Una grieta divide la residencia de la calle 14 en Pereira en dos. En el suelo hay ladrillos de su fachada café y restos del techo que cayeron. Las ventanas sin vidrios y la cinta amarilla en su frente advierten del riesgo de colapso. Los ingenieros que la valoraron ya hablan de demolerla. 

Al verla desde afuera cuesta entender por qué sigue en pie, quizás igual que se sostuvo durante la última década gracias a quienes buscaban asegurar un techo para dormir —muchas de ellas madres solteras, trabajadoras sexuales o migrantes— pagando menos de 17 mil pesos al día (unos 5 USD). 

Hasta el 10 de agosto, antes de que la tierra se moviera y decidiera convertirla en recuerdos, una habitación en uno de esos tres pisos era el hogar de Laura*, sus dos hijas y su esposo. 

La mañana del lunes 10 de agosto, Laura se había levantado más temprano de lo usual, inquieta, contando los minutos para reunirse con sus dos hijas: Mariana*, de 10 años, y Luciana*, de 8, que habían pasado la noche en casa del hijo mayor de Laura. 

Tomó su celular, miró la hora —7:32— y se metió a la ducha. 

Dos minutos después, un golpe la empujó contra la pared. Intenta mantenerse en pie, pero el movimiento no se detiene. Escuchó gritar a su esposo y, en medio del bailar de la tierra, salió del baño. 

Un clóset donde guardaba los recuerdos, papeles y juguetes de sus hijas se interpone entre ella y una columna que colapsó. Buscó dónde sostenerse. Puso la mano sobre la pared blanca, que empezó a agrietarse. Trozos del techo cayeron sobre su cabeza. “Las niñas, Luis, las niñas”, gritó. Bajaron los tres pisos de la residencia mientras las escaleras se abrían bajo sus pies y el polvo les impedía ver. 

Laura no miró hacia atrás. Con la tierra aún en movimiento, tomó una toalla para tapar sus genitales desnudos y corrió en busca de sus dos hijas. A su alrededor, el centro de Pereira colapsaba, los edificios se caían, la gente gritaba. Ella solo puede imaginar que encontraría a sus hijas debajo de los escombros. 

Desde su casa hasta el lugar donde estaban sus hijas hay aproximadamente 40 minutos caminando. Laura dice que llegó en 15. No le importó que la tierra siguiera temblando, que no tuviera ropa, que a su alrededor todo colapsara. Solo necesitaba abrazarlas. 

—Mamá, mamá —gritó Mariana, su hija mayor, mientras corría a sus brazos al verla. Laura las examinó con detenimiento, se aseguró de que no tuvieran un rasguño y, por un segundo, se dio cuenta de que llevaba minutos sin respirar. Consiguió ropa prestada de una vecina que la vio correr y regresó, junto a sus dos hijas y su esposo, a lo que un día fue su hogar.

***

—Yo solo le rogaba a Dios que me dejara salir con mi hija. Al bajar, sentía cómo las escaleras se rompían —dice Carolina, una mujer migrante venezolana—. Fue en cuestión de segundos que yo salí, volteé a mirar y el edificio se vino abajo. 

La noche anterior, como lo había hecho durante los tres meses que llevaba viviendo en Pereira, Carolina pagó COP 18.000 mil por una habitación sin cocina para ella, su hija de un año y medio y su esposo. Lo de la habitación y la comida lo solucionaba vendiendo bolsas de basura en la calle junto a su hija, mientras su esposo trabajaba en algunas obras de la ciudad. Cuando salió con vida, comprendió que había perdido lo poco que habían conseguido en los últimos meses. 

Desde el 10 de agosto, cada semana Martha Pino, una mujer de 62 años, viaja a Armenia, a una hora de Pereira, en busca de trabajo. Desde hace 45 años, las calles del centro de Pereira son el lugar donde ejerce el trabajo sexual. Llegó con 17 años, tres hijos y sin esposo, desde una vereda cerca de Armenia. En el trabajo sexual encontró la alternativa para “sacar adelante” a sus 11 hijos. 

—Se derrumbaron las residencias, no tenemos dónde trabajar. Las calles están llenas de escombros. Los hombres tienen miedo de entrar a los lugares que quedan de pie. Estamos desubicadas y desamparadas. En tantos años que llevo en la calle, esto es lo peor que he visto —señala Martha desde una vivienda en la que vive en arriendo junto a su mejor amiga, “Pulga”, una mujer trans, y doña Cecilia, una adulta mayor que las acompaña desde hace 10 años. 

Su casa, a solo unos minutos de su lugar de trabajo, también resultó afectada por el terremoto. La fachada está próxima a colapsar y el muro del pasillo cayó por completo. Pero los escombros no son su mayor preocupación. Conseguir lo del arriendo, la comida diaria para ella y para su padre, un hombre de 80 años, por el que responde, son las verdaderas razones por las que desde el terremoto trabaja en una de las zonas de tolerancia de Armenia. 

—Allá las compañeras me han recibido muy bien. Pero igual son gastos: el pasaje, la habitación, la comida. Pero se hace más que quedándome acá —asegura Martha.

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Para Laura y Carolina, el terremoto se llevó el lugar donde vivían, que, aunque pequeño, les garantizaba a ellas y sus hijas un lugar donde dormir. Para Martha, se llevó su lugar de trabajo. 

Ninguna de las tres aparece en un censo oficial. Desde antes del terremoto, los pagadiarios han sido terrenos invisibles para las instituciones en Colombia. 

Sin hogar, Laura y Carolina se convirtieron en dos de las 400 personas que se albergan en el Parque La Libertad, entre las calles 12 y 14 del centro de Pereira, a solo unas cuadras de sus casas. La cifra no es oficial.El albergue no es uno de los puntos autorizados por la Alcaldía de Pereira y son personas voluntarias quienes se han encargado de censar a quienes están allí. 

Y aunque Martha no duerme en las carpas del parque, cada ciertos días hace fila en el lugar para recibir los mercados que, junto a “Pulga”, llevan algunas personas voluntarias, apoyos que con el pasar de los días han disminuido. 

—Después de tantos años en el sector, la gente nos conoce y nos ayuda. Eso es una ventaja —señala Martha.

El lugar la ciudad lo conoce como “una zona de tolerancia”, donde Laura, Martha y otras mujeres de todas las edades ejercen el trabajo sexual y donde, además, el microtráfico disputa el control del territorio. 

La noche del 10 de agosto, a unos metros del parque, vecinos del sector removieron escombros de una residencia que colapsó completamente, junto a una droguería y una panadería ubicadas en el primer piso. Sin un número exacto sobre cuántas personas estaban en el edificio, voluntarios y voluntarias buscaban señales de vida de personas que pagaban a diario por un lugar donde pasar la noche. 

Dos días después, junto con rescatistas oficiales, diecisiete personas fueron encontradas sin vida en el lugar. La cifra se suma a los 111 fallecidos del terremoto del 10 de agosto en Pereira.

Laura dice que allí dormían tres de sus compañeras; aunque no sabe sus nombres reales, desde el terremoto no las ha vuelto a ver. Teme que estén dentro de los cuerpos recuperados de los escombros. Martha confirma esta idea, dice que algunas compañeras han hablado de algunas amigas que vivían en la residencia. 

—Nadie vino a ver cuántas personas dormían en las residencias afectadas, cuántas personas ahora no tienen dónde vivir, cuántas personas estaban en los escombros —dice Edward Molina, voluntario del sector—. Son invisibles para el gobierno y la sociedad. Los señalan por ser trabajadoras sexuales, habitantes en condición de calle o recicladores. 

Él, como otras personas voluntarias, asegura que, mientras ellos intentaban sortear el desastre en soledad, junto con algunos rescatistas, la atención se concentró dos cuadras abajo, en el Hotel Dibenni, uno de los más lujosos de la zona, que se convirtió en una de las 66 edificaciones que colapsaron en la capital de Risaralda. Allí murieron, entre otras personas, Juan Felipe Giraldo, un joven bogotano, y Mario Zapata y Brenda Flores, una pareja de turistas mexicanos que se hospedaban en el hotel.

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Carolina intenta pedirles a las personas voluntarias ayuda para conseguir un colchón nuevo para su carpa, pues el que tiene se mojó luego de las fuertes lluvias de inicio de mes en Pereira. Aunque su hija Alejandra, de un año y medio, tiene un brote en el cuerpo como consecuencia de la humedad del colchón, más de dos semanas después no ha logrado conseguir uno nuevo. 

Siente que las ayudas no llegan a todas las personas por igual. Con los días se siente frustrada y estresada, no sabe a quién más recurrir por ayuda para ella y su hija. 

Llegó a Colombia hace cinco años sola, buscando un mejor futuro para su hija mayor en Venezuela. Su primer lugar fue Bogotá, donde vendió dulces y bolsas en la calle y, aunque agradece que tuvo un ingreso, sintió la hostilidad de la capital. En Pereira, asegura, la gente es más amable, sobre todo con su hija. 

—Adonde llegamos, a Aleja la quieren mucho. Incluso el día del terremoto, varios vecinos pensaron que ella seguía dentro del edificio y se volcaron a buscarla. Cuando se dieron cuenta de que estábamos afuera, ellos mismos entraron a recuperar los papeles y algunas cosas de la niña —señala Carolina.

Su hija hace parte de los 60 menores de 5 años que, según las personas voluntarias, están en el albergue. 

Tres meses antes del terremoto, Carolina vivía en una finca a una hora de Pereira, en la que trabajaba haciendo oficios varios. Pero un día, un malentendido con otro compañero provocó que la echaran del lugar. Carolina no teme trabajar en “lo que sea”, pero su única condición es poder estar con su hija. 

Sin embargo, ahora siente que el terremoto cambió sus planes, no solo los que tenía en Colombia, sino también los que tenía para Venezuela. 

—Yo me iba a devolver porque mi hija mayor va a dar a luz a su primer hijo, pero luego de eso, no hay ciudad a la que pueda volver —señala Carolina—. Mi hermana alcanzó a salir, pero varias de mis primas están desaparecidas, bueno, muertas. Yo no creo que estén vivas. 

Alejandra juega con las dos hijas de Laura. Ellas dicen que ahora la ven como una hermana menor. Mientras tanto, Laura repite un acto fielmente. Hace fila detrás de los voluntarios que llevan ropa, elementos de aseo y juguetes para sus hijas. Tres bolsas de ropa y juguetes se resguardan en la carpa de Laura, y solo una pequeña bolsa guarda sus pertenencias. 

Pero los productos de aseo escasean. Laura y Carolina recolectan monedas en la calle para pagar dos mil pesos para poder ingresar a un baño de una de las residencias que siguen en pie. Al inicio del albergue había cerca de seis baños portátiles; con los días, solo uno. No obstante, ellas nunca quisieron que sus hijas los usaran ante el miedo de que contrajeran una enfermedad. 

El personal de salud voluntario en el albergue confirma las complicadas situaciones para la sanidad, en especial para las mujeres. La falta de baños dificulta la higiene durante la menstruación y, con el tiempo, las donaciones de productos de higiene menstrual han disminuido, lo que dificulta cada vez más la dignidad para las adolescentes y mujeres en el parque. 

Además, el hacinamiento en las carpas, la falta de baños y agua potable, y la comida cocinada al aire libre entre la lluvia y el sol de Pereira, son, para el personal médico del albergue, el terreno donde las enfermedades encuentran cómo propagarse. 

—Esta es una de las poblaciones más vulnerables de Pereira. Las condiciones del albergue —el hacinamiento, la humedad, la falta de agua potable— han hecho que encontremos síndromes de abstinencia y enfermedades respiratorias como la tuberculosis. En los niños las condiciones son especialmente difíciles: la lluvia de los primeros días complicó la situación y tenemos muchos de ellos con enfermedades del tracto digestivo, gastroenteritis y diarrea —señala Alejandra Gutiérrez, una de las tres médicas voluntarias del albergue. 

Asegura que, aunque la Secretaría de Salud ha avanzado en el proceso de vacunación, toda la gestión de tratamientos la están haciendo de forma voluntaria. Al día, dice, atienden hasta 30 pacientes, no solo del albergue, sino del sector, que llegan en busca de ayuda médica. 

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La carpa naranja de las hijas de Laura está decorada con peluches que ella recolectó, un colchón que cubre con una cobija de muñecos y algunas luces que ha conseguido para asemejar el nuevo hogar a aquel que perdieron en cuestión de segundos. 

—Yo quiero que ellas vivan como en una burbuja, donde nada malo pase —señala Laura. 

No es la primera vez que Laura intenta resguardar a sus hijas del mundo. Hace ocho años, con Luciana de brazos aún y Mariana de tan solo dos años, cruzó la frontera entre Colombia y Ecuador en una travesía que tomó hasta 30 días. El viaje incluyó dejar que su hija mayor la pasara un “coyote” por una rama de un árbol a través de la corriente de un río que la intentaba arrastrar, mientras llevaba a Luciana en un cargador, evitando que se ahogara. 

—Eso fue como un paseo, ma. Yo quiero repetirlo —dice Mariana, mientras Laura recuerda lo que para ella fue la peor experiencia. 

—Cuando yo veía cómo ese hombre atravesaba a mi hija por el río, yo pensé que se iba a ahogar — dice Laura, quien asegura que, hasta el terremoto del 10 de agosto, no había vuelto a sentir tanto miedo de perder a sus hijas. 

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—La gente nos discrimina. Cuando una dice “soy trabajadora sexual, vengo para tal cosa”, la gente de una lo voltea a mirar y pone esa barrera con una —Martha asegura que no hay ninguna ayuda oficial para ellas; el apoyo viene de sus mismas compañeras—. Ellas son como mis hermanas, entre nosotras no nos juzgamos y, si una tiene para comer, todas tienen. 

Los once hijos de Martha, todos ya adultos, no le hablan. Se avergüenzan de ella y de que, a su edad, continúe ejerciendo el trabajo sexual. 

—La gente cree que esto es un trabajo fácil, pero no lo es. Acá han venido chicas a pedirme trabajar acá (en el parque), jovencitas, pero yo no las dejo. Les digo: “Ustedes están muy jóvenes para estar acá, esto no es vida para usted, para que acabe su vida en este fango. Cuánto quisiera yo por salirme de este fango” —asegura Martha a la par que organiza un mercado que recibió para llevárselo a su padre, que se encuentra en cama. 

Toda su familia le ha dado la espalda. Ni sus hijos, ni sus nietos, ni mucho menos sus hermanos. El único apoyo que encuentra es en “Pulga”. 

—Ella es como mi hermana. Ella me cuidaba a mis hijos mientras yo iba a dar a luz a otro pelaito. Ellos la respetan mucho —la cercanía en su relación es tal que es Pulga quien la corrige en datos sobre su historia: edad y cuándo llegó a Pereira. 

—Pulga, présteme 10 mil pesos para el pasaje a Armenia y cuando regrese se los pago —dice Martha a la salida de su casa, camino a una nueva ciudad para trabajar. 

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El 22 de agosto, dos semanas después del terremoto, hicieron presencia las primeras instituciones en el Parque La Libertad: la Defensoría del Pueblo, la Dirección para la Gestión de Riesgo (DIGER) y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Aunque funcionarios de las mismas aseguran que llevan desde el primer día, voluntarios y damnificados dicen que hasta ese momento no habían recibido ninguna ayuda oficial. 

El objetivo de las instituciones fue caracterizar a la población para trasladarla a albergues oficiales, luego de que la Alcaldía de Pereira anunciara que no todas las personas asentadas en el lugar eran damnificadas del terremoto. 

Sin embargo, algunas personas manifestaron haber tenido una mala experiencia cuando intentaron ir a uno de los siete albergues oficiales. 

—Nos llevaron de aquí [Parque La Libertad] como a las 9 de la noche. Muchos albergues nos rechazaron. Nos tuvieron paseando toda la noche entre albergue y albergue, con los niños, hasta las tres de la mañana, para decirnos que no había espacio —menciona una mujer, ante la insistencia de los funcionarios para trasladarlos. Funcionarios de la DIGER aseguraron que no tenían información sobre malas experiencias en albergues. 

Otros, aunque no han tenido una mala experiencia durante esta emergencia, aseguran que no volverían a un albergue, como Laura y Carolina. 

Laura tuvo que pasar la pandemia por COVID-19 en un albergue luego de llegar de Ecuador, y dice que se sintió “como estar presa”. Carolina, durante su migración, pasó por una experiencia similar: “eso te quitan todo lo que llevas, entras sin nada y sales sin nada”. 

***

Al llegar la noche, Laura alista una varilla que tiene siempre clavada en el pasto al lado de su carpa. La desentierra, la toma en su mano e intenta dormir sentada junto a la puerta, a medio abrir, sin dejar de vigilar a sus hijas. A su lado, Carolina llena de cobijas el suelo de la carpa para simular un colchón, abriga a su pequeña y la coloca sobre su pecho para pasar la noche. 

Para Martha, la noche no representa el momento para descansar; su jornada laboral apenas comienza, pero esta vez en un territorio desconocido y ante la incertidumbre de no saber si logrará conseguir lo del arriendo y la comida del mes. En el rostro de las tres se evidencia el cansancio y el estrés de la situación. Laura y Carolina aseguran que con los días es más difícil conseguir dinero para la comida de sus hijas. 

—Ya me siento cansada, estresada, ya no sé cómo pasar los días acá. Me quiero ir, así sea a otra pieza como la que estábamos —dice Carolina. 

*Los nombres de Laura y sus hijas fueron cambiados por solicitud de ella. 

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Hace casi diez años, el asesinato de Paola Buenrostro —una mujer trans, amiga, trabajadora sexual y con proyectos de vida— abrió en México una discusión sobre la extendida violencia por prejuicio que enfrentan las personas trans. Especialmente, sobre las barreras, la impunidad y la revictimización con las que se topan cuando buscan justicia. Su caso terminaría convirtiéndose en un referente para varios avances jurídicos en el país, entre ellos la tipificación del transfeminicidio y la necesidad de investigar estos crímenes con perspectiva de género.

La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Buenrostro subió al automóvil de Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien había solicitado sus servicios. El vehículo avanzó unos metros y, poco después, Delgadillo —guardia de seguridad y autorizado para portar un arma únicamente durante su jornada laboral— le disparó. Amigas y compañeras de la mujer, aparte de presenciar los hechos, detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, poco después, un juez ordenó su liberación al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo con el asesinato. Durante años permaneció prófugo.

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La violencia contra Buenrostro siguió incluso después de su muerte, algo que empujó a colectivos y organizaciones sociales a exigir justicia en su nombre. Durante la investigación, las autoridades desconocieron su identidad de género, se refirieron a ella con pronombres masculinos y utilizaron el nombre que le había sido asignado al nacer. El sistema de justicia tampoco reconoció, en un primer momento, el lugar que ocupaban sus amigas y compañeras trans como familia elegida. Aunque algunas habían presenciado directamente los hechos, no fueron consideradas dentro de la investigación. 

A esto se sumó la manera en que fue investigado el crimen. La Fiscalía abrió en su momento, una carpeta por homicidio, pese a que para entonces el feminicidio ya estaba reconocido como delito, pues había sido incorporado al Código Penal Federal en junio de 2012, cuatro años antes del asesinato de Buenrostro.

“En 2016 no existía nada de visibilidad, de atención, de programas, protocolos o lineamientos para mujeres trans. No existíamos. Después de lo que pasó con Paola, durante diez años hubo un trabajo importante de las colectivas y de las instituciones, en el que se empezó a reconocer esta identidad, esta expresión y orientación, lo que ayudó a atender de una manera transversal a las personas LGBT”, dice en conversación con El Espectador Kenya Cuevas, una de las testigos del crimen, quien más adelante se convirtió en activista y defensora de derechos humanos y fundó La Casa de las Muñecas Tiresias, una organización que trabaja por los derechos de esta población.

(Lea aquí: ¿Qué vidas cuentan en una democracia? El poder de decidir qué saber de las personas trans) 

Con los años, el expediente se convirtió en uno de los casos más representativos de las fallas institucionales frente a los asesinatos de personas trans. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, en la que documentó múltiples omisiones y deficiencias en la investigación inicial. Como parte de las medidas de reparación derivadas de esa resolución, en 2021 la Fiscalía ofreció una disculpa pública a la memoria de Buenrostro y a su familia elegida. 

Fue tanta la insistencia en la búsqueda de justicia por parte de Cuevas y demás organizaciones sociales, que la lucha llegó al terreno legislativo. En julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 45 votos a favor y uno en contra, la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio como delito autónomo en el Código Penal de la capital y estableció penas de entre 35 y 70 años de prisión.

Con esto, se incorporaron medidas para respetar la identidad de género de las víctimas, evitar su revictimización y reconocer a la familia social dentro de los procesos. Varias de las barreras que atravesaron el caso de Buenrostro quedaron así recogidas en la nueva ley. Cuevas explica que, hasta ahora, seis de los 32 estados de la República han legislado sobre el transfeminicidio: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Baja California y Baja California Sur.

Un giro en la investigación: después de 10 años fue reconocido como un feminicidio

El pasado 4 de septiembre, el caso dio un giro histórico. Un juez reclasificó el asesinato de Buenrostro, que hasta entonces era investigado como homicidio calificado, y determinó que el proceso continuara por feminicidio agravado. En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México explicó que el juez determinó “que la clasificación jurídica del caso se modificará de homicidio calificado a feminicidio agravado”, es decir, los hechos serán analizados bajo el enfoque de género correspondiente a esta tipificación.

La entidad explicó que la reclasificación a feminicidio agravado permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, atendiendo el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos.

“La clasificación como feminicidio nos ayuda mucho a visibilizar la identidad, pero, sobre todo, a entender que el caso de una mujer trans, por ser mujer, tiene que ser analizado con perspectiva de género. También implica reconocer el trabajo sexual como un trabajo”, agrega Cuevas, quien celebra la decisión por tratarse, según explica, del primer caso en México en el que el asesinato de una mujer trans es juzgado bajo esta tipificación.

Previamente, la Fiscalía había explicado que el asesinato de Buenrostro no podía ser perseguido como transfeminicidio, pues esa figura penal no existía en 2016, cuando ocurrieron los hechos. La razón está en el principio de irretroactividad de la ley penal mexicana. Cuevas lo explica de forma sencilla: si el delito no existía cuando se cometió el crimen, no puede utilizarse después para juzgarlo. Por eso, aunque hoy el transfeminicidio está tipificado en Ciudad de México, la ley no aplica para el proceso relacionado con el asesinato de Buenrostro.

“Pero en el caso de Paola, yo sabía perfectamente que no iba a llegar a aceptarse como transfeminicidio”, dice Cuevas, y agrega: “la ratificación no tiene que ver con las sentencias que puede generar el delito, sino con el reconocimiento de la identidad de Paola. Entonces, este caso encaja perfectamente en el feminicidio. Obviamente, para los casos futuros sería importante que se clasifiquen como transfeminicidio”.

Al mismo tiempo, Cuevas explica que el caso tampoco fue investigado inicialmente como feminicidio por la falta de reconocimiento de la población trans.  “Vivíamos en una estructura de discriminación muy fuerte en México y no se reconocía a las mujeres trans como mujeres. De hecho, en ese entonces los medios de comunicación publicaban notas diciendo ‘joto’, ‘hombre vestido de mujer’ u ‘hombre con falda’”, recuerda.

Según explica, aunque la figura jurídica del feminicidio ya existía, todavía había poco conocimiento institucional sobre cómo aplicarla cuando la víctima era una mujer trans. Esa falta de reconocimiento de su identidad influyó en que la investigación comenzara como homicidio, por lo que celebra que finalmente haya sido reclasificada.

El país azteca ha dado pasos recientes en el reconocimiento de estas violencias. También este año, un juez de Ciudad de México declaró culpable por tentativa de feminicidio al hombre que atacó a la activista y periodista Natalia Lane en 2022. El caso se convirtió en un precedente para reconocer la violencia contra las mujeres trans dentro de esta figura penal.

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¿Qué pasó con Arturo “N” tras el asesinato de Paola Buenrostro?

La detención llegó casi diez años después del crimen. El 31 de agosto de 2026, la Fiscalía de Ciudad de México capturó en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a Arturo “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro. Sobre él pesaba desde 2016 una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Un día después de la captura, durante la primera audiencia, la Fiscalía mantuvo la imputación bajo esa figura penal. La institución explicó que la orden respondía al expediente abierto en 2016. Aun así, la decisión despertó el rechazo de colectivos trans, que reclamaban que el asesinato fuera analizado desde la violencia de género que había atravesado el caso desde el comienzo. Arturo “N” quedó en prisión preventiva mientras se definía su situación jurídica.

Tres días después, con la reclasificación del caso como feminicidio agravado, un juez vinculó a Arturo “N” a proceso. La decisión permite que el asesinato de Paola sea investigado y juzgado teniendo en cuenta su identidad, el contexto del crimen y las razones de género relacionadas con los hechos. Además, se fijó un plazo de tres meses para completar la investigación.

El caso Paola Buenrostro tuvo que ser revisado con perspectiva de género para ser reclasificado como feminicidio

Para Kenya Cuevas, la decisión marcó un momento histórico en el acceso a la justicia para las personas trans. Sin embargo, la discusión no termina con el caso de Paola. 

“Es el primer caso que se formaliza y, para nosotras, es un precedente porque el caso de Paola nos ha ayudado a entender muchas de las violencias estructurales que vivimos”, explica. A su juicio, reconocer esa identidad permite también reconocer la violencia que existe detrás de estos crímenes. Para la activista, ese cambio supone empezar a reconocer no solo las violencias, sino también a las personas que las enfrentan y su dignidad, incluso después de la muerte.

“Siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices”, así resume la activista el largo recorrido de diez años en la búsqueda de justicia para su amiga. 

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En Ecuador entró en vigor una ley que busca corregir las demoras en los procesos de adopción y reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes permanecen en acogimiento institucional. Sin embargo, la reforma también introdujo nuevas restricciones para la población LGBTIQ+. Además, Human Rights Watch (HRW) advirtió que algunas de sus disposiciones podrían “privar a muchos padres de niños transgénero de sus derechos parentales”. La normativa se inscribe en una narrativa que ha ganado terreno en distintos países de la región y que presenta la defensa de la infancia como argumento para contener lo que sectores conservadores denominan “ideología de género”.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción el 28 de julio, con 118 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones. El 13 de agosto, el presidente Daniel Noboa comunicó su aprobación a la legislatura y, al día siguiente, el 14 de agosto, la normativa entró en vigor.

La nueva ley impide que las parejas del mismo sexo y las personas solteras LGBTIQ+ adopten. La Constitución ecuatoriana ya señalaba, en su artículo 68, que la adopción “solo se permitirá a parejas de distinto sexo”. Sin embargo, hasta ahora las personas solteras podían aspirar a adoptar sin que su orientación sexual fuera un criterio de exclusión. En la práctica, esa era una de las pocas vías que permanecían abiertas para personas LGBTIQ+, pero la reforma también cerró esa posibilidad.

“La orientación sexual no guarda relación alguna con la capacidad de una persona para brindar un hogar seguro, estable y amoroso a un niño. Cualquier exclusión generalizada basada en la orientación sexual, que reemplace las evaluaciones individualizadas de los posibles padres, es contraria al compromiso declarado de la nueva ley con el interés superior del niño y viola el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma HRW en un comunicado de prensa. 

Otro de los puntos cuestionados de la ley afecta directamente a las infancias trans y a las familias que acompañan y respetan sus identidades de género. La norma establece que la “promoción” de la atención médica de afirmación de género por parte de madres o padres puede convertirse en causal de pérdida de la patria potestad. En concreto, menciona procedimientos médicos o farmacológicos destinados a “modificar el sexo biológico” de un niño, niña o adolescente.

(Le sugerimos: Infancias trans: cuando sus familias les dan la posibilidad de soñar, crecer y ser)

“Lo especialmente preocupante es que no hay evidencia que justifique estas medidas. No existe evidencia de que las personas LGBTIQ+ sean menos aptas para criar a un niño. Tampoco conocemos un proceso significativo de consulta con personas LGBT, familias con hijos trans, organizaciones especializadas o los propios niños, niñas y adolescentes afectados. Es decir, se está legislando sobre la base de prejuicios, desinformación y debates políticos, en vez de evidencia y del interés superior de la niñez”, comenta Cristian González Cabrera, investigador senior sobre derechos LGBT de HRW, en entrevista con El Espectador. 

Las misma organización ha advertido que las normas internacionales e interamericanas de derechos humanos prohíben la discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales, incluso en lo que respecta a los derechos parentales. 

En entrevista con este diario, una persona que lidera una organización social LGBTIQ+ en Ecuador puso el foco en otro elemento. No ha pasado demasiado tiempo desde que el país dejó de criminalizar a esta población y, aunque hoy la homosexualidad ya no está penalizada, persisten otras formas de exclusión promovidas desde el propio Estado, como no garantizarles derechos. La fuente pidió mantener en reserva su nombre y el de la organización por temor a represalias, ante lo que describe como un clima de persecución contra “quienes están en contra de las decisiones del Gobierno”, incluidas organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Aunque el país cuenta hoy con matrimonio igualitario, recuerda que “el delito de homosexualidad recién se despenalizó en 1997. O sea, no son ni 30 años desde que las personas LGBT somos ciudadanos de alguna forma en el país”. Antes, señala, el delito de sodomía existía desde 1872 y luego fue reemplazado por el de homosexualidad, vigente hasta 1997. “Es muy poco tiempo en el que las personas LGBT tienen un poquito más de reconocimiento como seres humanos”, afirma. 

Las nuevas restricciones aparecen, además, en un contexto donde la discriminación y la violencia contra la población LGBTIQ+ ya tienen una presencia considerable. En Ecuador, el 53,5 % de las personas LGBTIQ+ mayores de 18 años reportó haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida, según la última encuesta nacional sobre las condiciones de vida de esta población publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre quienes atravesaron estas situaciones, el 89,8 % sufrió violencia psicológica y el 37,9 % violencia motivada por prejuicios.

“En el caso de la población LGBT, lo que hemos visto es que se han incrementado los índices de violencia, lamentablemente en función de los mismos sondeos que hacen las organizaciones, porque Ecuador no tiene un registro o una estadística donde identifique los grados de violencia o los delitos”, señala. 

El último informe de la Red Sin Violencia LGBTI sobre homicidios por prejuicio en América Latina y el Caribe registró que, durante 2024, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 24 horas. Colombia continuó siendo el país con el mayor número de casos registrados, seguido por México, Guatemala, Honduras y Ecuador. Este tipo de escenarios puede verse reforzado por narrativas que vuelven a presentar a las personas LGBTIQ+ y sus derechos como una amenaza.

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La protección de la niñez y la “ideología de género” como bandera para restringir derechos LGBTIQ+

La nueva ley llega poco más de un año después de que el Gobierno empezara a posicionar la expresión “ideología de género”. En marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó un compromiso público en el que aseguró que su Gobierno no incluiría lo que denominó “ideología de género” en los materiales ni en las instituciones educativas, y que tampoco permitiría “cambios de sexo” en menores de edad. El documento fue suscrito después de una reunión con representantes de sectores religiosos. El pronunciamiento llegó en medio de la controversia por una sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de una niña trans que había sufrido discriminación en su colegio.

La nueva ley llega, además, poco después de un avance importante para las adolescencias trans en Ecuador. La fuente entrevistada explica que desde 2018 distintas organizaciones venían litigando para lograr el reconocimiento del cambio de identidad registral en los documentos de menores de edad. “Y en 2026, en marzo, la Corte Constitucional reconoce que las adolescencias trans desde los 12 años en adelante puedan cambiarse el nombre, el sexo o el género, pero con un certificado psicosocial y con una firma de autorización de sus dos papás”, señala. La respuesta política no tardó, la Asamblea Nacional de Ecuador inició un proceso de "supervisión" para analizar los efectos del fallo. 

“Durante décadas vimos una trayectoria bastante clara en América Latina: de la despenalización hacia el reconocimiento de derechos como el matrimonio, la identidad de género, la protección contra la discriminación, los derechos familiares. Ahora estamos viendo en algunos países una estrategia distinta. No necesariamente se intenta volver a criminalizar la homosexualidad, sino utilizar otras áreas para restringir derechos o hacer más difícil su ejercicio, incluyendo la educación, la salud, la familia, la infancia”, advierte González. 

Y añade que todo lo anterior, ha llegado acompañado con un cambio en el lenguaje, que presenta estas medidas como protección de la niñez o de la familia, muchas veces sin demostrar que exista el daño que supuestamente se intenta prevenir. “Pero proteger a la niñez es una obligación del Estado, no una consigna política”, concluye. 

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Un debate que atraviesa América Latina

Para las fuentes entrevistadas, este no es un fenómeno exclusivo de Ecuador, sino una dinámica que adopta distintas formas en gobiernos de la región. En Colombia, por ejemplo, tras la llegada del actual Gobierno, las acusaciones sobre una supuesta “ideología de género” han aparecido de manera recurrente para cuestionar políticas, información y medidas relacionadas con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, e incluso con la educación sexual integral.

La expresión “ideología de género” empezó a ser promovida desde sectores vinculados al Vaticano en la década de 1990, en medio de las discusiones internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y derechos de la población LGBTIQ+. No se trata, sin embargo, de una categoría científica, académica o jurídica, sino de un término utilizado para agrupar y desacreditar estos temas. 

González, por su parte, agrega que además de utilizar la protección de la infancia como justificación para restringir derechos LGBT, y adaptar narrativas como la llamada “ideología de género”, los gobiernos de este corte usan otros patrones en común como aprobar medidas sin evidencia suficiente y sin escuchar a quienes van a resultar directamente afectados.

“Existe una dimensión política: los derechos LGBT se están utilizando en algunos contextos como una herramienta de polarización y posicionamiento político, incluso en países que han conseguido avances importantes”, agrega. 

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“El problema que estamos viendo es que toda esta ola de retórica [...] siempre se ha anclado en esa exacerbación de los miedos sociales y utiliza a las personas LGBT como un chivo expiatorio para no discutir los temas esenciales o los problemas esenciales que tienen los países y un poco disuadir de los debates medulares, económicos, políticos de seguridad”, sostiene. A su juicio, se trata de una dinámica que trasciende Ecuador y que ha ganado fuerza dentro de una corriente política global más amplia.

El investigador explica que es necesario hacer una lectura de este escenario que no lo presente como un retroceso uniforme en toda América Latina, sino como el de una región con avances y retrocesos simultáneos. Precisamente por eso, advierte, Ecuador resulta tan ilustrativo: el país ha reconocido el matrimonio igualitario y su Corte Constitucional ha emitido decisiones importantes en materia de derechos de las personas LGBT,  pero otros sectores estatales impulsan ahora medidas en la dirección contraria.

“El punto central es que los derechos fundamentales no deberían depender del cálculo político del momento. Los legisladores tienen la obligación de legislar para toda la sociedad, sobre la base de evidencia, igualdad y derechos humanos”, resume. 

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Luego de que el 2 de septiembre se conociera la sorpresiva renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, quien argumentó una “situación familiar inesperada”, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.  

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Desde entonces, su llegada ha generado dos lecturas. Mientras algunos destacan su formación académica y trayectoria profesional como credenciales para el cargo, otras personas han encendido las alertas por su historial público frente a asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las personas LGBTIQ+ y la diversidad familiar. ¿Qué tan cierto es lo que se dice sobre la nueva ministra?

Por un lado, hay quienes resaltan su formación académica y su trayectoria en el sector público como suficientes para asumir el Ministerio de Educación. Esa fue también la línea con la que se presentó su nombramiento. Al designarla, la Presidencia aseguró que “será una gran ministra” y que servirá al país “con entrega, carácter y convicción”.

En cuanto a su paso por la academia, como detalla un breve perfil de la Universidad de La Sabana, Hoyos es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y ha realizado estudios en derechos humanos. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Se ha desempeñado como docente en universidades como el Rosario, La Gran Colombia, la ESAP, Los Andes, Santo Tomás y el Externado. También ha tenido experiencia académica internacional en instituciones como las universidades de Salamanca, Zaragoza y Navarra, en España; la Universidad Católica de Chile; y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Su trayectoria también incluye cargos como representante de la Asociación Colombiana de Universidades en el Comité de Defensa. Sus áreas de investigación han girado en torno a la dignidad humana, la libertad religiosa y los derechos de la infancia, temas que también aparecen en sus publicaciones sobre derechos humanos y sus implicaciones en el derecho civil, constitucional y comparado.

En su recorrido profesional, Hoyos ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, cargo que ocupó durante buena parte del periodo en que Alejandro Ordóñez estuvo al frente de la Procuraduría, entre 2009 y 2016. 

También es reconocida por sus vínculos estrechos con la Iglesia católica. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia y ha participado en espacios del CELAM y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, presidió el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal, participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Aparecida, Brasil, y fue auditora en el Primer Sínodo de la Familia, en Ciudad del Vaticano.

Ilva Myriam Hoyos, su postura frente al aborto y la pelea judicial

Entre los argumentos en contra de su nombramiento aparece su oposición pública a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto. Desde esa lectura, advierten que una ministra con esa visión podría profundizar una agenda regresiva en asuntos como la educación sexual integral, la diversidad y la libertad de pensamiento, justamente desde una cartera cuyas decisiones impactan a millones de niñas, niños y adolescentes.

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Lo cierto es que Hoyos ha mantenido durante años una postura jurídica e institucional clara frente a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los primeros registros aparece en 2006, durante el debate que terminó en la Sentencia C-355, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales. En ese proceso hubo numerosas intervenciones contrarias a la despenalización, con argumentos sobre la protección de la vida desde la concepción, los límites a la libertad reproductiva de las mujeres y la prevalencia de la vida prenatal. 

De hecho, Mónica Roa, con quien años después Hoyos entraría en una disputa judicial, la describió como “la más vehemente opositora de la sentencia C-355”. En 2009, en el artículo El derecho a decidir: avances, obstáculos y amenazas, publicado en Razón Pública, afirmó que Hoyos “presentó 47 escritos contra la demanda que logró la liberalización del aborto, pidió su nulidad, escribió varios libros y artículos criticando esta sentencia y anunció su compromiso personal contra la sentencia”.

La discusión también la llevó al ámbito académico. Solo para dar un ejemplo, en un artículo escrito un mes después de proferido el fallo del alto tribunal, llamado “La Corte Constitucional: entre la ley de gradualidad y la gradualidad de la ley”, cuestionó la decisión, a la que calificó de “polémica”. También sostuvo que la Corte había despenalizado el aborto en tres supuestos y que el tema abría conversaciones sin resolver, como los deberes de los médicos para está práctica.

Sus posturas sobre este tema también quedaron plasmadas durante su paso por la Procuraduría. En 2011, Mónica Roa y otras 1.279 mujeres interpusieron una tutela contra Alejandro Ordóñez, entonces procurador General de la Nación, Ilva Myriam Hoyos y otra procuradora delegada por la difusión de información que consideraban inexacta o tergiversada sobre derechos sexuales y reproductivos. La Corte les dio la razón en varios puntos mediante la Sentencia T-627 de 2012 y concluyó que esas actuaciones habían vulnerado o amenazado derechos fundamentales. Finalmente, Hoyos denunció a Roa por injuria y calumnia.

En el caso de Hoyos, el alto tribunal le ordenó rectificar un oficio que había enviado en 2010 a la Superintendencia de Salud, en el que pedía modificar una circular destinada a remover obstáculos para acceder a la IVE. También le advirtió que no debía intentar impedir o dificultar, sin una razón válida, que el misoprostol estuviera incluido en el sistema de salud y fuera cubierto por este. Ese fallo dejó sin piso la denuncia penal que Hoyos había interpuesto contra Mónica Roa.

Matrimonio igualitario: las controversias que rodearon su paso por la Procuraduría y la CIDH

Otro de los cuestionamientos apunta a su postura frente a las familias diversas. Organizaciones sociales y sectores políticos han descrito su trayectoria como “abiertamente conservadora en temas de familia” y, en algunos momentos, incluso hablaron de una persecución contra las parejas del mismo sexo, especialmente durante los debates sobre matrimonio igualitario y el seguimiento que hizo la Procuraduría a estas uniones.

Frente a los derechos de las parejas del mismo sexo también hay antecedentes concretos. Todo se remonta a 2011, cuando la Corte Constitucional reconoció mediante la Sentencia C-577 de 2011, que estas parejas también constituían familia y exhortó al Congreso a regular sus uniones en un plazo de dos años. El fallo permitió que, si esa fecha límite vencía sin una regulación, las parejas podrían formalizar y solemnizar su vínculo. El alto tribunal usó los ingredientes del matrimonio sin llamarlo abiertamente así. Tal como se pronosticó, el Legislativo no reguló estas uniones y, desde ese momento, bajo una interpretación amplia de la sentencia, algunos jueces y notarios celebraron estos vínculos.

La Procuraduría fue crítica frente a estas interpretaciones, y el caso llegó nuevamente a la Corte Constitucional. La participación de Hoyos en ese proceso, según se menciona en la Sentencia T-444 de 2014, estuvo relacionada con una solicitud a procuradores regionales, provinciales y judiciales de familia en la que pedía que enviaran información y copias sobre solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo y peticiones de solemnización de sus uniones. 

En su momento, organizaciones sociales denunciaron lo que consideraban una persecución de la Procuraduría contra estas parejas. Al revisar el caso, la Corte aclaró que recopilar esa información no vulneraba por sí solo los derechos a la privacidad y la protección de datos. El problema, señaló, estaba en cómo podía utilizarse: no era válido usar esos datos para “imponer a través de directrices de carácter general una determinada lectura de la Sentencia C-577 de 2011”. Alejandro Ordóñez pidió después la nulidad de la sentencia, pero la Corte le negó. 

La cumbre de controversia sobre este tema se dio alrededor de una foto y de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 2013, Ilva Myriam Hoyos acudió a Washington en representación de la Procuraduría para participar en una audiencia temática sobre la situación de quienes defendían los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Allí, organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ denunciaron actuaciones de la entidad que, según ellas, constituían hostigamiento o persecución.

Se expusieron, entre otros, los casos de Women’s Link Worldwide, que señaló hostigamiento y criminalización contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos, entre ellas Mónica Roa; Daniel Sastoque, exfuncionario que denunció persecución por su orientación sexual; y Dorian Juliet Gómez quien acusó obstáculos al desarrollo de la Clínica de las Mujeres de Medellín, que, según su denuncia, habrían sido promovidos por la Procuraduría. Hoyos rechazó esas acusaciones y sostuvo que la entidad actuaba dentro de sus funciones de vigilancia y control.

Un mes después, durante el debate del proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, Hoyos fue fotografiada mientras escribía en su BlackBerry que estaba “dedicada al lobby” y que, por lo que había hablado, creía que el proyecto “se hunde”. Colombia Diversa anunció que llevaría la imagen ante la CIDH como evidencia adicional. Las denuncias de las organizaciones sociales quedaron recogidas posteriormente en informes de la CIDH sobre Colombia, que además formuló recomendaciones al Estado para proteger su labor y garantizar la no discriminación de las personas LGBTIQ+.

Este es apenas un rastreo de algunos de los múltiples señalamientos que rodean a la nueva ministra de Educación. Lo cierto es que sus antecedentes han encendido alertas entre personas y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos y los de la población LGBTIQ+, especialmente por el alcance que ahora tendrán sus decisiones desde el Ministerio de Educación. 

(Lea aquí: ¿Ideología de género o educación sexual? La ofensiva que impulsa el gobierno De la Espriella)

¿Qué implica la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?

Para fuentes consultadas, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio confirma una preocupación que organizaciones sociales vienen planteando desde hace tiempo: que el actual Gobierno podría representar un retroceso para los derechos de personas perteneciente a grupos históricamente discriminados. En su lectura, el nombramiento sugiere que el presidente busca mantener —e incluso profundizar— esa línea desde un espacio especialmente sensible como la educación, con posibles efectos sobre las políticas de diversidad y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+.

“Creemos que el mensaje contundente que deja un nombramiento como el de Ilva Myriam, después de haber conocido su recorrido por la Procuraduría, es que este Gobierno efectivamente quiere usar el poder Ejecutivo para reducir la capacidad de agenciamiento de derechos de los grupos históricamente excluidos y discriminados”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. 

El director reconoce que la Constitución y las múltiples sentencias de la Corte Constitucional han blindado buena parte de estos derechos y que, en un Estado social de derecho, no es sencillo echar atrás conquistas ya reconocidas. Sin embargo, advierte que las alertas no pasan únicamente por la posibilidad de eliminar derechos, sino por la forma en que un Gobierno puede frenar su garantía e implementación.

Por su parte, Allison Wolf, coordinadora de la Maestría en Género de la Universidad de los Andes, pone el foco en la educación sexual integral. Para ella, uno de los principales riesgos es que se frenen o debiliten estos programas, que no se limitan solo a enseñar sobre sexualidad, también sobre la salud mental, la diversidad y la prevención de violencias. “Son muy importantes y sabemos que tienen resultados positivos”, señala. Además, recuerda que este tipo de educación busca promover “respeto” y “valores de tolerancia”, no imponer determinadas orientaciones o identidades.

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Wolf también advierte sobre el futuro de programas educativos con enfoque diferencial y de género, incluidos aquellos que buscan cerrar brechas entre niñas y niños, por ejemplo, en el acceso a áreas como la ciencia. “Hay un riesgo de quitar todos esos programas dirigidos con un enfoque diferencial, un enfoque de género, para cerrar brechas históricas entre las oportunidades que tienen las niñas y los niños”, explica.

“Me preocupa que, bajo la sombrilla de eliminar la ‘ideología de género’ —que no existe, no es un término académico—, se utilice un término político inventado para resistir cambios de inclusión de niñas y personas LGBT en los currículos, en la educación y en la sociedad. Para mí hay un riesgo grande de utilizar este lenguaje para oscurecer la infiltración de ideología religiosa, en particular cristiana y católica, en el sistema educativo”, finaliza.

Expertos señalan los principales retos en materia de género de Ilva Myriam Hoyos en MinEducación

Para Castañeda, uno de los principales retos de la cartera será garantizar que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes LGBTIQ+, una deuda que, señala, quedó especialmente expuesta desde el caso de Sergio Urrego, el estudiante que se quitó la vida tras enfrentar discriminación y hostigamiento por parte de las directivas de su colegio, y cuyo caso derivó en una sentencia de la Corte Constitucional. Esto implica prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, acompañar a las familias y evitar que docentes y orientadores reproduzcan prejuicios. “Requerimos que el sistema escolar dé herramientas a los padres de familia para acompañar a sus hijos o hijas LGBTIQ+”, dice. 

El director recordó las actuaciones de Hoyos desde la Procuraduría, cuando cuestionó la revisión ade materiales educativos que buscaba responder a las órdenes de la Corte frente a la discriminación en los colegios. El experto calificó ese episodio como una “cacería de brujas”. También agregó que Hoyos fue una de las personas que promovió la idea de que el Acuerdo de Paz incorporaba la llamada “ideología de género”. “Incluso presentó el conteo de cuántas veces ‘género’ aparecía en el acuerdo”, dice.

Hecho ese recorrido, considera clave mantener la educación en derechos sexuales y reproductivos dentro de las aulas. “Sacar la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de los establecimientos educativos pensando que es una cuestión ideológica, nos lleva a la crisis que tuvimos en el sistema educativo en los años 80 y 90”, advierte. 

Castañeda aclara que sus cuestionamientos no pasan por desconocer la trayectoria profesional de Hoyos, a quien describe como una abogada “muy contundente, muy sagaz, muy estratégica”. La preocupación, insiste, está en los antecedentes de sus actuaciones frente a los avances en derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y en cómo esa visión puede trasladarse ahora a la política educativa.

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“Ninguna de las funcionarias recientemente nombradas en altos cargos oficiales, representa las agendas del feminismo”: Diana María Salcedo.

Debido a un hallazgo de la prensa – Reporte Coronell -, se revelaron públicamente los lineamientos preliminares de quienes estudian el Plan de Desarrollo que propondrá el gobierno De la Espriella. En el primer punto figura un título que llamaron “Milagro de la vida” y su tema prioritario se define así: “postura ‘provida’ (revertir el aborto)”. Aunque después se informó que ese catálogo solo era un borrador, coincide con anuncios hechos por la campaña ganadora. ¿Cuál es la posición de LIMPAL sobre la intención de “revertir el derecho de aborto” en Colombia?

En primer lugar, hay que aclarar que una postura “provida” no debería, necesariamente, implicar una posición contra la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En segundo lugar, también es necesario afirmar que la misoginia estructural que se refleja en las actitudes antiderechos del nuevo Gobierno, lleva a creer que estaría a favor de la vida por su rechazo a la IVE. Sin embargo, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-055 de 2022 (despenalización del aborto), admite que la vida es un bien jurídico protegido, pero no absoluto. Ese derecho debe ponderarse frente a otros como la dignidad, autonomía y salud de las mujeres. Claramente, la actual administración, permeada por sus complicidades con los sectores más confesionales del país, busca un nuevo guiño de esos grupos con su actitud, con la que ataca directamente la autonomía y libertad de las mujeres mediante el control de nuestros cuerpos y decisiones.

Como acabamos de comentar, en la campaña del recién posesionado mandatario se mencionó esa intención y se sabe que las iglesias y grupos ultraconservadores que acompañaron su candidatura, son abiertamente partidarios de la eliminación del derecho a la IVE. Incluso, unos congresistas anunciaron la presentación de un proyecto de ley en ese sentido. ¿Ustedes han analizado la situación política y jurídica que enfrentarían si se concreta este preaviso?

Sí. Lo hemos analizado, incluso antes de que el presidente se posesionara; y hemos advertido sobre los riesgos que implica un Gobierno como el actual, no solo porque se amenaza el principio fundamental de igualdad sino porque se usa el adoctrinamiento religioso para infiltrar la misionalidad del Estado Social de Derecho con la también llamada “batalla cultural”. Hay peligro real de que se concreten sus propósitos y se adelanten acciones legislativas en tal sentido, en tanto el Gobierno ha anunciado una agenda que es autoritaria, militarista, conservadora y misógina; y que atenta contra el 52% de la población colombiana: las mujeres. En este caso, nosotras, que no nos dejamos llevar por delirios ideológico – religiosos, activaremos, como lo hemos hecho siempre, una resistencia organizada, la movilización feminista y la denuncia internacional.

¿A qué llama usted, específicamente, “resistencia organizada” y de qué manera la activarían? Según las primeras líneas que se conocen sobre la posición oficial frente a las protestas, sus movimientos podrían confundirse con un “acto terrorista”.

De ninguna manera nuestras acciones podrían confundirse con “terrorismo”. Con resistencia organizada feminista me refiero a una respuesta colectiva y estratégica, pero, ante todo, pacifista, no violenta, para confrontar los intentos de retroceder nuestros derechos no con acciones esporádicas, sino con incidencia política, respuesta jurídica y denuncia internacional.

En el mismo catálogo sobre los puntos que deberían contemplarse en el Plan de Desarrollo oficial, se propone la meta de “bajar el 30% (de) la violencia contra las mujeres y el 40% (de) los feminicidios”. En el texto no se explica por qué ni cómo se llegó a esos porcentajes o qué pasaría con el resto que no pretende ser intervenido. De acuerdo con la experiencia de su organización en el fenómeno de la violencia de género, esos dos objetivos, ¿son realistas en una política de protección a las mujeres?

Bueno, esa es una máxima que se mencionó, también, en campaña, y que pareciera estar fuera de contexto. En un país como el nuestro, en donde, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios al menos una o dos mujeres han sido asesinadas por su género, cada día - la mayoría a manos de parejas o exparejas que las consideraban como de su “propiedad” -, trazarse metas con porcentajes parciales y minoritarios, es irresponsable y superficial. El fenómeno de las violencias de género, que es de grandes proporciones, no puede combatirse con datos arbitrarios, sino con políticas serias, presupuesto y voluntad sincera. Los porcentajes señalados son un maquillaje estadístico que oculta la falta de compromiso estructural con programas integrales de protección.

Aunque no está en el proyecto de Plan de Desarrollo, también hay polémica pública por una instrucción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que fue respaldada por la directora nacional, de eliminar del lenguaje de esa entidad, el término diferenciado “niña” cuando se menciona a “los niños y las niñas”. Según la orden, en adelante se debe decir “niñez”. En su condición de dirigente de una institución feminista, ¿cuál es su posición al respecto?

Las feministas hemos dicho que el lenguaje importa; las palabras permiten entender realidades que no describen historias aisladas, sino que aluden a la existencia de una parte importante de nuestra población, en este caso, las niñas. En Colombia, por cada 100 mil niñas de 0 a 11 años de edad, se reportan 193 casos de violencia sexual. Ellas son víctimas, con una mayor tasa que las demás mujeres, de sometimiento al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado, especialmente en las zonas rurales. Es muy claro que nombrarlas no solo es una obligación; sobre todo, es un derecho porque visibilizando su presencia, se posibilitan el estudio y análisis de las desigualdades estructurales y de las condiciones sociales que provocan su discriminación para, a su vez, identificar las prioridades de una política pública que deba adoptarse.

Pero, aunque esa orden es desafortunada, pareciera que la eliminación del término “niña” solo se refiere a un modo de hablar que no le gusta al Gobierno.

 No se trata solamente de que se use o deje de usar la fórmula lingüística “niñas y niños”. Hay que comprender que “borrarlas” a ellas de las menciones y documentos oficiales, también implica desaparecerlas de las estadísticas, de los sistemas de información que no registrarán su sexo y de las investigaciones sobre sus necesidades diferenciadas.

Una frase en otro de los puntos propuestos para tener en cuenta en el Plan de Desarrollo, dice que el Gobierno propondrá el “porte legal de armas para el ciudadano ‘decente’” (escribe la palabra “decente”, así: entre comillas).  Esa idea, ¿afecta a las mujeres aun cuando no sean las portadoras mayoritarias de esas herramientas mortales?

En un país en que la militarización y la masculinidad siguen siendo factores determinantes de la violencia contra las mujeres, la circulación de armas es un asunto que nos afecta. De activarse esa medida, sería muy peligrosa en tanto normaliza la violencia derivada; y expone, más aún, a niñas y mujeres puesto que el “ciudadano decente” armado puede ser, simultáneamente, el padre de familia autoritario, el hombre celoso y violento, el misógino. Un hombre armado puede ser cualquiera, además de ser “decente”. Si el porte legal de armas se autorizara, se aumentaría su existencia en los hogares. Y ya sabemos, porque ha sido suficientemente constatado, que el lugar más riesgoso para las niñas y mujeres, es, precisamente, el interior de sus viviendas.

¿Existen datos verificables según los cuales se compruebe que el porte legal de armas tiene relación directa con el aumento de la violencia de género?

Sí. Según la evidencia disponible, a más armas en circulación, más feminicidios y homicidios de mujeres. Las armas de fuego son las herramientas mayormente usadas para cometer feminicidios, y constituyen el instrumento principal de los varones para incrementar su dominio, su poder y su autoridad, y para mantener coaccionadas a las mujeres de su entorno.

Esta semana la destacada columnista feminista Florence Thomas, publicó uno de sus comentarios en El Tiempo, en que le pide al presidente recién posesionado que aluda a las mujeres en sus discursos. De hecho, su columna se titula “Colombianos y colombianas, buenos días”. Dirigiéndose a De la Espriella afirma: “presidente, nombrar a las mujeres en los discursos oficiales es un asunto de respeto…” Y añade: “hubiera querido pensar que una derecha relativamente ilustrada hubiera podido leer, mejor, los contextos del país y sus profundas transformaciones”. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con Florence o ella está siendo exagerada?

Estoy plenamente de acuerdo con Florence Thomas. El presidente se ha burlado de las mujeres, ha sexualizado nuestros cuerpos, ha cuestionado nuestra inteligencia, infantilizado nuestras afirmaciones y ha calificado nuestros análisis como un “capricho de resentidas”. Además, ha reafirmado su “propiedad” sobre su esposa. Un mandatario que ha dejado constancia pública de esos actos, claramente no tiene la intención de reconocer a las mujeres como sujetos políticos.

No obstante, el recién posesionado mandatario ha nombrado a varias destacadas mujeres en su gabinete ministerial y en otros cargos de relevancia política. Seguramente, ellas estarán en desacuerdo con usted…

Sí. Es posible que en defensa del mandatario se diga que ha nombrado ministras y directoras de entidades oficiales, y que ha enaltecido sus hojas de vida. Pero ese truco nos “aprieta” a las feministas que llevamos décadas rastreando cómo el patriarcado ha hecho uso de sus mejores herramientas para moldear y posicionar a mujeres cómplices que terminan impulsando su proyecto dictatorial. Ninguna de las funcionarias recientemente nombradas en altos cargos oficiales, representa las agendas del feminismo. Al contrario, han construido su camino político apoyándose en las estructuras de opresión y poder patriarcal.

Thomas también rechaza la existencia de una llamada “ideología de género” con la que sectores conservaduristas combaten el feminismo. Y afirma que lo que sí existe es una herramienta de análisis llamada “enfoque o perspectiva de género”, que se utiliza para comprender las violencias contra las mujeres en su verdadera dimensión. La discusión política en Colombia sobre la supuesta “ideología de género”, ¿ha impactado los derechos educativos de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con las observaciones de su entidad?

Por el momento, nos preocupa que altos funcionarios del gobierno De la Espriella utilicen la expresión “ideología de género” para cuestionar la educación con enfoque de género. No es una simple discusión semántica: la primera expresión se ha convertido en una herramienta política para deslegitimar derechos que las mujeres y las personas LGBTIQ+ hemos conquistado durante décadas. El segundo vocablo alude a una perspectiva de género mediante la cual se puede determinar, objetivamente, que las desigualdades y las violencias sociales afectan, de manera diferenciada, a las mujeres y niñas. Gracias a la utilización de esa óptica, en Colombia se han podido reconocer los impactos específicos que padecieron las mujeres durante el conflicto armado, entre ellos, las graves violencias sexuales que anteriormente no habían sido consideradas.

Pese a lo que usted dice, no solo hombres sino mujeres destacadas en áreas económicas y políticas, se han sumado al rechazo a esa presunta “ideología de género”. Sostienen que tal esquema es un riesgo para la formación de los jóvenes.

Justamente, en esta discusión el problema consiste en que se ha construido una narrativa que presenta el enfoque de género como si fuera una “ideología” que amenaza a niños y niñas, cuando, en realidad, se trata de una herramienta de análisis para entender los contextos sociales en los cuales se facilitan, permiten o favorecen las violencias en contra de las mujeres y niñas, en tanto las estigmatizan por su género. Y lo que se pretende no es inducirles una “ideología” específica sino prevenir y cuestionar los estereotipos sociales, y garantizarles sus derechos, empezando por el de igualdad.

Me da pena con usted, pero no creo que mucha gente entienda este debate: por un lado, se exacerban los miedos; y por el otro, parece que nadie quiere escuchar argumentos.

Le voy a dar un ejemplo claro: pensemos en una mujer que vende tintos en cualquier esquina. Si le preguntamos si ha sufrido cargas de cuidado, ha tenido menos oportunidades educativas y ha padecido violencias de cualquier orden; y si, además le decimos que si considera que el Estado debería responder por lo que le ha sucedido, probablemente dirá que sí a todo lo anterior. Pero si la interrogamos sobre si está de acuerdo con la “ideología de género”, contestaría, muy posiblemente, que no ¿Por qué? Porque se le ha mal informado que hablar de género significa adoctrinar o inducirle ciertas creencias a niños y niñas. Este es precisamente el truco: convertir una herramienta para combatir la discriminación, en una amenaza. La intencionalidad de fondo es clara y consiste en instalar la idea de que la igualdad es peligrosa. Aquí lo que está en riesgo no es una ideología sino los derechos.

Tal vez el aparte más llamativo de la columna de la profesora Thomas es aquel en que advierte que el país ha cambiado tanto, que el Gobierno debe prepararse para una resistencia pacífica de las mujeres, como usted dijo. Afirma la columnista pionera del feminismo en Colombia: “prepárense porque las colombianas acompañadas por las millones de feministas del país, estamos más que listas… para no dejarnos arrebatar nuestras conquistas”. El campo de acción de su organización LIMPAL, ¿incluye participar en este tipo de protestas o no tienen autorización?

Por supuesto, estamos autorizadas y dispuestas a dar el debate, o a confrontar cualquier postura que busque borrarnos o limitarnos. El desafío actual no consiste, solamente, en defender lo que hemos conquistado sino en evitar retrocesos y ampliar garantías, especialmente para las mujeres de grupos minoritarios y las habitantes de los territorios afectados por los conflictos armados. El movimiento feminista en Colombia es reconocido, a nivel mundial, por posicionarse en favor de la paz y no será este el momento en el que dejemos de actuar. Efectivamente, actuaremos con estrategia y sin violencia. Concretamente, nos preocupan la reducción de las políticas de igualdad, el cuestionamiento a los enfoques de género, el riesgo a retroceder a una concepción única de familia y el silencio ante la implementación del Acuerdo de Paz que las mujeres impulsamos y seguiremos abanderando.

Movimiento mundial de mujeres por sus derechos y la paz

¿Qué es LIMPAL, cuáles son sus objetivos y a cuáles organizaciones internacionales se integra? 

LIMPAL significa Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, sección Colombia de Womens International League for Peace and Freedom WILPF. Este es un movimiento mundial que se opone a las confrontaciones armadas y al militarismo desde hace más de un siglo: 1915. Su posición fundamental es el feminismo pacifista. En este país, trabajamos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las salidas negociadas a los conflictos armados, la ampliación de la democracia y la cultura de paz. Estamos presentes en Colombia desde 1998 (hace 28 años). Hicimos parte del movimiento social feminista en los diálogos de la Habana, con el fin específico de que fueran expresamente definidas las políticas a favor de las mujeres, en general, y de las defensoras de derechos humanos, en particular, además de la participación política paritaria. En 2021, recibimos el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

Con la entrada del gobierno de Abelardo de la Espriella al poder, resurgió un tema que ha hecho parte de los debates en materia de derechos humanos durante los últimos años: la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Cuando se escucha hablar sobre estrategias pedagógicas para formar a niños, niñas y adolescentes desde la etapa escolar en la prevención del embarazo, el reconocimiento de violencias basadas en género y la inclusión, surgen inquietudes respecto a lo que implica. Entre ellas, reaparecen las críticas de sectores conservadores que cuestionan estos programas, los asocian con que busca “perjudicar a la niñez” y promueve lo que denominan “ideología de género”.

El más reciente de estos episodios fue protagonizado por la exministra de Educación, Viviane Morales -quien presentó su renuncia el pasado 2 de septiembre-, cuando aseguró que los temas relacionados con educación integral en sexualidad son, en realidad, una “estrategia progresista” con la que se busca “ideologizar a los niños”. ¿Pero de qué se habla realmente cuando se refieren a la formación de niñas y niños en estos temas dentro de los ámbitos escolares?

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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “la educación sexual integral ayuda a las y los jóvenes a aprender sobre los aspectos emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, proporcionándoles los conocimientos necesarios para proteger y defender su salud, su bienestar y su dignidad”. En esta definición cabe además la enseñanza sobre relaciones saludables, derechos sexuales y reproductivos -ajustados a las diferentes edades- y prácticas que permiten a niñas y niños respetar y reconocer la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales.

“Tomar decisiones informadas, cuidarse a sí mismos y alcanzar la autonomía corporal” son los principales beneficios de una educación integral en sexualidad, según el organismo. A través de estos pilares, se construye posteriormente el criterio para “defender los derechos humanos y alcanzar la igualdad de género”.

La educación integral en sexualidad está compuesta por la formación en ocho tópicos: relaciones; valores, derechos, cultura y sexualidad; comprensión del género; violencia y cuidado propio; habilidades para la salud y el bienestar; el cuerpo humano y el desarrollo; sexualidad y comportamiento sexual; y salud sexual y reproductiva.

En ese sentido, este componente educativo reconoce las diversas necesidades que tienen las niñas y los niños tomando en consideración “su edad, su raza, su clase, su género y su experiencia sexual”. Además tiene en cuenta otros factores fundamentales, como las condiciones sociales en las que se encuentran, su ubicación geográfica, así como “si pertenecen a grupos marginados y vulnerables, como los que tienen discapacidades, jóvenes LGBTIQ+, los que viven en entornos humanitarios, jóvenes indígenas y geográficamente aislados, y quienes viven con VIH”.

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En Colombia las brechas se mantienen y se profundizan a pesar de los logros

Según la organización Poderosas, que se dedica a la formación integral en sexualidad en Colombia, nuestro país tiene un marco legal robusto en esta materia gracias a la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aseguran que el marco normativo no garantiza su implementación, pues los datos muestran una brecha importante entre lo que la ley exige y lo que realmente sucede en las aulas.

“Para 2024 sólo el 34 % de los colegios había capacitado a sus docentes en sexualidad y derechos reproductivos -apenas el 10 % en prevención del VIH-, y solo el 19 % había entregado información actualizada sobre anticoncepción”, asegura la organización, basándose en el Índice de Welbin.

En esta misma línea, Lina Corredor, directora de Aliada, una agencia pedagógica en derechos sexuales y reproductivos, sostiene que “en Colombia hay avances estructurales que son innegables, pero siguen existiendo unas señales de alerta que no se pueden minimizar”. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) señala que, para el año 2015, el 95,1 % de las mujeres y el 94,4 % de los hombres tenían acceso a información sobre sexualidad. No obstante, para 2025 -y a pesar de que existen mayores posibilidades de acceso a la información-, el porcentaje se redujo al 80,4 % entre las mujeres y al 71,4 % entre los hombres.

Además, la UNFPA y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sostienen que Colombia tiene un grado bajo de implementación efectiva de programas de EIS en el sector educativo. Aunque no se encuentra en la categoría de países que desconocen totalmente este tema, sí se suma a Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana en este escalón.

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Los impactos reales de la educación sexual en el país: el Índice del Poder de Decidir (IDP)

“Estamos viviendo narrativas y discursos que nos están diciendo erróneamente que la educación integral en sexualidad es una amenaza, pero no lo es. No hay datos que muestren algo así. Lo que sí hay son datos que muestran que la educación sexual logra transformar realidades para tomar mejores decisiones. [...] La educación sexual fortalece el poder de decidir, el nivel de autonomía y las posibilidades de relacionarnos de forma más equitativa”, dice Mariana Sanz, directora de Poderosas, quien, junto a Cifras y Conceptos, construyó el Índice del Poder de Decidir (IDP), una herramienta para medir el impacto de la educación sexual en el país.

Esta iniciativa muestra lo que sucede en diferentes instituciones educativas a nivel nacional antes y después de procesos de formación en educación integral en sexualidad.

Con este indicador, la organización comparó los conocimientos entre estudiantes antes y después de los procesos de formación y encontró varios cambios que vale la pena destacar. El primero tiene que ver con la idea de que “la virginidad” es un constructo social. Antes de la formación, solo el 14 % de niños y niñas de las distintas instituciones educativas conocía este concepto; después, la cifra subió al 48 %. Algo similar ocurrió con la comprensión de la menstruación como un proceso natural: el conocimiento pasó del 34 % al 74 %. Otro tema importante fue el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho y como una decisión personal, un indicador que pasó del 45 % al 70 % tras la formación.

Además, se trabajaron otros temas, como las labores de cuidado —y la idea de que no son responsabilidad exclusiva de las mujeres—, el funcionamiento de los órganos sexuales y la identificación de las violencias basadas en género. En todos los casos, los indicadores aumentaron respecto a la primera encuesta, lo que contribuyó a cuestionar y corregir mitos e información falsa presentes entre las creencias de la población estudiantil.

En ese sentido, María José Álvarez, educadora con perspectiva de género de la Universidad de los Andes, asegura que a través de la educación sexual y de iniciativas como Poderosas, las niñas y los niños “aprenden cómo cuidarse, relacionarse con otros, disfrutar y amar. Tenemos que pensar que es una parte fundamental del currículum, como las matemáticas o el lenguaje”.

Y agrega que “la capacidad de decidir varía según dónde nacemos en Colombia, si somos mujeres, si somos hombres, si somos pobres, si no lo somos y esto tiene unas consecuencias enormes a largo plazo. Cuanto más temprano tenemos hijos, es más infrecuente terminar la educación y por lo tanto tener mejor empleo. La educación integral en sexualidad reduce las desigualdades en el poder de decidir y permite comprender las consecuencias que tiene tomar un camino u otro”.

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Los resultados también muestran cambios en la comprensión de la diversidad sexual y de género: después de la formación, aumentó el reconocimiento de expresiones y actitudes discriminatorias relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, aumentó la capacidad para reconocer los celos como una señal de violencia y no como una muestra de cariño, identificar las violencias basadas en género y saber a dónde acudir en caso de violencia sexual o física. Además, “los estudiantes aprendieron a solicitar métodos anticonceptivos gratis y reconocen como anticonceptivos el condón masculino, las pastillas, el implante, la inyección y el anticonceptivo de emergencia, entre otros”.

Aunque los beneficios son comprobables, según los resultados presentados por el IDP, la educación sexual integral en el país es constantemente estigmatizada y su implementación puede verse afectada en lo que respecta a los colegios públicos, que dependen de cómo se le de manejo a estas temáticas desde el gobierno de turno. Sin embargo, niñas y niños que han pasado por Poderosas y se han formado en educación sexual integral hoy agradecen que existan procesos como estos.

“Está bien cuidarte, pensar en ti, en tu futuro y en tu salud”, dijo Juan David. “Antes no sabía nada de educación sexual, cuando aprendí, aparte de saber que sí existía, me pregunté cómo compartir esto con las demás personas y con mi comunidad educativa”, aseguró Sara. “Cambió mi manera de percibirme, de relacionarme con las personas y de entender a las mujeres”, dijo Daniel. Tanto Juan David como Sara y Daniel pasaron por procesos de formación en educación sexual integral e hicieron parte del estudio.

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La educación ha sido, históricamente, un terreno que toca fibras en Colombia. Una y otra vez reaparece la discusión sobre qué se espera de los colegios frente a asuntos que algunos sectores consideran sensibles o contrarios a determinadas enseñanzas religiosas, como el género, la sexualidad o la diversidad. Detrás de esas discusiones no solo hay diferencias pedagógicas, sino distintas visiones sobre quién define los valores y las formas de entender el mundo que llegan a las aulas.

Se notó en 2016, cuando la discusión sobre los manuales de convivencia terminó convertida en una batalla alrededor de la supuesta “ideología de género”. La controversia surgió en medio de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para enfrentar la discriminación en los colegios, a raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida tras ser hostigado por su orientación sexual. Y ahora, volvió a aparecer en el debate público. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, organizaciones y activismos alertaron sobre el temor derivado de que determinadas visiones religiosas y conservadoras puedan incidir en asuntos como la educación sexual integral o en el reconocimiento de la diversidad en las aulas.

La discusión cobra fuerza con la designación de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales, quien presentó su renuncia por una “situación familiar inesperada” después de menos de un mes en el cargo. Durante su breve paso por la cartera, Morales anunció la revisión de materiales utilizados en las instituciones educativas como parte de su intención de combatir lo que considera una “ideologización” en colegios. Su gestión también dejó sobre la mesa un proyecto para modificar las reglas bajo las cuales las entidades territoriales podrían contratar con terceros la prestación del servicio educativo, incluida la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas.

El Espectador conversó con Fidel Mauricio Ramírez, investigador en educación, con más de una década de trayectoria en análisis de religión y género. Es licenciado en Teología y Filosofía, magíster y doctor en Educación y especialista en Interculturalidad, con estudios de género. Ha investigado sobre inclusión educativa, homofobia en la escuela, entre otras cosas. Ramírez reflexionó en entrevista sobre el papel de las convicciones religiosas en los entornos de aprendizaje y los riesgos detrás de esto.

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Empecemos por un tema que sigue siendo sensible, juntar en una misma discusión religión, género y educación. ¿Qué lectura hace de cómo se aborda esto en Colombia? ¿Cuáles son los argumentos que más se repiten para cuestionar o defender la unión de estos aspectos?

Este asunto nos implica entender que no es un tema local. Hace parte de unas estrategias transnacionales que pueden ubicarse claramente en los intentos de ciertos movimientos conservadores por frenar los avances en materia de derechos de las mujeres. Esto se gesta con más fuerza después de las conferencias de población de El Cairo y, posteriormente, de Beijing, donde se estableció la importancia de desarrollar políticas que permitieran el avance de las mujeres frente a una sociedad que, a partir de la jerarquización entre los sexos, hizo que muchas quedaran rezagadas en términos de participación.

Movimientos como la misma Iglesia católica, en asocio también con religiones bastante patriarcales, como podría ser el islam, entre otras, reconocen un papel muy relevante a las mujeres, siempre y cuando permanezcan al interior del hogar en un rol de cuidadoras. Y todo aquello que busque garantizar derechos es considerado como algo que va en contra del orden social establecido. Además, surge un pánico frente a la participación que las mujeres puedan llegar a tener en la sociedad, porque supuestamente podría destruir lo que ellos llaman un modelo tradicional de familia.

Creo que este discurso no tuvo mucha acogida porque, claramente, se estaba respondiendo a unas demandas justas y necesarias. Pero posteriormente encuentran en los avances de los sectores LGBTIQ+ un nicho para generar un pánico social frente a la idea de que se quiere “homosexualizar a los niños y a las niñas”. Y, cuando se dan cuenta de que ahí sí hay una movilización por parte de muchas personas, empiezan a aprovechar estos discursos y a entrecruzar todos estos relatos.

Lo que está ocurriendo hoy en Colombia, como en otros lugares, es que se desvirtúa esta lucha de reivindicación de unos sectores en busca de la equidad y, más bien, se promueven ideas erróneas sobre sus propósitos. Creo que allí es donde empiezan a entrecruzarse todas estas posibilidades y, además, se convierten en una herramienta útil para ascender políticamente, como se ha visto en casi todas las campañas presidenciales de la región.

Desde el debate público y político está la idea de que defender a la población sexodiversa o la educación sexual integral en el sistema educativo implica estar en contra de la religión. ¿Esa contradicción realmente existe?

Cuando hablamos de religión, utilizamos un universal, cuando en realidad existen religiones, en plural. Y, si hablamos de la Iglesia católica, debemos entender que no existe una única visión frente a la sexualidad. Claramente, está el magisterio de la Iglesia, conformado principalmente por los obispos, quienes hacen la reflexión sobre la doctrina y sobre aquello que se considera legítimo al interior de la Iglesia. Pero también está el lugar de las y los teólogos dentro de esa gran variedad de pensamientos. Incluso yo, que soy católico y una persona sexodiversa, planteo que la Iglesia católica no tiene una única visión frente a la diversidad sexual y de género.

Algunos, como yo, que me inscribo dentro de esa tradición, consideramos que ser cristiano, ser católico y no defender los derechos humanos es una verdadera contradicción, porque el cristianismo tiene como centro la dignidad humana y, en el marco de esa dignidad, la vivencia plena de la sexualidad es un componente muy importante.

Lo que existe son conflictos al interior de las religiones frente a algunas visiones. Yo, como teólogo católico, dialogo con la jerarquía de mi Iglesia, nos reunimos, conversamos, tratamos de avanzar, hacemos acuerdos y demás. Pero esos debates corresponden al interior de cada Iglesia y no son debates que deban trasladarse al escenario de la vida pública, porque ahí es donde resulta tan importante entender que Estado y religión son asuntos separados.

El Estado y toda la política de convivencia entre las y los ciudadanos deben estar regidos por el marco normativo y, claramente, por la Constitución Política.

Entendiendo que, en un Estado laico, no hay ningún problema en que una persona funcionaria pública tenga convicciones de fe, ¿en qué momento debería preocupar que esas convicciones empiecen a orientar decisiones políticas?

El límite aparece cuando una persona creyente, que ocupa un lugar de toma de decisiones en el sector público o en la política, utiliza ese lugar para imponer sus creencias a otras personas. Yo, como católico, no puedo entrar a regular desde mis creencias católicas para un mundo o un contexto de no católicos. ¿Por qué? Porque mi discurso religioso dista de las realidades de muchas personas.

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¿Dónde termina el derecho de las familias a transmitir sus convicciones religiosas y dónde empieza la obligación del Estado de garantizar una educación que proteja los derechos, la autonomía, diversidad, y el desarrollo integral de las y los estudiantes?

Es un tema muy complejo porque no se entiende el lugar de la educación dentro de la sociedad. Este es un fenómeno social que es propio de los seres humanos. Educamos en distintos niveles: educamos en la familia, educamos en la iglesia. Pero hay una institucionalidad que es la escuela, el sistema educativo, y en Colombia concretamente, esta institucionalidad está regida por la Constitución Política de 1991 y por la Ley 115. 

¿Para qué es la educación? Para desarrollar unas competencias en áreas específicas que nos permitan entender el mundo, heredar las tradiciones y el avance científico que se tiene. Por eso aprendemos de matemáticas, de sociales, para entender el mundo. Pero una de las finalidades de la educación también es aprender a convivir con otros y con otras. ¿Y esto qué significa? La escuela debe ser un escenario creado para que cada ciudadano y ciudadana reconozca las diferencias y, en el marco del reconocimiento de las diferencias, pueda justamente valorar y respetar esa diversidad. 

Lo que se vuelve un problema es cuando las familias, desde sus ideologías, quieren educar a sus niños solo en sus marcos, porque le están quitando la posibilidad de descubrir otras formas y otras posibilidades. Por ejemplo, algo como la educación sexual, es justamente para que los niños y las niñas entiendan, más allá de los límites que tengo en mi hogar, cómo se establece el consentimiento dentro de la relación sexual. ¿Qué ocurre si dejamos que solamente sea la casa quien oriente frente a ciertos asuntos, como lo es la sexualidad? Los muchos niños y niñas, nunca se darán cuenta de que están siendo abusados. Porque no se les socializa sobre estos temas. 

En ese orden de ideas, sesgar la escuela a un solo discurso resulta total y absolutamente nefasto. Especialmente porque la escuela se constituye en garante de derechos de los niños y de las niñas.

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¿Puede decirse que la escuela alguna vez ha sido un espacio neutral?

Realmente, la escuela nunca ha sido neutra. Si hacemos una lectura histórica lo que hace la escuela es reproducir una sociedad. Si se mira atrás, en las instituciones escolares de Europa y América se transmitían unos valores que, a través de discursos religiosos, legitimaban formas de dominación de ciertos modelos económicos, políticos y demás. Y todavía hoy tenemos vestigios de esta situación, pues transmitieron unas ideas y unas ideologías muy claras sobre lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, cómo debemos comportarnos, etc.

El problema es que hoy en día, en el marco de los acuerdos que hemos tenido como sociedad, la escuela no debe continuar reproduciendo esos estereotipos que generan exclusión, jerarquización y que, además, fundamentan muchas formas de violencia contra grupos de la sociedad. Hoy debemos formar en el marco de los derechos y la convivencia de las y los ciudadanos, desde el respeto de la diferencia. Entonces, no es neutra, sino que claramente tiene una apuesta hoy por la dignidad y por los derechos de las personas.

Colombia tiene una jurisprudencia bastante sólida sobre el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y los derechos de estudiantes sexodiversos. ¿Hasta dónde puede el gobierno de turno apartarse o interferir con esos lineamientos?

A finales de los años noventa y comienzos de este siglo, se dieron avances muy importantes en materia de reconocimiento de los derechos de personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Pero esos derechos no calaron tanto dentro de la sociedad en general. Lo que ocurrió es que fueron conquistados, en buena medida, a partir de estrategias como el litigio. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sido una aliada muy importante, porque ha interpretado la Constitución Política dentro de un marco de derechos que garantiza el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad ante la ley y, con ello, la libertad para vivir nuestra sexualidad.

Pero, vuelvo y reitero, esos derechos no estaban tan interiorizados por parte de la sociedad en general. ¿Qué ocurre entonces? Que, cuando aparecen nuevos discursos antiderechos, empiezan a generarse conflictos y a circular discursos de odio. En ese contexto, hay más facilidad para que crezcan posiciones que buscan frenar o incluso suprimir derechos ya reconocidos.

Y el gran peligro es que, si cambian quienes están en la Corte Constitucional y quienes toman las decisiones, puede empezar a generarse una nueva jurisprudencia que lleve a retrocesos. Realmente, no la van a tener tan fácil porque seguimos, como movimiento social, haciendo frente. Entonces, no debemos confiarnos. Debemos seguir trabajando articuladamente, defendiendo los avances y denunciando a quienes llegan a lugares de toma de poder para imponer sus creencias desde allí. También hay un lobby que busca detener los avances en materia de derechos.

Luego de esa trazabilidad, ¿qué lectura hace de la llegada de un perfil como el de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?

Creo que el Ministerio de Educación tiene unos desafíos muy fuertes que, además, quedaron en evidencia con el pasado terremoto, con el tema de infraestructura, de accesibilidad. Y temas que también venían de antes, como que nosotros estamos rezagados en materia de calidad educativa porque Colombia es un país muy desigual. Si bien es cierto que los colegios públicos de Bogotá han avanzado muchísimo, también es cierto que no es la realidad en general. 

Y entonces, cuando uno piensa en esos grandes desafíos, la preocupación que surge es que una persona como Viviane Morales, por ejemplo, quien precedió en esta cartera a Ilva, estuviera más preocupada por una idea de la presencia del marxismo y de la “ideología de género”, o por revisar los documentos que se les entregaban a los estudiantes, que por los desafíos reales que tenemos como sociedad. Porque, claramente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sabemos que una de las principales maneras de lograr la equidad y superar la pobreza y la desigualdad es la educación.

Y con la salida de Viviane Morales y la llegada de Ilva, surge una preocupación todavía mayor, y tiene que ver con que Ilva es incluso más radical que la misma Viviane Morales. Porque ella encarna dos realidades. Por un lado, es una persona tecnócrata, académica, es doctora en derecho y ha liderado centros de investigación. Pero, por el otro, si bien es abogada, conoce la norma e incluso ha sido formada en derechos humanos, ha sido total y absolutamente frontal en atacar derechos, por ejemplo, en temas como la interrupción voluntaria del embarazo.

Entonces, claramente, hay una gran preocupación, y es hasta qué punto realmente Ilva va a llegar a afrontar los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Educación para superar las brechas de acceso y permanencia que existen a nivel nacional, o si más bien va a continuar con un discurso de cacería de brujas que, además, es infundado y se convierte en una cortina de humo frente a las verdaderas problemáticas que existen.

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La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo, Gloria Steinem, murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

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Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 60, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató.

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“Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar en conferencias y protestas.

En la década de los 70, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

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“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó.

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Una llamada, una orientación, una medida de protección o simplemente alguien que acompañe puede hacer la diferencia para una mujer que vive una situación de violencia de género y está en riesgo de feminicidio. Entre noviembre de 2024 y junio de 2026, SALVIA, el canal del Gobierno para orientar y acompañar estos casos, recibió en promedio cerca de 24 casos diarios relacionados con violencias basadas en género. Ahora, con la transición de gobierno y la liquidación del Ministerio de Igualdad, el futuro de la línea es incierto. Fuentes vinculadas al programa aseguran a El Espectador que todavía no saben si continuará funcionando ni qué entidad quedará a cargo.

Un escenario de incertidumbre sobre las políticas y programas que ya era pronosticado por analistas en tiempos de campaña electoral. La cartera, creada durante el gobierno de Gustavo Petro, fue liquidada después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que la creó por irregularidades en su trámite en el Congreso y porque no se informó desde el comienzo cuánto costaría ponerla en funcionamiento. A esto se sumaron cuestionamientos por su baja ejecución presupuestal -para 2024, solo se habría ejecutado el 1.6 % del presupuesto que se solicitó-, polémicas administrativas y denuncias sobre el manejo de recursos. Al final, el 22 de junio de este año, Petro ordenó iniciar el proceso de liquidación.

(Lea más aquí: Así llega Colombia a las elecciones en temas de mujeres y LGBT: avances, violencias y vacíos)

“Lo que nos dijeron era que los programas iban a pasar a dos entidades: el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social. Sin embargo, nunca se hizo el tránsito ni se alcanzó a expedir ese decreto. Es por eso que quedamos en el limbo. Estamos haciendo todo lo posible con las distintas entidades para mantener el programa”, dice Diana Acuña, coordinadora del Equipo de Articulación del Sistema SALVIA, a este diario.

El Ministerio de la Igualdad tenía cerca de 700 empleados y al menos 30 programas a su cargo. Su cierre podría tardar hasta un año, según dijo el expresidente en su momento. Entre las iniciativas que quedaron en medio de ese proceso está SALVIA, el sistema que atiende a mujeres en los 32 departamentos del país a través de la línea 155. Entre noviembre de 2024 y junio de 2026, registró 12.291 casos de violencia contra las mujeres, realizó 12.298 valoraciones de riesgo de feminicidio, brindó seguimiento especializado en 11.725 casos y otorgó 1.511 medidas de emergencia a mujeres en riesgo de feminicidio.

Con miles de mujeres recurriendo a sus servicios semana tras semana, SALVIA parece haber quedado en tierra de nadie. Aunque estuvo adscrito al Minigualdad durante el gobierno Petro, bajo el Viceministerio de las Mujeres, el sistema no nació en esa cartera. Lleva más de 13 años en funcionamiento y antes estuvo bajo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Sus antecedentes, sin embargo, se remontan aún más atrás. Los primeros pasos para su creación datan de 2008, con la Ley 1257, que dictó normas de prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Según personas vinculadas a SALVIA, la iniciativa pasó de ser una línea de atención hace una década a convertirse en un programa con presupuesto, que articula entidades y cuenta con profesionales para prevenir, atender y adoptar medidas en casos de violencias basadas en género. Ahora, con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, la transición entre administraciones y la liquidación de la cartera, su continuidad quedó sin una entidad definida que la adopte.

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Según explica la coordinadora, sin un respaldo jurídico y un techo ministerial que sostenga su funcionamiento, es muy difícil seguir operando. En ese escenario, advierte, SALVIA podría desaparecer, dejando a miles de mujeres y niñas sin seguimiento. “Los recursos disponibles alcanzan únicamente hasta el 15 de octubre de este año. Hemos venido trabajando para mantener las capacidades construidas, y confiamos en que, durante este periodo, puedan concretarse las decisiones permiten dar continuidad al Sistema y al acompañamiento que presta”, agrega.

Su desaparición podría dejar un vacío en la respuesta a las violencias basadas en género. Se trata de agresiones que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+ por razones relacionadas con su género, y que pueden ir desde la violencia física o sexual, las amenazas, el maltrato psicológico o el control económico hasta el feminicidio y los crímenes motivados por prejuicios. En estos casos, una llamada sin respuesta puede tener consecuencias. Del otro lado de la línea puede haber alguien que necesita seguimiento, ayuda para activar una medida de protección o acompañamiento para encontrar una salida a la violencia, explican.

“El proceso de transición representa una oportunidad para preservar y fortalecer una capacidad pública que ya protege la vida de las mujeres en todo el país. La prevención del feminicidio requiere instituciones que trascienden los períodos de gobierno y mantengan una respuesta continua, articulada y oportuna frente a las violencias basadas en género”, dice SALVIA en el comunicado.

Hasta el momento, la decisión sobre el futuro de SALVIA estaría en manos de John Milton Rodríguez, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como liquidador del Ministerio de Igualdad. Rodríguez, pastor cristiano de la iglesia Misión Paz a las Naciones y exsenador del partido Colombia Justa Libres, se posesionó el pasado 20 de agosto.

Tras su llegada, emitió este viernes los primeros documentos para darle celeridad al proceso de liquidación iniciado por el gobierno anterior. A través de dos resoluciones, suprimió los cinco cargos que encabezaban los viceministerios, incluido el de la viceministra de las Mujeres, y puso en marcha un nuevo mecanismo de contratación.

(Lea más aquí: Liquidador de Minigualdad suprimió viceministerios y creó nuevo régimen de contratación)

En una de esas resoluciones queda claro que el propósito de esta nueva etapa no es cumplir los objetivos misionales del Minigualdad, sino “ordenar la contratación estrictamente necesaria para extinguir la entidad de manera ordenada, oportuna y trazable, e impedir la celebración de contratos que la entidad carece de capacidad jurídica para celebrar”, se lee en el documento LIQ-00096. No obstante, hasta el momento no hay información sobre el futuro de SALVIA.

El Espectador intentó comunicarse con el liquidador para conocer el estado del proceso y qué podría ocurrir con este servicio de atención a las violencias basadas en género. Sin embargo, no fue posible concretar la entrevista. Según el equipo de comunicaciones, “la directriz es que remitimos las solicitudes de entrevistas directamente a Presidencia”, señalaron.

Mientras avanza el proceso, SALVIA continúa atendiendo casos de violencias basadas en género en los 32 departamentos del país. Los recursos disponibles para su funcionamiento alcanzan solo hasta el 15 de octubre.

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Tres semanas. Ese es el tiempo que le ha tomado al nuevo Gobierno ubicar en cargos clave a varias personas con posiciones públicas contrarias a las políticas de igualdad y género. Especialistas en esta materia encuentran en los nombramientos un patrón narrativo que reúne viejas banderas sobre la familia tradicional, la infancia, la supuesta “ideología de género” y la “batalla cultural”, ahora en manos de funcionarios con capacidad para incidir en decisiones administrativas y de gobierno. ¿Quiénes han sido nombrados y cuáles son sus posturas?

Por un lado está el Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, designada el pasado 7 de julio, quien en las últimas semanas, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas, principalmente en temas de género. Además, presentó un proyecto, con el que busca modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, para ajustar las reglas bajo las cuales las entidades educativas territoriales pueden contratar con terceros. El borrador incluye la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. Aun así, Morales asegura que este tipo de contratos existe desde hace más de tres décadas.

Su postura es conocida en este tema. Además de ser la primera mujer fiscal en el país, en el pasado impulsó un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocida desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional. También fue una de las figuras que, hace una década, recurrió al concepto de “ideología de género” para cuestionar, primero, las medidas contra la discriminación en los colegios adoptadas tras el caso de Sergio Urrego. Un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por parte de las directivas de su institución debido a su orientación sexual y cuya muerte dio lugar a una sentencia que ordenó revisar los manuales de convivencia. Posteriormente, utilizó ese mismo marco para cuestionar el enfoque de género incluido en los Acuerdos de Paz.

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El 12 de agosto, Morales designó a Gledy María Foliaco Rebolledo y Camilo Noguera Pardo para liderar los dos viceministerios de su cartera. Foliaco, licenciada, magíster en Educación y con más de 20 años de trayectoria en el sector asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Noguera, abogado con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, llega al Viceministerio de Educación Superior con una trayectoria marcada también por sus cuestionamientos a los enfoques de género en la educación.

Esa posición quedó plasmada en 2025, cuando dirigió la investigación “Adoctrinamiento en género en colegios. Invalidando la narrativa”, publicada por la Universidad Sergio Arboleda, de la cual es egresado. En mayo de este año llevó parte de esos planteamientos a una columna en Semana, en la que afirmó que “en los últimos tiempos, las narrativas y enfoques de género han contaminado la educación escolar”.

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El 17 de julio de 2026 fue anunciada Paola Holguín como ministra de Cultura. La exsenadora del Centro Democrático ha dicho que desde esa cartera buscará desmontar las “narrativas de género” y promover otras centradas en la familia. Su trayectoria en estos temas viene de años atrás. Durante su paso por el Congreso integró la bancada autodenominada “provida” y, tras la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, respaldó el llamado “Referendo por la vida”, que buscaba proteger constitucionalmente la vida desde la concepción y revertir los efectos del fallo.

También respaldó proyectos de ley como “¡Con los niños no te metas!”, sobre acopañamiento, orientación y tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años; “Estoy vivo desde la concepción”, contra el aborto; y “Los padres eligen”, sobre la participación de las familias en la educación sexual integral de sus hijas e hijos. Ninguna avanzó en el legislativo.

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Cerca al oído del mandatario de la “patria milagro” está Enrique Serrano López, escritor, filósofo, profesor y exdirector del Archivo General de la Nación, designado el 22 de julio como asesor presidencial. Serrano llega al Gobierno con una tarea especialmente política: ayudar a darle forma a lo que llaman la “batalla cultural”, una disputa promovida por sectores de derecha frente a los discursos que se asocian con el progresismo y los derechos humanos. Su nombramiento no fue presentado como uno meramente técnico. Al anunciarlo, De la Espriella afirmó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y que el Gobierno necesita voces capaces de “convertir las convicciones en argumentos”. Algo que, en la práctica, podría convertirse en una forma de dar sustento político a los valores promovidos por sectores conservadores.

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Anunciada el 29 de julio como directora del ICBF, María Carolina Restrepo llegó a la entidad después de una trayectoria principalmente jurídica, financiera y corporativa. En sus primeras semanas al frente de la institución tomó dos decisiones que abrieron cuestionamientos sobre el enfoque de género en la entidad. Primero, estableció lineamientos para incorporar en el lenguaje institucional términos como “niñez” y excluir la palabra “niña”, una medida que defendió bajo el argumento de tratarse de una “precisión”. También ordenó retirar un mural en el que aparecía la expresión “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, al considerar que podía existir una instrumentalización política de menores. La frase corresponde a un colectivo de niñas que surgió tras el feminicidio de Yuliana Samboní en 2016 y que desde hace años utiliza el arte para que las menores de edad aprendan a identificar las violencias basadas en género.

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El 4 de agosto, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque. Su postura frente a los temas de género adquirió especial visibilidad durante sus años como Procurador General de la Nación. Desde ese cargo cuestionó a los primeros jueces y notarios que formalizaron uniones entre parejas del mismo sexo en el país, apoyados en una interpretación amplia de la Sentencia C-577 de 2011. Años después, el alto tribunal zanjó la discusión y consolidó el reconocimiento de estas uniones.

En 2016 también fue uno de los principales opositores al enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz y sostuvo que allí estaba “encriptada” la supuesta “ideología de género”. Ordoñez estará ahora al frente de la representación de Colombia ante uno de los principales escenarios regionales donde se discuten estándares de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

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El 13 de agosto, De la Espriella nombró como agente liquidador del Ministerio de Igualdad a John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. La designación deja a la entidad encargada de combatir desigualdades históricas de poblaciones constitucionalmente vulnerables a cargo de quien, en 2022, impulsó junto con la bancada “provida” del Congreso un referendo para revertir el derecho al aborto. Milton llegó a plantear la prohibición total, incluidas las tres causales. Años después, será él quien conduzca la liquidación de una cartera que agrupó la articulación de políticas dirigidas, entre otras poblaciones, a mujeres y personas LGBTIQ+.

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Si bien estos cargos no les dan vía libre para eliminar derechos de un plumazo, sí les permiten decidir, desde los lugares que ocupan, qué se prioriza, qué se financia, qué lineamientos se cambian y qué mensaje se envía al país desde cada una de esas instituciones.

El panorama actual no se limita a los nombramientos, empieza a reflejarse también en otros escenarios. En el nuevo periodo legislativo, la bancada “provida” ya ha impulsado varias iniciativas, entre ellas una reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y así eliminar el derecho al aborto; un proyecto para prohibir la maternidad subrogada bajo la figura de “explotación reproductiva”; y la llamada “Ley Laura”, que busca restringir procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

“En la Comisión Primera de 22 senadores, al menos cinco han manifestado sus agendas antiderechos; y en la Comisión Sexta de 13, al menos tres se enuncian como antigénero. Es un resultado preocupante, puesto que la Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales y por ella se tramitan proyectos legislativos sobre los derechos LGBTIQ+ como ‘Nada que curar’ o ‘Ley integral trans’”, dice Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas sexodiversas en Colombia.

Desde ese mismo sector también han empezado a moverse acciones para presionar decisiones del Ejecutivo. Una de las más recientes fue la carta que la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, enviaron a Ana María Vesga, ministra de Salud. Allí le solicitaron revisar y derogar medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), parto humanizado, atención en salud de niños, niñas y adolescentes trans y eutanasia en menores de edad.

¿Qué patrón narrativo hay en los recientes nombramientos del gobierno de De la Espriella?

Estos nombramientos, que recaen en personas que han sostenido posiciones explícitas contra distintos derechos y políticas relacionadas con género y la diversidad, coinciden también en marcos discursivos atravesados por convicciones religiosas. Para José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, la preocupación no radica en que personas creyentes ocupen cargos públicos, algo propio del pluralismo democrático y de la laicidad del Estado, sino en que esas convicciones puedan influenciar las decisiones que toman en entidades públicas. “En este caso en particular, tenemos personas con experiencias de fe que quieren hacer de ella política pública, lo cual ya empieza a generar algo de ruido”, dice en entrevista con El Espectador.

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Pero además, Serrano encuentra allí un hilo común entre estas figuras, por medio de ideas como la “familia tradicional”, la “protección de la niñez” y el supuesto “adoctrinamiento” en los colegios. Son nociones que, explica, son agrupadas bajo la llamada “ideología de género”, un término promovido desde el Vaticano que surgió en los años noventa, en medio de debates internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y población LGBTIQ+. Pero que no tiene ningún sustento científico, académico o jurídico.

“Se acuñó en ese escenario por sectores supuestamente conservadores, pero es más complejo que esto; eran sectores que estaban en contra de estos temas, como el Vaticano, países islámicos y algunos países africanos, que se oponían a estos debates amplios. Y acuñaron ese término para empaquetar allí un montón de cosas que les generaban sospecha, inquietud o que consideraban precisamente en contra de una idea singular de familia, de sociedad o de una cierta idea de valores”, comenta.

El experto advierte que estas narrativas suelen seguir patrones reconocibles para ganar legitimidad y movilizar apoyos. Para que estas conversaciones se consoliden, recurren a elementos como la construcción de un pánico moral alrededor de aquello que se presenta como una amenaza para la familia, la niñez o determinados valores. Adicionalmente, ese discurso, puede presentarse como una propuesta aparentemente positiva, como “recuperar los valores”, pero que en el fondo está cargada de discriminación.

A esa mezcla se suma la construcción de un enemigo, incluso cuando el lenguaje no lo plantea de forma explícita. “Cuando hacemos este ejercicio de decir ‘es que nos quieren imponer’, estamos implícitamente construyendo esos enemigos, por eso son narrativas muy peligrosas en ese sentido”, afirma.

Otro ingrediente son las verdades incompletas que pueden convertirse en vehículos de desinformación. Y, finalmente, aparece la apelación a una idea tan amplia y compartida que resulta difícil controvertirla, como la protección de la niñez. “Esta idea de ‘vamos a proteger los niños’ acoge e invita a sectores de izquierda, a sectores de derecha a sectores que nunca se han sentido parte de ningún partido político, pero el llamado a vamos a proteger los niños, convoca un montón de cosas”, finaliza.

Aumento de violencia y barreras de acceso a derechos ya reconocidos: los riesgos que advierten las organizaciones sociales

El director de Caribe Afirmativo reconoce que existe una institucionalidad sólida que dificulta una regresión inmediata de derechos, además de una sociedad civil con capacidad de incidencia, a la que atribuye gran parte de los avances en materia de diversidad sexual, género y derechos reproductivos. Aun así, advierte que narrativas como la “batalla cultural” o la “agenda woke” pueden estigmatizar a los movimientos sociales y abrir nuevas ventanas de riesgo en un país donde ya persisten altos niveles de violencia y barreras para acceder a derechos.

Según la organización, entre 2024 y 2025 los asesinatos de personas LGBTIQ+ aumentaron un 64 % y el último año cerró con 270 casos. Las dificultades también están en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe publicado este año por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó que, pese a la despenalización del aborto, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse para acceder al servicio por falta de oferta, personal o medicamentos, y Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.

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Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, coincide en esta evaluación. Considera que estos discursos pueden deslegitimar las vivencias de las personas LGBTIQ+ y generar un entorno en el que otras personas se sientan autorizadas a reproducir actos de intolerancia y violencia. También expresa especial preocupación por la educación sexual integral ante la posible participación de organizaciones religiosas en los colegios. “Esa educación sexual tiene que ser universal, no puede ser basada en ciertos valores religiosos porque eso atenta contra la libertad de cultos que debe profesar el Estado”, dice a El Espectador.

A su juicio, parte del problema está en cómo los discursos sobre “ideología de género” tergiversan las demandas y experiencias de las personas sexodiversas “diciendo que nosotros queremos convertir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los niños”, cuando, sostiene, lo que se busca es proteger a quienes son víctimas de violencia y discriminación por este motivo.

“Estamos de acuerdo con que [la educación sexual] se haga de acuerdo a la edad, de acuerdo a unas metodologías y a unas pedagogías adecuadas a cada ciclo vital. Pero no nos parece correcto que se quieran imponer unos valores religiosos que excluyen a una población”, subraya.

¿Qué debería preservar el nuevo Gobierno en materia de género y diversidad?

Más allá de los riesgos que identifican las fuentes consultadas, el antropólogo José Fernando Serrano insiste en que quienes asumieron estos cargos deberán gobernar dentro de un marco constitucional y responder a las deudas históricas del país en asuntos de género, entre ellos menciona las violencias basadas en género y la educación sexual integral.

“Si un chico tiene una pregunta sobre su sexualidad, no va a ir a la profesora o a la iglesia, va a ir a la red social, a ChatGPT o a la pornografía, que es donde puede encontrar respuestas a sus inquietudes sobre sexualidad. Entonces, ojo, esa es una responsabilidad histórica. Y, además, la violencia de género sigue estando presente y es sobre ese tipo de cosas que debemos de actuar. El silencio no permite actuar sobre eso. El silencio lo que hace es que legitima las violencias”, concluye.

Caribe Afirmativo plantea esa misma discusión desde la continuidad institucional. Para la organización, el nuevo Gobierno no parte de cero, sino que recibe políticas y compromisos que ya fueron construidos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos están el CONPES 4147, el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de esta población, las rutas de atención frente a la violencia y los protocolos de inclusión en entidades públicas. También advierte sobre la necesidad de preservar los recursos y avances técnicos alcanzados, como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans.

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Cuando pensamos en las disputas políticas de nuestro tiempo solemos mirar las elecciones, las leyes, los discursos de los gobiernos o las decisiones de los tribunales. Mucho menos visible es otra disputa que también está ocurriendo: la que define qué puede conocer un Estado sobre la sociedad que gobierna. Qué información decide producir, qué poblaciones logra reconocer en sus sistemas, qué preguntas hace, cómo organiza sus registros, qué estadísticas publica y qué evidencia queda disponible para tomar decisiones parecen asuntos técnicos. Esas decisiones también determinan qué problemas podemos identificar, qué desigualdades podemos medir y qué realidades llegan a ser visibles para la acción pública.

Por eso, los datos también están en disputa.

Las discusiones recientes alrededor del género permiten verlo con especial claridad. En Estados Unidos, desde 2025, el gobierno federal adoptó una definición de sexo basada en categorías masculina y femenina y ordenó cambios en políticas, documentos y formularios oficiales. Entre otras medidas, dispuso que los formularios federales que solicitan información sobre sexo no incluyeran preguntas sobre identidad de género. Una discusión que podría parecer limitada al terreno de los valores o del lenguaje llegó también a la manera en que el Estado pregunta, registra y organiza información sobre su población.

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Argentina muestra otra dimensión. Desde la llegada de Javier Milei, el gobierno reorganizó o eliminó parte de la institucionalidad nacional que trabajaba específicamente en asuntos de género y contra la discriminación, incluido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Eso no significa que Argentina haya dejado de producir estadísticas sobre estas poblaciones, ni que ambos casos sean equivalentes. Lo que sí muestra es que las capacidades institucionales construidas durante años pueden cambiar rápidamente cuando cambia la visión política de un gobierno.

Ahí aparece la pregunta que me interesa. Es normal que un nuevo gobierno modifique prioridades, políticas e instituciones. La pregunta es si debería poder reducir también la capacidad del Estado para conocer realidades que no encajan con su visión del mundo. ¿Qué ocurre cuando una disputa política empieza a determinar qué información se produce, qué fenómenos siguen siendo observables y qué evidencia queda disponible para que la sociedad evalúe lo que está ocurriendo?

El problema parece pequeño hasta que pensamos en sus consecuencias. Una persona trans sigue yendo al hospital, buscando empleo, estudiando, envejeciendo o enfrentando violencia aunque un sistema público no tenga información suficiente para reconocer esas experiencias. Las personas no desaparecen cuando el Estado deja de preguntarse por ellas. Lo que puede desaparecer es parte de nuestra capacidad para saber qué les está ocurriendo, identificar si enfrentan barreras distintas y determinar si las políticas que deberían protegerlas realmente están funcionando.

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Ahí aparece también una cuestión de justicia estadística: qué tan capaces son los sistemas del Estado de reconocer a las personas y de producir información que refleje la diversidad de la sociedad que buscan comprender. Esto importa porque los datos oficiales nunca son una fotografía perfecta de la sociedad. Producir información implica tomar decisiones: qué queremos conocer, qué preguntas hacemos, cómo organizamos los registros, qué diferencias necesitamos observar y qué resultados ponemos a disposición de la sociedad. Esas decisiones pueden y deben cambiar con el tiempo. Eso no significa que toda diferencia deba convertirse en una nueva variable ni que producir más datos sea siempre mejor. Significa que las instituciones públicas deberían conservar la capacidad de conocer una sociedad compleja incluso cuando parte de esa complejidad resulta incómoda políticamente.

Y esto va mucho más allá de las personas trans. La misma pregunta puede hacerse frente a la migración, la violencia, la pobreza, la discapacidad, las desigualdades raciales, el cambio climático o cualquier asunto en el que la evidencia entre en tensión con determinadas posiciones políticas. Los sistemas estadísticos necesitan revisarse. Una cosa es mejorar la manera en que conocemos un fenómeno y otra reducir nuestra capacidad de conocerlo porque preferimos que deje de formar parte de la conversación pública.

Colombia tiene aquí una oportunidad interesante. Con todas sus limitaciones, durante los últimos años distintas instituciones han ampliado la información disponible sobre diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de identidades trans y no binarias. Persisten vacíos importantes y nuestros sistemas no siempre conversan entre sí. Una misma persona puede ser reconocida por una institución y permanecer invisible para otra. Aun así, esos avances muestran que la infraestructura de conocimiento del Estado puede transformarse para representar mejor a la sociedad.

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Podemos pensar los datos públicos como parte de una infraestructura democrática que debería ser suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios de gobierno. No porque las estadísticas estén por encima de la política ni porque los expertos deban reemplazar la deliberación democrática, sino porque una sociedad necesita conservar cierta capacidad común para observarse, discutir sus problemas y evaluar las consecuencias de las decisiones de quienes gobiernan. La realidad del país no debería poder redefinirse completamente cada cuatro años en función de quién tenga el poder.

Eso también obliga a reconocer los límites de la producción de datos. La visibilidad puede proteger, pero también puede exponer. Recoger información sobre identidad de género, salud, origen étnico, discapacidad, migración u otras características sensibles exige propósitos claros, protección de la privacidad, seguridad y participación de las personas sobre quienes se produce esa información. Un Estado democrático no debería tener que escoger entre conocer mejor a su población y protegerla. El desafío es construir sistemas capaces de hacer ambas cosas.

Por eso la pregunta no es simplemente si necesitamos más datos. Es qué tipo de infraestructura pública de conocimiento queremos construir y para qué.

Colombia podría proponerse ser un referente regional en este terreno: desarrollar sistemas capaces de reconocer diferencias sin convertirlas en sospecha, producir información sin poner vidas en riesgo, permitir que investigadores, periodistas y organizaciones sociales evalúen lo que está ocurriendo, y ofrecer a quienes toman decisiones evidencia suficiente para identificar dónde persisten las desigualdades y si las políticas públicas están funcionando.

La evidencia, por supuesto, no gobierna sola. No decide qué valores debemos priorizar ni elimina los desacuerdos legítimos de una democracia. Pero sí puede ayudarnos a conocer las consecuencias de nuestras decisiones y a exigir que quienes gobiernan respondan por ellas. Si una política profundiza una desigualdad, necesitamos conservar la capacidad de saberlo. Si una población enfrenta mayores barreras, necesitamos poder identificarlas. Y si un gobierno decide ignorar determinada evidencia, la sociedad debería al menos conservar la capacidad institucional para producirla, discutirla y exigir explicaciones.

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Tal vez ahí esté una de las tareas democráticas menos visibles de nuestro tiempo: proteger la posibilidad de conocer una realidad que siempre será más compleja que la visión de cualquier gobierno.

Una democracia cuenta votos, sí. Pero también necesita instituciones capaces de contar, comprender y reconocer las vidas que existen detrás de ellos. Defender esa capacidad, con privacidad, participación y garantías, es también defender la democracia: garantizar que la capacidad de conocer la realidad del país no dependa únicamente de quien tenga temporalmente el poder de nombrarla.

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Bajo la premisa de una supuesta “estrategia woke”, -una expresión usada de manera despectiva para cuestionar agendas relacionadas con la igualdad- que busca instalar lo que denominan la “ideología de género” en los colegios del país, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se puso en marcha un plan para “volver a los principios y valores” de la “patria milagro”. La línea dictaminada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella da los primeros pasos en la implementación de un país que se inclina nuevamente hacia la derecha y que, en el camino, plantea preocupaciones por las garantías en materia de derechos de las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQ+.

El fantasma de la “ideología de género” se cuela nuevamente en el debate público, pero esta vez no desde las frases de campaña en las que De la Espriella decía que era enemigo de esta supuesta estrategia y se posicionaba en contra de que a “nuestros niños se les quiera condicionar y se les contamine para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad”.

Ahora, desde el poder, es Morales quien cumple con las órdenes del jefe de Estado y asegura que se va a “sacar la ideologización del país y a respetar el derecho de los padres en la educación”, ya que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, dijo en una rueda de prensa.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

En paralelo a las declaraciones de la ministra, la opinión pública estaba debatiendo la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional para referirse solo a “niños y adolescentes” o de pleno a la “niñez”, algo que generó controversia y fue anunciado por la directora elegida por la nueva administración: María Carolina Restrepo.

Con todas estas decisiones, surgen inquietudes a raíz de las declaraciones de Restrepo, de Morales y del primer decreto emitido por la ministra –en el que se permite que iglesias y colectividades religiosas den talleres pedagógicos a niños y niñas en la educación pública–. ¿A qué se refieren cuándo hablan de “ideología de género”?¿Qué significa la supuesta existencia de una “campaña woke” en los colegios?¿En qué consiste realmente la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes?

(Lea aquí: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

La “ideología de género”: una categoría creada para frenar los avances en derechos humanos

Lo cierto es que, al referirnos a este término, no se está haciendo alusión a una categoría científica, académica o jurídica. Las expertas consultadas aseguran que se trata de una categoría netamente política –principalmente utilizada por sectores de derecha y de ultraderecha– con el fin de generar miedo respecto a temas específicos relacionados con la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio y la adopción igualitaria, entre otros asuntos vinculados con el avance en los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Es un artefacto político que se inventó y surgió a partir de los avances en términos de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos de la Convención Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y después en Beijing sobre la mujer en 1995. Ahí empezó a surgir a partir del Vaticano –ni siquiera de la academia– ese concepto para deslegitimar los avances en equidad y en derechos humanos”, aseguró Mariana Sanz de Santamaría a El Espectador, abogada experta en género y en educación.

Además, Sanz explica que este término se usa como un aglutinante que construye una “amenaza inexistente”, la cual pone en riesgo valores familiares, un orden social específico, la moralidad pública según cierta ideología y cierta fe, para instaurar así un pánico moral alrededor de “temas como la educación sexual, avances en términos de reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, la despenalización del aborto, la Ley de Cuotas, etc”.

¿Cuáles son las consecuencias de promover este término? Según la experta, aunque “la ideología de género no existe” y funciona como “una gran cortina de humo para generar un pánico moral alrededor de unos avances en términos de equidad de género y derechos en general”, los impactos de esta narrativa sí se materializan y repercuten en la calidad y la veracidad de la información relacionada con estos temas.

“No hay posibilidad de ‘homosexualizar’ a las personas. Ninguna persona homosexual ni trans lo decidió ni tampoco se le impuso, no existe esa amenaza porque no es posible. El miedo de que todas las mujeres van a abortar por gusto y por deporte no es verdad, no existe ninguna organización, ningún movimiento que fomente que las mujeres aborten. Las mujeres siempre han abortado y siempre van a abortar porque por muchas razones no están ni en la capacidad ni en la voluntad, por lo que tampoco deberían ser obligadas a ser madres”, agrega Sanz.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado el uno del término “ideología de género” como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados.

La educación sexual integral: una herramienta para la prevención y el cuidado

En medio de un panorama en el que la información falsa muchas veces se toma la agenda, la educación sexual integral también se ha visto afectada. Según Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego –creada a raíz del suicidio de su hijo de 16 años tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay por parte de directivos– este tipo de narrativas debilitan una educación sexual que, de por sí, ya es precaria en los colegios y que, advierte, está muy en la línea de las estructuras patriarcales.

“La educación sexual en las familias en Colombia está muy arraigada al patriarcado, por eso es que hay tantas violencias ejercidas por adultos sobre los niños y las niñas. Aquí no se trata de ‘educarles para que sean LGBTIQ+’, aquí se trata de enseñarles, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, sobre el cuidado de su cuerpo, el consentimiento y el respeto. Sobre las emociones que pueden pasar en su cabecita en sus edades cortas, en la prevención precisamente de este tipo de violencias, en la responsabilidad de poder vivir cada vida de manera independiente, libre, pero dentro del respeto”, precisa Reyes.

Las cifras sobre la implementación de la educación sexual en los colegios de Colombia indican que solo el 33 % cumple con los estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos; solo el 19 % ha tenido formación en prevención del embarazo y tan solo el 15 % en prevención de VIH, según Mariana Sanz.

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Y es precisamente en este contexto en el que Reyes advierte de una fuga en el foco del problema, pues mientras se da el debate sobre la supuesta “ideología de género”, las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país carecen de garantías, especialmente para las niñas, adolescentes y otras personas que menstrúan, así como para quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. “A mí me preocupa muchísimo que utilicemos una expresión que quiera hablar de todo, como la ‘ideología de género’. Sin embargo, en la educación no estamos haciendo nada real para poder avanzar, para poder prevenir”, puntualizó.

La normativa de la educación en Colombia: lo que indica y lo que prohíbe

De acuerdo con las expertas consultadas, hay directrices específicas que explican cuál es el camino a seguir en materia de educación e inclusión. Según Mariana Sanz de Santamaria, en este momento Colombia cuenta con la Ley General de Educación (115 de 1994) en la que se “habla de que la educación sexual hace parte fundamental del desarrollo de competencias básicas para la vida”. Y, a partir de ahí, ha habido un desarrollo curricular muy robusto.

“La ley 1620 de convivencia escolar habla sobre la importancia de que los colegios tengan protocolos y rutas de atención para temas de abuso sexual; la sentencia del caso de suicidio de Sergio Urrego en el 2015 donde la Corte Constitucional exhorta a los colegios a que sus manuales de convivencia no sean discriminatorios para la comunidad LGBTIQ+, sino que entiendan la diversidad como un valor humano; y tratados de las convenciones internacionales que hacen parte de todo nuestro marco legal que hablan sobre la importancia de que niños y niñas tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, puntualiza Sanz.

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Por esta misma razón, tanto Sanz como Reyes sostienen que hay un blindaje constitucional respecto a la garantía de estos derechos, pero que no deja de ser preocupante el accionar del nuevo gobierno. Asimismo, a esta problemática se van sumando acciones como la de dar la orden de no nombrar a niñas, niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) sino remitirse a decir “niñez o niños”, algo que, según Reyes, anula “nuestra presencia y tanto mujeres como niñas debemos y merecemos ser nombradas”. Hasta el momento, la nueva administración lleva menos de un mes en el poder y las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo apenas comienzan.

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La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) sobre la instrucción en su Regional Huila de utilizar la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir explícitamente a las niñas. La medida ha generado críticas, ante las cuales la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ha afirmado que su propósito es “promover una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del instituto” y que el concepto de “niñez”, básicamente, reúne a todos los niños y todas las niñas de Colombia.

Frente a la situación, la Defensoría le solicitó brindar información sobre cuál es la directriz u orientación vigente en el ICBF respecto al uso de las expresiones “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en sus comunicaciones, documentos, piezas y otros contenidos institucionales. También le pidió precisar si tiene alcance nacional o regional, qué autoridad la impartió y la fecha de su adopción.

La entidad requirió copia de estas directrices, circulares, correos o cualquier otro medio por el cual se haya impartido la instrucción. Pero la solicitud clave que hizo fue la de informar sus fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos. El ICBF, en suma, deberá precisar si se valoraron los posibles efectos de la instrucción no solo sobre la visibilización y el reconocimiento de las niñas, sino también sobre las afectaciones diferenciadas que ellas enfrentan.

“La información solicitada permitirá a la Defensoría del Pueblo conocer el alcance real de la orientación referida, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento firmado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Nombrarlas ayuda a identificar desigualdades”: esto dice la Defensoría

Para la Defensoría, esta discusión va más allá de la gramática o el estilo. Subrayó que buscar claridad, sencillez o eficiencia en las comunicaciones del ICBF no puede considerarse aislando sus obligaciones constitucionales de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sujetos que, históricamente, han sido invisibilizados. “La economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos”, apuntó.

La Defensoría recordó que, en varias ocasiones, la Corte Constitucional ha reconocido que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas. Además, refleja y al mismo tiempo contribuye a construir realidades sociales, lo cual puede implicar bien sea un factor de inclusión o, por otro lado, de exclusión.

Puntualmente, desde la Sentencia C-804 de 2006, el alto tribunal cuestionó el uso del masculino como un referente universal, si trae como consecuencia la invisibilización de las mujeres. Luego, eso mismo fue reiterado en las sentencias C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024, entre otras.

La entidad también trajo a colación el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, el cual señala expresamente que la perspectiva de género se debe tener en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los niños, las niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar la igualdad. Ese planteamiento parte de la premisa de reconocer que las experiencias, riesgos y afectaciones durante la niñez y la adolescencia no son necesariamente iguales, además de que determinadas formas de violencia y discriminación afectan específica o desproporcionadamente a las niñas.

“Por ello, su reconocimiento expreso no constituye únicamente una cuestión de representación simbólica: tiene también una dimensión diagnóstica, programática y preventiva”, aseguró la Defensoría. “Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrarlas y desagregar la información no es ornamental, pues ayuda a identificar esas desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan”.

La visibilización, según este órgano, también permite orientar políticas, programas e intervenciones, así como adoptar medidas de prevención y protección acordes con las necesidades de las niñas. A ojos de la Defensoría, una instrucción para prescindir de su mención expresa podría, dependiendo de su alcance y de los contextos en que se aplique, dificultar que se identifiquen y se comprendan adecuadamente estas formas específicas y desproporcionadas de violencia.

“La claridad, la economía o la eficiencia comunicativa pueden ser criterios legítimos de comunicación pública, pero no bastan, por sí solos, para justificar una decisión institucional que pueda reducir la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada está constitucional y legalmente exigida”, concluyó.

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La María Teresa Arizabaleta de 20 años, jovial y siempre crítica, había pasado toda su vida sin saber lo que era que una mujer pudiera votar, “yo anhelaba ver mi dedo marcado de rojo”, dice. Durante dos décadas, nunca conoció la posibilidad de entrar a una urna, una realidad que desde muy pequeña le generó muchas preguntas que sus padres no sabían cómo responder. En la sociedad colombiana de ese entonces, a las mujeres se les reservaba el lugar de madres, esposas e hijas, bajo la autoridad de los hombres de sus familias. En la suya no eran pocos, pues ella era la única mujer entre cinco hijos.

Hoy, a sus 92 años, cuando se cumplen 72 años de la aprobación del voto femenino en Colombia, le parece impensable una vida en la que las mujeres no participen en política. Por eso le sorprende que, en la actualidad, haya personas que propongan revocar ese derecho: “¡Ay, carajo! Que las mujeres deben darle una patada en el fondillo y mandarlos al diablo, que les pesen las tetas”, responde al escuchar la pregunta al otro lado de la línea.

La conversación se da en torno al movimiento “Repeal the 19th”, liderado por figuras religiosas, políticas y creadores de contenido de la extrema derecha en Estados Unidos, que argumentan que el voto de las mujeres no es necesario y que, por el contrario, habría causado problemas en el país. Impulsan el llamado “voto por familia” y estos discursos, difundidos en blogs, podcasts y videos en redes sociales, ya están siendo replicados en español en algunas partes de América Latina.

(Lea más: “Un voto por familia”: la propuesta que amenaza el sufragio femenino en EE. UU.)

Con la tenacidad que siempre la ha caracterizado, insiste en que es una propuesta que no tiene sentido y nunca lo tendrá. “La mujer tiene tanto derecho al voto como el hombre. Así como él desayuna, almuerza y come, y nosotras desayunamos, almorzamos y comemos, tenemos los mismos derechos que ellos. Así como ellos trabajan ocho o nueve horas, nosotras incluso trabajamos más. Tenemos los mismos derechos y por nada del mundo nos los vamos a dejar quitar”, afirma.

Lo que no le sorprende son los argumentos que promueve ese discurso. El “voto por familia” era la misma consigna que usaban los contradictores del sufragio femenino cuando ella era una adolescente y la calle era su lugar favorito para exponer sus ideas. “Lo que decían era que no era necesario que las mujeres votaran, porque el voto del hombre representaba las ideas de toda la familia y que con eso era suficiente, jajaja. ¿Te imaginás?”, cuenta con su indistinguible acento valluno entre risas, quizás con una risa cargada de sarcasmo. “Y yo decía: ‘No, no es cierto, porque mi papá piensa de una forma y mi mamá de otra’”.

Esa certeza no nació de repente. María Teresa llevaba años haciéndose preguntas. Algunas habían empezado cuando era apenas una niña, observando a su propia familia y tratando de entender por qué, si su mamá y su papá podían pensar distinto, uno de los dos tenía el derecho de decidir políticamente y la otra no. “Siempre que acompañábamos a mi papá a votar yo sentía una rabia porque mi mamá no podía votar. Un día llegué a meter el dedo de ella en la tinta roja y le dije: ‘Ya, ya votaste. ¿No? ¿Por qué no puedes votar?’. Y ninguno de los dos sabía cómo responder”.

Su mamá, María Helena Calderón, era líder de una organización de mujeres católicas. Su papá, Juan Demetrio Arizábaleta, había alcanzado el grado 33 de la masonería, uno de los máximos reconocimientos dentro de esta fraternidad, históricamente asociada con espacios de debate, sociabilidad y discusión de ideas. Fue él quien le enseñó a leer cuando ella tenía apenas tres años, relata. También fue, sin proponérselo, la primera persona que la acercó a conversaciones que terminarían despertando aún más su curiosidad. “Él se reunía con gente de la élite y yo escuchaba muchas de sus conversaciones. Todos me parecían muy inteligentes. Hoy no podría decir lo mismo de todos, jajaja. Pero en esos años yo escuchaba y después les hablaba de esas cosas a las niñas de mi colegio”, recuerda.

Entre esos dos mundos tan distintos, María Teresa empezó a formar el carácter crítico que la acompañaría por el resto de su vida. Aprendió muy temprano que las ideas podían discutirse y que también era posible rebatirlas. El problema era que, en la Colombia de los años cuarenta, una niña que hacía preguntas y contradecía a los demás no era bien visto. “Todos mis recreos los pasé castigada. Yo era una niña muy rebelde”, acota. Tenía apenas ocho años cuando entró al Gimnasio Femenino del Valle, que, pese a su nombre, era un colegio mixto en el que estudiaban tanto hombres como mujeres. Allí, conoció a quien también sería artífice de alimentar sus ideas: la directora, Matilde González, a quien todavía llama “la señorita Matilde”.

En uno de esos tantos recreos que pasó castigada, la dejaron junto a una ventana. Desde allí alcanzó a ver una reunión entre la directora, Esmeralda Arboleda y Alberto Lleras Camargo. Y, como era de esperarse por su personalidad, en lugar de conformarse con mirar desde afuera, quiso saber qué estaba ocurriendo al otro lado del cristal. “Yo quería estar ahí y escuchar, así que le pedí a la señorita Matilde que me dejara estar castigada en esa reunión y le prometí que me quedaba en silencio”. La directora accedió. Quedó completamente encantada al escuchar a la abogada Esmeralda Arboleda, quien iba todos los viernes a esa reunión.

“Yo llegaba del recreo y les daba cátedra a mis compañeras. ¿Qué les decía? Pues que nosotras teníamos que tener los mismos derechos que los hombres, que por qué no, que teníamos que hacer algo para que eso pasara algún día”, agrega.

Ella aprovechaba cualquier espacio para hablar con sus compañeras sobre los derechos de las mujeres. Y fue también en esos años de colegio cuando vivió una situación que terminaría marcándola. Una de sus compañeras, Lucero, fue sobreviviente de violación cometida por un odontólogo, un hombre mayor. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, las familias de sus compañeras obligaron a sus hijas a alejarse de ella porque la consideraban una “mala influencia”.

María Teresa no lo hizo. Siguió siendo su amiga. “Ella tuvo que cargar con todo eso cuando tenía qué, como unos 12 años, mientras que el infame siguió su vida como si nada”, asegura. Para ella, la injusticia no estaba en Lucero, sino en una sociedad que terminó castigando y aislando a una niña por la violencia que había sufrido, mientras el hombre que la violentó continuó con su vida.

Con los años, esas preguntas y experiencias fueron dando más forma y fuerza, hasta que empezó a reconocerse como feminista. A sus 92 años -“bien vividos”, aclara- ya no recuerda exactamente cuándo se vinculó formalmente al movimiento sufragista. Lo que sí queda en su memoria es que, después de conocer a Esmeralda Arboleda, comenzó a viajar con ella para dar charlas sobre los derechos y la educación de las mujeres. Cuando empezaron las conversaciones en el Congreso, también se encargó de recoger firmas y participó en distintas manifestaciones.

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“Siempre fui rebelde y estaba convencida. Para mí, que pudiéramos votar era un recreo”, dice. Pero el camino hacia el sufragio estuvo lejos de ser un juego o fácil. Quienes se oponían a la causa las llamaban “malas mujeres”, “políticos con falda” o “mujeres desviadas”. En ocasiones, los ataques pasaban de las palabras a la violencia física.

Ella misma lo vivió cerca de La Merced. “Un hombre me pegó y me dio patadas y puñetazos. Me dijo que era muy feo que yo estuviera diciendo que las mujeres debían votar, que eso era muy feo. Y me pegó. Me dio puntapiés, me dio una patada en la cara”. Hace una pequeña pausa antes de volver sobre ese episodio y dice: “Para mí fue muy duro crecer, porque crecí con todas las contradicciones de la sociedad”.

Fue a sus 20 años cuando recibió la llamada que, de alguna manera, llevaba casi una década esperando desde aquellos días en que, castigada junto a una ventana del colegio, intentaba escuchar las conversaciones entre quienes hablaban del futuro del país. Al otro lado de la línea estaba Esmeralda Arboleda con la noticia: el 25 de agosto de 1954, el Congreso de la República había aprobado el derecho al voto de las mujeres en Colombia. “Yo estaba muy ansiosa y muy emocionada”, cuenta.

La aprobación, que quedó formalizada con la reforma constitucional del 27 de agosto de ese año, era apenas el comienzo. María Teresa todavía tenía que esperar, pues con 20 años no había alcanzado la mayoría de edad, que entonces se cumplía a los 21. Pero tres años después llegó el tan anhelado momento. El 1 de diciembre de 1957, las mujeres colombianas votaron por primera vez y María Teresa, que durante años había dicho que soñaba con ver su dedo marcado de rojo -la tinta utilizada entonces para identificar a quienes ya habían votado-, finalmente pudo hacerlo junto a su madre.

La jornada también dejó al descubierto que, aunque el movimiento sufragista estaba representado públicamente por un grupo reducido de mujeres que participaban de manera visible en los debates, 1.835.255 mujeres acudieron a votar en el plebiscito en el que se aprobó el Acuerdo del Frente Nacional. La participación mostró que el deseo de intervenir en las decisiones del país no pertenecía únicamente a quienes habían encabezado públicamente la lucha.

Sin embargo, la memoria histórica reconoce a Josefina Valencia de Hubach, Lucila Rubio, Bertha Hernández, Ofelia Uribe, María Teresa Arizabaleta, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Currea y Esmeralda Arboleda como algunas de las mujeres que abrieron camino y lucharon sin cansancio. Décadas después, su papel fue reconocido a través de la Ley 2463, que adiciona y modifica la Ley 2412 de 2024. La norma contempla actos conmemorativos, esculturas y otras obras artísticas, además de espacios académicos y culturales para preservar la memoria del movimiento.

María Teresa es hoy la única sufragista que sigue viva para contar esa historia y dar fe de una lucha que, para ella, no terminó con la conquista del voto. Siguió participando en manifestaciones y cuestionando las decisiones políticas del país. En 1973, por ejemplo, viajó de Cali a Bogotá para protestar junto a otras mujeres contra la repartición del poder entre liberales y conservadores que, a su juicio, se había convertido en una democracia fallida. Incluso, continúo con la costumbre de llevar la política a su casa. “Me enamoré de un godo muy godo, Daniel. Teníamos un jeep y mientras él sacaba una bandera azul por una de las ventanas, yo sacaba mi bandera roja. Siempre me respetó, siempre respetó mis luchas”, recuerda.

Después vendrían muchas otras primeras veces. Fue la primera mujer embarazada en estudiar en la Universidad del Valle y la primera profesora de matemáticas de la misma institución. También fue senadora, participó en la creación de las comisarías de familia, fue la primera mujer candidata a la Alcaldía de Cali y la primera directora de Planeación Municipal. Entre otros logros.

A sus 92 años, María Teresa reconoce en su propia historia una misma obstinación: no quedarse quieta cuando algo le parecía injusto y no tener miedo. Esa obstinación la llevó a discutir, a marchar, a estudiar, a hacer política y a ocupar lugares donde antes no había mujeres. También le trajo insultos, escupitajos y golpes. Pero nunca consiguieron callarla. Eso sí, nunca imaginó que viviría lo suficiente para ver cómo, décadas después de aquella lucha, el voto de las mujeres volvía a ser cuestionado en alguna parte del mundo. Pero así fue. Y para las mujeres feministas que hoy defienden ese y otros derechos, tiene un mensaje claro e irreverente: “Que les pesen las tetas, ole, que no se dejen quitar nuestros derechos”.

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Atender a damnificados, liderar ayudas humanitarias y acompañar causas sociales ha sido, históricamente, parte de esa “noble tradición” de las primeras damas. O, por lo menos, así lo describió la Corte Constitucional en los años noventa. Una lógica que en Colombia terminó por institucionalizarse alrededor de las esposas de los mandatarios. Al final, a ellas también se les ha asignado históricamente el papel de cuidar, atender y acompañar. Un trabajo que durante siglos ha recaído sobre las mujeres y que el feminismo ha puesto bajo la lupa por las desigualdades que esa distribución ha dejado.

Se ha visto en múltiples ocasiones. Mientras el expresidente Juan Manuel Santos avanzaba con la implementación del Acuerdo de Paz, María Clemencia Rodríguez, conocida como Tutina, acompañaba esa misma agenda desde un lugar mucho más simbólico. En 2017 envió a distintas personalidades regalos con la frase “en nuestras manos está reconciliarnos”, acompañados de un esmalte de uñas color “reconciliadora”, lanzado como parte de una campaña de Masglo. Esto es apenas una pequeña muestra de las muchas gestiones que realizó durante esos ocho años, casi siempre alrededor de asuntos similares: ayudas a damnificados por emergencias climáticas, regalos de Navidad en algunas bases de las Fuerzas Armadas y su participación como una de las principales voces de las estrategias de atención integral a la primera infancia.

Ese vínculo entre las primeras damas y las labores simbólicas de contención y cuidado viene de mucho antes. Fue en 1934, con María Michelsen Lombana, esposa del entonces presidente Alfonso López Pumarejo, cuando se estrenó en el país la figura de la primera dama de la Nación. Desde entonces, quienes han ocupado este rol han concentrado buena parte de su agenda en asuntos ligados al cuidado, especialmente, en los temas relacionados con la infancia, las mujeres, la familia, la salud, la educación o la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Y quizá uno de los ejemplos más claros está en el nacimiento de una de las principales instituciones de cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Fue Cecilia de la Fuente, esposa del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, quien, en medio de su agenda como primera dama, impulsó la Ley 75 de 1968, conocida como “Ley Cecilia”, que, tras ser sancionada, dio paso a la creación del instituto.

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Este patrón volvió a aparecer durante los primeros tres días del gobierno de Abelardo de la Espriella, tras el terremoto del 10 de agosto que dejó graves afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas. En medio de la emergencia, Ana Lucía Pineda, primera dama, asumió un papel visible en la movilización de ayudas humanitarias, acompañada por las llamadas “Tigresas de la Patria”.

Una de las principales iniciativas ha sido la campaña “Colombia, un solo corazón”, activada para coordinar la recolección, el transporte y la entrega de donaciones. En ella han participado entidades como el Banco de Alimentos, la Fundación Minuto de Dios, empresas privadas y otras organizaciones que han aportado productos, transporte y capacidades logísticas para atender las necesidades básicas de las zonas afectadas. Pineda ha sido tan visible que el mandatario le agradeció públicamente durante su primera alocución presidencial, el pasado 17 de agosto: “Gracias, gracias por tanto, vida mía”.

Pero si atender una emergencia y movilizar ayudas es un asunto público, ¿por qué la mayor parte de ese trabajo termina asociado a la esposa del presidente? Las primeras damas han ocupado ese lugar desde la creación del rol. Y esa tradición también habla sobre cómo el cuidado ha quedado, una y otra vez, en manos de las mujeres.

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Primeras damas: ¿por qué el cuidado sigue siendo “cosa de mujeres”?

Más que evaluar su gestión en medio de una emergencia humanitaria, Viviana Vargas Vives, activista, feminista y defensora de derechos humanos, señala que este accionar no es nuevo y responde a una asociación histórica entre las mujeres y las labores de cuidado. “Aunque en Colombia hemos tenido ejemplos de primeras damas que recientemente han ejercido roles distintos y se han querido desmarcar también de ese concepto, la realidad es que el lugar de la primera dama desde siempre, ha estado en todo aquello que se asocia a labores propias de la maternidad”, dice a El Espectador.

Desde los estudios de género, a esto se le ha llamado “maternalismo”. Es decir, la idea de que cuidar, proteger, acompañar, alimentar o educar son cualidades supuestamente “naturales” en las mujeres. Y que, cuando ellas están expuestas a la vida pública, esas tareas pueden extenderse también hacia la sociedad, como una especie de “vocación maternal”. De hecho, las cifras muestran que esa asociación también se mantiene entre mujeres que no ocupan espacios de poder: según la OIT, el 72 % de las personas dedicadas al cuidado comunitario en Colombia son mujeres, en su mayoría sin remuneración ni protección laboral.

“Hemos tenido mujeres liderando entidades, liderando carteras, en roles directivos, pero es que aquí no solamente entra a jugar el factor de la mujer, sino el factor de la esposa. Porque el rol de la esposa es un rol que, cuando concierne a la primera dama, pesa más que su condición de ser mujer, su condición de ser profesional, su condición de tener otras capacidades, y por ser precisamente una persona que no está ahí por sus capacidades, sino por ser la esposa”, agrega Vargas.

La Corte Constitucional terminó por delimitar ese papel en 1993, a partir de la revisión de las funciones que históricamente habían asumido las primeras damas en la junta directiva del ICBF. Señaló que no son servidoras públicas, sino ciudadanas particulares frente a la administración, sin sueldo ni presupuesto propio, y que su papel es principalmente protocolario y de acompañamiento al jefe de Estado. Aun así, la Corte reconoció que podían mantener esa “noble tradición” de tener iniciativa en asuntos de asistencia social y beneficencia pública.

La pregunta, entonces, no es solo por qué las primeras damas terminan ocupándose del cuidado. También qué lugar ocupan esas tareas dentro del poder. Históricamente, mientras la seguridad, la economía o la defensa han sido presentadas como asuntos estratégicos, la atención a la infancia, la asistencia humanitaria y el cuidado han quedado con frecuencia en un terreno asociado a la sensibilidad, la caridad o la “vocación femenina”.

Para Vargas, que estas labores hayan quedado históricamente relegadas a ellas también habla del lugar que los gobiernos les han dado a los asuntos humanitarios. “Eso lo que nos demuestra es que siempre han sido un asunto de menor prioridad o de ninguna prioridad”. Y agrega que esto puede verse incluso en figuras políticas de corrientes muy distintas, donde persiste una aspiración a representar el poder de forma “hipermasculinizada”.

La fuerza, las decisiones estratégicas y asuntos como la seguridad, la defensa, la economía o la infraestructura siguen apareciendo como terrenos donde estas figuras ponen a prueba su capacidad de mando. “El lugar de sus esposas es en aquello que para ellos no es prioritario, en aquello que para ellos no es un asunto estratégico, donde puedan poner a prueba su poder masculino”, afirma.

Por su parte, Li Cuéllar, profesional en historia, codirectore y cofundadore de Sentiido, coincide en que en América Latina los principios cristianos han influido en la forma de entender la familia heterosexual, especialmente en las expectativas sobre el papel de la madre y sobre lo que significa “ser mujer”. Aun así, se distancia de la idea de reducir a las primeras damas a meros adornos. “No son solamente protocolarias, sino que toman banderas. Creo que se puede ver desde diferentes perspectivas políticas. Por ejemplo, Cristina Fernández es el mejor ejemplo de eso, de cómo ella tuvo un papel súper importante y llegó a la Presidencia de manera contundente”, asegura en conversación con este diario.

Cuéllar se refiere al caso argentino. Cristina Fernández fue la pareja sentimental de Néstor Kirchner durante su presidencia. Al terminar ese mandato, en 2007, fue elegida presidenta de Argentina. Se convirtió así en la primera mujer en llegar al cargo por elección popular y la segunda en ejercerlo. Finalmente, gobernó durante dos periodos consecutivos.

Por eso, se distancia de aquella imagen de la primera dama como una figura principalmente protocolaria, anfitriona de la casa presidencial o acompañante en viajes diplomáticos. Y vuelve al ejemplo del ICBF: “Pues uno dice, ay sí, pues la niñez, esa labor como tan noble, pero finalmente esta señora terminó empujando la creación de una institución que, con todos los problemas que tiene, se encarga de salvaguardar los derechos de la niñez”, dice.

Aun reconociendo esa capacidad de incidencia, Cuéllar pone la atención en que cuidar también implica decidir a quién se cuida. Para explicarlo, recuerda el caso de Diana de Gales. Aunque ocupó un lugar distinto al de las esposas presidenciales, su figura mostró que incluso las causas humanitarias están atravesadas por expectativas sobre qué personas se consideran dignas de recibir cuidado y atención. En medio del fuerte estigma alrededor del VIH, la princesa de Gales desafió parte de esos límites al acercarse públicamente a personas que vivían con el virus.

“Ellas tienen un poder en el Ejecutivo muy importante, por eso, si van a mover agendas, hay que preguntarles esas agendas a quiénes incluyen. ¿Qué incluye ese cuidado? ¿A quiénes va a incluir? Creo que la pregunta más importante para mí en este momento es: ¿qué infancias va a cuidar y a qué infancias va a dejar por fuera? ¿A qué mujeres va a cuidar y a qué mujeres va a dejar por fuera?”. Cuéllar afirma que en el actual gobierno se promueve una idea de protección basada en valores cristianos que, a su juicio, deja por fuera a determinados grupos de la población.

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Frente a las ayudas humanitarias que se están movilizando tras el terremoto, las expertas coinciden en que estas deben ir acompañadas de veeduría, criterios técnicos y transparencia sobre el uso de los recursos. También señalan que la distribución debe tener en cuenta las desigualdades previas de los territorios afectados y que el control político no debería empezar al final, sino desde el mismo momento en que se toman las decisiones.

Para cerrar, Vargas insiste en que la discusión de fondo está en cómo se distribuyen ciertas tareas dentro del poder, algo que, a su juicio, puede reforzarse en el actual gobierno. Sin cuestionar por ahora la gestión de Pineda, considera que su papel puede terminar concentrándose en las labores asociadas con la sensibilidad y el cuidado, para reforzar el lado más humano del presidente.

“Eso va a terminar agudizando obviamente otro tipo de prejuicios alrededor de las mujeres. Nuevamente nos va a volver a hacer pensar que la fuerza, la administración más seria, es un asunto de los hombres y todo lo que indique caridad, sensibilidad y cuidado vulnerable es un asunto de las mujeres, sin ni siquiera evaluar capacidades, sin ni siquiera evaluar habilidades, sin ni siquiera evaluar cualificación”, concluye.

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Sentir que el piso se sigue moviendo, tener la sensación de que en cualquier momento hay que salir corriendo, sentirse perdido y en constante alerta, hasta el punto de que es difícil dormir, son reacciones psicológicas normales después de vivir un terremoto. Pero, para muchas mujeres, los efectos en su salud mental son diferentes y tienen más que ver con sus labores de cuidado y con lo expuestas que están a sufrir violencias basadas en género, incluso en medio de un desastre natural..

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, miles de personas quedaron damnificadas. Muchas han tenido que atravesar el duelo por la pérdida de sus seres queridos, mientras otras perdieron sus hogares, negocios y proyectos en cuestión de segundos. Esto ha resultado aún más impactante en territorios como Buenaventura, que, antes de la emergencia, ya enfrentaba un contexto de pobreza y violencia que ahora puede agravarse en medio de este hecho.

Las mujeres son uno de los grupos que pueden verse más afectadas durante una emergencia, no solo por los factores de género, sino también por los roles de cuidado que históricamente se les han asignado. En ese sentido, según Liz Arévalo, directora de la Corporación Vínculos, los desastres naturales no ocurren en contextos neutrales: las desigualdades y vulnerabilidades que ya enfrentaban muchas mujeres pueden profundizarse y precarizarse aún más.

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Mujeres que quedan solas y sin vivienda, niñas que pierden a familiares o mujeres jóvenes que deben hacerse cargo de sus hermanos, de otros miembros de su familia e incluso de adultos mayores son algunos de los escenarios que pueden presentarse, pues el rol de cuidadoras continúa recayendo de manera desproporcionada sobre ellas.

En Buenaventura, la pobreza —con un Índice de Pobreza Multidimensional del 66 %, frente al 49 % nacional— se suma a estas condiciones y al conflicto armado, que entre 2017 y 2022 dejó a las mujeres como el 86,7 % de las víctimas de violencia intrafamiliar en el distrito, según cifras de Pares y CODHES. Con el terremoto, que dejó 16 muertos en el territorio, más de 250 heridos y 540 hogares afectados, el riesgo podría ser inminente.

“Todas estas vulnerabilidades pueden colocarlas en una condición aún mayor de riesgo frente a los actores armados que siguen presentes, y frente a una situación en la que no tendrán las mismas herramientas y habilidades que los hombres para buscar ayuda. Sí hay. un poder dado por las armas y por la violencia, esto también puede incrementar los riesgos para ellas”, afirmó Arévalo.

Este es el caso de Aura María Núñez Castillo, una mujer de 49 años que tuvo que ver cómo su casa se derrumbaba encima de ella durante el terremoto que “nunca vio venir” y que, además, le arrebató la posibilidad de seguir con su emprendimiento de helados, al destruir toda su cocina y sus pertenencias.

Su casa, como muchas otras del sector Pampalinda, en Calle Larga, estaba hecha de madera de palafito y había sido construida por sus propios dueños. Estas viviendas no son resistentes ante fuertes terremotos como este y también representan el esfuerzo de cientos de familias que las levantan para convertirlas en el hogar que esperaban habitar toda la vida.

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Aura vivía con su pareja, sus dos hijos, de 29 y 23 años, y sus nietos, de 12 y 3 años. Ninguno resultó herido por el derrumbe, gracias a que no se encontraban en la casa. La única que estaba allí en ese momento era ella, completamente sola.

“La casa prácticamente se me cayó encima”, relata entre risas, mientras dice que, si no le saca algo de humor al tema, se derrumba.

Actualmente, se está quedando en la casa de una vecina, quien le dio posada y además está guardando las pertenencias de otras familias que lograron sacar algunas cosas entre los escombros. Aura describe la situación con incomodidad: le da pena cocinar y estar en la casa, así que pasa los días entre lo que queda de su hogar, por si “pasa alguna ayuda”. Mientras tanto, es ella quien está asumiendo la principal responsabilidad de solucionar esta crisis. Incluso ya está buscando materiales para construir una nueva casa.

“Pero ¿qué hace uno? Seguir adelante. Porque sentarse a llorar tampoco sirve. Con llorar uno no va a hacer nada”, dijo Aura.

Para Ludivia Serrato, investigadora social, los desastres naturales pueden afectar de manera diferencial a las mujeres y tener un impacto particular en su salud mental, ya que sus efectos no se producen en un contexto neutral, sino en uno marcado por desigualdades de género, inequidades y cargas de cuidado que ya estaban presentes desde antes.

“Ante un mismo hecho, mujeres y hombres pueden enfrentar de manera diferencial los recursos, los riesgos y las posibilidades de recuperación. En el caso de las mujeres, estos desastres pueden intensificar cargas de cuidado que ya estaban distribuidas de manera desigual antes del desastre”, explicó la investigadora.

Aura relata que las viviendas de su comunidad están ubicadas en terrenos ganados al mar, conocidos como zonas de bajamar, donde, asegura, han tenido que enfrentar numerosas dificultades a lo largo de los años.

“Nos ha tocado muy duro. Somos personas que llevamos toda una trayectoria de lucha y de dificultades”, cuenta.

Dice que, aunque las adversidades no siempre logran derrumbarlos por completo porque están acostumbrados a sobreponerse, perder la vivienda sí representa un golpe especialmente duro.

“La casa sí duele”, afirma, al explicar que construirla implica un gran esfuerzo económico y que, además, el precio de la madera se ha disparado. “Hay gente que dice que es mejor construir una casa de material que una de madera, pero la madera está súper cara”, relata.

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A esto se suma que, por el desastre, Aura y su familia han tenido que estar separados. En la casa de su vecina no caben todos y ella teme por los dos menores de edad, que podrían estar en contacto con los escombros. Aunque sus hijos ya son mayores, la preocupación no termina. Pasaron de vivir todos juntos en su casa a estar repartidos entre las viviendas de amistades y conocidos.

“Por eso les digo a los muchachos: ‘No, quédense allá, quédense allá hasta más adelante’. ¿Cómo hago? Yo quiero conseguir esto lo más pronto posible porque no voy a estar esperando. Yo no voy a negar que, si me dan una ayuda, la recibo con todo el amor del mundo. Pero yo estoy moviendo todo, estoy buscando mi madera”, relata.

Serrato explica que las mujeres también tienen un papel diferencial frente al cuidado y la respuesta ante la vulnerabilidad, porque son quienes suelen organizarse rápidamente para atender, cuidar y sostener a sus comunidades. Estas formas de resistencia y afrontamiento que se crean también generan prácticas que las mujeres van construyendo en medio de estas situaciones.

“Estas pueden contribuir a la salud mental y, al mismo tiempo, fortalecer otro tipo de capacidades, saberes, agencias y recursos comunitarios que tienen las personas para enfrentar este tipo de hechos”, afirmó la experta.

Arévalo explica que, ante la pérdida de un ser querido o la separación de sus familiares, muchas mujeres tienden a asumir una carga de culpa y a cuestionarse si pudieron haber hecho algo para evitarlo. “¿Yo cómo no lo cuidé?” o “¿Por qué no me morí yo en lugar de él?” son algunas de las preguntas que pueden surgir, especialmente durante los primeros días, que suelen ser los más difíciles, y pueden afectar su salud mental.

A esto se suma que, mientras intentan resolver las necesidades más básicas —conseguir una casa, una cama, un lugar donde dormir, agua y alimentación—, también deben comenzar a enfrentar el duelo y procesar las pérdidas. Esto supone una mayor carga mental para las mujeres, quienes, tras el shock inicial, deben entrar rápidamente en “modo supervivencia” para resolver necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el cuidado de sus familias. Esta presión puede aumentar el estrés, la ansiedad, la impotencia y el desasosiego, e incluso provocar crisis emocionales, disociación, desorientación y dificultad para procesar lo ocurrido mientras intentan atender múltiples necesidades al mismo tiempo.

Aura es, además, víctima del conflicto armado en Colombia. Su esposo fue secuestrado por grupos armados al margen de la ley y, desde entonces, tuvo que desplazarse del corregimiento de Puerto Merizal, en el río Naya, cerca de Buenaventura. Su historia, rodeada de violencia y dificultades, que cuenta incluso entre risas, es también la de miles de personas en Colombia que hoy enfrentan esta catástrofe.

Una emergencia que llega en medio de la precarización y la necesidad, y que vuelve a poner frente al país a comunidades que llevan años sobreviviendo, pero que ahora han perdido aquello por lo que tanto trabajaron y que representaba la esperanza de una vida mejor. En Buenaventura, sus habitantes piden ser visibles y atendidos por un país que, durante demasiado tiempo, les ha dado la espalda.

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Como Aura, hay cientos de mujeres que hoy cargan no solo con la responsabilidad de reconstruir sus hogares, cuidar a sus familiares y recuperar lo que destruyó el terremoto, sino también con el dolor de haber perdido a seres queridos. Aun en medio del duelo, muchas tienen que levantarse y comenzar a reconstruir. Por eso, su salud mental también debe ser una prioridad en medio de la emergencia: atender las heridas que no se ven es tan necesario como reconstruir las viviendas y las condiciones materiales necesarias para recuperar una vida digna.

“La gente aquí está en modo supervivencia. Realmente estamos viviendo el día a día. Si hoy hubo, bien; si no, pues igual. Acá somos madres cabeza de hogar. Por lo menos, mi pareja no es el papá de mis hijos. Yo crié a mis hijos sola. Entonces me ha tocado a mí sola. Y estamos aquí, para adelante. Que lo tengan en cuenta”, afirmó Aura María Núñez.

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