo en la región, tanto al papel del fondo como, creo, al papel del multilateralismo en términos más generales”, agregó Chalk.

La institución hermana del FMI, el Grupo Banco Mundial, también tiene una mayor participación.

“Queremos premiar a los reformistas”, dijo Cordeiro Guerra, responsable para América Latina, en una entrevista. “Se trata de hacer el trabajo difícil y aplicar realmente reformas de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica”.

Cordeiro Guerra señaló a Paraguay, República Dominicana, El Salvador y Panamá como ejemplos de gobiernos que impulsan reformas favorables al sector privado mientras crecen a tasas anuales superiores al 4 %.

El Banco Mundial podría prestar a Venezuela hasta USD 5.000 millones en los próximos dos años, lo que supondría su primer financiamiento al país desde 2005. Para ello, Venezuela deberá saldar primero sus deudas pendientes con otros organismos multilaterales.

El país reanudó relaciones formales con la institución con sede en Washington previamente este año —después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos— y esta semana marcó la primera vez en más de dos décadas que funcionarios venezolanos participaron en las reuniones del FMI y el Banco Mundial, incluido el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, quien compartió escenario con Chalk en uno de los eventos.

El banco también prepara un paquete integral de financiamiento para Colombia, otro para Barbados y otro para Argentina, que enfrenta vencimientos de deuda por más de USD 25.000 millones. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo y buscan aprovechar las divisiones pública y privada del banco.

Las conversaciones con Colombia incluyen tres préstamos separados para eficiencia del gasto, energía y salud, dijo Cordeiro Guerra, sin revelar su monto. El banco planea utilizar una estructura de financiamiento similar en Barbados para apoyar la regulación de pagos y los pagos digitales del gobierno.

Parte de ese financiamiento seguirá un modelo ya utilizado en Argentina, donde el Banco Mundial respaldó un préstamo comercial de hasta USD 2.000 millones. La estructura utiliza las garantías de la institución para reducir los riesgos para los acreedores privados, lo que ayuda a los gobiernos a obtener financiamiento en mejores condiciones.

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El banco central de China ha indicado que su tasa de recompra inversa a un día sustituirá a la tasa actual a siete días como nuevo índice de referencia, en otro paso que lo alinea más con sus pares globales y que tiene el potencial de reducir los costos de endeudamiento.

El Banco Popular de China estudiará la posibilidad de cambiar el plazo principal de sus operaciones de mercado abierto al plazo de un día en el momento oportuno, declaró el gobernador Pan Gongsheng en el Foro de Financial Street en Pekín el lunes, según un periódico afiliado al PBOC. Una vez que esto ocurra, la tasa de recompra inversa a un día se convertirá en su principal instrumento de política monetaria, según declaraciones recogidas por Financial News.

Con la tasa de las nuevas operaciones de recompra inversa a un día fijada en el 1,25 % en junio, algunos economistas interpretarán este cambio como una bajada de tipos de interés efectiva, dado que es inferior a la tasa de referencia actual a siete días. Antes del anuncio, los analistas de Huatai Securities, liderados por Zhang Jiqiang, escribieron que tal modificación «funcionaría como una bajada de tipos de facto».

Según declaraciones de Pan recogidas a un día, los acuerdos de recompra son el producto más negociado en el mercado interbancario y su tipo de interés, conocido como DR001, ya se ha convertido en objetivo de las operaciones del Banco Popular de China (PBOC), según informó Financial News. Estos acuerdos reflejan el coste que supone para los bancos prestarse dinero entre sí a un día utilizando bonos como garantía.

Xing Zhaopeng, estratega sénior para China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., afirmó que la última decisión "cambiará sustancialmente el marco político y el mercado", aunque el nivel de la tasa aún no está claro.

Según indicó, “los rangos de tipos de interés actuales se recalibrarán” si el tipo de interés de las operaciones de recompra inversa a un día es inferior al 1,4%. Dado que el tipo de interés de las operaciones de recompra interbancarias a un día se sitúa actualmente por debajo del 1,3%, es posible que el tipo de interés de las operaciones de recompra inversa a un día alcance el 1,25%.

Tras conocerse la noticia, el tipo de interés de referencia a un día se mantuvo estable en el 1,26%. El yuan subió un 0,1% hasta los 6,6813 por dólar en el mercado offshore, conservando la ganancia inicial. Los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 y 30 años apenas variaron, situándose en el 1,64% y el 2,06%, respectivamente.

El Banco Popular de China (PBOC) introdujo por primera vez un plazo de un día en sus operaciones de mercado abierto en junio, en una medida clave para ampliar su conjunto de herramientas de liquidez a corto plazo. Esta decisión ha alimentado la especulación de que la tasa de un día desempeñará un papel más importante y, con el tiempo, se convertirá en el principal indicador de política monetaria para anclar los costos de endeudamiento del mercado. 

Este enfoque haría que el Banco Popular de China (PBOC) funcionara de forma más parecida a otros bancos centrales importantes, que suelen considerar los tipos de interés del mercado a un día como el principal objetivo de sus operaciones de política monetaria. 

Los costos de los préstamos a un día entre bancos cayeron por debajo del 1,3% en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde mayo, lo que amplió su diferencia con respecto a la tasa de recompra inversa a siete días. Según los analistas, la reciente caída de las tasas de mercado refleja las expectativas de una transición en el ancla de la política monetaria de China.

El banco central ha realizado operaciones de recompra inversa a un día todos los meses desde junio hasta septiembre, y tanto su frecuencia como el volumen ofrecido han ido en aumento. Estas transacciones han contribuido a satisfacer la demanda del mercado de fondos durante los pagos de fin de mes o los plazos de pago de impuestos.

Además de la modificación del tipo de interés oficial, Pan también pidió una transición en el sistema de fijación de precios de los préstamos bancarios y otros productos financieros.

Según explicó, las empresas con una sólida situación financiera pueden negociar con los bancos y elegir la tasa de recompra interbancaria a un día como referencia para fijar el precio de sus préstamos. La tasa preferencial de préstamos (LPR, por sus siglas en inglés), que los bancos utilizaban anteriormente para determinar el costo del endeudamiento, aún puede aplicarse a los préstamos a pequeñas empresas y particulares.

Según Pan, los bonos y otros derivados también podrían estar vinculados al tipo de interés de recompra, y el Banco Popular de China (PBOC) publicará próximamente un documento de orientación para ayudar a las instituciones financieras a completar la transición.

La LPR se ha vuelto cada vez más rígida y alejada de la realidad del mercado. Desde julio, varios bancos han experimentado con la posibilidad de vincular sus nuevos préstamos a las tasas interbancarias.

El Banco Popular de China (PBOC) también implementará una nueva herramienta de liquidez para ayudar a las instituciones financieras no bancarias a gestionar grandes volúmenes de solicitudes de reembolso de sus clientes, según declaró Pan. Este esfuerzo conjunto con los reguladores financieros y bursátiles busca establecer un mecanismo para estabilizar el mercado de bonos y prevenir una espiral descendente de ventas masivas y el riesgo de escasez de liquidez, explicó, según informó Financial News.

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En medio de un complejo panorama fiscal, Colombia toca las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En noviembre, una misión del organismo visitará el país en el marco de la solicitud que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella de iniciar la consulta del Artículo IV, que es una evaluación de la situación económica y el primer paso para explorar otras opciones de financiación con el FMI.

En esta entrevista exclusiva con El Espectador, desde Bangkok, Tailandia, donde se llevaron a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, explicó cómo avanzan las conversaciones con Colombia, cómo está viendo el organismo la situación fiscal del país, qué tan posible sería un ajuste fiscal sin subir impuestos y cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta América Latina.

Colombia solicitó una consulta del Artículo IV. ¿En qué consiste este proceso y qué tendrá que hacer el país para acceder al financiamiento del FMI?

La dirección del FMI estuvo en Bogotá hace apenas unas semanas. Tuvimos una muy buena conversación con el vicepresidente (José Manuel Restrepo), con el ministro de Hacienda (Miguel Gómez) y con el Banco Central. Hemos continuado esas conversaciones con un equipo que viajó a Washington la semana pasada para mantener un diálogo a nivel técnico y enviaremos una misión a Bogotá a comienzos de noviembre.

Sabemos que el Gobierno tiene un plan para llevar a cabo un ajuste fiscal y nuestro objetivo es encontrar maneras de ayudarlo a ejecutar ese plan y a definir la combinación de políticas que necesitará para lograr que Colombia prospere. Han heredado una situación fiscal muy difícil: la deuda es relativamente alta y el déficit es bastante elevado, creemos que este año rondará el 7 % del PIB. Además, tienen una cantidad considerable de deuda de corto plazo que necesitan financiar.

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¿En qué punto está la conversación?

En este momento estamos tratando de ofrecer asesoría sobre las opciones de política económica y sobre cómo podría llevarse a cabo ese ajuste. En 2025 realizamos una consulta del Artículo IV en la que abordamos asuntos similares. Ese ejercicio puede servir como referencia, porque analizamos tanto la magnitud del ajuste que podría necesitarse como las posibles medidas de política económica para conseguirlo.

Estamos continuando ese diálogo con el Gobierno para examinar las distintas opciones y lograr que el ajuste fiscal no perjudique a los sectores más pobres, respalde el crecimiento a largo plazo, reduzca la deuda, o al menos la estabilice, y disminuya las necesidades de financiamiento. Todavía no hemos decidido exactamente cómo evolucionará el proceso, porque corresponde al Gobierno decidir cuál es la mejor manera en que podemos ayudarlo. Podemos hacerlo mediante nuestras labores de supervisión económica, a través de la consulta del Artículo IV; también estamos muy dispuestos a ofrecer asistencia técnica o podemos hacerlo mediante un acuerdo de financiamiento con el Fondo. Actualmente estamos en una fase exploratoria.

¿Qué opciones de financiamiento podría ofrecerle el FMI a Colombia? También es oportuno saber si reactivar la Línea de Crédito Flexible, que fue cancelada el año pasado, estaría sobre la mesa.

Contamos con un conjunto de herramientas que abarca la supervisión económica, el fortalecimiento de capacidades y el financiamiento del Fondo. Como mencioné, el Gobierno tiene necesidades de financiamiento relativamente grandes en el corto plazo. Si pensamos, por ejemplo, en un acuerdo preventivo como la Línea de Crédito Flexible (LCF), hay que tener en cuenta que este instrumento está diseñado para países que no tienen una necesidad inmediata de financiamiento, sino que buscan asegurarse frente a un eventual choque que pueda afectar al país en el futuro.

El choque fiscal ya golpeó a Colombia y el país ya presenta un desequilibrio fiscal relativamente grande. Por eso, creo que si el Gobierno optara por una operación de financiamiento intentaríamos encontrar una manera de ayudar a aliviar parte de esas presiones financieras. Pero, nuevamente, es el Gobierno quien lleva la iniciativa en este proceso: le corresponde decidir qué funciona mejor para el país y cómo puede ayudarlo el Fondo.

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¿Colombia puede lograr una consolidación fiscal creíble mediante recortes del gasto público, o será necesario aumentar impuestos?

Colombia tiene que realizar un ajuste fiscal considerable. En última instancia esta es una decisión social: depende de cómo el país quiera hacerlo. Sin embargo, el gasto aumentó bastante durante la administración anterior, entonces hay margen para encontrar eficiencias en el gasto. Además, una de las cosas que está considerando el Gobierno es redefinir el papel del Estado: qué debería hacer y qué no debería hacer.

También hay opciones que no implican aumentar las tasas impositivas, sino hacer más eficiente el sistema tributario. Esto podría generar más ingresos sin aumentar la carga tributaria. Es posible imaginar un escenario en el que el Gobierno incluso reduzca las tasas de algunos impuestos, pero al hacer más eficiente el sistema tributario, ampliando la base gravable y eliminando exenciones, termine recaudando más. Todas esas son opciones que estamos analizando con el Gobierno.

Estamos aportando experiencias internacionales sobre cómo otros países han llevado a cabo ajustes de esta magnitud, qué ha funcionado y qué no, para adaptar las alternativas a la situación particular de Colombia, que no es igual a la de otros países. Hay otro asunto importante: se necesita un ajuste que no se haga únicamente hoy, sino que pueda mantenerse durante varios años.

¿Qué consejo le daría a Colombia en este momento difícil para sus finanzas públicas?

Colombia ha llegado a un punto en el que vemos que el déficit fiscal es muy elevado, las necesidades de financiamiento del país son muy grandes y la deuda viene aumentando. Esperamos que siga haciéndolo. Ha llegado el momento de intentar cambiar esa trayectoria y comenzar a reducirla.

Estamos viendo un aumento de las tasas de interés en las economías avanzadas, que también se está transmitiendo a los mercados emergentes y encarece aún más el financiamiento de los gobiernos. Esos mayores costos por intereses terminan desplazando otros gastos valiosos en salud, educación, inversión de capital y asistencia social.

Necesitamos empezar a reducir la deuda para aumentar la confianza de los inversionistas. Así, los costos de los intereses serían menores y entraríamos en una dinámica más favorable, en la que habría más espacio fiscal para realizar gastos importantes en infraestructura, capital humano y asistencia social.

Pasando a las preguntas regionales, ¿cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta actualmente América Latina, según el FMI?

Podemos dividirlos en desafíos de corto plazo y desafíos de más largo plazo. El desafío inmediato consiste en desenvolverse en el entorno económico mundial. Durante estas reuniones anuales hemos hablado de un contexto global muy difícil, en el que están ocurriendo muchos choques al mismo tiempo. Tenemos guerras en el golfo Pérsico y en Europa, precios de las materias primas muy altos y estamos empezando a observar un aumento de las tasas de interés que pagan los gobiernos para endeudarse, incluso en países como Estados Unidos y en Europa. Además, se aproxima un fenómeno de El Niño, que tiende a impulsar la inflación de los alimentos y a generar alteraciones, particularmente en los países de América Latina.

Considero fundamental adoptar políticas que protejan a los países frente a esa volatilidad y construir marcos institucionales que les permitan afrontar mejor esos cambios.

¿Y los de largo plazo?

Destacaría dos asuntos fundamentales para la región. El primero es el ajuste fiscal. Durante la pandemia hubo un gran aumento del gasto; aunque los países retiraron las medidas de estímulo, ahora tienen niveles de deuda más elevados y la región no ha avanzado tanto como debería en reducirlos. Colombia es un ejemplo claro: la deuda ha venido aumentando a un ritmo relativamente rápido durante los últimos años, desde la pandemia. Cambiar esa trayectoria y comenzar a reducir la deuda es fundamental y se hace más urgente con el aumento de las tasas de interés internacionales para los gobiernos.

El segundo asunto que nos preocupa es que algunos países, particularmente aquellos que han adoptado tecnologías, como Estados Unidos, están empezando a experimentar una aceleración de la productividad y un aumento del crecimiento del ingreso por habitante gracias a las innovaciones que se están produciendo, pero no estamos viendo lo mismo en América del Sur y América Latina. En Centroamérica la situación es algo mejor, allí se observan mayores ganancias de productividad.

Para América del Sur y el Caribe la baja productividad ha sido un problema de largo plazo. Estas regiones simplemente no registran el mismo crecimiento que vemos en otras partes del mundo como, por ejemplo, aquí en Asia. Hay varias razones que explican esta situación: existen numerosas distorsiones por el lado de la oferta en los países, la informalidad es un problema muy importante, así como la criminalidad y la seguridad. A esto se suman el entorno empresarial y el sistema tributario.

No se trata de una sola medida, sino de concentrar los esfuerzos en eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento de la productividad. Actualmente estamos viendo avances en varios países de la región en esta materia. Si observamos a Argentina, están haciendo mucho para desregular su economía y abrirse al comercio. En Bolivia están eliminando distorsiones en el sistema cambiario y están intentando mejorar su sistema tributario y retirar subsidios que representan un costo fiscal muy elevado. En Centroamérica, Costa Rica ha abierto considerablemente su economía a la inversión extranjera. Hay ejemplos, aunque todavía queda mucho por hacer.

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En general, ¿cuáles son las perspectivas fiscales y de deuda en la región?

Si observamos la situación fiscal de la mayoría de los países de la región, la deuda no solo está aumentando, sino que proyectamos que seguirá haciéndolo en el futuro; hay algunas excepciones, como Argentina y Paraguay. No es un buen panorama en el contexto mundial. Percibo una preocupación mayor por las políticas fiscales en todos los países: en Europa, Japón, China, Estados Unidos…

En ese contexto, los gobiernos latinoamericanos acuden a los mercados internacionales de capital para endeudarse y están compitiendo con todos esos otros gobiernos que también necesitan financiación. Por lo tanto, cuando aumenta el costo del endeudamiento, también sube el costo de financiarse para los países de esta región. Es urgente abordar el problema de la deuda y hacerlo no es fácil: se trata de políticas que exigen tomar decisiones difíciles y afrontar disyuntivas complejas. Además, hay que hacerlo de una manera socialmente responsable, que proteja a las personas vulnerables y que no recorte la inversión de capital, pues sabemos que esta favorece el crecimiento.

Ese es el difícil equilibrio que enfrenta la región, pero tengo la sensación de que se agotó el tiempo para seguir aplazando las decisiones sobre política fiscal. Este es el momento de actuar.

¿Qué pueden hacer los países de América Latina para impulsar el crecimiento y aumentar el comercio entre ellos?

En materia comercial, es importante que los países latinoamericanos comercien más entre sí, pero también que aumenten el comercio en general. Las políticas deberían enfocarse en incrementar el comercio, sin intentar dirigirlo específicamente hacia Brasil o Argentina, también puede ser con Asia, con Estados Unidos o con Europa. Cuando existe esa competencia comercial, se generan incentivos para mejorar la productividad de los países, se amplían los mercados y se obtienen economías de escala.

América Latina tiene un buen desempeño en el comercio de materias primas con el resto del mundo, pero es fundamental ampliar ese intercambio hacia las manufacturas y los servicios. También sería muy beneficioso comerciar una gama más amplia de bienes y servicios. En cuanto al crecimiento, creo que la productividad es un asunto muy importante para la región y para mejorarla es fundamental eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo, incluyendo los trámites y requisitos para obtener licencias empresariales, los sistemas tributarios y las barreras comerciales.

Ahora es todavía más importante porque la mayoría de los países de la región atraviesan una transición demográfica. Estamos llegando al punto en el que la población en edad de trabajar comenzará a reducirse en América Latina. Tendremos menos trabajadores y más personas jubiladas. En realidad, este ha sido un desafío para América Latina desde hace tiempo, el problema es que, cuando los países han intentado abordarlo, primero llegó el covid-19, después la inflación que siguió a la pandemia y luego la guerra. Por eso ha sido muy difícil mantener el foco en estos problemas, ya que abordarlos requiere un compromiso de largo plazo y los países han seguido enfrentándose a sucesivos choques. Es una situación muy compleja.

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La situación de las finanzas públicas puede encarecer el dinero que necesita el Estado para cubrir sus obligaciones y reducir el margen disponible para otras prioridades del presupuesto. Esa es una de las preocupaciones que puso sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calificó de insostenible la trayectoria fiscal de Colombia y confirmó que estudia con el Gobierno distintas formas de respaldar sus esfuerzos de ajuste, incluido un eventual financiamiento.

En una rueda de prensa este viernes 16 de octubre, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, señaló que Colombia tiene un déficit primario equivalente al 3,5 % del producto interno bruto (PIB), mientras que la deuda pública se sitúa alrededor del 60 % del PIB y continúa aumentando. “Esta no es una situación sostenible”, afirmó.

El funcionario respondió a El Espectador sobre las lecciones que Colombia podría tomar de los ajustes fiscales realizados por otros países de la región y cuánto podría tardar el organismo en definir las alternativas de financiamiento. Vale señalar que la respuesta no estableció un plazo para tomar una decisión ni detalló un programa de crédito, pero confirmó que las conversaciones con el Gobierno avanzan.

El Fondo también advirtió que el crecimiento previsto para Colombia está por debajo de su potencial. Según las proyecciones presentadas esta semana, la economía crecería 2,2 % en 2026 y 2,3 % en 2027. “El potencial del país es mucho mayor”, señaló el funcionario, al insistir en que Colombia debería crecer más rápido.

Contexto en video: Colombia le volvió a tocar la puerta al FMI y esta vez podría no ser mala noticia

¿Qué está dispuesto a ofrecer el FMI?

El Fondo confirmó que enviará una misión a Colombia a comienzos de noviembre para continuar las conversaciones sobre las opciones y estrategias con las que el Gobierno busca corregir el desequilibrio fiscal. La información había sido anunciada por el Ministerio de Hacienda, lo que dará continuidad a las reuniones que el organismo sostuvo en Bogotá semanas atrás y a los encuentros técnicos posteriores en Washington.

El FMI describió las conversaciones como productivas y aseguró que considera que el Gobierno está comprometido con atender la situación fiscal. También señaló que el problema ocupa un lugar central en el debate público nacional.

Sin embargo, el organismo no ha definido todavía la naturaleza de su respaldo. “Estamos tratando de definir cómo apoyamos esos esfuerzos mediante asesoría en política económica, apoyo para fortalecer capacidades y un posible financiamiento del Fondo”, explicó.

Como contó este diario, el Gobierno solicitó la Consulta del Artículo IV, una evaluación en la que el FMI examina la situación macroeconómica de un país y sus planes de política. Ese procedimiento permite profundizar el diálogo con el organismo, pero no constituye por sí mismo una solicitud ni una aprobación de crédito.

Esa asesoría tiene unos beneficios: puede contribuir al diseño de políticas; el fortalecimiento de capacidades busca mejorar las herramientas institucionales para ejecutarlas, y el financiamiento supondría recursos sujetos a un instrumento y unas condiciones que todavía no se han detallado.

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El ajuste fiscal que Colombia todavía debe concretar

La advertencia del FMI llega mientras el Gobierno intenta cerrar las cuentas de 2026 y financiar el presupuesto del próximo año. Según las proyecciones de Hacienda, el déficit del Gobierno nacional central podría llegar a 7,2 % del PIB en 2026 si se ejecuta el recorte de gasto anunciado por COP 21,9 billones. Sin ese ajuste, subiría a 8,2 %.

Para 2027, la brecha es mayor. El Ministerio calcula que el déficit podría alcanzar 9,4 % del PIB si no consigue un ajuste estructural de COP 45 billones, que el Gobierno busca materializar mediante una ley de rescate económico. Si logra concretarlo, proyecta reducir el déficit a 7,2 % del PIB.

El déficit primario mencionado por el FMI no es exactamente la misma cifra: mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes de contabilizar los intereses de la deuda. El déficit fiscal total sí incluye ese costo financiero.

El problema no consiste únicamente en cuánto debe el Estado, sino en cómo consigue los recursos para cumplir sus obligaciones sin seguir ampliando el desequilibrio. En la discusión presupuestal de 2027, el servicio de la deuda está proyectado en cerca de COP 155 billones, alrededor de una cuarta parte del presupuesto. Al mismo tiempo, la inversión pública enfrenta presiones: en las cifras presupuestales compartidas para ese año, su asignación cae en COP 8,6 billones.

La presión se suma a las necesidades de financiamiento previstas para 2027. Las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en el contexto sitúan esas necesidades en unos COP 266 billones, cubiertos mediante una combinación de deuda interna y externa.

De manera que cuanto más se prolongue el desequilibrio y más costoso resulte conseguir financiación, menor será el margen presupuestal para atender otras obligaciones. Por eso, el eventual respaldo del FMI podría ser relevante para las condiciones de endeudamiento, pero no sustituiría las decisiones internas necesarias para estabilizar las cuentas.

Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, dijo esta semana que Colombia necesita comenzar “urgentemente” la consolidación fiscal. El funcionario también advirtió que el ajuste no debería descansar únicamente en mayores impuestos. Es necesario contener el gasto público, que, según afirmó, “ha crecido considerablemente”.

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Crecimiento moderado e inflación persistente

La situación fiscal coincide con un panorama económico que ofrece poco margen para confiar en un crecimiento acelerado de los ingresos públicos. En su más reciente informe, el FMI redujo su previsión de crecimiento para Colombia en 2026 a 2,2 %, frente al 2,6 % registrado en 2025. Para 2027 espera un avance de 2,3 %, muy por debajo del 7 % que plantea el gobierno de La Espriella.

El organismo también elevó sus proyecciones de inflación: prevé que llegue a 6 % este año y a 5,7 % el próximo. En septiembre, la variación anual del índice de precios al consumidor fue de 6,29 %, más del doble de la meta del Banco de la República, fijada en 3 %. El Emisor elevó su tasa de interés de política monetaria a 12,25 %.

Aún no hay una fecha fija respecto al posible apoyo del FMI a Colombia. Por lo pronto, las finanzas deberán manejarse con un cuidado al milímetro antes de precipitar aún más el déficit fiscal.

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Las plenarias de Cámara y Senado empiezan este jueves el debate que definirá la versión final del Presupuesto 2027. Lo que discutirá el legislativo en los próximos días es, a grandes rasgos, la ley que define cuánta plata calcula recibir el Estado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año, y en qué se le autoriza gastarla. Es, a escala de país, lo que hace un hogar cuando organiza sus finanzas: qué es urgente, dónde se puede gastar menos, dónde más y cuánto se va en deudas.

Según la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Congreso tiene hasta la medianoche de este martes 20 de octubre para aprobar la ley del Presupuesto 2027. Si no lo hace, el Gobierno puede expedirlo por decreto, con el proyecto que presentó y las modificaciones aprobadas en primer debate. Los tiempos son cortos, pero no sería la primera vez que el Presupuesto se queda sin la aprobación del legislativo. En 2024, el Gobierno de Gustavo Petro sacó por decreto el presupuesto de 2025, porque el Congreso no lo aprobó. El año pasado sí hubo ley: el 16 de octubre de 2025, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto de 2026, de COP 546,9 billones, con 50 votos a favor y 27 en contra.

De Petro a De la Espriella: la ruta del Presupuesto 2027

El primer proyecto lo radicó el 29 de julio el Gobierno de Gustavo Petro, con Germán Ávila como ministro de Hacienda. Su monto total era de COP 575,7 billones. Sobre este pesaron dos alertas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el organismo que revisa las cuentas públicas, advirtió que gastaba unos COP 20,7 billones más de lo que el propio Gobierno había planeado en sus metas fiscales. Y el Banco de la República señaló que faltaban cerca de COP 30,2 billones por financiar, que dependían de ingresos inciertos, como una reforma tributaria y una ley de financiamiento que el Congreso no había aprobado.

Con el cambio de Gobierno llegó Miguel Gómez Martínez al Ministerio de Hacienda y, recién posesionado, pidió devolver el proyecto de su antecesor. Devolverlo significa que el Congreso se lo regresa al Gobierno para que lo rehaga, algo que las comisiones económicas pueden hacer si consideran que el texto no cumple la ley que regula el presupuesto. El pasado 11 de agosto, las comisiones económicas hicieron la devolución, algo no pasaba con el Presupuesto desde 2003. Un día antes, cabe resaltar, había ocurrido el terremoto, cuyo impacto fiscal se sumó a la discusión presupuestal.

El 27 de agosto, el Gobierno de Abelardo de La Espriella radicó su propio proyecto de Presupuesto, por COP 634,9 billones (cerca de COP 59 billones más que el anterior). Según el CARF, el aumento recoge gastos que el proyecto de Petro no tenía del todo en cuenta, como pensiones, salud, nómina pública, universidades, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, así como el pago de la deuda: el proyecto de Petro calculaba unos COP 118 billones para eso en 2027 y el nuevo, COP 155,4 billones. Son COP 37,4 billones más, una diferencia que, según la bancada de Gobierno, el primer proyecto había subestimado.

El 14 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso votaron la propuesta y se definió que el monto del Presupuesto 2027 será de COP 634,9 billones. Tras la votación, el ministro Miguel Gómez dijo que no era el presupuesto con el que habría querido empezar su mandato, pero sí "el presupuesto que podemos permitirnos". El 23 de septiembre, esas mismas comisiones aprobaron el proyecto en primer debate, con 56 votos a favor y 19 en contra.

A qué le restan y a qué le suman en el Presupuesto 2027

Hoy el proyecto está en segundo debate. Ya no lo discuten las comisiones económicas, sino las plenarias de la Cámara y del Senado, es decir, todos los representantes y todos los senadores reunidos. Cada corporación debate y vota la iniciativa por su lado.

Hay que decir que el proyecto de Presupuesto 2027 en discusión no será exactamente el del primer debate. El texto de ponencia para segundo debate, que fue radicado el miércoles 14 de octubre, mantiene el monto total (de COP 634,9 billones), pero, mediante un pliego de modificaciones que cuenta con el aval del ministro de Hacienda, se mueven unos COP 11,7 billones entre rubros y entidades: a unas partidas se les suma plata y a otras se les resta.

Así queda el reparto entre los tres grandes tipos de gasto, frente al texto aprobado en primer debate:

El servicio de la deuda, que es lo que el Estado destina a pagar los créditos que ha pedido, pasa de COP 155,43 billones a COP 147,07: son COP 8,36 billones menos. Aun así, sigue siendo casi uno de cada cuatro pesos del Presupuesto 2027. Según la ponencia, la reducción responde a las condiciones para reperfilar la deuda, es decir, reacomodar los plazos para pagarla, y a otras operaciones de manejo, con el fin de priorizar la inversión y el funcionamiento.

La inversión es lo que más sube. Son COP 6,49 billones más, hasta cop 94,63. Es la plata para obras, programas y proyectos, y pasa de pesar 13,9 % del presupuesto a 14,9 %.

El gasto de funcionamiento sube COP 1,87 billones y llega a COP 393,25. Es lo que cuesta mantener el Estado en marcha y sigue siendo la mayor parte del presupuesto, con 61,9 %.

Por otro lado, estos son los movimientos más grandes por entidad, también frente al texto del primer debate:

Hacienda es la cartera que más suma recursos: COP 6,05 billones, según el pliego. De ese total, COP 3,9 billones son de inversión. El senador Cristian Garcés, del Centro Democrático y ponente del proyecto, explicó que esos COP 3,9 billones son una bolsa para atender el terremoto, otros desastres y prioridades adicionales. Otros COP 2,15 billones son de funcionamiento, y a inversión le restan unos COP 11.400 millones, casi todos del rubro de transporte público de pasajeros.

Minas y Energía suma COP 3 billones. Según la ponencia, son para subsidios de energía y de gas, y para el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.

Al Ministerio de Agricultura le suman COP 138.409 millones, para servicios financieros y gestión del riesgo agropecuario, y a la Agencia Nacional de Tierras le restan esa misma cifra.

Al DANE le suman COP 150.000 millones de inversión. Según la ponencia, son para fortalecer la recolección y el acopio de la información estadística oficial.

En Defensa y Policía, el sector queda con una adición neta de unos COP 31.000 millones que, según la ponencia, van al subsistema de salud de la Policía y salen de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los organismos de control reciben adiciones, pero también reducciones. Garcés destaca COP 310.000 millones para su modernización tecnológica. Sin embargo, el pliego también les resta recursos: en conjunto, Procuraduría, Defensoría y Contraloría quedan con unos COP 83.000 millones menos. A la Registraduría le suman COP 200.000 millones (de los cuales COP 100.000 millones son para el Consejo Nacional Electoral), pero a la vez le restan COP 400.000 millones, así que frente al primer debate queda con unos COP 200.000 millones menos.

Entre los recortes puntuales, el SENA pierde COP 500.000 millones.

Para 2027, el texto de segundo debate trae un programa de austeridad obligatorio para todas las entidades del Presupuesto, que debe priorizar el recorte de gastos como los contratos de prestación de servicios, los viáticos, los eventos y la publicidad.

¿Qué han dicho el CARF y el Banrep sobre las cuentas del Gobierno?

Según el CARF, el Presupuesto 2027 se financia más con deuda que el de este año: lo que el Estado recauda de sus rentas regulares baja 7,4 % y la diferencia se cubre, sobre todo, con más deuda, interna y externa. Por eso el déficit y la deuda son claves en la discusión, y el CARF y el Banco de la República han hecho cuentas sobre ellos.

El déficit es lo que le falta al Gobierno para pagar todo lo que gasta con lo que recauda. La deuda neta es lo que debe. Los dos se miden frente al PIB, que es lo que produce el país en un año. Un ejemplo: un déficit de 9,4 % quiere decir que, por cada 100 pesos que produce el país, al Gobierno le faltarían 9,4 para cubrir sus gastos. Y una deuda de 66 % equivale a COP 66 pesos por cada COP 100 que produce el país.

Ahora, los cálculos para 2027. El Marco Fiscal del Gobierno de Gustavo Petro, el plan con las proyecciones que el Gobierno presenta cada año, preveía un déficit de 4,5 % y una deuda neta de 58,9 %. Con el cambio de gobierno, las cuentas se corrigieron en agosto: el plan del Gobierno de Abelardo de La Espriella proyecta un déficit de 9,4 % y una deuda de 66,2 %. El CARF llega a cifras parecidas, con un déficit cercano a 10 % y una deuda de 67,3 %. Según el Banco de la República, las del plan actualizado no son metas del Gobierno, sino un diagnóstico de lo que pasaría si no se actúa.

El CARF advirtió, en un comunicado publicado el 10 de septiembre, que en 2027 el déficit, en lugar de bajar, subiría frente a 2026, y que la deuda ya está cerca de su límite. Para que deje de crecer, estima que en 2028 el Gobierno tendría que recaudar más de lo que gasta, sin contar los intereses, por una suma superior al 2 % del PIB, es decir, más de COP 2 por cada COP 100 que produce el país. Y pidió que el ajuste sea permanente y no transitorio, tanto en ingresos como en gasto.

Hace más de un mes, el Banco de la República opinó sobre el proyecto de Presupuesto que radicó el Gobierno de Abelardo de La Espriella el 27 de agosto, en una intervención ante las comisiones económicas el 1 de septiembre. El Emisor dijo que reconocer el tamaño real del desequilibrio de las cuentas es un paso en la dirección correcta. Pero advirtió que, incluso si el Gobierno logra el ajuste de gasto que anunció, de 2,2 % del PIB, el déficit de 2027 bajaría de 9,4 % a 7,2 % y las finanzas seguirían más desbalanceadas de lo que preveía el Marco Fiscal y de lo que se necesita para que la deuda sea sostenible.

Hay que decir que los análisis del CARF y del Banco de la República son anteriores a los ajustes del segundo debate, que mueven la composición del presupuesto, entre ellos la baja de COP 8,36 billones en el pago de la deuda, pero no su monto total. En cualquier caso, son los cálculos más recientes que se conocen de las dos entidades sobre este proyecto.

Ese ajuste de 2,2 % del PIB es el que el Gobierno espera lograr con la llamada ley de "rescate económico", un proyecto que, según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se centra en reducir el gasto, aunque también incluirá medidas tributarias. Gómez ha dicho que esta iniciativa se presentaría durante octubre.

Gobierno prepara un decreto de recorte del gasto de 2026

Mientras el Congreso decide el presupuesto del próximo año, el Gobierno prepara ajustes al de 2026. Según el ministro de Hacienda, las proyecciones de este año quedaron desfasadas: no se aprobó la ley de financiamiento, la mayoría de las medidas tributarias de la emergencia económica decretada en 2025 fueron declaradas inexequibles, es decir, contrarias a la Constitución, y las presiones de gasto resultaron mayores a las previstas. Sin ajustes, 2026 cerraría con un déficit de 8,2 % del PIB. De hacerse un ajuste a las partidas de gasto de unos COP 21,9 billones, el Gobierno ubica ese déficit en 7,2 %.

El primer paso fue congelar plata: el 19 de agosto, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó bloquear partidas por el equivalente al 1 % del PIB. Bloquear significa que el dinero sigue en el presupuesto, pero las entidades no pueden gastarlo hasta que se defina qué se recorta o se aplaza.

El siguiente paso sería un decreto de recorte o aplazamiento del gasto de este año. Recortar es quitarle plata a una partida y aplazar es posponer su ejecución. Según la ponencia del Presupuesto para segundo debate, el Gobierno todavía define el alcance del decreto, y lo que busca es que el gasto se ajuste a lo que realmente se recauda, para no acumular compromisos sin pagar. Los que ya quedaron pendientes de 2025 para pagarse este año suman COP 48,4 billones, el 2,4 % del PIB.

En paralelo, el Gobierno presentó al Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto para modificar el presupuesto de este año con dos operaciones. La primera es sumar COP 2,7 billones al Fondo Milagro, creado para atender los efectos del terremoto. Según el proyecto, esa plata saldría de los alivios que permiten a los contribuyentes ponerse al día con la DIAN y que vencen el 19 de noviembre, aunque el recaudo depende de cuántos se acojan. La segunda es trasladar COP 1,2 billones para cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía. Ese traslado no cambia el total del presupuesto, porque la plata sale de partidas que ya existen en Hacienda y en Minas y Energía. La adición para el Fondo Milagro sí lo aumenta.

En contexto: Gobierno quiere más plata para atender crisis de Air-e y el terremoto: esto propone

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