"Yo conozco tu corazón y conozco tu vida, sé que me buscas, pero sé que este no es el lugar para encontrarme a mí". Ariadna Lombardi recuerda que una monja le dijo estas palabras en uno de los episodios en los que sintió que la Iglesia le cerraba las puertas. Pasó la mitad de su vida buscando un lugar donde pudiera vivir su fe sin sentir que su identidad de género era motivo de rechazo. En el camino encontró barreras, comentarios que la señalaban de vivir en "pecado" y que le exigían cambiar quién era.

Lo que vivió Ariadna durante tantos años también les ocurre a otras personas gais, lesbianas, bisexuales y trans creyentes, que encuentran discriminación cuando buscan vivir su fe en una comunidad religiosa. Después de varios desencuentros con distintas iglesias, Ariadna, de 31 años, encontró un lugar donde vivir su espiritualidad y, hace unos días, fue consagrada como la primera pastora trans de la Iglesia Colombiana Metodista.

Oriunda de Popayán, Cauca, creció en una familia campesina, conservadora y creyente. "Mi familia era muy católica. De niña, mis vacaciones de Semana Santa eran irme a quedar a la casita de mi abuela e ir a las procesiones y todos los días a misa", recuerda. La religión hacía parte de su cotidianidad y también de las expectativas sobre la vida que debía llevar.

A los 14 años comenzó a reconocer que era diferente de lo que esperaban de ella. En ese momento les contó a sus familiares que era un chico gay. La reacción de su familia paterna, las ideas religiosas con las que había crecido y el matoneo de sus compañeros de colegio hicieron más difícil esa etapa de su vida. "Ya no me sentía cómoda yendo a la Iglesia porque me decían que era pecado ser así. Ya no podía comulgar porque mi familia no me dejaba. Bueno, infinidad de cosas. Entonces decidí alejarme y sencillamente seguir viviendo", dice.

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Antes de contarle a su familia sobre su orientación sexual, Ariadna incluso había considerado entrar a un seminario. “En esa época, al colegio llegó una congregación de Manizales, la de los Hermanos Capuchinos, y se presenta la oportunidad de que yo inicie como un proceso de acompañamiento para poder ir al seminario”, relata. La posibilidad no prosperó. “El hermano que me estaba acompañando en ese proceso me dijo que no, que él entendía que ese lugar no era para mí”.

Con el tiempo, siendo mayor de edad, Ariadna fue comprendiendo su identidad y comenzó a reconocerse como mujer trans. "En un principio yo no quería, realmente yo no quería aceptar mi identidad como mujer trans, por toda la crianza que me había dado mi familia, porque tenían un concepto de las personas trans muy negativo, como lo tiene la gran mayoría de las personas y de la sociedad conservadora colombiana", afirma.

Además, había un episodio de su infancia que la había marcado: cuando tenía apenas nueve años, presenció un acto de transfobia de su padre contra una persona en la calle. “Para mí fue algo impactante”, relata. Esta experiencia influyó en las dificultades que tuvo para aceptar su propia identidad. Tardó casi dos años en reconocerse como una mujer trans y, en ese proceso, tuvo que revisar las creencias e ideas negativas que había aprendido sobre las personas con identidades de género diversas.

Más adelante, siguió intentando acercarse a distintas congregaciones. En una de ellas se interesó por asumir responsabilidades y participar en actividades de liderazgo. Sin embargo, una vez más, recibió mensajes relacionados con la necesidad de cambiar o “restaurar” su vida. Sintió que la estaban sacando de la Iglesia otra vez. Desde entonces, su relación con la religión estuvo guiada por la desconfianza y el temor a que su identidad volviera a ser motivo de cuestionamiento.

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Del activismo y la defensa de derechos a una nueva comunidad religiosa

La semilla del liderazgo quedó en ella, y hacia 2016 encontró en el activismo una forma de llevar esa vocación a la práctica: ayudar a otras personas. Así comenzó a trabajar por los derechos de la población LGBTIQ+ y llegó a integrar la Mesa de Diversidad de Popayán. Desde allí, lideró capacitaciones para sensibilizar a la Policía, el Ejército, el ESMAD y otras entidades sobre el trato con enfoque de género y diversidad.

“Empezamos a trabajar y vimos temas de violencia, temas de trata de blancas que estaban muy marcadas en esa época acá en el departamento. Denunciamos todo ese tipo de cosas, y brindamos acompañamiento a personas de la población LGBTIQ+ privadas de la libertad en la cárcel de San Isidro y en la cárcel de La Magdalena”, cuenta. 

En los siguientes años, participó en espacios educativos y foros en otras ciudades, y se involucró en iniciativas relacionadas con los derechos humanos y la implementación de los Acuerdos de Paz. También hizo parte de la mesa multipartidista, "que era una organización de jóvenes de varios partidos políticos". Ese recorrido amplió su trabajo con personas que enfrentaban distintas formas de discriminación y exclusión.

En 2021, decidió nuevamente acercarse a una congregación. Hizo una búsqueda en internet sobre comunidades religiosas que incluyeran a las personas sexodiversas y dio con la historia de Jhon Botía Miranda, quien en 2020 se convirtió en el primer pastor gay de la Iglesia Colombiana Metodista. Él defendía “hacer valer la libertad que Jesús le dio” frente a su congregación, una postura que llamó la atención de Ariadna. Logró contactarlo y él la dirigió al líder de la comunidad metodista en Cali para que pudiera asistir.

Lo que la cautivó inicialmente fueron las labores sociales. “Es una iglesia que trabaja por lo social, como decía el obispo emérito actual de mi iglesia: ‘por los más pequeñitos del reino’, los marginados, las personas excluidas, los migrantes. Bueno, todas las personas que la sociedad excluye, la iglesia trabaja para ellos, en pro de las víctimas del conflicto, la apuesta a la paz”, dice. Esa labor conectaba con el activismo que Ariadna ejercía desde hacía años y con su compromiso con la dignidad humana.

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Esa congregación desarrollaba iniciativas comunitarias con niñas, niños, mujeres y otras poblaciones en sectores como Siloé y Aguablanca, afectados por distintas formas de violencia. Ariadna comenzó a participar en esas actividades y, poco a poco, encontró una forma de continuar su trabajo comunitario desde un espacio religioso.

También comenzó a participar en los servicios religiosos. Uno de los momentos que recuerda con mucha emoción fue recibir la “Santa Cena”, el rito que en la Iglesia católica se conoce como comunión. Llevaba más de una década sin participar de ese sacramento y para ella eso fue muy significativo. “Las personas que hemos sido muy marcadas desde niños con este tipo de rituales sentimos que dejan huella y nos hacen falta. Entonces, para mí fue como reencontrarme nuevamente en un lugar seguro”, comenta. 

Esta vez, las puertas no se cerraron para ella. “Mi fe empezó a reafirmarse y empecé a vivirla de una forma sana. Nunca he sido cuestionada por aspectos que tengan que ver con mi identidad”, agrega.

“¿De qué lado se pondría Cristo hoy?”

Para Ariadna, vivir su fe sin miedo al rechazo tiene mucho que ver con la forma en que la tradición metodista interpreta las escrituras. Según explica, “hay mucho contraste. No usamos la Biblia como arma para señalar, sino que realmente estudiamos los textos con contexto, la historia, lo que significaban en su tiempo”.

“También entendemos que la Biblia fue escrita por hombres y que hay textos que no fueron incluidos. Por eso, tenemos en cuenta el contexto histórico y las traducciones antes de interpretar un pasaje. Hacemos una lectura responsable antes de señalar o condenar a alguien con un versículo que podríamos estar interpretando de una mala manera”, agrega.

Después de varios años de trabajo en la iglesia, a finales de 2024 Ariadna recibió una propuesta para iniciar un proceso de acompañamiento pastoral. Aceptó y, en 2025, formalizó su participación y empezó sus estudios en teología. Este año fue consagrada como la primera mujer trans en convertirse en pastora laica de la Iglesia Colombiana Metodista. La consagración marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Ahora debe continuar su formación teológica para avanzar hacia la ordenación, un proceso que, según estima, puede tomar entre tres y cuatro años.

Con su experiencia, conoce las dudas de quienes quieren acercarse a la religión pero temen ser juzgadas por su identidad o su historia personal. Lo comprobó después de su nombramiento, cuando varias mujeres trans se acercaron a ella para preguntarle si podían vivir su fe sin ser señaladas y si tendrían que cambiar sus vidas para participar en la iglesia.

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"Una de ellas me envió un audio y me pareció muy linda la forma en la que me abordó. Me dijo: ‘Ari, qué lindo que ahora tú seas pastora, porque sé que vamos a tener una persona que nos pueda enseñar realmente a orar, a hablar con Dios y poder estar seguras de que podemos vivir nuestra fe libremente, sin que seamos señaladas’. Yo le respondí que no debíamos sentir vergüenza por querer acercarnos a Dios", cuenta.

Pero la pregunta la llevó a reflexionar sobre las distintas realidades que atraviesan las mujeres trans. Ariadna reconoce que ha contado con el apoyo de su familia y con la posibilidad de estudiar, oportunidades que la mayoría no han tenido. También conoce historias de mujeres que ejercen el trabajo sexual y enfrentan barreras laborales y discriminación que limitan sus opciones para salir adelante. Desde su perspectiva, considera que ninguna de estas condiciones debería impedirles acercarse a la Iglesia y vivir su fe sin ser juzgadas ni excluidas.

No obstante, esa reacción de bienvenida contrasta con los ataques que ha recibido de sectores religiosos tras su nombramiento. "Estas últimas semanas he sido muy violentada por muchos llamados cristianos, que yo les llamo ‘sepulcros blancos’, que llegan con una supuesta autoridad moral para cuestionarme, para cuestionar mi ministerio. Cuando se les acaba el argumento cristiano, empieza el argumento transfóbico y empiezan las amenazas", asegura.

Su respuesta es que “el juicio solamente está en manos de Dios. Ningún pastor, ninguna persona, nadie que se conozca la Biblia al derecho y al revés puede venir y decirte que tú eres pecadora y que ya estás condenada al infierno, porque esa es una tarea que se le debe atribuir a Dios”.

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Como pastora, hoy lanza una pregunta al mundo: "¿De qué lado se pondría Cristo hoy?". Para ella, los mensajes discriminatorios que hoy lanzan muchas congregaciones y líderes religiosos que ocupan cargos de poder contradicen los principios cristianos. "Hoy se utiliza la Biblia solamente para coaccionar votos, para seguir fomentando la violencia. Porque, claro, piden muchas veces respetar la vida, pero ¿la vida de qué lado? Porque le ponemos dignidad a unas vidas y a otras no".

Para ella, si Cristo regresara hoy, la sociedad volvería a crucificarlo porque "no ha entendido su mensaje". "Si Cristo viniese a esta época, se pondría del lado de lo social, del lado de la dignidad humana, del lado de los que sufren, del lado de los migrantes, del lado de los niños que son violentados y asesinados en otros países. El verdadero pueblo de Dios está en todo el mundo y esa nación será restaurada cuando él venga, no antes", dice.

Ariadna espera que otras personas encuentren lo que a ella le tomó años hallar: una relación con Dios que no esté atravesada por la culpa de ser quien se es y la discriminación. Su mensaje se dirige especialmente a quienes han sentido que no tienen un lugar en las iglesias. "Soy mujer trans, soy pastora y sigo siendo yo. Mi fe no me borró la esencia, mi llamado no me quitó la identidad y el amor de Cristo no me enseñó a excluir, sino a abrazar", concluye.

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Con preguntas dirigidas al público, cifras escritas en hojas de colores y pancartas hechas a mano, siete organizaciones sociales llevaron una jornada de educación sexual y reproductiva a las escaleras del Museo Nacional. Una de las expositoras tomó el megáfono para explicar las diferencias entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género. A su lado, un cartel con ilustraciones y banderas de distintas identidades acompañaba la explicación. Las preguntas invitaban a quienes se acercaban a participar: ¿qué tanto conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos?, ¿sabemos cómo exigirlos?

La actividad se realizó este viernes 23 de octubre, en una nueva jornada de manifestaciones contra el retiro de las 63 piezas desmontadas en el Museo Nacional, ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los objetos retirados había documentos relacionados con las luchas feministas, piezas vinculadas con los movimientos lésbicos y trans, y elementos que narraban procesos de paz y memoria política.

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La jornada da continuidad a las clases abiertas que comenzaron el 19 de octubre, cuando docentes y estudiantes de universidades como la Nacional y los Andes se reunieron en las escaleras del edificio para hablar sobre la memoria histórica y el papel de los museos. Esta vez, las organizaciones pusieron sobre la mesa los derechos sexuales y reproductivos, con clases sobre educación sexual, aborto, violencia gineco-obstétrica y derechos de las personas trans. 

Con pañuelos verdes y una gran bandera trans cubierta de firmas que respaldan la exigencia de una ley que brinde garantías a esta población, el acto académico buscó explicar cómo las historias que se conservan en el Museo se relacionan con las luchas por el reconocimiento y la garantía de derechos en Colombia.

¿Qué condiciones necesitamos para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos? Fue otra de las preguntas que guiaron la "clase a la calle". La jornada se realizó en medio de la preocupación de las organizaciones por la solicitud de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de echar para atrás la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días. La petición de Hoyos llegó bajo el argumento de que la resolución tiene “cuestionamientos constitucionales y legales”, podría afectar la autonomía de los colegios y el derecho de madres y padres a elegir la educación de sus hijos. Por su parte, las organizaciones convocantes manifestaron rechazo a esta medida y defendieron el acceso a información basada en evidencia sobre sexualidad y derechos reproductivos.

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"Uno no cuida lo que no conoce", afirmó Lina Corredor, directora y fundadora de Aliadas, una agencia pedagógica por los derechos sexuales y reproductivos. Corredor señaló que más del 83 % de la población colombiana desconoce estos derechos. Cifra que según ella evidencia la necesidad de fortalecer la educación sexual y garantizar que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo exigirlos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025, solo el 80.2 % de las mujeres y el 72.9 % de los hombres entre 13 y 49 años reportaron haber recibido información relacionada con la sexualidad alguna vez en su vida. Sin embargo, es un número que se va reduciendo cuando se trata de personas que viven en regiones, tienen bajo nivel educativo y condición socioeconómica.

Según la entidad, aunque en el país se brinda información sobre sexualidad, esta suele concentrarse en la planificación familiar, especialmente en el uso de métodos anticonceptivos, la decisión de tener o no hijos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En cambio, otros asuntos igualmente importantes, la prevención de violencias sexuales, los derechos sexuales y reproductivos y las rutas de denuncia, suelen quedar relegados.

También se habló de las violencias basadas en género. En una de las pancartas se leía: “Nombrar la violencia es el primer paso para transformarla”. Debajo, varios recortes de prensa y cifras sobre feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres sirvieron para explicar cómo estas agresiones responden a patrones de discriminación y desigualdad, más allá de los casos particulares que llegan a los medios de comunicación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se han reportado 96 feminicidios y 23 transfemincidios. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado 47 homicidios a personas LGBTIQ+.

Una historia de luchas por la autonomía reproductiva

Las conversaciones sobre aborto y violencia gineco-obstétrica también llevaron a las organizaciones a recordar que los derechos sexuales y reproductivos tienen una historia de movilización social. Esa historia estaba representada en una de las piezas retiradas del Museo Nacional: el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres.

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El documento mostraba las reivindicaciones que las organizaciones feministas planteaban en esa época, como la posibilidad de decidir sobre la reproducción, acceder a métodos anticonceptivos y rechazar intervenciones realizadas sin consentimiento. Estas demandas forman parte de una trayectoria más amplia de luchas por la autonomía corporal y la participación de las mujeres en las decisiones sobre sus vidas.

Décadas después de aquel manifiesto, el acceso al aborto y la atención libre de violencias siguen siendo parte de las reivindicaciones feministas. En las escaleras del Museo Nacional, integrantes del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de Colectiva Justicia Mujer hablaron sobre el acompañamiento durante el aborto y la violencia gineco-obstétrica, que incluye prácticas como realizar procedimientos sin consentimiento informado, minimizar el dolor o impedir la compañía de una persona de confianza. “Los cuidados durante el aborto deben ser casi iguales que hay con el parto”, expresó una integrante de Colectiva Justicia Mujer.

Por ejemplo, frente al aborto, todavía hay un camino de obstáculos al que se deben enfrentar personas que quieren acceder a este derecho. Pese a que el país permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, persisten barreras como la falta de información clara y oportuna, las demoras en la atención médica y las presiones del personal de salud para que las mujeres y personas gestantes desistan de su decisión. A estas dificultades se añade el temor frente al procedimiento, que también puede influir en el acceso oportuno a este derecho, de acuerdo con la ENDS. 

“Convocamos a este espacio en el Museo porque creemos que es importante reconocer la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Negarlos o ponerlos bajo amenaza también pone en jaque la democracia y las instituciones que deben garantizar espacios seguros y libres de violencia, así como derechos fundamentales como la salud y la educación, para que las personas puedan vivir dignamente”, le dijo Corredor a El Espectador.

Las experiencias de vida trans y el subregistro

Entre las piezas retiradas el 15 de octubre de la sala "Hacer Sociedad" había unos zapatos diseñados para una mujer trans, un yembé vinculado con la batucada Toque Lesbiano, fotografías, recortes de prensa y archivos bibliográficos. Todos estos objetos documentaban décadas de experiencias y formas de organización de los movimientos LGBTIQ+.

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Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, participó en la jornada con una intervención alusiva a la Ley Integral Trans. Para ella, estar en el Museo Nacional hace parte de reclamar ese reconocimiento histórico y político que por mucho tiempo se les ha negado a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

"Las personas trans luchamos por la memoria, por ser recordadas y porque las personas trans también somos artistas y tenemos derecho al arte", le comentó a este diario. Y agregó que la presencia de estos objetos, sus expresiones artísticas y sus luchas por los derechos que tienen y los que les faltan, permite ampliar los relatos sobre quiénes han contribuido a construir el país.

Pero la discusión no se quedó allí, también llegó a los registros oficiales. Durante la jornada, las organizaciones hablaron de las dificultades para consignar adecuadamente la identidad de género de las personas trans en documentos como los registros de defunción. Según Sebastián León-Giraldo, también de la Liga de la Salud Trans, cuando una persona no es identificada de acuerdo con su identidad de género, la información disponible resulta insuficiente para establecer cuántas personas trans mueren y dimensionar las violencias que afectan a esta población. 

La exclusión de sus experiencias de los registros oficiales y de los relatos históricos plantea problemas distintos, pero relacionados. En ambos casos, la falta de reconocimiento dificulta comprender la realidad de una población y sus aportes a la sociedad, explica León-Giraldo. Por lo que, considera, aún hay deudas pendientes en la garantía de derechos.

Así, tras una jornada de más de cuatro horas, las organizaciones promovieron una conversación informada sobre los efectos que tiene la ausencia de garantías para ejercer estos derechos. La educación sexual integral, el acceso al aborto, la atención libre de violencia y el reconocimiento de las personas trans involucran responsabilidades institucionales y condiciones necesarias para tomar decisiones sobre el propio cuerpo.

Para las organizaciones, defender la memoria que estaba consignada en las piezas del Museo Nacional, implica explicar cómo se conquistaron los derechos que hoy se ejercen y qué obstáculos persisten para garantizarlos. “Vamos a seguir acá resistiendo, vamos a seguir tomándonos este espacio que es nuestro, que es del pueblo y que vamos a seguir compartiendo con las personas, no desde una postura donde les enseñamos solamente conceptos, sino donde podamos transmitir y, en doble vía, podamos aprender entre todos estos conceptos que hacen parte de nuestra historia”, concluyó David Zambrano, médico que trabaja en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

En la jornada participaron La Aliada, Fundación Oriéntame, la Liga de Salud Trans, Colectiva Justicia Mujer, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Primero la Gente. Con estas clases, las organizaciones se sumaron a las actividades que se desarrollan frente al Museo Nacional desde comienzos de semana.

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En Colombia, las opiniones sobre las familias diversas tienen muchos más matices comparadas con el discurso político actual. Las posiciones no están tan divididas entre dos bandos como podría pensarse. Al menos eso fue lo que encontró “Familias que caben”, un experimento realizado en agosto de 2026 con 3.501 personas de las principales ciudades del país para conocer sus percepciones sobre las distintas formas de hogar.

Los resultados ofrecen algunas pinceladas sobre los acuerdos y las resistencias que atraviesan esta conversación. La investigación, realizada por Movilizatorio, encontró un punto en el que coincide una amplia mayoría de las personas consultadas: la autonomía familiar.

El 74.9 % de quienes participaron consideró que las decisiones importantes sobre la familia deben tomarse internamente. En otras palabras, personas que coinciden en que nadie ajeno a ese núcleo debería decidir cómo tiene que ser. Lo interesante, según el movimiento, no es solamente que tres de cada cuatro personas compartan esta posición, sino que se mantiene relativamente estable, sin importar sus ingresos, edad, nivel educativo, ciudad de residencia o ideología política. 

Esa apertura también se refleja en la manera de reconocer diferentes formas de familia. Más de la mitad de quienes participaron (53.3 %) consideró que existen otras formas válidas de conformar un hogar. Sin embargo, no todas las personas comparten esa visión: algunas personas consideran que el modelo tradicional sigue siendo el “correcto”, no están convencidas ni en contra, prefieren no pronunciarse o están dispuestas a reconocer otras formas de familia, aunque todavía tienen dudas.

Lo llamativo es que el rechazo abierto hacia los hogares diversos fue mucho menor de lo que podría pensarse. De las 3.501 personas consultadas, apenas el 2.6 %, es decir, unas 90, consideró que las familias diversas representan una “amenaza” para sus valores. Fue la posición más baja de todas las registradas en el estudio.

Estos resultados muestran que las percepciones son más variadas de lo que sugieren algunas posiciones expresadas en la discusión pública. Discusiones que además ocurren en un momento en el que varios gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el colombiano, han utilizado la idea que la familia está “bajo amenaza” como bandera política para impulsar medidas que restringen derechos a determinados grupos de la población.

De acuerdo con María Alejandra Rodríguez, directora de proyectos de Movilizatorio, “estamos viendo a nivel mundial cómo la agenda de familia, de seguridad y de religión se está utilizando para el recorte de derechos y está teniendo unos chivos expiatorios muy claros, que son principalmente las comunidades LGBTIQ+, movimientos como el feminista o derechos ya ganados, que en el caso latinoamericano lo vemos mucho con el aborto. Entonces, nosotras empezamos a ver tendencias sobre cómo la familia estaba siendo el ‘caballo de Troya’ para proponer políticas que terminaban en una regresión de derechos y, por ende, en la erosión democrática”, explica en entrevista con El Espectador. 

En distintos países se han impulsado medidas que restringen la expresión de la diversidad sexual y de género en nombre de la “protección” de la infancia o de los derechos de las familias. En Hungría, las restricciones introducidas durante el gobierno de Viktor Orbán limitaron la representación de la homosexualidad y las identidades trans en contenidos dirigidos a menores de edad. En Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado restricciones a los contenidos sobre identidad de género en las escuelas, apelando a los derechos de los padres. Y en El Salvador, Nayib Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en la educación pública, alegando que buscaba proteger a la niñez de influencias ideológicas. 

Pero estas medidas no se han limitado a la población LGBTIQ+. En Argentina, por ejemplo, el gasto público en salud sexual y reproductiva cayó un 57 % desde 2023, año en que asumió Javier Milei. El mismo presidente que en diferentes ocasiones ha responsabilizado a los movimientos feministas y a la despenalización del aborto por la caída de la natalidad en su país.

En Colombia se ha seguido un libreto similar. Incluso antes de llegar a la Presidencia, Abelardo de la Espriella afirmaba: “Yo no defiendo ideología (…) Yo defiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios”. Este discurso también ha circulado en el Legislativo y en las redes sociales.

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“En Colombia veíamos que la frase ‘la familia está en riesgo’ era una puerta de entrada a contenidos en redes sociales como ‘con los niños no te metas’. Y ese mensaje, a su vez, se convertía en una puerta de entrada a discursos antiderechos o contra las personas LGBTIQ+, es decir, discursos homofóbicos y transfóbicos”, explica Rodríguez.

Vale recordar que las familias diversas no son únicamente aquellas conformadas por parejas LGBTIQ+. De hecho, en Colombia existe una gran variedad. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), poco más de la mitad de los hogares son biparentales (51.3 %). Los demás se distribuyen entre hogares monoparentales, conformados por madres o padres con sus hijos (24.3 %), unipersonales (20.2 %) y otros tipos de hogar (4.2 %).

Esa diversidad también hizo parte de la investigación, que preguntó por distintas formas de conformar una familia: desde el modelo de padre, madre e hijos hasta hogares monoparentales, parejas del mismo sexo con hijos, familias con personas trans, abuelos que crían a sus nietos o nietas y personas que, sin compartir vínculos de sangre, construyen relaciones familiares a través del cuidado mutuo.

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Las mujeres reconocen más a las familias diversas que los hombres

Las diferencias se hacen más evidentes al comparar el género y la orientación política de las personas que participaron en el estudio. La postura más cerrada se concentra en un solo grupo: los hombres de derecha, con un 7.1%. Más del doble que cualquier otro grupo.

Por su parte, las mujeres tendieron a mostrar una mayor apertura, incluso aunque tuvieran distintas corrientes políticas. Hubo, sin embargo, una excepción: entre quienes se identifican con la centroderecha, ellas expresaron posiciones menos abiertas que los hombres de esa misma orientación.

Para Laura Gutiérrez, coordinadora de incidencia de Movilizatorio, parte de esta diferencia puede estar relacionada con las experiencias de cuidado que históricamente han asumido las mujeres.

“Las mujeres, como principales cuidadoras, somos las más conscientes de que existen muchos tipos de familia en Colombia. Fuimos criadas por nuestras abuelas, fuimos criadas por nuestras tías. Pero también nos dimos cuenta que, precisamente por el cuidado, somos las que tenemos que vivir el sostenimiento de la familia. Conocemos las distintas formas que hay, frente a los hombres, que lo pueden ver de manera mucho más lejana”, señala en conversación con este diario.

Tener hijos se relaciona con una menor apertura a aceptar la diversidad familiar

“En el estudio nos dimos cuenta que las familias, cuando tienen hijos, les importa mucho su autonomía. Precisamente tener hijos hace que sean un poco más cerradas a intervenciones, ya sean políticas, institucionales o mediáticas, porque saben lo que es esto. Por eso, para llegarles a personas que ya tienen hijos, hablemos reconociendo su autonomía, el trabajo y las dinámicas que ya tienen en sus vivencias”, plantea Gutiérrez.

Aunque podría pensarse que la experiencia relacionada con la crianza amplía la manera de entender estos núcleos, los resultados muestran una tendencia distinta. Entre quienes tienen hijos o hijas, el 22.2 % reconoció a las parejas del mismo sexo como una forma de familia, frente al 35.5 % de quienes no los tienen.

Esta diferencia también se refleja en el respaldo del modelo tradicional de “padre, madre e hijos o hijas”, que tiene mayor aceptación entre quienes ya son cuidadores. “Lo comprobamos descontando la edad, el género, la política, la religión, la educación y el ingreso. El efecto sigue ahí: tener hijos, por sí solo, cierra la apertura”, se lee en el documento. 

Una hipótesis es el miedo que puede generar la cantidad de información que reciben madres y padres sobre la crianza. “Cuando una persona tiene hijos, se expone a un mundo digital que todo el tiempo te está diciendo que algo les va a pasar a tus hijos, que tienes que tener cuidado con la educación, con la exposición a pantallas, con la comida. Entonces, esa sobredosis de información también va acompañada de mucho miedo. Y los discursos sobre familias empiezan a volverse todo un tema y no es tan fácil aceptarlos de manera más amplia. Pero, nuevamente, es una hipótesis”, comenta Rodríguez.

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Por último, es importante tener en cuenta que el estudio tiene algunas limitaciones. Como se realizó por internet, dejó por fuera a personas sin acceso a conectividad. Además, el 42,4 % de quienes participaron tenía estudios superiores o de posgrado, una proporción muy por encima del promedio nacional. Por eso, sus resultados no representan lo que piensa toda Colombia.

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A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el nombramiento de funcionarios del Estado en altos cargos que podrían estar vinculados a casos de violencia de género. En ese contexto, la entidad le solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella revisar estas vinculaciones y tomar las medidas necesarias.

Uno de los casos a los que hizo referencia la Defensoría fue el reciente nombramiento de un funcionario en el Ministerio de las Culturas que enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos mientras ejercía funciones diplomáticas en Chile. Asimismo, la entidad recogió información sobre la posible vinculación de un general en retiro a un alto cargo en Ecopetrol mientras enfrenta un proceso relacionado con presunto acoso sexual. El tercer caso que relaciona la Defensoría tiene que ver con el nombramiento del presidente de Coljuegos, contra quien avanza una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

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"Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública", señaló la Defensoría.

Y agregó: "Instamos al Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el seguimiento de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes".

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La Defensoría fue enfática en tener en cuenta los mensajes que este tipo de acciones envían a las mujeres víctimas de violencia. "No podemos pedir que las mujeres denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran. Las violencias contra las mujeres pueden afectar la salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida. El temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas", puntualizó la entidad.

En ese sentido, el llamado al gobierno fue a revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas para dar un mensaje coherente de tolerancia cero con la violencia de género.

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La nueva política de educación sexual y reproductiva de Colombia llevaba apenas 73 días vigente cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió que la frenaría. Este documento había sido adoptado el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas del gobierno de Gustavo Petro como una hoja de ruta hasta 2035 y abarcaba desde lo que se enseña en las aulas hasta los insumos que deben tener las salas de urgencias. Pero hoy su continuidad está en vilo luego de que el Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos, le pidiera a la Presidencia “acciones urgentes” para derogarla y “contener sus efectos”.

La solicitud aún no se ha traducido en una derogatoria, pero quienes conocen la historia de la educación sexual en Colombia creen que lo que está en juego no depende de un solo papel. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explica Diego Arbeláez, quien integró el equipo del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), creado en esta cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“El golpe”, según él, llega por otras vías: “cuando quienes ejecutan los programas se quedan sin acompañamiento y sin recursos”. Así, recuerda, le sucedió al PESCC, el plan más ambicioso de educación sexual que ha tenido el país. Entre 2011 y 2013 se desintegró el grupo técnico y el dinero se destinó a mejorar los resultados en matemáticas y lenguaje, un requisito para entrar a la OCDE.

“Llegamos a ser once personas para acompañar a todas las secretarías de educación”, recuerda y dice que, si bien no se derogó, simplemente se quedó sin quien lo llevara a las regiones. A pesar de que una evaluación de 2014 concluyó que había logrado retrasar la edad de la primera relación sexual de los estudiantes, las consecuencias se reflejaron en su alcance: seis años después de su puesta en marcha, solo había llegado al 17 % de los colegios.

Ahora, con la intención de la ministra Hoyos, diferentes actores se preguntan: ¿qué perderían los colegios y hospitales si se deroga esta resolución? ¿Puede el Gobierno derogar por su cuenta lo que se acordó en cuatro ministerios?

En el oficio, con fecha del 21 de septiembre y dirigido a Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, Hoyos propone dos caminos. El primero es revisar el acto administrativo con la participación de las cuatro carteras que lo firmaron, mientras que en el segundo plantea que, al tiempo que avanza esa revisión, el presidente expida una directiva que ordene frenar cualquier medida de implementación y obligue a reportar cuáles ya están en marcha. Aunque El Espectador buscó a la ministra Hoyos, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Este documento, sin embargo, no llegó por sorpresa. Viviane Morales, antecesora de Hoyos, había anunciado en meses pasados su intención de revisar esa política. A ese hecho, se suma que, a comienzos de octubre, el embajador de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, aseguró que “el país se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’”. 

Lo que está en juego

La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, como se llama técnicamente, fue expedida por el gobierno Petro y reemplazó la política de 2014. Cuando se presentó, en agosto, Ricardo Luque, entonces líder del grupo encargado del tema en el Ministerio de Salud, aseguró que se había expedido “con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”.

La gran diferencia de esta nueva hoja de ruta con su antecesora, agrega Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, organización que participó en la formulación, es que la anterior dejaba el liderazgo en el Ministerio de Salud, mientras que la nueva reparte responsabilidades entre estos ministerios.

En las aulas, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe construir lineamientos, brindar asistencia técnica permanente a las secretarías, montar un sistema de monitoreo de la educación sexual integral e incluir los derechos sexuales y reproductivos en la formación y la evaluación de los maestros. Las secretarías, a su vez, tienen que vigilar que los colegios incorporen esos contenidos y diseñar planes territoriales con la participación de estudiantes, docentes y familias. 

Los hospitales también son un actor clave: el artículo 15 los obliga a tener disponibles y de forma permanente, en urgencias y hospitalización, los insumos para atender emergencias obstétricas, casos de violencia sexual, interrupciones voluntarias del embarazo y profilaxis tras una exposición al VIH. 

Para Mariana Sanz de Santamaría, directora de Poderosas, organización que asesoró algunas consultorías sobre el enfoque de derechos en la educación integral en sexualidad, ahí está el punto clave de la discusión. “La gran pérdida, si se llega a cumplir con el oficio de la derogatoria, es el puente de articulación obligatoria entre educación, salud, protección y cultura”, lamenta.

Pone un ejemplo para dimensionar mejor la situación: “Sin este, las rutas de atención en salud dentro de los colegios perderían efectividad. Las secretarías de Educación y de Salud ya no estarían obligadas a formular planes conjuntos con presupuestos e indicadores compartidos. Y la salud menstrual dejaría de pensarse desde la escuela como una forma de prevenir la deserción escolar”.

Todos estos factores, a los ojos de Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hacen que el alcance de esta política sea mayor de lo que suele creerse. La principal razón, detalla, es que, al reunir componentes de salud pública (como la prevención del cáncer de cuello uterino), la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos, “beneficia a la sociedad en su conjunto”.

¿Qué pasaría si el gobierno de Abelardo de la Espriella deroga esta resolución? La respuesta de Johanna Cepeda, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es tajante: “Continuaríamos con las inequidades y las deficiencias de un país que no ha podido responder a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.

La política apenas empezaba a ponerse en marcha. Entre julio y octubre, reconoce Sanz de Santamaría, no se implementó nada significativo, en parte porque no se había desembolsado presupuesto. Lo que sí hubo, señala, fueron solicitudes de secretarías de Salud y de Educación para armar mesas técnicas que alinearan sus planes territoriales con las nuevas directrices. A Arbeláez, actual asesor para la Fundación SURA del Programa Félix y Susana, le preocupa que ese impulso se apague.

Este debate, sin embargo, no borraría la obligación de enseñar educación sexual en los colegios, pues, como explica Sanz de Santamaría, “con o sin resolución, en Colombia la educación integral en sexualidad es obligatoria. Y esto tiene que quedar muy claro”. Esto, de hecho, lo establecen algunas normas, como la Ley General de Educación de 1994, la Ley de Convivencia Escolar de 2013 y una serie de sentencias de la Corte Constitucional.

Por esta razón, Martínez señala que una posible derogatoria no debería traducirse en que se frenen los servicios de educación sexual ni la orientación en salud reproductiva. Lo que sí se perdería, aclara Isabel Segovia, exsecretaria de Educación de Bogotá durante el gobierno de Galán, es el apoyo para cumplir esa obligación. “Al quitar esta resolución”, comenta, “el Ministerio elimina una orientación útil para las entidades territoriales y los colegios. Además, desaparece el presupuesto que se asigna para ayudar a implementarla”. 

Los argumentos del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, en el oficio, señala que tiene “serios cuestionamientos constitucionales y legales” sobre esta resolución. Por ejemplo, teme que se vulnere la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Sobre este punto, la misma resolución tiene una serie de matices en su artículo 19, en el que establece que los colegios oficiales y privados “deberán incorporar los contenidos con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad”. Y, basados en la Ley General de Educación, recuerda que la educación sexual en Colombia es obligatoria y ordena priorizar el trabajo con estudiantes, familias y comunidades.

Segovia, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de 2008 a 2010, lo interpreta como un mandato sobre qué abordar, no sobre cómo hacerlo. “Al haber una norma, sí hay una obligación, pero la autonomía del cómo y del cuándo no está necesariamente involucrada”, explica. En Bogotá, cuenta, todos los años se convoca a los padres para mostrarles qué se trabajará con sus hijos según la edad y poder resolver algunas de sus inquietudes.

Martínez, magíster en derecho, tiene una opinión similar, pues, a su juicio, “la política no pretende de ninguna forma sustituir a las familias; por el contrario, reconoce su papel fundamental y propone darles herramientas para acompañar a sus hijas e hijos”. Tampoco ve que pueda existir un “choque” con los colegios religiosos, porque, agrega, estos pueden conservar su identidad confesional y, al mismo tiempo, ofrecer educación sexual integral.

La expresión que más inquieta al Ministerio está en el primer objetivo específico de la política: “propiciar la transformación de normas sociales y de género”.

Ángela María Rojas, doctora en Psicología de la Universidad de los Andes, cree que buena parte del debate nace de la confusión entre conceptos como sexo, género, orientación sexual e identidad, y advierte que proponerse transformar normas exige evidencia previa. “En ocasiones no son las normas, sino la falta de habilidades específicas, lo que mantiene una conducta. Por eso es tan importante basar cualquier acción en la investigación”, añade. 

Para Martínez, en cambio, los estereotipos de género tienen consecuencias muy concretas y retoma el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que estudiaba en un colegio público de Guayaquil (Ecuador) que fue violada por el vicerrector. En lugar de protegerla, la institución la culpó. El Centro de Derechos Reproductivos, junto con una organización ecuatoriana, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia estableció que la educación sexual hace parte del derecho a la educación. “La escuela tiene que ser un espacio de protección y no un escenario donde las niñas, niños y adolescentes queden expuestos a la violencia, al silencio o a la impunidad”, sostiene.

El Ministerio también reprocha que una norma administrativa proyecte compromisos hasta 2035 a partir del ciclo de planeación 2022-2026, y advierte que fija gastos sin identificar de dónde saldrá el dinero. Este argumento es el que más rechazo despierta entre quienes han trabajado en el Ministerio, aunque por razones distintas. Segovia, por ejemplo, explica que una política de largo plazo no nace con todos sus recursos asignados, sino que obliga a cada gobierno a destinarle dinero año tras año, según unos indicadores conocidos como marcadores. “Es una excusa ridícula”, asegura. 

Arbeláez sostiene, en cambio, que ni siquiera se requieren fondos nuevos, pues el acompañamiento puede hacerse desde las dependencias existentes. “Aquí no hay que armar nuevos equipos; simplemente hay que respetar una ley que ya existe”, comenta. Cepeda, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, reconoce que la financiación aún estaba por definirse, pero defiende la forma en que se construyó.

“Minimizar un proceso largo, riguroso y con participación social es desconocer las evidencias, las necesidades sociales y la participación de los diferentes sectores que se involucraron”, comenta y agrega que fueron dos años de trabajo con organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y otros sectores del Gobierno.

¿Es posible tumbar la resolución?

La pregunta en este punto es si el gobierno de De la Espriella puede tumbar esta resolución, pues la ministra Hoyos no la derogó directamente, y la razón es jurídica. “Hay un principio general del derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen”, explica el abogado Camilo Blanco, experto en educación. Como la firmaron cuatro ministros, derogarla exigiría un nuevo acto conjunto de esas mismas carteras; por eso, según él, la ministra acudió al jefe jurídico de la Presidencia. Ese nuevo acto, agrega, tendría que someterse a consulta ciudadana, como ocurrió con la norma original.

Hay un segundo obstáculo, según Blanco, y es que el concejal de Bogotá Andrés Barrios demandó la resolución ante el Consejo de Estado. Este proceso ya es esperado por quienes defienden la política, de hecho, como contamos en estas páginas, en la presentación de agosto, una representante de la Mesa por la Vida anticipó que probablemente terminaría ante ese tribunal, como ya había ocurrido con otras resoluciones del Ministerio de Salud.

A eso se suma la orden de la sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 y exhortó al Gobierno a formular una política pública integral que incluyera, como mínimo, programas de educación sexual y reproductiva. Castro, de La Mesa por la Vida, recuerda que la política anterior había vencido hacía algunos años y que los movimientos de mujeres llevaban tiempo pidiendo su actualización.

Este debate, confiesa Segovia, la ha sorprendido, porque cuando trabajó en el Ministerio de Educación, entre 2008 y 2010, “esto ni siquiera se discutía. Había un programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, y nadie se oponía”.

Entonces, ¿cómo debería un gobierno cambiar una política que no comparte? Para Segovia, lo más sensato sería evaluarla, calcular los recursos que necesita y abrir un debate público para ajustarla. Rojas, de los Andes, propone medir antes de afirmar que tres décadas de educación sexual no han funcionado. A su juicio, hace falta el estudio nacional que el país no ha vuelto a hacer y con esa información, concluye, se podrá decidir qué mantener, qué reforzar y qué cambiar de la política.

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La memoria de un país también se construye a partir de las historias que decide contar y de aquellas que deja por fuera. En el Museo Nacional, 30 piezas de la sala Hacer Sociedad fueron retiradas por orden del Gobierno nacional. La mayoría documentaba las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+ y los procesos de paz y memoria en Colombia. Su salida no solo pone en discusión el lugar de estos objetos en las salas del museo, sino también el reconocimiento de las luchas que han transformado la sociedad y permitido conquistar derechos a lo largo de la historia.

Entre las obras retiradas hay piezas emblemáticas de la lucha por los derechos de las mujeres, como el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres. El documento no solo marcó un precedente, sino que abrió camino a discusiones que iban más allá de la libertad sexual que comenzaba a expandirse con el acceso a los anticonceptivos. En esa época el debate apenas empezaba a tomar forma, y las mujeres colombianas ya se preguntaban por los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, una lucha que cobraría mayor fuerza en el siglo XXI.

También estaba el periódico Nuestras Mujeres, una publicación clave para reconstruir la historia de las luchas por los derechos de las mujeres en Colombia. Su contenido contribuyó a impulsar el sufragio femenino y otras reivindicaciones en los años previos a que las colombianas pudieran votar por primera vez, en 1957. La edición retirada de abril de 1955 estaba dedicada a Rosalía Suárez, una figura famosa y líder comunitaria en Colombia a mediados del siglo XX. En ella se destacaba la importancia de las mujeres de clases populares y trabajadoras, quienes jugaron un papel importante en los procesos sociales de ese tiempo. 

Otras piezas retiradas estaban relacionadas con las luchas de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Entre ellas se encontraban el yembé de la batucada Toque Lesbiano, vinculado al movimiento lésbico, y unos zapatos diseñados para una mujer trans, que daban cuenta de las experiencias de vida trans y de las reivindicaciones por sus derechos.

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María Mónica Fuentes Leal, internacionalista y especialista en arte y cultura, quien trabajó durante ocho años en el Museo Nacional, señala que las piezas retiradas representan mucho más que objetos de una colección: son testimonios de las luchas sociales y de los cambios políticos que ha atravesado Colombia. En la sala “Hacer Sociedad” se exhibían, por ejemplo, elementos que daban cuenta del surgimiento y las expresiones de los movimientos feministas, así como de la historia y las reivindicaciones de las personas LGBTIQ+.

La propia sala explicaba su propósito en un texto introductorio: “Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia y narra cuáles han sido las confrontaciones políticas, económicas y culturales decisivas en la construcción de la nación”.

Andrés Góngora, profesor de la Universidad Nacional y curador etnográfico de la sala en sus inicios, explicó que esta es una sala de larga duración, cuyas exposiciones pueden permanecer abiertas durante diez o quince años, hasta que se emprenda un nuevo proceso de renovación. “No se modifican a la ligera. Cambiar una pieza, un texto o una sección exige una discusión científica y técnica; no es solamente una decisión política”, dijo a El Espectador.

“Antes, la historia que contaba el museo era, en gran medida, la de hombres blancos, militares y políticos. Se hablaba muy poco de otros sectores, de la contribución de las mujeres, de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Había todavía menos espacio para la diversidad de género y sexual”, explicó Góngora.

Los derechos de las mujeres no siempre estuvieron asegurados, al principio del siglo XX, las mujeres no podían ni siquiera tener una cuenta bancaria a su nombre, y hasta 1954 se conquistó el derecho al voto. Desde el principio, las mujeres han estado batallando por obtener los mismos derechos que los hombres; en consonancia con la historia conocida de Colombia, se produjo un enorme movimiento femenino para asegurar lo que hoy en día se considera evidente: votar, poseer bienes, tener empleo, expresar opiniones, tener acceso a su salud reproductiva, decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, entre otros. 

“Las luchas de las mujeres también son parte de la historia nacional. El derecho al voto, la autonomía, la participación política y los derechos sexuales y reproductivos que hoy ejercemos no aparecieron espontáneamente. Son el resultado de procesos colectivos que permitieron reivindicaciones y transformaciones sociales”, añadió Fuentes Leal.

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“Pareciera que las mujeres solo pueden entrar a los museos desnudas”, afirmó Julian Roa, ex asesor museológico del Museo Nacional de Colombia y del Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, al retomar una crítica de los colectivos feministas sobre la forma en que las mujeres han sido representadas en estos espacios. Mientras abundan los desnudos femeninos pintados por hombres, su participación en las luchas políticas y sociales a lo largo de la historia ha tenido menos visibilidad.

Según Fuentes Leal, el retiro de las piezas puede interpretarse como una forma de invisibilización, pues reduce la presencia pública de las luchas que representan. Aunque los objetos de la colección permanente seguirán conservados en la reserva del museo, no existe claridad sobre cómo volverán a ser representados. Para la especialista, conservar una pieza no equivale a mantener su capacidad educativa ni su lugar en la narración de la historia.

El Ministerio de Cultura y el propio presidente, Abelardo De La Espriella, defendieron de manera tajante el retiro de las obras relacionadas con las luchas feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz. Una decisión que coincidió con el anuncio oficial realizado el jueves 15 de octubre de 2026, cuando el mandatario informó que la cartera cambiaría su nombre a Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Durante su intervención, De La Espriella afirmó que la inclusión de la palabra “Patrimonio” constituye un golpe directo contra lo que denominó el “wokismo”, una corriente que, según su postura, representa un “cáncer” que fragmenta la sociedad e instrumentaliza los espacios públicos con fines de “adoctrinamiento político e ideológico”. Su posición frente a esta medida se enmarca en una confrontación abierta para rescatar los “valores tradicionales” y la “identidad nacional”.

El término woke,  que tiene su origen en el inglés afroestadounidense se refiere a estar “despierto” frente al racismo y las injusticias sociales, sin embargo, este se ha convertido en una etiqueta recurrente en el discurso de dirigentes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán. Bajo expresiones como “agenda woke” o “wokismo”, estos líderes cuestionan las reivindicaciones feministas y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, al presentarlas como una amenaza para los valores tradicionales. Así, se promueve la falsa idea de que avanzar en el reconocimiento de derechos para grupos históricamente excluidos entra en conflicto con la atención de otros problemas sociales. 

(Lea aquí: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también calificó el museo como un espacio que no debe servir para un supuesto “adoctrinamiento político” y afirmó que esta era una acción para proteger a los menores de edad de “material sensible”. Sin embargo, Fuentes Leal considera contradictorio invocar la protección de niños y niñas mientras se invisibilizan las historias que permitieron reconocer sus propios derechos, ya que no es claro qué del material expuesto en la sala puede ser “sensible” para los niños. Incluso, esto es algo que el mismo museo tiene en cuenta; los guías y curadores saben adaptar estas exposiciones para cualquier público, incluidos los niños. 

“No se trata de imponer una narrativa ni de asustar a los niños; esa idea tampoco tiene sentido. El museo está preparado para mediar sus exposiciones con públicos diversos, especialmente con niños. ¿Qué tiene de malo hablarles a los niños sobre la diversidad de género y la diversidad sexual? No tiene nada de malo. Se trata de mostrarles que hay seres humanos distintos en el mundo”, explicó Góngora. 

Además de sus dimensiones simbólica y jurídica, este acto ha generado una fuerte reacción ciudadana. Desde que se llevó a cabo el retiro de las piezas, decenas de personas se han manifestado frente al Museo Nacional para reclamar la libertad de expresión y el respeto por la autonomía curatorial, denunciar la censura de las obras y exigir el reconocimiento de las narrativas diversas.

Sin embargo, este lunes 19 de octubre, a tres días de la orden, un juez ordenó medidas para proteger las obras retiradas del Museo Nacional. Según informó en redes sociales Gabriel Becerra, representante a la Cámara, la decisión establece que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni sacadas del museo. También ordena frenar el retiro de otras obras por su contenido mientras no exista una decisión formal que lo justifique.

Becerra señaló que, aunque la tutela aún está pendiente de una decisión definitiva, estas medidas representan un primer paso para proteger las piezas. “Exigiremos que se cumplan y seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, escribió.

El debate va más allá: tiene una dimensión jurídica y simbólica 

Julián Roa, explica que el retiro de las piezas tiene implicaciones jurídicas y simbólicas. En el ámbito legal, considera necesario revisar si los funcionarios involucrados se extralimitaron en sus funciones, en particular el secretario del Ministerio de Cultura, señalado en medios como responsable de ejecutar la operación.

Sin embargo, advierte que las consecuencias simbólicas del retiro de esas piezas son más profundas, pues la decisión pone en cuestión la autonomía del Museo Nacional y principios como la libertad de expresión. Además, desconoce décadas de trabajo de una institución con más de 200 años de historia, dedicada a preservar y narrar las memorias del país. Para Roa, las decisiones sobre sus colecciones deben reconocer la diversidad de la sociedad colombiana, a la que pertenece el museo.

“Estamos hablando de un Museo Nacional que pertenece a todos los colombianos, una sociedad caracterizada por su profunda y amplia diversidad. Por eso, las decisiones sobre sus colecciones y narrativas no pueden desconocer esa pluralidad”, concluyó Roa.

Fuentes Leal también señala que el desmontaje ocurrió en un contexto de pronunciamientos del Ejecutivo sobre la orientación ideológica de las instituciones culturales. En el caso de las luchas feministas, advierte que retirar sus testimonios de la exposición pública puede reproducir una exclusión histórica, en un país donde las experiencias y los aportes de las mujeres han sido relegados durante mucho tiempo de los relatos oficiales.

Lo que está en juego es la forma en que Colombia reconoce las luchas que han ampliado derechos y transformado su sociedad. Cuando estos objetos salen de las salas de exposición, también se limita la posibilidad de que nuevas generaciones conozcan las historias, las movilizaciones y los debates que hicieron posibles esas conquistas. La memoria no es un relato único, lineal ni libre de contradicciones; está atravesada por tensiones, diversidad y experiencias que no siempre han encontrado un lugar en la historia oficial. Por eso, preservarla implica reconocer esa pluralidad y garantizar que las distintas voces que han contribuido a construir el país también hagan parte de su relato histórico, añade. 

(Vea aquí: ¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?)

El enemigo difuso

La construcción de un enemigo difuso, sin características claras ni argumentos sólidos que sustenten las acusaciones, es una estrategia que no es nueva ni exclusiva del Gobierno de De La Espriella. Sin embargo, es preocupante para varios analistas por la forma en que este discurso puede servir para justificar decisiones que califican como actos de censura.

Según Góngora, esta narrativa transmite un mensaje político e ideológico que termina reproduciendo aquello que dice cuestionar. Explica que una de sus características es agrupar realidades y sectores diversos bajo una misma categoría, presentándolos como un enemigo común. Después, se les acusa de politizar e imponer una “ideología” en los espacios culturales, mientras se adoptan medidas que responden a una orientación política propia. Para el curador, esta contradicción hace parte de una lógica recurrente en los fundamentalismos a lo largo de la historia.

Ante el retiro de estas obras y el riesgo que, según advierte, representa para otros espacios dedicados a contar estas historias, Góngora señala que se pierde la oportunidad de construir una sociedad más plural, democrática y tolerante. También se debilita la comprensión de una parte fundamental de la historia: los derechos que existen hoy son fruto de procesos históricos complejos, marcados por luchas, sufrimientos y creatividad, y no de conquistas espontáneas, explica.

Esta decisión relega la historia de las mujeres y pone en cuestión el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Que la exhibición de estas luchas genere incomodidad y que, como consecuencia, se retiren las piezas implica dejar de enseñar una parte fundamental de la historia del país y desconocer los procesos colectivos que hicieron posibles muchos de los derechos conquistados.

“Se pierde una gran oportunidad de conocernos como pueblo y como nación, con todas nuestras contradicciones. Un museo debería funcionar como un ágora, un espacio de encuentro, no para imponer una visión homogénea de la historia, sino para mostrar sus contradicciones”, concluyó Góngora.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró una “lucha frontal” a lo que denomina “wokismo” y puso el lenguaje inclusivo en la mira de su “contrarrevolución cultural”. Así lo dijo el pasado 15 de octubre, cuando anunció que buscaría cambiar el nombre del Ministerio de Cultura para incluir la palabra “patrimonio” y expuso su intención de combatir frontalmente una corriente en la que agrupa distintas reivindicaciones sociales. Pero esa disputa va más allá de cómo hablamos, pues involucra qué identidades, derechos y formas de entender la sociedad tienen lugar en el discurso institucional, advierten fuentes expertas en lingüística, filosofía e historia.

El lenguaje inclusivo se convirtió en uno de los blancos de esta ofensiva. Desde finales del siglo XX, el cuestionamiento al masculino genérico (es decir, usar palabras en masculino, como “todos” o “los ciudadanos”, para referirse a grupos en los que hay hombres y mujeres) impulsó la búsqueda de formas de expresión que permitieran nombrar a todas las personas. Con los años, se sumaron otras formas de expresión, como el uso de la “e” y los pronombres inclusivos como el “elle”. Estas alternativas han generado críticas gramaticales y políticas, pero quienes impulsan este uso del lenguaje, apuntan a la visibilidad de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas.

(Lea aquí: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

En el pronunciamiento, De la Espriella agregó que “esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo, y como se ha dicho, en la cultura”. En esa misma línea, redujo distintas expresiones de organización social a “colectivos, denominaciones, siglas, y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral”. Esta postura, la “lucha frontal contra el ‘wokismo’” no es exclusiva de su Gobierno, pues el término ha sido utilizado por sectores de la derecha en otros países de la región como parte de sus cuestionamientos a los derechos de las personas LGBTIQ+.

Para Catalina González Quintero, profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigadora en filosofía moderna y retórica, esta manera de presentar las diferencias políticas no es casual. La filósofa encuentra en ese discurso una forma de convertir las posiciones contrarias en “adversarios morales”, particularmente a través de referencias religiosas.

“Yo creo que la nueva derecha es muy clara en decidir que todo tipo de manifestaciones políticas contrarias son manifestaciones políticas inmorales, ateas. Él lo dice con esos términos, no dice seculares, dice ateas y, por tanto, son un enemigo”, explica. 

A la docente le preocupa que este tipo de discursos se promuevan en un país que se reconoce como democrático, secular y pluralista. A su juicio, la nueva derecha presenta las posiciones políticas contrarias como amenazas morales, que también se extiende a todo aquello que agrupa bajo el término “wokismo”. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra?

De una reivindicación antirracista a un enemigo político llamado “woke o “wokismo”

“Despertar”, “despertarse” y “desperté”, esas son las conjugaciones que salen del término. Se trata de una palabra anglosajona derivada de wake, que significa despertar. Su historia, sin embargo, va mucho más allá de esa traducción. La expresión apareció por primera vez en un artículo publicado en 1962 por el novelista William Melvin Kelley. Décadas después volvió a cobrar fuerza con el movimiento Black Lives Matter, que denunció la violencia policial y el racismo contra las personas negras en Estados Unidos. Poco a poco, su uso se amplió para hablar de forma generalizada de las injusticias sociales. 

El diccionario de Oxford lo recoge como una expresión relacionada con la conciencia sobre la desigualdad y las formas de opresión. Pero con el tiempo, los sectores políticos de derecha empezaron a utilizarlo de forma despectiva, para cuestionar posiciones consideradas “excesivamente” progresistas. Así, una palabra asociada inicialmente con la denuncia del racismo terminó convertida en una etiqueta bajo la cual se agrupan reivindicaciones feministas, derechos LGBTIQ+, políticas de diversidad, lenguaje inclusivo y otras discusiones que no necesariamente tienen un origen ni un propósito común.

“Lo que están haciendo es poner otra vez sobre la opinión pública un término que les sirva para construir un enemigo”, explica Li Cuéllar, PhD en historia y codirectore de Sentiido, en entrevista con El Espectador. Recuerda que, en otros momentos históricos, el darwinismo, el humanismo laico, el comunismo, el feminismo o la supuesta “ideología de género” también fueron señalados como “peligrosos”, muchas veces bajo la advertencia de que terminarían “destruyendo la familia”.

De hecho, bajo este argumento o el de la supuesta “ideología de género”, distintos gobiernos han cuestionado el lenguaje inclusivo. En febrero de 2024, el Gobierno de Javier Milei anunció la prohibición de este en la administración pública argentina, al considerar que “respondía a intereses políticos”. En Estados Unidos, Donald Trump ordenó en enero de 2025 que las entidades federales utilizaran categorías de sexo “masculino” y “femenino”, y que retiraran referencias institucionales de lo que su administración considera “ideología de género”. Unos meses después, en octubre, Nayib Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador, esta vez con el argumento de “proteger el idioma” de supuestas “influencias ideológicas”.

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¿El lenguaje inclusivo es un problema?

Las implicaciones de esta controversia no necesariamente terminan en la decisión individual de utilizar o rechazar determinadas expresiones. Para las fuentes consultadas, el asunto adquiere otra dimensión cuando son las instituciones públicas intervienen en las formas de nombrar y representar la sociedad. 

Paola Isabel Mejía, magíster en lingüística de la Universidad Nacional e investigadora en análisis del discurso, glotopolítica y lenguaje de género, considera que el discurso del actual Gobierno debe analizarse también desde sus posibles efectos sobre el pluralismo, principio constitucional que garantiza el respeto por las diferencias. El problema, explica, no se limita a cuestionar términos como “niñas”, “todes” o el desdoblamiento “colombianas, colombianos”, sino que es una “exclusión de sujetos, testimonios y acontecimientos en la narrativa institucional”. 

Por ejemplo, lo sucedido recientemente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas más de 30 piezas relacionadas con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política, la Constitución de 1991 y otros acontecimientos de la memoria nacional. Esto, derivó en cuatro días de manifestaciones y plantones frente al recinto. Y este lunes,  el juzgado 24 de Bogotá, ordenó al gobierno proteger las piezas retiradas y dispuso frenar el retiro injustificado de otras obras. Para la experta, esta medida, así como la oposición al lenguaje inclusivo, son casos en los que se compromete el pluralismo y la libertad académica.

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“Una política que excluya contenidos únicamente por considerarlos ideológicamente inconvenientes, sin una evaluación real, pedagógica y científica, puede debilitar la libertad académica y el pensamiento crítico”, advierte. Para Mejía, el riesgo es que se empiecen a excluir ideas simplemente porque no coinciden con las posturas del Gobierno, cuando en una democracia deberían poder convivir distintas formas de pensar.

Sobre el lenguaje inclusivo, la investigadora añade otras interpretaciones. Explica que vale entender que las lenguas están vivas y se transforman con quienes las hablan. Son las personas las que incorporan, modifican o dejan de utilizar determinadas palabras, mientras que quienes estudian el lenguaje se encargan de describir y explicar esos procesos. 

También agrega que la lingüística encuentra particularmente interesante en el lenguaje inclusivo. A diferencia de muchas transformaciones sociales que ocurren de manera espontánea, esta práctica nace de una decisión consciente sobre cómo se quiere nombrar a las cosas y las personas. Para ilustrarlo, recuerda cómo palabras provenientes del inglés, como “chat”, se han incorporado al español hasta dar lugar a verbos como “chatear” o “whatsapear”.

Con el lenguaje inclusivo, en cambio, “hay una postura de decir de manera consciente todes. Yo quiero decir de manera consciente que me digas en alguna denominación ella, él u otra. Entonces aquí  estamos influyendo directamente el lenguaje con una decisión consciente que no solo recae en un especialista de la lengua”, dice.

Por su parte, Li Cuéllar añade que reducir el lenguaje inclusivo al uso de la “e” desconoce las distintas dimensiones de una práctica que también invita a reflexionar sobre las cargas negativas y los prejuicios que se reproducen al hablar. Por ejemplo, propone revisar expresiones como “aguas negras” y optar por “aguas residuales”, para evitar asociaciones negativas con el color negro que pueden reforzar prejuicios raciales hacia la población afrodescendiente. Se trata, en últimas, de prestar atención a las palabras que se utilizan y que pueden reforzar estigmas sobre algunas poblaciones.

Otra dimensión, explica, consiste en hacer visibles a las personas que históricamente han quedado comprendidas bajo expresiones masculinas. De ahí que se proponga nombrar tanto a mujeres como a hombres o recurrir a términos colectivos que permitan incluir otros géneros. Dentro de ese abanico también aparece el uso de pronombres como “elle”, empleado por algunas personas no binarias, que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. A ello se suman alternativas como la “e”, la “x” o la “@” en el uso de algunas palabras escritas. 

“Nadie está obligado a hacerlo. Y esta es una conversación muy importante. Por el hecho de que el lenguaje y los pronombres incluyentes existan no significa que la gente esté obligada a hacerlo. El hecho de que la palabra ‘chor’ exista no significa que si yo toda la vida había dicho ‘short’, ahora tenga que cambiarlo”, señala Cuéllar.

El antecedente del ICBF y la disputa por el lenguaje inclusivo

La discusión sobre el “wokismo” y el lenguaje inclusivo llegó apenas unas semanas después que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promoviera el uso de la palabra “niñez” como eje central de sus comunicaciones institucionales. La decisión generó cuestionamientos de personas y organizaciones sociales que advirtieron sobre el riesgo de dejar de nombrar específicamente a las niñas y, con ello, restar visibilidad a las violencias y desigualdades que las afectan de manera particular, como mayores niveles de violencia basada en género. La entidad, por su parte, aseguró que no había ordenado eliminar la palabra “niñas” de sus comunicaciones.

“Los malentendidos y los prejuicios al respecto son tan amplios que incluso las personas que dicen estar en contra del lenguaje inclusivo no lo están”, dice la filósofa González Quintero. Explica que recurrir a “niñez” en lugar de “niños y niñas” también puede ser una forma de inclusión,  pues evitar el masculino genérico es una de las alternativas que se han promovido para construir comunicaciones no sexistas. Además, el término puede abarcar a las infancias trans o no binarias.. A su juicio, criticar el uso de “niños y niñas” es una forma de rechazar a las personas que buscan ser reconocidas y tenidas en cuenta al nombrarlas.

Para Cuéllar, parte de la resistencia al lenguaje inclusivo responde al temor de cuestionar estructuras que durante mucho tiempo se han dado por sentadas, no solo en el idioma, sino en la manera de comprender el género y las identidades. Reconocer otras formas de nombrar puede generar la sensación de que se está perdiendo un lugar que antes parecía incuestionable. “Se preguntan ahora cuál es mi lugar como hombre, cuál es mi lugar como mujer. La gente cree que está perdiendo visibilidad, cuando en realidad lo que está pasando es que se está ampliando la noción de sociedad”, agrega. 

Y por eso concluye que uno de los principales problemas es reducir esta a dos bandos enfrentados. “¿Qué pasa si esta discusión la sacamos del plano de una batalla? ¿Qué pasa si nuestra conversación pasa de ser de una batalla a entender la complejidad de nuestra sociedad?”, concluye. 

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista Ricardo Orrego Arboleda por presuntas conductas de violencia basada en género contra cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él. Orrego no aceptó los cargos por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024, cuando el periodista trabajaba en Caracol Televisión. Las presuntas víctimas serían tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

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De acuerdo con el ente investigador, el entonces presentador deportivo “al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas”. En distintas ocasiones, habría tenido contacto físico con ellas sin su consentimiento y les habría enviado “mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación le imputó “los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo”.

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El ente investigador creó este grupo de tareas con el propósito de reunir capacidades investigativas, analíticas y de coordinación institucional. Su objetivo es ofrecer una respuesta especializada, con enfoque de género, a las denuncias de acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra comunicadoras.

Orrego salió de Caracol Televisión en marzo de 2026, al igual que el entonces presentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, en medio de las investigaciones internas del canal por presuntos hechos de acoso sexual. En ese periodo, varias periodistas colombianas hicieron públicas en redes sociales denuncias sobre presuntos episodios de acoso sexual en distintos medios de comunicación, con las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega.

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Luego de conocerse los señalamientos, el canal informó, mediante un comunicado, que había activado protocolos y mecanismos internos para tramitar la situación. El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de ambos periodistas y aclaró que esas decisiones no constituían un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre posibles responsabilidades.

Dos días después, el 26 de marzo, el presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, anunció una investigación independiente. “El canal ha decidido avanzar en una investigación independiente que, a partir de lo ocurrido, ponga el foco en los ajustes necesarios para afrontar el futuro. Este proceso será adelantado por una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías para que cada persona pueda ser escuchada con respeto, confidencialidad y sin revictimización”, expresó.

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Tras la imputación de cargos, Orrego reapareció en un video, luego de siete meses alejado de la esfera pública. Señaló que su silencio fue “una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial, que sigue su curso”. El periodista también se refirió al impacto de la investigación en su núcleo familiar y afirmó que esta “ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional”.

En esa línea, Orrego aseguró que no utilizará sus “redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales. Desde el primer día he estado a entera disposición de las autoridades y así lo seguiré haciendo cada vez que sea requerido”.

En el comunicado, el expresentador de Noticias Caracol reconoció que “las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad. Precisamente por el respeto que le tengo a esa sensibilidad social, considero imperativo que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, objetividad y estricto apego a la ley para que la verdad prevalezca”.

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En marzo, las redes sociales se inundaron de publicaciones bajo las etiquetas #YoTeCreoColega y #MeTooColombia. Mujeres que trabajaban o habían laborado en medios de comunicación comenzaron a relatar episodios de acoso sexual y laboral, abuso de poder y otras violencias que, hasta entonces, habían quedado relegadas a chats privados y conversaciones de pasillo al interior de las redacciones. Cerca de 300 testimonios llegaron a la plataforma creada entonces para recopilarlos. Lo que empezó como una sucesión de denuncias derivó en investigaciones de la Fiscalía contra algunos de los periodistas más reconocidos del país.

Siete meses después, muchas de esas historias ya no se cuentan como casos aislados. Frases como “si quieres crecer aquí tienes que portarte bien”, “no te conviene decir que no” o “yo puedo hacer que entres o que no entres” empezaron a mostrar algo más: cómo las promesas, las amenazas y las relaciones de poder dentro de los medios se convirtieron en herramientas para acosar y violentar a las mujeres.

El punto de partida fue Noticias Caracol, luego de que varias periodistas acudieran a los canales internos de la empresa para alertar situaciones de acoso y abuso sexual en los que estarían involucrados los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. El efecto dominó, con otros medios, se generó cuando el canal informó públicamente que había activado sus protocolos para examinar las denuncias. Desde entonces, más mujeres comenzaron a reconocer experiencias similares y encontraron un momento propicio para hacerlas públicas.

Los relatos pronto alcanzaron otras redacciones, entre ellas las de El Tiempo, Red+ Noticias, RCN Televisión, Canal Capital, Canal Trece, El Espectador y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). 

La magnitud de los testimonios empujó respuestas institucionales. En marzo, el Ministerio del Trabajo abrió canales de inspección y comenzó visitas a medios privados y públicos para revisar ambientes laborales, posibles situaciones de acoso y otros riesgos asociados. Paralelamente, la Fiscalía creó el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de las Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación, una instancia especializada para abordar este tipo de casos con un enfoque diferencial.

En un país en el que la impunidad en los casos de acoso y violencia sexual sigue siendo elevada, pues supera el 90 %, según cifras de la Fiscalía, esta ola consiguió una respuesta relativamente rápida. Pero siete meses después, ¿qué ha pasado con las investigaciones?

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Así avanzan los casos contra Ricardo Orrego, Jorge Alfredo Vargas, Rafael Poveda y otros periodistas

De acuerdo con información entregada a El Espectador por la Fiscalía, al menos seis periodistas son actualmente objeto de investigaciones relacionadas con esta ola de denuncias. Este es el estado de cada uno de los procesos: 

• Ricardo Orrego, entonces subdirector de Deportes de Caracol Televisión: la investigación se encuentra en etapa de indagación. El 2 de octubre de 2026 fue radicada una solicitud de imputación por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en contra de cinco mujeres. La próxima audiencia fue programada para el 19 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m.

• Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol: el caso se encuentra en etapa de investigación. Los días 3 y 4 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, es decir, se le comunicó formalmente los delitos que le atribuye. Vargas no aceptó los cargos. Ahora, la Fiscalía está dentro del plazo legal para presentar el documento con el que formaliza su acusación y expone los hechos y las pruebas que sustentan el caso.

• Gabriel Meluk, exeditor de Deportes de El Tiempo: la investigación sigue activa en la Fiscalía y se encuentra en etapa de indagación, la fase inicial en la que se recogen elementos de prueba. El caso llegó a las autoridades por iniciativa de Jineth Bedoya Lima, directora de “No Es Hora de Callar” y editora de Género de El Tiempo, quien puso en conocimiento posibles casos de acoso sexual que habrían afectado a compañeras de la Casa Editorial. Su actuación se produjo después de que la revista RAYA publicara una investigación con los relatos de ocho periodistas y extrabajadoras que señalaron a Meluk por presuntos contactos físicos no consentidos, comentarios sobre su apariencia y otros comportamientos inapropiados.

• Giovanni Celis, exdirector del noticiero Red+: hay dos investigaciones en su contra. Una se encuentra en etapa de indagación por hechos de acoso sexual y la otra, también activa, indaga por un posible caso de constreñimiento ilegal en contexto laboral, es decir, si hubo presiones o amenazas para obligar a alguien a hacer, decir o dejar de hacer algo contra su voluntad. 

• Rafael Poveda, periodista, presentador, director de Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio: la investigación continúa activa y se encuentra en etapa de indagación, es decir, en la fase inicial de recolección de elementos probatorios. En julio se conocieron dos denuncias publicadas por el movimiento Yo Te Creo Colega y, posteriormente, el 19 de agosto, la revista RAYA divulgó cuatro testimonios más que describían presuntos intentos de tocamientos no consentidos y ofertas laborales condicionadas.

• Hollman Morris, periodista y exgerente de RTVC: la investigación continúa activa y se encuentra en etapa de indagación, luego de una orden de desarchivo emitida el 20 de abril de 2026, por presunto acto sexual violento contra la periodista y columnista María Antonia García. 

Según informó el ente acusador, no tiene otras investigaciones activas relacionadas con las denuncias que surgieron a raíz del Me Too colombiano, además de los seis casos mencionados.

(Lea aquí: “Estamos perdiendo voces”: FLIP sobre el costo del acoso sexual y laboral en el periodismo)

Las barreras que encontraron las denunciantes en la justicia

Ana Bejarano Ricaurte, codirectora de El Veinte y representante legal de una de las denunciantes en el caso de Jorge Alfredo Vargas, considera que reducir este proceso a la etiqueta de “Me Too colombiano” puede quedarse corto. La expresión remite al movimiento que tomó fuerza en Estados Unidos en 2017 y que tenía como fin acompañar los testimonios de quienes denunciaban distintas formas de abuso sexual. El movimiento cobró mayor fuerza tras las numerosas acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

Por el contrario, la experta considera que las dinámicas latinoamericanas han seguido otros tiempos. “El Me Too colombiano a mí me parece errado y yo he incurrido en ese mismo error. Desde el paradigma del Me Too, nosotros somos sociedades distintas, con procesos de información distintos y por esa misma razón, el Me Too colombiano o latinoamericano ha sido un proceso. No es un estallido de noticias”, explica en entrevista con El Espectador. 

Señala que lo ocurrido en Noticias Caracol no fue entonces un punto cero, sino un nuevo momento dentro de una discusión mucho más larga sobre violencias que no se restringen al mundo del periodismo ni del entretenimiento. “En una sociedad tan estructuralmente machista, tan incapaz de reflexionar sobre sí misma como la nuestra, me parece que es un proceso que va a tardar mucho tiempo, que va a tardar muchos años, que no se agota con una explosión de denuncias”, dice. 

Este proceso también ha obligado a revisar la respuesta de la justicia. La abogada considera que las denuncias recientes generaron algunos “campanazos” dentro del sistema y reconoce avances en la manera en que la Fiscalía empieza a aproximarse a los hechos.

“La Fiscalía sacó una resolución en la que habla del enfoque de género. Se han generado pequeños cambios, porque cuando se tiene un proceso judicial tan complejo como el nuestro, los cambios tienen que ser así de poco a poco. Ir pensando cómo empezar a entender, por ejemplo, la experiencia de la violencia basada en género probatoriamente. En términos también de la demanda y la denuncia, cómo entenderla a cabalidad. Y yo creo que eso está pasando”.  Aun así, agrega que ha habido tropiezos con los jueces y juezas.

Por ejemplo, durante la audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas. Allí se abrió una discusión sobre hasta dónde debía llegar la reserva de identidad de las mujeres vinculadas al proceso. A una de las denunciantes se le pidió que se identificara frente al investigado, pese a que buscaba mantener su identidad anónima, con el fin de no enfrentar revictimización. 

La discusión cobró todavía más peso cuando tres de las cuatro denunciantes decidieron apartarse del proceso judicial que adelanta la Fiscalía. Entre otras razones, se les estaba pidiendo revelar su identidad dentro de un proceso que ellas ni siquiera habían llevado ante el ente investigador. Sus relatos habían sido presentados únicamente en los canales internos de Caracol Televisión y, según explicaron después, su intención era tramitar lo ocurrido en el ámbito laboral, no abrir un proceso penal.

La decisión de apartarse del caso abrió paso al escrutinio mediático, pero también dejó en evidencia cómo la falta de enfoque de género dentro de un proceso judicial puede terminar alejando a las víctimas de la justicia. Tener que exponerse frente al presunto agresor puede convertirse en una nueva carga para quienes ya atravesaron una situación de violencia, explica Bejarano.

Por eso, las tres mujeres aclararon que retirarse del proceso no significaba retractarse de lo ocurrido. Consideraban que Caracol ya había adoptado medidas que, en sus palabras, les habían dado “verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”. El caso también muestra que la reparación no tiene una única forma y puede ser distinta para cada víctima.

Aun así, eso no implica que la Fiscalía tuviera que cerrar el caso. En Colombia, el acoso sexual es un delito que puede investigarse de oficio, por lo que el proceso puede avanzar incluso sin que medie una denuncia formal.

Hay otro elemento que atraviesa buena parte de estos casos y es la exposición a la que pueden quedar sometidas las mujeres. Las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas insistieron en proteger su identidad para evitar que sus vidas quedaran reducidas al episodio de acoso. “Tenemos una historia, un nombre, una vida que debe continuar”, señalaron entonces. Ese reclamo apareció, aunque en otro escenario, alrededor de las denuncias contra Rafael Poveda, director de Testigo Directo. 

A finales de julio, el portal Yo Te Creo Colega y Brava News publicaron dos testimonios por presunto acoso y abuso sexual en su contra. Poveda rechazó los señalamientos y cuestionó la forma en que se había buscado su versión. La controversia aumentó después de que divulgara audios de una llamada con las periodistas, quienes luego reconocieron que esa conversación había sido “infortunada” y que les dejaba aprendizajes sobre el ejercicio periodístico. Entre ellos, cómo compartir información de interés público sin convertir a las denunciantes en blanco de escrutinio, hostigamiento o revictimización.

Desde entonces, en redes sociales reaparecieron argumentos que cuestionaban que las mujeres acudieran a denuncias públicas en lugar de a la justicia o advertían que estos señalamientos podían sustituir el debido proceso. Por ejemplo, Sofía Vela, una de las mujeres que denunció a Poveda, terminó expuesta a burlas, cuestionamientos sobre su relato y amenazas de muerte. Se examinó su vida personal y se buscaron elementos para poner bajo sospecha no solo su testimonio, sino la forma en que las mujeres denuncian las violencias sexuales.

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“No estoy de acuerdo con la justicia mediática de litigar los casos en medios de comunicación. Eso me parece que no es adecuado, pero la opinión pública sí tiene derecho a pararle bolas a los asuntos, a los asuntos que sean de interés público. La violencia en contra de las mujeres es un asunto de interés público”, dice Bejarano.

En Colombia, esa posibilidad existe gracias al escrache, una forma de denuncia pública relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión y cuyo alcance ha sido establecido por la Corte Constitucional. Es utilizada principalmente cuando acudir a los canales institucionales no resulta posible, suficiente o deseable para quien denuncia.

“La Corte Constitucional ya reconoció este derecho en más de tres sentencias. Y lo que dice es: ‘Mire, tenemos un sistema de justicia tan estructuralmente injusto en contra de esa forma de criminalidad y de violencia. La impunidad es tan alta que tenemos que habilitarle a las mujeres que digan en público lo que les pasa, por lo menos esa es una forma de alcanzar la justicia o de acercarse a ella’”, señala Bejarano. Y aclara que el escrache y la justicia son vías distintas, pero que las mujeres al menos tienen esos dos caminos.

Entre el interés público y la revictimización: el reto para los medios

En esa misma línea, Natalia López, subdirectora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), advierte que este tipo de denuncias también puede constituir información de interés público. Para ella, la violencia basada en género, especialmente cuando ocurre en espacios laborales involucra a personas con poder y reconocimiento público, por ende, merece ser contada. Aunque eso no exime a los medios de sus obligaciones de verificación, contexto y cuidado.

“Estos temas sí tienen que ser abordados desde una perspectiva de género. Definitivamente, y la perspectiva de género implica tener conciencia del caso que se estaba mencionando en la opinión pública. Esto no implica necesariamente darle la verdad a las mujeres, sino que no propiciar un espacio en donde ellas puedan ser revictimizadas”, le comenta a este diario. 

La discusión, sin embargo, no termina en la cobertura. López señala que cuando estas violencias ocurren dentro de las propias redacciones también pueden afectar la libertad de expresión. El acoso puede cruzarse con las jerarquías laborales y terminar condicionando qué temas cubre una periodista, qué oportunidades recibe o incluso su permanencia en el oficio. Si una mujer renuncia para dejar de exponerse a esas violencias, advierte, “se pierde una voz, se pierde también el pluralismo que nosotras, las mujeres, podemos generar”.

La advertencia de la FLIP resume, en parte, la otra cara de estos siete meses. Abrir la conversación fue un avance. Aprender a sostenerla sin convertirla en un nuevo escenario de violencia sigue siendo una tarea pendiente. “Por el lado bueno, es una conciencia de un campanazo y por el otro lado hay que saber dar esa conversación porque estamos poniendo en riesgo a las mujeres también”, finaliza. 

*Nota de la editora: El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.

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Una de las salas del Museo Nacional perdió parte de sus colores y su mensaje de diversidad. La bandera con colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta fue retirada en los últimos días sin una explicación concreta sobre los motivos. La pieza simboliza la lucha del movimiento LGBTIQ+ en todo el mundo y, aunque se popularizó en Estados Unidos años después de los disturbios de Stonewall, en Colombia tiene otra historia. “La bandera representa una movilización ciudadana súper poderosa, que se ha realizado de manera muy eficiente durante décadas y que ha logrado que Colombia hoy lidere en América Latina la implementación de políticas públicas LGBTIQ+”, dice Elizabeth Castillo a El Espectador.

La abogada, escritora y activista por los derechos LGBTIQ+, que lleva décadas trabajando en la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fue quien donó la bandera arcoíris. “Yo amé la banderita porque me parecía divina. Era chiquita, muy pequeña”, recuerda. En las paredes del Museo Nacional, en la sala “Hacer sociedad”, quedaron las marcas de las piezas retiradas: pequeños restos blancos y rastros de adhesivo sobre la pintura gris, que muestran que en algún momento hubo algo allí. En la mañana de hoy, las marcas fueron pintadas nuevamente, borrando ese rastro.

Su lugar en el recinto más importante para contar la historia del país no llegó a ocuparse por ser “un trozo de tela” nada más. Castillo cuenta que se la regaló una amiga hace más de 25 años y que se la trajo directamente desde Nueva York. Un souvenir o un recuerdo que a su amiga le evocó algo de ella mientras recorría esas calles, las mismas en donde ocurrieron los disturbios de Stonewall en 1969. Desde ese momento, la activista la cargó para todas partes y presenció los momentos más importantes de la historia de los derechos LGBTIQ+ de Colombia: la acompañó a debates en el Congreso, movilizaciones, plantones frente a la Corte Constitucional y audiencias.

“Cuando hablamos de los primeros debates de unión marital de hecho, allá la llevé. Cuando empezamos a hablar las dos o tres veces que hablamos de matrimonio en el Congreso, allá la llevé. En la iniciativa legislativa del año 2007 que, siendo aprobada en cuatro debates en el Congreso, fue revertida en la instancia de conciliación, la llevé”, recuerda.

(En contexto: Amores, luchas y derechos: así conquistaron el matrimonio igualitario en Colombia)

Incluso la acompañó el 28 de abril de 2016, cuando la Corte Constitucional reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Ese día, decenas de parejas celebraron frente al alto tribunal con serenatas, boleros y canciones de amor que también hablaban de derechos. El “pedazo de tela” también estuvo ahí en la mano de la abogada. Antes de esa decisión, las parejas del mismo sexo no tenían acceso al matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

La bandera tuvo que recorrer aproximadamente 4.002 km desde Nueva York hasta Bogotá, una ciudad que, según Castillo, ha hecho una diferencia significativa en América Latina en materia de derechos y políticas públicas LGBTIQ+. En esa época no era sencillo conseguirla acá. Y tampoco fue fácil exhibirla durante esos años. “Me tocaba entrarla a escondidas porque la Policía nos quitaba todos los símbolos que lleváramos al Congreso. Entonces yo me la echaba en un bolsillo, y por eso esa bandera tiene el tamaño que tiene”, dice.

Con ingenio, Castillo logró esconderla detrás de una toalla higiénica en el bolsillo de su pantalón para superar las requisas de las autoridades. Así pudo llevarla a esas discusiones y luchas. Años después, la bandera volvió a desaparecer de un espacio público, esta vez de las paredes del Museo Nacional y no por decisión de ella.

(Lea más: ¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?)

El retiro de la bandera junto a otras 29 piezas del Museo Nacional

La decisión de retirarla se dio después de un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, en la tarde de este jueves, en el que mencionó que se cambiaría el nombre de la cartera de cultura y aseguró que el Gobierno iba a “cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo’, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”.

La palabra “woke”, que tiene raíces en el inglés afroestadounidense y se relaciona con la conciencia frente al racismo y otras injusticias sociales, ha sido utilizada por líderes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán para cuestionar las luchas feministas y por los derechos de las personas LGBTIQ+. Bajo la etiqueta de “agenda woke” o “wokismo”, presentan el reconocimiento de estos derechos como “una amenaza a los valores tradicionales”. Este discurso plantea una supuesta contradicción entre garantizar derechos a grupos históricamente discriminados y atender otras necesidades sociales.

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Después del anuncio, diferentes activistas denunciaron en redes sociales el retiro de 30 piezas del Museo Nacional, entre ellas la bandera de Elizabeth Castillo, junto a afiches, recortes de prensa, instrumentos musicales y demás objetos relacionados principalmente con las luchas feministas, la historia del movimiento LGBTIQ+, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. La primera en denunciar públicamente el retiro fue Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa.

“Recibimos una llamada de una persona que nos dijo que en el Museo Nacional iban a retirar unas piezas de la sala ‘Hacer sociedad’. Entonces, fuimos inmediatamente. Nos dirigimos directamente a esa sala y vimos que estaban literalmente los huecos donde habían retirado las piezas, justo donde estaban las piezas de diversidad sexual y feministas”, comenta Sánchez a este diario.

Por su parte, Elizabeth Castillo se enteró de la noticia del retiro de su bandera en medio de sus vacaciones en Italia. Mientras se daba un respiro de su activismo y su trabajo, conoció la decisión a través de los medios de comunicación. Cuenta que, por el momento, nadie del Museo o del Ministerio se ha comunicado con ella sobre alguna devolución o el paradero de su bandera y las otras piezas retiradas.

Pero tampoco quiere que se la devuelvan: “Está en depósito del Estado, de la entidad cultural a cargo de la protección de la historia de este país y, en consecuencia, encuentro absolutamente razonable que el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional se hagan responsables de las piezas que recibieron”, dice.

Recuerda que la donación se efectuó hacia el año 2018, en medio de un proceso de curaduría exhaustivo del recinto cultural. “Empezaron a discutir tener en esa sala de ‘Hacer sociedad’ a los movimientos sociales que en Colombia habían hecho unos cambios significativos. Invitaron a la gente afro, a la gente Rrom y a la gente LGBTIQ+, ahí me llamaron. Y entonces empezaron esa construcción y ofrecí mi bandera”.

Pero esa sala no solo exhibía la bandera arcoíris. En palabras de Marcela Sánchez, había “piezas referidas a visiones artísticas de las personas trans, a la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos y por trabajar por un mundo libre de violencia en el país y en la casa, así como producciones cinematográficas del movimiento LGBTIQ+”. Era una sala que conocía muy bien, pues allí siempre llevaban a los visitantes para hablar de la historia de los movimientos sociales en el país.

La preocupación radica en que todos estos objetos y obras hacen parte del patrimonio de la nación y que, si desaparecen de la exhibición, “lo que se va a contar es una historia única, una historia que solamente da una versión, una versión que, además, es falsa y que no es la que reconoce la Constitución Política de Colombia”, agrega Sánchez.

Por su parte, en la mañana de este viernes, la ministra Paola Holguín, a través de su cuenta de X, defendió que el Museo Nacional no debe ser un instrumento de “adoctrinamiento político” y anunció una revisión de la museología y la curaduría de los espacios a cargo de su cartera. También afirmó que el museo debe proteger a menores de edad del “acceso a material sensible”, sin explicar por qué las piezas retiradas representarían un riesgo para sus derechos. Tampoco aclaró qué pasará con las piezas retiradas.

Frente a esto, Castillo y Sánchez concuerdan en que este tipo de decisiones no debería depender del gobierno de turno, no solo por la visibilidad de la historia del país, sino también por la autonomía de la curaduría y del Museo. “La historia del país es un tema del Estado, no del Gobierno de turno. El Gobierno de turno no tiene por qué llegar a modificar o a transformar criterios de museología que están absolutamente basados en evidencia. Eso representa un llamado a que tenemos que reconocer que la diferencia nos enriquece. Como dice la Constitución Política, somos un país multiétnico, pluricultural y diverso. Y creo que eso es lo que recogía esa sala”, concluye Castillo.

¿Qué representa el retiro de estas piezas de la exhibición del Museo Nacional?

Para la directora de Colombia Diversa, se trata de un claro llamado a “borrar esa diversidad y presentar una única versión de la colombianidad”. Desde su experiencia de más de 20 años en la defensa de los derechos LGBTIQ+ y de las víctimas del conflicto armado, advierte que estas decisiones también tienen efectos materiales, porque “envía un discurso de que todo eso que quitan es accesorio, no es necesario, es indeseable, es perjudicial, y lo que hace es alimentar justamente discursos de odio que después pueden convertirse en hechos violentos directos contra las personas o contra cualquiera que trabaje por la paz, por la diversidad e incluso por salidas negociadas a las guerras y los conflictos armados”.

Violencia que el país no ha podido combatir de manera efectiva. Según el último informe de Caribe Afirmativo, en 2025 se reportaron más de 4.000 hechos de violencia en contra de personas LGBTIQ+, en medio de una respuesta estatal deficiente. En cuanto a la violencia contra las mujeres, ese año se registraron 158.074 casos de violencia, de los cuales aproximadamente el 60 % correspondió a violencias basadas en género, según el Sivigila y el Instituto Nacional de Salud.

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No obstante, en medio de ese panorama y el sinsabor que deja el retiro de estas piezas, Elizabeth Castillo reitera que “lo que contiene simbólicamente esa bandera es una lucha de miles de personas que han reivindicado su existencia y que han logrado que se reconozcan sus derechos, gracias a una sistemática incidencia frente al Estado. Y eso es lo que han bajado de esa pared: una representación simbólica de una lucha”.

También menciona que son incontables las veces que ha escuchado que las personas sexodiversas en el país no existen. “Han tratado de desaparecernos muchas veces. Han hecho muchas cosas para hacerle creer al mundo que no estamos. Y sí, aquí estamos y no nos vamos a mover. No vamos a desaparecer. La historia del movimiento LGBTIQ+ en Colombia existe y es muy poderosa”, finaliza.

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Como lo había anticipado la exministra Viviane Morales, el Ministerio de Educación le pidió a la presidencia de Abelardo de la Espriella que tomara acciones para derogar la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días.

Mediante un oficio del 21 de septiembre firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación designada tras la salida de Morales, la entidad solicita "acciones urgentes" a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, para derogar y "contener sus efectos" frente a esa política.

Se trata de la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035". Esa norma, que involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, busca, entre otras cosas, que los colegios transversalicen la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos en sus contenidos académicos con miras a 2035.

Es importante recordar que el país ha tenido varias discusiones alrededor de la implementación de políticas de educación sexual en los colegios. En 2016, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos echó para atrás la implementación de una cartilla sobre este tema en la que trabajaba con la ONU tras una polémica que aseguraba que buscaría impulsar la "ideología de género".

Sin embargo, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia de la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los colegios. Esta puede cumplir un rol clave, por ejemplo, en la prevención de abusos sexuales. Además, la OMS ha publicado diferentes contenidos orientados a desmentir la desinformación que hay alrededor de este tema en su página web.

Sin embargo, el Ministerio de Educación del actual Gobierno tiene una visión diferente sobre la política que se está implementando en Colombia. "La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación
docente y planes territoriales. En particular, establece como objetivos la transformación de normas sociales y de género y dispone la implementación transversal de sus contenidos en las instituciones educativas", dice el Mineducación en el oficio dirigido al secretario jurídico de Presidencia.

La petición para tumbar esta normativa ya la había anticipado Viviane Morales durante sus días en el cargo como ministra, cuando hizo declaraciones en diferentes oportunidades refiriéndose a "erradicar la ideología de género" en los colegios y buscar que "se respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos".

El Gobierno de De la Espriella, además, ya había fijado una postura frente a este tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a inicios de octubre. Allí, el representante del país dijo que "Colombia se disocia de la expresión 'salud y derechos sexuales y reproductivos'", tomando distancia de conceptos clave en materia de derechos humanos que Naciones Unidas ha desarrollado alrededor del género y los derechos sexuales y reproductivos.

En el oficio, el Mineducación asegura que tiene "serios cuestionamientos constitucionales y legales" sobre la resolución que dejó firmada el anterior Gobierno, por lo que pide su revisión inmediata.

"Entre ellos se encuentran la suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica; la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos; la
utilización de una resolución administrativa para proyectar obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022–2026; la imposición de compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de apropiaciones, fuentes y competencias de gasto; y la incorporación conjunta, como fundamento del acto, de normas vinculantes y de instrumentos,
orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica", se lee en el oficio.

Junto a sus argumentos, el Ministerio de Educación le pide a Presidencia tomar dos medidas. Primero, revisar el acto administrativo por medio del cual se adoptó la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, un proceso que deberá contar con la participación de los cuatro ministerios involucrados. Además, mientras se hace la revisión, les pide expedir una directiva presidencial en la que se ordene que no se implementen medidas relacionadas con esta política y que se informe cuáles ya han sido implementadas.

Aquí puede consultar el oficio que pide derogar la política de educación sexual en Colombia:

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El Museo Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras las declaraciones dadas por el presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro del Ministerio de las Culturas, algunos usuarios reportaron en redes sociales que de las salas "Hacer sociedad" y  "Memoria y Nación" desaparecieron algunas piezas que hablaban sobre la comunidad LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política.

"En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El verdadero borrado", denunció la activista Márcela Sánchez, quien trabaja en la organización Colombia Diversa.

Según se ve en las imágenes publicadas por Sánchez, en los muros grises de la sala del museo se ve la huella de las obras que fueron retiradas y los vacíos que quedaron en las paredes. En una de las fotografías se puede ver cómo habían estado dispuestas las piezas, según la museografía.

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, se pronunció al respecto con un publicación desde su cuenta de X. "La historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia. Ante esta denuncia, el Museo Nacional debe explicar qué retiró, por qué y cómo garantizará que estas memorias sigan representadas. El pluralismo se defiende también en las decisiones del Estado", escribió.

En días pasados, el concejal Andrés Barrios publicó en su cuenta de X una serie de trinos en los que llamó la atención sobre la presencia de afiches alusivos a la campaña de Carlos Pizarro y a la comunidad LBTIQ+, tras haber visitado el recito con sus hijas, según contó. El concejal instó a la ministra Paola Holguín a revisar las exposiciones: "la batalla cultural también se libra en los museos. Revisen de inmediato este tipo de exposiciones en el Museo Nacional. Este museo debe contar la historia completa de Colombia, no adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo que tanto daño le ha hecho al país", escribió.

Según informó La Silla Vacía, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Sterling, fue el encargado de ejecutar la orden.
Las fuentes que hablaron para el medio citado afirmaron que Sterling llegó esta mañana al Museo, ubicado en el centro de la capital, acompañado de la directora (e) del Museo, Constanza Toquica. A puerta cerrada habrían elegido a dedo las obras que serían retiradas. Dos personas que trabajan en el Museo le dijeron a La Silla que esa decisión debía pasar por los varios comités curatoriales del Museo, las instancias que definen las museografía de las exhibiciones.

De momento, el Museo Nacional no ha confirmado el número exacto de obras retiradas ni las razones por las cuales fueron removidas las fotografías, afiches y objetos.

Esta noticia se conoció luego de que el presidente anunciara que cambiaría el nombre de la cartera cultural de Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio. Adicionalmente, el primer mandatario afirmó que había ordenado a la ministra Paola Holguín que retirara de los espacios públicos "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas".

El concejal celebró la decisión del presidente y afirmó que "la decisión presidencial demuestra que las denuncias ciudadanas y de los representantes públicos pueden generar acciones concretas para proteger la memoria histórica y garantizar que las instituciones culturales presenten los hechos con rigor", según un comunicado de prensa.

La sala "Hacer sociedad", ubicada en el segundo piso del museo, fue abierta en 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, luego de que el guion de la sala fuera revisado y que en su creación participaran cuatro comités curatoriales. “Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia y narra cuáles han sido las confrontaciones políticas, económicas y culturales decisivas en la construcción de la nación”, mencionaba uno de los textos de la sala.

Según La Silla, fueron 10 piezas las que el gobierno retiró de este espacio sobre historia LGBTIQ+ y los movimientos feministas.

Por otro lado, fueron desmontados los afiches de la campaña a la presidencia de Bernardo Jaramillo Ossa y el afiche de candidatura de Carlos Pizarro. También retiraron los objetos que se encontraban en el muro “Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016”, entre los que estaba el "Balígrafo" con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón electoral de la Séptima Papeleta, con lo que se logró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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Cada mes, encuestadores del DANE tocan la puerta de miles de casas en Colombia con el objetivo de recopilar los datos para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que, entre otras cosas, busca indagar sobre el mercado laboral, las fuentes de ingreso de la población o cuál es su edad, género o el nivel educativo. Entre ese largo cuestionario, les hacen una pregunta sobre su estado civil que parece de rutina, pero que sirve para dimensionar un problema muy grave que se le está saliendo de las manos al país: los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF). 

Con ella, el DANE registra, por ejemplo, cuántas personas entre 10 y 17 años dicen estar solteras, casadas o en unión libre. De este dato partió la Fundación PLAN, que desde hace más de 60 años trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas en situación de extrema vulnerabilidad, para elaborar Crecer demasiado pronto, una investigación que presentó este miércoles 14 de octubre. Uno de los datos más llamativos del informe es el número de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años que, entre 2022 y 2025, respondieron algo distinto a "soltera" o "soltero". En total fueron 6.206. 

Es decir que 5 de cada 100 niñas, niños y adolescentes en Colombia están en un matrimonio o en uniones forzadas, tempranas o forzadas. A los ojos de la organización, que presentó este informe en el marco del Día Internacional de la Niña, detrás de ese número hay niñas que dejaron el colegio, que pasan la semana dedicadas a las labores de cuidado o maternando, y que viven con hombres que, en más de la mitad de los casos, les llevan seis años o más.

Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la fundación, resumió durante la presentación de la investigación la magnitud de esta problemática: “Son niñas y adolescentes que han visto limitadas sus posibilidades de estudiar, decidir sobre su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos". Una opinión similar compartió Isabel Segovia, quien hasta hace poco se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá. Para ella, “no se puede perder de vista que son sueños y proyectos de vida que no se consolidan”. 

En Colombia, en la actualidad, no existe una encuesta diseñada para saber cuántas uniones forzadas hay. De hecho, las alertas que se han emitido parten de los censos (el último con cobertura completa es de 2018) o de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que solo indaga por la nupcialidad entre personas adultas. La GEIH, en cambio, es mensual, pero su problema se centra en que fue pensada para medir el mercado laboral, no para detectar a una niña o adolescente que vive en pareja.

Todo este tipo de factores llevaron al equipo de la Fundación PLAN a construir un modelo para filtrar los 3.427.494 registros de la encuesta entre 2022 y 2025. El primer paso fue ubicar a las 440.756 personas menores de edad y, entre ellas, a quienes reportaron estar casadas, en unión libre, separadas, divorciadas o viudas. Luego, apartaron en otro grupo a las niñas y los niños menores de 14 años y, en el resto de los casos, revisaron si convivían con su pareja y quién figuraba como jefe o jefa del hogar. Ese último paso le permitió reconstruir parejas completas, basándose en la edad, el trabajo, los ingresos y la escolaridad de ambas personas.

Aunque estas cifras ofrecen un primer panorama, Anzola de Toro advirtió que no se trataba de un conteo exhaustivo, sino de lo que alcanza a ver una herramienta que no fue hecha para esto. “Esto es una aproximación, es lo que podemos sacar con los datos de la encuesta”, agregó y señaló que, lo más probable, es que este fenómeno sea más grande, pues muchas uniones no se declaran porque son informales o están normalizadas. 

Arturo Harker Roa, doctor en Economía y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, tiene una lectura similar y, durante la presentación del evento, explicó que la normalización de las uniones forzadas responde, en parte, a las normas sociales. “Son las que rigen y han hecho creer que ciertos patrones son los correctos. En algunos casos se pueden tornar tóxicas”, anotó. El riesgo, alertó, es que problemas como este terminen sin medirse. "Es una situación que no se ve, porque ha sido normalizada".

Las niñas en uniones forzadas

De los 6.206 casos identificados por la Fundación PLAN, 206 corresponden a niñas y niños de entre 10 y 13 años. Los autores, sin embargo, son insistentes en señalar que estas cifras no deberían leerse como "uniones", porque en Colombia, cualquier relación de carácter sexual con menores de 14 años es un delito, según el Código Penal. Por esta razón, la fundación dice que no se puede perder de vista que estos casos son violencia sexual contra la niñez.

De esta cifra, uno de cada cuatro, es decir, el 26,2 %, son niñas y niños de 10 años. Hay un dato que resalta la investigación: ocho de cada diez (80,1 %) seguían yendo al colegio cuando se aplicó la encuesta. Estos espacios, entonces, pueden ser el primer lugar donde un docente o directivo note que algo anda mal y active una ruta de protección. Segovia, quien también fue viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media entre 2008 y 2010, destacó este papel y detalló que, si bien las instituciones no podrían confirmar si un estudiante está en uniones forzadas, sí pueden leer otras señales de alerta, como los casos de violencia. 

En este punto insistió en que la prioridad es que estos niños y niñas no abandonen las aulas. “Si desertan, les estaríamos violando más derechos”, comentó. La razón que explicó es que se debe a que, una vez un niño o niña sale del sistema educativo, recuperarlo es muy difícil. La principal razón, añadió, se debe a que encontrarlo es muy difícil; de hecho, en algunos casos es una labor casi imposible, porque se convierten en estudiantes invisibles. Y, en caso de identificarlos, traerlos de nuevo al sistema implica diseñar una serie de estrategias que no siempre se ponen en marcha. 

“Lo clave es evitar que salgan del colegio. Al final, no podemos perder de vista que puede ser un entorno protector”, dijo. En el informe, la Fundación PLAN resaltó justamente este punto al señalar que al menos un 19,9 % de las niñas y niños menores de 14 años ni siquiera tenía esa red de apoyo, porque no asisten a ninguna institución. 

Otro de los datos clave muestra el panorama de las niñas, niños y adolescentes entre los 14 y los 17 años. En este grupo, el 87,5 % de los casos son niñas y adolescentes mujeres; y, en su mayoría, no están con otros adolescentes. El 96 % de las uniones identificadas son entre una persona menor de edad y una adulta; solo el 4 % se da entre dos adolescentes. Cuando la pareja es adulta, en el 58,2 % de los casos le lleva a la adolescente seis años o más; incluso, de acuerdo con la Fundación PLAN, detectaron que hay brechas de hasta 50 años.

Además, el informe detalló que, si bien esta problemática se ha identificado en todos los departamentos de Colombia, hay unos donde las cifras son más altas (entre 7 y 10 de cada 100 adolescentes mujeres de 14 a 17 años). Estos son Magdalena, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada. En un rango intermedio (4 a 6 de cada 100) se encuentran, entre otros, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Sucre y Arauca. La región andina, donde está ubicada Bogotá, concentra las tasas más bajas (1 a 3 de cada 100). 

¿Qué pasa con las niñas que están en uniones forzadas?

Una de las principales preguntas sobre este tema es qué pasa con la vida de las niñas, niños y adolescentes que están en un matrimonio o uniones forzadas. Las cifras publicadas por la Fundación PLAN muestran que la vida de las niñas, niños y adolescentes no va a estar mejor. Si bien el 87,5 % de las parejas adultas trabajan, el 85,9 % de las adolescentes no tiene un trabajo remunerado. También hay niñas que cargan con los gastos del hogar: 309 ejercen la jefatura del hogar. 

Además, el 80 % no continúa sus estudios, el 15,5 % de las niñas que están en uniones forzadas solo alcanzó la primaria y el 70 % de las adolescentes que son pareja de una persona adulta dedica la mayor parte de su semana a los oficios del hogar, y solo el 16,2 % al estudio.

“Estos datos nos dan un primer panorama amplio de esta problemática”, añadió Anzola de Toro y recordó que “cuando hay una diferencia grande de edad, no se puede hablar de libertad. Son niñas y adolescentes que no pueden tomar decisiones libres, por ejemplo, en sexualidad o maternidad”. 

En Colombia, ya existe una ley para prohibir el matrimonio y las uniones forzadas con menores de 18 años: la Ley 2447 de 2025, conocida como "Son niñas, no esposas", que fue sancionada el 14 de febrero de 2025. A esta investigación de la Fundación PLAN se le suma una alerta publicada por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que se basó en el Censo de 2018, y calculó que 197.064 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años estaban o habían estado en matrimonio o unión. Y, como escribimos en esta página, la entidad registraba que al menos 2.089 menores de edad, casi todas niñas, seguían en uniones a pesar de la nueva ley. 

A juicio de Harker, si bien la ley es una muy buena noticia para Colombia, es hasta ahora el primer paso, pues considera que deben seguir promoviéndose estrategias, sobre todo de prevención. La Fundación, por su parte, deja una tarea concreta para el Estado: mejorar la forma en que se recoge la información, para que estas uniones forzadas dejen de ser un hallazgo indirecto en una encuesta que se centra en entender el panorama del empleo en el país. 

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“Fortalecer la representación equilibrada de mujeres y hombres en los más altos órganos judiciales del país”: este es el objetivo del proyecto de ley estatutaria, radicado por la Defensoría del Pueblo, que buscaría modificar la representación de cortes como la Constitucional, Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

La forma en la que se lograría esto es a través de una regla general en los procesos de nominación y elección de magistrados y magistradas. La institución destaca que esta normativa, que tendrá que pasar por cuatro debates en el Congreso, es una acción que “contribuye a desmontar las barreras históricas que han limitado el acceso de distintos grupos a posiciones de liderazgo”.

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El mecanismo para asegurar la paridad sería el siguiente: cuando una alta corte tenga menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir deberán estar conformadas exclusivamente por mujeres. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, advirtió que las mujeres solo representan el 34,52 % de la magistratura de las altas cortes. En ese sentido, puntualizó las “injusticias de representación” alrededor de “mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de mujeres sin recursos económicos”.

La distribución de las mujeres en la rama judicial, según datos del Consejo Superior de la Judicatura con corte a diciembre de 2025, es la siguiente: el 56,68 % de los empleados judiciales del país, el 49,62 % de los jueces municipales, el 47,55 % de los jueces del circuito, el 39,20 % de los magistrados de tribunal. Con respecto a los magistrados de las altas cortes, la Defensoría señala que las mujeres representan solo el 28,05 %.

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Miryam Stella Gutiérrez, presidenta de la Comisión Nacional de Género, afirmó que “las acciones positivas son las únicas que permiten lograr esta igualdad de condiciones”. Además, la institución advierte que este proyecto no busca afectar al mérito, pues considera que “la paridad y el mérito no son principios en tensión, sino criterios complementarios que deben integrarse y armonizarse en el diseño de los procesos de selección judicial”.

El proyecto de ley estatutaria deberá pasar por cuatro debates en el Congreso de la República. Como fue radicado en la Cámara de Representantes, pasará primero en esta corporación, para luego hacer la trayectoria espejo en el Senado. En su calidad de estatutaria, deberá ser aprobado antes del final de esta legislatura, en junio de 2027. Además, su misma naturaleza requiere mayoría absoluta en cada debates y revisión de la Corte Constitucional. Apenas inicia su camino en el legislativo.

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En una llamada inesperada, a una mujer le preguntaron: “Oiga, ¿usted sabe que su sobrina es lesbiana y que tiene una novia?”. Con toda naturalidad, ella respondió: “Ah, sí, mijita. ¿Y qué más se te ofrece?”. Años después, su sobrina conocería aquella conversación y le agradecería a su tía por esa manera de defenderla: con naturalidad, poniéndose de su lado cuando la voz al otro lado de la línea apelaba a la vergüenza. Este 11 de octubre, en el Día Internacional para Salir del Clóset, queremos hablarle a esas personas, grandes aliadas de quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

La historia de la tía y su sobrina hace parte de "Cartas a un homófobo", una iniciativa de Colombia Diversa que consistió en que una persona LGBTIQ+ le escribiera un texto a alguien que le hubiera discriminado a lo largo de su vida. Recibimos casi 200, algunas dedicadas a familiares, otras a amores pasados, docentes de guardería y hasta colegas de trabajo. 

Esto sucedió en 2016, en medio de un panorama complejo: como país, estábamos en medio de la discusión por el plebiscito, la pregunta que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos le hizo los ciudadanos para que votaran Sí o No a la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC-EP.

(Vea también: ¿Quién inventó la “ideología de género” y por qué tantos políticos siguen hablando de ella?)

Parte de la estrategia del No se basó en decir que el acuerdo final iba a “homosexualizar” al país, solo porque buscaba reconocer las violencias contra las mujeres y las poblaciones diversas que ejercieron los grupos armados durante el conflicto e implicaba pensar en formas de repararles. Los promotores del No señalaron falsamente que la sola mención a la palabra género o la sigla LGBTI en el texto era la prueba de ese “rayo homosexualizador” de niños, niñas y adolescentes.

Este 2026 se cumple una década de la firma del Acuerdo de Paz, pero es casi inevitable comparar lo que sucedió en ese momento con el plebiscito respecto a lo que ocurre ahora, solo que el panorama actual es mucho más difícil: estamos ante un Gobierno que ha enviado un mensaje muy claro a la población LGBTIQ+ con la elección de funcionarios que, en el pasado, han tenido discursos y prácticas homófobicas; un Gobierno que excluye palabras como “niña” o “derechos sexuales y reproductivos” y que revivió el fantasma de la “ideología de género”, un concepto que solo existe para negar la educación sexual en los colegios o para negar la existencia legítima de las personas LGBTIQ+. 

Personalmente, ya he recibido varias llamadas de personas LGBTIQ+ que sienten miedo y se preguntan qué va a pasar con nosotros.

A nivel mundial se siente un clima de regresión, con mandatarios de extrema derecha que le tienen alergia a cualquier término que incluya la palabra “igualdad” o “género”. 

En Colombia, y gracias a la rama judicial, el matrimonio y la adopción igualitaria son un derecho, el reconocimiento del nombre y sexo identitario de las personas trans también, y la discriminación no está permitida en el trabajo, las instituciones educativas, los centros de salud y en general en ningún ámbito. 

Incluso, gracias a la inclusión del género en el Acuerdo de Paz, se pueden escuchar frases como la que desde Colombia Diversa recientemente escuchamos de un antiguo integrante de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Yo no sabía que la diversidad de género existía. Eso se ha conocido gracias a que estas comunidades, a través de los años y las luchas, han salido a decirle al mundo que tienen derechos igual que cualquier persona”.

Debemos evitar, entonces, que se consolide un contexto de desinformación como en 2016 en el que se afirme que no tenemos derechos, o que se vuelva otra vez normal discriminar como resultado de estos discursos excluyentes. 

Para manifestar apoyo existen múltiples plataformas: la academia, la política, el derecho, los medios de comunicación y las artes, pero la principal sigue siendo la vida cotidiana: en una conversación familiar, cuando alguien hace un comentario homofóbico, cuando una persona trans es señalada, o cuando una pareja del mismo sexo es tratada como si tuviera que esconderse. 

A veces, ser aliado consiste simplemente en hacer lo que hizo aquella tía a quien su sobrina le dedicó la carta en 2016: responder “¿y qué más se te ofrece?”, para dejar claro que nuestra vida y nuestra  dignidad no están en discusión. 

Nosotros no volveremos al clóset. Tampoco tendremos más miedo. Por eso, esta vez, la carta es para ustedes: para que tampoco se metan al closet para ocultar que nos apoyan. 

Ni un paso atrás.

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En las últimas semanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha tomado tres decisiones que marcan un giro en la posición internacional de Colombia frente a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+: se retiró de una coalición internacional que promueve la igualdad y la protección de la población sexodiversa, tomó distancia de expresiones como “derechos sexuales y reproductivos” y “género” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y volvió a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto”.

Esta última se conoció el jueves 8 de octubre, cuando Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció su adhesión por medio de un video. A su costado había una bandera nacional y, a sus espaldas, una fotografía de De la Espriella haciendo su ya reconocido saludo de “Firme por la Patria”. En apenas un minuto y medio, Ordóñez confirmó el regreso del país a una declaración respaldada por más de 40 Estados.

(Lea aquí: Gobierno de Colombia se adhiere al Consenso de Ginebra, que cuestiona el derecho al aborto)

Se trata de la “Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia”, creada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, con el respaldo de países como Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. Aunque su nombre habla de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, el documento también sostiene que los Estados “no están obligados a promover o facilitar el aborto” y reivindica su potestad para definir sus propias políticas en esta materia. Sin embargo, no es una declaración vinculante.

El país ya había firmado el Consenso en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, con Ordóñez como uno de sus principales impulsores desde la Embajada ante la OEA. No obstante, el gobierno de Petro retiró al país pocos meses después de asumir la Presidencia.

El Espectador conversó con María Cecilia Ibáñez, asesora sénior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, organización que hace parte del movimiento Causa Justa. La experta en derecho internacional, analiza las implicaciones jurídicas y políticas del regreso de Colombia al Consenso de Ginebra.

¿Qué implica que Colombia se adhiera a esta declaración?

La adhesión significa que el Gobierno colombiano actual está expresando su respaldo a una declaración política que fue promovida originalmente por la administración de Donald Trump en 2020. Una declaración política que reúne a un grupo de Estados alrededor de determinadas posiciones sobre la salud de las mujeres, la familia y el aborto. Ahí es muy importante tener en cuenta que el Consenso de Ginebra no es un tratado internacional ni una declaración adoptada por las Naciones Unidas o por la comunidad internacional en general, sino un compromiso político entre algunos países.

Esto es relevante porque quiere decir que la adhesión de Colombia no crea nuevas obligaciones jurídicas internacionales para el país. Tampoco modifica las obligaciones que el Estado ya tiene a partir de otros tratados internacionales que sí ha ratificado. Sin embargo, representa una decisión relevante sobre la política exterior del actual Gobierno.

Si esta adhesión no modifica la legislación ni la jurisprudencia colombiana sobre el aborto, ¿qué busca el Gobierno al sumarse a esta declaración y qué efectos podría tener en su política exterior?

Incorporándose al Consenso de Ginebra, lo que Colombia hace es sumarse a un grupo de gobiernos que están buscando coordinar sus posiciones y actuaciones en los espacios internacionales, específicamente en torno a estos temas. Esto quiere decir que se fomentan ciertas alianzas diplomáticas con algunos países. Hay un acuerdo, digamos, de ir con posiciones comunes a los distintos espacios internacionales y también de respaldar resoluciones o iniciativas específicas. Se trata, entonces, de un espacio de coordinación política que puede influir en el comportamiento de Colombia en los escenarios internacionales.

Esto no tiene ninguna implicación jurídica al interior del país. No cambia la jurisprudencia constitucional, no cambia la legislación ni las obligaciones que sí son vinculantes y que provienen de tratados internacionales de derechos humanos.

¿Esta decisión podría entrar en tensión con la jurisprudencia colombiana?

La decisión, sin duda, no está alineada con lo que ha dicho la Corte Constitucional, que es el principal tribunal encargado de interpretar y aplicar la Constitución en Colombia. El Gobierno tiene algo de libertad en materia de política exterior, pero eso no quiere decir que tenga una libertad ilimitada. Es importante que todo lo que haga a nivel internacional esté alineado con el ordenamiento interno y, de hecho, el presidente en su discurso de posesión se comprometió a respetar la Constitución y la legislación interna. Esto es muy relevante porque la política exterior debería estar alineada con la Constitución y con las interpretaciones que de ella ha hecho la Corte Constitucional. Pero en este caso, pues, no es así.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué implica reconocer el aborto como un derecho y qué consecuencias puede tener cuestionar ese reconocimiento desde el Gobierno?

El aborto se reconoce explícitamente como un derecho en Colombia. Esto ya tiene un respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con más de 30 sentencias que se han emitido desde 2006. Reconocerlo como un derecho es fundamental porque sustenta y demuestra que el acceso al aborto está directamente conectado con la protección de otros derechos, incluyendo los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a la igualdad y a la libertad.

Y siguiendo esta misma lógica, varios órganos internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han reconocido que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva  está directamente conectado con la garantía de estos derechos. También es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el aborto como un servicio de salud que debe ser regulado como tal y cuyo acceso debe garantizarse.

Cuando deja de reconocerse el aborto como un derecho, el problema va más allá del lenguaje o de una discusión abstracta. Los cuestionamientos pueden terminar convirtiéndose en barreras de acceso, desinformación y estigmatización. Y ya sabemos que todo esto no conduce, en ninguna medida, a proteger la vida.

(Le puede interesar: Colombia se distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” en Consejo de la ONU)

La declaración sostiene que “no debe promoverse el aborto como método de planificación familiar” o que “debe protegerse la vida antes y después del nacimiento”. ¿Qué implicaciones tienen estos planteamientos para los derechos sexuales y reproductivos?

Lo primero es reiterar, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que defender la garantía del acceso al aborto no quiere decir que el aborto se esté promoviendo como un método de planificación familiar. La planificación familiar busca que las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos mediante el acceso a información y a métodos anticonceptivos, pero el aborto como tal no es un método de planificación familiar. Esto es un mito, es una discusión muy antigua y es algo sobre lo que no deberíamos estar volviendo.

Ninguna mujer desearía enfrentarse a una situación de abortar. El aborto, en realidad, responde a situaciones distintas que se dan en diversos contextos y a circunstancias particulares de cada mujer. Por eso, debe garantizarse como un servicio de salud y como parte de la protección de los derechos reproductivos.

Y algo similar ocurre con este tema de “la protección de la vida desde antes del nacimiento”. El derecho internacional reconoce la importancia de proteger la vida prenatal, pero también ha dicho que esa protección no puede interpretarse de manera absoluta ni utilizarse para desconocer los derechos fundamentales de las mujeres o personas gestantes. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica,  estableció que la protección de la vida prenatal bajo la Convención Americana es gradual e incremental. Por tanto, no puede entenderse como una protección absoluta que prevalezca sobre cualquier otro derecho.

Esta es una discusión que ya se ha abordado en el derecho internacional y demuestra que es una discusión superada. Y ahí también es muy importante tener en cuenta que la protección de la vida prenatal no es directamente contraria a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

El Gobierno también ha tomado otras decisiones internacionales, como retirarse de la Equal Rights Coalition y distanciarse del concepto de “derechos sexuales y reproductivos” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué lectura hace de estas posiciones?

Sí, creo que todas estas decisiones tienen que analizarse en conjunto porque definitivamente están reflejando un cambio en la política exterior del Gobierno actual en materia de derechos humanos. Entonces, salirse de la Equal Rights Coalition, una alianza dedicada a promover y proteger los derechos de la población LGBTIQ+, muestra que claramente este ya no es un tema prioritario para el Gobierno. Y esto es clave porque ahí Colombia no solo participaba, sino que colideraba ese espacio.

Las declaraciones en el Consejo de Naciones Unidas esta semana, y también lo relacionado con la adhesión al Consenso de Ginebra, muestran que Colombia, a nivel internacional, en términos de postura diplomática y política exterior, se está distanciando de posturas que había defendido con anterioridad en materia de género y de derechos sexuales y reproductivos.

 Sin embargo, acá es muy importante dejar claro que el hecho de que este Gobierno tenga actualmente esta postura internacional no cambia las obligaciones que ya están creadas para Colombia a través de tratados internacionales, que son instrumentos vinculantes, y tampoco cambia para nada lo que ya está establecido a nivel interno a través de sentencias de la Corte Constitucional. 

Sin duda, hay una tendencia de varios países que están comportándose de la misma manera. Argentina es un ejemplo. Recientemente, otros países como Trinidad y Tobago y Honduras, también se adhirieron al Consenso de Ginebra. Esto muestra que los gobiernos de turno en la región están tendiendo a respaldar estas posturas a nivel internacional. Sin duda, es una tendencia.

(Lea más aquí: Gobierno de De la Espriella retira a Colombia de coalición internacional LGBTIQ+: ¿Por qué?)

Hablemos de Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, quien ha cuestionado la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha defendido lo que denominan “batalla cultural” y la “creencia en Dios” como fundamentos de este Gobierno. Ahora lidera nuevamente el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra, después de promoverla en 2022. ¿Qué revela esto?

Sí, la participación de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA muestra una continuidad de las posturas que él ha defendido en materia de derechos sexuales y reproductivos. Más allá de la trayectoria individual del actual embajador en los cargos que ha tenido a nivel interno e internacional, es importante tener en mente que una cosa son sus posturas personales y otra son las posturas del Gobierno a nivel internacional.

Si bien en Colombia la Constitución reconoce la libertad religiosa y de conciencia, también es importante tener en cuenta que Colombia es un Estado laico y pluralista. Esto quiere decir que las convicciones religiosas de quienes ejercen cargos públicos deben distinguirse tanto de las acciones de política exterior como de las obligaciones constitucionales e internacionales que se aplican dentro de Colombia.

La política exterior que está asumiendo Colombia en este momento puede responder a las prioridades del Gobierno actual, porque, pues, esa es parte de su naturaleza: responder a las prioridades de cada Gobierno. Sin embargo, debe desarrollarse en el marco constitucional y legal que existe en el país. Por eso, quienes ocupan cargos públicos y tienen convicciones religiosas marcadas deben actuar dentro de ese marco.

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