El diagnóstico del estado del sector educativo en Colombia presentado por la ministra de Educación, doctora Ilva Myriam Hoyos, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, es preocupante: revela debilidades y problemas de gran complejidad que comprometen la función educativa.

En el informe fueron unificados aspectos como los siguientes: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio proyecta necesidades en salud por COP 8,44 billones; sin embargo, solo tiene COP 3,94 billones disponibles, para un déficit de COP 4,50 billones. El sistema de salud de los profesores presenta, entre enero de 2025 y julio de 2026, 97.105 tutelas y trámites constitucionales. Este organismo atiende la salud de 837.275 docentes, pensionados y sus familiares.

También se reporta incumplimiento en las metas del Plan Nacional de Desarrollo pues el Gobierno anterior lo cerró en apenas un 78,44 %, con 17 indicadores (de un total de 23) que no alcanzaron los objetivos previstos. Por ejemplo, la cobertura en educación media llegó al 49,95 %, frente a una meta del 65 %, o sea que solo uno de cada dos estudiantes en edad para cursarla tiene acceso a ella. Asimismo, en el Plan de Desarrollo estaban proyectados 19.500 ambientes educativos; sin embargo, a julio de este año solo se terminaron 11.341.

Otro tema sensible es la matrícula en educación básica y media. A mayo de 2026 se registraban 8.890.336 estudiantes en transición y grado once, es decir, 421.142 menos que en 2025, lo que corresponde a una disminución del 4,5 %, cuyas causas no están determinadas.
De la misma forma, el MEN reporta que veinte entidades territoriales presentan riesgo muy alto en acceso, permanencia, desempeño y atención al contexto.

En cuanto a la educación superior, quedó faltando la suma de COP 245.797 millones adicionales para cumplir con la política de gratuidad en la matrícula en lo correspondiente a la vigencia 2026, aunque, de acuerdo con el Gobierno, ya se lograron asegurar COP 185.000 millones. Igualmente, un organismo gubernamental de tanto impacto en la educación superior como el Icetex solo tiene una asignación presupuestal de COP 467.621 millones, pero requiere COP 1,99 billones.

En medición de aprendizaje, el 49,51 % de los colegios oficiales en zonas rurales sigue en la categoría D en pruebas Saber 11, la de menor desempeño. Asimismo, el último dato consolidado con que se cuenta de pruebas Saber en primaria y secundaria es de 2023.
También se presenta una disminución en la cobertura escolar, al pasar del 86,8 % en 2022 al 83,6 % en 2025. La cobertura educativa bruta en zonas urbanas alcanzó el 98,5 %, frente al 77,7 % en las rurales. También se reportan 1.587.248 personas entre los 5 y 16 años sin matricular a 2025, o sea, el 16,2 % de la población en ese rango etario.

Con toda claridad y contundencia, la señora ministra Hoyos expresó que la respuesta del Gobierno actual se orienta a disminuir las brechas, priorizar la transparencia, garantizar el bienestar de los maestros y recuperar la capacidad del sistema para ofrecer oportunidades reales de educación a todos los colombianos.

Es importante poner el retrovisor para conocer el terreno que se está pisando, pero también lo es poner en marcha, con urgencia, las posibles soluciones a los problemas heredados pues, así como otros sectores básicos para el desarrollo y el bienestar de los colombianos, la educación no da espera. En este propósito, como bien lo ha dicho la ministra, es imperativo trabajar de manera colectiva con todos los actores del sector.

*Rector de la Unisimón

El 22 de octubre, el Icetex abrió una nueva convocatoria de becas en convenio con Swiss Leading House for the Latin American Region, para que representantes de startups puedan ir a entrenarse al país europeo con todo pago.

El programa se llama Academia-Industry Training (AIT) y, como se lee en la página del Icetex, "ayuda a prometedoras empresas emergentes (startups) suizas y colombianas a innovar y desarrollar sus habilidades empresariales". Además, tiene como objetivo "conectar a investigadores-empresarios suizos con sus homólogos colombianos".

(Lea A reconstruir la escuela: ¿aprovecharemos este momento?)

El entrenamiento, en el que está involucrada la Universidad de San Gallen, en Suiza, constará de dos fases: una parte de la formación se hará en Colombia entre el 8 y el 12 de febrero del 2027 y estará organizada por el Icetex. Habrá una segunda fase, que se llevará a cabo en Suiza entre el 15 y el 19 de marzo de 2027 y estará encabezada por el Swiss Leading House.

Según la página del Icetex, solo se elegirán a diez representantes de startups (uno por empresa) que podrán concursar por un apoyo financiero de COP 40.000.000, para que puedan desarrollar un proyecto o una investigación. Esa persona deberá informar a la entidad sobre el progreso del proyecto.

"La participación se concede a los proyectos elegidos por su potencial empresarial a través de la presente convocatoria. El principal objetivo del programa es ayudar a las personas participantes a avanzar en sus planes de negocios, al establecimiento de nuevos contactos con la industria y a la resolución de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual", indica el Icetex.

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 p. m. del 23 de noviembre de 2026.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida personas colombianas que residan en Colombia. Deben contar con un título de pregrado, licenciatura o de tecnología profesional obtenido en una Institución de Educación Superior colombiana.

Adicionalmente, "deberán ser estudiantes de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado, investigadores o docentes de universidades colombianas, instituciones técnicas y tecnológicas, que posean un historial de investigación ya consolidado".

La edad de los aspirantes debe estar entre 25 y 50 años y deben tener, mínimo, un nivel B2 de inglés.

"La persona aspirante debe liderar o ser parte de una startup o proyecto de base tecnológica y desarrollo digital", recuerda el Icetex.

Para la calificación se tendrán en cuenta varios factores, entre ellos, tener un modelo de negocio innovador y tener un plan de escalabilidad. También el lugar de donde provenga el participante y el promedio académico que obtuvo durante el pregrado.

Solo serán válidas las postulaciones en formato PDF que se realicen a través de la plataforma establecida por el ICETEX.

¿Qué cubre la beca?

A los 10 beneficiarios que resulten del proceso de selección se les cubrirá:

• El 100 % del valor del programa en Suiza y Colombia.
• Tiquetes internacionales para asistir al Swiss Camp.
• Seguro médico no farmacéutico durante la estancia en Colombia.
• Alimentación y hospedaje en Suiza y Colombia.
• Transporte interno en Suiza y Colombia.

Para obtener más información, puede acceder a esta página web, o llamar en Bogotá al  +57 333 6025656, o a la línea gratuita nacional, 018000-916821.

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El 10 de agosto un  sismo de magnitud 7,4 afectó a más de un millón de estudiantes en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Un mes después llegó otra sacudida, menos visible pero profunda: los resultados de PISA 2025. Ambos hechos nos dejan la misma pregunta. ¿Vamos a reconstruir lo que teníamos, o aprovecharemos este momento para hacer bien la  tarea educativa con las niñas, niños y adolescentes de Colombia?

Aunque los promedios globales de PISA cayeron, Colombia está aún más atrás. Obtuvimos 414 puntos en ciencias, 399 en lectura y 381 en matemáticas, frente a 482, 461 y 463 del promedio OCDE. El 43,9% de nuestros estudiantes de 15 años no alcanza el nivel básico en ninguna de las tres áreas, y solo el 9,2 % en situación de vulnerabilidad logra un buen desempeño. A esto se suma la situación reportada por  el Ministerio de Educación:  en 2025 había 1.587.248 niñas, niños y adolescentes de 5 a 16 años fuera del sistema educativo: uno de cada seis. Y a mayo de 2026 la matrícula había caído en 421.142 estudiantes.

PISA también muestra un reto que no vemos:  Solo uno de cada cuatro estudiantes colombianos no se distrae con dispositivos digitales en clase. Más de la mitad usa inteligencia artificial cada semana para “estudiar”, mientras nuestras instituciones educativas tienen muy poca capacidad para acompañar  ese uso. La OCDE lo resume bien: la IA debe ser un andamio para pensar, no una muleta que reemplace el esfuerzo de aprender.

A pesar de esto, Colombia cuenta con  importantes leyes que promueven la educación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Tal es el caso de la ley  que reconoce la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado, la  Ley que promueve la alianza familia–escuela en todas las instituciones educativas del país y los entornos alimentarios saludables. Además, contamos con organizaciones de la sociedad civil, universidades y académicos con años de experiencia y evidencia sobre lo que funciona. Y tenemos a las familias dispuestas a trabajar por una mejor educación. A pesar de que en PISA, el apoyo familiar cayó en casi todos los países desde 2022, los estudiantes colombianos reportan más apoyo de sus familias y de sus docentes que el promedio de la OCDE. Es un activo que pocos países tienen y que debemos cuidar.

En Colombia, una evaluación de impacto liderada por un investigador de la Universidad de Harvard encontró que  los estudiantes de instituciones educativas que hacen parte de Red PaPaz obtuvieron 7,8 puntos más en Saber 11 y 4,3 más en Saber 9. El efecto crece con la permanencia y el compromiso de cada institución con el trabajo en llave entre familia y escuela.

A esto se suma la solidaridad tras el sismo, donde empresas, fundaciones, cooperación internacional, gobiernos locales y ciudadanos quieren ayudar. Esa voluntad es una oportunidad para reconstruir y hacerlo mejor. Sin embargo, para Red PaPaz, hacer bien la tarea educativa  no es solo  subir puntajes. Una niña que llega con hambre, un niño que vive con miedo o un adolescente atrapado en una pantalla no pueden aprender. La atención integral requiere garantizar alimentación real libre de productos ultraprocesados, atención física y mental oportuna, instituciones educativas libres de violencia, reglas claras para el uso de celulares en el colegio y de uso de IA con protección frente al ciberacoso y grooming, y relaciones de acompañamiento con afecto y límites firmes.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, tuvo el valor de nombrar las fracturas del sistema y desde la sociedad civil queremos aportar a la solución con cinco propuestas: en primer lugar, que la reconstrucción en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca incluya ambientes alimentarios saludables, conectividad segura y espacios para el encuentro con las familias. Segundo, hacer realidad la alianza familia–escuela, con recursos de acompañamiento y medición de resultados. Tercero, llevar el Proyecto LEA (Leer, Escribir y Amar) a los hogares, para recuperar el gusto por leer y fijar reglas claras para celulares e inteligencia artificial, construidas con docentes, familias y estudiantes. Por último, crear una mesa de trabajo con el Ministerio, los gobiernos locales, la academia y la sociedad civil, para que la ayuda que hoy sobra no se disperse.

PISA nos dice dónde estamos. El sismo nos recordó que, cuando el país se mueve junto, podemos levantarnos. Hagamos que esta vez la reconstrucción llegue al aula con los mejores estándares.

*Directora ejecutiva de Red PaPaz

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El padre Harold Castilla Devoz, rector general de la Uniminuto, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) por parte de su Consejo Directivo. Cabe apuntar que esta es la primera vez que una institución universitaria asume la presidencia del gremio.

Castilla, quien ejercerá como presidente de ASCUN durante el periodo 2026 - 2028, es oriundo de Turbaná, Bolívar. Es sacerdote eudista, licenciado en Filosofía, teólogo y doctor en Educación de Nova por la Southeastern University de Estados Unidos. Además, el padre Castilla está al frente de la Rectoría General de Uniminuto desde 2017. Bajo su dirección, según comunicó la asociación, la institución ha superado los 110.000 estudiantes, tiene presencia en 32 departamentos y ha llevado su modelo a Costa de Marfil (África). También fue vicepresidente de ASCUN entre 2024 y este año.

Ahora, llega al cargo en un momento clave para el relacionamiento entre las universidades y el Gobierno Nacional. “Ante todo, esto representa una gran responsabilidad frente a los desafíos que tenemos en la educación superior en el país. La asumo como un servicio y como un trabajo plural, con todas las instituciones de la asociación y con todos los que queremos a Colombia y queremos lo mejor para ella”, afirmó Castilla.

En suma, de acuerdo con la visión de ASCUN a 2027, el rector de la Uniminuto tendrá la labor de defender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación, así como fortalecer el sistema mixto de educación superior (público-privado) e incidir en la formulación de política pública.

Otras de sus prioridades, indicó la asociación, será la sostenibilidad financiera de las instituciones, la calidad y pertinencia de la formación, la transformación digital y el uso ético de la inteligencia artificial. Del mismo modo, le apostará a la articulación entre universidades, el Estado, los territorios y las empresas, además de la investigación con impacto en las regiones.

“Tendremos que conversar para hacer una agenda común donde todos quepamos y donde todos hagamos la tarea por nuestra Colombia. En medio de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la revolución digital, la dimensión humanista tendrá que ser una gran apuesta nuestra: porque somos educación, porque somos generadores de cultura”, agregó Castilla.

ASCUN también comunicó que su Consejo Directivo para el periodo 2026 - 2028 quedó conformado de la siguiente manera:

• Vicepresidente: Luis Fernando Polania Obando, rector Universidad del Quindío.
• Principales: Raquel Bernal Salazar, rectora Universidad de los Andes; Ana María Piñeros Ricardo, rectora Fundación Universitaria Juan N. Corpas; Maritza Rondón Rangel, rectora Universidad Cooperativa de Colombia; John Jairo Méndez Arteaga, rector Universidad del Tolima; Ana Milena Maya González, rectora Universidad Popular del Cesar; Luquegi Gil Neira, rector Universidad de Antioquia.
• Suplentes: Eduardo Crissien Borrero, rector Universidad de La Costa; Fray Sergio Iván Rojas Díaz, O.F.M., rector Universidad San Buenaventura; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, rector Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; José Ismael Peña Reyes, rector Universidad Nacional de Colombia; Hernán Porras Díaz, rector Universidad Industrial de Santander; y Martha Sofía González Insuasti, rectora Universidad de Nariño.

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El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Fernando Múnera Congote, fue elegido como representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), cuya función es asesorar sobre la política estatal de ciencia, tecnología e innovación y orientar el diseño de actividades del sector.

El padre Múnera Congote, es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller en Teología y doctor en Filosofía del Centro Sèvres de París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la institución, así como asesor del vicerrector académico, codirector del Programa de Planeación Universitaria sobre Paz y Reconciliación y profesor asociado de la Facultad de Filosofía, donde también fue director de carrera. Es rector de la Unijaveriana desde marzo de 2023.

Este 23 de octubre, el Minciencias anunció los resultados de la elección del representante de las universidades privadas, que se lleva a cabo según lo establecido en su Resolución 0417 de 2024. Durante laa jornada, que contó con todos los diez habilitados para votar, Múnera Congote recibió el respaldo de los demás rectores inscritos para participar en el proceso, obteniendo la mayoría de la votación. 

“Esta elección fortalece la participación de las universidades privadas en la construcción de una agenda país que responda a los desafíos del conocimiento”, aseguró la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar. 

La jefe de cartera agregó que el objetivo es que las capacidades de investigación y formación de talento de Múnera Congote se articulen con el gobierno, las empresas y las regiones “para orientar esfuerzos e inversiones hacia los desafíos estratégicos de Colombia. Así podremos transformar el conocimiento en soluciones que impulsen la productividad, el desarrollo regional y el bienestar de la ciudadanía”.

El CONACTI, básicamente, es una instancia de pensamiento estratégico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su apuesta, entre otras cosas, es impulsar el desarrollo sostenible y la consolidación de una sociedad del conocimiento. A través de la representación de las universidades privadas, se busca aportar con las capacidades y perspectivas de instituciones para la formación de talento, la investigación y la transferencia de conocimiento. En otras palabras, una de las funciones del representante será conectar las propuestas de la academia con los desafíos productivos, sociales y regionales del país.

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La Sala General y el Consejo Superior de la Universidad Ean designaron a Lorena Piñeiro Cortés como la nueva rectora de la institución, y oficialmente asumirá funciones a partir del próximo 1 de noviembre, tras la renuncia al cargo por parte de la bióloga Brigitte Baptiste.

Piñeiro es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en Negocios Internacionales y Solución de Conflicto. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, de México. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia, consultoría, liderazgo y gestión académica.

Durante casi 13 años, ha estado vinculada a la Universidad Ean, donde ha ejercido como profesora asociada, directora del Programa de Negocios Internacionales, directora del Departamento de Pensamiento Económico, decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, vicerrectora de Innovación Académica y gerente general.

De acuerdo con la institución, que está enfocada en el emprendimiento sostenible, Piñeiro ha contribuido a su evolucion desde diferentes roles directivos, “impulsando procesos de transformación e innovación educativa”. Ahora, su nombramiento “marca el inicio de una nueva etapa que dará continuidad al proyecto educativo de la universidad y potenciará su contribución al desarrollo del país”, apuntó.

Hasta ahora, la gestión de Piñeiro se ha enfocado en la transformación institucional y la evolución de los modelos de aprendizaje. Ha promovido la integración de tecnologías emergentes y la inteligencia artificial. De ese modo, su apuesta es por una universidad innovadora, conectada con el entorno global, y por generar nuevas oportunidades de aprendizaje y contribuir al progreso de la sociedad. También considera claves el emprendimiento sostenible y el talento humano como motores de transformación y desarrollo.

“Bajo su liderazgo, la Universidad Ean continuará fortaleciendo su propuesta académica, ampliando las oportunidades para estudiantes y egresados, así como la consolidación de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo empresarial, social y ambiental de Colombia. Reafirmando su compromiso con una educación que transforma vidas y aporta a la construcción de un futuro sostenible”, se lee en el comunicado de la institución.

Piñeiro sucederá a Brigitte Baptiste, magister en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, quien fue rectora de la universidad durante siete años y estará en el cargo hasta este 30 de octubre. Durante su gestión, subrayó la Ean, Baptiste aportó a la creación de nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores a través de Becas por Colombia, el fortalecimiento de la presencia regional y la ampliación de la comunidad estudiantil.

Baptiste continuará vinculada a la universidad como profesora emérita, además de que estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento". Por diez años, la ahora exrectora estuvo al frente del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Es considerada una experta en temas ambientales y de biodiversidad, sino también una líder destacada en asuntos de diversidad de género, reconocida por su participación, como mujer transgénero, en conferencias internacionales.

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La calidad de la educación media en Colombia ha mejorado durante los últimos años. Así lo demuestra un nuevo informe del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi, el cual analizó los resultados de las Pruebas Saber 11 de 567.268 estudiantes. De acuerdo con el análisis, el porcentaje de jóvenes que termina el colegio con el nivel esperado en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y sociales, lo que el ORE denomina logro académico integral, pasó de 18 % en 2019 a 23 % en 2025.

Puntualmente, desde 2022 más jóvenes terminan el colegio cada año con las competencias que se requieren para seguir estudiando y que, eventualmente, puedan entrar al mundo laboral. Estos resultados, apunta el observatorio, se han dado en casi todo el país, pues 93 de los 97 territorios con secretaría de educación mejoraron respecto a 2019. El logro académico integral se encuentra ahora muy cerca del nivel de hace casi una década, cuando se reflejaba en el 25 % de los estudiantes en 2016. 

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio, según el ORE, es que la recuperación más fuerte no se ha dado en las grandes ciudades, sino que, en promedio, los territorios del Caribe y la Amazonia ya superan los resultados de 2016. En cambio, Bogotá y Medellín siguen por debajo de su punto de partida, pasando de 38 % a 32 % y de 28 % a 23 %, respectivamente.

El municipio de Girón, en Santander, ha sido el que más ha avanzado en el país, pues pasó de tener el 21 % de estudiantes con logro integral en 2019 a 36 % en 2025. Por su parte, Armenia subió de 25 % a 40 %, Lorica de 9 % a 22 %, Buga de 22 % a 34 % y Yumbo de 13 % a 24 %. Montería, Casanare y Guaviare también son “casos especiales”, ya que mejoraron sus resultados, a la vez que más jóvenes terminaron el colegio y presentaron la prueba. Para el observatorio, eso es una señal de que “es posible ampliar la cobertura sin sacrificar la calidad”.

En cuánto a las áreas del conocimiento de mayor crecimiento, el informe plantea que la lectura crítica y las matemáticas están en su mejor nivel de la década. En 2025, el 62 % de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en lectura crítica y el 56 % en matemáticas, siendo los porcentajes más altos de los últimos diez años. Del mismo modo, el número de estudiantes con desempeño sobresaliente en lectura crítica pasó de 9 % en 2016 a 16 % en 2025.

A pesar de estas buenas noticias, el ORE precisa que los retos aún persisten, pues cuatro de cada diez jóvenes terminan el colegio sin el nivel esperado en lectura crítica y más de cuatro de cada diez tampoco lo alcanzan en matemáticas. De hecho, uno de cada ocho estudiantes no logra ni siquiera resolver las preguntas más sencillas de la prueba de matemáticas, siendo la misma proporción de hace diez años. 

“No vamos a desconocer lo que falta: la mayoría de los jóvenes todavía termina el colegio sin el nivel esperado”, afirmó Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi. “Pero la mejora llegó a casi todo el país y nos muestra que es posible, incluso en contextos difíciles. Si entendemos qué hizo la diferencia en cada lugar, podemos acompañar mejor a los que aún no avanzan”.

El informe del observatorio hace énfasis en algunas de las brechas que se mantienen. Entre los colegios privados y los públicos, que atienden a tres de cada cuatro estudiantes evaluados, la diferencia sigue siendo de alrededor de 20 puntos porcentuales, igual que en 2016. Además, entre las zonas urbanas y rurales, la distancia se mantiene en casi 12 puntos porcentuales, mientras que las mujeres, que son la mayoría de quienes presentan la prueba, siguen por debajo de los hombres, con un 21 % frente a un 26 %.

Las diferencias entre territorios también son enormes, de acuerdo con el ORE. En Envigado, Tunja, Bucaramanga, Floridablanca y Sogamoso, cerca del 42 % de los estudiantes alcanza el logro integral. En contraste, en Turbo, Vichada, Guainía, Chocó y Uribia, solo entre el 1 % y el 6 % lo logra. En los últimos diez años, en Chocó y Uribia esta cifra no ha superado el 4 %.

“El promedio del país sube, pero las brechas se quedan donde estaban. Eso nos dice que mejorar en promedio no es lo mismo que mejorar para todos. Por eso hay que mirar los resultados también según el territorio, el tipo de colegio o el género, y no solo el total”, resaltó Santiago Navia Jaramillo, investigador del ORE.

El informe del observatorio llega poco después de que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate un proyecto de acto legislativo para que el Estado garantice la educación de los jóvenes hasta los 17 años, incluyendo la educación media. Sobre este tema, el ORE ha llamado la atención, por ejemplo, en su reporte de 2025 sobre cobertura y abandono escolar, en el que advertía que solo uno de cada dos jóvenes de 15 y 16 años estaba matriculado en educación media. 

“Ampliar la cobertura es indispensable, pero no suficiente. La meta es que los jóvenes que llegan a la media, además de terminarla, salgan con lo que necesitan para su vida”, apuntó el observatorio. 

Por otro lado, se refirió a la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, señalando la oportunidad para mejorar la calidad educativa en los territorios más vulnerables, y no únicamente para levantar la infraestructura de las escuelas de nuevo. A través de los resultados de Saber 11, dijo, se podrá identificar si la recuperación se mantiene o si se profundizan las desigualdades. 

Finalmente, el informe plantea tres propuestas para el Gobierno Nacional, así como las secretarías de educación. Por un lado, hace un llamado a priorizar la lectura crítica y las matemáticas en los planes de mejoramiento, y a entender las razones por las que las ciencias naturales y sociales y ciudadanas siguen por debajo de los niveles de 2016. También insta a documentar lo que hicieron territorios como Girón, Lorica, Buga, Casanare o Guaviare para que otros territorios puedan replicarlo. El documento completo puede ser consultado aquí. 

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A partir de este mes de octubre, cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos del Icetex podrán acceder a una reducción temporal de la tasa de interés al IPC + 0 %. El Gobierno Nacional destinará COP 100.000 millones de pesos a cubrir el recargo adicional a la inflación tanto para estudiantes activos como para quienes se encuentran en etapa de pago, siempre y cuando mantengan sus obligaciones al día o no superar los 30 días de mora. 

En otras palabras, los beneficiarios tendrán un subsidio a la tasa de interés de la financiación de sus estudios en octubre y hasta agotar dicha inversión. “Es fundamental precisar que este beneficio no constituye una condonación del capital de la deuda y estará vigente mientras los recursos asignados estén disponibles, priorizando de manera automática y sin intermediarios a la población con mayor grado de vulnerabilidad”, indicó la Presidencia de la República.

En ese sentido, los beneficiarios, que verán reflejado el alivio en el recibo de pago de este mes, están priorizados por su mayor grado de vulnerabilidad, distribuidos en dos grupos:

• 64.904 usuarios de crédito Icetex que están en etapa de estudios, para los cuales se han otorgado COP 49.330 millones
• 170.000 beneficiarios de crédito en etapa de amortización, para quienes se destinaron COP 51.605 millones

El Icetex aclaró, en todo caso, que una vez se destine la totalidad de los COP 100.000 millones, la liquidación de los intereses retornará a la tasa de contratación entre el estudiante y el instituto al inicio del crédito, la cual depende de la línea de financiación. Esta se encuentra entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %.

En febrero de 2025, cabe recordar, el Icetex envió una carta a sus usuarios comunicándoles que, debido a la compleja situación fiscal del país, “los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a las tasas de interés”. De esa manera, los créditos educativos volvieron a las condiciones pactadas originalmente, cuando fueron aprobados.

Este 2026, apuntó Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, ese subsidio se ha “prendido” de manera intermitente, como sucedió en abril pasado, cuando se dispusieron de otros COP 100.000 millones para cubrir por cerca de tres meses los intereses de unas 170.000 personas. “Esa plata se acabó”, afirmó Soto. “Por eso el gobierno, a través del Ministerio de Educación y del Icetex, metió una bolsa nueva. (...) Si la plata no alcanza para todos, hay un proyecto de resolución que pone el orden de la fila. Entran primero quienes al momento de obtener el crédito quedaron marcados en condición de vulnerabilidad”.

Para conocer más sobre este alivio económico, los usuarios pueden visitar el sitio web de Presidencia de la República aquí. Soto subrayó que se deben consultar los canales oficiales y que el proceso no requiere tramitadores o intermediarios.

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Se acercan las fechas de presentación del examen de admisión a pregrado de la Universidad de Antioquia (UdeA). Por un lado, en los campus Medellín, Apartadó y Caucasia se llevará a cabo a lo largo tres jornadas: dos el lunes 26 de octubre (mañana y tarde) y una el martes 27 de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Por otro lado, en El Carmen de Viboral, Santa Fe de Antioquia, Sonsón, Yarumal, Turbo y Puerto Berrío, se realizará en dos jornadas el lunes, y en los campus de Andes, Amalfi, Segovia y Carepa, en una.   

En esta ocasión, 35.824 personas se inscribieron para presentar la prueba. Su objetivo es alcanzar uno de los 7.505 cupos disponibles en 96 programas académicos ofertados en Medellín, así como en los campus regionales, para el primer semestre de 2027. 

De acuerdo con datos del Departamento de Admisiones y Registro de la UdeA, para Medellín se inscribieron 29.657 jóvenes y otros 6.167 lo hicieron para los 12 campus regionales. Algunos de los programas académicos de mayor interés para los aspirantes son Medicina, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Odontología, Medicina Veterinaria, Psicología y Enfermería.

Según indicó la universidad, el 59 % del total de inscritos son mujeres y el 41 %, hombres. El 70 % es de Antioquia y el 30 % restante proviene de otras regiones. Además, el 95,3 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 76 % viene de instituciones de educación públicas. Además, entre los aspirantes, 1.080 se acreditaron como víctimas del conflicto armado, 497 de comunidades indígenas, 539 afrodescendientes, 80 deportistas de alto rendimiento y 314 personas con discapacidad.

La institución informó que, para este periodo, se registró un aumento significativo en el número de inscritos en los campus regionales, pasando de 4.133 en el 2026-1 a 6.167 para 2027-1. Se trata de la cifra más alta de los últimos seis años. “El aumento de aspirantes en los territorios es el resultado de una estrategia integral encaminada a diversificar y ampliar la oferta académica en las subregiones, tanto en cantidad como en una mayor diversidad de áreas del conocimiento, que se ajustan a las necesidades y realidades locales”, resaltó la universidad.

Recomendaciones para presentar la prueba

• La UdeA instó a los aspirantes a mantenerse atentos a su correo electrónico para recibir información oportuna sobre las jornadas. También recordó que deben descargar y tener impresa o digital la credencial para identificar el lugar de presentación de la prueba.
• El examen tiene una duración de tres horas. En la mañana comienza a las 9:00 a. m. y va hasta las 12:00 m. En la tarde será de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.  
• Se recomienda llegar con suficiente tiempo de anticipación para entrar y ubicar el lugar donde se presentará la prueba. En la primera jornada se permitirá el ingreso de las personas inscritas desde las 7:00 a.m., mientras que para la jornada de la tarde, el ingreso se habilitará desde la 1:00 p. m.   
• El ingreso estará habilitado hasta máximo 15 minutos después de iniciada la prueba y los inscritos tendrán otros 10 minutos para llegar al sitio asignado. Pasados 25 minutos de la hora inicial, no se permitirá entrar al lugar asignado en la credencial.  
• Para el ingreso, detalló la UdeA, es indispensable presentar un un documento de identidad original que solo podrá ser: Tarjeta de identidad (para nacionales menores de edad); para los nacionales mayores de edad, cédula de ciudadanía física o digital (que se consulte desde el aplicativo de la Registraduría); cédula de extranjería (para extranjeros residentes en Colombia); contraseña original expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con huella dactilar y foto reciente (para aspirantes cuyo documento de identidad se encuentre en trámite); comprobante de documento de identidad en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con foto reciente y huella dactilar; pasaporte vigente, con foto y huella dactilar (para nacionales y extranjeros); licencia de conducción expedida después del 2013, con foto y huella dactilar. Quienes no lleven el documento de identidad, no podrán presentar el examen o se les anulará, según sea el caso.
• Solo será permitido el uso de tajalápiz, borrador, lápiz negro número 2, documento válido de identificación y credencial impresa o digital.   
• Para los aspirantes que presenten el examen de manera presencial, está prohibido el uso de dispositivos de comunicación o electrónicos como computadores personales, teléfonos móviles, intercomunicadores, grabadoras de cualquier formato, módems, cámaras digitales, audífonos, reproductores de música, calculadoras, agendas digitales, entre otros. De incumplir esta medida, la prueba será anulada.
• Tampoco está permitida la entrada de vehículos, como carros y motos, a la universidad, por lo que se recomienda tomar el transporte público. Es importante acudir con tiempo; a la hora del examen se congestiona el sistema de transporte y el ingreso al campus. 
• El aspirante debe ubicarse en el asiento asignado por el profesor acompañante de aula. Al momento de recibir el examen y la tarjeta de respuesta, se debe verificar que el número de la credencial coincida con el número del examen y con el número de la tarjeta de respuestas. De no ser así, el inscrito debe informar de inmediato al docente acompañante de aula, pues responder un examen con un número diferente al de la credencial causa la anulación de la prueba.   
• Una vez terminado el examen, es necesario entregar al profesor el cuadernillo de la prueba de admisión con la tarjeta de respuestas firmada, con su huella y el sello que garantiza el control de identidad. Incumplir esta medida también es causa de anulación de la prueba. 

En medio de esta logística, apuntó la UdeA, los campus donde se presentará la prueba no tendrán acceso a la comunidad universitaria y general desde este domingo, 25 de octubre, hasta el mediodía del próximo martes, 27 de octubre. Es decir, solo podrán ingresar los aspirantes, profesores y funcionarios que acompañarán la presentación de la prueba, así como el personal administrativo de la institución. Una vez finalizadas las jornadas, se retomarán las actividades académicas, culturales y deportivas con normalidad.

Los resultados del examen podrán consultarse el próximo 11 de noviembre en el portal web www.udea.edu.co >> Estudiar en la UdeA >> Pasé a la UdeA.

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Elegir una carrera profesional implica evaluar los intereses académicos, las oportunidades laborales y las posibilidades económicas de cada familia. En ese proceso, los resultados de las Pruebas Saber 11 pueden convertirse en una oportunidad para acceder a beneficios que faciliten el ingreso a la educación superior. Con ese propósito, Unicervantes mantiene un incentivo dirigido a los bachilleres que obtienen un puntaje igual o superior a 310 puntos en este examen.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo académico y contribuir a aliviar los costos iniciales de la formación profesional. A este beneficio se suman alternativas de financiación, orientación vocacional y acompañamiento durante el proceso de admisión, herramientas que pueden ayudar a los aspirantes a tomar una decisión informada sobre su futuro académico.

Un incentivo para reconocer el mérito académico

Los bachilleres que alcanzan o superan los 310 puntos en las Pruebas Saber 11 pueden consultar las condiciones para acceder al incentivo que ofrece la institución. El alcance del beneficio y los requisitos aplicables deben verificarse directamente con el equipo de admisiones.

Además del apoyo económico, los aspirantes cuentan con asesoría personalizada para identificar el programa que mejor se ajuste a sus intereses y expectativas. Unicervantes también dispone de alternativas de financiación, convenios con entidades financieras y facilidades institucionales para responder a las diferentes posibilidades económicas de las familias.

Estas opciones buscan contribuir tanto al acceso como a la permanencia estudiantil, dos aspectos fundamentales para quienes comienzan una carrera profesional y deben planificar los gastos asociados con su formación.

Una oferta académica en distintas áreas del conocimiento

La oferta de pregrado de Unicervantes comprende programas en Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Administrativas, Ingenierías y Teología. Entre las carreras disponibles se encuentran Derecho, Psicología, Trabajo Social, Ciencia Política, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios Internacionales, Administración Deportiva, Ingeniería en Sistemas de Software e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Analítica de Datos y Teología.

Para quienes buscan profundizar sus conocimientos después del pregrado, la institución cuenta con 12 programas de especialización en campos como Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Procesal, Innovación Social y Gestión de Proyectos, Gerencia Educativa, Impuestos y Gestión Tributaria, Finanzas, Psicología Educativa, Psicología del Deporte y el Ejercicio, Gestión Familiar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Política Local, Negociación y Toma de Decisiones, y Teología y Educación Clásica.

Los programas se ofrecen en modalidades presencial y presencial asistida por tecnología (PAT), según corresponda. A esta oferta se suman cursos, diplomados, talleres y programas de educación continua en áreas empresariales, pedagógicas, sociales y de idiomas, dirigidos a quienes buscan actualizar sus conocimientos y responder a las exigencias de su entorno profesional.

Proyección internacional: oportunidades más allá del aula

La identidad de Unicervantes está vinculada con la Orden de San Agustín, una comunidad que le permite formar parte de una red internacional de universidades y centros de educación superior agustinianos presentes en más de 50 países.

Esta conexión abre posibilidades de participación en intercambios académicos, misiones y pasantías internacionales, cátedras espejo y proyectos de investigación conjunta. Las oportunidades concretas dependen de los programas y convenios disponibles, por lo que los estudiantes interesados pueden consultar con la institución las alternativas vigentes.

La experiencia internacional puede complementar la formación académica al acercar a los estudiantes a otras perspectivas educativas, culturales y profesionales, así como a espacios de colaboración con docentes y pares de diferentes países.

La experiencia de los estudiantes y egresados

Los beneficios económicos y las oportunidades académicas adquieren una dimensión más concreta cuando se conocen las experiencias de quienes hacen parte de la institución.

“Acceder a la beca por haber superado los 310 puntos en el Icfes fue el alivio que mi familia y yo necesitábamos para arrancar mi carrera profesional sin dudarlo. Pero más allá de la matrícula, lo verdaderamente transformador ha sido el nivel académico y la posibilidad de participar en experiencias universitarias a otro nivel. Aquí los docentes te exigen, pero también te conectan con los retos del mundo real. Sentir el respaldo institucional te da la confianza para proyectarte como un profesional sin fronteras”, destaca Valentina Rincón, estudiante de Psicología de Unicervantes.

La institución reporta más de 1.586 egresados en su trayectoria joven, quienes se desempeñan en distintos sectores productivos. Esta comunidad representa el resultado de sus procesos formativos y constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los graduados, la institución y el entorno profesional.

Guillermo Torres, egresado de Unicervantes, también destaca el valor de esta conexión y la continuidad de su formación: “Ser parte de esta comunidad no termina el día de la graduación; pertenecer a una red de más de 1.500 profesionales activos me abrió puertas clave desde el inicio. Cuando decidí dar el siguiente paso y especializarme, encontré un programa conectado con los desafíos reales del país y docentes que viven la profesión a diario. El sello cervantino no solo te da rigor técnico, te da una red que te impulsa a crecer”.

Bienestar y beneficios complementarios

Además de los apoyos relacionados con el ingreso y la formación académica, Unicervantes cuenta con iniciativas dirigidas al bienestar y la permanencia de sus estudiantes. Entre ellas se encuentran una valera de almuerzos para apoyar la alimentación durante la jornada académica, beneficios asociados con la tarjeta TuLlave para facilitar la movilidad hacia la sede y cursos y diplomados gratuitos que complementan la formación universitaria.

Estas alternativas buscan acompañar diferentes aspectos de la vida estudiantil y contribuir a que los jóvenes puedan concentrarse en su proceso académico, al tiempo que cuentan con opciones de apoyo para algunos de sus gastos cotidianos.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Los bachilleres que obtuvieron 310 puntos o más en las Pruebas Saber 11 pueden consultar con el equipo de admisiones los requisitos del incentivo, su alcance y las condiciones para acceder a él. También pueden solicitar información sobre los programas de pregrado, las alternativas de financiación, las especializaciones y los beneficios complementarios.

La información sobre la oferta académica y el proceso de ingreso está disponible en unicervantes.edu.co. Los aspirantes también pueden comunicarse con un asesor a través del WhatsApp de Admisiones.

Imagine que dentro de unos años una empresa pueda llevar su contabilidad, preparar sus estados financieros, calcular sus impuestos y presentar sus declaraciones de renta utilizando inteligencia artificial (IA). En realidad, no estamos tan lejos de ese escenario. Muchas de estas tareas ya pueden automatizarse. Entonces, ¿para qué necesitaremos contadores públicos?

La respuesta es sencilla: porque una cosa es producir información y otra muy distinta es garantizar que sea confiable, interpretarla y utilizarla para tomar buenas decisiones. Las empresas seguirán necesitando profesionales capaces de identificar riesgos, prevenir fraudes, evaluar inversiones, asegurar el cumplimiento normativo y generar confianza entre inversionistas, trabajadores, clientes y el Estado.

El problema es si estamos formando a esos profesionales.

En Colombia se gradúan anualmente cerca de 18.520 estudiantes de Contaduría Pública. Existen 1.359 programas, de los cuales 533 se ofrecen en modalidad virtual o a distancia. Sin embargo, apenas cuatro de estos últimos cuentan con acreditación de alta calidad, frente a 207 programas presenciales. Estas cifras plantean interrogantes sobre la calidad y pertinencia de una oferta educativa que deberá responder a transformaciones profundas del mercado laboral.

Tenemos, además, una dificultad particular: la formación contable está condicionada por una regulación que no evoluciona a la velocidad de las necesidades empresariales. La Ley 43 de 1990 regula el ejercicio profesional y la Resolución 3459 de 2003 establece los componentes que deben incluir los programas universitarios. Aunque esta última permite cierta flexibilidad, mantiene una estructura formativa definida hace más de dos décadas, antes de la expansión de la analítica de datos, la automatización y la IA generativa.

La regulación es indispensable para proteger la fe pública. Pero ¿debe implicar que todos los estudiantes recorran prácticamente la misma trayectoria académica, independientemente de sus intereses profesionales?

Canadá ofrece un contraste interesante. Allí, estudiar contabilidad en una universidad no significa convertirse automáticamente en un contador certificado. Quienes desean obtener una certificación profesional deben cumplir requisitos adicionales de formación, experiencia y evaluación de competencias. Esto permite diferenciar la formación universitaria de la habilitación profesional y facilita que los graduados construyan trayectorias en áreas como finanzas, tecnología, consultoría o estrategia empresarial.

En Colombia, en cambio, los programas universitarios conducen al título de Contador Público y están estructurados alrededor de las exigencias de una profesión regulada. Aunque para ejercer se requiere obtener la tarjeta profesional, todos los estudiantes reciben una formación orientada principalmente hacia ese mismo perfil. Sin embargo, no todos quieren dedicarse a la auditoría, la revisoría fiscal o las funciones relacionadas con la fe pública. ¿Por qué entonces exigirles prácticamente la misma formación, cuando las empresas necesitan perfiles profesionales cada vez más diversos?

Es necesario pasar de formar contadores que registran lo que ocurrió a formar contadores capaces de interpretar lo que ocurre, anticipar riesgos y contribuir a decidir qué hacer.

Esto exige fortalecer competencias en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, ciberseguridad, sostenibilidad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Pero también desarrollar habilidades que adquieren mayor valor precisamente porque las máquinas pueden ejecutar muchas tareas técnicas: pensamiento crítico, criterio profesional, comunicación, sostenibilidad, liderazgo y ética.

Las universidades deben transformar no solo los contenidos, sino también la manera de enseñar y evaluar. No tiene sentido seguir dedicando tanto tiempo a procedimientos que una herramienta tecnológica puede resolver en segundos. Los estudiantes deberían enfrentar problemas empresariales reales, analizar información compleja, cuestionar resultados producidos por la IA y aprender a responder por sus decisiones.

Colombia necesita modernizar su regulación y abrir espacio a trayectorias de formación más flexibles, sin renunciar a los estándares que protegen la confianza pública.

La pregunta no es si la inteligencia artificial reemplazará a los contadores. La pregunta es si las universidades están preparando contadores públicos cuyo valor vaya mucho más allá de lo que puede hacer la inteligencia artificial.

*Luz Karime Abadía es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

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La nueva política de educación sexual y reproductiva de Colombia llevaba apenas 73 días vigente cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió que la frenaría. Este documento había sido adoptado el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas del gobierno de Gustavo Petro como una hoja de ruta hasta 2035 y abarcaba desde lo que se enseña en las aulas hasta los insumos que deben tener las salas de urgencias. Pero hoy su continuidad está en vilo luego de que el Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos, le pidiera a la Presidencia “acciones urgentes” para derogarla y “contener sus efectos”.

La solicitud aún no se ha traducido en una derogatoria, pero quienes conocen la historia de la educación sexual en Colombia creen que lo que está en juego no depende de un solo papel. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explica Diego Arbeláez, quien integró el equipo del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), creado en esta cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“El golpe”, según él, llega por otras vías: “cuando quienes ejecutan los programas se quedan sin acompañamiento y sin recursos”. Así, recuerda, le sucedió al PESCC, el plan más ambicioso de educación sexual que ha tenido el país. Entre 2011 y 2013 se desintegró el grupo técnico y el dinero se destinó a mejorar los resultados en matemáticas y lenguaje, un requisito para entrar a la OCDE.

“Llegamos a ser once personas para acompañar a todas las secretarías de educación”, recuerda y dice que, si bien no se derogó, simplemente se quedó sin quien lo llevara a las regiones. A pesar de que una evaluación de 2014 concluyó que había logrado retrasar la edad de la primera relación sexual de los estudiantes, las consecuencias se reflejaron en su alcance: seis años después de su puesta en marcha, solo había llegado al 17 % de los colegios.

Ahora, con la intención de la ministra Hoyos, diferentes actores se preguntan: ¿qué perderían los colegios y hospitales si se deroga esta resolución? ¿Puede el Gobierno derogar por su cuenta lo que se acordó en cuatro ministerios?

En el oficio, con fecha del 21 de septiembre y dirigido a Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, Hoyos propone dos caminos. El primero es revisar el acto administrativo con la participación de las cuatro carteras que lo firmaron, mientras que en el segundo plantea que, al tiempo que avanza esa revisión, el presidente expida una directiva que ordene frenar cualquier medida de implementación y obligue a reportar cuáles ya están en marcha. Aunque El Espectador buscó a la ministra Hoyos, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Este documento, sin embargo, no llegó por sorpresa. Viviane Morales, antecesora de Hoyos, había anunciado en meses pasados su intención de revisar esa política. A ese hecho, se suma que, a comienzos de octubre, el embajador de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, aseguró que “el país se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’”. 

Lo que está en juego

La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, como se llama técnicamente, fue expedida por el gobierno Petro y reemplazó la política de 2014. Cuando se presentó, en agosto, Ricardo Luque, entonces líder del grupo encargado del tema en el Ministerio de Salud, aseguró que se había expedido “con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”.

La gran diferencia de esta nueva hoja de ruta con su antecesora, agrega Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, organización que participó en la formulación, es que la anterior dejaba el liderazgo en el Ministerio de Salud, mientras que la nueva reparte responsabilidades entre estos ministerios.

En las aulas, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe construir lineamientos, brindar asistencia técnica permanente a las secretarías, montar un sistema de monitoreo de la educación sexual integral e incluir los derechos sexuales y reproductivos en la formación y la evaluación de los maestros. Las secretarías, a su vez, tienen que vigilar que los colegios incorporen esos contenidos y diseñar planes territoriales con la participación de estudiantes, docentes y familias. 

Los hospitales también son un actor clave: el artículo 15 los obliga a tener disponibles y de forma permanente, en urgencias y hospitalización, los insumos para atender emergencias obstétricas, casos de violencia sexual, interrupciones voluntarias del embarazo y profilaxis tras una exposición al VIH. 

Para Mariana Sanz de Santamaría, directora de Poderosas, organización que asesoró algunas consultorías sobre el enfoque de derechos en la educación integral en sexualidad, ahí está el punto clave de la discusión. “La gran pérdida, si se llega a cumplir con el oficio de la derogatoria, es el puente de articulación obligatoria entre educación, salud, protección y cultura”, lamenta.

Pone un ejemplo para dimensionar mejor la situación: “Sin este, las rutas de atención en salud dentro de los colegios perderían efectividad. Las secretarías de Educación y de Salud ya no estarían obligadas a formular planes conjuntos con presupuestos e indicadores compartidos. Y la salud menstrual dejaría de pensarse desde la escuela como una forma de prevenir la deserción escolar”.

Todos estos factores, a los ojos de Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hacen que el alcance de esta política sea mayor de lo que suele creerse. La principal razón, detalla, es que, al reunir componentes de salud pública (como la prevención del cáncer de cuello uterino), la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos, “beneficia a la sociedad en su conjunto”.

¿Qué pasaría si el gobierno de Abelardo de la Espriella deroga esta resolución? La respuesta de Johanna Cepeda, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es tajante: “Continuaríamos con las inequidades y las deficiencias de un país que no ha podido responder a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.

La política apenas empezaba a ponerse en marcha. Entre julio y octubre, reconoce Sanz de Santamaría, no se implementó nada significativo, en parte porque no se había desembolsado presupuesto. Lo que sí hubo, señala, fueron solicitudes de secretarías de Salud y de Educación para armar mesas técnicas que alinearan sus planes territoriales con las nuevas directrices. A Arbeláez, actual asesor para la Fundación SURA del Programa Félix y Susana, le preocupa que ese impulso se apague.

Este debate, sin embargo, no borraría la obligación de enseñar educación sexual en los colegios, pues, como explica Sanz de Santamaría, “con o sin resolución, en Colombia la educación integral en sexualidad es obligatoria. Y esto tiene que quedar muy claro”. Esto, de hecho, lo establecen algunas normas, como la Ley General de Educación de 1994, la Ley de Convivencia Escolar de 2013 y una serie de sentencias de la Corte Constitucional.

Por esta razón, Martínez señala que una posible derogatoria no debería traducirse en que se frenen los servicios de educación sexual ni la orientación en salud reproductiva. Lo que sí se perdería, aclara Isabel Segovia, exsecretaria de Educación de Bogotá durante el gobierno de Galán, es el apoyo para cumplir esa obligación. “Al quitar esta resolución”, comenta, “el Ministerio elimina una orientación útil para las entidades territoriales y los colegios. Además, desaparece el presupuesto que se asigna para ayudar a implementarla”. 

Los argumentos del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, en el oficio, señala que tiene “serios cuestionamientos constitucionales y legales” sobre esta resolución. Por ejemplo, teme que se vulnere la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Sobre este punto, la misma resolución tiene una serie de matices en su artículo 19, en el que establece que los colegios oficiales y privados “deberán incorporar los contenidos con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad”. Y, basados en la Ley General de Educación, recuerda que la educación sexual en Colombia es obligatoria y ordena priorizar el trabajo con estudiantes, familias y comunidades.

Segovia, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de 2008 a 2010, lo interpreta como un mandato sobre qué abordar, no sobre cómo hacerlo. “Al haber una norma, sí hay una obligación, pero la autonomía del cómo y del cuándo no está necesariamente involucrada”, explica. En Bogotá, cuenta, todos los años se convoca a los padres para mostrarles qué se trabajará con sus hijos según la edad y poder resolver algunas de sus inquietudes.

Martínez, magíster en derecho, tiene una opinión similar, pues, a su juicio, “la política no pretende de ninguna forma sustituir a las familias; por el contrario, reconoce su papel fundamental y propone darles herramientas para acompañar a sus hijas e hijos”. Tampoco ve que pueda existir un “choque” con los colegios religiosos, porque, agrega, estos pueden conservar su identidad confesional y, al mismo tiempo, ofrecer educación sexual integral.

La expresión que más inquieta al Ministerio está en el primer objetivo específico de la política: “propiciar la transformación de normas sociales y de género”.

Ángela María Rojas, doctora en Psicología de la Universidad de los Andes, cree que buena parte del debate nace de la confusión entre conceptos como sexo, género, orientación sexual e identidad, y advierte que proponerse transformar normas exige evidencia previa. “En ocasiones no son las normas, sino la falta de habilidades específicas, lo que mantiene una conducta. Por eso es tan importante basar cualquier acción en la investigación”, añade. 

Para Martínez, en cambio, los estereotipos de género tienen consecuencias muy concretas y retoma el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que estudiaba en un colegio público de Guayaquil (Ecuador) que fue violada por el vicerrector. En lugar de protegerla, la institución la culpó. El Centro de Derechos Reproductivos, junto con una organización ecuatoriana, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia estableció que la educación sexual hace parte del derecho a la educación. “La escuela tiene que ser un espacio de protección y no un escenario donde las niñas, niños y adolescentes queden expuestos a la violencia, al silencio o a la impunidad”, sostiene.

El Ministerio también reprocha que una norma administrativa proyecte compromisos hasta 2035 a partir del ciclo de planeación 2022-2026, y advierte que fija gastos sin identificar de dónde saldrá el dinero. Este argumento es el que más rechazo despierta entre quienes han trabajado en el Ministerio, aunque por razones distintas. Segovia, por ejemplo, explica que una política de largo plazo no nace con todos sus recursos asignados, sino que obliga a cada gobierno a destinarle dinero año tras año, según unos indicadores conocidos como marcadores. “Es una excusa ridícula”, asegura. 

Arbeláez sostiene, en cambio, que ni siquiera se requieren fondos nuevos, pues el acompañamiento puede hacerse desde las dependencias existentes. “Aquí no hay que armar nuevos equipos; simplemente hay que respetar una ley que ya existe”, comenta. Cepeda, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, reconoce que la financiación aún estaba por definirse, pero defiende la forma en que se construyó.

“Minimizar un proceso largo, riguroso y con participación social es desconocer las evidencias, las necesidades sociales y la participación de los diferentes sectores que se involucraron”, comenta y agrega que fueron dos años de trabajo con organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y otros sectores del Gobierno.

¿Es posible tumbar la resolución?

La pregunta en este punto es si el gobierno de De la Espriella puede tumbar esta resolución, pues la ministra Hoyos no la derogó directamente, y la razón es jurídica. “Hay un principio general del derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen”, explica el abogado Camilo Blanco, experto en educación. Como la firmaron cuatro ministros, derogarla exigiría un nuevo acto conjunto de esas mismas carteras; por eso, según él, la ministra acudió al jefe jurídico de la Presidencia. Ese nuevo acto, agrega, tendría que someterse a consulta ciudadana, como ocurrió con la norma original.

Hay un segundo obstáculo, según Blanco, y es que el concejal de Bogotá Andrés Barrios demandó la resolución ante el Consejo de Estado. Este proceso ya es esperado por quienes defienden la política, de hecho, como contamos en estas páginas, en la presentación de agosto, una representante de la Mesa por la Vida anticipó que probablemente terminaría ante ese tribunal, como ya había ocurrido con otras resoluciones del Ministerio de Salud.

A eso se suma la orden de la sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 y exhortó al Gobierno a formular una política pública integral que incluyera, como mínimo, programas de educación sexual y reproductiva. Castro, de La Mesa por la Vida, recuerda que la política anterior había vencido hacía algunos años y que los movimientos de mujeres llevaban tiempo pidiendo su actualización.

Este debate, confiesa Segovia, la ha sorprendido, porque cuando trabajó en el Ministerio de Educación, entre 2008 y 2010, “esto ni siquiera se discutía. Había un programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, y nadie se oponía”.

Entonces, ¿cómo debería un gobierno cambiar una política que no comparte? Para Segovia, lo más sensato sería evaluarla, calcular los recursos que necesita y abrir un debate público para ajustarla. Rojas, de los Andes, propone medir antes de afirmar que tres décadas de educación sexual no han funcionado. A su juicio, hace falta el estudio nacional que el país no ha vuelto a hacer y con esa información, concluye, se podrá decidir qué mantener, qué reforzar y qué cambiar de la política.

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La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, presentó durante debate de control político en la Comisión Séptima del Senado un informe sobre la situación actual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad encargada de garantizar la salud de más de 820.000 afiliados. Según la Supersalud, el FOMAG tiene cuentas por pagar por prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos que superan los COP 2,4 billones. Además, con corte al pasado 30 de junio, el 51 % del pasivo total (COP 1,24 billones) se encontraba en mora crítica mayor a 180 días.

Entre 2024 y 2026, la superintendencia ha realizado nueve auditorías al Fondo, una de ellas a nivel nacional en mayo de este año, en la cual hizo 38 hallazgos relacionados con sus obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información. La Supersalud señala que el FOMAG presenta falencias en sus procesos de formalización contractual con la red prestadora, pues de 3.934 prestadores de servicios de salud en todo el país, a la fecha solo tiene un contrato legalizado. En cuánto a la atención, la entidad indicó que en agosto pasado se registraron 4.053 peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, manteniendo un promedio de 4.000 quejas al mes.

En ese sentido, la Supersalud impuso una medida cautelar al FOMAG para que "cesen las actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención". Del mismo modo, hizo llegar sus hallazgos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Mineducación pide auditoría forense

Al igual que Godoy, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se refirió al FOMAG durante el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. La jefe de cartera cuestionó los resultados del modelo de salud que se adoptó a través del Acuerdo 003 de 2024 y aseguró que sus fallas han vulnerado los derechos fundamentales del magisterio. Es por ello que la ministra solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, una auditoría forense, "ante la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo".

Según Hoyos, el Mineducación ha interpuesto siete acciones de tutela en contra de la anterior administración, con el fin de obtener información por parte Fiduprevisora en relación con el contrato de fiducia. "Como contexto de estas alertas, el diagnóstico técnico del Ministerio de Educación registra 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud, y un patrimonio negativo de COP 3,198 billones a junio de 2026", se lee en el comunicado de la entidad.

En busca de una solución, indicó Hoyos, se prevén mesas de trabajo con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda. La ministra también pidió al Minhacienda que priorice los recursos pendientes y aseguró que se reunió con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar que se atiendan las investigaciones.

Hoyos, además, anunció un nuevo Consejo Directivo del FOMAG para el 30 de octubre. La prioridad, afirmó, es responder a la situación "con decisiones que permitan sacar adelante al Fondo y proteger efectivamente la salud y los derechos de los maestros".

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Banco Santander e IE University, a través de IE Foundation, abrieron una convocatoria de 90 plazas para el programa Santander | Innovation & AI Experience in Madrid 2027, una experiencia formativa internacional que busca enseñar a jóvenes de distintas disciplinas cómo utilizar la inteligencia artificial (IA) para innovar, resolver problemas y desarrollar soluciones con impacto.

La formación se realizará de manera presencial en Madrid, España, entre el 12 y el 23 de julio de 2027. Según la información publicada por las instituciones, reunirá a jóvenes de 12 países y no exige conocimientos técnicos previos ni experiencia laboral con herramientas de inteligencia artificial.

El programa es gratuito y no requiere ser cliente de Banco Santander. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad y superar un proceso de selección que incluye una prueba de habilidades y una evaluación posterior de su perfil.

¿Qué cubre la beca?

Las 90 plazas incluyen la matrícula del curso, los vuelos de ida y vuelta desde los aeropuertos internacionales establecidos para cada país participante, el alojamiento durante la estancia en Madrid y un seguro de asistencia en viaje. La organización también entregará un certificado de participación.

Hay algunos gastos que no están cubiertos. Los traslados entre el aeropuerto y el alojamiento, tanto en el país de origen como en Madrid, corren por cuenta del participante. Tampoco se incluyen seguros médicos complementarios, si la persona desea contratar uno.

Los seleccionados deberán contar con un pasaporte válido y, cuando corresponda según su nacionalidad, gestionar el visado para entrar en España. Estos trámites son responsabilidad de cada participante. Banco Santander e IE Foundation advierten que no cobrarán tasas por participar en el programa.

¿Qué aprenderán los participantes?

La formación tendrá una metodología práctica, basada en talleres y retos colaborativos. Durante las dos semanas, los participantes explorarán cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para diseñar, validar y desarrollar soluciones frente a problemas concretos. El programa también contempla el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la mentalidad innovadora, con acompañamiento de profesionales y expertos del sector.

La propuesta está dirigida a jóvenes de diferentes perfiles académicos, por lo que no se limita a quienes trabajan en tecnología o tienen conocimientos avanzados de programación.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con todos los siguientes requisitos:

• Tener entre 21 y 35 años al momento de presentar la solicitud.
• Ser estudiante universitario o contar con un título universitario.
• Ser ciudadano o residente de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Reino Unido o Uruguay.
• Tener un nivel suficiente de español o inglés para seguir el programa.
• Registrarse en Santander Open Academy y presentar la candidatura dentro del plazo establecido.
• Tener disponibilidad para asistir presencialmente a las actividades en Madrid del 12 al 23 de julio de 2027.
• Completar la prueba de habilidades (Assessment Test), que es obligatoria.

No es necesario tener una formación específica en inteligencia artificial ni pertenecer a una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM). Pueden postularse graduados y estudiantes universitarios de áreas como negocios, economía, derecho, ciencias sociales, humanidades, salud, comunicación, ingeniería y diseño.

Los equipos contarán con el acompañamiento de profesionales del sector y trabajarán en un proyecto final: el desarrollo y la presentación de un prototipo basado en inteligencia artificial para responder a un desafío real. Además de la formación, el programa busca facilitar el intercambio entre jóvenes de distintos países y disciplinas, así como la creación de contactos y oportunidades de colaboración internacional.

¿Cómo es el proceso de selección y cuáles son las fechas?

El proceso consta de dos fases. La primera comienza con la inscripción y la realización de una prueba de habilidades. Quienes sean preseleccionados deberán completar después su perfil y entregar documentos adicionales.

Primera fase: inscripción y prueba de habilidades

Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 de septiembre hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m. (GMT+2).

Una vez enviada la candidatura, los aspirantes recibirán por correo electrónico las instrucciones para realizar el Assessment Test. La prueba debe completarse antes del 4 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m. (GMT+2).

La preselección tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos y los resultados de esta evaluación. Según el calendario publicado, los candidatos preseleccionados serán notificados el 15 de diciembre de 2026.

Segunda fase: evaluación del perfil

Quienes superen la primera etapa deberán completar su candidatura en la plataforma antes del 12 de enero de 2027 y aportar tres elementos:

• Hoja de vida o perfil de LinkedIn.
• Carta de motivación.
• Breve descripción de un proyecto innovador en el que hayan participado o que hayan liderado, dentro del límite de palabras establecido en la plataforma.

La evaluación final se realizará entre el 13 de enero y el 9 de febrero de 2027. Para elegir a los participantes se tendrán en cuenta los requisitos de elegibilidad, los resultados de la prueba de habilidades y la calidad de los documentos y del proyecto presentado.

La comunicación de los resultados finales está prevista para el 10 de febrero de 2027.

¿Dónde inscribirse?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y presentar su candidatura a través de Santander Open Academy, en el siguiente enlace: Aquí puede consultar la convocatoria e inscribirse al programa

Antes de enviar la solicitud, es importante revisar las condiciones de participación y las fechas de cada fase. Completar el Assessment Test dentro del plazo establecido es obligatorio para continuar en el proceso.

La iniciativa corresponde a la segunda edición del programa, impulsado por Banco Santander e IE University a través de IE Foundation. La propuesta busca acercar la formación en inteligencia artificial a jóvenes universitarios de distintas áreas, incluso a quienes no cuentan con experiencia técnica previa.

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Luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara retirar más de 30 piezas del Museo Nacional, relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la memoria política del país, varias universidades, por medio de sus escuelas de artes, creación y humanidades, han manifestado preocupación. Una de las primeras en pronunciarse fue la Universidad Nacional de Colombia, en específico la comunidad académica de su Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, de la Facultad de Artes de la Sede Bogotá. 

La comunidad expresó su rechazo a la decisión del gobierno, pues considera que excluir relatos, objetos y testimonios “por razones ideológicas o políticas constituye una afrenta para quienes entendemos los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común”. 

También aseguró que los museos no deberían confirmar una única interpretación del pasado, sino que son espacios para que las sociedades se pregunten por su historia y reconozcan sus conflictos, así como las experiencias que han estado al margen de los relatos oficiales, que además considera clave para la diversidad cultural del país. 

En ese sentido, el comunicado hace referencia a la definición de museo consagrada en el proyecto de ley 630 de 2025, en cuyo artículo 65 establece que los museos son instituciones “permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad”.

Otra de las Instituciones de Educación Superior que se sumó a las inquietudes fue la Universidad de Los Andes, a través de su Facultad de Artes y Humanidades (Arthum), la cual apuntó que el retiro de las piezas, que también hacían referencia a la sétima papelete y a las víctimas de la Unión Patriótica, alteró la representación pública de una parte importante de la historia reciente de Colombia. 

La Facultad cuestionó que “se busque imponer una versión excluyente de la nación al remover piezas que buscaban reconocer la pluralidad, la diversidad y las memorias de grupos de colombianos marginados durante décadas”. Además, subrayó que no tiene noticia de que algo de tal magnitud haya ocurrido antes bajo ningún gobierno con cualquier orientación política. 

Arthum resaltó que el guion del Museo Nacional cuenta con años de investigación rigurosa, con el trabajo de equipos curatoriales y con la participación de comunidades en la construcción de relatos sobre el pasado que, a sus ojos, están siendo vulnerados. 

“Lo que está pasando no solo es insólito sino también muy peligroso, pues sienta un precedente de censura que atenta directamente contra la academia, la investigación, la gestión cultural y artística y las comunidades cuyas historias, memorias y experiencias están representadas en las piezas removidas”, se lee en el comunicado. “Estas decisiones se tomaron sin los protocolos ni los consensos que exige un guion curatorial, y siembran miedo entre las minorías y entre quienes no comparten las posturas del actual Gobierno”.

La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana se unió a las voces que exhortan al Gobierno Nacional a “respetar el trabajo que durante años ha venido desarrollando el equipo de investigación del Museo Nacional de Colombia, en el marco de la renovación de su exposición permanente”. 

De acuerdo con la Facultad de la UniJaveriana, la censura de las salas del museo pueden restarle credibilidad a la institución y dejar en entredicho cualquier material que reemplace las más de 30 piezas. En suma, calificó la decisión como un ejercicio de violencia simbólica por parte del Gobierno Nacional hacia la ciudadanía. “El respeto por las instituciones se resquebraja con estas acciones, poniendo en duda la intención del actual gobierno de reconocer la diversidad cultural, social y religiosa del país. Si este es un país democrático, nuestra Constitución está por encima de todo”.

Por su parte, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario aseveró que la exhibición de una pieza tiene un propósito de conocimiento y discusión, ofreciendo la oportunicada de analizar críticamente las ideas, personas o movimientos con los que se relaciona. Concuerda en que la revisión de los relatos requiere una investigación rigurosa y criterios técnicos, así como el diálogo con las comunidades que representa. 

“Desde los principios de pluralismo, libertad de cátedra y pensamiento crítico que orientan nuestra labor universitaria, nos sumamos al llamado de la comunidad museal para que se revisen públicamente las decisiones adoptadas y se garanticen las condiciones necesarias para que el Museo Nacional cumpla su misión”, concluyó la Facultad de la Universidad del Rosario.

Cabe recordar que las obras hacían parte de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" del Museo Nacional y fueron retiradas por orden del presidente, quien pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, sacar lo que calificó como una "oda al terrorismo". Este lunes 19 de octubre se conoció una orden del Juzgado 24 de familia de Bogotá, que dictó que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni sacadas del museo. La decisión llegó luego de que el juez admitiera una acción de tutela presentada por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

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A través del programa Amplía U, antes conocido como Fondo Fest Atenea Te Respalda, los egresados de colegios de Bogotá que hayan sido admitidos o estén matriculados en una universidad podrán acceder a opciones de financiación para sus estudios de pregrado. Se trata de una iniciativa de la Agencia Distrital Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios y 11 instituciones de educación superior participantes.

Dependiendo de la oferta de cada universidad, ciertas modalidades pueden cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula, así como ofrecer tasas de interés accesibles, de acuerdo con los requisitos, condiciones y la aprobación correspondientes. En total, Amplía U ofrece tres modalidades de crédito para financiar la matrícula: 

• 60/40: consiste en que el estudiante paga el 60 % de la matrícula mientras estudia y el 40 % restante lo paga después de graduarse. De acuerdo con ASCUN, está dirigida a aquellos que puedan asumir un pago mayor durante la carrera y desean tener una menor carga al finalizar sus estudios. El plazo de referencia es de 96 meses, de los cuales 48 son posteriores al grado. 
• 50/50: el estudiante paga el 50 % de la matrícula durante sus estudios y el 50 % restante después de graduarse. Esta modalidad busca una distribución equilibrada del pago en ambas etapas.
• 40/60: el estudiante paga el 40 % durante sus estudios y el 60 % restante lo paga una vez termina la carrera. Está dirigida a quienes busquen una mayor capacidad de pago cuando empiecen a trabajar, tras finalizar su pregrado. El plazo de referencia es de 144 meses, de los cuales 96 son posteriores al grado.

Requisitos y cómo aplicar

El programa Amplía U está dirigido a jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá, que hayan sido admitidos o estén matriculados en algún programa de pregrado de las siguientes instituciones participantes:

1. Corporación Universitaria Minuto de Dios

2. Universidad Piloto de Colombia

3. Universidad de los Andes

4. Pontificia Universidad Javeriana

5. Universidad del Rosario

6. Universidad de América

7. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

8. Universidad El Bosque

9. Fundación Universitaria Los Libertadores

10. Universidad de La Sabana

11. Universidad Central

Quienes estén interesados pueden ingresar a este sitio web para consultar las opciones disponibles y realizar el proceso de solicitud directamente con las universidades. ASCUN aclara, en todo caso, que el registro no garantiza el crédito, pues su aprobación depende de los requisitos y las condiciones de cada institución. “Invitamos a los jóvenes a consultar la oferta disponible y revisar directamente con su universidad cuál alternativa se ajusta a sus condiciones”, subrayó Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea.

Por su parte, Oscar Domínguez,  director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, aseguró que ampliar el acceso a la educación superior requiere que “el sector público, las universidades y los aliados financieros trabajen de manera articulada. Amplía U ofrece a los jóvenes de Bogotá alternativas reales para ingresar a la universidad y permanecer en ella”.

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Este año, ‘De Cero a Siempre’, la política de primera infancia de Colombia, que buscaba garantizar los derechos y la atención integral de niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad, cumple 10 años desde que fue expedida como una ley. A propósito de esta fecha, 14 investigadores, vinculados a universidades como Los Andes, la del Norte, la Nacional, Oxford, Harvard y la de Nueva York, se dieron a la tarea de analizarla con profundidad para responder una pregunta: ¿Cómo están creciendo hoy los cerca de 4,5 millones de niños y niñas menores de seis años que hay en el país? 

Para responder esa inquietud, los investigadores, que hacen parte del Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), entrevistaron entre febrero y julio de 2026 a 24 personas que conocen esta política desde adentro, como funcionarios de ministerios, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), académicos, integrantes de organismos multilaterales y de organizaciones sociales. También revisaron las bases de datos disponibles y la literatura científica. 

(Lea también: El grupo colombiano que hizo historia estudiando el alzhéimer, bajo escrutinio)

A partir de ese trabajo, el grupo realizó varios análisis. Uno de ellos, elaborado por el equipo del que hace parte Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT, se centró en entender lo que pasaba dentro de los hogares comunitarios del ICBF de Bogotá y Cartagena. Observaron, por ejemplo, cómo las maestras les hablaban a los niños y niñas, si los apoyaban cuando estaban tristes o asustados, si los animaban a pensar y a preguntar o si el salón tenía algún orden. Luego cruzaron estos datos con los homicidios ocurridos a su alrededor. 

Los resultados mostraron que, cuando había un asesinato a menos de 500 metros, un aula que tenía calidad promedio, ubicada en el percentil 50, caía al percentil 30. Aunque era probable que los niños y las niñas ni siquiera se enteraran de lo que había pasado a su alrededor, sus maestras sí. Esto bastó para que el trato que los niños y niñas recibían se deteriorara hasta por un mes y medio. 

La investigación de Cristancho y su equipo resume buena parte de lo que encontró el colectivo de CIMIENTOS en el documento publicado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes: lo que más pesa en el desarrollo de los niños y las niñas no es la infraestructura educativa, sino la calidad de las interacciones con quienes los cuidan. 

Esa calidad es, a los ojos de Jorge Cuartas, profesor de la Universidad de los Andes y coeditor del documento, la gran deuda de ‘De Cero a Siempre’. “Tenemos una muy buena política en el papel. Pero hay un reto histórico, que es cumplirla con calidad”, dice. 

Cuartas, asesor del Centro de Primera Infancia de la Universidad de Stanford, sin embargo, no le resta mérito a lo que ha logrado ‘De Cero a Siempre’. Cuando nació la estrategia, en 2011, abarcaba a cerca de 1,2 millones de niños y niñas. En 2024, la cifra ya llegaba a 2,6 millones y, en diciembre de ese año, el 82 % recibía, al menos, seis de las diez atenciones que el Estado considera prioritarias para su desarrollo, como la salud, nutrición o protección. La política las agrupa en la Ruta Integral de Atenciones. 

A su juicio, estos avances han hecho que Colombia se convierta en un ejemplo de cómo llegar a todo el territorio. “Ahora, veo una oportunidad para dar el salto a la calidad”, añade. El problema es que ese salto no parte del mismo lugar en todo el país.

La “lotería geográfica” en la primera infancia

Ana María Restrepo-Sáenz, investigadora de la Universidad de Oxford y coeditora de la investigación, pide mirar ese 82 % con cautela, porque, a primera vista, puede parecer una cifra muy llamativa. “Uno diría: ‘Estamos muy bien’. Pero hay unos grupos poblacionales que históricamente han estado muy por debajo de los promedios y que lo siguen estando”, explica. 

Basta con dar una mirada afuera de las ciudades para entenderlo. En las zonas rurales, la proporción de niños y niñas que recibe esas atenciones cae al 54 % y se queda en el 56 % en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados tras el Acuerdo de Paz para atender a los territorios más golpeados por el conflicto.

Los investigadores tienen un nombre para este fenómeno: lo llaman la “lotería geográfica”. Es decir, buena parte de las oportunidades de un niño o una niña dependen del lugar donde nació. Las cifras de la nueva Medida de Pobreza en la Niñez del Departamento Nacional de Planeación (DNP) les dan la razón: en 2025, el 24,7 % de los menores de edad del país, unos 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes, enfrentaba varias privaciones al mismo tiempo, como no tener una alimentación adecuada, no contar con el cuidado de un adulto o no poder acceder a internet.

Esa proporción cambia drásticamente según el lugar donde se nace. Mientras que en las ciudades es del 16,1 %, en el campo es del 45,8 %, casi el triple. En departamentos como Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó superan el 60 %; y, en Vichada, la pobreza en la niñez pasa del 90 %, es decir, casi ningún niño y niña escapa a ella.

Este panorama se repite en casi todos los indicadores. En vacunación, por ejemplo, la cobertura del país oscila entre el 82,7 % y el 89,4 %, aún por debajo de la meta de inmunizar al 95 % de los niños y niñas. Los territorios más rezagados son Vaupés, Vichada y Buenaventura. 

La desnutrición aguda, que sin tratamiento puede causar la muerte, se concentra en La Guajira, Chocó y Vichada, entre otros territorios con alta población indígena y rural. De hecho, de acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud, la prevalencia en los dos primeros departamentos es de 1,20 por cada 100 menores de cinco años. En Vichada es de 1,08, mientras que en Bogotá es de 0,46. 

Pero, ¿por qué si esta política fue diseñada para todo el país, no llega igual a todos los territorios? Los investigadores apuntan, sobre todo, a la manera como funciona. Desde Bogotá se definen los lineamientos, pero cada municipio los recibe con capacidades técnicas, financieras y humanas distintas. Muchas de las personas que atienden a los niños y niñas en las regiones, por ejemplo, trabajan con contratos de prestación de servicios, por lo que rotan con frecuencia. 

A esto se le suma, se lee en el documento del colectivo CIMIENTOS, que los territorios más pobres suelen ser también los más golpeados por el conflicto armado y los más expuestos a las amenazas climáticas. Entonces, si las desventajas se acumulan en los mismos lugares, al final “esas brechas se siguen ampliando”, como advierte Restrepo-Sáenz, exsubdirectora de Análisis y Difusión del Icfes. 

En esta discusión, Restrepo-Sáenz, magíster en educación de la Universidad de Harvard, pide que no se pierda de vista que hay algunos niños y niñas para quienes esta lotería es todavía más compleja: quienes debieron abandonar sus hogares. Recuerda que Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, con 7,2 millones de personas, según la Defensoría del Pueblo, y uno de cada cuatro niños menores de seis años vive en municipios muy afectados por el conflicto. Además, cerca de 1,07 millones viven en municipios priorizados por su riesgo climático, donde una inundación o un deslizamiento puede obligar a una familia a dejarlo todo.

Restrepo-Sáenz, quien lideró el capítulo de migración de la investigación, pide imaginar lo que significa salir del lugar donde se tenía todo a la mano para sobrevivir y llegar a uno nuevo donde hay que preocuparse, todo el tiempo, por conseguir lo necesario para estar bien. En medio de esta crisis, hay un efecto que no es tan visible y es la situación que atraviesan las familias. En su opinión, si bien esas familias tienen las mejores intenciones, “el estrés y la angustia impactan las prácticas de crianza”, pues en modo “supervivencia” el juego, la conversación o la estimulación quedan en un segundo plano. 

Para explicarlo mejor, usa una analogía: “Es como la máscara de oxígeno en un avión. Si tú no estás bien, no puedes estar bien para tus hijos”. Por eso, insiste, la ayuda en una emergencia no puede limitarse a dar agua, techo y comida.

El problema en este punto, añade, es que mucha de esa ayuda internacional se está quedando sin dinero, tras el recorte de la cooperación internacional. “Cuando se va esa financiación, no solamente se acaba el programa, sino también la experiencia y el conocimiento acumulados para sacarlo adelante”, comenta. 

La calidad no es sinónimo de cantidad 

La investigación de Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT, también deja otra lección: tener un cupo no garantiza lo que pasa dentro del aula. Pero hay un inconveniente y es que la última vez que el país midió la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) fue en 2017, y el resultado fue de 2,34 sobre 4, un nivel apenas moderado. 

Una de las diferencias más notables que hay en esos lugares de enseñanza, resalta el reciente estudio de Los Andes, está en quienes enseñan. Mientras que en los colegios el 95 % de los docentes de transición tiene un título profesional, en los CDI del ICBF solo el 51 % de los educadores cuenta con uno. 

Este último dato es clave, porque cuando el país le apostó al traslado de los niños y niñas de los hogares comunitarios a los CDI, unos centros más grandes y mejor dotados, los menores crecieron más y se redujo el sobrepeso. Sin embargo, su desarrollo cognitivo no mejoró. La razón se debía a que la calidad de las rutinas y de las actividades pedagógicas resultó menor en los nuevos centros. Para Cristancho y su equipo, al final, lo que define el desarrollo de un niño y una niña es lo que ocurre entre él y el adulto que lo cuida. 

Ante ese panorama, Cuartas reitera que “tenemos que dejar de pensar que calidad es sinónimo de infraestructura o dotación”, y agrega que, para medirla, es fundamental conocer cómo está su panorama. En esta materia, Colombia tiene otra deuda. Hoy, ninguna encuesta nacional de hogares mide cómo va el lenguaje, la motricidad o el desarrollo emocional de los niños y niñas, y la última encuesta nacional de nutrición es de 2015. 

Cuartas, doctor en desarrollo humano de Harvard, añade un punto más a toda esta discusión: no se puede perder de vista el presupuesto. A su juicio, “invertir en primera infancia no compite con otras prioridades fiscales”, pues no se trata de un gasto, sino de un ahorro. Pone un ejemplo que ayuda a dimensionar su argumento: mientras un cupo en un CDI cuesta cerca de COP 6 millones al año, uno para un adolescente en el sistema de responsabilidad penal está entre COP 30 y COP 35 millones. 

Con ese diagnóstico, CIMIENTOS propone cuatro apuestas: medir la calidad por las interacciones y no solo por la infraestructura; acordar indicadores comunes y abrir los datos; coordinar mejor a las entidades y a los territorios; y garantizar una financiación estable, con presupuestos que no dependan de contratos de un año. Este momento, en opinión de Cuartas, es propicio, porque con el cambio de gobierno "tenemos la gran oportunidad de devolver la Comisión Intersectorial de Primera Infancia a la Presidencia”. 

En este proceso, agrega Restrepo-Sáenz, no se trata solo de "bajar la política al territorio", sino de que haya capacidades reales en quienes atienden a los niños y las niñas. Cuenta que en las entrevistas encontraron mucha voluntad en las regiones y un conocimiento acumulado tras años de trabajar en medio de la violencia. Lo que falta, a sus ojos, es que el Estado acompañe y lleve a mayor escala lo que, con resultados, ha mostrado que funciona, pues, como agrega Cuartas, “la primera infancia es una prioridad absoluta”.

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Se acerca la época del año en la que padres y acudientes comienzan a organizar todo para el próximo calendario escolar. En este proceso pueden surgir diferentes dudas: ¿Cómo solicitar un cupo? ¿Qué requisitos deben tener en cuenta las familias? ¿Cuáles son los requisitos para los estudiantes de otros países?

Todas estas preguntas se podrán resolver en un micrositio que dispuso el Ministerio de Educación en el que podrán consultar el paso a paso de cómo realizar las matrículas, las opciones de ingreso a la atención educativa para niñas y niños de 3, 4 y 5 años en prejardín, jardín y transición, el directorio de secretarías de educación, entre otras cosas. 

(Lea también: Google ofrece 15.000 becas de formación para colombianos: así puede aplicar)

Esta estrategia se hizo en el marco de la campaña 'El Cole es tu lugar', con la que el ministerio invita a las familias a garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes ingresen al colegio, continúen sus estudios o regresen a las aulas si se encuentran por fuera del sistema educativo.

Según el ministerio, actualmente hay más de 8 millones de cupos disponibles, desde la educación inicial, a partir de los 3 años, hasta la educación media, que comprende hasta el grado 11. ¿Cómo solicitar alguno de esos cupos?

Primero, acérquese a la institución educativa más cercana o a la Secretaría de Educación de su municipio o departamento, y solicite el cupo en el grado que necesita.

Va a necesitar cuatro documentos para realizar el proceso:

1. Copia del documento de identificación del estudiante.
2. Copia del documento del acudiente.
3. Certificado de aprobación o promoción de grado.
4. Certificado de notas en caso de traslado.

Una vez entregue esos documentos, se realizará la asignación del colegio según la disponibilidad de cupos. Recuerde verificar que el trámite quedó realizado y que el estudiante sea registrado en el sistema.

¿Y en el caso de niños y niñas entre los 3 y 5 años?

Lo primero que debe hacer es preguntar en la Secretaría de Educación que instituciones ofrecen preescolar, jardín y transición. Cuando ya tenga esa información acérquese al establecimiento educativo y solicite el cupo. 

Los documentos para la matrícula son los siguientes:

• Registro civil o documento de identificación vigente del niño o niña.
• Certificado de vinculación al sistema de seguridad social.
• Soporte de asistencia a valoración integral en salud con el esquema de vacunación al día, acorde con la edad del menor de edad. 
• Copia del carné de vacunación. 

Si le falta alguno de esos documentos la institución educativa se encargará de gestionarlos. “La falta de algún documento no significa la negación de cupo o no poder realizar la matrícula”, aclara el Ministerio de Educación. 

Matrículas para estudiantes migrantes

Al igual que en los dos casos anteriores, primero debe identificar en qué institución va a matricular al menor de edad. Si no hay cupo en el lugar que tenía pensado, la Secretaría de Educación le indicará donde hay disponibilidad. 

Para iniciar el proceso debe presentar los siguientes documentos:

• Documento de identificación que acredite su estatus migratorio regular: visa, cédula de extranjería, Permiso por Protección Temporal (PPT).
• Si no cuenta con alguno de esos documentos y tiene estatus irregular, el proceso se hará con el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES).

La institución educativa tiene un plazo de 30 días para inscribir al estudiante. Luego deberá presentarse en el establecimiento y presentar otros documentos:

• Certificados de promoción o de calificaciones legalizados y apostillados. Para la normalización de la matrícula la institución le dará un plazo de seis meses para que el acudiente solicite ante el Ministerio de Educación la convalidación de los estudios.
• Si no tiene esos documentos, la institución le realizará una prueba diagnóstica para determinar el nivel de desarrollo y lo ubicará en el grado correspondiente. 

El ministerio señala que los estudiantes migrantes venezolanos pueden acceder al Programa de Alimentación Escolar y al servicio de transporte escolar, si lo requieren.

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Google lanzó una oferta de 15.000 becas de formación para personas nacionales o extranjeras que residan en Colombia. Junto a la organización Colnodo, los programas ofrecen Certificados de Carrera de Google con cursos virtuales enfocados en diferentes habilidades laborales.

"Los Certificados de Carrera de Google son programas de autoformación en línea flexibles y diseñados para adquirir competencias profesionales en campos con una demanda elevada y gran crecimiento. Este año, la oferta incorpora como novedad el Certificado Profesional de IA de Google, una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades en Inteligencia Artificial y ampliar tus oportunidades laborales", dice Crece con Google en su página web.

En total hay seis requisitos para acceder a una de las 15.000 becas. Los aspirantes deben ser mayores de 18 años y residir en territorio colombiano. Además, se requiere la capacidad de aprender de manera autónoma, cumpliendo actividades asincrónicas de acuerdo con las exigencias de cada programa. También es necesario contar con un computador y acceso a internet.

Aunque no se requiere tener formación o experiencia previa para acceder a los programas, sí es necesario presentar alguna barrera económica que impida al aspirante poder financiar el programa por su propia cuenta.

Además del nuevo Certificado Profesional de IA, existen opciones de formación en otros campos, como ciberseguridad, gestión de proyectos, análisis de datos, marketing digital, diseño de experiencia de usuario y soporte de tecnologías de la información.

Los aspirantes deberán diligenciar un formulario virtual que se encuentra disponible en la página web de Colnodo. A lo largo de octubre se hará la asignación de becas y los beneficiarios seleccionados serán contactados por correo electrónico a partir de 26 de octubre. Coursera es la plataforma que aloja los programas de formación y que envía el correo electrónico.

Habrá un plazo límite para activar la beca en Coursera y los programas estarán disponibles hasta octubre de 2027, sin posibilidad de extensión. Durante este período, los beneficiarios podrán elegir los certificados a los que quieren acceder y realizar las actividades de cada curso. Para obtener los certificados, será necesario completar todos los cursos o módulos de un mismo programa.

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Como lo había anticipado la exministra Viviane Morales, el Ministerio de Educación le pidió a la presidencia de Abelardo de la Espriella que tomara acciones para derogar la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días.

Mediante un oficio del 21 de septiembre firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación designada tras la salida de Morales, la entidad solicita "acciones urgentes" a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, para derogar y "contener sus efectos" frente a esa política.

Se trata de la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035". Esa norma, que involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, busca, entre otras cosas, que los colegios transversalicen la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos en sus contenidos académicos con miras a 2035.

Es importante recordar que el país ha tenido varias discusiones alrededor de la implementación de políticas de educación sexual en los colegios. En 2016, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos echó para atrás la implementación de una cartilla sobre este tema en la que trabajaba con la ONU tras una polémica que aseguraba que buscaría impulsar la "ideología de género".

Sin embargo, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia de la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los colegios. Esta puede cumplir un rol clave, por ejemplo, en la prevención de abusos sexuales. Además, la OMS ha publicado diferentes contenidos orientados a desmentir la desinformación que hay alrededor de este tema en su página web.

Sin embargo, el Ministerio de Educación del actual Gobierno tiene una visión diferente sobre la política que se está implementando en Colombia. "La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación
docente y planes territoriales. En particular, establece como objetivos la transformación de normas sociales y de género y dispone la implementación transversal de sus contenidos en las instituciones educativas", dice el Mineducación en el oficio dirigido al secretario jurídico de Presidencia.

La petición para tumbar esta normativa ya la había anticipado Viviane Morales durante sus días en el cargo como ministra, cuando hizo declaraciones en diferentes oportunidades refiriéndose a "erradicar la ideología de género" en los colegios y buscar que "se respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos".

El Gobierno de De la Espriella, además, ya había fijado una postura frente a este tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a inicios de octubre. Allí, el representante del país dijo que "Colombia se disocia de la expresión 'salud y derechos sexuales y reproductivos'", tomando distancia de conceptos clave en materia de derechos humanos que Naciones Unidas ha desarrollado alrededor del género y los derechos sexuales y reproductivos.

En el oficio, el Mineducación asegura que tiene "serios cuestionamientos constitucionales y legales" sobre la resolución que dejó firmada el anterior Gobierno, por lo que pide su revisión inmediata.

"Entre ellos se encuentran la suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica; la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos; la
utilización de una resolución administrativa para proyectar obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022–2026; la imposición de compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de apropiaciones, fuentes y competencias de gasto; y la incorporación conjunta, como fundamento del acto, de normas vinculantes y de instrumentos,
orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica", se lee en el oficio.

Junto a sus argumentos, el Ministerio de Educación le pide a Presidencia tomar dos medidas. Primero, revisar el acto administrativo por medio del cual se adoptó la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, un proceso que deberá contar con la participación de los cuatro ministerios involucrados. Además, mientras se hace la revisión, les pide expedir una directiva presidencial en la que se ordene que no se implementen medidas relacionadas con esta política y que se informe cuáles ya han sido implementadas.

Aquí puede consultar el oficio que pide derogar la política de educación sexual en Colombia:

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