El presidente Gustavo Petro firmó en Cereté, Córdoba, la sanción que pone en marcha la Jurisdicción Agraria, una pieza clave en la reorganización de la justicia rural en Colombia. Con esta decisión, entra en operación la Ley Estatutaria que crea jueces y tribunales especializados para atender, de forma exclusiva, los conflictos relacionados con la tierra.

La medida instala una nueva estructura judicial enfocada en los territorios. Así como en Colombia existen tribunales relacionados a asuntos penales, constitucionales o administrativos, la Jurisdicción Agraria pasará a formar parte del organigrama judicial del país y saldará décadas de demoras en los estrados relacionados con problemas de linderos, arriendos, ocupantes o baldíos.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aplaudió la sanción presidencial de la Jurisdicción. La encargada de esa cartera asegura que servirá para dirimir conflictos sin necesidad de violencia o demoras de años.

“Ahora sí podemos decir que habrá jueces y magistrados agrarios que le devuelvan la dignidad al campesinado. Esta fue una apuesta esencial del Acuerdo de Paz”, comentó Carvajalino.

Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras y quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de esta justicia, aseguró, “este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.

Una justicia justa

La intención de esta Jurisdicción es que las comunidades campesinas encuentren respuestas más cercanas y ajustadas a sus realidades, con jueces y magistrados formados en derecho agrario y ambiental. El decreto establece ese perfil como requisito, con el objetivo de que las decisiones incorporen enfoques sociales, culturales y de género.

Y es que hoy hay, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, cerca de 16.300 hectáreas en un limbo que, a falta de esta Jurisdicción, pueden tardar décadas en solventarse en otras ramas judiciales. “Aprobar la jurisdicción es saldar una deuda con los campesinos y debería ser un proyecto de país, no de este Gobierno”, asegura Harman.

Dentro del diseño institucional aparece la figura de los facilitadores agrarios. Su tarea será orientar gratuitamente a quienes acuden al sistema, acompañar los procesos y hacerlos más comprensibles. La implementación priorizará zonas con mayores rezagos en la distribución de la tierra y regiones marcadas por el conflicto, como los territorios PDET, creados también con el Acuerdo de Paz.

¿Y qué sigue ahora? El proceso continúa con la expedición de una ley ordinaria que definirá los procedimientos y el funcionamiento de esta jurisdicción. Es decir que si esta ley que sancionó el presidente Petro le da cabeza a la Jurisdicción, la ley ordinaria le dará manos y pies para empezar a funcionar.

A la par, el Consejo Superior de la Judicatura asumirá la organización de los despachos, la asignación de equipos técnicos y la formación de jueces y magistrados.

Saldando deudas

En el mismo evento en que el Gobierno sancionó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria hubo otros momentos de felicidad, especialmente para los campesinos de Córdoba. El evento también contó con la entrega de 3.600 hectáreas de tierras productivas a familias que vieron cómo el frente frío los despojó de sus hogares en Córdoba. El acto, inicialmente, beneficiará a más de 1.000 familias campesinas que ahora verán cómo la tierra que durante años fue acaparada por narcotraficantes o actores ilegales, ahora será de su propiedad.

Las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras, bajo el liderazgo del director Harman están destinadas a municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté. En esas zonas, varios predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasaron a manos de organizaciones campesinas y asociaciones productivas.

Por ejemplo, en Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, la Agencia de Tierras recuperó y adjudicó 714 hectáreas distribuidas en 11 predios que habían estado bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que hoy pasan a manos campesinas. Varios de estos bienes estuvieron vinculados a figuras condenadas por delitos como narcotráfico y corrupción, entre ellas Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’; y el exsenador Musa Besaile Fayad, hallado culpable por participar en el “Cartel de la Toga” y otros hechos de desfalcos públicos.

La redistribución de estas tierras se concretó a través de organizaciones rurales en cada municipio. En Cereté, dos predios de casi 200 hectáreas fueron entregados a Apacis, Asoparcer y Asopico, consideradas como plataformas de derechos campesinos del territorio. En Planeta Rica, cinco fincas pasaron a asociaciones productivas como Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello y Manos Campesinas. Sahagún, por su parte, vio cómo un terreno de 50 hectáreas quedó en manos de Ascaprolu.

“Hemos dispuesto de una cruzada con el objetivo de recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba; recuperar los bienes baldíos de Colombia para entregárselo a los campesinos. Los tiempos en que las autoridades se amangualaban (sic) para acaparar la tierra se acabó”, explicó Felipe Harman luego de la entrega.

Una mano amiga

Las acciones en el departamento también abarcan la recuperación de sistemas hídricos que fueron los protagonistas de inundaciones que afectaron a casi medio millón de personas en Córdoba y el Caribe. Y es que la Agencia de Tierras comenta que su intervención en el territorio no se remitirá únicamente a recuperar y adjudicar predios: también resolverá problemas que el acaparamiento causó.

Así lo explicó el director Harman: “Estamos haciendo intervenciones en el humedal Berlín para asegurar la interconexión hidráulica y recuperar una reserva de baldíos de la Nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”.

En Montería, por mencionar un caso, avanzan intervenciones en humedales, como el de Berlín, para restablecer el flujo del agua y reconectar ciénagas que resultaron afectadas por obras irregulares. Estas labores cuentan con el apoyo del Ejército y autoridades ambientales.

“Gracias por el apoyo oportuno y diligente del Gobierno y de la Agencia Nacional de Tierras. Hoy les hablo desde la dignidad: queremos devolverle al humedal Berlín su condición de ecosistema con la reubicación integral de estos campesinos”, explicó Sherly Miranda, una campesina beneficiaria de tierras en Córdoba.

La estrategia, bautizada como Misión Córdoba, articula estas intervenciones con espacios de participación comunitaria. En distintos municipios se han desarrollado asambleas campesinas y encuentros con comunidades étnicas, junto con ruedas de negocios orientadas a la compra de nuevas hectáreas productivas.

“Esto tiene que ver tanto con la justicia social como con la justicia climática. Estamos escribiendo unas páginas en donde le enseñamos al mundo que si queremos justicia climática, primero debemos saldar la social. La crisis climática afecta de primer grado a la gente pobre”, aseguró el presidente Petro en el evento.

Para los líderes campesinos, las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras representan más que unas parcelas productivas, también son un acto de reivindicación. Así lo manifestó Rafael Espitia, vocero comunitario de Córdoba, que aseguró que “tras 40 años, llegó la hora de tener la oportunidad de tener una tierra propia. Estas tierras que pertenecieron a un narcotraficante ahora reconocen nuestra lucha de defensa del humedal y el territorio”.

Según cifras oficiales, durante el Gobierno Petro se han entregado cerca de 45.000 hectáreas en Córdoba a comunidades campesinas, víctimas del conflicto y poblaciones afectadas por emergencias ambientales. La combinación de acceso a la tierra, justicia especializada y recuperación de ecosistemas perfila una hoja de ruta centrada en el ordenamiento territorial y la equidad rural.

El Parque Temático y Cultural Los Arrieros, uno de los atractivos turísticos con más proyección del Eje Cafetero, anunció oficialmente un significativo cambio en su imagen corporativa, una transformación histórica que refresca la marca y proyecta al parque hacia una nueva etapa de crecimiento en el turismo regional.

Esta renovación marca un hito en la historia del proyecto, ya que es la primera vez que la organización realiza una actualización integral de su identidad visual, buscando conectar con nuevos públicos y fortalecer su posicionamiento dentro de los destinos turísticos más importantes del país.

Como parte de esta evolución estratégica, se consolida la marca sombrilla “Grupo Empresarial Los Arrieros”, bajo la cual se integran todas las unidades de negocio del proyecto turístico:

Esta nueva estructura permitirá unificar la comunicación, fortalecer la experiencia turística y potenciar la oferta de servicios, consolidando al grupo como un actor clave en el desarrollo del turismo en el Quindío y el Eje Cafetero.

El objetivo de esta transformación es llegar a nuevos públicos, ampliar la visibilidad del destino y seguir atrayendo a los miles de turistas que cada año visitan el Eje Cafetero, posicionando a Los Arrieros como una experiencia cultural, turística y hotelera integral.

La presentación oficial de la nueva imagen se realizó en el marco de la Vitrina Turística de ANATO, uno de los eventos más importantes del sector turismo en Colombia. Durante el lanzamiento se contó con una alta acogida por parte del público, empresarios del sector y autoridades regionales, incluyendo la presencia de la Gobernación del Quindío, La Secretaría de Turismo y del Gobernador del departamento, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la competitividad turística del territorio.

“Con esta renovación, Grupo Empresarial Los Arrieros reafirma su compromiso con la cultura cafetera, la tradición arriera y la innovación en experiencias turísticas que continúan posicionando al Quindío como uno de los destinos más representativos de Colombia.”

El evento, moderado por el reconocido periodista Yamit Palacio, contó con la participación de 200 asistentes y tres figuras clave del mundo corporativo: Juanita Ochoa (Terpel), Jaime Gómez (KFC) y Linda Patiño (Google).

Un espacio para crecer juntos

Durante la apertura, Jorge Iván Ramírez Cadavid, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, destacó que este foro no solo es una instancia de formación, sino un punto de encuentro estratégico.

“Este espacio busca traer las experiencias del mundo a Pereira. Queremos que tomen mejores decisiones para ser más eficientes y rentables”, afirmó Ramírez Cadavid, quien además anunció que la Cámara pone a disposición de los afiliados cerca de 40 profesionales en diversas áreas para asesorías gratuitas y cerró con la presentación del Pabellón de las Artes, el cual servirá de impulso al sector del entretenimiento local como parte integral del desarrollo regional.

Fueron muchas las lecciones de los protagonistas del Foro, por su parte (Jaime Gómez, KFC Colombia) afirmó la importancia de que un líder tenga el norte claro y el arte de delegar.

El Gerente General de KFC Colombia enfatizó que la mayor fortaleza de un emprendedor es tener un objetivo definido. Sin embargo, advirtió sobre la trampa de querer controlarlo todo:

• Dejar de ser “todero”:“Si quieres crecer, no puedes seguir haciendo todo”. El crecimiento real llega cuando el líder aprende a delegar.
• Talento joven: Invitó a no temer a la contratación de perfiles jóvenes, enfocándose más en la presión individual por resultados que en la presión organizacional.

Para Juanita Ochoa de Terpel, la innovación y el cliente en el centro

De 20 estaciones en Bucaramanga a ser una multilatina con más de 2,000 puntos, Terpel ha evolucionado de una empresa de combustibles a un ecosistema de tecnología.

• La cultura del fallo: “Nos ha funcionado fallar. Probar, reconocer si no funciona y meterle la ficha a lo que sí”.
• Marketing moderno: La clave ha sido poner al cliente en el centro y adaptar el lenguaje a las tendencias vanguardistas.

Linda Patiño de Google manifestó que es clave el propósito y utilidad digital

La Gerente de Comunicaciones de Google y Women to Watch 2024 recordó que Google nació en un garaje hace 27 años con una misión clara: Organizar la información del mundo.

• Liderazgo con misión: En la era tecnológica, el líder debe usar su tiempo para dar guía y propósito.
• Relaciones humanas: "Las relaciones superan los letreros". El éxito se basa en el beneficio mutuo y la motivación personal.

Entre los líderes, empresarios y directivos que participaron en el Foro, Margarita Hincapié, del Warthrace Center Pereira, calificó como un paraíso del que se siente, muy feliz de participar .“ Me siento muy feliz y orgullosa haber participado en este foro de gerentes, es un espacio que inspira, que conecta talento y refuerza al posicionamiento de Pereira como un ancla a nivel nacional e internacional en temas de turismo, de negocios, de comercio”.

El Foro una vez más contó con grandes referentes empresariales que dejaron inspirados a los asistentes, que desde ya separan espacio en su agenda, para participar en el próximo Foro.

Hablar del Virus del Papiloma Humano (VPH) es abrir una conversación cada vez más necesaria sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Aunque es un tema que suele pasar desapercibido, hoy existe mayor acceso a información, vacunación y pruebas de detección que permiten a las personas conocer más sobre su salud y tomar decisiones informadas a tiempo.

En este contexto, avanzar en prevención también implica acercar estas herramientas a más personas y territorios, facilitando el acceso a servicios de salud y promoviendo el autocuidado.

Pero… ¿qué es el Virus del Papiloma Humano?

El Virus del Papiloma Humano, conocido como VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. De hecho, según la OMS se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con el virus en algún momento de su vida, muchas veces sin saberlo.

Existen más de 200 tipos de VPH. Algunos pueden causar verrugas en la zona genital, mientras que otros, considerados de alto riesgo, pueden generar cambios en las células que con el tiempo podrían convertirse en cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino, aunque también están asociados a otros tipos de cáncer como los de ano, pene, garganta y orofaringe.

Una de las razones por las que el VPH pasa tan desapercibido es que la mayoría de las veces no presenta síntomas. Por eso, muchas personas pueden tener el virus sin saberlo y solo detectarlo a través de pruebas como la citología o la prueba de ADN para VPH.

¡Primero Tú! Prevenir el VPH sí es posible

Aunque el VPH es muy común, también es altamente prevenible. La vacunación es una de las formas más efectivas de protección y, junto con controles periódicos permite identificar a tiempo cualquier cambio y actuar oportunamente.

El uso del condón también ayuda a reducir el riesgo de transmisión. En las mujeres, el seguimiento se realiza a través de exámenes ginecológicos y pruebas de tamizaje. En los hombres, puede identificarse mediante la revisión de los genitales por parte de profesionales de salud o, cuando está indicado, mediante pruebas específicas. Son acciones de cuidado que ayudan a mantener la salud sexual bajo control.

En este contexto, y con el propósito de seguir acompañando a las personas en el ejercicio de una sexualidad informada y segura, Profamilia lanzó en 2025 el programa “¡Primero Tú! Prevención de Cáncer de Cuello Uterino”, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la detección temprana, fortalecer el acompañamiento y acercar servicios de prevención a más personas en el país.

“Hablar de VPH también es hablar de prevención y de autocuidado. Cuando las personas cuentan con información clara y acceso a herramientas como la vacunación y las pruebas de detección temprana, pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y actuar a tiempo para prevenir complicaciones como el cáncer de cuello uterino”, explica Tatiana Gómez, asesora científica de Profamilia.

Durante el último año, esta apuesta ha permitido avanzar en acciones concretas de prevención y cuidado:

• Más de 62.000 pruebas de detección de VPH mediante ADN.
• Más de 9.000 resultados positivos identificados, lo que permitió el inicio oportuno de tratamientos.
• 45.701 citologías, de las cuales el 90 % no presentaron células anormales.
• 15.502 biopsias de cuello uterino que completaron procesos diagnósticos necesarios.
• 13.115 vacunas aplicadas contra el VPH.

Por eso, durante el mes marzo en el que se conmemoran el Día Internacional de Concientización sobre el VPH y el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, Profamilia busca seguir promoviendo el acceso a la prevención y la vacunación en todo el país, incluyendo un 15 % de descuento en la vacuna y tamizaje contra el VPH durante todo el mes.

Como parte de este esfuerzo, Profamilia fortaleció la prevención en distintos territorios a través de la realización de cerca de 1.000 pruebas gratuitas de VPH en más de 10 de sus clínicas en todo el país, facilitando el acceso a la detección temprana y promoviendo el cuidado oportuno de la salud sexual y reproductiva.

Si quieres recibir más información, puedes acercarte a cualquiera de las clínicas de Profamilia a nivel nacional o comunicarte a la línea de WhatsApp 318 5310121.

Reclamar una administración técnica formulando una serie de recomendaciones basadas en argumentos superficiales y vagos no es coherente. Por esta razón, constantemente adoptamos la labor titánica de refutar las palabras de quienes usan la opinión como fachada de la mentira.

En el 2022, el Gobierno del Cambio encontró un sistema educativo marcado por la inequidad, la desfinanciación estructural y un profundo clima de descontento y resignación por parte de nuestros estudiantes y maestros. Desde ese diagnóstico, con el firme convencimiento de que los recursos son la clave para garantizar el derecho a la educación, esta administración aumentó el presupuesto público en educación, alcanzando cifras históricas nunca vistas en Colombia, pasando de 58,6 billones en 2022 a 85,2 en 2026 en precios constantes, un aumento real del 45,3 %.

En este sentido, este presupuesto ha derivado en transformaciones sin precedentes en todos los niveles: desde la educación inicial hasta la formación universitaria de nuestros estudiantes. Se trata de una política pública sustentada en cifras verificables que afianza la continuidad y sostenibilidad del sistema, y, sobre todo, su acceso, calidad y pertinencia.

Educación inicial para la primera infancia

Resarciendo la deuda histórica para con la primera infancia, hoy, más de 2,1 millones de niñas, niños y personas gestantes del 92 % de los municipios reciben educación inicial en el marco de la atención integral, un logro compartido entre las entidades del Ministerio de Educación y el ICBF, en el cual no nos limitamos a ofrecer cupos, sino que garantizamos condiciones de calidad, atenciones priorizadas y un enfoque integral. Asimismo, se ha hecho una inversión histórica en material pedagógico, ampliación de planta docente que para el 2026 fue de 5.404 cargos docentes que fueron viabilizados como planta definitiva con un costo de más de $409 mil millones, ampliación de cursos en prejardín, jardín y transición e implementación de modelos de itinerancia en aras de velar por la prestación completa del servicio de preescolar en sus tres grados a 596.586 niñas y niños de Colombia.

Resignificación de la jornada escolar

A pesar de haber recibido un sistema anclado —y atascado — en la lógica de la competencia, este gobierno le ha apostado a una resignificación del tiempo de la jornada escolar y su sentido en la vida de nuestros niños y niñas: esta estrategia ha llegado a más de cinco mil colegios y cerca de un millón de estudiantes que participan en procesos de formación integral, desarrollando su creatividad, su pensamiento crítico y su relación con el entorno. Esta apuesta, que ha generado descontento entre quienes consideran que la calidad educativa se mide únicamente a través de los resultados de pruebas estandarizadas, no ha representado un retroceso, por el contrario, en los últimos años, los colegios públicos aumentaron 4,8 puntos en su desempeño de las pruebas Saber 11.

Dignificación de la labor docente

Resulta paradójico que muchas de las críticas provenientes de sectores académicos desconozcan la centralidad del papel que cumplen maestras y maestros en el sistema educativo. Este Gobierno optó por dignificar su labor y fortalecer de manera estructural la planta docente. Así, se han viabilizado más de 15.000 nuevos cargos en todo el territorio nacional, promovido 126.000 ascensos y reubicaciones en el escalafón docente, se pasaron a planta definitiva 8.886 cargos que por años fueron “temporales” y 389 cargos nuevos como planta definitiva. Adicionalmente, se han adjudicado más de 5.790 becas para impulsar la formación continua. Este reconocimiento no es una concesión, es una condición mínima que reivindica el papel de quienes, durante tantos años, han sido ignorados por el Estado.

Alimentos para aprender

Quienes defienden el estatus quo del sistema educativo hablan de permanencia estudiantil como si fuera un problema de voluntad individual y no de condiciones materiales. En contraste, el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar no solo amplió la cobertura, sino que transformó la calidad de la alimentación escolar. Con el paso del presupuesto de 1.8 billones en 2022 a 3.0 en 2026, aseguramos menos productos ultraprocesados y más raciones calientes preparadas en sitio, en coherencia con las tradiciones culturales de los territorios y con entregas garantizadas dentro y fuera del calendario académico. La alimentación dejó de ser un trámite logístico para convertirse en una política educativa de fondo: una herramienta de nutrición, arraigo comunitario y permanencia en el sistema. Los resultados son claros: una reducción significativa de la deserción estudiantil en todos los niveles.

Ampliación de cobertura con enfoque territorial

Hemos materializado la consigna de garantizar la trayectoria educativa completa bajo la implementación de los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES), respondiendo a la realidad de territorios donde terminar el colegio era casi imposible, dada la presencia de conflicto armado, reclutamiento infantil y la falta de diligencia de los anteriores gobiernos en la garantía de su acceso a servicios públicos. Desde un enfoque diferencial, esta política transformó esa ecuación al viabilizar cargos docentes, intervenir infraestructura y abrir grados donde antes no existían; el resultado ha sido profundo: por primera vez, más de 2000 jóvenes pueden culminar su ciclo educativo hasta 11 y proyectar su ingreso a la universidad sin que las condiciones geográficas determinen —o condenen — su porvenir en la educación.

Esto se articula con esfuerzos como la estrategia Educación Superior en tu Colegio y el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), gracias a los cuales llegamos con educación técnica, tecnológica y universitaria gratuita a los territorios, permitiendo a los jóvenes cursar materias universitarias desde el colegio y acceder sin pruebas de admisión, reduciendo brechas de inequidad y transformando sus futuros. Las cifras nos respaldan, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior creció de manera significativa, especialmente en la ruralidad, donde solo en dos años pasó del 24% en al 30%.

Este esfuerzo se sostuvo también en una inversión de alrededor de 2 billones de pesos, con la que hemos intervenido de cerca de 15.000 sedes educativas en todo el país y recuperado proyectos que por años fueron elefantes blancos. A esto se suma un proceso de dotación de aulas, cocinas, menaje y elementos tecnológicos de calidad, porque la educación no se construye en precariedad, requiere entornos bonitos, dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Fortalecimiento financiero de la educación superior

En educación superior, aunque las voces que recién hoy defienden la autonomía universitaria parecen desconocerlo, la verdadera politización ocurrió cuando durante más de treinta años se condenó a las universidades públicas a crecer sin recursos suficientes y se trasladó el costo del sistema a estudiantes, docentes y familias. Frente a ese abandono estructural, decidimos saldar una deuda histórica y reformar la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, estableciendo un esquema de financiación que reconoce los costos reales del funcionamiento universitario, pasando este rubro de 6,0 en 2022 a 9,5 en 2025.

Resulta llamativo que hoy se hable de “politización” cuando lo que se hizo fue desmontar un modelo que condenaba a las universidades públicas a crecer sin recursos, a competir entre sí por migajas presupuestales y a trasladar el costo de la educación a los hogares. Defender la autonomía universitaria no puede seguir siendo el eufemismo para justificar la precariedad. No hay autonomía posible cuando las instituciones sobreviven al borde del colapso financiero.

Unas finanzas sostenibles amplían la cobertura y el acceso

En ese mismo sentido, el acceso dejó de ser una promesa abstracta. El Gobierno se fijó la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior y avanzó de manera decidida hacia su cumplimiento: para el segundo semestre de 2025 más de 300.000 nuevos estudiantes ingresaron a la universidad pública. Este esfuerzo permitió alcanzar la tasa de cobertura más alta en la historia del país: 57,5 %. No fue el resultado de un mercado “virtuoso”, sino de una política pública que fortaleció la capacidad instalada de las instituciones estatales y amplió su presencia territorial.

La transformación también fue en el modelo. Se dejó atrás la lógica de financiar la demanda —que convirtió al endeudamiento en política educativa— y se optó por fortalecer la oferta pública para garantizar el derecho. Como resultado, para 2025 más de 900.000 jóvenes, el 97 % de la matrícula pública, acceden a la universidad en condiciones de gratuidad, acercándonos a la universalidad con la política Puedo Estudiar. La gratuidad pasó de ser un gasto de inversión, para evitar que este derecho dependiera de la voluntad del gobierno de turno, y se constituyó como base presupuestal de funcionamiento de las instituciones, permitiendo que estos recursos se indexen año a año y fortalezcan la autonomía de las IES. Eso no es populismo: es sostenibilidad.

Por eso, cuando se advierte sobre una supuesta “crisis” derivada de la intervención del Estado, conviene hacer una distinción clara. Lo que debilita a la universidad pública es la desidia, la subfinanciación crónica y la idea de que la educación superior debe funcionar como un privilegio escaso y no que el Estado asuma su responsabilidad como garante del derecho. Defender el carácter mixto del sistema no puede implicar abandonar lo público ni reducir su papel a un acto residual. La educación superior pública fuerte no es una amenaza para la democracia: es una de sus condiciones básicas.

Adicionalmente, a pesar de haber recibido en 2022 una infraestructura educativa precarizada, este gobierno destinó una inversión sin precedentes de más de 1,6 billones de pesos para atender esta situación impostergable. Han sido 104 proyectos priorizados y financiados que hoy están levantando aulas, laboratorios y campus donde antes había condiciones indignas para estudiar. El multicampus de educación superior en la Ladera de Cali o el Bloque IX de la Universidad de La Guajira, en Riohacha son la evidencia de una decisión política clara de llevar la universidad pública cada vez más cerca de los territorios.

Dicho esto, afirmar que la educación perdió el rumbo no solo es inexacto, es invertir deliberadamente la realidad. Reivindicar el sistema educativo público, garantizar el acceso y exaltar su papel como un derecho estratégico para el desarrollo del país no es debilitar el carácter mixto ni marginar a las instituciones privadas; es reconocer a la educación pública como pilar de una sociedad digna, libre, democrática e incluyente.

Si hubo un quiebre en este periodo, no fue con la calidad ni con la autonomía: fue con la idea de que el rumbo correcto era seguir haciendo lo mismo mientras todo se deterioraba. Así, el próximo gobierno no heredará un sistema educativo en crisis; heredará uno que tomó la decisión de no seguir administrando la desigualdad como si fuera una fatalidad técnica. Todo lo demás —la nostalgia por el orden anterior, la defensa de la escasez, la comodidad de la inercia— no es neutralidad ni objetividad: es una apuesta política por un país más desigual.

Ha dicho que la justicia agraria debe ser una política de Estado. ¿Por qué?

Porque el problema de la tierra en Colombia no es coyuntural, es estructural. El campesinado ha sido históricamente víctima del conflicto y del despojo, y lo mínimo que debería garantizar el país es que pueda acceder a una parcela para reconstruir su vida. Ese propósito no puede depender del gobierno de turno. Tiene que ser una decisión de Estado que una al país alrededor de la dignidad campesina y de la posibilidad de producir.

¿Cómo se está avanzando hoy en la reforma agraria y cuál es el balance en cifras a nivel nacional?

Hoy hay un cambio de escala. Hemos logrado gestionar cerca de 775.000 hectáreas en todo el país. De esas, 429.000 ya están en el Fondo de Tierras y más de 305.000 han sido entregadas y están en manos de campesinos que las habitan. A eso se suman cerca de 800.000 hectáreas que están en la SAE y en el Fondo de Reparación, que también pueden entrar al proceso.

Venimos de un rezago muy grande. Cuando llegamos, apenas se habían comprado alrededor de 1.300 hectáreas para los firmantes de paz. Incluso esos proyectos estaban en riesgo porque no tenían tierra. Hoy ya hay 19.000 hectáreas destinadas a ese propósito. Es un proceso que requiere tiempo, porque no es solo entregar tierra, sino formalizarla y garantizar que quede jurídicamente en manos de quienes las necesitan.

¿Qué decir sobre Córdoba, el frente frío que inundó el departamento y las tierras que siguen disputadas allí?

En Córdoba hay una historia muy particular. Desde 1930 existen ciénagas y playones asociados a una cultura anfibia: en verano se cultiva y en invierno se pesca. Esos territorios son baldíos de la nación, no se pueden titular, pero desde finales de los años 80 fueron ocupados ilegalmente y terminaron en manos de mafias o grandes intereses.

Córdoba está llena de campesinos y pescadores que han vivido masacres, violencia, desplazamiento, jefes paramilitares y también silencio por parte del Estado. Nosotros llegamos para devolverles las tierras, pero también la dignidad y los derechos. A quienes fueron daminificados por las fuertes lluvias les fueron entregadas 188 hectáreas.

Recuperarlos implica restituir un equilibrio: no solo devolverles la tierra a quienes históricamente la habitaron, sino también recuperar su función ambiental. En la ciénaga de Corralito (Cereté), por ejemplo, los campesinos no podían ni pescar ni cultivar. Hoy están volviendo a las comunidades.

Allí ya hemos avanzado en cerca de 44.000 hectáreas gestionadas, beneficiando a unas 400 familias que han recibido unas 12.000 hectáreas.

¿Cómo manejaron la tierra los gobiernos anteriores?

La diferencia es significativa en términos de escala. En el gobierno de Iván Duque se gestionaron alrededor de 13.000 hectáreas y en el de Juan Manuel Santos cerca de 10.000. Hoy estamos hablando de 775.000 hectáreas gestionadas, lo que refleja un cambio en la velocidad y en la prioridad que se le ha dado al tema.

Más allá de las cifras, el reto sigue siendo estructural: no se trata solo de gestionar tierra, sino de garantizar que llegue efectivamente a quienes la necesitan y que se sostenga.

En el terreno, ¿a qué resistencias se han enfrentado en los procesos de recuperación de tierras?

Nos hemos enfrentado a todo. Desde amenazas directas hasta disparos al aire para impedir el ingreso a predios. En muchos casos, quienes controlaban estas tierras eran estructuras criminales, y hoy incluso hay nuevas organizaciones que han ocupado esos espacios.

También hemos visto cómo se instrumentaliza a comunidades rurales: les pagan para bloquear vías o impedir operativos. Esto ocurre en regiones como el Magdalena Medio, donde predios que pertenecieron a viejas estructuras del narcotráfico hoy están en disputa por nuevos actores.

La tierra sigue siendo un escenario de poder y de conflicto, y por eso cada recuperación implica no solo un trámite jurídico, sino una intervención compleja en el territorio.

Más allá de la entrega, ¿cómo garantizar que la tierra realmente se pueda producir y que los campesinos no sean revictimizados?

Ese es uno de los grandes retos del país. La tierra por sí sola no resuelve el problema. El campesino tiene la vocación y sabe trabajarla, pero necesita garantías: vías, acceso a mercados, vivienda y acompañamiento institucional.

Ahí es donde todavía falta articulación. La reforma agraria no puede ser solo de tierras, tiene que involucrar a todo el Estado. Si no resolvemos las condiciones estructurales y las dinámicas de violencia, existe el riesgo de que el campesino vuelva a ser desplazado. La pregunta de fondo es si vamos a seguir revictimizando o si vamos a enfrentar esas causas.

La reforma también ha generado tensiones entre comunidades, como en Cauca o Necoclí (Antioquia). ¿Cómo se están gestionando esos conflictos sociales y étnicos?

Colombia es un país diverso, y eso se refleja en el territorio. En lugares como Necoclí (Antioquia) hay un predio 10 veces mayor al perimetro del municipio, lo que impide la expansión urbana del lugar. Esas tierras, conocidas como la Virgen del Cobre, tienen salida al mar y pertenecieron a alias “El Alemán”. Pero con la gestión logramos entregar 1.143 hectáreas a manos de asociaciones campesinas y víctimas de la violencia en Necoclí.

En Cauca, que es uno de los territorios más complejos, hemos apostado por la interlocución. En el norte del departamento logramos instalar mesas de diálogo entre comunidades afro, indígenas, campesinas e ingenios azucareros. Desde octubre de 2024 no se han vuelto a registrar invasiones, y los conflictos se están tramitando en esas mesas, no en la vía de hecho. No es una solución inmediata, pero sí un cambio importante: pasar de la confrontación a la concertación.

¿Qué queda pendiente para que la reforma agraria realmente transforme el país?

Queda mucho por hacer. Hay obstáculos institucionales importantes, como la falta de una jurisdicción agraria que permita resolver los conflictos de manera más ágil. Ese proyecto lleva meses sin avanzar en el Congreso. También hay limitaciones presupuestales: hoy contamos con cerca de COP 1,2 billones, que resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.

Además, todos los días se capturan personas vinculadas a economías ilegales que tienen tierras, lo que muestra que el problema sigue creciendo. Pero también hay una oportunidad: si logramos consolidar la reforma agraria como una política de Estado, avanzar en la formalización y articular al resto de las instituciones, podemos transformar el campo y este país.

La reforma agraria no es solo repartir tierra. Es una apuesta por construir un país distinto, más justo y en paz.

En Bogotá, la cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2026 no comenzó con el primer acorde, sino con un brindis. Por primera vez en la historia del evento, la marca de tequila Don Julio asumió la apertura oficial con una fiesta VIP de gran formato que marcó el tono de lo que serán tres días de música, cultura y experiencias elevadas.

La celebración inaugural, concebida como un encuentro exclusivo, reunió a invitados especiales, artistas y figuras clave del entretenimiento en un momento pensado para transformar la expectativa en euforia. Así, antes de que los escenarios reciban a nombres como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter y The Killers, el festival ya había encendido su energía con una experiencia que apostó por la exclusividad y la intensidad.

Más allá de la inauguración, la presencia de Don Julio se extenderá durante todo el festival con un espacio VIP diseñado como refugio dentro del dinamismo del evento. Este lugar, inspirado en la estética de la hacienda mexicana, combina materiales nobles, iluminación cálida y detalles que evocan el origen del tequila, creando una atmósfera que mezcla sofisticación y tradición. Allí, artistas, influencers e invitados podrán encontrarse y vivir el festival desde una perspectiva distinta.

Uno de los puntos centrales de este espacio será la “shotería”, una propuesta que busca transformar el ritual del tequila en una experiencia sensorial. Con diferentes toppings y combinaciones, la marca pretende convertir cada brindis en un momento memorable, alineado con su narrativa: “Hay fuego detrás de este frío”. Una idea que conecta la pureza del tequila servido frío con la intensidad del agave y la pasión de su elaboración.

Esa misma dualidad se traslada al espíritu del festival, donde la música actúa como catalizador de emociones. Cada beat, cada coro y cada encuentro colectivo refuerzan el vínculo entre la bebida y la experiencia cultural, en una apuesta por integrar marca y entretenimiento de forma orgánica.

“El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como una de las plataformas musicales y culturales más importantes de la región. Para Don Julio, el tequila más amado de México y también el número uno en percepción de marca en Colombia, es un orgullo inaugurar esta edición y acompañar a los asistentes durante tres días con una experiencia que conecta música, cultura y tequila”, afirmó Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo.

La edición 2026 del festival no solo refuerza su relevancia en la escena musical latinoamericana, sino que también evidencia cómo las marcas buscan integrarse de manera cada vez más sofisticada en las experiencias culturales. En este caso, a través de una premisa clara: incluso en medio del frío bogotano, el fuego puede sentirse en cada momento compartido.

Durante años, cruzar la Ciénaga de Corralito no era solo cuestión de remar. Era exponerse. Para las comunidades campesinas y pescadoras de Cereté (Córdoba), defender ese cuerpo de agua significó más de 40 años de persecuciones, amenazas y, en muchos casos, la muerte. Hoy, ese mapa empieza a cambiar con una recuperación de tierras que les puede resarcir los daños.

Por medio de contundentes operativos, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman con el apoyo de la Policía de Córdoba recuperó 188 hectáreas que atraviesan este ecosistema del Bajo Sinú y que, hasta hace poco, permanecían bajo control de estructuras criminales. Los predios, conocidos como Lote 1 y Lote 2, en la vereda Los Venados, estaban vinculados a la Sociedad Agropecuaria Hato Santa María, relacionada con la red de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, y con Camilo Torres Martínez, también conocido como “Fritanga”.

“Tras más de 40 años de disputas por el uso de este cuerpo de agua entre campesinos y pescadores, y luego del proceso de reglamentación y deslinde adelantado por la Agencia de Tierras, hoy se logra recuperar el acceso a este espacio fundamental para la vida y el sustento de las comunidades rurales”, señaló Harman.

El director de la Agencia Nacional de Tierras añadió que estas dos parcelas productivas estuvieron durante años en manos del Fondo de Tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Allí, supuestamente, debieron ser entregadas a comunidades vulnerables o víctimas del conflicto, pero eso nunca sucedió y las hectáreas continuaron estando en unas pocas manos.

El historial de despojo orquestado por ambos fue clave para que cientos de campesinos perdieran sus tierras, pero también sus derechos. Rendón Herrera, por ejemplo, perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) e hizo parte del círculo cercano de los hermanos Castaño, pues desde que creció en Amalfi, Antioquia, se incorporó a diferentes grupos armados que sembraron desplazamiento y dolor en el Caribe colombiano.

En 2009, “Don Mario” fue hallado culpable de haber despojado miles de tierras a su paso y ser uno de los protagonistas de la exportación de drogas a Estados Unidos. Así lo ratificó un tribunal de Nueva York, estrado que aparte de señalar la responsabilidad del “expara” en el conflicto colombiano, lo condenó a 35 años de cárcel y a pagar con US 45.7 millones sus delitos.

Frente a esto, Harman comenta: “Aquí la pelea nunca ha sido contra el campesino trabajador, sino contra quienes se han robado la tierra de manera sistemática en Colombia”.

Tierras tituladas con justicia

Durante décadas, estas tierras no sólo limitaron el acceso a la ciénaga. También marcaron la frontera entre el sustento y el despojo. Hay informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que revelaron la magnitud del despojo a manos de organizaciones de autodefensas, especialmente en Córdoba, Antioquia y Meta. En el caso del departamento caribeño, la CNMH considera que allí empezaron los primeros experimentos de desplazamiento, acaparamiento ilícito y despojo que posteriormente se extenderían al resto de Colombia.

“Cuatro décadas que la comunidad cordobesa ha luchado por proteger el recurso hídrico, y mitigar los impactos sociales y culturales de los megaproyectos en el territorio, y producto de ello, sus líderes han sido desaparecidos. (...) Una de las consecuencias ha sido el cambio en la forma de vivir, ya que el deterioro más grande se ha evidenciado en la afectación al ecosistema, las ciénagas, los ríos y los terrenos aledaños a estas zonas”, reza uno de los informes del Centro.

La recuperación realizada por la Agencia Nacional de Tierras busca, precisamente, subsanar esos daños que se prolongaron por años. La entrega se enmarca en la estrategia “Misión Córdoba”, con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca intervenir cerca de 50.000 hectáreas de ciénagas en el departamento y cuya mayoría fue afectada por el frente frío que dejó cerca de medio millón de damnificados por las lluvias. Pero más allá de la meta institucional, el movimiento tiene un efecto inmediato: devolverle a las comunidades el control sobre un ecosistema del que dependen para vivir.

Saldando deudas

Las tierras fueron entregadas a asociaciones campesinas y pesqueras como ASOPISSICO, ASOPARCER y ASOPARCICO, integradas por familias que lo perdieron todo tras las recientes inundaciones en la región. Para muchas de ellas, este no es solo un acto administrativo.

“El que persevera alcanza y nosotros hoy lo logramos. En este gobierno es que hemos visto la mano hacia al campesino que trabaja 24/7, por la seguridad alimentaria de nuestro país ”, expresó con gratitud Antonio Redondo

Por su parte, Neris León, campesina que vio desaparecer sus cultivos de plátano, yuca, arroz y maíz bajo el agua, aseguró: “Se cierra una puerta, pero se abren muchas ventanas; poder decir que esta tierra sí es mía es una de ellas”. Su testimonio condensa una disputa de más de cuatro décadas, el derecho a habitar y trabajar en un territorio marcado por el conflicto armado, la concentración de la tierra y la transformación forzada del paisaje.

Pero la intervención no se limita a la propiedad. También apunta al agua. En paralelo a la entrega de los predios, el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Tierras iniciaron la remoción de jarillones, diques levantados de manera irregular, que durante años bloquearon la conexión natural entre el río Sinú y la ciénaga. Estas barreras alteraron el flujo hídrico, afectaron la pesca y modificaron el equilibrio del ecosistema.

La apertura de un tramo de más de un kilómetro en el jarillón norte permitió restablecer esa conexión sin generar nuevas afectaciones a las comunidades cercanas, según las autoridades. El objetivo es recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y reducir los riesgos asociados a las inundaciones.

Detrás de la intervención hay una apuesta más amplia: lo que el Gobierno ha denominado “reforma rural anfibia”, una estrategia que busca reorganizar el territorio reconociendo la relación entre tierra y agua, especialmente en zonas donde los ciclos hídricos han sido alterados por décadas de ocupación irregular.

La recuperación de la Ciénaga de Corralito no cierra el conflicto, pero marca un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, el acceso al agua, y a la tierra que la rodea, deja de estar mediado por actores ilegales y empieza a regresar a manos de quienes históricamente han vivido de ella.

Para las comunidades, el reto ahora no es sólo conservar el territorio recuperado. Es sostenerlo. En un lugar donde el agua siempre vuelve, la pregunta es si esta vez también lo hará la estabilidad.

En Colombia, las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) no son una problemática nueva, pero sí frecuente y con un panorama a futuro preocupante. Zancudos, pitos y el llamado “mosquito pólvora”, como se conocen estos insectos cotidianamente, continúan transmitiendo enfermedades que, año tras año, afectan a miles de familias. Aedes aegypti, por ejemplo, es el principal vector urbano del dengue, el Zika y el chikungunya; mientras que Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata están detrás de la transmisión del Chagas, y los flebótomos del género Lutzomyia spp se relacionan en las zonas tropicales con la presencia de la leishmaniasis.

En el caso de la fiebre amarilla, afortunadamente, los brotes que hoy se registran en el país son de tipo selvático, asociados a los zancudos de los géneros Haemagogus y Sabethes, y no al antiguo ciclo urbano dominado en las áreas urbanas por Ae. aegypti en 1929, precisamente en El Socorro, Santander.

En este departamento se conoce bien este panorama. Su geografía diversa, las lluvias intermitentes y la movilidad, incluida la población migrante, crean el escenario perfecto para que estos insectos persistan. En Bucaramanga, por ejemplo, se ha comprobado que Ae. aegypti no se elimina ni en temporada seca: resiste, se mantiene en índices poblacionales bajos y luego regresa con fuerza después de las temporadas invernales.

Durante décadas, hemos desplegado campañas preventivas, fumigaciones, mensajes radiales y programas escolares. A pesar del esfuerzo, los resultados no siempre perduran. Con el tiempo entendimos una verdad incómoda: el control de vectores no impacta si no transforma nuestra propia dinámica como seres humanos. No basta con intervenir; hay que promover cambios sostenibles, novedosos, medibles y compartidos.

En ese contexto, el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el departamento de Santander ha experimentado un proceso significativo de consolidación desde sus inicios, orientado por los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. A lo largo de los años se han desarrollado importantes acciones en la lucha contra los vectores que afectan la salud pública, entre las que se destacan las campañas de control del mosquito Ae. aegypti, las estrategias dirigidas a la eliminación de la malaria y el proceso internacional de certificación de la interrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas por el vector domiciliario R. prolixus. Estos avances reflejan el esfuerzo sostenido del programa en el territorio santandereano, donde actualmente 21 municipios cuentan con certificación otorgada por la Organización Panamericana de la Salud por la interrupción de la transmisión vectorial de esta enfermedad.

Un nuevo modelo de acción para Santander se está forjando

Frente a esa realidad, en Santander se decidió cambiar la forma de actuar. Bajo el liderazgo de la Gobernación de Santander y el Programa de Enfermedades Transmisibles por Vectores de la Secretaría de Salud Departamental, y con el acompañamiento científico del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CINTROP) de la Universidad Industrial de Santander (UIS), nació una apuesta diferente: el fortalecimiento de capacidades para el control integral de las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis en todo el territorio de Santander.

El propósito es tan simple como ambicioso: disminuir de manera real la presencia del vector y reducir el riesgo de transmisión, fortaleciendo las capacidades locales para actuar con autonomía. No es una campaña más; es una estrategia integral que involucra al Laboratorio de Control de Vectores, a los funcionarios municipales, a los profesionales de la salud, a los líderes comunitarios y a las personas que están todos los días en terreno.

El enfoque consiste en formar, capacitar y acompañar. Muchas veces el problema no es la falta de voluntad, sino la falta de conocimiento y de estrategia. Quien convive con el zancudo no siempre sabe cómo identificar un criadero ni eliminarlo correctamente. Por eso, el proyecto prioriza la formación práctica, desde reconocer larvas y estados inmaduros, hasta ubicar los puntos críticos en viviendas, patios y zonas comunes.

En las jornadas de campo, los técnicos y líderes locales comparten experiencias, aprenden a partir de ejemplos reales y comprenden que el control del vector es una tarea que se construye día a día. La meta es que cada participante se convierta en un agente multiplicador, capaz de enseñar, actuar y orientar a su comunidad. Adicionalmente, el trabajo en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook se plantea como una estrategia para difundir mensajes sencillos pero prácticos, que motiven a la población a convertirse también en copartícipe de las acciones orientadas a la disminución de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en Santander.

Ciencia aplicada al territorio

El proyecto también impulsa la transferencia de tecnología desde la universidad hacia la sociedad. Desde el CINTROP–UIS se han desarrollado tecnologías propias, como trampas de uso doméstico, para capturar y eliminar Ae. aegypti y flebótomos, diseño de repelentes naturales basados en compuestos de origen biológico y herramientas sencillas de vigilancia que facilitan el monitoreo técnico sin depender de grandes recursos. Son soluciones nacidas en Santander, diseñadas para las condiciones reales de nuestras viviendas y climas.

Sin embargo, la innovación no se detiene ahí. En el mundo, la ciencia del control vectorial avanza con pasos firmes. Una de las estrategias más prometedoras es la introducción de la bacteria Wolbachia, que en varios países ha logrado reducir la transmisión del virus del dengue al interferir en su replicación en el mosquito. Aunque el CINTROP no trabaja con esta tecnología, consideramos que Colombia, como país, debe prepararse para evaluarla, pues la evidencia internacional sugiere que podría ser una herramienta viable y complementaria a las acciones convencionales.

También observamos con interés el desarrollo de sistemas de edición genética basados en CRISPR, en los cuales estamos involucrados. Estas tecnologías permiten modificar y editar la herencia de los mosquitos con el propósito de controlar sus poblaciones. Entre ellas se destaca la técnica de insecto estéril guiada por precisión (pgSIT), que permite liberar machos estériles sin recurrir a insecticidas. Aunque estas estrategias se encuentran aún en fases de evaluación bioética y regulatoria, abren un nuevo horizonte en el que la biología molecular, la ecología y la salud pública convergen para el desarrollo de soluciones innovadoras en el control de vectores.

La fuerza de la comunidad como eje del cambio

Uno de los aprendizajes más profundos de este proceso es que la comunidad no puede seguir siendo espectadora, sino protagonista del cambio. En Santander, nos estamos esforzando por sumarnos estratégicamente a las juntas de acción comunal, grupos juveniles, asociaciones rurales, comités ambientales escolares, administradores de condominios residenciales y de establecimientos comerciales, y personal de mantenimiento de empresas. Todos ellos están siendo entrenados con formación técnica, empoderados y, con el apoyo de sus supervisores, están integrando estas acciones en sus labores diarias, para que la prevención deje de ser una respuesta temporal y se convierta en una rutina constante.

En la lucha contra los vectores, cada tanque tapado, cada recipiente vaciado y cada patio limpio suman. Pero lo más importante es el cambio de conciencia: ver al vector como un enemigo común y no como un problema ajeno. En muchos lugares del país, el zancudo vuelve porque nadie lo busca donde realmente está. Por eso, enseñar a identificar focos invisibles como tanques de reserva, bebederos para animales, materas, canales y tapas de botellas puede ser más efectivo que cualquier insecticida.

De la gestión institucional a la transformación social

El control de vectores se realiza en todo el país, pero los resultados varían. Lo que marca la diferencia no es la cantidad de intervenciones, sino la integración entre instituciones, ciencia y ciudadanía. En Santander, esa unión comienza a consolidarse.

La Unidad de Entomología del Laboratorio de Salud Pública, se ha convertido en un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico, la experiencia comunitaria y la investigación científica. Desde allí se impulsa una vigilancia activa, con datos reales sobre la densidad vectorial, la eficacia de las acciones y las zonas críticas de riesgo.

Además, una estrategia de comunicación de medios busca convertir a cada ciudadano en un divulgador activo. Porque el control no empieza en los laboratorios, comienza en los hogares. Cada persona que entiende el ciclo de vida del mosquito, que sabe detectar un criadero o que enseña a otro cómo prevenirlo, multiplica el impacto del trabajo institucional.

Atención clínica con propósito: cerrar brechas para proteger vidas

Además de las acciones comunitarias y de control vectorial, en Santander se está fortaleciendo decididamente la capacidad del personal de salud que atiende diariamente las enfermedades transmitidas por vectores. Médicos, enfermeros y equipos asistenciales de distintos municipios participan en procesos de capacitación y actualización clínica orientados a mejorar la atención de pacientes con dengue y otras ETV.

Estas jornadas de formación se complementan con la revisión sistemática de los casos de mortalidad en las unidades de análisis departamentales. Lejos de buscar responsables, estos espacios permiten identificar lecciones aprendidas y reforzar la aplicación de las guías clínicas vigentes. El objetivo es mejorar la oportunidad de las decisiones médicas y garantizar que cada paciente reciba la atención adecuada en el momento oportuno.

En el primer nivel de atención se están reforzando aspectos fundamentales como la realización de una anamnesis y un examen físico completos, la clasificación oportuna del riesgo clínico, la selección adecuada de medicamentos y el seguimiento estricto de los signos vitales y del gasto urinario. También se enfatiza la identificación temprana de los casos que requieren hospitalización, manejo intravenoso o referencia a instituciones de mayor complejidad.

En los hospitales de mayor nivel, las capacitaciones también buscan fortalecer la monitorización del balance hídrico, la calidad de los registros clínicos y el ajuste oportuno del manejo según la evolución hemodinámica del paciente. Paralelamente, las autoridades sanitarias trabajan en mejorar la coordinación entre instituciones para reducir las barreras administrativas que puedan retrasar la atención.

Con estas acciones, Santander busca que el conocimiento clínico llegue a cada rincón del sistema de salud y que médicos y enfermeros cuenten con herramientas más sólidas para enfrentar estas enfermedades. La meta es que una mejor preparación del personal sanitario se traduzca en diagnósticos más oportunos, tratamientos adecuados y, en última instancia, menos muertes por enfermedades transmitidas por vectores.

Actuar hoy, transformar el mañana

El futuro del control vectorial será, sin duda, biotecnológico, pero también profundamente humano. Ninguna herramienta de edición genética ni una bacteria simbiótica reemplazará a una comunidad empoderada, educada y consciente. El reto inmediato es fortalecer la capacidad técnica de quienes enfrentan el problema cada día, desde los técnicos de salud ambiental hasta las familias que cuidan sus patios.

Hoy, el control de vectores exige una mirada integral: ciencia con territorio, política pública con participación y educación con propósito. En Santander, esa articulación entre la academia, las instituciones y la comunidad está sentando las bases de un nuevo modelo de salud pública. Un modelo que demuestra que la prevención no solo se mide en datos, sino también en conciencia, colaboración y compromiso ciudadano.

El desafío de sostener el control de vectores en los territorios

Los retos continúan siendo significativos. No obstante, mediante modelos fortalecidos a nivel nacional se busca consolidar el trabajo del equipo técnico del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), conformado por 43 funcionarios distribuidos en las diferentes provincias del departamento. Este equipo desarrolla una labor permanente en campo para mantener y fortalecer las acciones territoriales de vigilancia, control y prevención de vectores.

En el marco del nuevo modelo de Equipos Básicos de Salud, la Secretaría de Salud de Santander impulsa la conformación de equipos territoriales de ETV articulados con el personal provincial, lo que permite desplegar intervenciones de promoción, prevención y control de vectores en distintos municipios del departamento.

Durante 2025, estas acciones permitieron realizar más de 100.000 visitas en hogares, instituciones educativas y centros de salud. En cada territorio, los funcionarios transmitieron mensajes claros sobre la prevención y el control de vectores, acompañados de procesos de inspección de viviendas y de educación comunitaria. Este trabajo busca fortalecer el compromiso de las comunidades en la eliminación de criaderos y en la adopción de prácticas cotidianas que contribuyan a reducir la presencia de vectores.

Para fortalecer estas estrategias, en 2026 se proyecta la llegada de insumos destinados a la educación comunitaria sobre el adecuado lavado de tanques, la entrega de repelentes y la instalación de cerca de 20.000 toldillos en poblaciones vulnerables. A estas medidas se suman intervenciones de control químico mediante el uso de larvicidas y adulticidas en zonas priorizadas, así como la adquisición de equipos de aplicación y maquinaria pesada montada en vehículos para la atención de contingencias y brotes, con recursos de salud pública asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En conjunto, estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta del departamento frente a los eventos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, consolidar el trabajo territorial en favor de la salud pública y reafirmar la articulación con el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CINTROP) para avanzar en las intervenciones en territorio orientadas al control de las ETV.

*Coordinadora del Grupo Enfermedades Transmitidas por Vectores, Secretaría de Salud Departamental, Santander

* Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales (CINTROP-UIS), Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander

El centro de escrutinio instalado en el Pabellón 1 de Corferias se ha convertido en el epicentro de la transparencia electoral. Este lunes, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), entregó un balance parcial y abrió las puertas de las instalaciones para que la prensa verificara el proceso que garantiza que la voluntad popular depositada en las urnas se traduzca fielmente en curules. La invitación fue directa: “Quiero que nos acompañen a hacer todo el recorrido para que vean cómo está funcionando, desde la apertura de los pliegos que llegan al arca triclave hasta lo que pasa en cada una de las comisiones”.

Hasta el momento, el CNE ha declarado oficialmente las elecciones de Cámara de Representantes en 14 departamentos: Amazonas, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima, Vaupés y Vichada. A esta lista se suman seis de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP 2, 3, 5, 8, 13 y 14).

Una vez finalizado el escrutinio de Cámara de Representantes se avanzará con la consolidación de resultados de listas de candidatos al Senado a la República. “Vamos a trabajar muy rápido, y queremos garantizar que todos estamos trabajando de la mano con la Registraduría para que esta declaración de elección sea lo más rápido posible, pero siempre con tranquilidad y la responsabilidad para que sea un evento democrático transparente”, manifestó el presidente del CNE, que también destacó que los equipos operan en jornadas continuas de 9: 00 a.m. a 9:00 p.m. para agilizar los tiempos de respuesta.

El arca triclave: así se custodia la memoria electoral

El arca triclave es el dispositivo de seguridad que resguarda los pliegos electorales que llegan de todos los consulados y las regiones del país. Su nombre no es casual: se trata de una bóveda de alta seguridad que solo puede ser abierta con la concurrencia simultánea de tres llaves diferentes, cada una en poder de un funcionario distinto y de diferentes entidades.

El procedimiento es riguroso y está diseñado para eliminar cualquier posibilidad de manipulación individual. Cuando los pliegos con los formularios E-14 y las actas de escrutinio de las mesas de votación llegan a Corferias, su primer destino es esta arca, donde permanecen bajo estricta vigilancia hasta el momento de ser procesados por las comisiones.

Para extraerlos, es necesaria la presencia obligatoria de los tres depositarios de las llaves, acompañados por la fuerza pública y testigos, lo que garantiza que ningún funcionario por sí solo pueda acceder al contenido. Este sistema de triple custodia asegura que la cadena de confianza nunca se rompe y que los votos físicos están protegidos las 24 horas del día.

Las ocho subcomisiones

Una vez los pliegos salen del arca triclave, inician su recorrido por el complejo entramado de las ocho subcomisiones del Consejo Nacional Electoral, cada una liderada por un magistrado y con acompañamiento permanente por parte de delegados de la Procuraduría en calidad de secretario ad hoc, testigos electorales de los partidos, y apoderados de los candidatos.

“Los magistrados estamos trabajando, las subcomisiones están instaladas y funcionando con normalidad. Yo creo que, entre más ojos va a ser de mayor tranquilidad para todos los candidatos, todos los partidos y todo el pueblo colombiano”, aseguró Quiroz, que también destacó la labor conjunta con los delegados de la Registraduría, los testigos y los jurados electorales.

La implementación de tecnologías de la información en las funciones asignadas al CNE, así como la apropiación que de ellas hicieron las diferentes agrupaciones políticas y organizaciones civiles que participaron en los comicios, aportó significativamente al ejercicio de la función electoral y a la vigilancia activa en cada recinto de votación, sitio de escrutinio y centro de cómputo dispuesto por la organización electoral.

La declaratoria de 14 departamentos y seis CITREP en los primeros días del proceso evidencia una coordinación efectiva entre el CNE y la Registraduría, así como el cumplimiento de los cronogramas establecidos. La presencia de testigos electorales, delegados del Ministerio Público y apoderados de los candidatos en cada una de las ocho subcomisiones garantiza que ninguna decisión se tome sin la debida veeduría.

Mientras el CNE se prepara para consolidar los resultados del Senado, la ciudadanía espera que la celeridad anunciada no comprometa el rigor técnico ni el derecho de los partidos a interponer las reclamaciones a que haya lugar. Como lo aseguró el magistrado Quiroz, la fortaleza de la democracia no se mide únicamente por la rapidez con que se entregan los resultados, sino por la solidez de los procedimientos que los respaldan y la capacidad de las instituciones para sostenerlos ante el escrutinio público.

Desde la promulgación de la Ley 115 de 1994, que la incluyó como parte de la formación integral del estudiante, hasta hoy, se pueden encontrar algunos intentos institucionales aislados por implementar experiencias que han demostrado que la formación musical transforma entornos y trayectorias vitales (el Plan Nacional de Música para la Convivencia es un ejemplo). Sin embargo, estos esfuerzos no corresponden a un proceso sistemático y, por el contrario, la música rara vez aparece en las pruebas como las del ICFES e indicadores que concentran la presión académica, la capacitación docente y la inversión para su enseñanza.

Ante restricciones presupuestales, las primeras áreas en ajustarse son las artísticas, porque se asume que lo esencial son las materias instrumentales: matemáticas, lenguaje, competencias técnicas. Pero la educación no puede limitarse a producir ejecutores eficientes, sino que debe formar sujetos capaces de discernir, interpretar y crear sentido.

A nivel de la educación primaria, en la mayoría de las instituciones, la música es reducida a actividades lúdicas que, si bien no es algo negativo per se, pueden derivar en un problema cuando no se evoluciona a una educación auditiva más rigurosa, como debería ocurrir en la secundaria. Allí se debería aprender a distinguir estructuras, reconocer géneros en su contexto histórico o, simplemente comprender que la música es un lenguaje con su propia gramática.

Porque el gusto no es un fenómeno espontáneo, sino que se forma mediante exposición diversa, contraste y reflexión. Cuando desde la escuela no se cultiva ese proceso, y la “enseñanza” musical se limita a cantar y seguir el ritmo de una canción de moda para preparar la presentación de un acto cultural, la sensibilidad estética queda en manos del mercado. Y el mercado cultural contemporáneo, impulsado fundamentalmente por plataformas digitales y algoritmos, privilegia lo inmediato, lo repetible, lo viral.

Cuando la educación musical es débil, el éxito comercial se convierte en el único criterio de valor y, como lo menciona el músico Iván Benavides, “el arte se convierte en mercancía”. El problema no es la popularidad que logra esa mercancía, sino el dominio casi excluyente de ciertas fórmulas rítmicas: una homogeneización estética marcada por la repetición y la simplificación estructural, que desconoce la diversidad y complejidad de las expresiones culturales de una población y su legado polirritmico.

Y las consecuencias trascienden el ámbito cultural. Formar el oído es formar la atención. Escuchar exige concentración, paciencia y apertura a la diferencia. En una sociedad saturada de estímulos breves y mensajes fragmentados, la ausencia de esa disciplina estética contribuye a ciudadanos menos dispuestos a la escucha profunda, y eso repercute incluso en el debate público.

¡Enseñar a escuchar es enseñar a pensar!

*MBA DBA. Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y estudios doctorales en administración. rogup@outlook.com

En medio de los cuestionamientos sobre la calidad de la educación superior en Colombia —tras recientes escándalos relacionados con los llamados “carruseles de diplomas”, como el ocurrido con la Fundación Universitaria San José— el sector vuelve a enfrentar una pregunta clave: ¿cómo saber si una institución educativa realmente ofrece formación de calidad?

Ante este panorama, algunas universidades con vocación regional han comenzado a adoptar certificaciones internacionales de gestión educativa que permiten verificar, mediante auditorías externas, cómo funcionan sus procesos académicos.

Una de ellas es la ISO 21001, una norma internacional publicada en 2018 por la International Organization for Standardization (ISO) y diseñada específicamente para instituciones educativas. Esta certificación evalúa los sistemas de gestión en colegios, universidades y centros de formación, revisando aspectos propios del sector como el seguimiento al aprendizaje, la mejora continua basada en evidencia y la consistencia de los procesos académicos.

Universidades regionales adoptan estándares internacionales

Entre las instituciones que han avanzado en este proceso se encuentra la Fundación Universitaria Colombo Germana, Unigermana. La institución, que ya contaba con la certificación ISO 9001 en gestión de calidad, decidió avanzar hacia un estándar enfocado específicamente en educación y alcanzar esta certificación representa un paso importante en la evolución institucional.

“Durante varios meses trabajamos de manera rigurosa para cumplir con los estándares que exige la certificación. Más allá del sello, lo realmente valioso es que fortalece la calidad educativa y garantiza a nuestros estudiantes que se están formando en una institución comprometida con la mejora continua. Además, nos consolida como la institución universitaria de las regiones”, afirmó Eduardo Behrentz, rector de Unigermana.

Otras instituciones con vocación regional también cuentan con esta certificación, entre ellas la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, la Institución Universitaria de Envigado, la Universidad de Cartagena, el Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria y la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.

En la mayoría de los casos se trata de universidades que cumplen un papel clave en la formación de profesionales en regiones donde la oferta educativa ha sido históricamente más limitada que en las grandes ciudades.

Esa expansión también ha planteado nuevas preguntas sobre cómo garantizar estándares de calidad cuando la educación se desarrolla en modalidad virtual.

En el caso de Unigermana, la certificación fue otorgada tanto para programas presenciales como virtuales, una característica que la institución considera clave para ampliar el acceso a la educación superior en territorios donde la oferta universitaria sigue siendo limitada.

En un sistema educativo que enfrenta el reto de ampliar cobertura sin sacrificar calidad, este tipo de estándares empieza a perfilarse como una de las herramientas que algunas universidades están utilizando para responder a ese desafío.

También evidencia que la calidad educativa no depende únicamente del prestigio histórico de una institución, sino de sistemas de gestión capaces de garantizar procesos consistentes, incluso cuando los programas llegan a territorios apartados o a estudiantes que acceden a la formación a través de modalidades virtuales.

La nueva norma, que contó con concepto favorable del Ministerio de Hacienda, corrige el desajuste histórico que por más de 30 años ató el presupuesto de las instituciones de educación superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que no se reconocía el verdadero costo de sostener laboratorios, pagar docentes o financiar investigación.

Ahora, con la Ley 2568 de 2026, el incremento de los recursos para las Instituciones de Educación Superior públicas (IES) estará determinado por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un parámetro que por fin incorpora las demandas específicas que exige el sector. Pero la ley va más allá, pues contempla partidas extraordinarias para expandir la cobertura, disminuir las disparidades territoriales, impulsar la formalización del empleo y potenciar la infraestructura física y tecnológica de los planteles oficiales.

También establece un incremento progresivo de la inversión en este nivel formativo como proporción del Producto Interno Bruto, con la meta de alcanzar el 1 % del PIB y equiparar a Colombia con los promedios latinoamericanos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, este avance representa el cumplimiento de los compromisos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y constituye la culminación de un extenso proceso de concertación que involucró a estudiantes, profesores, directivos universitarios y representantes del Congreso.

Este hito se inscribe en un conjunto de decisiones que han reorientado la política de educación superior durante el presente cuatrienio.

Ahora, la apuesta está en fortalecer desde su base a las instituciones oficiales para que puedan ampliar su capacidad de recepción, robustecer sus plantas docente y administrativa, modernizar sus instalaciones y operar con estabilidad financiera en el largo plazo.

Para ello, se han desarrollado diversas acciones como el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, que ha extendido sus beneficios a municipios que históricamente permanecieron al margen de estas oportunidades como Guapi, Argelia, Uribia, San Onofre, Barbacoas y Puerto Guzmán, alcanzando a miles de estudiantes de educación media.

La iniciativa Educación Superior en Tu Colegio ha llegado a 900 establecimientos educativos distribuidos en 370 municipios, permitiendo que más de 90.000 jóvenes cursen programas técnicos, tecnológicos o universitarios sin necesidad de desplazarse de sus lugares de origen.

A esto se suma la política de gratuidad que se ha consolidado como uno de los ejes vertebrales de esta transformación. Entre 2023 y 2025 se destinaron COP 6,8 billones a este propósito, lo que incrementó el número de beneficiarios de 690.000 a 930.000 estudiantes. Hoy, el 97 % de los alumnos de pregrado matriculados en universidades públicas no paga matrícula, y para 2026, COP 3,2 billones ya forman parte de la base presupuestal de funcionamiento, blindando este logro y garantizando su prioridad en el Presupuesto General de la Nación.

El Cauca: un territorio de transformación educativa

“El amor se ve en el presupuesto”, afirman desde el Ministerio de Educación Nacional, que ha canalizado hacia la región COP 2.241.776.112.024 para asegurar el derecho a la educación en todo el territorio.

En lo concerniente a calidad y gratuidad, durante 2025 se transfirieron COP 54.732.778.254 a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos oficiales caucanos. Esto permite que actualmente 225.770 niñas y niños reciban atención integral en educación inicial. De estos 186.514 están a cargo del ICBF y 39.256 bajo responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional.

En el frente de formación integral, 269 planteles educativos del Cauca participan actualmente en procesos orientados a desarrollar competencias en áreas como artes, deportes, programación, ciencia, tecnología y emprendimiento, respaldados por una inversión de COP 44.140.858.668. Este rubro registraba un valor de cero en 2022, lo que demuestra el salto cualitativo y cuantitativo en la apuesta por una educación más completa y pertinente para las nuevas generaciones.

La educación media también ha experimentado un impulso significativo mediante la ampliación de cobertura en 64 sedes educativas a través del Sistema de Media Integral en territorios como el Cañón del Micay, el Pacífico Caucano Nariñense y el municipio de Suárez. La inversión total para las 91 sedes incorporadas en esta estrategia asciende a COP 2.311.344.520.

Al hablar de los docentes, se puede destacar que se han viabilizado 1.065 cargos por valor de COP 80.757.867.093 para 2026 destinados a programas como Primera Infancia y los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES). También, un total de 164 profesores del departamento fueron beneficiados con créditos educativos condonables por COP 3.805.444.970, orientados a fortalecer sus competencias profesionales.

Mientras que, en el marco de la reivindicación laboral impulsada por esta administración, durante el concurso de 2025, 1.232 docentes caucanos lograron ascensos y 1.634 obtuvieron reubicación salarial. La infraestructura educativa del Cauca también ha recibido un respaldo sin antecedentes, esto gracias a que el Ministerio de Educación ha ejecutado 661 intervenciones en planteles escolares y entregado dotaciones que benefician a cerca de 59.597 personas, con una inversión de COP 198.682.607.256.

Es así como el Cauca, con su geografía diversa, sus comunidades y su historia, proyecta una transformación educativa y social que aspira a extenderse por cada rincón de Colombia. Porque con estas acciones y, sobre todo la sanción de la Ley 2568 de 2026, Colombia no se limita a modificar una fórmula de cálculo presupuestal, sino que concreta una apuesta de fondo para que la educación superior pública resulte más sólida y se constituya efectivamente en un derecho para las generaciones venideras.

Honda Autos realiza el Honda Day, una jornada comercial especial que se lleva a cabo este sábado 14 de marzo de 2026 en todos los concesionarios autorizados de la marca en Colombia.

Durante esta jornada, los clientes interesados en adquirir un vehículo nuevo pueden acceder a beneficios exclusivos diseñados para facilitar la compra y ofrecer mejores condiciones de financiación.

Entre los principales incentivos se encuentran bonos de hasta COP 10.000.000 aplicables para CR-V Prestige 2026, SOAT gratis para todos los vehículos del portafolio y un plan de financiación 50/50 a 18 meses en alianza con Davivienda.

Este plan financiero permite que el cliente pague mínimo el 50 % del valor del vehículo al momento de la compra, mientras que el 50 % restante puede ser financiado a través del banco. Durante los primeros 18 meses el cliente no paga cuotas, ya que se establece un período de gracia; los intereses generados durante este tiempo se capitalizan. Finalizado este plazo, el comprador comienza a pagar el saldo del crédito según las condiciones aprobadas por la entidad financiera.

La marca destaca que esta jornada busca ofrecer condiciones comerciales atractivas para quienes están pensando en estrenar vehículo, concentrando en un solo día beneficios especiales disponibles en toda su red de concesionarios.

La promoción aplica únicamente para vehículos nuevos, está sujeta a disponibilidad de inventario, no es acumulable con otras promociones vigentes y los vehículos deben quedar matriculados antes del 31 de marzo de 2026 para acceder a los beneficios.

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los concesionarios autorizados de Honda Autos en el país para conocer más detalles sobre esta jornada comercial.

Luis Fernando García Tarquino, gerente general de Seguridad Atlas, está liderando una transformación conceptual en el sector de la seguridad privada en Colombia. Su propuesta es clara: dejar de entender la seguridad como un gasto operativo y empezar a verla como un habilitador estratégico que genera valor para las empresas y fortalece su competitividad.

Al frente de una compañía caleña con 51 años de historia y cobertura nacional, García dirige una operación que supera los 10.000 colaboradores. Sin embargo, su liderazgo no se limita a la gestión operativa. Desde su rol ha impulsado una visión que integra tecnología avanzada, analítica de datos y talento humano especializado para rediseñar el servicio de seguridad y alinearlo con las nuevas dinámicas empresariales.

En diálogo con El Espectador, el directivo explicó que durante décadas la seguridad privada fue vista como un gasto necesario para proteger activos. Hoy, en cambio, su enfoque propone integrarla a la cadena de valor de las organizaciones.

“Históricamente la seguridad se ha visto como un gasto que hay que hacer de soporte al negocio. Nosotros queremos interpretarla diferente: como un costo asociado a la cadena de valor del cliente y capaz de producir valor”, señaló. Ese valor se refleja en menos pérdidas, menor exposición al riesgo y una operación empresarial más eficiente, apoyada en herramientas como la analítica de video, los sistemas de control de acceso y el uso inteligente de la información.

Parte de esa perspectiva se explica por la trayectoria de García dentro de la compañía. Con 27 años de carrera en Seguridad Atlas, ha ocupado cargos en áreas clave como desarrollo humano, operaciones, gerencia regional en Bogotá y dirección financiera. Esa experiencia le ha permitido comprender el negocio desde múltiples ángulos y desarrollar un liderazgo basado en una visión integral.

“He tenido la fortuna de hacer plan carrera en la empresa. Eso me ha dado una visión holística del negocio, pero también la capacidad de entender las necesidades del cliente y ser empático con los colaboradores”, explicó.

Para García, el futuro del sector está en la integración entre tecnología y talento humano, un modelo que describe como seguridad inteligente o seguridad híbrida. En este esquema, las herramientas tecnológicas no reemplazan a las personas, sino que transforman su rol hacia funciones más especializadas de análisis e interpretación de datos.

“Hoy es posible diseñar soluciones de seguridad donde se necesiten menos hombres en campo, pero con mayor capacidad de análisis y generación de valor”, indicó. Sistemas perimetrales con sensores, cámaras con analítica, radares, drones y centros de monitoreo permiten mantener e incluso mejorar los niveles de eficiencia operativa.

En esa misma línea, la compañía ha desarrollado plataformas tecnológicas propias como Operación en Línea Atlas (OLA), que permite a los clientes monitorear su operación desde un smartphone, y Data Suite, una herramienta que integra cámaras, controles de acceso y sistemas de seguridad en una sola plataforma.

También trabajan en Cygu, una aplicación orientada a la seguridad urbana que busca ofrecer rutas más seguras mediante mapas de calor y permitir a los usuarios solicitar ayuda en caso de emergencias médicas o de seguridad. Todas estas soluciones se apoyan en Admira, un software de análisis de riesgos que permite diseñar estrategias de protección adaptadas a cada cliente.

El entorno actual, marcado por cambios tecnológicos acelerados y nuevas dinámicas laborales, exige a las organizaciones adaptarse con rapidez. García sostiene que en su sector la zona de confort prácticamente no existe. “Aquí la zona de confort dura una semana, por no decir que un día”, afirmó, al explicar que los equipos deben estar en permanente lectura del entorno para tomar decisiones oportunas.

A esto se suma un cambio generacional en los liderazgos empresariales. La presencia creciente de millennials y centennials en cargos directivos, según el ejecutivo, está generando nuevas formas de pensamiento y gestión que enriquecen la toma de decisiones.

Más allá de la tecnología, García insiste en que la base del sector sigue siendo el talento humano. En una empresa con más de 10.000 empleos directos, la formación y la cultura organizacional son factores clave.

“Estamos cuidando vidas y patrimonios. Cualquier error puede tener consecuencias graves, por eso trabajamos mucho en sensibilizar a las personas sobre el propósito de lo que hacen”, explicó. La compañía promueve una cultura centrada en el servicio, el trabajo por objetivos y el liderazgo participativo, donde cada colaborador comprende la importancia de su rol.

Finalmente, García considera que los líderes empresariales deben asumir un papel activo en la construcción del país. Desde su perspectiva, el desarrollo económico y la seguridad requieren una visión compartida entre empresas, trabajadores y Estado.

“Tenemos que ser pro-país. Hay que pensar en las nuevas generaciones, en la sostenibilidad y en construir un futuro que perdure”, afirmó. Para el directivo, el cambio comienza en las acciones cotidianas: “No hay que hacer cosas extraordinarias; más bien que cada cosa que hagamos sea extraordinaria. Así empezamos a construir algo distinto”.

Invest Pacific —la agencia de promoción de inversión extranjera en el Pacífico colombiano— inicia la conmemoración de sus primeros 15 de años de trabajo al servicio de la región, con un evento académico que se enmarca en su Asamblea Anual.

La cita es el miércoles 11 de marzo de 2026, en el Club Colombia, Cali. En la primera parte del evento se realizará, en sesión privada, la Asamblea General Ordinaria -exclusiva para los miembros aportantes, del Consejo Directivo y fundadores de Invest Pacific, así como autoridades-, donde se rendirá el informe de gestión del 2025 y se abordarán los temas estatutarios.

En un segundo bloque se hará en la jornada de celebración de los quince años de Invest Pacific, la cual incluye un conversatorio, en el que se resaltarán casos de éxito empresariales como validadores de la propuesta de valor que ofrece el Valle del Cauca para diversas industrias, con participación de Agustín Vincent, gerente general de Genfar; Renata Lima, gerente general región andina de Ingredion; y Camilo Jaramillo, gerente general de Zonamerica.

De igual manera, habrá un espacio de reconocimientos por el trabajo adelantado por la agencia a lo largo de sus 15 años de existencia. El evento cierra con un coctel y espacio de networking.

Aporte al desarrollo

Gracias al acompañamiento que desde 2010 ha realizado Invest Pacific a las empresas de capital extranjero para que se asienten en la región, a Cali y el Valle del Cauca han llegado 240 proyectos de inversión, en 26 municipios, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos de calidad en el departamento.

“En estos 15 años hemos triplicado la presencia de multinacionales: en 2010 había 80 empresas extranjeras operando en la región y hoy contamos con más de 260 empresas”, revela Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific. “Este crecimiento es el reflejo de la alta incidencia de Invest Pacific y de su trabajo mancomunado con las autoridades departamentales y municipales, la Cámara de Comercio de Cali, así como con los diversos actores del ecosistema empresarial y gremial del Valle del Cauca”, agrega el directivo.

La inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico en el Valle del Cauca. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

La huella multinacional en el Valle del Cauca tiene más de 90 años y ha incidido directamente en el desarrollo, dotación y diversificación de la canasta exportadora del departamento. Marcas globales como Nestlé, Ingredion, Unilever, Colgate, Smurfit Westrock, Sika, Upfield, Florius Flowers, Dollarcity entre otras muchas, han confiado en el Valle del Cauca como centro de operaciones, aportando al desarrollo de la región, gracias al crecimiento de sus negocios.

“En estos primeros 15 años de vida de Invest Pacific, agradecemos a todas las personas e instituciones que han trabajado de nuestra mano para potenciar al atractivo de la región como destino de la inversión extranjera”, señala Juan Carlos Castro. “El reto ahora sigue siendo el mismo que cuando Invest nació en 2010: potenciar y evidenciar las ventajas de un departamento que aporta tanto al desarrollo regional, como al crecimiento económico y social de todo un país”, concluye el director ejecutivo de Invest Pacific.

El Festival Estéreo Picnic (FEP), reconocido como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes de Colombia y Latinoamérica, celebra su edición 2026 con una novedad que promete transformar la experiencia del público: Cerveza Corona se une al festival como su cerveza oficial, llevando al corazón del evento un concepto único inspirado en el ritual del atardecer y la conexión con la naturaleza.

Bajo la propuesta “El sunset llega al FEP”, la marca global del portafolio de Bavaria invita a los asistentes a vivir el festival desde un lugar más consciente. La iniciativa busca que el atardecer se convierta en un momento de pausa, desconexión y celebración responsable, alternando sus bebidas con agua o Corona Cero para mantener la energía del festival durante los cuatro días.

Para materializar esta experiencia, Corona instalará una estructura inmersiva en forma de espiral, diseñada para “asegurar” los colores, la luz y la energía del atardecer sin importar las condiciones climáticas. Este espacio permitirá a los asistentes desacelerar, reconectar con su entorno y disfrutar del festival desde una perspectiva más sensorial y emocional, al tiempo que se promueve el consumo responsable.

“Corona en el FEP representa una oportunidad única para llevar nuestra esencia natural al corazón del festival. Queremos que las personas vivan el atardecer como un ritual, que cada momento sea una invitación a desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial”, aseguró Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

La alianza también incluye el lanzamiento de una lata edición especial, diseñada exclusivamente para el festival, que refleja su espíritu libre, creativo y diverso. Además, se realizarán activaciones para que los asistentes puedan ganar entradas y participar en sorpresas que recompensan la ausencia del sol durante el evento.

Con esta colaboración, Corona reafirma su propósito de crear experiencias auténticas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario, celebrando la música, la naturaleza y los momentos únicos que se viven al contemplar un atardecer.

Ante la información que circula en algunos espacios sobre una presunta sanción por desacato relacionada con un derecho de petición sobre el predio ‘Peñasgordas’, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite informar que, si bien la sanción no ha sido confirmada en segunda instancia, es preciso aclarar:

1. La ANT ya dio respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana.
2. La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos relacionados con adquisición y adjudicación de predios.
3. La Agencia Nacional de Tierras reitera su compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad en todos los procedimientos que adelanta.
4. De manera categórica, rechaza las afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de predios. Tales señalamientos carecen de fundamento. Por el contrario, la Dirección de la ANT ha tomado medidas para identificar, denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad que eventualmente pueda presentarse.

En convenio con el Instituto Nacional de Salud (INS), la Universidad Simón Bolívar presentó este miércoles su nuevo Doctorado en Virología, el primero en Latinoamérica. El anuncio se realizó durante un conversatorio en el Distrito de Conocimiento e Innovación Eureka, en el que participaron el rector José Consuegra Bolívar y la directora del instituto, Diana Pava Garzón.

“Es el primer Doctorado en Virología en América Latina y esto es un hito para la educación y para la salud”, destacó la directora del INS. “Los virus representan grandes riesgos para la humanidad, como lo hemos visto en pandemias recientes, y este programa fortalece la equidad en el acceso a la educación superior y la articulación con la salud pública”, agregó.

El convenio entre el INS y la universidad consolida una relación de trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años con énfasis en el fortalecimiento de la ciencia y la educación superior. “El Instituto trabaja de la mano con la academia para responder a los retos que enfrenta la humanidad”, afirmó Pava. “La virología es parte del futuro de la salud pública y debemos prepararnos con información confiable y con formación de alto nivel”.

El programa recibió registro calificado del Ministerio de Educación y tiene una duración de cuatro años en modalidad presencial en Barranquilla, con dedicación permanente en laboratorios y 10 cupos para la primera cohorte, con un equipo de profesores conformado por investigadores Ph. D. de Unisimón y científicos vinculados al INS.

El rector Consuegra indicó que la creación del doctorado responde a una visión institucional orientada a cerrar brechas regionales en materia de ciencia e investigación. “Colombia y América Latina tendrán un espacio para formar científicos que puedan atender los retos que los virus nos plantean: es una responsabilidad alta que asumimos junto al Instituto Nacional de Salud”, expresó.

La formación se apoyará en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón, que cuenta con laboratorios de bioseguridad BSL-2 y BSL-3, plataformas de biología molecular, espacios para análisis genómico y equipos para el trabajo con patógenos. El nuevo doctorado ya ha despertado interés en otros países de la región como Perú, Ecuador y Argentina, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación doctoral en áreas estratégicas para la salud pública