Las puertas del Teatro Colón se abrieron este 19 de mayo para un acto simbólico atravesado por la memoria, la reparación y una deuda histórica con las mujeres periodistas en Colombia. En uno de los escenarios más emblemáticos del país, se realizó el lanzamiento oficial del fondo “No es Hora de Callar”, una medida creada para prevenir violencias basadas en género en el ejercicio periodístico, fortalecer mecanismos de protección y responder a las agresiones que durante décadas han marcado la vida de muchas mujeres en el periodismo.

El nombre del fondo carga una historia que el país conoce bien: la de Jineth Bedoya Lima y su incansable lucha por los derechos de las mujeres periodistas. En mayo de 2000, mientras investigaba sobre las estructuras criminales en la cárcel La Modelo, fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano en 2021, y ella se convirtió en un símbolo para muchas reporteras que, durante años, trabajaron entendiendo que el peligro también estaba atravesado por la violencia machista.

“No han sido días fáciles, ni meses fáciles, ni años fáciles. Llegar a este día, hoy, que es tan especial porque por fin puedo entregarle algo a las mujeres periodistas de este país, me ha costado la vida misma. Y no me arrepiento de las batallas que he dado para buscar justicia, para transformar mi dolor y para entender que mi propósito es colectivo y no exclusivamente para mí: potenciar las voces de quienes, como yo, han sufrido violencia sexual, silenciamiento, humillación, censura y persecución”, dijo la periodista.

La creación del fondo responde a una parte de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte, mediante las cuales el Estado debía crear un mecanismo capaz de financiar programas de prevención, protección y acompañamiento para mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género.

La decisión incluía, además, incorporar el enfoque de género dentro de las políticas públicas de protección a periodistas y avanzar en garantías de no repetición. Es decir, reconocer que muchas comunicadoras enfrentan riesgos específicos atravesados por desigualdades de género, relaciones de poder y violencias que históricamente fueron minimizadas dentro del ejercicio periodístico.

“Vengo para dejar huella”, fue el mensaje con el que inició el acto protocolario, en medio de tambores, músicas tradicionales del Cauca y un ritual de armonización encabezado por la agrupación Flautas del Sentir. El evento, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Viceministerio de las Mujeres, reunió a periodistas de distintas regiones del país, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y representantes institucionales.

Después continuó el performance “No es hora de callar”, liderado y escrito por la dramaturga Patricia Ariza, en el que se rindió homenaje a nueve mujeres periodistas y trabajadoras de medios de comunicación víctimas del silenciamiento y la violencia: Silvia Duzán, Diana Turbay, Amparo Jiménez, Flora Alba Núñez, María Efigenia Vásquez, Beatriz Cano, Elizabeth Obando, María Elena Salinas y Martha López.

Durante el acto, el ministro de Igualdad, Luis Alfredo Acosta, le entregó a Jineth Bedoya el documento oficial con las medidas de reparación asumidas por el Estado. Además, lideresas indígenas le entregaron un tejido, una mochila y una orquídea como símbolo de resistencia y memoria. Los objetos aparecieron en medio de un acto atravesado por gestos que buscaban reconocer los años en los que, con su insistencia, convirtió una experiencia de violencia en una lucha colectiva por las garantías de las mujeres periodistas.

Así funcionará el fondo “No es Hora de Callar”

El fondo funcionará como una bolsa pública de recursos destinada a financiar programas de prevención, protección y atención integral para mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género. También apoyará investigaciones sobre las agresiones que enfrentan las comunicadoras y medidas de seguridad para quienes estén en riesgo por su trabajo.

Entre las acciones contempladas aparecen capacitaciones en seguridad digital, autoprotección física y cobertura en zonas afectadas por el conflicto armado. El decreto que reglamenta el mecanismo también establece que las medidas deberán llegar a periodistas de distintas regiones del país, incluidos territorios rurales y zonas históricamente excluidas de las rutas institucionales de atención y protección.

A su vez, la administración de los recursos quedará en manos de un comité integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la campaña No Es Hora de Callar y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Ese espacio tendrá la tarea de decidir qué programas y proyectos recibirán financiación y deberá sesionar al menos cuatro veces al año.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre qué ocurrirá con el Ministerio de Igualdad y Equidad, que hasta el momento entrará en liquidación el próximo 20 de junio, la periodista resaltó que el fondo no depende de ello.

“Es una medida ordenada por la Corte Interamericana, a la cual debe responder el Estado colombiano. La ley dice que el fondo está bajo la tutela del Ministerio de Igualdad o de quien haga sus veces. Así que, si al final el ministerio desaparece, el fondo pasará a la entidad que el Gobierno decida que asuma las funciones del Viceministerio de las Mujeres, y allí funcionará”, explicó.

Asimismo, explicó que el fondo contará con un presupuesto anual cercano a los 2.000 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

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El juicio por el asesinato de tres lesbianas cometido en 2024 en Buenos Aires, y que causó una gran conmoción en Argentina, comenzó este lunes con un único acusado: Justo Fernando Barrientos, quien podría recibir una condena histórica si la Justicia determina que se trató de un crimen de odio.

El tribunal juzga el ataque ocurrido en la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas, donde convivían dos parejas de mujeres lesbianas.

Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba casera tipo molotov contra la habitación donde dormían las víctimas, lo que provocó un incendio que dejó tres mujeres muertas y una sobreviviente con graves secuelas.

Pamela Cobbas (52 años), Roxana Figueroa (52) y Andrea Amarante (42) murieron a causa de las graves quemaduras, mientras que Sofía Castro Riglos (51) sobrevivió con importantes heridas que la obligaron a permanecer hospitalizada durante varias semanas y que le dejaron secuelas hasta hoy.

(Lea más acá: Crimen de odio: a Pamela, Roxana y Andrea las mataron por ser lesbianas)

Barrientos, de 69 años y encarcelado en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, está acusado de “triple homicidio agravado cometido por odio de género y por la orientación sexual de las víctimas”, además de tentativa de homicidio en el caso de la sobreviviente.

Por ello, la acusación pide prisión perpetua.

Durante la primera audiencia, celebrada este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 leyó los cargos contra el acusado, quien vivía en una habitación del mismo hotel donde residían las víctimas cuando ocurrió el ataque.

En este caso se presentan como querellantes representantes de familiares de las fallecidas, la defensa de Sofía Castro Riglos y organizaciones defensoras de la diversidad sexual y de género, como la Federación Argentina LGBT (FALGBT), que buscan que este hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.

Más de veinte testigos, entre vecinos, policías y peritos, fueron convocados a declarar en un proceso que podría extenderse hasta el próximo mes de julio.

Castro Riglos no dará testimonio en esta etapa por recomendación médica debido a las secuelas físicas y psicológicas del ataque.

Acciones de apoyo

Con motivo del inicio del juicio, organizaciones feministas, LGBTIQ+ y defensoras de derechos humanos realizaron este lunes una jornada de protesta y acompañamiento frente a los tribunales, convocada por la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más.

Miriam Djeordjian, vocera del colectivo, dijo a EFE que el juicio “es contra todos los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+” y destacó que las querellas lograron que el proceso incorporara los agravantes de odio por orientación sexual y violencia de género para “poder categorizar como lesbicidio este crimen”.

La activista añadió que el ataque ocurrió en un contexto de “discursos de odio” y vinculó el caso con expresiones públicas contra la diversidad, a pocos meses de la llegada de Javier Milei a la Presidencia y del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Parte de este odio instalado es el que habilita y corre los límites para que un Fernando Barrientos se anime a tirar una bomba molotov y asesinar a cuatro lesbianas por ser lesbianas”, concluyó Djeordjian.

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Imaginemos a una persona trans que el 17 de mayo de 2026 entra a una EPS en Bogotá y pregunta por un proceso de afirmación de género. En la ventanilla o durante la consulta, puede encontrarse con una respuesta conocida: antes de acceder al cuidado, su identidad debe pasar por valoraciones, diagnósticos o certificaciones que traduzcan su vida al lenguaje clínico. Mientras espera, ve en una pantalla institucional un mensaje celebrando el Día Internacional contra la LGBTIfobia. La escena parece contradictoria, pero en realidad describe con precisión el problema que queremos nombrar: el Estado puede conmemorar la diversidad, publicar comunicados y hablar de inclusión, mientras sus propios sistemas siguen clasificando a las personas trans bajo categorías que arrastran una larga historia de patologización.

El 17 de mayo no es una fecha cualquiera. Ese día recuerda una decisión histórica: el 17 de mayo de 1990, durante la 43ª Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades mentales. Años después, esa fecha fue propuesta como un día internacional contra la homofobia y, con el tiempo, amplió su lenguaje para nombrar también la transfobia y la bifobia. Esa ampliación fue necesaria, pues permitió reconocer violencias que durante mucho tiempo fueron ignoradas, minimizadas o tratadas como asuntos secundarios dentro de las agendas de derechos humanos. Sin embargo, entre el origen histórico de la fecha y la forma en que hoy suele conmemorarse hay una diferencia que pocas veces se discute. El punto de partida del 17 de mayo no fue solamente una pregunta sobre el odio, sino también una pregunta sobre la clasificación: ¿con qué autoridad la medicina, la ciencia y el Estado nombran como patológica una parte de la diversidad humana?

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Esa pregunta sigue abierta para las personas trans. Cuando el debate se reduce a la LGBTIfobia como rechazo individual, los responsables parecen estar en todas partes y en ninguna: el agresor anónimo, el familiar que discrimina, la sociedad que excluye o el funcionario que reproduce prejuicios en la atención cotidiana. Todo eso existe, debe ser nombrado y no puede minimizarse. Pero, cuando la pregunta se desplaza hacia la patologización, los responsables dejan de ser únicamente individuos y empiezan a aparecer con más claridad las instituciones, los manuales diagnósticos, los sistemas de codificación, las rutas de atención y las decisiones administrativas que definen quién entra al sistema, bajo qué categoría, con qué requisitos y con qué consecuencias. La primera pregunta permite campañas, comunicados e izadas de bandera; la segunda exige modificar la arquitectura del Estado.

Colombia está en un momento clave para hacerse esa pregunta. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, conocida como CIE-11, y allí las categorías asociadas a las experiencias trans dejaron de estar ubicadas en el apartado históricamente usado para patologizar la diversidad de género y pasaron a un capítulo sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. No se trata de una despatologización plena, pues muchas organizaciones y activistas trans han señalado que mantener estas categorías dentro de una clasificación de salud sigue siendo problemático. Aun así, representa un avance frente a la CIE-10, que clasificaba las experiencias trans bajo códigos diagnósticos F64, una nomenclatura explícitamente patologizante. Colombia ya adoptó formalmente la CIE-11 y se encuentra en un proceso de transición. Esto es relevante, pero también obliga a reconocer que la adopción formal de una nueva clasificación no transforma automáticamente las prácticas del sistema de salud. Mientras los registros, los reportes, los formularios y las rutas clínicas sigan funcionando con lógicas heredadas de la CIE-10, la vida de muchas personas trans seguirá entrando al sistema por una puerta estrecha: la del diagnóstico.

Ese es el punto que no puede perderse en la conmemoración del 17 de mayo. La discusión no es solo si el país usa una sigla más amplia, si publica comunicados más incluyentes o si reconoce simbólicamente la diversidad, sino si las instituciones que organizan el acceso al cuidado han dejado realmente de tratar la existencia trans como un problema clínico que debe ser certificado antes de ser atendido. En otras palabras, la pregunta no es únicamente si el Estado condena la transfobia en sus discursos públicos, sino si sus sistemas de salud, información y protección social han dejado de producir formas de patologización que afectan la vida concreta de las personas trans cuando intentan acceder a servicios, reclamar derechos o ser reconocidas en sus propios términos.

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El CONPES 4147, aprobado en 2025 como Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, fue presentado como un hito importante y su existencia debe ser reconocida. Sin embargo, una política de derechos no puede quedarse en el lenguaje general de la inclusión ni limitarse a diseñar lineamientos amplios sobre eliminación de barreras,. También puede intervenir los mecanismos concretos que producen exclusión: las rutas de atención, los requisitos administrativos, los sistemas de información, los diagnósticos que habilitan o bloquean servicios, y las categorías con las que el Estado decide quién aparece y cómo aparece. En salud, esto significa que la transición a la CIE-11 debe estar acompañada de lineamientos claros para la práctica clínica, formación del talento humano, criterios de interoperabilidad entre sistemas y una revisión seria del lugar que ocupa el diagnóstico psiquiátrico en el acceso a servicios de afirmación de género. De lo contrario, el país puede tener una política pública avanzada en el papel y una experiencia cotidiana profundamente patologizante en la consulta.

Por supuesto, la violencia tampoco puede separarse de esta discusión. En 2024, Caribe Afirmativo reportó 164 homicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 52 casos en el mismo período. La diferencia entre ambas cifras no es solo un problema metodológico ni una disputa entre fuentes, sino una señal de algo más profundo: los sistemas del Estado todavía tienen dificultades para reconocer, clasificar y contar adecuadamente las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans. Esa brecha entre fuentes es una forma concreta de injusticia estadística. No porque los datos, por sí solos, salven vidas, sino porque organizan prioridades, recursos, respuestas institucionales y memoria pública. Cuando una población aparece mal clasificada en los sistemas de salud y mal contada en los registros de violencia, queda atrapada entre dos formas de borramiento: una que la reconoce como condición clínica y otra que no logra registrar plenamente los daños que enfrenta.

Por eso, conmemorar el 17 de mayo desde una perspectiva de justicia estadística implica algo más exigente que rechazar el odio. Implica preguntar quién aparece en los sistemas del Estado, bajo qué nombre, con qué categoría, en qué capítulo, con qué riesgo de exposición y con qué consecuencias para su acceso a derechos. No se trata de volver al 17 de mayo de 1990 ni de negar la importancia de nombrar la homofobia, la transfobia y la bifobia. Al contrario, se trata de recuperar la pregunta incómoda que hizo posible esa fecha: la pregunta por el poder de las instituciones para definir qué vidas son consideradas normales, cuáles son tratadas como desviación, cuáles son protegidas, cuáles son apenas toleradas y cuáles siguen siendo obligadas a traducirse al lenguaje del diagnóstico para poder acceder al cuidado.

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Las personas trans no necesitan que los datos les digan quiénes son. Lo saben y lo han sabido siempre. Pero sí necesitan que los sistemas de salud, justicia, protección social y registro público dejen de traducir su existencia a categorías que las patologizan, las exponen o las borran. Precisamente, esa es la apuesta de la justicia estadística que proponemos desde la Liga de Salud Trans: el derecho a ser reconocidas en los sistemas del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de la sociedad. Y esa es, quizá, la pregunta que el 17 de mayo todavía nos debe: no solo contra qué odio luchamos, sino bajo qué categorías nos clasifica el Estado mientras dice celebrar nuestra existencia.

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Imagínese despertar y revisar el celular antes de salir de la cama porque durante la noche pudieron publicar su foto sin permiso. Abrir sus redes sociales para comprobar si aparecieron nuevos insultos. Encontrarse con personas desconocidas opinando sobre si usted merece existir, trabajar, amar o caminar con tranquilidad por la calle. Luego, antes de salir de casa, tener que hacer cálculos que otras personas no suelen hacer. Pensar qué ropa ponerse para evitar miradas y no llamar “demasiado” la atención, o evitar agresiones. ¿Camisa ajustada o de colores llamativos? ¿Falda o pantalón? ¿Maquillaje o mejor no? Pensar dos veces si vale el riesgo darle la mano a su pareja en la calle. Medir lo que dice, la voz, los gestos y la manera de caminar.

Eso es lo que intenta retratar el informe “Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, de Caribe Afirmativo, que expone la situación de derechos humanos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Durante 2025, se reportaron 270 homicidios y feminicidios en el país. Es decir, cada 32 horas una persona fue asesinada. Pero detrás de esa cifra hay mañanas como esta. Personas que salieron temprano a trabajar, tomaron un bus, respondieron mensajes, hicieron mercado o volvieron tarde a casa intentando esquivar las múltiples formas de violencia que enfrentan a diario.

Es en esa cadena de agresiones donde el documento habla de la “arquitectura de la violencia”. Para una persona diversa, no inicia ni termina con las agresiones físicas o el homicidio. Empieza desde el rechazo familiar, la discriminación cotidiana, las amenazas digitales, los entornos hostiles y la incapacidad institucional para proteger a quienes siguen viviendo en mayor riesgo.

Por ejemplo, al interior del hogar, se reportaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar durante el año. Del total, 469 víctimas fueron mujeres lesbianas y 458 mujeres bisexuales, es decir, más del 60 %. Asimismo, se registraron 399 casos contra hombres gais, 109 contra hombres bisexuales, 15 contra mujeres trans, 16 contra hombres trans y 3 contra personas no binarias. En este escenario, se evidencia que el hogar se configura como el primer espacio de “castigo” frente a orientaciones sexuales e identidades de género que rompen expectativas tradicionales. Cada día se presentan al menos cuatro casos.

“La familia, el hogar, los espacios afectivos, son los espacios seguros que tenemos. Siempre hemos considerado, desde una visión tradicional de la violencia, que la violencia está de las puertas de la casa hacia afuera. Y el informe lo que revela es que en este país los hogares son lugares inseguros para las personas LGBTIQ+. Esos casos de violencia intrafamiliar, la mayoría de los agresores son padres, madres, tíos, abuelos, abuelas y, en algunos casos, compañeros o compañeras permanentes”, dice Wilson Castañeda, politólogo, filósofo y director de la organización, en conversación con El Espectador.

Ese ambiente hostil empieza a construirse antes de cualquier agresión física o verbal. En una madre que deja de hablarle a su hija cuando descubre que tiene novia. En un adolescente que aprende a borrar conversaciones antes de prestar el celular. En una mujer trans que termina durmiendo en otro lugar porque ya no puede volver a su casa. Cuando la violencia escala, denunciar tampoco es fácil, porque implica señalar a personas cercanas y enfrentar nuevas formas de rechazo. Por eso, advierte Castañeda, muchos casos nunca llegan a las instituciones o quedan fuera de los registros oficiales.

Fuera del hogar, la violencia no desaparece. Las amenazas y los hostigamientos ocuparon el segundo lugar entre las principales violencias contra personas LGBTIQ+, con 1.184 casos durante el año. Para la organización, este tipo de agresión tiene una dimensión particular porque busca alterar la vida cotidiana de quien la recibe. “Su capacidad para restringir movimientos, generar desplazamientos forzados y profundizar la vulnerabilidad demuestra que este fenómeno actúa no solo como antesala de agresiones más graves, sino como un daño autónomo que produce efectos inmediatos en la vida de quienes lo padecen”, se lee en el documento.

Ese impacto se vuelve aún más alarmante en las vidas de personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+, pues se registraron al menos 80 amenazas de muerte directas. Las mujeres bisexuales concentraron 22 casos, seguidas por mujeres trans con 21, mujeres lesbianas con 16, hombres gais con 7, hombres bisexuales con 6 y personas no binarias con 4 casos. “Es una antesala para violencias más letales”, asegura el director. Detrás de esos mensajes hay vidas que empiezan a reorganizarse alrededor del miedo. Personas que dejan de asistir a reuniones, cambian de barrio, cierran redes sociales o dejan de ejercer su liderazgo con la intención de reducir sus niveles de exposición.

Sin irse muy lejos, la violencia también está en la palma de la mano: en el celular y en el mundo digital. La exposición forzada de identidades, el hackeo de cuentas, la divulgación de datos personales, las amenazas, la “sextorsión” y la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento hacen parte de las agresiones. “Las redes sociales y plataformas digitales funcionan hoy como escenarios de producción y legitimación del prejuicio”, señala el informe.

Según el politólogo, varios de los casos comenzaron justamente ahí. “Las víctimas fueron contactadas por los victimarios a través de redes sociales. Algunas de las tentativas de homicidio y feminicidio y algunos de los casos de agresiones físicas empezaron a revelarse en las redes”, afirma. Entonces, las plataformas digitales aparecen como una extensión de esas violencias que ya atraviesan el espacio público y privado. Lugares donde las personas LGBTIQ+ reciben insultos y amenazas, pero donde también pueden ser ubicadas, expuestas y puestas en riesgo.

En cuanto a la violencia sexual, se rastrearon 628 casos, siendo las mujeres lesbianas y bisexuales las más afectadas, con un 60 %. “En este nivel, la violencia adquiere una dimensión particularmente grave, donde se causa daño y se reafirman jerarquías de género y sexualidad. En muchos casos, opera como una forma de castigo frente a identidades percibidas como desviadas, especialmente en personas trans y hombres gais”, señala la organización. Frente a esto, Castañeda explica que la violencia sexual aparece cargada de sevicia y crueldad porque, además de agredir el cuerpo, busca marcarlo, someterlo y enviar un mensaje simbólico sobre lo que la sociedad considera “aceptable” o “intolerable”.

Pero no termina ahí. A ese “continuum de violencias” se suman 360 actos discriminatorios, que van desde la negación de servicios, trato diferencial, expulsión de espacios, hasta barreras institucionales que afectan la vida de las personas LGBTIQ+ y “establecen las condiciones para que otras violencias ocurran”. El director sostiene que la discriminación en entornos cotidianos y por parte de las instituciones es el punto de partida de todas las violencias ya descritas. “No son hechos marginales ni simbólicos: son la expresión cotidiana de un orden social que excluye, degrada y limita el acceso a derechos”, dice.

Por otro lado, el informe incluye además 108 casos de violencia policial, 17 de desaparición forzada, 10 de trata de personas y 3 de reclutamiento forzado. En total, la organización registró más de 4.000 hechos de violencia contra personas LGBTIQ+ durante 2025. Detrás de esas cifras hay una sensación de frustración e impotencia que, según Castañeda, se repite entre víctimas y organizaciones sociales: “Quienes son receptoras de esta violencia tienen un profundo nivel de frustración, y quienes acompañamos a las víctimas tenemos un fuerte sentimiento de impotencia porque sentimos que, más allá de los compromisos, más allá de las tareas que se asumen, el Estado ha fallado en materia de proteger los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Para Castañeda, una de las mayores preocupaciones es que los patrones se mantienen casi intactos desde hace más de dos décadas. Las formas de violencia siguen apareciendo bajo el mismo patrón: ataques con arma blanca, altos niveles de sevicia, violencia sexual, mayor afectación contra personas trans y agresiones concentradas en determinados horarios y espacios. “Llevamos más de 20 años dando cuenta de unos patrones criminales que son propios de la violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, y el Estado solo aparece cuando la persona está asesinada, agredida o amenazada. Es un Estado que sigue actuando cuando se viola el derecho, pero no logramos tener un Estado que aparezca para prevenir”, afirma.

Y en medio de esa ausencia que denuncian, también se menciona la falta de un “sistema confiable” que registre y haga seguimiento a los casos, pues muchos quedan por fuera de las estadísticas. “Presentamos más de 160 derechos de petición a entidades como la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, Policía Nacional y personerías territoriales. Varias entidades presentaron limitaciones significativas para identificar y registrar adecuadamente las violencias contra personas LGBTIQ+; más de 20 derechos de petición nos los entregaron con información inconclusa, contradictoria e incluso victimizante”, concluye Castañeda.

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A pocos días de que Colombia vaya a las urnas para la primera vuelta presidencial, la atención pública se concentra en quienes buscan llegar a la Casa de Nariño. Esta semana, el foco cayó sobre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien, en medio de la disputa con Paloma Valencia por el segundo lugar en las encuestas, protagonizó dos entrevistas atravesadas por comentarios y actitudes machistas. Más allá de la polémica en redes sociales, expertas consultadas explican que estos episodios evidencian formas de violencia simbólica y de género, y muestran cómo las discusiones sobre machismo atraviesan también las campañas electorales.

El primer caso se dio durante una transmisión en vivo de Piso 8 FM. En medio de la entrevista, Abelardo de la Espriella aseguró que había sumado votos “del electorado femenino” por el tamaño de sus genitales. Después, le pidió a la periodista Laura Rodríguez que hiciera zoom a una fotografía en la que, según él, eso podía verse con claridad. La escena estuvo acompañada de expresiones como “mi amor”, “cariño”, “no seas tímida” y “¿qué más ves?”. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, algunas personas calificaron lo ocurrido como acoso sexual, otras defendieron que se trataba de “humor”.

Frente a lo ocurrido, la periodista Laura Rodríguez dijo que se sintió irrespetada y vulnerada. “No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió en sus redes sociales.

Horas después, el candidato publicó un mensaje en el que aseguró que todo ocurrió en un “contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter). Además, insistió en que se trató de una “broma” y ofreció disculpas.

(Le podría interesar: El fantasma de la “ideología de género” reaparece en las campañas presidenciales: ¿por qué?)

¿Es “humor” o violencia de género?

Todo esto ocurre en un momento especialmente sensible para el periodismo colombiano, atravesado por las denuncias de acoso sexual y laboral que se han conocido en los últimos meses bajo el movimiento “Yo Te Creo Colega”, identificado como una segunda ola del ‘Me Too colombiano’. El movimiento recopiló cerca de 260 testimonios sobre violencias dentro del ejercicio periodístico. A eso se suman 200 relatos recogidos por el Ministerio del Trabajo durante inspecciones realizadas a medios de comunicación. Los casos hablan de acoso, abuso de poder y ambientes laborales hostiles que durante años permanecieron en silencio.

(Lea aquí: ‘Me Too Colombia’: informe reúne más 260 testimonios de acoso sexual y laboral en medios)

Aunque buena parte de esas denuncias apuntan a dinámicas dentro de las redacciones, las periodistas también enfrentan violencia por parte de las fuentes que cubren. En 2021, un informe elaborado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo reportó que el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son colegas hombres, con un 38 % correspondiente a jefes y un 27.2 % a fuentes.

Es desde ahí que Viviana Vargas, abogada feminista y defensora de derechos humanos, señala que esta situación con no puede leerse como “humor”. Explica que la conducta estuvo dirigida específicamente hacia la periodista presente en la entrevista y que eso configura una forma de violencia de género. Para ella, De la Espriella “está regresándonos a un lugar no solamente de normalización del acoso sexual, sino de normalización de la humillación pública hacia las mujeres, porque la realidad es que lo que ocurrió con la periodista Laura Rodríguez fue acoso sexual en el espacio público”, dice a El Espectador.

Y es que el acoso sexual no se define por cómo lo interpreta quien lo ejerce, sino por lo que produce en la persona que lo recibe. Se trata de una forma de violencia y discriminación atravesada por relaciones desiguales de poder y de género. En este caso, entre una periodista y un candidato presidencial, en un medio de comunicación y frente a una audiencia.

Según ONU Mujeres, el acoso sexual puede aparecer de distintas maneras: comentarios sexuales no deseados, insinuaciones, mensajes, gestos, miradas, tocamientos o presiones. Conductas que generan incomodidad, intimidación, humillación o un escenario hostil. Identificarlo no depende de la intención de quien las realiza ni del tono en que se dicen, sino de la ausencia de consentimiento y del impacto que tienen sobre quien las vive.

(Le puede interesar: ¿Cómo identificar el acoso sexual cuando parece “inofensivo”?)

Para la abogada, no se puede perder de vista quién lo dice en este caso, pues allí hay una relación de poder y, además, un mensaje directo a la sociedad. “Que quien aspira a ocupar el máximo poder público, el máximo poder del Estado, valide y legitime directamente una violencia que estamos tratado de desnormalizar, puede empezar a generar la lectura de que esta violencia es normal y volver a generar validación y legitimidad social, lo que implica que se exacerbe y aumente”, agrega.

Por su parte, Gabriela Galeano, abogada especializada en temas de género, explica que el “humor” no elimina las relaciones de poder ni los efectos simbólicos de lo que se dice. Cuando un candidato o figura pública hace comentarios sexualizados hacia una periodista, no está interactuando en igualdad de condiciones.

“Ese argumento de que “es solo humor” funciona como mecanismo de minimización y evita discutir el impacto real de los comentarios. Además, traslada la responsabilidad a quien se sintió afectada, como si el problema fuera ‘no entender el humor’ o ‘ser demasiado sensible’. Sin embargo, este tipo de expresiones tienen consecuencias concretas porque deterioran la legitimidad profesional de las periodistas, generan entornos hostiles y envían el mensaje de que las mujeres en el espacio público pueden ser sexualizadas incluso mientras ejercen su trabajo”, afirma, en conversación con este diario.

Cuando la respuesta apunta a la periodista y no a la pregunta

Pero los cuestionamientos sobre las conductas machistas del candidato Abelardo de la Espriella no terminaron con ese episodio. Días después, durante una entrevista con la periodista María Lucía Fernández en Noticias Caracol, volvió a protagonizar otro momento que encendió alertas. Fernández le preguntó por una frase que él mismo había pronunciado años atrás: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. A partir de eso, le planteó si en un eventual gobierno suyo podría ejercer el poder sin ética.

La reacción del candidato fue inmediata, tomó un tono confrontativo y buscó minimizar a la periodista. “Eso fue mal interpretado, entiendo que mucha gente no lo entienda. [...] La pregunta viene con su veneno, tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. [...] Yo no dije que el abogado no debía tener ética, pero como tu pregunta tiene veneno y al parecer tú estás aquí para eso. [...] Si hubieras investigado un poco sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho”, respondió.

La escena volvió a mover una discusión que va más allá de la tensión entre periodistas y figuras políticas en escenarios electorales. Para las analistas, este tipo de respuestas son una forma de deslegitimar públicamente a las mujeres cuando preguntan, cuestionan o interpelan el poder. Además de desacreditar la pregunta, también pone en duda la capacidad intelectual y profesional de quien la formula.

“Es un aleccionamiento público del lugar donde muchos hombres quieren seguir viendo a las mujeres y del costo que piensan que merecemos pagar por habitar espacios que consideran reservados para los hombres. Es la exhibición, la humillación, la interpelación permanente, la duda constante sobre sus capacidades, sobre su conocimiento y sobre su mérito”, asegura Vargas.

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En contextos de violencias basadas en género, esto es lo que se conoce como violencia simbólica. “Es una forma de violencia encubierta, indirecta y masiva que se manifiesta a través de representaciones culturales, estereotipos, lenguajes, normas y actitudes que refuerzan y perpetúan la subordinación y discriminación hacia las mujeres”, plantea ONU Mujeres. En esa categoría también se ubica el concepto de mansplaining, una práctica que no necesariamente implica insultos explícitos, pero sí formas de minimizar, desautorizar o invalidar el conocimiento de las mujeres a partir de estereotipos de género.

La escritora Rebecca Solnit, quien popularizó el término, señaló en su momento que el problema no radica únicamente en que un hombre explique algo, sino la estructura cultural que lleva a que muchas mujeres sean interrumpidas, puestas en duda o tratadas como menos expertas de forma sistemática. La lógica detrás del mansplaining es que el hombre asume una posición automática de autoridad y coloca a la mujer en un lugar de inferioridad o desconocimiento.

En el caso de María Lucía Fernández, el candidato utilizó expresiones como “tú no entiendes la diferencia”, “tú no tienes formación”, “tu pregunta tiene veneno” y “si hubieras investigado”. Sobre ese punto, las expertas coinciden en que se trata de una forma de violencia simbólica contra la periodista y de allí surgen las críticas hacia sus comportamientos machistas.

Gabriela Galeano subraya que sí se trata de violencia simbólica “por el mensaje que envía, especialmente en un escenario como la televisión, donde ocurrió el intercambio con María Lucía Fernández. Allí se minimiza su autoridad profesional y se reproducen estereotipos de género, sobre todo en la política, porque el mensaje implícito es que las mujeres ‘no sabemos de política’. En últimas, esto afecta la participación de las mujeres en el espacio público”.

Para Vargas, esto se traduce en humillación, exigencias desmedidas y presión constante sobre mujeres como Fernández, quienes, aunque hoy ocupan lugares visibles y de reconocimiento, han tenido que enfrentar estándares más altos que los de muchos de sus colegas hombres. Y añade que esa carga también recae sobre otras mujeres que, para siquiera aspirar a esos espacios, deben demostrar repetidamente sus capacidades, habilidades y compromiso profesional.

Frente a los comentarios a ambas periodistas, las reacciones llegaron desde distintos sectores políticos que hoy disputan la presidencia de Colombia. Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia e Iván Cepeda cuestionaron públicamente sus comentarios y calificaron su comportamiento como “arrogante”, “misógino”, “intolerable” y “denigrante”.

El candidato respondió que se trataba de una “cortina de humo”. “Los de siempre y el régimen están en la misma narrativa. Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes”, escribió en sus redes sociales. Para respaldar su argumento, apeló a su trayectoria como abogado y mencionó su participación en iniciativas legislativas relacionadas con violencias contra las mujeres, entre ellas la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely.

(Lea más aquí: Cepeda, Valencia y otros reprochan declaraciones de De la Espriella contra periodistas)

“Abelardo de la Espriella encarna la masculinidad hegemónica”: el machismo como estrategia electoral

No es la primera vez que el candidato es cuestionado por comentarios machistas. En otros escenarios también ha reforzado ciertas ideas sobre cómo entiende las relaciones entre hombres y mujeres en la política. Por ejemplo, durante un encuentro con medios en la Universidad Sergio Arboleda, explicó por qué rechazó una invitación de Paloma Valencia a debatir. “Yo soy bueno pa’ la pelea y si voy a algún debate puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una tacita de té”, dijo.

De acuerdo con las expertas, lo que aparece de fondo es la idea de que las mujeres no terminan de ser reconocidas como interlocutoras en un debate político. Sus argumentos quedan desplazados hacia un lugar en el que ellas aparecen como figuras que el hombre debe “proteger”, evitar confrontar o contener, mientras el liderazgo masculino sigue asociado a la dureza y a la exhibición de la virilidad. “En este tipo de discursos, la virilidad es una herramienta política que busca transmitir autoridad, fuerza y capacidad de imponerse, vencer y dominar”, apunta Galeano.

A su vez, Vargas considera que “Abelardo de la Espriella encarna la masculinidad hegemónica, que es mayoritaria en este mundo y también en nuestra sociedad. El error está en pensar que Abelardo es un extraño en esta contienda”.

Otro de esos episodios que se le cuestionan se dio durante la gira de campaña a finales de abril. Abelardo de la Espriella visitaba un taller de cerámica cuando una artesana empezó a explicarle cómo funcionaba su trabajo. “Cuando no es pedido de rapidez, es terapéutico. Pero cuando lo cogen a uno que para ya…”, expresó ella. Él la interrumpió con un comentario en doble sentido: “Depende. Hay rapiditos buenos, generala”. A lo que ella respondió incómoda: “No, yo no sé”.

Ese comentario se suma a otras intervenciones públicas en las que el candidato construye una imagen de masculinidad asociada a la fuerza y la potencia sexual como atributos de liderazgo. En distintos eventos ha repetido variaciones del mismo chiste: “En estos días me dijo un señor: ‘Yo pensé que usted era más alto’, y yo le dije: ‘Hermano, los cojones no me dejaron crecer’”.

Sin embargo, las analistas coinciden en que es una imagen pública calculada. Para Galeano, los comentarios del candidato “dejan ver que aún hay una parte del espectro político en la que el poder está profundamente asociado a la masculinidad hegemónica y a la forma en que se ha ejercido históricamente”. En su análisis encuentra que la masculinidad, desafiante y sexualizada también funciona como una estrategia de conexión emocional con ciertos sectores del electorado. En redes sociales, podcasts y canales dirigidos principalmente a hombres jóvenes, se ha consolidado una narrativa donde el feminismo, la igualdad de género o la llamada “corrección política” son presentados como amenazas. Por lo que esta imagen “puede generar conexión con sectores del electorado que sienten incomodidad frente a los cambios culturales relacionados con género, diversidad o igualdad”, agrega.

“Existe un cálculo político detrás de sus comentarios, porque estamos viendo un incremento del discurso antifeminista, no solamente entre hombres. Esta hipermasculinidad, abiertamente violenta y amenazante, es un discurso que a nivel global está permeando a nuevas generaciones de hombres y mujeres”, concluye Vargas.

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El 7 de agosto de 2026, quien tome posesión de la presidencia heredará un panorama con avances importantes en materia de género, impulsados en gran medida por la sociedad civil. Pero también recibirá un país en el que la violencia basada en género y por prejuicio no cede; la salud sexual y reproductiva sigue con baja inversión; las personas sexodiversas permanecen invisibilizadas en los sistemas de información; la autonomía económica de las mujeres sigue siendo una deuda; y la institucionalidad de género llega debilitada.

La violencia basada en género sigue siendo uno de los problemas más graves del país. Año tras año, Colombia vuelve a aparecer en el listado de países de América Latina con mayores niveles de violencia contra la mujer, y las cifras recientes no hacen más que confirmarlo. En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 118 casos de feminicidio y 333 tentativas. Y en 2026 tampoco hay señales de mejora. Solo en Bogotá, entre enero y marzo, se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales 390 fueron clasificadas como de riesgo extremo.

Pero hay otra forma de violencia que preocupa especialmente a analistas como Viviana Vargas, abogada y activista feminista, y es el reclutamiento de niñas y adolescentes por parte de grupos armados, un fenómeno que, según advierte, se está analizando sin perspectiva de género. Para ponerlo en cifras, Naciones Unidas informó que el reclutamiento de menores de edad aumentó un 300 % en los últimos cinco años.Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró cerca de 260 casos en 2025, de los cuales el 42 % corresponde a niñas y adolescentes. Para Vargas, esto se explica por el uso de plataformas digitales y la instrumentalización del discurso de género.

(Lea aquí también: “Total ausencia de derechos”: mujeres en Catatumbo denuncian violencia y explotación sexual)

“Se está utilizando el discurso del empoderamiento, no porque los grupos armados crean en el feminismo, sino porque la captación se hace bajo la falsa promesa de estatus, protección y empoderamiento”, comenta en entrevista con El Espectador. Agrega que a las niñas y adolescentes las vinculan a los grupos armados específicamente para captar a más jóvenes. Lo revelador es que les asignan dos roles distintos: por un lado, usan discursos de autonomía económica para atraer a otras mujeres; por otro, imponen roles hipersexualizados para atraer a hombres jóvenes bajo promesas de enamoramiento. “Necesitamos una institucionalidad que entienda que las mujeres vivimos en permanente riesgo por ser mujeres y por vivir en los contextos de la guerra”, agrega.

Ahora bien, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, el panorama es más alentador. María Vivas, directora de Fundación Oriéntame, ve avances concretos, aunque con retos de implementación que siguen pendientes. Por un lado, destaca que disminuyó el embarazo adolescente entre los 15 y los 19 años. Al comparar 2023 y 2025, la tasa pasó de 36.6 a 27.3 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Un patrón que se repitió en menores de 14 años, según cifras del DANE.

En materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Ministerio de Salud y Protección Social actualizó la norma que regula cómo se presta el servicio en el sistema de salud para ponerla al día con la sentencia C-055, que desde 2022 permite el aborto hasta la semana 24. Lo anterior resulta importante porque, si bien ya existía un reconocimiento legal, aún estaba pendiente su implementación en el sistema de salud. En esa misma línea, la Corte Constitucional emitió en 2025 la sentencia SU-297, que les reconoció a las mujeres indígenas el derecho a acceder al aborto sin necesitar el “permiso” de sus autoridades comunitarias.

(Lea aquí: La geografía del silencio: el aborto para mujeres indígenas, afro y migrantes en Colombia)

Pero no todo está resuelto. Vivas explica que aún faltan pendientes, como que la Fiscalía General haga efectiva la Directiva 0009 de 2023 para que sus fiscales dejen de investigar y criminalizar a mujeres y médicos que realizan abortos antes de la semana 24, y archiven los casos que no constituyen delito.

También señala otro tema que lleva años sin resolverse y sigue generando debate a nivel mundial: la gestación por sustitución, un método de reproducción asistida mediante el cual una persona gesta un hijo o hija para otra persona o pareja. “La Corte Constitucional ha instado la necesidad muy urgente de regulación. Esto es especialmente problemático por los riesgos de explotación, de trata de personas y de comercialización excesiva que tiene esta práctica sin regular”, concluye Vivas en conversación con este diario.

Si se mira el panorama de la población LGBTIQ+, el contexto se pone aún más complejo. A la fecha de publicación de esta nota, 29 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo que va del año. Un número que, según Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, no sorprende en un país donde ser una persona sexodiversa puede costar la vida. A esos altos niveles de violencia se suman los discursos de odio que han ido ganando tanta fuerza en el país que hoy presentan a esta población como una amenaza social.

(Lea aquí también: Sara Millerey, un año después: Colombia sigue en deuda ante violencia contra mujeres trans)

Narrativas que terminan normalizando la exclusión y refuerzan las condiciones de pobreza e inequidad que ya enfrenta esta población, especialmente las personas trans y no binarias. Este grupo enfrenta rezagos frente a avances en derechos y garantías que se han centrado principalmente en parejas del mismo sexo.

Para Castañeda, todo este panorama ocurre con un gran vacío de datos. “Ni los sistemas de información que documentan violencia son claros con dar cuenta de cómo afecta la violencia a las personas LGBT, ni los servicios que presta el Estado en materia de derechos económicos, sociales y educativos. Necesitamos un sistema de información con datos reales y precisos para que el Estado pueda ofrecer servicios acordes a las necesidades concretas que tienen las personas LGBT”, afirma.

(Lea más: El fantasma de la “ideología de género” reaparece en las campañas presidenciales: ¿por qué?)

Elecciones 2026: avances frágiles y deudas urgentes en género y diversidad

Para las fuentes consultadas, uno de los grandes desafíos para quien asuma la presidencia es tan básico como identificar dónde está parado el país para no retroceder. Y en materia de mujeres y población sexodiversa, quien llegue heredará no solo los problemas ya descritos, sino también una institucionalidad fragilizada, políticas a medio implementar y avances que podrían desaparecer si nadie los sostiene.

El vacío que dejaría la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Vargas considera que uno de los focos principales debería ser la situación del Ministerio de la Igualdad y lo que va a pasar con toda la institucionalidad de género que concentraba. “Es un hecho que este ministerio el 20 de junio entra en liquidación y eso quiere decir que estaremos en un limbo institucional respecto a las políticas públicas asociadas a las mujeres y de las diversidades”, señala. Pues para crear esta entidad se debilitaron otras instancias que antes cumplían esas funciones, y ahora nadie sabe quién las asumirá.

Vargas advierte que, sin una figura clara como Minigualdad o la antigua Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, todo queda a criterio de quien gane las elecciones, con el riesgo de que esas funciones simplemente se esfumen. “Al parecer al que llegue o a la que llegue, la va a tomar por sorpresa, a pesar de que lo venimos advirtiendo”, concluye.

(Lea más aquí: Gobierno Petro se juega sus últimas cartas para salvar el Minigualdad: así está la disputa)

También señala que, más allá de lo que ocurra con el ministerio, hay avances concretos que deberían mantenerse, como la adopción de la Resolución 1325, que centra la atención en mujeres y niñas en contextos de conflicto, y la Línea Salvia como herramienta para atender y monitorear la violencia de género. “Ojalá el siguiente gobierno no la desaparezca”, dice Vargas.

Los vacíos en el acceso a salud sexual y reproductiva

La institucionalidad no es el único frente con tareas pendientes. En materia de derechos sexuales y reproductivos, María Vivas, de Oriéntame, señala que uno de los retos más urgentes son las barreras de acceso. “De acuerdo con el estudio Adding It Up 2024, 1.266.000 mujeres que desean evitar un embarazo no usan métodos modernos, y 156.000 adolescentes enfrentan la misma situación”, dice.

Detrás de esos números hay patrones de falta de acceso a servicios, fallas en su continuidad, baja educación sexual integral, miedo a la falta de confidencialidad y servicios poco amigables. Barreras que se concentran especialmente en la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe rural, y que golpean con más fuerza a adolescentes, mujeres migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Cerrar esas brechas no requiere una inversión imposible. Con apenas 1.32 dólares adicionales per cápita, el país podría avanzar significativamente, y cada dólar invertido en anticoncepción generaría un ahorro de 3.73 dólares en costos de atención materna, neonatal y aborto” comenta Vivas. Una acción económica que también se traduciía en la reducción de muertes maternas, neonatales, los embarazos no planificados y los abortos inseguros.

Brecha laboral y desigualdad económica para las mujeres

En materia económica el Estado también tiene cuentas pendientes con las mujeres. Según ONU Mujeres, las trabajadoras ganan en promedio un 20 % menos que los hombres, y quienes logran entrar al mercado laboral tampoco acceden a los mejores empleos. Para Andrés Ham, profesor de la Facultad de Economía y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el próximo gobierno tiene tareas concretas en ese sentido: cerrar las brechas del mercado laboral, organizar la economía del cuidado y el sistema pensional de las mujeres, y ampliar la licencia de paternidad, que hoy sigue siendo insuficiente.

Implementación de las políticas LGBTIQ+

El principal reto del próximo gobierno en materia de población sexodiversa, según Wilson Castañeda, será materializar decisiones que ya están tomadas pero que aún no muestran resultados concretos, en parte porque el mismo gobierno demoró en implementarlas. Entre ellas, poner en marcha el primer CONPES con enfoque en personas sexodiversas, trazado a 10 años; actualizar la política pública LGBTI; fortalecer la mesa de casos urgentes como mecanismo interinstitucional de prevención de la violencia; y un sistema integral para investigar y prevenir las violencias por prejuicio, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Necesitamos un gobierno en Colombia 2026-2030 que mantenga e implemente lo que dejó construido este gobierno, que no fue iniciativa política solo del gobierno, sino presión de la sociedad civil”, concluye.

¿Cómo están leyendo las y los candidatos presidenciales la agenda de género?

Todas las fuentes coinciden en que en la campaña electoral han salido a la luz posturas de candidatos y candidatas de desconocer derechos adquiridos en materia de género. E incluso, que son temas que están ocupando un lugar más peligroso comparado con hace cuatro años, cuando los candidatos y candidatas tenían compromisos más claros con esta agenda. . Para Vargas, esto responde a las narrativas antigénero y antiderechos que están ganando espacio político y electoral a nivel mundial. Incluso señala que los sectores alternativos han optado por bajarle el tono a estos temas posiblemente por considerarlos impopulares, algo que para ella también es un retroceso.

“En la medida en que no pongas un aspecto sobre la agenda porque entiendes que no es popular en un momento, quiere decir que tampoco lo profundizas en tu programa de gobierno. Y si un proyecto político termina siendo elegido, ¿eso va a implicar que al momento de elegirse también va a tener la misma invisibilidad? Esa es la pregunta que se debería hacer”, concluye.

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La violencia no siempre termina con la sentencia. En el caso de Yenny Karolain Nohava, fue precisamente el fallo judicial el que prolongó aún más el daño que buscaba resarcir. Hace unos días, el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento de Armenia dictó decisión final sobre el caso de Yenny: una joven de 20 años de Circasia, Quindío, que una mañana de 2022 fue hallada muerta en un abismo del pueblo.

Tras cuatro años de pesquisas, la justicia encontró que su muerte se trató de un asesinato y el responsable, según indican las pruebas del expediente, fue su expareja, Cristian Alejandro Ospina.

Pero la familia de la joven asegura que se trató de una justicia incompleta. El cargo imputado contra Ospina fue homicidio agravado, en lugar de feminicidio. Su captura no se efectuará hasta que un tribunal de segunda instancia revoque o ratifique la condena, y el hombre, que permanece en su vivienda de Circasia, ha utilizado las redes sociales para desacreditar lo que en el proceso penal le fue endilgado, lo que ha implicado nuevas formas de revictimización para la familia de Yenny.

Ahora sus allegados, que ya esperaron cuatro años para esta decisión, deberán aguardar una nueva instancia judicial y continuar escuchando en las calles de Circasia que, pese a haber sido hallado culpable, Ospina es inocente.

“No se cuenta que a Yenny la mataron por el hecho de ser mujer; eso es violencia institucional, cuando no se nombra lo que sí tiene nombre”, dice una de sus apoderadas.

Lo que sí tiene nombre

En 2022, Yenny Nohava salió a pasear a sus perros. La estudiante de derecho, que para entonces tenía 20 años, siempre tomaba la misma ruta: un trayecto corto, cercano al pueblo y que recorría en pocos minutos. Pero ese día la rutina se alteró. Las mascotas regresaron solas a la casa y, tras varias horas sin saber de ella, sus allegados empezaron a buscarla.

La búsqueda rindió frutos rápidamente: Yenny fue encontrada en la ladera de un barranco con cuatro heridas de arma blanca. Los forenses establecerían después que nunca tuvo posibilidad de defenderse y que, una vez herida, fue arrastrada hasta el precipicio para ocultar su cuerpo.

En juicio quedó claro que Yenny no habría cambiado su itinerario habitual a menos que ocurriera algo extraordinario. Esa hipótesis reforzó la idea de que no se trató de un accidente ni de un hecho fortuito, sino de un crimen.

Ahí comenzó el verdadero laberinto judicial. La Fiscalía identificó que un hombre visto por testigos saliendo del barranco con un cuchillo en la cintura coincidía con Ospina, una expareja de Yenny. Lo capturaron, allanaron su vivienda y realizaron distintos peritajes para establecer si era el autor del crimen. Pero desde las primeras etapas de la investigación comenzaron los errores.

En el expediente reposan 14.000 páginas de pruebas, testimonios que ubican al hombre saliendo del lugar con un cuchillo y declaraciones sobre la relación previa que sostuvo con Yenny. Sin embargo, nunca se imputó el delito de feminicidio, algo que las abogadas consideran incomprensible, pues los elementos del caso exigían un enfoque de género en la investigación.

El proceso inició, avanzó y terminó bajo la figura de homicidio agravado, una decisión que sigue pesando cuatro años después.

Para Estefanía Osorio, abogada de Yenny, esto representa una forma de violencia en el acceso a la justicia con consecuencias tanto penales como simbólicas. La primera tiene que ver con el futuro del acusado: las penas y alcances judiciales entre un homicidio y un feminicidio son distintos.

“Hicieron todo bien: la investigación, la valoración de las pruebas, la captura (...) Todo menos imputar el cargo correcto”, comenta una fuente cercana al proceso.

El error, sostienen las apoderadas, recayó en la Fiscalía, entidad que pese a contar con “prueba de cargo que demuestra móvil, oportunidad, arma, encubrimiento y conducta posterior del acusado”, imputó el delito equivocado. La jueza del caso, aunque cuestionó si se trataba de un feminicidio, ya no podía modificar el cargo debido al principio de congruencia, una regla del derecho que no permite empeorar la situación penal de un acusado, aún cuando haya indicios ir así lo muestren.

Violencia invisibilizada

En el caso de Rosa Elvira Cely, por ejemplo, un tribunal determinó que la responsabilidad no recaía únicamente en el hombre que la agredió sexualmente durante horas en Bogotá; también hubo fallas institucionales de quienes ignoraron sus pedidos de ayuda.

La sentencia no solo impulsó avances normativos, explica la abogada Forero, sino también reparaciones simbólicas que permitieron mostrarle al país “hechos que se cometen contra las mujeres solo porque son mujeres”. Pero mientras esos crímenes no se nombren como feminicidios, agrega, seguirán siendo formas de violencia invisibilizadas.

En el caso de Cely, las medidas de reparación incluyeron una placa conmemorativa en honor a la víctima, disculpas públicas por parte de la administración distrital y el impulso para que el feminicidio fuera incorporado como delito autónomo en el Código Penal.

Para Yenny, ninguna de esas medidas será posible. Sus apoderadas explican que el principio de congruencia impide agravar la situación jurídica del acusado, aunque durante el juicio mostraron elementos que demuestren un delito más grave.

Eso significa que la familia obtendrá una sentencia condenatoria por homicidio agravado, pero no un fallo que reconozca judicialmente que Yenny fue asesinada por razones de género.

“La violencia simbólica también atraviesa este proceso penal. Existe cuando se sigue dudando de lo que les ocurrió a las víctimas y cuando se invisibiliza una violencia que debería nombrarse como lo que es”, señala su abogada.

Disputa abierta

El expediente ahora espera en los anaqueles de un tribunal de segunda instancia, pues Ospina impugnó la sentencia que lo condenó a 37 años de prisión al considerar que no se demostró, más allá de toda duda razonable, que fuera el responsable.

Pero, nuevamente, el caso de Yenny sigue librándose también fuera de los tribunales. Según Osorio, el hoy condenado ha utilizado redes sociales y plataformas digitales para desacreditar la investigación y sembrar dudas sobre el fallo judicial.

Pocos días después de conocerse la condena, Ospina utilizó su canal en Kick durante más de dos horas para afirmar que estaba “viviendo una injusticia”. Durante la transmisión cuestionó pruebas forenses, periciales y conclusiones judiciales para intentar debilitar la decisión. Uno de los ejemplos fue la prueba Bluestar —empleada para detectar rastros de sangre— cuyo resultado, dijo, había sido negativo. Aunque eso efectivamente ocurrió, la justicia consideró que el resto del material probatorio era suficiente para enviarlo a juicio y posteriormente condenarlo.

Para las abogadas de Yenny, esa narrativa continúa afectando a la familia. Sostienen que una sentencia construida durante cuatro años de investigación y miles de horas de valoración probatoria no puede reducirse a una transmisión en vivo que pone en duda lo decidido por la justicia.

“La violencia continúa cuando una verdad judicial se disputa en redes sociales y cuando una agresión contra una mujer no se nombra de manera completa”, afirman las apoderadas.

El “segundo round” de este proceso penal puede tardar meses e incluso años. Mientras el tribunal de segunda instancia revoca o ratifica la condena, en Circasia seguirán conviviendo dos relatos. El primero: el de una mujer asesinada por su expareja que nunca obtuvo una justicia plenamente reparadora. El segundo: el de un hombre que, pese a tener una condena judicial en su contra, continúa insistiendo en su inocencia.

“Yenny merecía una justicia que no solo condenara; que fuera capaz de nombrar plenamente la violencia. Ella, aunque ya no esté, y su familia, merece que después de la sentencia su memoria no quede expuesta a nuevas formas de agresión pública”, concluye Osorio.

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En los últimos días se conoció la captura de Marcelo Arantes e Silva, un ginecólogo en Brasil acusado de haber cometido abusos sexuales contra al menos 23 pacientes durante consultas médicas. Pero en Colombia el panorama no es muy distinto. En febrero de este año, un juez de circuito en Florencia, Caquetá, condenó a 10 años de prisión al ginecólogo Héctor Hernán Ramírez Giraldo por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo contra dos pacientes. A esto se suman las denuncias contra el urólogo Alberto Posada, señalado por cerca de 20 mujeres de abusos durante consultas médicas. Estos casos que han alertado sobre la importancia de identificar qué conductas pueden constituir violencia sexual dentro de los contextos médicos y cómo reconocerlas. Le explicamos.

Laura Gil Urbano, ginecóloga y directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, en conversación con El Espectador, detalla que, en primer lugar, es necesario entender que la violencia sexual abarca un espectro amplio y no se limita únicamente al delito de acceso carnal violento, que se configura cuando ocurren actos sexuales mediante violencia o sometimiento. En realidad, incluye todo acto intencional de naturaleza sexual ejercido sin consentimiento sobre otra persona, como tocamientos, comportamientos inapropiados o conversaciones de esta índole.

Lea aquí: El Hospital de la Paz para sanar a víctimas de violencia sexual en el conflicto
en Colombia

En contextos ginecológicos, Gil plantea que quien define si existe un abuso sexual es la persona que se siente agredida. Es decir, “cualquier conducta inapropiada que haya sentido, como que interrumpieron su intimidad o abusaron de su confianza y que tenga una connotación sexual, lo podemos llamar una situación de violencia sexual”, agrega.

Además, señala que, en muchos casos, estas situaciones son difíciles de identificar debido a la relación de poder que existe entre el personal médico y quien consulta. Pues en algunos casos, la violencia sexual puede esconderse bajo un supuesto pretexto médico. En ese contexto, advierte que “la paciente está en situación de vulnerabilidad porque está confiando en esas instrucciones”, agrega.

De ahí la importancia del consentimiento informado en cualquier procedimiento médico. Esto significa que las personas pueden tomar decisiones sobre un tratamiento o procedimiento luego de recibir información clara, detallada y comprensible sobre lo que se les va a realizar. Este proceso permite que cada paciente pueda aceptar o rechazar un procedimiento médico.

Por eso, para brindar herramientas que permitan identificar estas situaciones, la experta detalló cuáles son las conductas apropiadas dentro de una consulta médica y cuáles no lo son.

¿Qué no es normal en una consulta ginecológica?

La experta señala que es fundamental aclarar que no es normal ninguna conducta relacionada con el coito o la penetración durante una consulta. Tampoco lo es realizar exámenes físicos de los genitales sin el uso de guantes, ni llevar a cabo tocamientos que excedan la observación clínica y la palpación de los órganos externos.

Además sostiene que no son normales los comentarios abusivos de carácter sexual, los comentarios eróticos sobre los genitales o en relación con la sexualidad. “Si la paciente se empieza a sentir incómoda con las preguntas de sexualidad o acerca de su cuerpo, ella puede expresarlo y, si hay una presión para seguir hablando y no hay una explicación médica, no es normal”, agrega.

Finalmente, advierte que, ante cualquier situación que genere incomodidad o despierte dudas sobre el procedimiento, es importante expresarlo en ese momento. “Tiene el derecho a suspender la consulta en el momento en que se sienta incómoda. Sin necesidad de dar más explicaciones”, añade.

Aun así, reconoce que estas situaciones pueden resultar confusas y que no siempre es claro qué está permitido durante este tipo de exámenes, especialmente porque involucran partes íntimas. Por ello, también considera necesario detallar lo qué sí es normal en estos contextos.

¿Qué es normal durante una consulta ginecológica?

Gil menciona que es normal que, durante la consulta, se hagan preguntas sobre la sexualidad, cómo se siente la persona en sus relaciones sexuales o si presenta molestias como dolor, incomodidad o falta de placer. Estos aspectos responden a la necesidad de profundizar en algún hallazgo o característica clínica que requiere atención. “Sin embargo, estas preguntas deben estar precedidas de un permiso como: ¿quieres que hablemos de la parte sexual? Nunca son obligatorias, ni se deben tornar personales o íntimas”, aclara.

También advierte que es normal realizar exámenes en los senos y que no siempre es necesario el uso de guantes para su palpación. Este procedimiento se hace por zonas, con el fin de identificar nódulos y anomalías. Algunas veces también se hace presión en el pezón para ver si hay secreción e incluye la revisión del área axilar. El examen mamario forma parte de la valoración clínica habitual y debe realizarse cada año, aunque puede indicarse con mayor frecuencia si existen síntomas como dolor, masas u otras alteraciones.

Aún así, señala que “no son normales las caricias ni tampoco los tocamientos que tengan una connotación sexual. También ha habido casos en los que, por ejemplo, una mujer va por dolor de garganta y terminan haciéndole un examen mamario sin haberle aclarado por qué”, dice.

Entre los aspectos a tener en cuenta, añade que los exámenes ginecológicos sí deben realizarse con guantes y además comenta cómo funcionan. “Siempre se hace un examen visual externo, se observa cómo está la vagina, se miran los labios vaginales y es normal hacer una especuloscopia, que es el examen que se hace con el aparato que nos permite separar las paredes vaginales para ver el cuello del útero”, comenta.

Por último, agrega que, en algunos casos, también es correcto realizar un tacto vaginal. Este procedimiento consiste en introducir dos dedos de una mano dentro de la vagina, siempre con guantes, mientras con la otra se palpa el abdomen con el fin de examinar el útero y los ovarios. Este examen permite identificar posibles masas, quistes, inflamación o dolor. Por ejemplo, es normal que, durante el procedimiento, se movilice el útero y se pregunte a la paciente si siente dolor al hacerlo.

Después de hacer estas claridades, advierte que todos los procedimientos deben realizarse con el consentimiento de la paciente. “Tiene que siempre estar precedido de un aviso y una un consentimiento verbal. Es decir, te voy a examinar de esta forma, ¿estás de acuerdo? Voy a empezar. Y también tiene que existir la posibilidad de que, en el momento que la paciente diga: ‘Ya, no quiero más o me está doliendo’, pues, primero se valide su dolor y se le explique por qué le puede estar doliendo, a veces por alguna patología puede doler. Y luego siempre tiene que existir siempre la posibilidad de decir: ‘Ya no me siento cómoda con el examen, no quiero que me lo sigan haciendo’, y que se detenga”, concluye.

¿Cómo actuar ante un caso de violencia sexual en una consulta médica?

“Si una paciente, una mujer, un hombre trans o cualquier persona, queda con una duda sobre lo que pasó en la consulta, es bueno informarse con otro médico y preguntar si eso es normal. De pronto sí puede haber lugar a malinterpretaciones y, una vez se aclara, ya es entendible. Pero si uno siente que algo pasó, es muy probable que así haya sido, porque la violencia se define por cómo uno se haya sentido”, subraya Gil.

La experta advierte que, ante cualquier duda sobre lo ocurrido en una consulta, las personas pueden buscar orientación en líneas de atención a víctimas de violencias basadas en género. Añade que, si se decide interponer una denuncia, es posible acudir a la Fiscalía, donde existen unidades especializadas en violencia sexual. Asimismo, indica que estos hechos además de ser delitos, pueden denunciarse como faltas éticas ante los tribunales de ética médica, encargados de adelantar las investigaciones correspondientes. Finalmente, advierte que, incluso en casos que no constituyen violencia sexual, como situaciones en las que pacientes se sienten juzgadas, regañadas o maltratadas, es importante presentar las quejas o PQRS, ya que muchas veces estos comportamientos no se reportan.

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¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

• Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
• Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
• Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
• Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
• Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
• Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

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La película argentina ‘Belén’, nominada a once Premios Platino, narra una historia de lucha que su directora y protagonista, Dolores Fonzi, sigue desde hace casi diez años y que su compañera de elenco Camila Plaate considera “necesaria” para visibilizar el reclamo por los derechos de las mujeres, según dijeron en entrevista con EFE.

La reconocida cineasta argentina describió como “increíble, intenso y emocionante” el camino que ha transitado su película, líder en nominaciones en la edición XIII de los Platino junto a la española ‘Los domingos’.

Compite en las categorías de dirección, interpretación protagónica y de reparto, mejor película iberoamericana de ficción, dirección de arte, fotografía, efectos especiales, dirección de sonido, diseño de vestuario y cine y educación en valores.

De momento ya se ha hecho con los de Cine y Educación en Valores y el de mejor actriz de reparto, para Plaate, en la primera tanda de premios anunciados, que se entregarán en una gala que se celebrará este jueves, previa a la general, que será el sábado 9, ambas en Cancún (México).

Plaate, se pone en ‘Belén’ en la piel de una mujer encarcelada en la provincia argentina de Tucumán tras ser juzgada en 2014 al sufrir un aborto espontáneo.

En diálogo con EFE, la joven de 29 años valoró su nominación como una forma de visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y aseguró que se trata de un “cambio muy grande” en su vida profesional.

“Una película necesaria”

El vínculo de Fonzi con la historia de ‘Belen’ data de hace 10 años, cuando conoció la historia e intentó darle visibilidad. De hecho, al recibir en 2016 el Premio Platino a mejor actriz por su papel en ‘La Patota’, hizo mención a su caso al recoger su galardón.

“Quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de violencia y de opresión, para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos. Libertad para Belén porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada”, dijo entonces Fonzi.

“Es mágico porque salió como un deseo de que algo cambie, y cambió”, dice Fonzi a EFE, aún sorprendida por el camino que casi diez años después la llevó a coescribir, dirigir y protagonizar este filme, en el que personifica a la abogada feminista Soledad Deza, que en 2017 logró la liberación de la joven que lleva el seudónimo Belén para proteger su identidad.

“Lo que más me gusta es cuando la pasan en los colegios, hospitales, cárceles, escuelas, universidades, esa parte que ya es libre de la película, para que cualquier persona la pueda proyectar y se junte la gente en cine debate”, agregó la directora.

Plaate, por su parte, opinó: “El legado tiene que llegar por ser una película necesaria, por contar una historia de hechos reales, por traer información a un montón de zonas y sectores que no conocían qué pasó con Belén”.

La actriz aseguró además que el éxito de ‘Belén’, ganadora, entre otros, del Premio Goya a mejor película iberoamericana, permite revalorizar la formación actoral y artística que la nutrió en su Tucumán natal, misma provincia donde tuvo lugar la historia relatada en la película.

“Olvidar las fronteras”

Dolores Fonzi, que en los últimos meses ha formado parte de la serie ‘La casa de los espíritus’ con actores de España y varios países latinoamericanos, destacó la perspectiva que premios como los Platino aportan para poner en valor la “potencia” de la industria audiovisual regional.

“Siento que hay algo que se empezó a habilitar a partir de que trabajemos entre actores de Latinoamérica, que nos empecemos a mezclar. Hay una potencia en olvidar las fronteras que va a hacer que la industria crezca”, comentó.

La directora y actriz subrayó por último el mérito de cómo el cine latinoamericano se repone a las circunstancias locales: “Hay algo que está bueno también en hacer películas trascendiendo la realidad económica de los gobiernos de cada país, sobre todo en Argentina y su desgracia. Se confirma que claramente el cine es una red que da trabajo y hace crecer a un país”. EFE

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La actriz argentina Thelma Fardin agradeció este martes el apoyo recibido en el largo proceso judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, cuya condena fue ratificada por un tribunal de Brasil.

“Lo que me sale es agradecer porque, si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo”, expresó Fardin a través de redes sociales.

La actriz acompañó su mensaje con un video que sintetiza su lucha por conseguir justicia en un proceso que calificó como “eterno” y que abrió las puertas para que otras mujeres se animaran a denunciar violencias sexuales.

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Fuentes judiciales confirmaron este martes a EFE que la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3) de Brasil rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor, de nacionalidad brasileña, quien desarrolló gran parte de su carrera en Argentina.

Con esa decisión, el tribunal confirmó el fallo dictado en junio de 2024 por otro juzgado que condenó a Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto, por abuso sexual cometido contra Fardin en 2009, cuando tenía 16 años, durante una gira en Nicaragua.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del tribunal al afirmar -en un comunicado- que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual” y que “reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

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“Después de años de lucha, esta resolución es un paso firme en la construcción de una justicia que escucha, que reconoce la violencia de género y que manda una señal potente para las niñas y mujeres de América Latina”, destacó AI, que respaldó a la actriz argentina durante todo el litigio.

En 2018, con el acompañamiento del colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció a Darthés por haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras promocionaban la serie infantil ‘Patito feo’.

En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero el actor ya se había mudado a Brasil, que no extradita a sus nacionales pero que sí permite abrir procesos judiciales contra ellos en su propio país.

Darthés fue absuelto en primera instancia en 2023 en el juicio que celebró la Justicia brasileña desde noviembre de 2021.

Aquella decisión fue apelada por Fardin, quien en junio de 2024 logró un fallo condenatorio del actor.

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El movimiento “Yo te creo colega” publicó el primer informe sobre los hallazgos de acoso sexual en medios de comunicación. Se trata de un documento conformado por más de 260 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral.

El informe llega un mes y medio después de que Caracol Televisión publicara un comunicado en el que informaba la activación de los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley frente a las denuncias recibidas contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual. Una situación que, lejos de quedarse en los hechos, pronto se convertiría en la segunda ola del ‘Me Too’ colombiano, en el que periodistas y comunicadoras impulsaron la publicación de testimonios en redes sociales y un canal de denuncia.

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Bajo este panorama, la investigación publicada fue liderada por las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez, y recoge tanto hechos recientes como casos que abarcan más de dos décadas desde que ocurrieron. Los hallazgos evidencian una “cultura repetida” de abuso de poder, que se presentó en el 80 % de la veces en medios televisivos, 15 % en medios impresos y el 5 % en emisoras radiales y plataformas digitales.

En el documento, muestran patrones comunes en los casos. En un primer momento, las expectativas y sueños en sus proyectos de vida de las jóvenes periodistas: “Yo estaba feliz, era mi primera oportunidad en un medio grande”, “Pensé que era normal, pensé que así funcionaban las cosas en este mundo”, “No me di cuenta en qué momento los halagos se convirtieron en presión”, “Yo pensaba que si decía que no, me cerraban la puerta del medio”, “sentí que mi carrera dependía de lo que yo aceptara o no aceptara”.

Se trata de mujeres sobrevivientes que apenas están al inicio de su carrera y a los que señalan como sus agresores están en posiciones de poder. “Eran directores, jefes de emisión, coordinadores, presentadores reconocidos o figuras influyentes con acceso a decisiones clave: contratación, asignación de turnos, visibilidad al aire o crecimiento profesional”, se lee.

También reportaron que los hechos casi siempre inician con un halago de reconocimiento por el desempeño laboral, como : “Eres talentosa”, “Tienes futuro”, “Me gusta tu trabajo”, para luego mezclarse con comentarios sobre la apariencia, preguntas íntimas e invitaciones fuera del entorno laboral, donde el trabajo y lo personal se cruzan, creando zonas fronterizas borrosas para las trabajadoras y confusión.

Luego llega el momento de la denuncia, en la que reportan patrones y vacíos dentro de los medios de comunicación. Cuando las víctimas toman la decisión de hablar sobre sus casos y señalar a los responsables, se enfrentan a la ausencia de canales de denuncia. “No existen canales claros de denuncia o, si existen, no funcionan o les invitan a callar. Recursos humanos que minimizan, jefes que enfrentan a víctima y agresor en la misma sala, advertencias sobre “cerrarse puertas”. También aparece el miedo a represalias: pérdida del empleo, bloqueo profesional, daño reputacional”, advierten.

En ese seguimiento de patrones, también encontraron un panorama de revictimización. Según el informe, cuando las sobrevivientes intentan defenderse, rechazar o apartarse de estas insinuaciones de carácter sexual por sus propios medios, la situación se traslada al acoso laboral, donde se presentan dinámicas de humillación, sobrecarga de trabajo, trato degradante, discriminación y abuso de autoridad. “Lo que amplía el espectro de las violencias denunciadas dentro de los entornos mediáticos”, dicen.

Y en los pocos casos que hubo respuesta institucional, las periodistas señalaron que las respuestas institucionales estuvieron acompañadas de revictimización, de acciones que no se tradujeron en garantías o incluso en complicidad con los presuntos agresores. Todo un panorama que ha generado que las víctimas sean quienes abandonen los medios de comunicación por miedo, desconfianza o desgaste emocional.

Los casos y un fenómeno de acoso que no es reciente

Entre los relatos, la periodista Juanita Gómez describe un episodio ocurrido en 2015 durante un cubrimiento en Chile, cuando un presentador intentó besarla sin su consentimiento en un ascensor, una experiencia que durante años se normalizó como parte del oficio: “Tuve que quitármelo de encima, a la fuerza”.

Por su parte, la periodista deportiva Lina Tobón asegura que sufrió un beso forzado cuando tenía 17 años y comenzaba en un canal local, y años después, ya en un medio nacional, fue víctima de tocamientos no consentidos por parte de un periodista de mayor jerarquía, a quien “ya varias han denunciado y no pasa nada”. “Hasta que me tocó un seno (...) me quedé paralizada”, relata, al señalar que tras rechazarlo comenzó un proceso de acoso laboral que terminó con su renuncia.

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Este informe y los más de 200 testimonios que el movimiento reportó coinciden con hechos documentados por organizaciones que han analizado las condiciones del periodismo colombiano. En 2021, un informe elaborado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo señaló que el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son colegas hombres, con un 38 % correspondiente a jefes y un 27,2 % a fuentes.

Frente a esto, las voceras de la investigación advirtieron que la visibilización de estos casos no reemplaza los procesos legales ni las denuncias formales, sino que su único fin es documentar lo ocurrido. Además, explican que después de esta publicación continúan recibiendo testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de distintos medios en diferentes regiones del país.

El Ministerio del Trabajo reporta nuevos casos de acoso laboral y sexual

En una reciente publicación de la periodista Juanita Gómez en su cuenta de X (anteriormente Twitter), informó que el movimiento “Yo te creo colega” tuvo acceso a un informe del Ministerio del Trabajo de Colombia en el que se revelaron 200 casos de acoso laboral y sexual en seis medios del país. Entre ellos se encuentran Caracol Televisión, Canal RCN, Red+ Noticias, RTVC, Canal Capital y Canal 13.

Esta información se obtuvo a partir de inspecciones realizadas por esta entidad entre marzo y abril, en las que se instalaron códigos QR anónimos en cada uno de los medios mencionados para recibir denuncias, con el fin de verificar las condiciones laborales y los riesgos a los que están expuestas los y las trabajadoras del sector.

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Aurora H. Camero aprendió a reconocerse cuando ya no todo se trataba de sobrevivir. Migró de Colombia a España a los 18 años y, en medio de jornadas de hasta diecisiete horas y días sin pausa, la escritura emergió como un refugio para ella. “Hay muy poco espacio para la ternura y la exploración de la identidad desde la tranquilidad”, dice.

Su voz aparece en un momento en el que los discursos contra las personas con identidades de género diversas y migrantes han ganado fuerza en el panorama nacional e internacional. Por lo que hacerse un lugar en la cultura deja de ser una búsqueda individual. Para ella, la escritura también es una forma de cuestionar cómo se habla de las personas LGBTIQ+ y desde dónde son leídas.

Entre la migración y la necesidad de nombrarse en sus propios términos oscila su historia. Como mujer trans, lesbiana y escritora, su proceso no se limita a su identidad de género como lo único que tiene por contar. Pasa por el cuerpo, por el deseo, por la posibilidad de imaginar una vida que no esté definida por las expectativas de la sociedad y por los lugares que históricamente se les han asignado a las personas con experiencias de vida trans.

Nacida en Bogotá, artista multidisciplinar, escultora y collagista, llegó a la escritura casi como una extensión de ese proceso. Hace cinco años decidió asumirla de manera formal. Su primer libro, Violeta (2024), empezó como un borrador y terminó convirtiéndose en un punto de partida hacia la poesía: “En los momentos en donde yo no sabía si estaba muy segura de los pasos que estaba dando en mi transición, en donde no me encontraba a gusto, porque igual se vivía mucha violencia externa, la poesía siempre era el lugar al que decía: si yo he escrito estas cosas, algo de verdad tiene que tener para mí”.

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Fue con ese conjunto de poemas que obtuvo el accésit del premio Ana Santos Payán y forjó su camino como escritora. “Violeta lo convertí como en una especie de mitología, porque yo quería demostrar que una puede enunciarse desde un lugar que no es el que se nos obliga”, cuenta a El Espectador.

En sus páginas aparecen la infancia, el deseo, la ternura, el dolor, la relación con el propio cuerpo y la búsqueda de un lugar en el cual vivir sin estar en constante resistencia o en modo de “supervivencia”. “Siempre nos tenemos que enunciar desde lo biográfico trans, como si ser trans, a través del filtro del capitalismo, fuera ser cantante, modelo y actriz, como lugares en donde el patriarcado termina empujando nuestros cuerpos a un consumo que nosotras no hemos elegido”, afirma. La idea de lo “mitológico” es una manera de confrontar los relatos sobre la diversidad que hoy predominan.

Históricamente, las vidas trans han sido leídas desde marcos estrechos que se repiten una y otra vez: la violencia, la precariedad y la vulnerabilidad. Es una realidad que atraviesa muchas experiencias, pero también un límite cuando se convierte en la única forma de contarlas. En la escritura de Aurora se refleja esa violencia estructural de una forma diferente. “Es como demostrarle también a las opresiones que quieren dirigirnos que yo, desde el lugar desde donde me enuncio, tengo una completa libertad que jamás voy a consensuar con ellos, que jamás voy a poner en la mesa de negociación”, dice.

“Lo que no se nombra sí existe y, de hecho, se muere de ganas de ser nombrado”

Aurora H. Camero

Como migrante, ha tenido que trabajar en otras áreas para mantener su vida y su vocación de escritora. Así como la mayoría de personas que deciden migrar de sus países en busca de mejores oportunidades, se enfrentó a una realidad marcada por la exigencia de producir y en la que hay poco espacio para ser. “Una viene aquí con la expectativa de cambiar sus circunstancias materiales y, de repente, en el viaje, pues olvida también los sueños que hay de por medio”, recuerda. Bajo ese panorama, mantenerse en esa exploración y en la literatura ha sido una forma de resistir.

Sin embargo, en medio de la rutina abrumadora, con el paso de los años ha encontrado espacio en lo colectivo, en la diáspora colombiana LGBTIQ+ en España, y es desde esa experiencia que se dio cuenta de que a través de la poesía podía impactar a más personas y crear nuevos referentes: “La sensación de privilegio que uno siente desde la diáspora hace que una tenga ganas de tender más puentes con el territorio y ya no solo preguntarse cómo pudo haber sido mi vida allí, sino qué puedo hacer desde la vida que he construido aquí para que sea un lugar más habitable para otras hermanas y compañeras trans”.

Es en ese cruce que llega su segunda obra, La vía sutil (2025), donde la atención está puesta en lo afectivo. Allí aparecen los vínculos, el deseo, las relaciones y la necesidad de ser vista. “Yo me moría de ganas de ser vista… si yo me muestro, voy a ser amada”, reconoce. Una realidad que en las narrativas tradicionales, por ejemplo en el cine, ha sido negada para las personas diversas o relegada a espacios ocultos: la posibilidad de amar de forma visible y de construir vínculos profundos.

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La poeta cuenta que en el libro “lo que comenzaba como una especie de frustración a nivel de socialización sexual y afectiva terminó convirtiéndose en todas estas muertes amorosas que también terminaron siendo enseñanzas y lugares donde el cuerpo se ensayaba sin peligro y podía darse a conocer de una forma en donde de pronto antes sentía miedo”.

Así, su escritura le apuesta a otras formas de visibilizar las experiencias de vida trans, formas en las que no desconoce la violencia estructural que recae de manera desproporcionada sobre las personas LGBTIQ+, pero que pone como protagonistas otros aspectos de sus vidas. Para ella, “más allá del envoltorio hay una verdad que está sostenida por un cuerpo que ha sido violentado de forma sistemática, pero que, a pesar de esa violencia, no se cierra. Entonces supongo que lo que ocurre en mi poesía es que hay una voluntad de que la experiencia te atraviese, pero que no quedes intacta”.

Hoy mira en un espejo retrovisor sus dos libros y no se reconoce del todo en ellos; ha cambiado mucho su forma de ver la vida. “Al final estás toda tu vida intentando que la mirada externa se corresponda con la tuya, y pierdes amores, pierdes territorios, cambias tu proyecto de vida mil veces, pasan cosas buenas y cosas malas, pero al final te das cuenta de que la única mirada que te importaba era la tuya”. Se trata de una búsqueda de identidad que todas las personas emprenden en algún momento de su vida.

Con una nueva entrega en camino, Residencia de un cuerpo doloroso, Aurora quiere explorar otro aspecto: la rabia como un acto político. Para ella, es importante experimentarla y reivindicarla, porque es un sentimiento común en quienes han tenido que enfrentar, no por elección, la discriminación. “No quiero deslegitimar esa rabia, porque esa rabia que yo dejé escrita va a ser el lugar de alguien que apenas está empezando a cuestionarse X o Y cuestión y no todo camino empieza lleno de florituras”, aclara. Para ella, sus escritos buscan ser un lugar en el que las personas validen su malestar, porque, de forma individual o colectiva, es un recurso mediante el que se pueden marcar límites y reconocer lo inadmisible.

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Su próxima parada es Colombia. Nuevamente estará en Bogotá, pero esta vez como espectadora y jurado de voces queer emergentes en el arte visual y la poesía. Participará el próximo 4 de mayo en el evento “Plumas en Papel”, una iniciativa que busca relatos honestos sobre lo que significa habitar las identidades diversas. Tendrá lugar en el centro cultural Espacio En Blanco (Cll. 48 # 6-14).

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En Colombia, cuando algo parece imposible y aún así sucede, se recurre al realismo mágico para explicarlo. Algo así ocurrió hace trece años en San Estanislao de Kostka, el municipio con el nombre más largo del departamento de Bolívar. Un pueblo apartado, donde nadie imaginaba que se estaban celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo antes de que existiera la jurisprudencia que lo permitió formalmente. Allí confluyeron probabilidades mínimas: un juez dispuesto a realizar estas uniones porque, él siendo gay, no quería que cuando tomara esa decisión desde el amor, le cerraran las puertas en la cara, y un pueblo lo suficientemente pequeño para quedar fuera del radar institucional.

Pero la historia del juez hacía parte de una lucha más grande. El 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional reconoció de manera definitiva el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Una decisión que fue el resultado de años de litigio, del trabajo de organizaciones sociales, de la presión por parte de las parejas que querían casarse y de jueces que, como él, permitieron que esto empezara a hacerse realidad.

Ese camino no había sido sencillo. Fue apenas en 1981 que las relaciones entre personas del mismo sexo dejaron de ser consideradas delito en Colombia. Once años después, la Constitución de 1991 abrió la puerta de la acción de tutela y con ella la posibilidad de exigir derechos, que se fueron reclamando uno a uno. Tras varios procesos de incidencia, en 2007 la Corte reconoció la unión marital de hecho. En 2011 el alto tribunal estudió el matrimonio igualitario y expresó que estas parejas conformaban familias constitucionalmente protegidas. Por eso le dio al Congreso dos años para legislar al respecto. Si no lo hacía, las parejas podrían formalizar su vínculo ante jueces y notarios.

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El plazo se cumplió en 2013 y, desde entonces, estas uniones quedaron en un limbo. Ninguna ley ni sentencia decía explícitamente que podían casarse, pero existía un antecedente que lo sugería. Fue entonces cuando algunos jueces y juezas, concentrados principalmente en Bogotá, empezaron a estudiar la sentencia y a hacer sus propias interpretaciones para celebrar lo que en ese momento se empezaba a llamar “matrimonio igualitario”.

Mientras ocurría todo lo anterior, Carlos Eduardo García Granados, un juez en Bolívar, seguía de cerca lo que estaba pasando. No solo por el ruido mediático, sino porque sus colegas, con quienes tenía una relación cercana, ya estaban en aprietos por haber decidido casar parejas del mismo sexo. Recuerda el caso de Juan Carlos Cerón, el primer juez en Colombia en casar a una pareja homosexual y denominarlo matrimonio en el acta, razón por la cual fue cuestionado. O el de Julio González Hoffman, un juez en Gachetá, Cundinamarca, que casó a una pareja de mujeres y terminó enfrentando una tutela para anular el matrimonio y, además, una investigación que casi le cuesta el puesto.

La Procuraduría, dirigida en ese entonces por Alejandro Ordóñez, tenía los ojos puestos en el tema. “La problemática que se estaba presentando era que remitieron una circular al Consejo Superior de la Judicatura para que nosotros informáramos de las solicitudes de matrimonio igualitario que estuvieran siendo radicadas en los diferentes despachos judiciales”, relata Carlos García en entrevista con El Espectador.

Pese a esa presión, se preguntó por qué no hacerlo él también. Tenía colegas heterosexuales que admiraba y que, por pura convicción, se habían puesto a “coger el toro por los cuernos” para apoyar a la población LGBTIQ+. Desde que se hizo esa pregunta decidió estudiar el tema y hacer las consultas jurídicas necesarias. Y, por un impulso propio, decidió publicar un trino en Twitter (ahora X) anunciando que, si llegaba una solicitud de matrimonio igualitario a su despacho, la celebraría.

“Yo dije que le iba a llamar matrimonio porque eso era. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese contrato innominado que algunas notarías estaban sugiriendo no me parecía la solución”, dice. Los contratos innominados eran una figura que el Colegio de Notarios había creado para cumplir el pronunciamiento de la Corte sin usar la palabra matrimonio, pero sin brindar certeza sobre el tipo de unión que generaban. “A veces los actos de discriminación no tienen que ser un golpe o una amenaza. Incluso no llamar a las cosas por su nombre es un acto discriminatorio”, pensó en ese entonces.

Fue así como Colombia Diversa y Dejusticia, organizaciones que litigaban y se movilizaban por el matrimonio igualitario, encontraron a García. Él estaba dispuesto a unirse a los no más de cuatro jueces en el país que querían casar parejas del mismo sexo. García había llegado a San Estanislao de Kostka en 2011 casi por azar: era la plaza más cercana disponible tras ganar un concurso de méritos. Todas las mañanas salía de Cartagena, lugar donde vivía y, recorría una hora y veinte minutos en lo que él llama “troncomóviles”, esos buses destartalados que conectan la ciudad con los pueblos de Bolívar.

Sus primeras impresiones del municipio fueron varias. El nombre era tan difícil que se enredaba al pronunciarlo. Era conocido por sus inundaciones, sus problemas de electricidad y sus carencias. “De los municipios que entran a la lista de los olvidados, lo que entre sátira se llama la Colombia profunda”, recuerda con risas. Pero también descubrió que allí la gente se cuidaba entre sí, que si alguien estaba en aprietos aparecía una mano tendida. Y eso se reflejó en que ninguna de las personas que se casaron allí fue objeto de discriminación o amenazas.

Así, quienes quisieran celebrar un matrimonio igualitario tendrían que viajar hasta San Estanislao de Kostka para que García los casara. A todo eso él lo bautizó “Operación Macondo”. El nombre no era por casualidad; él es magdalenense como Gabriel García Márquez, y hasta comparten el apellido sin tener parentesco alguno. “Entonces sí había un poquito de realismo mágico, o trágico, depende cómo quiera interpretarse, ver a la gente montarse en esos buses llenos de gallinas y cosechas para ir a casarse”, cuenta. Las parejas planeaban el viaje desde Cartagena, tomaban buses para ir por rutas apretadas y seguían las instrucciones hasta encontrar el único juzgado del pueblo, conformado por la secretaria, la escribiente, la señora de servicios generales y él.

El primer matrimonio fue el 28 de octubre de 2013, un día después de su cumpleaños. Ese lunes, García recuerda que llegaron dos parejas de mujeres que, tras un largo viaje, encontraron una oficina pequeña y una torta que las esperaba en medio del escritorio, llevada por él. Una tradición que repetiría cada vez que llegara una pareja del mismo sexo. “Para nadie es un secreto que ir a un juzgado es una cosa súper tediosa. Irónicamente, una de las únicas diligencias bonitas que se puede hacer es un matrimonio, porque es el momento en que dos personas deciden unir sus vidas”, comenta. Una unión que celebraba con más razón porque eran personas que, pese a la persecución y los largos desplazamientos, habían decidido hacerlo.

De esos matrimonios, García guarda muchas historias. Parejas que, cuando casó, no imaginaba que hoy llevarían más de una década juntas y a quienes él mismo les ha escrito para felicitarlas. Recibió parejas como la de Amanda y Amparo, que habían convivido más de treinta años cuando llegaron al juzgado. Una de ellas tenía un cáncer muy agresivo, pocos recursos y un único deseo pendiente. “Poder ver que ella fue muy feliz de decirle ‘sí, quiero’ a la mujer que amó toda su vida fue una experiencia de verdad enternecedora”, recuerda. Amparo falleció en 2015, pero cuando salió la sentencia que permitió el matrimonio igualitario, su pareja le escribió para agradecerle, “’Juez, muchas gracias por habernos permitido este sueño’. Y con eso me quedo”, relata.

También recuerda la vez que tuvo que pedir prestada la oficina de un colega en Cartagena porque, justo el día que llegaba una pareja desde Bogotá, el techo del juzgado se había derrumbado. Necesitaba una sala de audiencias y su amigo se la prestó, sin saber exactamente para qué. “Apenas se enteró, casi me excomulga. Me dijo de todo, que cómo era posible que yo había contaminado su juzgado con el matrimonio de dos hombres. Me aguanté como 20 minutos de regaño. Unos regaños que yo pensaba que solo le escuchaba a doña Mirta Elena, mi mamá”, dice entre risas. Esa pareja hoy lleva doce años casada.

También recuerda haber casado a un colombiano y un austriaco, uno de ellos profesor en Bogotá y el otro, como lo describe García, “un hombre de ojos azules, rubio, alto. Un portento made in Austria”. Recordaba con humor la escena del extranjero subiéndose a uno de los troncomóviles para llegar hasta San Estanislao. Al final llegaron, se casaron y se convirtieron en una pareja más de la que García se siente orgulloso.

Entre 2013 y 2015, García casó 31 parejas del mismo sexo. Llegaban desde todos los rincones del país: Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila, dispuestas a recorrer lo que fuera para encontrar a ese pequeño juzgado en Bolívar. Recuerda haber casado más mujeres que hombres, y que la mayoría llegaba con años, a veces décadas, de convivencia a cuestas.

Y aunque hizo todo eso, era una historia que no podía contar. Mientras sus colegas ocupaban titulares y eran reconocidos como los primeros jueces en casar parejas del mismo sexo, él permanecía en silencio. Si la historia se volvía noticia, identificarían el juzgado, irían contra los matrimonios que había celebrado y contra él. Sus colegas le recordaban que entre todos esos reconocimientos faltaba su nombre, pero él siempre respondía lo mismo: “si yo salgo en esa historia, se acaba la única plaza”.

“Ahí me di cuenta que las pequeñas revoluciones también importan en el derecho. Yo no necesitaba hacer un gran activismo o estar en una marcha, aunque no niego que también es importante marchar en algunas ocasiones. Pero podía ser una revolución muy silenciosa, y lo logré. Siento que hice un buen trabajo. Años después me enteré de que parte de lo que movió la balanza entre los magistrados [de la Corte Constitucional] fue saber que había un juez más, distinto a los que habían acudido a la audiencia, como el doctor Cerón, González, como la doctora Garay, que había casado parejas sin ningún problema”, sostiene.

Y, justo como lo temía, así terminó su “Operación Macondo”. Asegura que cuando la Revista Semana publicó la primera nota sobre su labor, empezó la persecución. “A mí también me presentaron denuncia disciplinaria. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría de la Corte hubiera votado de otra forma? Me hubiera tenido que presentar a la Fiscalía como el prevaricador más grande de Colombia, porque ya había casado 31 parejas” dice. La absolución llegó en 2019, cuando la Comisión de Disciplina archivó la queja.

Recuerda haber sentido una lucha interna entre la intimidación y el alivio de haberle abierto las puertas de la justicia a personas que nunca antes habían tenido esa oportunidad. “Yo creo que cada que la oficina de registro iba a registrar un matrimonio, dirían: otra vez a Estanislao. ¿Qué tiene San Estanislao que no tiene otro pueblo? Lo que tenía era un juez progresista, así de simple”, comenta.

Su último matrimonio lo hizo con miedo. Ya tenía los ojos encima y temía que llegaran a interrumpir la ceremonia, así que recuerda haberlo realizado a toda velocidad, como quien lee los términos y condiciones de un producto, para terminar cuanto antes y que quedara formalizado. Fue el 10 de diciembre de 2015, una fecha que no escogió al azar: ese mismo día celebraba 11 años de haberse graduado como abogado de la Universidad de Cartagena. Fue la despedida de los matrimonios igualitarios y del municipio.

Curiosamente, García hoy se desempeña como juez de familia en Cartagena y ya no oficia matrimonios, sino divorcios. Y justo en este momento de su vida recuerda una advertencia que siempre le hacía a las parejas que casó. “Ustedes se pueden pelear y todo lo que quieran, pero no se les ocurra llevarme su demanda de divorcio a mi juzgado, porque tanto nos costó poderlos casar”, narra. Diez años después, sigue invicto. Ninguna de esas parejas ha llegado a su despacho a divorciarse. Y eso, dice, lo tiene muy feliz.

El juez habla con la certeza de quien sabe que el tiempo le dio la razón. Dice que tiene la conciencia tranquila y que, si le preguntaran a su versión más joven, esa que apenas estaba eligiendo una carrera profesional, si volvería a dar los mismos pasos, respondería que sí. De hecho lo haría con más convicción, porque ya sabría cómo termina la historia. “La historia concluye con que la Corte Constitucional nos da la razón. Yo estaba poniendo en juego mi propia carrera, me la aposté el todo por el todo. Y cuando te dicen que la tuya fue la interpretación correcta de la Constitución, pues es un orgullo que no puede pasar desapercibido”, concluye.

Recuerda sus clases de derecho en la universidad, cuando le enseñaron el matrimonio desde Roma, el Código de Napoleón o cómo lo adaptó Andrés Bello en el siglo XIX. “Pero poder decir que ayudaste a cambiar la historia del matrimonio en Colombia en el siglo XXI, no todo el mundo lo puede decir. Lo podemos decir cuatro jueces”. Y analiza la necesidad de empezar a mirar otras regiones que tienen la capacidad de hacer cambios. “Normalmente el grueso del activismo viene de Bogotá, de Medellín, de Cali. Pero también podemos hacerlo desde uno de los pueblos más ignorados de Bolívar”, dice García.

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Era 2012. Una sala de necropsia, el cuerpo de una bebé de 15 días y un diagnóstico que hablaba de choque hipovolémico. Su cuerpo había perdido tanta sangre que su organismo no logró sostener sus funciones vitales. Cuando el médico Leonardo Quintero avanzó en el examen, entendió lo que tenía en frente: se trataba de un caso de mutilación genital femenina, en un país que aún no sabía cómo nombrarla ni cómo responder a ella. ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se llena el registro de necropsia? ¿Qué rutas se activan? Las preguntas aparecieron una tras otra.

No había un protocolo o una ruta que activar, o al menos no lo recordaba. “En ese entonces yo estaba en un municipio alejado y la niña que llegó, llegó sin contexto, sin que yo conociera su historia”, dice a El Espectador. Hasta ese momento, su referencia eran los registros de prensa de 2007, cuando se documentó la muerte de tres recién nacidas de la comunidad Emberá Chamí, en Pueblo Rico, Risaralda, por la misma práctica. Investigó un poco más y dio con la decisión judicial de 2008 que abordó esos casos desde la violencia intrafamiliar.

“Me llegó el caso, tal como le ha llegado a la inmensa mayoría de los funcionarios del Estado colombiano. Ninguna institución sabía qué hacer al respecto. ¿Por qué? Porque no teníamos protocolo ni guías. No había una ley en Colombia que nos dijera que eso existía”, afirma. Había antecedentes, alertas y discusiones en el Estado y en organizaciones internacionales. Pero en la práctica, frente al cuerpo de esa niña, lo que encontró fue incertidumbre y el secreto a voces de que eso aún existía en los territorios.

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En su momento, relató a Medscape que, frente a este caso, su siguiente paso fue notificar a sus jefes locales y regionales. “Me pidieron documentarlo, registrar fotografías y entrevistar a la familia, porque en algunos sectores del Estado colombiano se pensaba que este tema era un mito”, relató. Entonces, la escena pasó de ser una necropsia en su día a día a evidenciar una práctica que había sido negada o minimizada por mucho tiempo. La causa de muerte de la niña obligaba al Estado a mirar de frente algo que no estaba reconocido en sus leyes. Y aún no se reconoce.

Fue así como Quintero decidió seguir el rastro de lo que había notificado. Cursó una maestría en ciencias forenses y sociología y continuó su trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y desde allí, a título personal, ha investigado la mutilación genital femenina en el país. En ese camino encontró vacíos sobre cómo estaba siendo tratada la práctica en la medicina y en el ámbito jurídico, así como los subregistros que hay al día de hoy. En su investigación, identificó que se trata de una práctica presente en comunidades indígenas Emberá y Nasa, enmarcada en contextos culturales específicos.

Por ejemplo, en la comunidad indígena Emberá, que ha tenido mayor visibilidad pública, la mutilación genital femenina es conocida como “corte de callo” o “curación”, y forma parte de creencias arraigadas sobre la sexualidad de las mujeres y su rol como esposas. “Lo que se le hace a las niñas es cortar con una cuchilla o quemar con una cuchara caliente el clítoris. La creencia, según mis investigaciones, es que, si no le hacen eso, la niña emberá va a tener varios esposos, como se dice por ahí, ‘de la vida alegre’. Se hace más como para que ella guarde fidelidad”, contó en conversaciones anteriores con este diario Francia Elena Giraldo, lideresa indígena que lleva cerca de 20 años trabajando por la erradicación de esta práctica en su comunidad.

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Dolor, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental aparecen en el corto y largo plazo. Se trata de una práctica que deja secuelas en el cuerpo y en la vida de quienes sobreviven a ella. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

Pero es en ese cruce entre lo cultural, lo médico y lo jurídico donde se encuentra el terreno en el que Leonardo Quintero identificó vacíos. Durante casi dos décadas, el Estado ha abordado la mutilación genital femenina desde marcos distintos, sin una ruta unificada. Por ejemplo, explica que la primera sentencia sobre el tema se abordó como violencia intrafamiliar; la Fiscalía lo ha tratado como lesiones personales; Medicina Legal lo ha analizado desde la tortura y los tratos crueles e inhumanos; y las Comisarías de Familia no han tenido lineamientos claros para su abordaje.

“Son cuatro visiones del Estado colombiano diciendo: no sabemos qué es, ni cómo la agarramos”, sostiene.

Esa fragmentación motivó a Quintero a indagar sobre una nueva mirada, al menos desde lo forense. En la investigación que realizó junto a la docente Luz Elena García, expone la necesidad de cambiar la forma en que se analizan las violencias basadas en género. Tradicionalmente, este enfoque se ha centrado en el daño físico, siguiendo ideas del derecho penal. Sin embargo, a nivel internacional existe una preocupación creciente por ampliar esta visión y entender el daño de manera más integral.

Cuando la práctica se da dentro de comunidades indígenas, las categorías de “daño” o “violencia” no siempre se nombran de la misma forma que en los marcos institucionales, asegura el médico. Esa diferencia no elimina lo que ocurre en los cuerpos de las niñas y mujeres, pero sí muestra cómo se interpreta. Quintero coincide con la lideresa y lo explica desde ese lugar: “la mamá lo está haciendo algo ‘muy bueno’ por su hija, garantizándole una vida de éxito en su futuro afectivo. Allí no hay una motivación de agresión o de sufrimiento”. En esa mirada, la acción se entiende como “cuidado” desde las comunidades, aunque sus efectos y desenlaces digan otra cosa.

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Asimismo, en conversaciones previas con este diario, la abogada Leandra Becerra, asesora legal de Equality Now, ha señalado que se trata de una práctica naturalizada en ciertos contextos culturales, atravesada por intentos de controlar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad bajo ideas patriarcales. En esa línea, plantea que reúne los elementos para ser entendida como violencia de género, en tanto implica una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. El reto, entonces, es encontrar un equilibrio entre la jurisdicción indígena, sin estigmatizar y perseguir a las comunidades étnicas, y la garantía de los derechos fundamentales.

Para Giraldo, el punto no está en señalar a quienes practican la ablación. “Ellas lo hacen desde el desconocimiento”, dijo. Su énfasis está en otro lugar: en el acceso a información, en la posibilidad de entender lo que implica esa práctica en los cuerpos, los derechos y la vida de niñas y mujeres indígenas, en las secuelas que deja. Desde ahí han trabajado durante años distintas lideresas, abriendo espacios de conversación dentro de sus comunidades. Nombrar esa violencia también implica disputar cómo se explica. Para ella, la práctica no se puede reducir a la cultura, ya que viene de herencias colonizadoras, es una imposición y un “atentado contra nuestros derechos humanos”.

Incluso, desde 2007, las lideresas, con el apoyo de organizaciones internacionales, empezaron a abrir conversaciones y espacios educativos sobre el tema. Lo hicieron a través de “Embera Wera”, un proyecto basado en la palabra, la escucha y la circulación de información sobre lo que implica la ablación en los cuerpos de niñas y mujeres. Y en ese camino también se vislumbran decisiones colectivas: en 2016, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asumió el compromiso de transformar estas prácticas y, en 2017, el parlamento de la nación embera firmó en Bolívar, Valle del Cauca, un mandato que recoge ese proceso construido desde el interior.

Es desde esos vacíos, y desde las tensiones que atraviesan la forma en que se ha abordado la mutilación genital femenina, que el médico Leonardo Quintero plantea una lectura directa: durante 18 años, la respuesta del Estado se ha construido al revés. “Como el Estado todavía no sabe muy bien qué es, las instituciones nos ha tocado empezar a indagar por nuestra propia cuenta. Sabemos que es una violencia, sabemos que es terrible, pero como no hay una ley oficial del Estado colombiano que nos diga cómo es, entonces lo más oficial que hay es la notificación del Sivigila en la nota de violencia sexual”, afirma.

Ahí se ubica el límite. La violencia se reconoce, pero no hay una línea común que ordene la respuesta. Y en esa falta de claridad, cada institución y comunidad actúa con sus propias herramientas, mientras los casos siguen ocurriendo en Colombia.

Hoy, las cifras que circulan en las plataformas del Estado apenas alcanzan a delinear la dimensión del problema. Entre 2020 y 2024 se reportaron 204 casos de mutilación genital femenina, 177 de ellos en niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. Pero esos números no están completos. La falta de acciones unificadas entre instituciones y el temor dentro de las comunidades a la estigmatización o a posibles consecuencias legales y sociales hacen que muchos de los casos no se registren.

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En ese contexto, lideresas embera han impulsado una respuesta que busca abordar el problema de forma integral. Junto a organizaciones y congresistas como Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano, presentaron el 27 de agosto de 2024 el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”. La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y queda uno pendiente en el Senado. Pero tiene plazo hasta el 20 de junio para avanzar y convertirse en ley antes de que se archive.

Como mencionó Quintero en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 17 de noviembre, “se avizora en el horizonte cercano la necesidad de una acción conjunta y coordinada a través de cada puente interjurisdiccional“. Y mencionó responsabilidades concretas: el sector salud en el primer nivel de atención, con enfoque cultural y rutas claras de reporte; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la protección de la primera infancia; el sistema educativo en la transformación de los imaginarios que sostienen la práctica; la Jurisdicción Especial Indígena en la construcción de normas propias frente a las violencias de género; y el Congreso en la definición de marcos legales y recursos para que esas acciones no se queden en el papel.

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En Colombia, una app de citas y una organización social de base comunitaria se unieron para ofrecer información y servicios de salud sexual a la población LGBTIQ+. La alianza es entre Grindr, la plataforma que se autodenomina “el barrio gay digital”, y Red Somos, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva.

La estrategia se llama “Conectadxs en Red” y ofrece servicios de salud sexual que incluyen prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH e ITS, asesoría psicológica y jurídica, grupos de apoyo, especialmente para personas que viven con VIH, identificación de barreras de acceso a la salud e incluso recomendaciones de seguridad para el uso de la aplicación.

Dentro de la aplicación, la herramienta se integra al recorrido habitual de quienes usan la aplicación. Al entrar, se activan mensajes sobre cuidado en salud dirigidos a personas LGBTIQ+, ubicados en la misma interfaz donde circulan las interacciones. Desde ahí se abre un primer punto de contacto.

Al darles clic en la campaña, la persona pasa a un chatbot en WhatsApp, donde puede contar lo que le ocurre y recibir orientación inicial. Si el caso requiere un acompañamiento más específico, la conversación pasa a un “cibereducador”, un asesor en línea de Red Somos que activa la ruta de atención y puede indicar si la persona debe acudir a un centro médico o si puede acceder a algún servicio desde la organización.

“El servicio que no se tenga desde Red Somos lo podemos canalizar para que puedan acceder a él”, explica Harry Martínez, coordinador de la estrategia de Cibereducador de Red Somos, en entrevista con El Espectador. Además, señaló que se trata de un proyecto que se viene implementando desde 2022, pero que ahora busca impactar a más personas a través de Grindr.

Martínez cuenta que, cuando el programa aterrizó en la app de citas, esperaban recibir sobre todo consultas de educación sexual, pero en realidad la mayor demanda ha estado en temas de salud mental. “Han llegado personas diciendo: ‘quiero una cita, quiero hablar con alguien’ y en esos casos hemos brindado espacios de contención y asesoramiento”, añade. Después de estas solicitudes, están las consultas para acceder a la PrEP, un tratamiento preventivo que reduce el riesgo de transmisión del VIH y las solicitudes para realizarse pruebas de ITS.

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“Millones de personas abren Grindr todos los días. Eso nos pone en una posición única: no solo para ayudarlas a encontrarse entre ellas, sino para ayudarles a encontrar atención. En lugar de esperar a que las personas busquen información, la acercamos a donde ya están, dentro de la app, de manera privada y sin juicio. El modelo con Red Somos combina ese alcance digital con cibereducadores y navegadores comunitarios que orientan y refieren a quienes necesitan apoyo”, comenta Paula Bukowinski, Gerente de Relaciones Públicas Corporativas para América Latina de Grindr, en conversación con este diario.

Un servicio en una app que habla de las barreras en el acceso a la salud

Martínez considera que este programa viene a complementar esos espacios de salud hostiles con los que muchas personas LGBTIQ+ lidian. Y es que las barreras pueden ser bastantes: no tener vinculación a una EPS, encontrarse con discriminación y prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género, ser atendidas por profesionales que no tienen en cuenta la atención diferencial, o que les llamen por nombres y pronombres que no corresponden a su identidad. Situaciones que terminan alejando a las personas sexodiversas de buscar ayuda.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, citada en el documento CONPES de 2025 sobre la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, existe una brecha del 1.59 % en el acceso a servicios de salud entre la población que no se reconoce como LGBTIQ+ y la que sí. Una diferencia que se agrava en Regiones con menor presencia institucional del país.

El mismo documento señala que la falta de protocolos de atención diferencial lleva a que las personas LGBTIQ+ tengan que explicarle a los profesionales de salud sus propias necesidades, lo que en sí mismo ya es una forma de victimización. Los prejuicios se traducen en ridiculización, negación de servicios bajo argumentos morales o apelando a la objeción de conciencia, y estigmas sobre su vida sexual, que muchas veces el personal médico reduce de forma estereotipada a la promiscuidad.

Y aunque esto ocurre con frecuencia, según datos del Departamento Nacional de Planeación de 2020, el 55.8 % de quienes perciben discriminación médica no toma ninguna medida, el 19.4 % presenta una queja formal y el 6.5 % deja de usar los servicios de salud.

A esto se suman otras capas de vulnerabilidad, como que las personas LGBTIQ+ migrantes enfrentan dificultades para afiliarse al sistema de salud incluso cuando su situación migratoria está regularizada; las personas intersexuales pueden enfrentar tratos inadecuados frente a sus necesidades específicas; persiste la falta de guías y protocolos para la atención de personas trans; quienes ejercen trabajo sexual y quienes viven en calle tienen barreras adicionales para acceder a servicios, especialmente si son trans.

Y en salud mental, la población LGBTIQ+ presenta altas afectaciones en bienestar psicoemocional que el resto debido discriminación por su orientación sexual e identidad de género.

Esta no es la primera vez que Grindr realiza este tipo de acciones. Según Bukowinski, actualmente cuentan con más de 400 organizaciones colaboradoras en todo el mundo para trabajar temas de salud y derechos humanos “Nosotros podemos llegar a las personas a gran escala, pero llegar a alguien no es lo mismo que ayudarlo. Ahí es donde entran aliados como Red Somos, que tienen la confianza de la comunidad y la experiencia. Lo que nosotros aportamos es el acceso a personas que quizás nunca llegarían a tocar su puerta por cuenta propia”, concluye.

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Cuando la Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión importante, las organizaciones sociales suelen congregarse afuera de las instalaciones para esperar el anuncio. El 28 de abril de 2016, y los meses previos, no fueron la excepción. Por esas fechas se podían presenciar banderas de arcoíris, serenatas, boleros y toda clase de música de amor que recordara que ese cariño también tenía que traducirse en derechos. Garantías que para una pareja heterosexual llegaban automáticamente, pero para las personas del mismo sexo no.

Pero eso cambió con el reconocimiento del matrimonio igualitario que, hace una década, le permitió a las parejas del mismo sexo convertirse en cónyuges y acceder a todos los derechos que se derivan de esa figura. Para entender cómo se logró, hay que remontarse a una historia de conquistas de derechos que se fueron ganando uno a uno hasta armar una base lo suficientemente sólida para tocar lo que el Estado colombiano se resistía a discutir: la conformación de familia.

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En 2007 la Corte Constitucional les abrió las puertas a las personas del mismo sexo para acceder a la unión marital de hecho. Antes de esa fecha, aunque una pareja llevara años conviviendo, el Estado no reconocía nada distinto a una amistad que compartía un techo. Fue un avance importante, pero incompleto. A diferencia de las personas heterosexuales, que podían elegir entre esta opción o casarse, las parejas del mismo sexo solo tenían este camino. Un camino que les dejaba en la categoría de compañeros o compañeras permanentes, no de cónyuges, sin el peso simbólico del matrimonio, sin reconocimiento internacional y con mayores tiempos de espera, por ejemplo, en caso de fallecimiento para liquidar la sociedad patrimonial.

De manera que las organizaciones sociales y activistas no se quedaron de brazos cruzados. “Durante 2007, 2008 y 2009, nosotros litigamos que la salud, que la pensión, que la residencia en San Andrés y Providencia. Hicimos una demanda grandísima que llevó a la C-029 del año 2009. Como la Corte estableció una metodología que decía como usted tiene que ir derecho por derecho, entonces nosotros acumulamos todos los derechos y dijimos bueno, aquí hay 42 leyes, revise todos estos derechos. Pero la Corte seguía manteniendo cerrado el tema de familia”, cuenta Mauricio Albarracín, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, en entrevista con El Espectador.

Paradójicamente, en 2010 el tema volvió a la mesa, pero no fueron grandes organizaciones sociales ni abogados de larga trayectoria quienes lo pusieron ahí. Fue la ciudadanía de a pie, específicamente estudiantes, quienes decidieron que era hora de abrir el debate sobre el matrimonio para parejas del mismo sexo.

“Hubo un estudiante de Pereira y otro estudiante por acá de Bogotá que demandaron y la Corte devolvió las demandas”, narra Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, en conversación con este diario.

Viendo ese interés de dos jóvenes intrépidos, pensaron que ya era hora. Por eso, Colombia Diversa, Dejusticia y varios investigadores independientes iniciaron un proceso de litigio que presentaron ese mismo año. “Una demanda que tenía más de 70 páginas con unos anexos, de todo. Fue un estudio inmenso el que hicimos”, cuenta Sánchez. Pero reconocer el matrimonio igualitario no era un camino sencillo, porque la Constitución definía esa unión como la celebrada entre un hombre y una mujer, una redacción literal que, según las fuentes consultadas, dificultaba la interpretación para incluir nuevos derechos.

Aún así, quienes presentaron este litigio tenían la esperanza de contar con el apoyo de una Corte considerada progresista, pues en ese entonces estaba construyendo una jurisprudencia sólida en torno a la dignidad humana. Y eso fue lo que pasó en 2011, el alto tribunal reconoció que las parejas del mismo sexo eran familia. Pero, como se trataba también de un asunto relacionado con el estado civil y las relaciones jurídicas, la Corte consideró que debía ser el Congreso de la República quien lo regulara. Determinó que, si en dos años no expedía ninguna norma al respecto, estas parejas podrían acudir ante jueces y notarios para solemnizar y formalizar su vínculo.

“La Corte usó todos los ingredientes del matrimonio sin ponerle esa palabra, para dejar que el Congreso tuviera esa discusión”, recuerda Albarracín.

En ese momento empezó una carrera contrarreloj en el legislativo. Más de cinco proyectos de ley buscaron reconocer a las parejas del mismo sexo, algunos usando la palabra matrimonio, otros apostando por las uniones civiles. En medio de esos debates afloraron también los prejuicios que se usaban para negar este derecho. Como el del ya fallecido senador Roberto Gerlein, quien dijo: “a mi nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres, porque ese homosexualismo no es nada, esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia, pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental”, declaró en noviembre de 2012 en uno de los debates, mientras parejas del mismo que asistían para contar sus experiencias escuchaban.

A esto se sumaban prejuicios como la idea de que el matrimonio igualitario “acabaría” con la familia o traería una supuesta “catástrofe social”. También estaba el argumento de la procreación, usado como si fuera el fin último del matrimonio legal, y que este tipo de uniones debían quedar reservadas a parejas heterosexuales.

“En algún momento estuvieron dispuestos a decir que tuvieran los mismos derechos del matrimonio, pero que se llamara distinto”, dice Sánchez. Por eso resume que, al final, todo quedó reducido a una pelea por una palabra y, tiempo después, a “preocupaciones” por los formularios que solo ofrecían las opciones de cónyuge hombre o cónyuge mujer. “Se pensaba que iba a producir muchos efectos negativos y cuando uno lo empieza a ver, un derecho no genera ningún efecto negativo para nadie, pero sí muchos efectos positivos para eliminación de unas injusticias”, concluye Albarracín.

Luego de grandes discusiones en el Congreso, llegó el 20 de junio de 2013, día en el que se agotó el tiempo sin que ningún proyecto de ley hubiera sido aprobado. Fue entonces cuando los grupos litigantes se pusieron en la tarea de interpretar lo dicho por la Corte y concluyeron que, ante ese vacío legislativo, las notarías estaban obligadas a formalizar y solemnizar el vínculo. Sin esperar mucho más, empezaron a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo en distintas notarías del país.

“Esto no era por activismo, activismo hacíamos las organizaciones, pero la gente se quería casar por amor”, cuenta Sánchez.

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El mismo día que se venció el plazo, hicieron solicitudes de matrimonio visibles en Bogotá, con flores en los juzgados, banderas LGBTIQ+ y parejas rodeadas de cámaras y periodistas que querían registrar los primeros “matrimonios gays” en el país. Pero la jornada terminó siendo un enredo. Algunos jueces rechazaron las solicitudes argumentando falta de competencia, otros las reasignaron aleatoriamente y una notaria optó por un contrato innominado que dejaba a la pareja civilmente unida sin mencionar la palabra “matrimonio”. Ese día, cinco parejas lograron casarse.

La demanda de matrimonios continuó, algunos promovidos por organizaciones sociales y otros protagonizados por personas que se enteraban por las noticias y llegaban por sus propios medios. Ante ese flujo, las notarías inventaron su propia solución: un “contrato sin nombre”, como lo describen las fuentes consultadas, con el que buscaban cumplir el pronunciamiento sin tener que llamarle “matrimonio” a esas uniones.

“Unos contratos innominados que eran súper riesgosos porque en realidad no tenían la facultad para crear un estado civil. No decían cómo se disolvían esos contratos, no decía qué derechos adquirían las personas, ni la Corte les había dado la facultad para que hiciera eso. A nuestro juicio, eso era un engaño”, relata la directora de Colombia Diversa. Añade que no sabían qué nombre jurídico adquirían las personas contrayentes ni qué pasaba con los derechos de una de ellas si la otra fallecía. Incluso, no tenía una tarifa de cobro establecida.

Sánchez narra que las parejas que se rehusaban a aceptar ese contrato empezaron a casarse, pero a escondidas. Algunas se cambiaban de ropa en los archivos del juzgado para no llegar demasiado arregladas, porque si alguien les veía podía avisarle a la Procuraduría. Les pedían que llegaran sin muchos acompañantes para no llamar la atención. Otras personas buscaban el matrimonio de forma urgente porque una de las dos estaba a punto de morir y la única garantía para dejar todo en orden era ese papel.

O como el caso de Jaqueline y Elkin, una pareja de personas trans que logró casarse, pero cuando el juzgado revisó los documentos y se dio cuenta de sus identidades de género diversas, anuló el matrimonio y remitió copias a la Fiscalía para que las investigaran por el delito de falsedad.

Fue así como litigantes y colectivos empezaron a acompañar tanto a las parejas que querían casarse como a los jueces que se encontraban en aprietos por permitirlo. Fue un trabajo notaría por notaría, que además atrajo el ojo público.

“El procurador Alejandro Ordóñez se volvió el inquisidor. Hicieron una estrategia de pedir los datos de todas las parejas del mismo sexo a todos los juzgados, a todas las notarías. El objetivo de la procuraduría era detectar un matrimonio e ir a oponerse, porque el matrimonio de un juzgado es como un proceso civil y uno lo puede reclamar. Entonces ellos se metieron a los matrimonios a litigar e impedir la unión. Y luego, cuando no lograban impedirlos, amenazaban a los jueces, y cuando los jueces no les hacían caso y los casaban, les ponían tutelas. O sea, no era un matrimonio, era como una lucha”, cuenta Albarracín.

La vigilancia de la Procuraduría era tanta que las parejas empezaron a desplazarse a municipios apartados para poder casarse. Fue así como un pequeño pueblo de Bolívar llamado San Estanislao de Kostka terminó convirtiéndose en destino para parejas LGBTIQ+ de todo el país. Allá, el juez Carlos García decidió desafiar la presión y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En ese municipio se celebraron más de 31 uniones durante más de dos años.

Y casi como si se tratara de algo clandestino, cuando en realidad la Corte ya había dejado un precedente, empezó lo que Albarracín describe como una operación. “El juez dijo: mándenme acá a toda la gente que quiera casar, y nosotros mandamos decenas de parejas a San Estanislao. Les decíamos ‘esta es la ruta, va hasta Cartagena, en Cartagena coge una flota, la flota lo lleva hasta San Estanislao’”, y así seguían las instrucciones hasta llegar al juzgado. “Era un municipio pequeño, un juzgado donde solo estaban el juez y la secretaria, donde el juez mismo hacía la torta. Un acto privado, reservado, lejos de la discriminación, donde por fin encontramos refugio”, recuerda.

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Todo lo anterior sucedía mientras los litigios seguían su curso. “Empezamos a tener una alta litigiosidad, porque el procurador le ponía tutelas a los matrimonios, luego el registrador no los registraba, entonces tutela contra el registrador, luego nosotros pusimos una tutela para que el procurador dejara de perseguir a la gente, o sea, nos pusimos en modo abogados a litigar y a tratar de abrirle varias vías al reconocimiento del matrimonio”, añade Albarracín.

Fue ese cúmulo de tutelas el que la Corte Constitucional recogió en 2015 para estudiar el caos jurídico y decidir de manera definitiva. El 28 de abril de 2016, el matrimonio igualitario fue declarado constitucional. Desde entonces, las parejas del mismo sexo tienen las mismas opciones que las personas heterosexuales para formar una familia.

Justo en abril de 2026, a diez años del reconocimiento y después de todo el tiempo previo en que las parejas del mismo sexo enfrentaron una sociedad que no quería darles los mismos derechos por amar diferente, sus impulsores celebran. Aunque saben que lo conquistado es frágil, porque suelen ser los primeros en las listas cuando hay cambios políticos importantes.

“Yo creo que, 10 años después, también al tener el reconocimiento del matrimonio, junto a la unión marital, junto a la protección de los hijos, hoy tenemos un derecho de familia mucho más integral y completo que protege a las personas. Eso nos ha hecho un país mucho más abierto en términos de reconocimiento de la diversidad”, concluye Albarracín.

Por su parte, Sánchez señala que aunque la barrera ya no es legal, persisten obstáculos. Muchas parejas todavía preguntan en qué notarías pueden casarse, cuando en realidad todas tienen la competencia para hacerlo. Lo que temen es encontrarse con una objeción de conciencia velada.

“Lo que no quieren es ir a una donde les hagan el feo, que les digan ‘mira, yo no te caso pero mi colega de la 40 sí te casa’, o ‘no tenemos cupo’, les ponen requisitos adicionales que no existen, los miran raro cuando llegan a la ventanilla, les preguntan ‘¿y dónde está la esposa o la novia?’ Cualquier gesto de esos desestimula, y eso no le pasa a una pareja heterosexual. Y eso en Bogotá, imagínate en cualquier municipio de Colombia donde solo hay un juzgado”, dice Sánchez.

Por último, la directora advierte que lo preocupante en este momento es cómo el tema se ha convertido en estrategia electoral. Cuando se les pregunta a las candidaturas presidenciales sobre el matrimonio igualitario, la sola pregunta genera la sensación de que no es un derecho consolidado sino algo todavía en disputa. “Uno ya no debería preguntar eso, porque ya es un derecho. Porque preguntar refuerza la duda: ¿será que entonces no lo han reconocido?”, expone. Una pregunta que borra de un tajo todo lo que costó que ese amor fuera reconocido.

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En un momento en el que las identidades LGBTIQ+ siguen entrando al debate político como si fueran una discusión pendiente, un grupo de artistas en Bogotá decidió responder desde otro lugar: la poesía y las artes visuales. Así nace “Plumas en Papel”, el segundo evento de un colectivo artístico que entiende estas expresiones como un refugio, un acto de representación y un gesto político, todo al mismo tiempo. En esta ocasión, se realizará el lunes 4 de mayo en el centro cultural Espacio En Blanco (Cll. 48 # 6-14) y contará con la participación de diferentes artistas. También se convocó un concurso de poesía queer para voces emergentes.

“Somos un pequeño grupo de artistas, más que nada visuales, que hemos reconocido en nuestra propia práctica la importancia de la escritura, no solo como herramienta para aplicar a becas o financiación para proyectos, sino como una parte central y complementaria de nuestras obras”, dice Andrea Cobaría, antropóloga y cocreadora de PLUMAS, colectiva que organiza el evento, en entrevista con El Espectador.

Para ella, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), en el que la ciudad está inmersa en el diálogo de la escritura, la agrupación encontró una oportunidad para impulsar el arte y la escritura de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, desde la celebración y la reivindicación.

Y esa reivindicación también se expresa en los detalles. “Plumas” ha sido, durante años, una palabra usada para estigmatizar y reducir a las personas diversas, especialmente a hombres gays. “Por mucho tiempo, fue utilizada como insulto y como una manera de señalar a personas diversas, de decirles que eran menos, que se les notaba, y era casi sinónimo de debilidad, de estar demostrando demasiado el ser diferente, el ser una persona diversa”, sostiene Cobaría. De ahí el nombre de la colectiva, del evento y de su apuesta artística.

Asimismo, el proyecto apuesta por la visibilización de experiencias de vida diversas. Para esta edición, la colectiva invitó a artistas que construyen su camino desde la palabra, la poesía, el fanzine y la comunicación. “Este evento busca resaltar la escritura como una forma de arte central y muy relevante para artistas queer que están tratando de mostrarle al mundo lo que es la experiencia de vida desde su trayectoria y desde un modo de ser y de sentir el mundo siendo una persona diversa”, agrega.

En ese contexto llega la segunda edición, en la que estarán presentes diferentes artistas y se premiará a la persona ganadora del primer concurso nacional de Poesía Queer 2026, definido como “una búsqueda de relatos honestos sobre lo que significa habitar nuestras identidades diversas hoy”. La convocatoria cerrará el próximo 27 de abril y está abierta a todo público.

Listado de artistas en “Plumas de Papel”

• Aurora H. Camero, poeta trans: escribe desde el desplazamiento y el cuerpo. Migró a España a los 18 años y su obra se mueve entre posturas políticas, su condición de migrante y la necesidad de nombrarse. Su poesía recorre el deseo lésbico, la experiencia de vida trans y los procesos de aceptación. Ha publicado Violeta (2023), reconocido en el premio Ana Santos Payán, y La vía sutil (2025).
• El Chico Sin Cabello de Pan, artista visual: desde lo visual y lo íntimo, trabaja el fanzine como espacio de exploración. Su obra mezcla humor y crítica para hablar de amor, sexo entre hombres, salud mental y vida urbana. Sus piezas dialogan con lo cotidiano y lo político.
• Andrés Suárez, comunicador y cronista: su trabajo se sitúa en la periferia. Desde Ciudad Bolívar, construye una obra periodística autopublicada que recoge historias de vida de personas travestis, mujeres trans y hombres gays.
• Juan Panela, artista visual y escritor: lleva un proyecto de escritura que explora el duelo. En Q.E.P.D., una pieza convertida en fanzine, trabaja la muerte de su padre a través de la poesía y de imágenes de su archivo familiar. El resultado es un ejercicio de memoria donde lo personal se vuelve materia artística.
• ALBUS, artista visual y poeta: en el cruce entre lo digital y lo afectivo, presenta Cartas de Amor en Grindr. A través de perfiles ficticios en la aplicación, envía cartas íntimas a usuarios reales, introduciendo otra forma de vínculo en un espacio atravesado por la inmediatez. Su trabajo desplaza la lógica del consumo rápido y abre lugar para la emoción.
• Viviana Pinzón, maestra violonchelista: integrante de la Orquesta Nueva Filarmonía de Bogotá y mujer lesbiana, ofrecerá un recital durante “Plumas en Papel”. Su presencia se suma a la apuesta artística y diversa del evento más allá de la escritura y las artes visuales.
• Museo Q: se define como un museo sin muros y en tránsito permanente. Es una iniciativa de la sociedad civil, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que trabaja en la recuperación, circulación y visibilización de las historias y memorias de personas LGBTIQ+ dentro del relato nacional.
• Rafael García, artista visual y diseñador: lleva su trabajo hacia el cruce entre espacio, sonido e imagen. Su práctica se centra en transformar lo físico en una experiencia sensorial a través de soportes mixed media, donde la imagen no se queda quieta, sino que habita y modifica el entorno.
• Alma O.G., poeta trans, DJ-productora y periodista: ss magíster en educación, con una investigación centrada en la poesía escrita por personas trans, travestis y no binarias. Ha publicado A(k)uzo (2025) y El sol lamía mis huesos (2026), y es cofundadora de la plataforma sonora Resonantes Ruido Trans.

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