¿Está buscando vacantes temporales para trabajar como docente en colegios públicos del país? Hay varios requisitos y procesos que debe tener en cuenta para hacerlo. Lo primero es que hay dos plataformas para aplicar, una para Bogotá y otra para el resto del país: “Ser Profe” y “Sistema Maestro”, ¿cómo funciona cada una?

Si usted se encuentra en Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) desarrolló el aplicativo ‘Ser Profe’, una plataforma tecnológica dirigida a profesionales con vocación docente interesados en participar en las convocatorias para el cubrimiento de vacantes temporales, incluidas aquellas correspondientes a áreas técnicas y proyectos pedagógicos.

(Lea: Icetex iniciará desembolso de subsidios de sostenimiento a 35.000 jóvenes)

De acuerdo con la entidad, el aplicativo es “una herramienta eficiente, transparente y automatizada para la postulación, selección y legalización de docentes provisionales, acorde con las disposiciones legales y administrativas vigentes”.

A través de esta plataforma se pueden postular normalistas superiores, licenciados en educación, y profesionales no licenciados con títulos relacionados con áreas del conocimiento habilitadas para la docencia. Si el título fue obtenido en el exterior, este debe estar convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Además deben cumplir con estos requisitos:

• No encontrarse vinculado actualmente al servicio educativo oficial en el Distrito o en cualquier otra entidad territorial certificada, ya sea en calidad de docente provisional, en período de prueba o en propiedad.
• Tener mínimo 18 años de edad y máximo 70 años.
• Si resulta preseleccionado deberá presentar la certificación de consulta en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), conforme al artículo 5 de la Ley 2097 de 2021.

¿Cómo registrarse a “Ser Profe”?

Para el registro y postulación a vacantes temporales primero debe tener los documentos escaneados de forma individual. Recuerde que cada archivo puede pesar máximo 2 MB. Cuando tenga esto listo, los siguientes pasos son:

1. Ingrese a la página de la plataforma. Si no está registrado, seleccione la opción “registrarse”, ubicada en la parte superior.
2. Diligencie los formularios del aplicativo, garantizando que la información registrada coincida estrictamente con los soportes cargados.
3. Cargue la documentación requerida en la plataforma y mantenga actualizados sus datos personales.

Si está en otros lugares del país, el proceso debe hacerse a través de “Sistema Maestro”, donde cada entidad territorial certificada reporta las vacantes disponibles. En esta plataforma se emplean dos se emplean dos tablas de ponderación para la selección de docentes. La primera tabla, de carácter general, favorece la experiencia rural, el vínculo local, la formación docente y otros requisitos adicionales. La segunda tabla, de carácter específico, está dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia docente, tomando en cuenta su formación en educación para el trabajo, desarrollo humano y educación informal, así como el título pregrado que lo habilita para ser docente y su vínculo local con la vacante.

Los aspirantes deberán postularse a la vacante de su interés y una vez cerrados los ciclos de oferta, el sistema preseleccionará a los tres mejores candidatos para cada puesto. Luego, la entidad territorial certificada realizará la verificación de los requisitos y los documentos adicionales reportados por los aspirantes en su registro.

¿Cómo registrarse en Sistema Maestro?

Cabe resaltar que si ya se encontraba registrado en la anterior plataforma (Banco de la Excelencia) no debe volver a hacer este proceso. Sin embargo, si es su primera vez debe seguir estos pasos:

1. Ingrese a la plataforma. Allí debe diligenciar su usuario y contraseña. Si no lo tiene seleccione la opción “Regístrese”.
2. Una vez ingrese diligencia cada modulo (Datos personales, Educación formal, Perfil educativo...)
3. Para cargar los documentos requeridos, conviértalos a PDF y tenga en cuenta que el peso máximo es de 1 MB.
4. Una vez termine este proceso, podrá ver las vacantes disponibles para postularse.

Después puede seguir esta indicaciones:

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En la tarde de este viernes 15 de mayo, el Icetex anunció que ya recibió los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) para iniciar el desembolso de los subsidios de sostenimiento a miles de jóvenes focalizados con este beneficio para el periodo de 2026-1.

En concreto, la entidad recibió COP 163.230 millones del (PGN) que fueron gestionados por el Ministerio de Educación y el de Hacienda y Crédito Público. Ese dinero será utilizado para girar el subsidio a los 35.000 jóvenes que fueron focalizados con este beneficio.

(Puede leer: Designación de rector encargado de la U. Nacional no violó la norma: Consejo de Estado)

El dinero, explicó la entidad, será girado en los próximos días, por lo que reiteró su llamado para que los jóvenes beneficiarios tengan activa la cuenta bancaria registrada y puedan acceder sin contratiempo al subsidio.

En el comunicado, el Instituto aprovechó para anunciar que en lo que va del año, la entidad ha girado COP 1,25 billones a instituciones de educación superior y estudiantes en cuanto a créditos reembolsables con recursos propios y fondos administrados con presupuestos de otras entidades y que han beneficiado a 380.000 estudiantes que hoy se benefician con programas de la entidad.

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Nueva Jornada de Soluciones para condonar hasta el 100 % de intereses

El jueves 14 de mayo, el Icetex anunció la Primera Jornada de Soluciones del año, que le permitirá a personas que presenten mora mayor a 31 días en el pago de su cuota de crédito educativo hacer un acuerdo de pago con la entidad.

Si las personas cumplen con el acuerdo de pago, podrán acceder a la condonación de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios, aseguró la entidad. La jornada estará abierta desde el próximo martes 19 de mayo hasta el sábado 30 de mayo.

(También puede leer: ICETEX anunció nueva Jornada de Soluciones para condonar hasta el 100 % de intereses)

De acuerdo con el Instituto, la nueva jornada de soluciones está dirigida a cerca de 118.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada.

También podrán acceder a la jornada de soluciones aquellas personas que financien sus estudios a través de fondos en administración que se acojan a políticas de recaudo del ICETEX y que tengan una mora superior a los 31 días.

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El Consejo de Estado negó una demanda de nulidad contra la designación de Andrés Felipe Mora como rector encargado de la Universidad Nacional, realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU), luego de la renuncia de Leopoldo Múnera al cargo a finales de noviembre de 2025, pocos días después de que el alto tribunal anulara su elección.

Según los demandantes, la elección de Mora debía ser anulada debido a que no existía una vacancia real del cargo, pues consideraban que la elección previa de José Ismael Peña Reyes mantenía su vigencia jurídica tras fallos judiciales anteriores.

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Esta posición, como contamos en esta nota, fue apoyada por la Procuraduría General de la Nación, que aseguró que el Consejo Superior Universitario (CSU) “incurrió en infracción de normas superiores, falta de competencia, violación del debido proceso, desconocimiento de la presunción de legalidad, falsa motivación y expedición irregular”.

Sin embargo, luego de revisar los argumentos de los demandantes, de Mora, del Ministerio de Educación y, entre otros, del secretario general de la Universidad Nacional, el alto tribunal desestimó las pretensiones de la demanda y dio algunas precisiones clave sobre esta decisión.

En uno de los primeros puntos, esta sección del Consejo de Estado reiteró que la decisión en la que se negó la nulidad de la elección de José Ismael Peña Reyes no implicaba su regreso al cargo, “pues se insiste, este juez de lo electoral se limitó a definir su legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno, por no ser de su competencia”, se lee en esa sentencia emitida en 2025.

A partir de este punto, el alto tribunal pasa a explicar cómo, para la fecha en la que Múnera presentó su reserva al cargo, la sentencia que anulaba su elección no estaba aún en ejecución, debido a solicitudes de aclaración pendientes.

“De este modo, la razón que adujo el CSU para ese preciso momento tenía un sustento fáctico y normativo, en tanto operó la renuncia del empleo, causal de retiro del servicio que trae como consecuencia la vacancia absoluta del cargo y el deber subsiguiente de proceder con su reemplazo, lo cual se hizo mediante la figura del ‘encargo’ que, además de ser una situación administrativa, constituye una forma de provisión de empleo, que se hace de manera temporal, mientras se surte de forma definitiva”, se lee en la reciente sentencia que puede encontrar al final de esta nota.

En concreto, el alto tribunal determinó que el CSU tenía la competencia y la obligación de nombrar a un rector encargado para “impedir que se presentara un vacío de poder y generar un traumatismo institucional con graves consecuencias para la buena marcha de la institución”.

Por otra parte, los demandantes también alegaban que el proceso fue irregular porque, según el Acuerdo 252 de 2017, la designación del rector debió realizarse en una sesión extraordinaria dedicada exclusivamente a ese tema.

No obstante, según el Consejo de Estado, “no es posible derivar la irregularidad que advierte la parte actora, frente al acto demandado, pues se insiste, la disposición invocada únicamente opera cuando se pretende proveer el empleo de forma definitiva a través del procedimiento reglado por el Estatuto y demás actos que lo regulan”.

Con estos argumentos, el Consejo de Estado desestimó las pretensiones de la demanda, en una sentencia que puede leer a continuación:

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El ICETEX anunció este jueves 14 de mayo la Primera Jornada de Soluciones del año, que le permitirá a personas que presenten mora mayor a 31 días en el pago de su cuota de crédito educativo hacer un acuerdo de pago con la entidad.

Si las personas cumplen con el acuerdo de pago, podrán acceder a la condonación de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios, aseguró la entidad. La jornada estará abierta desde el próximo martes 19 de mayo hasta el sábado 30 de mayo.

(Puede leer: Becas OEA: hay 200 cupos para estudiar una maestría virtual. Así puede postularse)

Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX, aseguró que “es la oportunidad para que las y los beneficiarios de crédito con dificultades para estar al día con su pago puedan normalizar su cartera con el ICETEX. Además, es la opción para obtener beneficios especiales como la condonación de intereses en un porcentaje al que solo a través de estas jornadas se puede acceder”.

De acuerdo con el Instituto, la nueva jornada de soluciones está dirigida a cerca de 118.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada.

(Le puede interesar: Perder 4.000 alumnos: la consecuencia de la crisis que no para en la U. del Chocó)

También podrán acceder a la jornada de soluciones aquellas personas que financien sus estudios a través de fondos en administración que se acojan a políticas de recaudo del ICETEX y que tengan una mora superior a los 31 días.

Durante la jornada de soluciones, los participantes pueden acogerse a varias figuras contempladas en el reglamento de recuperación de cartera de la entidad. La primera de ellas es la extinción, que consiste en el pago del total de la obligación. También está la normalización, un mecanismo mediante el cual el beneficiario cancela la totalidad del saldo vencido. Finalmente, está la refinanciación, una opción con la que se logra la modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada.

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“La condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios no contempla el pago del aporte al fondo de invalidez y muerte, el cual realiza el estudiante cada semestre que recibe financiación de la entidad”, aclaró el ICETEX.

Las personas que tengan crédito con mora entre 31 y 90 días pueden acceder a la primera jornada de soluciones a través de los siguientes canales de atención:

• Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070
• Chat:https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias
• Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos
• Videollamada: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

Quienes tengan créditos con mora superior a 91 días pueden acceder a la jornada a través de:

• Línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211.
• Chat:https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias
• Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos
• Videollamada: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

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La Universidad Internacional de Valencia (VIU), en alianza con la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual. En total, son 200 las becas que están disponibles para estudiantes de América Latina y el Caribe.

(Lea: Perder 4.000 alumnos: la consecuencia de la crisis que no para en la U. del Chocó)

De acuerdo con la entidad, “la selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato al programa seleccionado”. La convocatoria estará abierta desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio de 2026.

🎓¿Quiénes pueden postularse a la beca?

• Residentes legales o tener la nacionalidad en un país integrante de la OEA.
• Cumplir con los requisitos de acceso contemplados por la Universidad Internacional de Valencia según cada programa de estudio.
• No haber recibido otras becas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.
• Las becas se otorgarán exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso, no pudiéndose beneficiar de la beca aquellos estudiantes ya matriculados en VIU.

(Puede leer: Gobierno de Japón abre becas para que colombianos estudien pregrados, maestrías y doctorados)

📚 ¿Qué áreas están disponibles?

Puede estudiar programas enfocados en áreas como:

• Área de empresa
• Área de Ciencias de la Salud
• Área de Ciencia y Tecnología
• Área de Comunicación
• Área de Educación
• Área de Jurídico
• Área de Artes y Humanidades

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💵 ¿Qué cubre la beca?

• Las becas cubrirán el 60 % del valor de la matrícula.

📒 ¿Cómo postularse a la beca?

• Llenar un formulario con los datos personales.
• Escoger el programa en el cual desea matricularse.
• Cargar los documentos, como carta de motivación, documento de identidad, expediente académico, título universitario y hoja de vida.

Si quiere más información, puede consultar este enlace.

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La Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) sigue atrapada en una crisis que parece no terminar. En la principal institución pública de educación superior del departamento, que desde 2023 permanece bajo vigilancia del Ministerio de Educación, siete personas han pasado por la rectoría en menos de un año y medio. Y cuando apenas empieza a levantarse el paro que suspendió las clases durante tres meses, otro capítulo volvió a enredar el panorama: las elecciones de representantes de egresados ante el Consejo Superior Universitario (CSU), previstas para este 13 de mayo, fueron frenadas y, una vez más, el proceso para designar a un nuevo rector quedó en veremos.

(Lea: Tras casos de trampa en examen de admisión, UdeA inicia procesos de sanción a implicados)

A los ojos de Darío Ortiz, candidato a representante de los egresados ante el CSU, todo el proceso para completar los estatutos del CSU “ha sido muy accidentado” y ha terminado incluso “afectando la autonomía universitaria”. Una muestra de ello, dice, fue la elección del representante estudiantil ante el CSU. “No se entiende cómo una universidad en paro durante más de 90 días hace elecciones de estudiantes sin ellos”, cuestiona Jorge Arboleda, quien fue docente por más de 15 años y veedor en uno de los espacios.

En esa jornada apenas votaron unas 2.000 personas, pese a que la institución tiene más de 14.000 matriculados en 24 programas. A eso, añaden Arboleda y Ortiz, se sumó otro problema y es el traslado de mesas de votación, algo que, aseguran, está prohibido por los estatutos.

La elección de los representantes de egresados tampoco logró calmar los ánimos. Una tutela presentada por Carlos Alberto Mosquera, egresado de la UTCH, llevó al Juzgado Primero de Familia de Bello a suspender, durante cuatro meses, el cambio de votación virtual a presencial. El problema empezó porque, aunque desde noviembre de 2024 el proceso se había organizado bajo la modalidad virtual, el CSU decidió modificar las reglas el pasado 20 de abril y pasar las elecciones a la presencialidad.

Para el juez, el cambio llegó un poco tarde. La elección llevaba más de un año preparándose bajo un esquema virtual y muchos egresados viven fuera de Quibdó, por lo que podían quedar excluidos. “No están garantizando la participación de los más de 36.000 egresados. Tampoco se ha avanzado en definir nuevas fechas y el cronograma sigue embolatado”, dice Ortíz.

Completar esos estatutos no es un asunto menor. De eso depende, en buena parte, que la universidad pueda avanzar hacia la elección de un rector en propiedad. Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, sostiene que actualmente varios integrantes del CSU están encargados porque la Subdirección de Inspección y Vigilancia decidió reemplazarlos. ¿La razón? Según el ministro, sus períodos ya habían terminado y algunos se negaban a dejar el cargo antes de participar en la elección del nuevo rector.

Arboleda, quien se desempeñaba como trabajador de mantenimiento en esta universidad, no comparte esa lectura y dice que desde el CSU propusieron extender temporalmente esos períodos mientras se resolvía la elección, un proceso que ya acumula múltiples demandas y fallos judiciales.

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Siete rectores en un año y medio en la UTCH

El enredo alrededor de la rectoría de la UTCH viene desde julio de 2024. En ese momento, la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, ordenó reemplazar al rector David Emilio Mosquera mediante la resolución 011010, en medio de las medidas de vigilancia especial que el Ministerio había impuesto por problemas administrativos y financieros en la institución.

En lugar de Mosquera llegó Vanessa Sánchez Ruiz. Pero duró poco en el cargo. Tras varias batallas judiciales, en las que el exrector alegó vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó ordenó su reintegro provisional como rector y representante legal de la universidad.

El ministro Rojas Medellín explica que Mosquera, imputado por la Fiscalía por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, debía permanecer en el cargo hasta noviembre de 2024, cuando terminaba oficialmente su período. Sin embargo, anota el ministro, el CSU tomó la decisión de nombrar a Fabio Magdaleno Asprilla, entonces vicerrector de Docencia.

Otra decisión judicial tumbó ese nombramiento y, meses después, en febrero de 2025, el Ministerio designó a Luis Alfredo Giraldo como rector encargado. Fue entonces cuando comenzó el proceso para elegir nuevos representantes de los estamentos universitarios y, eventualmente, un rector en firme.

El enredo, sin embargo, siguió creciendo. El Consejo de Estado anuló la resolución mediante la cual el Ministerio había designado a Giraldo como rector provisional, porque para la Sección Quinta hubo falta de competencia y errores en la expedición del acto administrativo.

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Después, el CSU volvió a reunirse para buscar una salida jurídica. Entre las opciones apareció el nombramiento temporal de Milton Henry Perea, vicerrector de Docencia. Más adelante, otra decisión judicial suspendió el reintegro de Fabio Magdaleno Asprilla y, de manera provisional, llegó Merlen María Díaz. Finalmente, desde el 4 de marzo, el cargo quedó en manos de Héctor Aurelio Mosquera, entonces decano de la Facultad de Ciencias Administrativas.

A juicio de Ortiz, detrás de todo este caos hay una responsabilidad directa del Ministerio, porque “no están respetando los fallos judiciales y la destrucción de la universidad es culpa de ellos”.

Rojas Medellín responde que no está dispuesto a dejar en la rectoría a alguien que, en su concepto, no sea idóneo para dirigir la institución. “Si una orden judicial me obligara a reintegrar o nombrar a una persona que no está preparada para ese cargo, preferiría asumir las consecuencias de un desacato”, afirma.

Una crisis que se agudiza en la UTCH

“La universidad sigue con un déficit presupuestal enorme y todavía está atrapada en una pelea interna por el control de la institución”, resume Andrés Parra Martínez, líder estudiantil y presidente del movimiento UTCH Somos Todos. William Vivas, candidato a la rectoría, hace años no veía una situación tan delicada. “El déficit ha crecido de manera escandalosa”, asegura.

Pero el problema, dice Vivas, no es solo financiero. También hay rezagos administrativos que han profundizado la crisis. “La universidad todavía no centraliza su información y sigue dependiendo de archivos físicos. Eso ha permitido situaciones graves, como cuando quemaron archivos del área financiera”, comenta.

Este desgaste institucional ya empieza a verse en las cifras. En el Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 2025, presentado por la rectoría el pasado 26 de marzo, la UTCH reconoció que atravesó un año marcado por restricciones presupuestales, problemas administrativos y dificultades para sostener el funcionamiento de la institución. Uno de los datos que más preocupa es la disminución de estudiantes, pues entre 2024 y 2025, la universidad perdió 4.077 alumnos.

Frente a ese panorama, Parra asegura que una de las principales peticiones de los estudiantes al Gobierno y al Ministerio de Educación es que la elección del rector no quede concentrada únicamente en el CSU. “Queremos que la designación salga de los estamentos universitarios y no solo de unos cuantos consejeros”, señala.

En su opinión, quien llegue a la rectoría tendrá varios desafíos urgentes. El primero, dice, será recuperar la normalidad académica después de la pérdida de más de dos períodos. El otro reto, advierte, será bajar la tensión dentro de la universidad y reconstruir los canales de diálogo para intentar sacar a la UTCH de una crisis que ya completa dos años.

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Por ahora, la contienda por este puesto continúa. En total, 19 personas aspiran a quedarse con la rectoría de la universidad, entre ellas Ana Silvia Rentería, Doris Milena Cuesta, Hedrix Gutiérrez, Fernelix Valencia, Merlen María Díaz, Hermes Antonio Bechara, Jorge Luis Maturana, Julio César Halaby y William Yeffer Vivas.

Rojas Medellín, por su parte, sostiene que el Ministerio le pidió a la Gobernación acompañar el proceso con un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participen autoridades locales, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía, con el objetivo de garantizar transparencia y vigilancia durante las elecciones. Lo cierto es que el proceso volvió a quedar suspendido y todavía no hay claridad sobre cuándo se retomará la elección del representante de egresados ante el CSU.

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En educación, pocas preguntas parecen tan intuitivas como esta: ¿aprenden más los estudiantes en clases pequeñas? La respuesta corta es sí, pero con matices importantes. La evidencia científica acumulada durante décadas, especialmente aquella basada en experimentos controlados, permite ir más allá de la intuición y entender cuándo, cómo y cuánto importa realmente el tamaño de la clase.

Desde el punto de vista teórico, reducir el número de estudiantes por docente activa varios mecanismos plausibles. En clases más pequeñas, los maestros pueden dedicar más tiempo a cada estudiante, ofrecer retroalimentación individualizada y detectar con mayor rapidez dificultades de aprendizaje. Asimismo, disminuyen los problemas de disciplina y el tiempo destinado a tareas administrativas, lo que libera espacio efectivo para la enseñanza. Finalmente, el docente puede ajustar el ritmo y el enfoque de la clase a las necesidades específicas de sus estudiantes, algo mucho más difícil en grupos numerosos.

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Pero más allá de estos argumentos, lo relevante es que la evidencia empírica los respalda. Uno de los estudios más influyentes es el experimento STAR (Student-Teacher Achievement Ratio) realizado en Tennessee en los años ochenta, en el que estudiantes fueron asignados aleatoriamente a clases pequeñas (13–17 alumnos) o regulares (22–25 alumnos). Los resultados mostraron mejoras significativas en pruebas estandarizadas para quienes estuvieron en clases más pequeñas, especialmente en los primeros grados. Más aún, los efectos no solo fueron inmediatos: seguimientos de largo plazo evidencian que estos estudiantes tuvieron mayores probabilidades de graduarse de la secundaria, asistir a la universidad y obtener mejores ingresos en la vida adulta.

Estos hallazgos han sido replicados en otros contextos. Estudios en países como Suecia, Dinamarca y Estados Unidos, utilizando variaciones cuasi-experimentales en el tamaño de clase, encuentran efectos positivos persistentes, aunque de magnitud moderada. Un punto clave es que los beneficios tienden a ser mayores en los primeros años de escolaridad y entre estudiantes de contextos más vulnerables, lo que sugiere que la reducción del tamaño de clase puede ser una política con efectos redistributivos relevantes.

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Ahora bien, es una política costosa; implica contratar a más docentes o construir más aulas, y sus efectos dependen de la calidad de la enseñanza. Reducir el número de estudiantes sin mejorar las prácticas pedagógicas puede limitar su impacto. La evidencia sugiere que esta política es más efectiva cuando se combina con intervenciones que fortalecen la calidad docente.

En Colombia, esta discusión adquiere especial relevancia. Mientras que en muchos colegios privados el tamaño promedio de clase ronda los 20 estudiantes, en el sector oficial es común encontrar aulas con cerca de 40 alumnos. Esta brecha no solo refleja desigualdades en recursos, sino también en las condiciones efectivas de aprendizaje. Pretender que un docente logre el mismo nivel de acompañamiento y personalización en ambos contextos es, simplemente, poco realista.

Sin embargo, el país enfrenta una coyuntura que podría transformar esta realidad. La caída sostenida en la tasa de natalidad y el consecuente descenso en la matrícula escolar abren una ventana de oportunidad única. En lugar de ver esta tendencia como un problema, menos estudiantes, deberíamos entenderla como una posibilidad estratégica: mantener el número de docentes y aprovechar la menor presión demográfica para reducir el tamaño de las clases en el sector oficial.

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Esta no es solo una decisión administrativa, sino una apuesta por la calidad. Menos estudiantes por aula permitirían avanzar hacia una educación más personalizada, mejorar los aprendizajes y cerrar brechas históricas. En lugar de ajustar el sistema a la baja, reduciendo la planta docente o cerrando instituciones, Colombia podría hacer exactamente lo contrario: invertir en calidad aprovechando el bono demográfico inverso.

La evidencia es clara: el tamaño de la clase sí importa, especialmente en los primeros años y para los estudiantes más vulnerables. Pero más importante aún, el momento para actuar es ahora. La demografía está ofreciendo una oportunidad que no se repetirá fácilmente. La pregunta no es si podemos permitirnos reducir el tamaño de las clases, sino si podemos permitirnos no hacerlo.

*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. U. Javeriana

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El ICETEX y el Gobierno de Japón anunciaron la apertura de cuatro convocatorias de becas en el marco del programa Monbukagakusho – MEXT, que están dirigidas a colombianos que estén interesados en realizar estudios presenciales en universidades e instituciones japonesas.

La primera convocatoria está dirigida a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en universidades japonesas, con una duración de cuatro años más uno de preparación.

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La segunda convocatoria está orientada a bachilleres interesados en estudios tecnológicos e ingenierías en institutos técnicos japoneses. Estos programas tienen una duración de tres años más uno de preparación.

El tercer programa está enfocado en formación técnica especializada en áreas como tecnología, negocios, moda, educación, entre otras, con una duración de dos años más uno de preparación.

Finalmente, la cuarta convocatoria está dirigida a profesionales colombianos o estudiantes de pregrado próximos a graduarse, que quieran adelantar su maestría o doctorado, en programas que tendrán una duración de entre dos y cuatro años.

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Al respecto, Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX, aseguró que “estas convocatorias fortalecen la cooperación educativa entre Colombia y Japón, y representan una oportunidad para que más colombianos accedan a formación de alta calidad en áreas estratégicas para el desarrollo del país”.

¿Qué cubren las becas del gobierno de Japón?

Todas las becas son financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT) y contemplan la cobertura de la matrícula, los costos académicos, los tiquetes aéreos ida y regreso y apoyos económicos para el sostenimiento mensual.

En el caso de las tres primeras convocatorias, el estipendio mensual es de 117.000 yenes japoneses, unos COP 2.8 millones. Para las maestrías y los doctorados, el apoyo oscila entre los 143.000 y los 145.000 yenes japoneses, uno COP 3.4 o COP 3.5 millones.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Aunque los requisitos específicos de cada convocatoria varían de acuerdo al nivel educativo al que quiera presentarse, los requisitos generales apuntan a acreditar excelencia académica y dominio del inglés equivalente a nivel B2.

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Para inscribirse, las personas interesadas deben llenar el formulario de inscripción del Gobierno de Japón (link aquí) para luego realizar su postulación a través de la plataforma del ICETEX (link aquí).

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 1.º de junio y los programas iniciarán el próximo año.

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La Universidad de Antioquia (UdeA) informó que, luego de terminar las averiguaciones preliminares y el análisis jurídico, dio inicio formal a los procesos sancionatorios contra los aspirantes que incurrieron en conductas irregulares durante las pruebas de admisión de las especialidades clínico-quirúrgicas para el segundo semestre de 2026.

Cabe recordar que el pasado 10 de abril, cerca de 3.700 médicos de Colombia y otros países de la región presentaron el examen. Sin embargo, durante la jornada, la universidad detectó una serie de conductas que generaron “profunda preocupación”.

Más de 40 aspirantes intentaron hacer trampa con “el uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes, entre otros, con el propósito de obtener ventajas indebidas en el desarrollo del examen”, advirtió en ese entonces la institución.

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También agregó que en los casos de trampa intervienen personas expertas en resolución de pruebas y que es muy probable que, en la situación presentada hace casi dos meses, es muy probable que también participaran médicos/as especialistas.

A través de un reciente comunicado, la UdeA dio detalles de las medidas que, ante los hechos, han seguido las áreas competentes. Por un lado, la Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro comenzó la notificación con las cuales se vincula formalmente a los implicados en un proceso sancionatorio. “Estas resoluciones detallan los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, garantizando siempre el debido proceso”, afirmó la universidad.

Los actos administrativos se darán a conocer personalmente a las y los investigados. De acuerdo con la institución, las sanciones contemplan, además de la anulación definitiva del examen, un impedimento de entre dos y diez 10 semestres, según la gravedad de la falta, para presentarse a futuros exámenes de admisión en la UdeA.

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La universidad reiteró que, debido a que las personas implicadas son profesionales graduados de medicina, el Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria ya cuentan con los informes técnicos y las evidencias recogidas para hacer las investigaciones.

La institución apuntó, además, que sus actuaciones en torno al caso se rigen por el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026 del Comité Central de Posgrados. Dichas normas establecen claramente que está prohibido ingresar dispositivos electrónicos a las aulas, así como las consecuencias de incumplirlas.

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“Como Universidad que propende por el comportamiento ético, reiteramos nuestro profundo rechazo a que profesionales de la salud participen en estructuras externas que con mecanismos dispuestos para el fraude académico pretenden vulnerar la igualdad de condiciones en un cuidado y riguroso proceso de admisión”, se lee en el comunicado de la UdeA. La universidad, en cambio, reconoció a los profesionales que presentaron la prueba con rigor ético y les recordó que el pasado 5 de mayo fueron publicados los resultados del examen.

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La Universidad Distrital tiene abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2026 en 47 programas de pregrado. Los aspirantes deberán contar con los resultados de la prueba Saber 11, con una vigencia de máximo cinco años, y la copia de su documento de identidad.

Este es el requisito clave para la admisión de los estudiantes, que podrán inscribirse hasta en tres opciones de programa como parte del proceso de admisión, a excepción de algunas carreras que se especifican en la página web de la universidad.

“La selección de aspirantes admitidos, se hará con los mayores puntajes de acuerdo a la forma de admisión de cada Facultad, en concordancia con la disponibilidad de cupos aprobados por el Consejo Académico”, explica la institución en el portal de admisiones.

El proceso está abierto desde el pasado 14 de abril y tiene dos fechas de cierre claves. El 25 de mayo será el último día para pagar el PIN de inscripción que formaliza la presentación del aspirante al proceso de admisión. Para generar el recibo de pago, que en 2026 es de COP 175.092, será necesario realizar un pre-registro.

La Universidad Distrital es clara en que ese pre-registro no significa que el aspirante ya esté inscrito. Después de realizar el pago, el 26 de mayo vencerá el plazo para que los estudiantes formalicen su inscripción al proceso.

“Es responsabilidad exclusiva de cada aspirante el diligenciamiento del formulario de inscripción en la página web. La Oficina de Admisiones no está autorizada por ningún motivo a realizar cambios de información en la inscripción”, señala la U. Distrital en la página web.

Los primeros resultados de la admisión se darán a conocer el próximo 9 de junio, tras el análisis de la información de los aspirantes y la ubicación según su puntaje en la prueba Saber 11, que definirá los cupos dependiendo de los puntajes de los aspirantes para cada facultad.

El 25 de junio podrá conocer si obtuvo un cupo en la primera opción que seleccionó como parte de su proceso de inscripción. En caso de no conseguirlo, habrá otras fechas, entre el 9 y el 30 de julio, en las que se conocerán los admitidos a las opciones 2 y 3 de su formulario de inscripción.

La Universidad Distrital cuenta con matrícula cero en los 47 programas de pregrado que ofrece en las diferentes sedes de la institución. Esto quiere decir que los estudiantes deberán pagar únicamente el seguro estudiantil como parte de los requisitos para matricularse.

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La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con sede en Barcelona, lanzó una nueva convocatoria de becas junto al Icetex, la cual está enfocada en aquellas personas que están interesadas en estudiar una maestría en esta institución.

(Lea: Rector de la U. Nacional rechazó asesinato de Mateo Pérez y pidió esclarecer el caso)

De acuerdo con la universidad, los programas, que comenzarán el 23 de septiembre de 2026, se realizarán de forma virtual. La convocatoria cerrará el 18 de junio de 2026, hasta las 5:00 p. m. Acá le contamos los datos que debe tener en cuenta.

🎓 ¿Quiénes pueden postularse?

• Mayor de 21 años y menor de 65 años.
• Haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado.
• Tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0.
• Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional.
• Completar el formulario de solicitud de beca en la plataforma de la UOC para alguno de los programas académicos virtuales disponibles en el periodo 2026-II.
• No puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria en el pago de la obligación correspondiente.

(Puede leer: ¿Quién es Ana Milena Maya, designada como rectora encargada de la U. Popular del Cesar?)

📚 ¿Cuáles másteres están disponibles?

• Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
• Máster Universitario de Análisis Económico
• Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
• Máster Universitario de Bioinformática y Bioestadística
• Máster Universitario de Ciberdelincuencia
• Máster Universitario de Ciberseguridad y privacidad
• Máster Universitario de Ciencia de Datos
• Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
• Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
• Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
• Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
• Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
• Máster Universitario de Dirección Financiera
• Máster Universitario de Dirección Logística
• Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
• Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
• Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
• Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Mediante la Tecnología
• Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
• Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
• Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
• Máster Universitario de Gestión Cultural
• Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
• Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
• Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
• Máster Universitario de Ingeniería Informática
• Máster Universitario de Innovación y Transformación Digital
• Máster Universitario de Marketing Digital
• Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
• Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
• Máster Universitario de Psicopedagogía
• Máster Universitario de Relaciones Internacionales
• Máster Universitario de Salud Digital / eHealth
• Máster Universitario de Salud Planetaria
• Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
• Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
• Máster Universitario de Traducción y Tecnologías

(Le puede interesar: Cuidado con estas ofertas laborales falsas para tutores y maestros, alerta Mineducación)

💵 ¿Qué cubre la beca?

• Son 150 becas que cubren el 45 % del valor de la matrícula.
• No se financiará ningún ítem adicional.
• Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con sus estudios.

📒 Documentos requeridos

• Formulario de inscripción a beca de la UOC.
• Cédula de ciudadanía.
• Certificado de notas de pregrado.
• Título universitario de pregrado.
• Certificado de experiencia profesional.
• Certificados de condiciones socioeconómicas.
• Hoja de vida.
• Carta de motivación.

Si quiere conocer más información, puede consultar este enlace.

(Lea también: Estos son los colegios colombianos finalistas en el Global Schools Prize 2026)

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En Colombia, las experiencias digitales son cada vez más comunes en los hogares. Así lo demuestra la más reciente Encuesta de Calidad de Vida, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a finales de abril de 2026, según la cual el número de viviendas con conexión a internet pasó de 51,9 % en 2019 a más de 73 % en 2025.

“Estas cifras muestran que el entorno digital no puede entenderse como algo aparte de la vida cotidiana”, sostiene Fabio González, investigador de ECPAT, una red mundial dedicada a combatir la explotación sexual infantil.

Y uno de los riesgos, según González, es lo que está ocurriendo con esas experiencias digitales, muchas veces “sin el acompañamiento de la familia”. Para esto propone la siguiente imagen. “Cuando quienes crecimos en otras generaciones salíamos al parque, nuestros padres tenían alguna idea de dónde estaba, cómo era, quiénes estaban ahí y hasta qué hora permanecíamos allí. Ahora, ese escenario de socialización es, en parte, las redes sociales, excepto que los adultos no estamos presentes ni conocemos las condiciones de este ‘parque’”.

Mientras en las últimas semanas las discusiones sobre las plataformas digitales se han centrado en los efectos sobre la salud mental de los más jóvenes, a principios de marzo se presentó un nuevo informe que busca analizar otro fenómeno, la explotación y el abuso sexual facilitados por la tecnología. El reporte, realizado por la Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF (Innocenti), ECPAT y Interpol, reveló cifras preocupantes sobre estos delitos. Los datos hacen parte del estudio global más amplio realizado hasta ahora sobre esta problemática, que se desarrolla desde 2019 y que ahora presentó sus resultados en Colombia.

Entre las conclusiones del informe se encuentra que, en el último año, uno de cada cinco adolescentes en Colombia sufrió explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología. Esto equivale a cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años. Los investigadores del estudio, financiado por la Fundación Safe Online, señalan que las formas de violencia más reportadas por la niñez en Colombia son recibir imágenes sexuales no deseadas (15 %), ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6 %), así como amenazas con la difusión de imágenes íntimas (3 %).

Para llegar a estos resultados, se realizó una encuesta representativa a 999 adolescentes entre 12 y 17 años. “Estas encuestas fueron realizadas casa por casa, sin saber si los niños habían vivido este tipo de experiencia. Luego, tras identificar casos en los que sí, se realizó una entrevista en la que, debo destacar, las niñas y niños colombianos fueron muy abiertos para hablar de estos temas en comparación con otros países”, aseguró Camila Perera, especialista de investigación de Innocenti, de UNICEF.

Para Perera, el simple hecho de que un niño relate su experiencia ya es una muestra de resiliencia frente a estos casos. “Es un tema tan íntimo que hablar de esto con adultos es un acto de resistencia. Y de hecho, los niños también nos contaron cómo, por ejemplo, se apoyaban entre ellos en estos casos. En todo caso, no podemos olvidar que vivieron un hecho victimizante, algo difícil que no deben enfrentar solos”.

Las encuestas también fueron complementadas con entrevistas a familias, autoridades y profesionales de la justicia y de servicios de atención. En el caso de estos últimos, se documentaron prejuicios que pueden reforzar desigualdades de género. Uno de los testimonios recogidos en el informe lo refleja con claridad. “Aquí las niñas ya consiguen novio desde los 14 años y los novios tienen 50, eso es normal”, afirmó un profesional del sector justicia, según se lee en el documento.

Para Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es clave poner el foco en cómo la tecnología está facilitando estos delitos, pues ha transformado la forma en que operan. “En las mesas de negociación con estructuras criminales, particularmente en Medellín, nos contaban que habían perdido el control sobre estos delitos, porque lo que antes funcionaba bajo una cadena de mando se difuminó con las plataformas. Ahora encontramos casos de jóvenes de 18 años que explotan a niñas de 13 o 14 años. Estos casos proliferan y ya no necesitan que alguien les dé órdenes”, cuenta Cáceres.

¿Cómo están ocurriendo estos delitos?

Como explica Mark Beaven, jefe de la Unidad de Delitos contra la Infancia de Interpol, la importancia de esta investigación es que “aporta datos fundamentales para comprender mejor y responder a la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología, con el fin de impulsar una respuesta más coordinada y eficaz para proteger a los niños en la era digital”.

Precisamente, el informe analiza las plataformas en las que se presenta el mayor número de casos. Según el estudio, cerca de la mitad ocurrieron a través de redes sociales, principalmente en plataformas de Meta como Facebook (80 %), WhatsApp (30 %) e Instagram (17 %). Por su parte, el 14 % se presentó en plataformas de videojuegos.

El estudio también busca desmontar la idea de que estos delitos son cometidos principalmente por desconocidos. Las encuestas y entrevistas apuntan a que la mitad de los casos fueron perpetrados por personas que los menores ya conocían. Los familiares representaron el 22 % de los agresores reportados, seguidos de parejas o intereses románticos (14 %) y amistades (14 %). En contraste, solo el 21 % ocurrió con personas desconocidas para niñas, niños y adolescentes.

A esto se suma que los investigadores encontraron que la precariedad económica incrementa los riesgos, debido a que algunos menores son inducidos a intercambiar contenido sexual por dinero. En particular, el estudio señala que en Colombia se debe prestar atención a esta problemática en relación con los estudios webcam y el turismo sexual. “Encontramos casos de niños que entran muy jóvenes a estas industrias, pero lo que queremos resaltar es que muchos lo hacen por necesidades económicas”, precisa Perera, de UNICEF.

Los realizadores del estudio también destacaron que el 34 % de las víctimas no le contó a nadie sobre las situaciones de explotación o abuso que vivieron en plataformas digitales. Entre las principales barreras identificadas están no saber a dónde acudir, el miedo al estigma o la creencia de que no ocurriría nada si denunciaban. El informe también detalla que ninguno de los niños, niñas y adolescentes encuestados reportó los hechos a la policía ni a líneas de ayuda.

Las propuestas sobre la mesa

“Colombia cuenta con salvaguardas legales importantes, pero persiste una brecha significativa entre la ley y su aplicación. Hay, además, vacíos legales en temas de exposición a contenido sexual y, entre otros, material sexual generado con IA”, concluye el informe.

De hecho, uno de los consensos entre los investigadores es que estos hallazgos no deben traducirse en propuestas para prohibir el uso de redes sociales a los más jóvenes, una estrategia que, aseguran, no ha mostrado resultados efectivos a nivel mundial. Sin embargo, plantean que se deben desarrollar protocolos específicos para este tipo de situaciones, así como exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales.

Sobre la responsabilidad de estas plataformas frente a la circulación de contenidos, Gabriela Chamorro, funcionaria de Interpol, explica que las principales empresas detrás de las redes sociales tienen la obligación de reportar este tipo de tráfico a las autoridades nacionales. “Tenemos un gran nivel de información, pero los retos siguen siendo desarrollar herramientas y metodologías para que desde el Estado no solo se logre llegar a los agresores sexuales, sino también garantizar la restitución de los derechos de las víctimas”, precisa Chamorro, quien agrega que también se deben fortalecer los mecanismos de denuncia y de eliminación de contenido abusivo.

Como asevera Cáceres, directora del ICBF, se trata de un “problema moral” en el que las familias y la sociedad deben implementar medidas para prevenir estos casos, pero también crear entornos de confianza para que los menores denuncien estas situaciones.

Por su parte, González, de ECPAT, agrega que “las redes sociales están llenas de oportunidades, pero también de riesgos. Volviendo a la imagen del parque, creemos que es fundamental acompañar a los niños, mostrarles cómo cruzar la calle y enseñarles a no prestar atención a ciertas cosas que pueden ser peligrosas, mientras aprenden a moverse en estos espacios”.

En este momento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está próximo a publicar un decreto para reglamentar una ley que establece medidas orientadas a garantizar entornos digitales seguros para niños y niñas en Colombia. “Se trata de un buen proyecto, incluye conceptos actualizados y enfoques que hacían falta. El reto ahora es la implementación, que es un poco donde estamos como país”, concluye González.

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El pasado 5 de mayo, se conoció que el periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal y estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín, fue asesinado, al parecer, por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

(Lea: “Una persona no es un bulto de carne”: Mateo Pérez, periodista asesinado en Briceño)

En un comunicado, José Ismael Peña, rector de esta institución, aseguró que “Mateo encarnaba el espíritu más noble de la universidad pública: la curiosidad crítica, el compromiso con la verdad y la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad”.

Por esta razón, en opinión de Peña, el asesinato de Pérez, reportado en la vereda El Hoyo del municipio de Briceño, los interpela como institución y como país, porque, agrega, “nada justifica la violencia. Ninguna diferencia política, social o económica puede legitimar la eliminación de una vida humana”.

Para Peña, el disenso y la pluralidad son los fundamentos de la convivencia, mientras que la violencia se encarga de destruir cualquier posibilidad de futuro.

(Puede leer: ¿Quién es Ana Milena Maya, designada como rectora encargada de la U. Popular del Cesar?)

Es por esta razón que, como rector de la Universidad Nacional, rechaza “categóricamente todo acto que atente contra estudiantes, periodistas, líderes sociales o cualquier miembro de nuestra comunidad. Cuando la violencia silencia una voz, no solo se apaga una vida: se empobrece la sociedad entera”.

Además de expresar su voz de rechazo, Peña convocó a la comunidad a hacer de la paz una práctica cotidiana, la cual, dice, se puede realizar mediante el aula, en el territorio y en el ejercicio de la palabra.

“Desde la Universidad Nacional de Colombia, renovamos nuestro compromiso de aportar, con rigor académico y presencia territorial, a la edificación de una sociedad donde el periodismo, el liderazgo y la libertad de expresión sean derechos reales y no causas de muerte”, comenta.

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Finalmente, Peña reitera un llamado a las autoridades competentes para que esclarezcan el crimen de Mateo Pérez y que se haga con “prontitud y rigor, y para que se garanticen las condiciones de seguridad que permitan a nuestra comunidad universitaria desarrollar sus proyectos de vida sin miedo”.

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El Consejo Superior (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) citó a una sesión extraordinaria para tratar un único punto: definir a una persona encargada para asumir la rectoría de la institución, luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el decreto por medio del cual se dio el nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría.

Tras la reunión, se tomó la decisión de dejar como rectora encargada a Ana Milena Maya González, quien venía desempeñándose desde 2024 como vicerrectora académica de la institución.

La universidad, por medio de un comunicado, aseguró que “con 12 años de trayectoria en la universidad como docente, investigadora, líder de grupo de investigación, decana y vicerrectora de Investigación y Extensión, asume este nuevo reto al frente de nuestra alma máter”.

Maya González, nacida en Valledupar, es contadora pública, cuenta con una maestría en proyectos de investigación y desarrollo y con un doctorado en ciencias gerenciales.

En 2022 llegó a la Universidad Popular del Cesar para desempeñarse como decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, un cargo que ocupó hasta 2024, cuando fue designada como vicerrectora de la institución.

La UPC vive un complejo momento luego de la decisión del Consejo de Estado, que indicó que había encontrado, “de manera preliminar, que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internas de la universidad, específicamente, lo relacionado con la experiencia no inferior a cinco años en educación superior”.

La documentación presentada por Echevarría, dijo la sala, solo permitía acreditar un total de cuatro años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en ese centro educativo.

En la demanda estudiada por el Consejo de Estado se sostiene que la experiencia certificada por UPARSISTEM S.A.S. no puede contarse. La razón que ofreció es que esta no es una institución de educación superior, sino una entidad de formación para el trabajo y desarrollo humano y “tienen prohibición expresa de ofertar programas de educación superior”.

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El Ministerio de Educación emitió una alerta por la circulación de ofertas laborales falsas en redes sociales. En estas se ofrece vinculación laboral para tutores del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral (PTAFI).

"El Ministerio ha recibido denuncias de ciudadanos sobre personas malintencionadas que, a través de redes sociales, y otros canales no oficiales, solicitan datos personales con la falsa promesa de empleos en el sector educativo oficial", advirtió la entidad.

Además de información personal, las cuentas detrás de estas publicaciones estarían solicitando pagos para el supuesto proceso de contratación.

“Se reitera que ningún proceso de vinculación laboral requiere pagos o consignaciones de dinero a intermediarios. Asimismo, aclara que las ofertas oficiales no se gestionan por mensajes informales”, añadió el Mineducación.

La entidad hizo un llamado para recordar que la vinculación de tutores y maestros al sector educativo oficial no se hace nunca por estos canales, y que tiene unos procesos ya establecidos que se pueden consultar.

En el caso de los docentes de carrera administrativa, estos deben participar en un concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil para acceder al cargo.

Si se trata de docentes provicionales, que remplazan vacantes de planta mientras estas son ocupadas definitivamente, se vinculan directamente con procesos realizados por las Secretarías de Educación certificadas del país y a través de la plataforma Sistema Maestro.

“El Ministerio hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta para no caer en este tipo de engaños. En caso de ser víctima o conocer una situación relacionada con estas falsas ofertas, se recomienda denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nación”, dijo la entidad en el comunicado de alerta.

También hicieron un llamado a no entregar dinero, documentos ni información personal a terceros con la promesa de facilitar postulaciones o vinculación laboral con el sector educativo, pues ninguno de estos proceso requiere de pagos a intermediarios.

“Ante cualquier duda o sospecha, la ciudadanía puede verificar la información a través de los canales institucionales oficiales del Ministerio de Educación Nacional” y en su página web, con el fin de no caer en este tipo de fraudes.

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Los Global Schools Prize 2026, que reconocen a los mejores colegios en el mundo, dieron a conocer el listado de los 50 finalistas para esta versión. Dos colegios colombianos quedaron seleccionados en la categoría de sostenibilidad.

(Lea: Rector de la U. Pedagógica se pronunció sobre disturbios y criticó actuación de la UNDMO)

Se trata del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), ubicado en Ubaté, y la Institución Educativa Comercial de Envigado.

Este premio, otorgado por la Fundación Varkey, tiene como objetivo destacar la labor de aquellas instituciones que están transformando la forma de enseñar y aprender. Para esta edición, explicó la entidad en un comunicado, recibieron cerca de 3.000 nominaciones de 113 países.

A los ojos de Sunny Varkey, fundador del premio, “esto es más que un premio: es una plataforma para generar una conversación global sobre cómo escalar las mejores ideas en educación y promover acciones que trasciendan las aulas”.

De acuerdo con la entidad, la Institución Educativa Comercial de Envigado se caracteriza por su desarrollo de soluciones en el aula, pues, por medio de su modelo educativo, logró contrarrestar los serios problemas de contaminación y salud pública por los que estaban atravesando.

(Puede ver: Salarios docentes en universidades públicas: cómo funcionan y por qué algunos son tan altos)

Muestra de ello se evidencia en la reducción de casos de dengue, la mejora en la calidad del aire y la recuperación de una fuente hídrica cercana. Además, el premio destaca que consiguieron una disminución de varias problemáticas, como sucedió con la deserción escolar, y elaborar herramientas para la rehabilitación y desminado.

El Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), ubicado en Ubaté, también fue elegido como finalista en esta categoría. Por su trabajo, este plantel ya había sido reconocido con el segundo lugar en el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul de Colombia.

Su labor se ha centrado en transformar un antiguo socavón minero en un laboratorio de educación ambiental a cielo abierto. Allí, los estudiantes han podido liderar varios proyectos de investigación aplicada, los cuales se han centrado en la recuperación de ecosistemas, el tratamiento de aguas residuales y el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles.

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Los ganadores se darán a conocer durante el Foro Mundial de Educación, que se llevará a cabo en Londres a mediados de mayo. Serán reconocidos con hasta un millón de dólares.

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Este jueves 7 de mayo se presentaron una serie de movilizaciones y protestas en la sede principal de la Universidad Pedagógica. Sin embargo, la jornada finalizó con varios enfrentamientos con las unidades del UNDMO, que duraron cerca de cinco horas y llevaron al cierre de varias estaciones de Transmilenio.

(Lea: Consejo de Estado suspende provisionalmente nombramiento de rector de U. Popular del Cesar)

Helberth Choachí, rector de la institución, por medio de un comunicado, rechazó lo sucedido y dijo que fue “una acción desmedida por parte del UNDMO (...) vivimos directamente la represión, donde fuimos afectados no solo por la acción desmedida, sino por la intención directa de lesionarnos”.

De acuerdo con Choachí, para este jueves se tenía previsto que sobre las 5:00 p.m. se realizara un acto de movilización creativo y cultural, convocado para llamar la atención sobre unos temas puntuales: la tarifa diferencial para los jóvenes en el transporte público y el cese de la violencia en las estaciones de TransMilenio.

Choachí además denunció que en horas de la mañana dos estudiantes de la institución habían sido agredidos en distintas estaciones de TransMilenio. “Parece un ataque sistemático contra los jóvenes en la ciudad, en el transporte público”, anotó.

Desde la institución, dijo Choachí, hacen una invitación al gobierno distrital, a la entidad y a la sociedad para “establecer una mesa técnica de reflexión, de discusión sobre la tarifa diferencial, sobre la cultura ciudadana y sobre el cuidado de la vida de nuestros jóvenes en el sistema de transporte público”.

(Puede leer: Procuraduría señala que el Consejo Superior de la U. Nacional infringió varias normas)

En horas de la mañana, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) había emitido una alerta temprana señalando que “estudiantes, trabajadores y colegas están siendo sitiados por la Policía dentro de la universidad”.

El Ministerio de Educación, por medio de sus redes sociales, rechazó los actos. “Nuevamente hacemos un llamado directo a la Alcaldía de Bogotá para que garantice la seguridad de la comunidad universitaria y cesen las acciones que ponen en riesgo la integridad de quienes hacen viva la educación pública en Colombia. La respuesta a la protesta social no puede ser la represión; siempre debe ser el diálogo”.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, por su parte, señaló que había “un grupo aislado y violento que en este momento intenta atacar la estación de TransMilenio de la Calle 76 y quiere generar miedo en la ciudad. No lo lograrán”.

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“En el pasado ya hemos realizado capturas a personas que vandalizaron el transporte público, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía, y esta vez no será la excepción”, añadió.

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Desde que existe el artículo 31 de la Ley 115 de 1994, todo colombiano tiene derecho a aprender ciencias económicas en el colegio. No es una materia optativa, ni un relleno en el plan de estudios, ni algo reservado para los que algún día van a estudiar administración o economía.

Es un derecho de todos los colombianos que llegan a décimo u once: el derecho, al menos, a entender cómo funciona el mundo en el que va a vivir. Treinta años después, ese derecho sigue siendo más promesa que realidad, y frustra que en muchos colegios ya existan los profesores y el espacio dentro del proyecto pedagógico para hacerlo posible, pero la calidad de esta enseñanza no es clara.

(Lea: Consejo de Estado suspende provisionalmente nombramiento de rector de U. Popular del Cesar)

Recientemente, el ministro de Hacienda abandonó la junta del Banco de la República en señal de protesta por una decisión técnica sobre tasas de interés. Decanos de siete universidades respondieron defendiendo la independencia del banco central. Columnistas hablan de institucionalidad, de pesos y contrapesos, de la diferencia entre tecnocracia y democracia. El debate es real, pero es inaccesible para la mayoría de los colombianos.

En el fondo hay dos posiciones legítimas. Una dice: Las decisiones de política monetaria deben quedar en manos de técnicos independientes, blindados de la presión política de turno. La otra dice: En una democracia, las decisiones que afectan el costo del crédito, el empleo y el costo de vida no pueden estar completamente divorciadas del mandato popular. Ambas posiciones tienen sustento. Ambas requieren que el ciudadano entienda qué es un banco central, qué es la tasa de interés de referencia, qué es la inflación y por qué importa, qué significa la independencia institucional y cuál es la diferencia entre un organismo técnico y uno político. Sin ese piso conceptual, el ciudadano no puede evaluar quién tiene razón. Solo puede tomar partido por lo que diga su influencer de cabecera, o por simpatía ideológica.

Ese piso conceptual se llama ciencias económicas y debería enseñarse en cada colegio del país desde hace tres décadas. Pero la educación media colombiana hace tiempo renunció a cumplir ese mandato con seriedad. Un bachiller promedio termina doce años de escolaridad sin saber qué hace el Banco de la República, sin haber discutido la diferencia entre poder ejecutivo y órganos independientes, sin haber leído un artículo de opinión en clase y evaluado sus argumentos con herramientas críticas.

(Puede leer: Procuraduría acusa al Consejo Superior de la U. Nacional de delitos como falsa motivación)

Esto no es un problema de inteligencia ni de interés. El problema es de calidad: docentes que en muchos casos no tienen formación específica en economía, materiales desactualizados que describen el mundo de hace veinte años y poco énfasis en la comprensión y análisis de los temas. La obligatoriedad se convierte más en una formalidad; entonces la materia aparece en el horario, se registra en el boletín y no deja rastro en la cabeza del bachiller que egresa.

Cuando los ciudadanos no tienen herramientas para evaluar argumentos sobre institucionalidad, el debate público se degrada. Esto es exactamente lo que les conviene a quienes politizan cualquier tema técnico: una ciudadanía que no puede distinguir entre un argumento sólido y una consigna.

El rol de la educación media no se trata de convertir cada bachiller en economista. Se trata de formar lo que los teóricos de la democracia llaman ciudadano competente: alguien que pueda leer el periódico, identificar los intereses en juego, reconocer los argumentos y tomar posición con criterio propio.

Para eso, la escuela debería enseñar a leer con actitud crítica; incluir nociones básicas de economía aplicada a la vida cotidiana: inflación, crédito, gasto público, impuestos; y explicar cómo funciona el Estado colombiano en la práctica. Asimismo, crear el hábito de la deliberación: debatir en clase con argumentos, escuchar posiciones contrarias. Nada de eso es radical ni costoso; es más, ya se encuentra en nuestra ley de educación.

El debate sobre el Banco de la República pasará, como pasaron los anteriores y como pasarán los que vienen: las reformas sociales, el presupuesto nacional, los tratados comerciales, la regulación ambiental. Debates que al final determinan la calidad de vida de millones de personas. Y en cada uno de ellos, la mayoría de los colombianos llegará al mismo lugar: escuchando, sin las herramientas para discernir quién tiene razón.

(Le puede interesar: Salarios docentes en universidades públicas: cómo funcionan y por qué algunos son tan altos)

Una nación que no puede deliberar sobre su propio diseño institucional no es una democracia plena. Es una democracia de fachada, donde el pueblo vota, pero no gobierna porque nunca aprendió a entender qué está en juego. La Ley 115 ya escribió parte de la solución hace treinta años. Lo que falta no es una norma nueva, es la decisión de tomarse en serio la que ya existe.

* Investigador del Laboratorio de Economía de la Educación -LEE de la Pontificia Universidad Javeriana.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado informó que suspendería temporalmente el decreto por medio del cual se dio el nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el período 2026-2030.

(Puede leer: Procuraduría acusa al Consejo Superior de la U. Nacional de delitos como falsa motivación)

Esta decisión la tomó la sala luego de revisar la demanda de nulidad electoral presentada por Álvaro Javier Iglesias Ibarra, quien alegaba que Echevarría no contaba con los requisitos para ser rector, como tener una experiencia de cinco o más años en educación superior, la cual debía demostrarse al momento de la inscripción en el proceso electoral.

El alto tribunal indicó que había encontrado, “de manera preliminar, que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internas de la universidad, específicamente, lo relacionado con la experiencia no inferior a cinco años en educación superior”.

La documentación presentada por Echevarría, dijo la sala, solo permitía acreditar un total de cuatro años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en ese centro educativo.

Entre los hechos presentados por el Consejo de Estado está la decisión que había tomado inicialmente el Tribunal de Garantías Electorales de la universidad, cuando rechazó inicialmente su candidatura porque concluyó que no cumplía los cinco años de experiencia exigidos.

Sin embargo, después de un recurso de reposición presentado por Echavarría, ese tribunal revocó la inadmisión y permitió su participación. El criterio que empleó señaló que los dos períodos académicos podrían equivaler a un año de experiencia.

(Vea: Salarios docentes en universidades públicas: cómo funcionan y por qué algunos son tan altos)

La demanda de Iglesias, por su parte, indicó que, en caso de aplicar la fórmula planteada por la universidad, Echavarría solo acreditaría 57 meses, una semana y seis días, es decir, menos de los cinco años requeridos en los estatutos.

De hecho, Iglesias en la demanda sostiene que la experiencia certificada por UPARSISTEM S.A.S. no puede contarse. La razón que ofreció es que esta no es una institución de educación superior, sino una entidad de formación para el trabajo y desarrollo humano y “tienen prohibición expresa de ofertar programas de educación superior”.

“Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas de educación superior”, resaltó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Todas estas razones llevaron a que la sala señalara, de forma preliminar, que hay razones para suspender provisionalmente al rector Echevarría e indicó que las calidades y requisitos debían demostrarse al momento de la inscripción de la candidatura, que se venció el 26 de noviembre de 2025, y no después.

En el auto, la Sección Quinta del Consejo de Estado aclaró que esta valoración es preliminar y no constituye una decisión definitiva, y no descarta que, dentro del proceso, aparezcan nuevas pruebas o argumentos que cambien la decisión final.

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Cabe recordar que el Consejo Superior Universitario (CSU) de esta universidad está integrado por Juliana Guerrero, quien está involucrada en una investigación por la presunta obtención irregular de títulos universitarios.

Guerrero fue designada como viceministra de Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía la investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un proceso relacionado con la supuesta expedición de títulos universitarios irregulares en la Fundación Universitaria San José.

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En un concepto enviado al Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación solicitó decretar la nulidad de la elección de Andrés Felipe Mora como rector encargado de la Universidad Nacional y señaló que el Consejo Superior Universitario (CSU) “incurrió en infracción de normas superiores, falta de competencia, violación del debido proceso, desconocimiento de la presunción de legalidad, falsa motivación y expedición irregular”.

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Este pronunciamiento ocurre en medio de una acción judicial que llegó al alto tribunal contra la designación de Mora, mediante una resolución del CSU a finales de noviembre de 2025, luego de que el Consejo de Estado anuló el acto de elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.

Según se lee en el documento, la Procuraduría buscaba determinar si, para el momento de la designación del rector encargado de la Universidad Nacional, este empleo no se encontraba vacante y, en consecuencia, aquel no se podía proveer mediante la figura del encargo.

Para el ente de control, el proceso electoral terminó el 21 de marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario eligió a José Ismael Peña Reyes como rector para el período 2024-2027. Y, si bien se presentaron una serie de discusiones en torno a esta designación, a juicio de la Procuraduría, el acto que eligió a Peña nunca perdió vigencia ni eficacia jurídica.

A este concepto se le suma que el Consejo de Estado ya había declarado legal esa elección en septiembre de 2025. Ahora, la Procuraduría asegura que en este acto de designar a un rector encargado hubo infracción de normas superiores, la falta de competencia, la violación del debido proceso, la falsa motivación, la violación del principio de legalidad y la expedición irregular.

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Aunque la Procuraduría hace énfasis en que en estos procesos es importante el respetar la autonomía universitaria, señaló que se debe hacer siempre dentro de la Constitución y la ley.

Cabe recordar que en febrero de 2026 una sentencia de segunda instancia, proferida por las magistradas Luz Marina Ibáñez, Elvia Bibiana Guarín y Claudia Angélica Martínez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó al CSU que, en menos de 48 horas, regresara a Peña al cargo.

En esta línea del tiempo le explicamos de manera detallada lo que ha pasado en la designación de la rectoría para la Universidad Nacional: De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional

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