Hace casi diez años, el asesinato de Paola Buenrostro —una mujer trans, amiga, trabajadora sexual y con proyectos de vida— abrió en México una discusión sobre la extendida violencia por prejuicio que enfrentan las personas trans. Especialmente, sobre las barreras, la impunidad y la revictimización con las que se topan cuando buscan justicia. Su caso terminaría convirtiéndose en un referente para varios avances jurídicos en el país, entre ellos la tipificación del transfeminicidio y la necesidad de investigar estos crímenes con perspectiva de género.

La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Buenrostro subió al automóvil de Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien había solicitado sus servicios. El vehículo avanzó unos metros y, poco después, Delgadillo —guardia de seguridad y autorizado para portar un arma únicamente durante su jornada laboral— le disparó. Amigas y compañeras de la mujer, aparte de presenciar los hechos, detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, poco después, un juez ordenó su liberación al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo con el asesinato. Durante años permaneció prófugo.

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La violencia contra Buenrostro siguió incluso después de su muerte, algo que empujó a colectivos y organizaciones sociales a exigir justicia en su nombre. Durante la investigación, las autoridades desconocieron su identidad de género, se refirieron a ella con pronombres masculinos y utilizaron el nombre que le había sido asignado al nacer. El sistema de justicia tampoco reconoció, en un primer momento, el lugar que ocupaban sus amigas y compañeras trans como familia elegida. Aunque algunas habían presenciado directamente los hechos, no fueron consideradas dentro de la investigación. 

A esto se sumó la manera en que fue investigado el crimen. La Fiscalía abrió en su momento, una carpeta por homicidio, pese a que para entonces el feminicidio ya estaba reconocido como delito, pues había sido incorporado al Código Penal Federal en junio de 2012, cuatro años antes del asesinato de Buenrostro.

“En 2016 no existía nada de visibilidad, de atención, de programas, protocolos o lineamientos para mujeres trans. No existíamos. Después de lo que pasó con Paola, durante diez años hubo un trabajo importante de las colectivas y de las instituciones, en el que se empezó a reconocer esta identidad, esta expresión y orientación, lo que ayudó a atender de una manera transversal a las personas LGBT”, dice en conversación con El Espectador Kenya Cuevas, una de las testigos del crimen, quien más adelante se convirtió en activista y defensora de derechos humanos y fundó La Casa de las Muñecas Tiresias, una organización que trabaja por los derechos de esta población.

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Con los años, el expediente se convirtió en uno de los casos más representativos de las fallas institucionales frente a los asesinatos de personas trans. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, en la que documentó múltiples omisiones y deficiencias en la investigación inicial. Como parte de las medidas de reparación derivadas de esa resolución, en 2021 la Fiscalía ofreció una disculpa pública a la memoria de Buenrostro y a su familia elegida. 

Fue tanta la insistencia en la búsqueda de justicia por parte de Cuevas y demás organizaciones sociales, que la lucha llegó al terreno legislativo. En julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 45 votos a favor y uno en contra, la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio como delito autónomo en el Código Penal de la capital y estableció penas de entre 35 y 70 años de prisión.

Con esto, se incorporaron medidas para respetar la identidad de género de las víctimas, evitar su revictimización y reconocer a la familia social dentro de los procesos. Varias de las barreras que atravesaron el caso de Buenrostro quedaron así recogidas en la nueva ley. Cuevas explica que, hasta ahora, seis de los 32 estados de la República han legislado sobre el transfeminicidio: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Baja California y Baja California Sur.

Un giro en la investigación: después de 10 años fue reconocido como un feminicidio

El pasado 4 de septiembre, el caso dio un giro histórico. Un juez reclasificó el asesinato de Buenrostro, que hasta entonces era investigado como homicidio calificado, y determinó que el proceso continuara por feminicidio agravado. En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México explicó que el juez determinó “que la clasificación jurídica del caso se modificará de homicidio calificado a feminicidio agravado”, es decir, los hechos serán analizados bajo el enfoque de género correspondiente a esta tipificación.

La entidad explicó que la reclasificación a feminicidio agravado permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, atendiendo el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos.

“La clasificación como feminicidio nos ayuda mucho a visibilizar la identidad, pero, sobre todo, a entender que el caso de una mujer trans, por ser mujer, tiene que ser analizado con perspectiva de género. También implica reconocer el trabajo sexual como un trabajo”, agrega Cuevas, quien celebra la decisión por tratarse, según explica, del primer caso en México en el que el asesinato de una mujer trans es juzgado bajo esta tipificación.

Previamente, la Fiscalía había explicado que el asesinato de Buenrostro no podía ser perseguido como transfeminicidio, pues esa figura penal no existía en 2016, cuando ocurrieron los hechos. La razón está en el principio de irretroactividad de la ley penal mexicana. Cuevas lo explica de forma sencilla: si el delito no existía cuando se cometió el crimen, no puede utilizarse después para juzgarlo. Por eso, aunque hoy el transfeminicidio está tipificado en Ciudad de México, la ley no aplica para el proceso relacionado con el asesinato de Buenrostro.

“Pero en el caso de Paola, yo sabía perfectamente que no iba a llegar a aceptarse como transfeminicidio”, dice Cuevas, y agrega: “la ratificación no tiene que ver con las sentencias que puede generar el delito, sino con el reconocimiento de la identidad de Paola. Entonces, este caso encaja perfectamente en el feminicidio. Obviamente, para los casos futuros sería importante que se clasifiquen como transfeminicidio”.

Al mismo tiempo, Cuevas explica que el caso tampoco fue investigado inicialmente como feminicidio por la falta de reconocimiento de la población trans.  “Vivíamos en una estructura de discriminación muy fuerte en México y no se reconocía a las mujeres trans como mujeres. De hecho, en ese entonces los medios de comunicación publicaban notas diciendo ‘joto’, ‘hombre vestido de mujer’ u ‘hombre con falda’”, recuerda.

Según explica, aunque la figura jurídica del feminicidio ya existía, todavía había poco conocimiento institucional sobre cómo aplicarla cuando la víctima era una mujer trans. Esa falta de reconocimiento de su identidad influyó en que la investigación comenzara como homicidio, por lo que celebra que finalmente haya sido reclasificada.

El país azteca ha dado pasos recientes en el reconocimiento de estas violencias. También este año, un juez de Ciudad de México declaró culpable por tentativa de feminicidio al hombre que atacó a la activista y periodista Natalia Lane en 2022. El caso se convirtió en un precedente para reconocer la violencia contra las mujeres trans dentro de esta figura penal.

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¿Qué pasó con Arturo “N” tras el asesinato de Paola Buenrostro?

La detención llegó casi diez años después del crimen. El 31 de agosto de 2026, la Fiscalía de Ciudad de México capturó en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a Arturo “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro. Sobre él pesaba desde 2016 una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Un día después de la captura, durante la primera audiencia, la Fiscalía mantuvo la imputación bajo esa figura penal. La institución explicó que la orden respondía al expediente abierto en 2016. Aun así, la decisión despertó el rechazo de colectivos trans, que reclamaban que el asesinato fuera analizado desde la violencia de género que había atravesado el caso desde el comienzo. Arturo “N” quedó en prisión preventiva mientras se definía su situación jurídica.

Tres días después, con la reclasificación del caso como feminicidio agravado, un juez vinculó a Arturo “N” a proceso. La decisión permite que el asesinato de Paola sea investigado y juzgado teniendo en cuenta su identidad, el contexto del crimen y las razones de género relacionadas con los hechos. Además, se fijó un plazo de tres meses para completar la investigación.

El caso Paola Buenrostro tuvo que ser revisado con perspectiva de género para ser reclasificado como feminicidio

Para Kenya Cuevas, la decisión marcó un momento histórico en el acceso a la justicia para las personas trans. Sin embargo, la discusión no termina con el caso de Paola. 

“Es el primer caso que se formaliza y, para nosotras, es un precedente porque el caso de Paola nos ha ayudado a entender muchas de las violencias estructurales que vivimos”, explica. A su juicio, reconocer esa identidad permite también reconocer la violencia que existe detrás de estos crímenes. Para la activista, ese cambio supone empezar a reconocer no solo las violencias, sino también a las personas que las enfrentan y su dignidad, incluso después de la muerte.

“Siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices”, así resume la activista el largo recorrido de diez años en la búsqueda de justicia para su amiga. 

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En Ecuador entró en vigor una ley que busca corregir las demoras en los procesos de adopción y reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes permanecen en acogimiento institucional. Sin embargo, la reforma también introdujo nuevas restricciones para la población LGBTIQ+. Además, Human Rights Watch (HRW) advirtió que algunas de sus disposiciones podrían “privar a muchos padres de niños transgénero de sus derechos parentales”. La normativa se inscribe en una narrativa que ha ganado terreno en distintos países de la región y que presenta la defensa de la infancia como argumento para contener lo que sectores conservadores denominan “ideología de género”.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción el 28 de julio, con 118 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones. El 13 de agosto, el presidente Daniel Noboa comunicó su aprobación a la legislatura y, al día siguiente, el 14 de agosto, la normativa entró en vigor.

La nueva ley impide que las parejas del mismo sexo y las personas solteras LGBTIQ+ adopten. La Constitución ecuatoriana ya señalaba, en su artículo 68, que la adopción “solo se permitirá a parejas de distinto sexo”. Sin embargo, hasta ahora las personas solteras podían aspirar a adoptar sin que su orientación sexual fuera un criterio de exclusión. En la práctica, esa era una de las pocas vías que permanecían abiertas para personas LGBTIQ+, pero la reforma también cerró esa posibilidad.

“La orientación sexual no guarda relación alguna con la capacidad de una persona para brindar un hogar seguro, estable y amoroso a un niño. Cualquier exclusión generalizada basada en la orientación sexual, que reemplace las evaluaciones individualizadas de los posibles padres, es contraria al compromiso declarado de la nueva ley con el interés superior del niño y viola el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma HRW en un comunicado de prensa. 

Otro de los puntos cuestionados de la ley afecta directamente a las infancias trans y a las familias que acompañan y respetan sus identidades de género. La norma establece que la “promoción” de la atención médica de afirmación de género por parte de madres o padres puede convertirse en causal de pérdida de la patria potestad. En concreto, menciona procedimientos médicos o farmacológicos destinados a “modificar el sexo biológico” de un niño, niña o adolescente.

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“Lo especialmente preocupante es que no hay evidencia que justifique estas medidas. No existe evidencia de que las personas LGBTIQ+ sean menos aptas para criar a un niño. Tampoco conocemos un proceso significativo de consulta con personas LGBT, familias con hijos trans, organizaciones especializadas o los propios niños, niñas y adolescentes afectados. Es decir, se está legislando sobre la base de prejuicios, desinformación y debates políticos, en vez de evidencia y del interés superior de la niñez”, comenta Cristian González Cabrera, investigador senior sobre derechos LGBT de HRW, en entrevista con El Espectador. 

Las misma organización ha advertido que las normas internacionales e interamericanas de derechos humanos prohíben la discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales, incluso en lo que respecta a los derechos parentales. 

En entrevista con este diario, una persona que lidera una organización social LGBTIQ+ en Ecuador puso el foco en otro elemento. No ha pasado demasiado tiempo desde que el país dejó de criminalizar a esta población y, aunque hoy la homosexualidad ya no está penalizada, persisten otras formas de exclusión promovidas desde el propio Estado, como no garantizarles derechos. La fuente pidió mantener en reserva su nombre y el de la organización por temor a represalias, ante lo que describe como un clima de persecución contra “quienes están en contra de las decisiones del Gobierno”, incluidas organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Aunque el país cuenta hoy con matrimonio igualitario, recuerda que “el delito de homosexualidad recién se despenalizó en 1997. O sea, no son ni 30 años desde que las personas LGBT somos ciudadanos de alguna forma en el país”. Antes, señala, el delito de sodomía existía desde 1872 y luego fue reemplazado por el de homosexualidad, vigente hasta 1997. “Es muy poco tiempo en el que las personas LGBT tienen un poquito más de reconocimiento como seres humanos”, afirma. 

Las nuevas restricciones aparecen, además, en un contexto donde la discriminación y la violencia contra la población LGBTIQ+ ya tienen una presencia considerable. En Ecuador, el 53,5 % de las personas LGBTIQ+ mayores de 18 años reportó haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida, según la última encuesta nacional sobre las condiciones de vida de esta población publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre quienes atravesaron estas situaciones, el 89,8 % sufrió violencia psicológica y el 37,9 % violencia motivada por prejuicios.

“En el caso de la población LGBT, lo que hemos visto es que se han incrementado los índices de violencia, lamentablemente en función de los mismos sondeos que hacen las organizaciones, porque Ecuador no tiene un registro o una estadística donde identifique los grados de violencia o los delitos”, señala. 

El último informe de la Red Sin Violencia LGBTI sobre homicidios por prejuicio en América Latina y el Caribe registró que, durante 2024, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 24 horas. Colombia continuó siendo el país con el mayor número de casos registrados, seguido por México, Guatemala, Honduras y Ecuador. Este tipo de escenarios puede verse reforzado por narrativas que vuelven a presentar a las personas LGBTIQ+ y sus derechos como una amenaza.

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La protección de la niñez y la “ideología de género” como bandera para restringir derechos LGBTIQ+

La nueva ley llega poco más de un año después de que el Gobierno empezara a posicionar la expresión “ideología de género”. En marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó un compromiso público en el que aseguró que su Gobierno no incluiría lo que denominó “ideología de género” en los materiales ni en las instituciones educativas, y que tampoco permitiría “cambios de sexo” en menores de edad. El documento fue suscrito después de una reunión con representantes de sectores religiosos. El pronunciamiento llegó en medio de la controversia por una sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de una niña trans que había sufrido discriminación en su colegio.

La nueva ley llega, además, poco después de un avance importante para las adolescencias trans en Ecuador. La fuente entrevistada explica que desde 2018 distintas organizaciones venían litigando para lograr el reconocimiento del cambio de identidad registral en los documentos de menores de edad. “Y en 2026, en marzo, la Corte Constitucional reconoce que las adolescencias trans desde los 12 años en adelante puedan cambiarse el nombre, el sexo o el género, pero con un certificado psicosocial y con una firma de autorización de sus dos papás”, señala. La respuesta política no tardó, la Asamblea Nacional de Ecuador inició un proceso de "supervisión" para analizar los efectos del fallo. 

“Durante décadas vimos una trayectoria bastante clara en América Latina: de la despenalización hacia el reconocimiento de derechos como el matrimonio, la identidad de género, la protección contra la discriminación, los derechos familiares. Ahora estamos viendo en algunos países una estrategia distinta. No necesariamente se intenta volver a criminalizar la homosexualidad, sino utilizar otras áreas para restringir derechos o hacer más difícil su ejercicio, incluyendo la educación, la salud, la familia, la infancia”, advierte González. 

Y añade que todo lo anterior, ha llegado acompañado con un cambio en el lenguaje, que presenta estas medidas como protección de la niñez o de la familia, muchas veces sin demostrar que exista el daño que supuestamente se intenta prevenir. “Pero proteger a la niñez es una obligación del Estado, no una consigna política”, concluye. 

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Un debate que atraviesa América Latina

Para las fuentes entrevistadas, este no es un fenómeno exclusivo de Ecuador, sino una dinámica que adopta distintas formas en gobiernos de la región. En Colombia, por ejemplo, tras la llegada del actual Gobierno, las acusaciones sobre una supuesta “ideología de género” han aparecido de manera recurrente para cuestionar políticas, información y medidas relacionadas con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, e incluso con la educación sexual integral.

La expresión “ideología de género” empezó a ser promovida desde sectores vinculados al Vaticano en la década de 1990, en medio de las discusiones internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y derechos de la población LGBTIQ+. No se trata, sin embargo, de una categoría científica, académica o jurídica, sino de un término utilizado para agrupar y desacreditar estos temas. 

González, por su parte, agrega que además de utilizar la protección de la infancia como justificación para restringir derechos LGBT, y adaptar narrativas como la llamada “ideología de género”, los gobiernos de este corte usan otros patrones en común como aprobar medidas sin evidencia suficiente y sin escuchar a quienes van a resultar directamente afectados.

“Existe una dimensión política: los derechos LGBT se están utilizando en algunos contextos como una herramienta de polarización y posicionamiento político, incluso en países que han conseguido avances importantes”, agrega. 

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“El problema que estamos viendo es que toda esta ola de retórica [...] siempre se ha anclado en esa exacerbación de los miedos sociales y utiliza a las personas LGBT como un chivo expiatorio para no discutir los temas esenciales o los problemas esenciales que tienen los países y un poco disuadir de los debates medulares, económicos, políticos de seguridad”, sostiene. A su juicio, se trata de una dinámica que trasciende Ecuador y que ha ganado fuerza dentro de una corriente política global más amplia.

El investigador explica que es necesario hacer una lectura de este escenario que no lo presente como un retroceso uniforme en toda América Latina, sino como el de una región con avances y retrocesos simultáneos. Precisamente por eso, advierte, Ecuador resulta tan ilustrativo: el país ha reconocido el matrimonio igualitario y su Corte Constitucional ha emitido decisiones importantes en materia de derechos de las personas LGBT,  pero otros sectores estatales impulsan ahora medidas en la dirección contraria.

“El punto central es que los derechos fundamentales no deberían depender del cálculo político del momento. Los legisladores tienen la obligación de legislar para toda la sociedad, sobre la base de evidencia, igualdad y derechos humanos”, resume. 

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Luego de que el 2 de septiembre se conociera la sorpresiva renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, quien argumentó una “situación familiar inesperada”, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó en su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.  

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Desde entonces, su llegada ha generado dos lecturas. Mientras algunos destacan su formación académica y trayectoria profesional como credenciales para el cargo, otras personas han encendido las alertas por su historial público frente a asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las personas LGBTIQ+ y la diversidad familiar. ¿Qué tan cierto es lo que se dice sobre la nueva ministra?

Por un lado, hay quienes resaltan su formación académica y su trayectoria en el sector público como suficientes para asumir el Ministerio de Educación. Esa fue también la línea con la que se presentó su nombramiento. Al designarla, la Presidencia aseguró que “será una gran ministra” y que servirá al país “con entrega, carácter y convicción”.

En cuanto a su paso por la academia, como detalla un breve perfil de la Universidad de La Sabana, Hoyos es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y ha realizado estudios en derechos humanos. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Se ha desempeñado como docente en universidades como el Rosario, La Gran Colombia, la ESAP, Los Andes, Santo Tomás y el Externado. También ha tenido experiencia académica internacional en instituciones como las universidades de Salamanca, Zaragoza y Navarra, en España; la Universidad Católica de Chile; y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Su trayectoria también incluye cargos como representante de la Asociación Colombiana de Universidades en el Comité de Defensa. Sus áreas de investigación han girado en torno a la dignidad humana, la libertad religiosa y los derechos de la infancia, temas que también aparecen en sus publicaciones sobre derechos humanos y sus implicaciones en el derecho civil, constitucional y comparado.

En su recorrido profesional, Hoyos ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, cargo que ocupó durante buena parte del periodo en que Alejandro Ordóñez estuvo al frente de la Procuraduría, entre 2009 y 2016. 

También es reconocida por sus vínculos estrechos con la Iglesia católica. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia y ha participado en espacios del CELAM y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, presidió el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal, participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Aparecida, Brasil, y fue auditora en el Primer Sínodo de la Familia, en Ciudad del Vaticano.

Ilva Myriam Hoyos, su postura frente al aborto y la pelea judicial

Entre los argumentos en contra de su nombramiento aparece su oposición pública a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto. Desde esa lectura, advierten que una ministra con esa visión podría profundizar una agenda regresiva en asuntos como la educación sexual integral, la diversidad y la libertad de pensamiento, justamente desde una cartera cuyas decisiones impactan a millones de niñas, niños y adolescentes.

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Lo cierto es que Hoyos ha mantenido durante años una postura jurídica e institucional clara frente a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los primeros registros aparece en 2006, durante el debate que terminó en la Sentencia C-355, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales. En ese proceso hubo numerosas intervenciones contrarias a la despenalización, con argumentos sobre la protección de la vida desde la concepción, los límites a la libertad reproductiva de las mujeres y la prevalencia de la vida prenatal. 

De hecho, Mónica Roa, con quien años después Hoyos entraría en una disputa judicial, la describió como “la más vehemente opositora de la sentencia C-355”. En 2009, en el artículo El derecho a decidir: avances, obstáculos y amenazas, publicado en Razón Pública, afirmó que Hoyos “presentó 47 escritos contra la demanda que logró la liberalización del aborto, pidió su nulidad, escribió varios libros y artículos criticando esta sentencia y anunció su compromiso personal contra la sentencia”.

La discusión también la llevó al ámbito académico. Solo para dar un ejemplo, en un artículo escrito un mes después de proferido el fallo del alto tribunal, llamado “La Corte Constitucional: entre la ley de gradualidad y la gradualidad de la ley”, cuestionó la decisión, a la que calificó de “polémica”. También sostuvo que la Corte había despenalizado el aborto en tres supuestos y que el tema abría conversaciones sin resolver, como los deberes de los médicos para está práctica.

Sus posturas sobre este tema también quedaron plasmadas durante su paso por la Procuraduría. En 2011, Mónica Roa y otras 1.279 mujeres interpusieron una tutela contra Alejandro Ordóñez, entonces procurador General de la Nación, Ilva Myriam Hoyos y otra procuradora delegada por la difusión de información que consideraban inexacta o tergiversada sobre derechos sexuales y reproductivos. La Corte les dio la razón en varios puntos mediante la Sentencia T-627 de 2012 y concluyó que esas actuaciones habían vulnerado o amenazado derechos fundamentales. Finalmente, Hoyos denunció a Roa por injuria y calumnia.

En el caso de Hoyos, el alto tribunal le ordenó rectificar un oficio que había enviado en 2010 a la Superintendencia de Salud, en el que pedía modificar una circular destinada a remover obstáculos para acceder a la IVE. También le advirtió que no debía intentar impedir o dificultar, sin una razón válida, que el misoprostol estuviera incluido en el sistema de salud y fuera cubierto por este. Ese fallo dejó sin piso la denuncia penal que Hoyos había interpuesto contra Mónica Roa.

Matrimonio igualitario: las controversias que rodearon su paso por la Procuraduría y la CIDH

Otro de los cuestionamientos apunta a su postura frente a las familias diversas. Organizaciones sociales y sectores políticos han descrito su trayectoria como “abiertamente conservadora en temas de familia” y, en algunos momentos, incluso hablaron de una persecución contra las parejas del mismo sexo, especialmente durante los debates sobre matrimonio igualitario y el seguimiento que hizo la Procuraduría a estas uniones.

Frente a los derechos de las parejas del mismo sexo también hay antecedentes concretos. Todo se remonta a 2011, cuando la Corte Constitucional reconoció mediante la Sentencia C-577 de 2011, que estas parejas también constituían familia y exhortó al Congreso a regular sus uniones en un plazo de dos años. El fallo permitió que, si esa fecha límite vencía sin una regulación, las parejas podrían formalizar y solemnizar su vínculo. El alto tribunal usó los ingredientes del matrimonio sin llamarlo abiertamente así. Tal como se pronosticó, el Legislativo no reguló estas uniones y, desde ese momento, bajo una interpretación amplia de la sentencia, algunos jueces y notarios celebraron estos vínculos.

La Procuraduría fue crítica frente a estas interpretaciones, y el caso llegó nuevamente a la Corte Constitucional. La participación de Hoyos en ese proceso, según se menciona en la Sentencia T-444 de 2014, estuvo relacionada con una solicitud a procuradores regionales, provinciales y judiciales de familia en la que pedía que enviaran información y copias sobre solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo y peticiones de solemnización de sus uniones. 

En su momento, organizaciones sociales denunciaron lo que consideraban una persecución de la Procuraduría contra estas parejas. Al revisar el caso, la Corte aclaró que recopilar esa información no vulneraba por sí solo los derechos a la privacidad y la protección de datos. El problema, señaló, estaba en cómo podía utilizarse: no era válido usar esos datos para “imponer a través de directrices de carácter general una determinada lectura de la Sentencia C-577 de 2011”. Alejandro Ordóñez pidió después la nulidad de la sentencia, pero la Corte le negó. 

La cumbre de controversia sobre este tema se dio alrededor de una foto y de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 2013, Ilva Myriam Hoyos acudió a Washington en representación de la Procuraduría para participar en una audiencia temática sobre la situación de quienes defendían los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Allí, organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ denunciaron actuaciones de la entidad que, según ellas, constituían hostigamiento o persecución.

Se expusieron, entre otros, los casos de Women’s Link Worldwide, que señaló hostigamiento y criminalización contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos, entre ellas Mónica Roa; Daniel Sastoque, exfuncionario que denunció persecución por su orientación sexual; y Dorian Juliet Gómez quien acusó obstáculos al desarrollo de la Clínica de las Mujeres de Medellín, que, según su denuncia, habrían sido promovidos por la Procuraduría. Hoyos rechazó esas acusaciones y sostuvo que la entidad actuaba dentro de sus funciones de vigilancia y control.

Un mes después, durante el debate del proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, Hoyos fue fotografiada mientras escribía en su BlackBerry que estaba “dedicada al lobby” y que, por lo que había hablado, creía que el proyecto “se hunde”. Colombia Diversa anunció que llevaría la imagen ante la CIDH como evidencia adicional. Las denuncias de las organizaciones sociales quedaron recogidas posteriormente en informes de la CIDH sobre Colombia, que además formuló recomendaciones al Estado para proteger su labor y garantizar la no discriminación de las personas LGBTIQ+.

Este es apenas un rastreo de algunos de los múltiples señalamientos que rodean a la nueva ministra de Educación. Lo cierto es que sus antecedentes han encendido alertas entre personas y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos y los de la población LGBTIQ+, especialmente por el alcance que ahora tendrán sus decisiones desde el Ministerio de Educación. 

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¿Qué implica la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?

Para fuentes consultadas, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio confirma una preocupación que organizaciones sociales vienen planteando desde hace tiempo: que el actual Gobierno podría representar un retroceso para los derechos de personas perteneciente a grupos históricamente discriminados. En su lectura, el nombramiento sugiere que el presidente busca mantener —e incluso profundizar— esa línea desde un espacio especialmente sensible como la educación, con posibles efectos sobre las políticas de diversidad y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+.

“Creemos que el mensaje contundente que deja un nombramiento como el de Ilva Myriam, después de haber conocido su recorrido por la Procuraduría, es que este Gobierno efectivamente quiere usar el poder Ejecutivo para reducir la capacidad de agenciamiento de derechos de los grupos históricamente excluidos y discriminados”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. 

El director reconoce que la Constitución y las múltiples sentencias de la Corte Constitucional han blindado buena parte de estos derechos y que, en un Estado social de derecho, no es sencillo echar atrás conquistas ya reconocidas. Sin embargo, advierte que las alertas no pasan únicamente por la posibilidad de eliminar derechos, sino por la forma en que un Gobierno puede frenar su garantía e implementación.

Por su parte, Allison Wolf, coordinadora de la Maestría en Género de la Universidad de los Andes, pone el foco en la educación sexual integral. Para ella, uno de los principales riesgos es que se frenen o debiliten estos programas, que no se limitan solo a enseñar sobre sexualidad, también sobre la salud mental, la diversidad y la prevención de violencias. “Son muy importantes y sabemos que tienen resultados positivos”, señala. Además, recuerda que este tipo de educación busca promover “respeto” y “valores de tolerancia”, no imponer determinadas orientaciones o identidades.

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Wolf también advierte sobre el futuro de programas educativos con enfoque diferencial y de género, incluidos aquellos que buscan cerrar brechas entre niñas y niños, por ejemplo, en el acceso a áreas como la ciencia. “Hay un riesgo de quitar todos esos programas dirigidos con un enfoque diferencial, un enfoque de género, para cerrar brechas históricas entre las oportunidades que tienen las niñas y los niños”, explica.

“Me preocupa que, bajo la sombrilla de eliminar la ‘ideología de género’ —que no existe, no es un término académico—, se utilice un término político inventado para resistir cambios de inclusión de niñas y personas LGBT en los currículos, en la educación y en la sociedad. Para mí hay un riesgo grande de utilizar este lenguaje para oscurecer la infiltración de ideología religiosa, en particular cristiana y católica, en el sistema educativo”, finaliza.

Expertos señalan los principales retos en materia de género de Ilva Myriam Hoyos en MinEducación

Para Castañeda, uno de los principales retos de la cartera será garantizar que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes LGBTIQ+, una deuda que, señala, quedó especialmente expuesta desde el caso de Sergio Urrego, el estudiante que se quitó la vida tras enfrentar discriminación y hostigamiento por parte de las directivas de su colegio, y cuyo caso derivó en una sentencia de la Corte Constitucional. Esto implica prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, acompañar a las familias y evitar que docentes y orientadores reproduzcan prejuicios. “Requerimos que el sistema escolar dé herramientas a los padres de familia para acompañar a sus hijos o hijas LGBTIQ+”, dice. 

El director recordó las actuaciones de Hoyos desde la Procuraduría, cuando cuestionó la revisión ade materiales educativos que buscaba responder a las órdenes de la Corte frente a la discriminación en los colegios. El experto calificó ese episodio como una “cacería de brujas”. También agregó que Hoyos fue una de las personas que promovió la idea de que el Acuerdo de Paz incorporaba la llamada “ideología de género”. “Incluso presentó el conteo de cuántas veces ‘género’ aparecía en el acuerdo”, dice.

Hecho ese recorrido, considera clave mantener la educación en derechos sexuales y reproductivos dentro de las aulas. “Sacar la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de los establecimientos educativos pensando que es una cuestión ideológica, nos lleva a la crisis que tuvimos en el sistema educativo en los años 80 y 90”, advierte. 

Castañeda aclara que sus cuestionamientos no pasan por desconocer la trayectoria profesional de Hoyos, a quien describe como una abogada “muy contundente, muy sagaz, muy estratégica”. La preocupación, insiste, está en los antecedentes de sus actuaciones frente a los avances en derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y en cómo esa visión puede trasladarse ahora a la política educativa.

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La educación ha sido, históricamente, un terreno que toca fibras en Colombia. Una y otra vez reaparece la discusión sobre qué se espera de los colegios frente a asuntos que algunos sectores consideran sensibles o contrarios a determinadas enseñanzas religiosas, como el género, la sexualidad o la diversidad. Detrás de esas discusiones no solo hay diferencias pedagógicas, sino distintas visiones sobre quién define los valores y las formas de entender el mundo que llegan a las aulas.

Se notó en 2016, cuando la discusión sobre los manuales de convivencia terminó convertida en una batalla alrededor de la supuesta “ideología de género”. La controversia surgió en medio de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para enfrentar la discriminación en los colegios, a raíz del caso de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida tras ser hostigado por su orientación sexual. Y ahora, volvió a aparecer en el debate público. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, organizaciones y activismos alertaron sobre el temor derivado de que determinadas visiones religiosas y conservadoras puedan incidir en asuntos como la educación sexual integral o en el reconocimiento de la diversidad en las aulas.

La discusión cobra fuerza con la designación de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales, quien presentó su renuncia por una “situación familiar inesperada” después de menos de un mes en el cargo. Durante su breve paso por la cartera, Morales anunció la revisión de materiales utilizados en las instituciones educativas como parte de su intención de combatir lo que considera una “ideologización” en colegios. Su gestión también dejó sobre la mesa un proyecto para modificar las reglas bajo las cuales las entidades territoriales podrían contratar con terceros la prestación del servicio educativo, incluida la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas.

El Espectador conversó con Fidel Mauricio Ramírez, investigador en educación, con más de una década de trayectoria en análisis de religión y género. Es licenciado en Teología y Filosofía, magíster y doctor en Educación y especialista en Interculturalidad, con estudios de género. Ha investigado sobre inclusión educativa, homofobia en la escuela, entre otras cosas. Ramírez reflexionó en entrevista sobre el papel de las convicciones religiosas en los entornos de aprendizaje y los riesgos detrás de esto.

(Lea aquí: Aborto, niñez e “ideología de género”: el historial de quienes integran el nuevo Gobierno)

Empecemos por un tema que sigue siendo sensible, juntar en una misma discusión religión, género y educación. ¿Qué lectura hace de cómo se aborda esto en Colombia? ¿Cuáles son los argumentos que más se repiten para cuestionar o defender la unión de estos aspectos?

Este asunto nos implica entender que no es un tema local. Hace parte de unas estrategias transnacionales que pueden ubicarse claramente en los intentos de ciertos movimientos conservadores por frenar los avances en materia de derechos de las mujeres. Esto se gesta con más fuerza después de las conferencias de población de El Cairo y, posteriormente, de Beijing, donde se estableció la importancia de desarrollar políticas que permitieran el avance de las mujeres frente a una sociedad que, a partir de la jerarquización entre los sexos, hizo que muchas quedaran rezagadas en términos de participación.

Movimientos como la misma Iglesia católica, en asocio también con religiones bastante patriarcales, como podría ser el islam, entre otras, reconocen un papel muy relevante a las mujeres, siempre y cuando permanezcan al interior del hogar en un rol de cuidadoras. Y todo aquello que busque garantizar derechos es considerado como algo que va en contra del orden social establecido. Además, surge un pánico frente a la participación que las mujeres puedan llegar a tener en la sociedad, porque supuestamente podría destruir lo que ellos llaman un modelo tradicional de familia.

Creo que este discurso no tuvo mucha acogida porque, claramente, se estaba respondiendo a unas demandas justas y necesarias. Pero posteriormente encuentran en los avances de los sectores LGBTIQ+ un nicho para generar un pánico social frente a la idea de que se quiere “homosexualizar a los niños y a las niñas”. Y, cuando se dan cuenta de que ahí sí hay una movilización por parte de muchas personas, empiezan a aprovechar estos discursos y a entrecruzar todos estos relatos.

Lo que está ocurriendo hoy en Colombia, como en otros lugares, es que se desvirtúa esta lucha de reivindicación de unos sectores en busca de la equidad y, más bien, se promueven ideas erróneas sobre sus propósitos. Creo que allí es donde empiezan a entrecruzarse todas estas posibilidades y, además, se convierten en una herramienta útil para ascender políticamente, como se ha visto en casi todas las campañas presidenciales de la región.

Desde el debate público y político está la idea de que defender a la población sexodiversa o la educación sexual integral en el sistema educativo implica estar en contra de la religión. ¿Esa contradicción realmente existe?

Cuando hablamos de religión, utilizamos un universal, cuando en realidad existen religiones, en plural. Y, si hablamos de la Iglesia católica, debemos entender que no existe una única visión frente a la sexualidad. Claramente, está el magisterio de la Iglesia, conformado principalmente por los obispos, quienes hacen la reflexión sobre la doctrina y sobre aquello que se considera legítimo al interior de la Iglesia. Pero también está el lugar de las y los teólogos dentro de esa gran variedad de pensamientos. Incluso yo, que soy católico y una persona sexodiversa, planteo que la Iglesia católica no tiene una única visión frente a la diversidad sexual y de género.

Algunos, como yo, que me inscribo dentro de esa tradición, consideramos que ser cristiano, ser católico y no defender los derechos humanos es una verdadera contradicción, porque el cristianismo tiene como centro la dignidad humana y, en el marco de esa dignidad, la vivencia plena de la sexualidad es un componente muy importante.

Lo que existe son conflictos al interior de las religiones frente a algunas visiones. Yo, como teólogo católico, dialogo con la jerarquía de mi Iglesia, nos reunimos, conversamos, tratamos de avanzar, hacemos acuerdos y demás. Pero esos debates corresponden al interior de cada Iglesia y no son debates que deban trasladarse al escenario de la vida pública, porque ahí es donde resulta tan importante entender que Estado y religión son asuntos separados.

El Estado y toda la política de convivencia entre las y los ciudadanos deben estar regidos por el marco normativo y, claramente, por la Constitución Política.

Entendiendo que, en un Estado laico, no hay ningún problema en que una persona funcionaria pública tenga convicciones de fe, ¿en qué momento debería preocupar que esas convicciones empiecen a orientar decisiones políticas?

El límite aparece cuando una persona creyente, que ocupa un lugar de toma de decisiones en el sector público o en la política, utiliza ese lugar para imponer sus creencias a otras personas. Yo, como católico, no puedo entrar a regular desde mis creencias católicas para un mundo o un contexto de no católicos. ¿Por qué? Porque mi discurso religioso dista de las realidades de muchas personas.

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¿Dónde termina el derecho de las familias a transmitir sus convicciones religiosas y dónde empieza la obligación del Estado de garantizar una educación que proteja los derechos, la autonomía, diversidad, y el desarrollo integral de las y los estudiantes?

Es un tema muy complejo porque no se entiende el lugar de la educación dentro de la sociedad. Este es un fenómeno social que es propio de los seres humanos. Educamos en distintos niveles: educamos en la familia, educamos en la iglesia. Pero hay una institucionalidad que es la escuela, el sistema educativo, y en Colombia concretamente, esta institucionalidad está regida por la Constitución Política de 1991 y por la Ley 115. 

¿Para qué es la educación? Para desarrollar unas competencias en áreas específicas que nos permitan entender el mundo, heredar las tradiciones y el avance científico que se tiene. Por eso aprendemos de matemáticas, de sociales, para entender el mundo. Pero una de las finalidades de la educación también es aprender a convivir con otros y con otras. ¿Y esto qué significa? La escuela debe ser un escenario creado para que cada ciudadano y ciudadana reconozca las diferencias y, en el marco del reconocimiento de las diferencias, pueda justamente valorar y respetar esa diversidad. 

Lo que se vuelve un problema es cuando las familias, desde sus ideologías, quieren educar a sus niños solo en sus marcos, porque le están quitando la posibilidad de descubrir otras formas y otras posibilidades. Por ejemplo, algo como la educación sexual, es justamente para que los niños y las niñas entiendan, más allá de los límites que tengo en mi hogar, cómo se establece el consentimiento dentro de la relación sexual. ¿Qué ocurre si dejamos que solamente sea la casa quien oriente frente a ciertos asuntos, como lo es la sexualidad? Los muchos niños y niñas, nunca se darán cuenta de que están siendo abusados. Porque no se les socializa sobre estos temas. 

En ese orden de ideas, sesgar la escuela a un solo discurso resulta total y absolutamente nefasto. Especialmente porque la escuela se constituye en garante de derechos de los niños y de las niñas.

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¿Puede decirse que la escuela alguna vez ha sido un espacio neutral?

Realmente, la escuela nunca ha sido neutra. Si hacemos una lectura histórica lo que hace la escuela es reproducir una sociedad. Si se mira atrás, en las instituciones escolares de Europa y América se transmitían unos valores que, a través de discursos religiosos, legitimaban formas de dominación de ciertos modelos económicos, políticos y demás. Y todavía hoy tenemos vestigios de esta situación, pues transmitieron unas ideas y unas ideologías muy claras sobre lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, cómo debemos comportarnos, etc.

El problema es que hoy en día, en el marco de los acuerdos que hemos tenido como sociedad, la escuela no debe continuar reproduciendo esos estereotipos que generan exclusión, jerarquización y que, además, fundamentan muchas formas de violencia contra grupos de la sociedad. Hoy debemos formar en el marco de los derechos y la convivencia de las y los ciudadanos, desde el respeto de la diferencia. Entonces, no es neutra, sino que claramente tiene una apuesta hoy por la dignidad y por los derechos de las personas.

Colombia tiene una jurisprudencia bastante sólida sobre el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y los derechos de estudiantes sexodiversos. ¿Hasta dónde puede el gobierno de turno apartarse o interferir con esos lineamientos?

A finales de los años noventa y comienzos de este siglo, se dieron avances muy importantes en materia de reconocimiento de los derechos de personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

Pero esos derechos no calaron tanto dentro de la sociedad en general. Lo que ocurrió es que fueron conquistados, en buena medida, a partir de estrategias como el litigio. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sido una aliada muy importante, porque ha interpretado la Constitución Política dentro de un marco de derechos que garantiza el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad ante la ley y, con ello, la libertad para vivir nuestra sexualidad.

Pero, vuelvo y reitero, esos derechos no estaban tan interiorizados por parte de la sociedad en general. ¿Qué ocurre entonces? Que, cuando aparecen nuevos discursos antiderechos, empiezan a generarse conflictos y a circular discursos de odio. En ese contexto, hay más facilidad para que crezcan posiciones que buscan frenar o incluso suprimir derechos ya reconocidos.

Y el gran peligro es que, si cambian quienes están en la Corte Constitucional y quienes toman las decisiones, puede empezar a generarse una nueva jurisprudencia que lleve a retrocesos. Realmente, no la van a tener tan fácil porque seguimos, como movimiento social, haciendo frente. Entonces, no debemos confiarnos. Debemos seguir trabajando articuladamente, defendiendo los avances y denunciando a quienes llegan a lugares de toma de poder para imponer sus creencias desde allí. También hay un lobby que busca detener los avances en materia de derechos.

Luego de esa trazabilidad, ¿qué lectura hace de la llegada de un perfil como el de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación?

Creo que el Ministerio de Educación tiene unos desafíos muy fuertes que, además, quedaron en evidencia con el pasado terremoto, con el tema de infraestructura, de accesibilidad. Y temas que también venían de antes, como que nosotros estamos rezagados en materia de calidad educativa porque Colombia es un país muy desigual. Si bien es cierto que los colegios públicos de Bogotá han avanzado muchísimo, también es cierto que no es la realidad en general. 

Y entonces, cuando uno piensa en esos grandes desafíos, la preocupación que surge es que una persona como Viviane Morales, por ejemplo, quien precedió en esta cartera a Ilva, estuviera más preocupada por una idea de la presencia del marxismo y de la “ideología de género”, o por revisar los documentos que se les entregaban a los estudiantes, que por los desafíos reales que tenemos como sociedad. Porque, claramente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sabemos que una de las principales maneras de lograr la equidad y superar la pobreza y la desigualdad es la educación.

Y con la salida de Viviane Morales y la llegada de Ilva, surge una preocupación todavía mayor, y tiene que ver con que Ilva es incluso más radical que la misma Viviane Morales. Porque ella encarna dos realidades. Por un lado, es una persona tecnócrata, académica, es doctora en derecho y ha liderado centros de investigación. Pero, por el otro, si bien es abogada, conoce la norma e incluso ha sido formada en derechos humanos, ha sido total y absolutamente frontal en atacar derechos, por ejemplo, en temas como la interrupción voluntaria del embarazo.

Entonces, claramente, hay una gran preocupación, y es hasta qué punto realmente Ilva va a llegar a afrontar los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Educación para superar las brechas de acceso y permanencia que existen a nivel nacional, o si más bien va a continuar con un discurso de cacería de brujas que, además, es infundado y se convierte en una cortina de humo frente a las verdaderas problemáticas que existen.

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Tres semanas. Ese es el tiempo que le ha tomado al nuevo Gobierno ubicar en cargos clave a varias personas con posiciones públicas contrarias a las políticas de igualdad y género. Especialistas en esta materia encuentran en los nombramientos un patrón narrativo que reúne viejas banderas sobre la familia tradicional, la infancia, la supuesta “ideología de género” y la “batalla cultural”, ahora en manos de funcionarios con capacidad para incidir en decisiones administrativas y de gobierno. ¿Quiénes han sido nombrados y cuáles son sus posturas?

Por un lado está el Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, designada el pasado 7 de julio, quien en las últimas semanas, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas, principalmente en temas de género. Además, presentó un proyecto, con el que busca modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, para ajustar las reglas bajo las cuales las entidades educativas territoriales pueden contratar con terceros. El borrador incluye la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. Aun así, Morales asegura que este tipo de contratos existe desde hace más de tres décadas.

Su postura es conocida en este tema. Además de ser la primera mujer fiscal en el país, en el pasado impulsó un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocida desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional. También fue una de las figuras que, hace una década, recurrió al concepto de “ideología de género” para cuestionar, primero, las medidas contra la discriminación en los colegios adoptadas tras el caso de Sergio Urrego. Un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por parte de las directivas de su institución debido a su orientación sexual y cuya muerte dio lugar a una sentencia que ordenó revisar los manuales de convivencia. Posteriormente, utilizó ese mismo marco para cuestionar el enfoque de género incluido en los Acuerdos de Paz.

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El 12 de agosto, Morales designó a Gledy María Foliaco Rebolledo y Camilo Noguera Pardo para liderar los dos viceministerios de su cartera. Foliaco, licenciada, magíster en Educación y con más de 20 años de trayectoria en el sector asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Noguera, abogado con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, llega al Viceministerio de Educación Superior con una trayectoria marcada también por sus cuestionamientos a los enfoques de género en la educación.

Esa posición quedó plasmada en 2025, cuando dirigió la investigación “Adoctrinamiento en género en colegios. Invalidando la narrativa”, publicada por la Universidad Sergio Arboleda, de la cual es egresado. En mayo de este año llevó parte de esos planteamientos a una columna en Semana, en la que afirmó que “en los últimos tiempos, las narrativas y enfoques de género han contaminado la educación escolar”.

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El 17 de julio de 2026 fue anunciada Paola Holguín como ministra de Cultura. La exsenadora del Centro Democrático ha dicho que desde esa cartera buscará desmontar las “narrativas de género” y promover otras centradas en la familia. Su trayectoria en estos temas viene de años atrás. Durante su paso por el Congreso integró la bancada autodenominada “provida” y, tras la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, respaldó el llamado “Referendo por la vida”, que buscaba proteger constitucionalmente la vida desde la concepción y revertir los efectos del fallo.

También respaldó proyectos de ley como “¡Con los niños no te metas!”, sobre acopañamiento, orientación y tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años; “Estoy vivo desde la concepción”, contra el aborto; y “Los padres eligen”, sobre la participación de las familias en la educación sexual integral de sus hijas e hijos. Ninguna avanzó en el legislativo.

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Cerca al oído del mandatario de la “patria milagro” está Enrique Serrano López, escritor, filósofo, profesor y exdirector del Archivo General de la Nación, designado el 22 de julio como asesor presidencial. Serrano llega al Gobierno con una tarea especialmente política: ayudar a darle forma a lo que llaman la “batalla cultural”, una disputa promovida por sectores de derecha frente a los discursos que se asocian con el progresismo y los derechos humanos. Su nombramiento no fue presentado como uno meramente técnico. Al anunciarlo, De la Espriella afirmó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y que el Gobierno necesita voces capaces de “convertir las convicciones en argumentos”. Algo que, en la práctica, podría convertirse en una forma de dar sustento político a los valores promovidos por sectores conservadores.

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Anunciada el 29 de julio como directora del ICBF, María Carolina Restrepo llegó a la entidad después de una trayectoria principalmente jurídica, financiera y corporativa. En sus primeras semanas al frente de la institución tomó dos decisiones que abrieron cuestionamientos sobre el enfoque de género en la entidad. Primero, estableció lineamientos para incorporar en el lenguaje institucional términos como “niñez” y excluir la palabra “niña”, una medida que defendió bajo el argumento de tratarse de una “precisión”. También ordenó retirar un mural en el que aparecía la expresión “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, al considerar que podía existir una instrumentalización política de menores. La frase corresponde a un colectivo de niñas que surgió tras el feminicidio de Yuliana Samboní en 2016 y que desde hace años utiliza el arte para que las menores de edad aprendan a identificar las violencias basadas en género.

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El 4 de agosto, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque. Su postura frente a los temas de género adquirió especial visibilidad durante sus años como Procurador General de la Nación. Desde ese cargo cuestionó a los primeros jueces y notarios que formalizaron uniones entre parejas del mismo sexo en el país, apoyados en una interpretación amplia de la Sentencia C-577 de 2011. Años después, el alto tribunal zanjó la discusión y consolidó el reconocimiento de estas uniones.

En 2016 también fue uno de los principales opositores al enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz y sostuvo que allí estaba “encriptada” la supuesta “ideología de género”. Ordoñez estará ahora al frente de la representación de Colombia ante uno de los principales escenarios regionales donde se discuten estándares de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

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El 13 de agosto, De la Espriella nombró como agente liquidador del Ministerio de Igualdad a John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. La designación deja a la entidad encargada de combatir desigualdades históricas de poblaciones constitucionalmente vulnerables a cargo de quien, en 2022, impulsó junto con la bancada “provida” del Congreso un referendo para revertir el derecho al aborto. Milton llegó a plantear la prohibición total, incluidas las tres causales. Años después, será él quien conduzca la liquidación de una cartera que agrupó la articulación de políticas dirigidas, entre otras poblaciones, a mujeres y personas LGBTIQ+.

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Si bien estos cargos no les dan vía libre para eliminar derechos de un plumazo, sí les permiten decidir, desde los lugares que ocupan, qué se prioriza, qué se financia, qué lineamientos se cambian y qué mensaje se envía al país desde cada una de esas instituciones.

El panorama actual no se limita a los nombramientos, empieza a reflejarse también en otros escenarios. En el nuevo periodo legislativo, la bancada “provida” ya ha impulsado varias iniciativas, entre ellas una reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y así eliminar el derecho al aborto; un proyecto para prohibir la maternidad subrogada bajo la figura de “explotación reproductiva”; y la llamada “Ley Laura”, que busca restringir procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

“En la Comisión Primera de 22 senadores, al menos cinco han manifestado sus agendas antiderechos; y en la Comisión Sexta de 13, al menos tres se enuncian como antigénero. Es un resultado preocupante, puesto que la Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales y por ella se tramitan proyectos legislativos sobre los derechos LGBTIQ+ como ‘Nada que curar’ o ‘Ley integral trans’”, dice Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas sexodiversas en Colombia.

Desde ese mismo sector también han empezado a moverse acciones para presionar decisiones del Ejecutivo. Una de las más recientes fue la carta que la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, enviaron a Ana María Vesga, ministra de Salud. Allí le solicitaron revisar y derogar medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), parto humanizado, atención en salud de niños, niñas y adolescentes trans y eutanasia en menores de edad.

¿Qué patrón narrativo hay en los recientes nombramientos del gobierno de De la Espriella?

Estos nombramientos, que recaen en personas que han sostenido posiciones explícitas contra distintos derechos y políticas relacionadas con género y la diversidad, coinciden también en marcos discursivos atravesados por convicciones religiosas. Para José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, la preocupación no radica en que personas creyentes ocupen cargos públicos, algo propio del pluralismo democrático y de la laicidad del Estado, sino en que esas convicciones puedan influenciar las decisiones que toman en entidades públicas. “En este caso en particular, tenemos personas con experiencias de fe que quieren hacer de ella política pública, lo cual ya empieza a generar algo de ruido”, dice en entrevista con El Espectador.

(Lea aquí: ¿Ideología de género o educación sexual? La ofensiva que impulsa el gobierno De la Espriella)

Pero además, Serrano encuentra allí un hilo común entre estas figuras, por medio de ideas como la “familia tradicional”, la “protección de la niñez” y el supuesto “adoctrinamiento” en los colegios. Son nociones que, explica, son agrupadas bajo la llamada “ideología de género”, un término promovido desde el Vaticano que surgió en los años noventa, en medio de debates internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y población LGBTIQ+. Pero que no tiene ningún sustento científico, académico o jurídico.

“Se acuñó en ese escenario por sectores supuestamente conservadores, pero es más complejo que esto; eran sectores que estaban en contra de estos temas, como el Vaticano, países islámicos y algunos países africanos, que se oponían a estos debates amplios. Y acuñaron ese término para empaquetar allí un montón de cosas que les generaban sospecha, inquietud o que consideraban precisamente en contra de una idea singular de familia, de sociedad o de una cierta idea de valores”, comenta.

El experto advierte que estas narrativas suelen seguir patrones reconocibles para ganar legitimidad y movilizar apoyos. Para que estas conversaciones se consoliden, recurren a elementos como la construcción de un pánico moral alrededor de aquello que se presenta como una amenaza para la familia, la niñez o determinados valores. Adicionalmente, ese discurso, puede presentarse como una propuesta aparentemente positiva, como “recuperar los valores”, pero que en el fondo está cargada de discriminación.

A esa mezcla se suma la construcción de un enemigo, incluso cuando el lenguaje no lo plantea de forma explícita. “Cuando hacemos este ejercicio de decir ‘es que nos quieren imponer’, estamos implícitamente construyendo esos enemigos, por eso son narrativas muy peligrosas en ese sentido”, afirma.

Otro ingrediente son las verdades incompletas que pueden convertirse en vehículos de desinformación. Y, finalmente, aparece la apelación a una idea tan amplia y compartida que resulta difícil controvertirla, como la protección de la niñez. “Esta idea de ‘vamos a proteger los niños’ acoge e invita a sectores de izquierda, a sectores de derecha a sectores que nunca se han sentido parte de ningún partido político, pero el llamado a vamos a proteger los niños, convoca un montón de cosas”, finaliza.

Aumento de violencia y barreras de acceso a derechos ya reconocidos: los riesgos que advierten las organizaciones sociales

El director de Caribe Afirmativo reconoce que existe una institucionalidad sólida que dificulta una regresión inmediata de derechos, además de una sociedad civil con capacidad de incidencia, a la que atribuye gran parte de los avances en materia de diversidad sexual, género y derechos reproductivos. Aun así, advierte que narrativas como la “batalla cultural” o la “agenda woke” pueden estigmatizar a los movimientos sociales y abrir nuevas ventanas de riesgo en un país donde ya persisten altos niveles de violencia y barreras para acceder a derechos.

Según la organización, entre 2024 y 2025 los asesinatos de personas LGBTIQ+ aumentaron un 64 % y el último año cerró con 270 casos. Las dificultades también están en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe publicado este año por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó que, pese a la despenalización del aborto, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse para acceder al servicio por falta de oferta, personal o medicamentos, y Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.

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Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, coincide en esta evaluación. Considera que estos discursos pueden deslegitimar las vivencias de las personas LGBTIQ+ y generar un entorno en el que otras personas se sientan autorizadas a reproducir actos de intolerancia y violencia. También expresa especial preocupación por la educación sexual integral ante la posible participación de organizaciones religiosas en los colegios. “Esa educación sexual tiene que ser universal, no puede ser basada en ciertos valores religiosos porque eso atenta contra la libertad de cultos que debe profesar el Estado”, dice a El Espectador.

A su juicio, parte del problema está en cómo los discursos sobre “ideología de género” tergiversan las demandas y experiencias de las personas sexodiversas “diciendo que nosotros queremos convertir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los niños”, cuando, sostiene, lo que se busca es proteger a quienes son víctimas de violencia y discriminación por este motivo.

“Estamos de acuerdo con que [la educación sexual] se haga de acuerdo a la edad, de acuerdo a unas metodologías y a unas pedagogías adecuadas a cada ciclo vital. Pero no nos parece correcto que se quieran imponer unos valores religiosos que excluyen a una población”, subraya.

¿Qué debería preservar el nuevo Gobierno en materia de género y diversidad?

Más allá de los riesgos que identifican las fuentes consultadas, el antropólogo José Fernando Serrano insiste en que quienes asumieron estos cargos deberán gobernar dentro de un marco constitucional y responder a las deudas históricas del país en asuntos de género, entre ellos menciona las violencias basadas en género y la educación sexual integral.

“Si un chico tiene una pregunta sobre su sexualidad, no va a ir a la profesora o a la iglesia, va a ir a la red social, a ChatGPT o a la pornografía, que es donde puede encontrar respuestas a sus inquietudes sobre sexualidad. Entonces, ojo, esa es una responsabilidad histórica. Y, además, la violencia de género sigue estando presente y es sobre ese tipo de cosas que debemos de actuar. El silencio no permite actuar sobre eso. El silencio lo que hace es que legitima las violencias”, concluye.

Caribe Afirmativo plantea esa misma discusión desde la continuidad institucional. Para la organización, el nuevo Gobierno no parte de cero, sino que recibe políticas y compromisos que ya fueron construidos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos están el CONPES 4147, el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de esta población, las rutas de atención frente a la violencia y los protocolos de inclusión en entidades públicas. También advierte sobre la necesidad de preservar los recursos y avances técnicos alcanzados, como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans.

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Cuando pensamos en las disputas políticas de nuestro tiempo solemos mirar las elecciones, las leyes, los discursos de los gobiernos o las decisiones de los tribunales. Mucho menos visible es otra disputa que también está ocurriendo: la que define qué puede conocer un Estado sobre la sociedad que gobierna. Qué información decide producir, qué poblaciones logra reconocer en sus sistemas, qué preguntas hace, cómo organiza sus registros, qué estadísticas publica y qué evidencia queda disponible para tomar decisiones parecen asuntos técnicos. Esas decisiones también determinan qué problemas podemos identificar, qué desigualdades podemos medir y qué realidades llegan a ser visibles para la acción pública.

Por eso, los datos también están en disputa.

Las discusiones recientes alrededor del género permiten verlo con especial claridad. En Estados Unidos, desde 2025, el gobierno federal adoptó una definición de sexo basada en categorías masculina y femenina y ordenó cambios en políticas, documentos y formularios oficiales. Entre otras medidas, dispuso que los formularios federales que solicitan información sobre sexo no incluyeran preguntas sobre identidad de género. Una discusión que podría parecer limitada al terreno de los valores o del lenguaje llegó también a la manera en que el Estado pregunta, registra y organiza información sobre su población.

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Argentina muestra otra dimensión. Desde la llegada de Javier Milei, el gobierno reorganizó o eliminó parte de la institucionalidad nacional que trabajaba específicamente en asuntos de género y contra la discriminación, incluido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Eso no significa que Argentina haya dejado de producir estadísticas sobre estas poblaciones, ni que ambos casos sean equivalentes. Lo que sí muestra es que las capacidades institucionales construidas durante años pueden cambiar rápidamente cuando cambia la visión política de un gobierno.

Ahí aparece la pregunta que me interesa. Es normal que un nuevo gobierno modifique prioridades, políticas e instituciones. La pregunta es si debería poder reducir también la capacidad del Estado para conocer realidades que no encajan con su visión del mundo. ¿Qué ocurre cuando una disputa política empieza a determinar qué información se produce, qué fenómenos siguen siendo observables y qué evidencia queda disponible para que la sociedad evalúe lo que está ocurriendo?

El problema parece pequeño hasta que pensamos en sus consecuencias. Una persona trans sigue yendo al hospital, buscando empleo, estudiando, envejeciendo o enfrentando violencia aunque un sistema público no tenga información suficiente para reconocer esas experiencias. Las personas no desaparecen cuando el Estado deja de preguntarse por ellas. Lo que puede desaparecer es parte de nuestra capacidad para saber qué les está ocurriendo, identificar si enfrentan barreras distintas y determinar si las políticas que deberían protegerlas realmente están funcionando.

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Ahí aparece también una cuestión de justicia estadística: qué tan capaces son los sistemas del Estado de reconocer a las personas y de producir información que refleje la diversidad de la sociedad que buscan comprender. Esto importa porque los datos oficiales nunca son una fotografía perfecta de la sociedad. Producir información implica tomar decisiones: qué queremos conocer, qué preguntas hacemos, cómo organizamos los registros, qué diferencias necesitamos observar y qué resultados ponemos a disposición de la sociedad. Esas decisiones pueden y deben cambiar con el tiempo. Eso no significa que toda diferencia deba convertirse en una nueva variable ni que producir más datos sea siempre mejor. Significa que las instituciones públicas deberían conservar la capacidad de conocer una sociedad compleja incluso cuando parte de esa complejidad resulta incómoda políticamente.

Y esto va mucho más allá de las personas trans. La misma pregunta puede hacerse frente a la migración, la violencia, la pobreza, la discapacidad, las desigualdades raciales, el cambio climático o cualquier asunto en el que la evidencia entre en tensión con determinadas posiciones políticas. Los sistemas estadísticos necesitan revisarse. Una cosa es mejorar la manera en que conocemos un fenómeno y otra reducir nuestra capacidad de conocerlo porque preferimos que deje de formar parte de la conversación pública.

Colombia tiene aquí una oportunidad interesante. Con todas sus limitaciones, durante los últimos años distintas instituciones han ampliado la información disponible sobre diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de identidades trans y no binarias. Persisten vacíos importantes y nuestros sistemas no siempre conversan entre sí. Una misma persona puede ser reconocida por una institución y permanecer invisible para otra. Aun así, esos avances muestran que la infraestructura de conocimiento del Estado puede transformarse para representar mejor a la sociedad.

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Podemos pensar los datos públicos como parte de una infraestructura democrática que debería ser suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios de gobierno. No porque las estadísticas estén por encima de la política ni porque los expertos deban reemplazar la deliberación democrática, sino porque una sociedad necesita conservar cierta capacidad común para observarse, discutir sus problemas y evaluar las consecuencias de las decisiones de quienes gobiernan. La realidad del país no debería poder redefinirse completamente cada cuatro años en función de quién tenga el poder.

Eso también obliga a reconocer los límites de la producción de datos. La visibilidad puede proteger, pero también puede exponer. Recoger información sobre identidad de género, salud, origen étnico, discapacidad, migración u otras características sensibles exige propósitos claros, protección de la privacidad, seguridad y participación de las personas sobre quienes se produce esa información. Un Estado democrático no debería tener que escoger entre conocer mejor a su población y protegerla. El desafío es construir sistemas capaces de hacer ambas cosas.

Por eso la pregunta no es simplemente si necesitamos más datos. Es qué tipo de infraestructura pública de conocimiento queremos construir y para qué.

Colombia podría proponerse ser un referente regional en este terreno: desarrollar sistemas capaces de reconocer diferencias sin convertirlas en sospecha, producir información sin poner vidas en riesgo, permitir que investigadores, periodistas y organizaciones sociales evalúen lo que está ocurriendo, y ofrecer a quienes toman decisiones evidencia suficiente para identificar dónde persisten las desigualdades y si las políticas públicas están funcionando.

La evidencia, por supuesto, no gobierna sola. No decide qué valores debemos priorizar ni elimina los desacuerdos legítimos de una democracia. Pero sí puede ayudarnos a conocer las consecuencias de nuestras decisiones y a exigir que quienes gobiernan respondan por ellas. Si una política profundiza una desigualdad, necesitamos conservar la capacidad de saberlo. Si una población enfrenta mayores barreras, necesitamos poder identificarlas. Y si un gobierno decide ignorar determinada evidencia, la sociedad debería al menos conservar la capacidad institucional para producirla, discutirla y exigir explicaciones.

(Contexto: Así llega Colombia a las elecciones en temas de mujeres y LGBT: avances, violencias y vacíos)

Tal vez ahí esté una de las tareas democráticas menos visibles de nuestro tiempo: proteger la posibilidad de conocer una realidad que siempre será más compleja que la visión de cualquier gobierno.

Una democracia cuenta votos, sí. Pero también necesita instituciones capaces de contar, comprender y reconocer las vidas que existen detrás de ellos. Defender esa capacidad, con privacidad, participación y garantías, es también defender la democracia: garantizar que la capacidad de conocer la realidad del país no dependa únicamente de quien tenga temporalmente el poder de nombrarla.

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Bajo la premisa de una supuesta “estrategia woke”, -una expresión usada de manera despectiva para cuestionar agendas relacionadas con la igualdad- que busca instalar lo que denominan la “ideología de género” en los colegios del país, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se puso en marcha un plan para “volver a los principios y valores” de la “patria milagro”. La línea dictaminada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella da los primeros pasos en la implementación de un país que se inclina nuevamente hacia la derecha y que, en el camino, plantea preocupaciones por las garantías en materia de derechos de las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQ+.

El fantasma de la “ideología de género” se cuela nuevamente en el debate público, pero esta vez no desde las frases de campaña en las que De la Espriella decía que era enemigo de esta supuesta estrategia y se posicionaba en contra de que a “nuestros niños se les quiera condicionar y se les contamine para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad”.

Ahora, desde el poder, es Morales quien cumple con las órdenes del jefe de Estado y asegura que se va a “sacar la ideologización del país y a respetar el derecho de los padres en la educación”, ya que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, dijo en una rueda de prensa.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

En paralelo a las declaraciones de la ministra, la opinión pública estaba debatiendo la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional para referirse solo a “niños y adolescentes” o de pleno a la “niñez”, algo que generó controversia y fue anunciado por la directora elegida por la nueva administración: María Carolina Restrepo.

Con todas estas decisiones, surgen inquietudes a raíz de las declaraciones de Restrepo, de Morales y del primer decreto emitido por la ministra –en el que se permite que iglesias y colectividades religiosas den talleres pedagógicos a niños y niñas en la educación pública–. ¿A qué se refieren cuándo hablan de “ideología de género”?¿Qué significa la supuesta existencia de una “campaña woke” en los colegios?¿En qué consiste realmente la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes?

(Lea aquí: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

La “ideología de género”: una categoría creada para frenar los avances en derechos humanos

Lo cierto es que, al referirnos a este término, no se está haciendo alusión a una categoría científica, académica o jurídica. Las expertas consultadas aseguran que se trata de una categoría netamente política –principalmente utilizada por sectores de derecha y de ultraderecha– con el fin de generar miedo respecto a temas específicos relacionados con la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio y la adopción igualitaria, entre otros asuntos vinculados con el avance en los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Es un artefacto político que se inventó y surgió a partir de los avances en términos de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos de la Convención Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y después en Beijing sobre la mujer en 1995. Ahí empezó a surgir a partir del Vaticano –ni siquiera de la academia– ese concepto para deslegitimar los avances en equidad y en derechos humanos”, aseguró Mariana Sanz de Santamaría a El Espectador, abogada experta en género y en educación.

Además, Sanz explica que este término se usa como un aglutinante que construye una “amenaza inexistente”, la cual pone en riesgo valores familiares, un orden social específico, la moralidad pública según cierta ideología y cierta fe, para instaurar así un pánico moral alrededor de “temas como la educación sexual, avances en términos de reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, la despenalización del aborto, la Ley de Cuotas, etc”.

¿Cuáles son las consecuencias de promover este término? Según la experta, aunque “la ideología de género no existe” y funciona como “una gran cortina de humo para generar un pánico moral alrededor de unos avances en términos de equidad de género y derechos en general”, los impactos de esta narrativa sí se materializan y repercuten en la calidad y la veracidad de la información relacionada con estos temas.

“No hay posibilidad de ‘homosexualizar’ a las personas. Ninguna persona homosexual ni trans lo decidió ni tampoco se le impuso, no existe esa amenaza porque no es posible. El miedo de que todas las mujeres van a abortar por gusto y por deporte no es verdad, no existe ninguna organización, ningún movimiento que fomente que las mujeres aborten. Las mujeres siempre han abortado y siempre van a abortar porque por muchas razones no están ni en la capacidad ni en la voluntad, por lo que tampoco deberían ser obligadas a ser madres”, agrega Sanz.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado el uno del término “ideología de género” como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados.

La educación sexual integral: una herramienta para la prevención y el cuidado

En medio de un panorama en el que la información falsa muchas veces se toma la agenda, la educación sexual integral también se ha visto afectada. Según Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego –creada a raíz del suicidio de su hijo de 16 años tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay por parte de directivos– este tipo de narrativas debilitan una educación sexual que, de por sí, ya es precaria en los colegios y que, advierte, está muy en la línea de las estructuras patriarcales.

“La educación sexual en las familias en Colombia está muy arraigada al patriarcado, por eso es que hay tantas violencias ejercidas por adultos sobre los niños y las niñas. Aquí no se trata de ‘educarles para que sean LGBTIQ+’, aquí se trata de enseñarles, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, sobre el cuidado de su cuerpo, el consentimiento y el respeto. Sobre las emociones que pueden pasar en su cabecita en sus edades cortas, en la prevención precisamente de este tipo de violencias, en la responsabilidad de poder vivir cada vida de manera independiente, libre, pero dentro del respeto”, precisa Reyes.

Las cifras sobre la implementación de la educación sexual en los colegios de Colombia indican que solo el 33 % cumple con los estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos; solo el 19 % ha tenido formación en prevención del embarazo y tan solo el 15 % en prevención de VIH, según Mariana Sanz.

(Lea más: El 70% de docentes en Colombia no recibe formación en derechos sexuales y ESI)

Y es precisamente en este contexto en el que Reyes advierte de una fuga en el foco del problema, pues mientras se da el debate sobre la supuesta “ideología de género”, las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país carecen de garantías, especialmente para las niñas, adolescentes y otras personas que menstrúan, así como para quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. “A mí me preocupa muchísimo que utilicemos una expresión que quiera hablar de todo, como la ‘ideología de género’. Sin embargo, en la educación no estamos haciendo nada real para poder avanzar, para poder prevenir”, puntualizó.

La normativa de la educación en Colombia: lo que indica y lo que prohíbe

De acuerdo con las expertas consultadas, hay directrices específicas que explican cuál es el camino a seguir en materia de educación e inclusión. Según Mariana Sanz de Santamaria, en este momento Colombia cuenta con la Ley General de Educación (115 de 1994) en la que se “habla de que la educación sexual hace parte fundamental del desarrollo de competencias básicas para la vida”. Y, a partir de ahí, ha habido un desarrollo curricular muy robusto.

“La ley 1620 de convivencia escolar habla sobre la importancia de que los colegios tengan protocolos y rutas de atención para temas de abuso sexual; la sentencia del caso de suicidio de Sergio Urrego en el 2015 donde la Corte Constitucional exhorta a los colegios a que sus manuales de convivencia no sean discriminatorios para la comunidad LGBTIQ+, sino que entiendan la diversidad como un valor humano; y tratados de las convenciones internacionales que hacen parte de todo nuestro marco legal que hablan sobre la importancia de que niños y niñas tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, puntualiza Sanz.

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Por esta misma razón, tanto Sanz como Reyes sostienen que hay un blindaje constitucional respecto a la garantía de estos derechos, pero que no deja de ser preocupante el accionar del nuevo gobierno. Asimismo, a esta problemática se van sumando acciones como la de dar la orden de no nombrar a niñas, niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) sino remitirse a decir “niñez o niños”, algo que, según Reyes, anula “nuestra presencia y tanto mujeres como niñas debemos y merecemos ser nombradas”. Hasta el momento, la nueva administración lleva menos de un mes en el poder y las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo apenas comienzan.

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El terremoto del pasado 10 de agosto desplomó parte de la casa de Leidi Mallive Londoño Aguirre, conocida por sus redes de apoyo como la “madre Pulga”, una mujer que durante más de tres décadas ha acompañado a las personas trans en Pereira y que tras el desastre resultó herida. Ahora, cuando es ella quien necesita ayuda, son muchas a las que alguna vez les tendió la mano las que están recogiendo dinero para ayudarle a levantar de nuevo su casa.

“Madre Pulga es parte de nuestra historia y de una generación de mujeres trans que abrió caminos, resistió y construyó comunidad cuando hacerlo era todavía más difícil”, reconoce Radiotuta, un proyecto de podcast y memoria que busca recuperar las historias y las luchas del transformismo y la población LGBTIQ+ en Colombia.

Leidi Mallive recuerda con orgullo que fueron sus amigas trans las que la acompañaron a bautizarse cuando era muy joven. Ella ni siquiera sabía de qué se trataba, pero ellas le aseguraron que toda persona debía hacerlo. Fue desde ese momento que recibió el nombre de la “pulga”, por ser como ella misma cuenta, “la marica más pequeña”.

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Nació en Aguadas, Caldas, y llegó a Risaralda aún siendo menor de edad, empujada por la violencia que enfrentaba por su identidad de género diversa. Ubica el comienzo de su activismo en 1991. De esa época recuerda las batidas de la policía, los encerramientos en calabozos que iban de 24, 48 y hasta 72 horas, y la violencia física constante. En medio de todo eso, ella y otras mujeres comenzaron a interponer acciones legales para exigir que les respetaran el derecho a estar en el espacio público y, también, a trabajar. Con el tiempo, dice, las batidas continuaron, pero ya no podían quitarles su dignidad.

Así empezó a hacerse conocida entre las mujeres trans de Risaralda. Con los años, muchas comenzaron a buscarla y ella asumió un lugar que describe simplemente como el de una madre. Un oficio que, en su caso, consiste en acompañar: recibir en su casa a quien llega sin tener dónde dormir, ir al hospital con quien se enferma, y, cuando alguna muere, hacer los trámites de defunción y conseguir las flores para el funeral. “Como madre yo les colaboro mucho aún cuando no tengo nada. Porque yo no tengo nada, yo también soy pobre como ellas”, dice.

Y es que la figura de las madres trans hace parte de las familias elegidas que muchas personas con experiencias de vida trans construyen a lo largo de los años. Son vínculos que no parten necesariamente de la consanguinidad o el parentesco biológico, sino de las experiencias compartidas y de las redes que se construyen entre quienes encuentran en otras personas el apoyo, la compañía o el cuidado que necesitan. Es desde ese vínculo que mujeres como Leidi son reconocidas como “madres”, porque acompañan, orientan y comparten lo aprendido con otras mujeres trans.

Y es esa relación de cuidado la que cobraría un nuevo sentido para ella y la población LGBTIQ+ risaraldense después del terremoto. El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, sacudió el occidente colombiano. Pereira estuvo entre las ciudades más golpeadas. En la casa de la Madre Pulga, donde vivía junto a otras mujeres trans y nueve perros que adoptó, se derrumbaron varias paredes y el resto de la estructura quedó agrietada. Por suerte, ella salió con heridas menores.

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Por eso, organizaciones sociales como la Red Comunitaria Trans y Radiotituta se unieron para ayudar a la activista bajo la consigna de “tenemos que cuidar a nuestras adultas trans”. La idea es recoger fondos para que Leidi pueda reparar su casa y atender las lesiones que sufrió durante el terremoto.

“Hoy queremos acompañarla y ayudarla a reconstruir, no solo su casa, sino también la tranquilidad y el respaldo que necesita en este momento”, se lee en la convocatoria difundida por redes sociales. Allí invitan a las personas a ayudar con dinero que llegará directamente a la cuenta de Londoño. Hasta el momento, cuenta, ha recibido COP 300.000, con los que ha podido cubrir algunos gastos básicos, incluida, la comida de sus nueve perros.

La situación de las personas trans después del terremoto

La casa de la Madre Pulga es una de las muchas historias que comienzan a aparecer después del terremoto y que demuestra que no todas las personas viven los desastres de la misma manera. El último balance realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas. No obstante, Juli Salamanca Cortés, directora ejecutiva de la Liga de Salud Trans advierte que “las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera”. Después de una emergencia de estas dimensiones, explica, las personas trans y no binarias enfrentan mayores dificultades para acceder a vivienda, alimentación, atención integral en salud, medicamentos y ayudas humanitarias.

A las afectaciones que deja el desastre se suman las condiciones ya estaban presentes antes, como la exclusión social, la precarización laboral y la discriminación institucional, asegura.

“Nos preocupa especialmente la situación en el Pacífico colombiano, particularmente en Chocó y Buenaventura, donde las limitaciones históricas en la presencia estatal y en la capacidad de respuesta humanitaria incrementan los riesgos para las personas trans. Muchas de ellas dependen de economías informales, redes comunitarias de cuidado y tratamientos médicos continuos que pueden verse afectados o interrumpidos durante la emergencia”, agrega.

De hecho, Caribe Afirmativo también recibió información desde Buenaventura y Argelia sobre los efectos del terremoto en la población LGBTIQ+. Líderes comunitarios y hombres trans reportaron graves daños en varias viviendas. La preocupación está en que algunas de estas personas no han encontrado albergues que respondan a sus necesidades y han tenido que quedarse temporalmente en casas de vecinos, “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, aseguró el director de la organización Wilson Castañeda.

Desde las organizaciones sociales, hacen un llamado a las autoridades, entidades humanitarias, organizaciones sociales y ciudadanía para que la respuesta incorpore un enfoque diferencial, territorial y de género. “Esto implica garantizar el acceso oportuno, digno y sin discriminación a albergues seguros, alimentación, atención en salud, medicamentos, protección frente a las violencias y ayudas económicas, respetando en todo momento la identidad y expresión de género de las personas afectadas”, añade Juli Salamanca.

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También plantea que el Gobierno nacional debería articular su respuesta con las organizaciones trans que trabajan en los territorios. Son ellas, dice, quienes ya conocen de cerca las necesidades de la población y pueden ayudar a identificar a las personas que, en medio de la emergencia, corren el riesgo de quedar nuevamente por fuera de la respuesta institucional.

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Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4, las organizaciones que trabajan con población LGBTIQ+ en los territorios comienzan a tener información más clara de las pérdidas y afectaciones que dejó el sismo, a medida que se recuperan las comunicaciones y avanzan las labores de rescate. Hay viviendas destruidas o con daños graves, sedes de organizaciones inhabilitadas y personas que todavía buscan dónde quedarse y cómo acceder a las ayudas, en varios municipios del Pacífico y el Eje Cafetero.

“En medio de una logística masiva de socorro, es previsible que el Estado priorice la respuesta estandarizada y que, de manera sutil pero sistemática, las necesidades específicas, identitarias y de protección de las personas LGBTIQ+ no queden registradas ni atendidas en los censos tradicionales de damnificados”, señaló Caribe Afirmativo, solicitando una ruta de atención diferenciada y rápida.

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Wilson Castañeda, director de la organización, explica a El Espectador que, en este contexto, para algunas personas LGBTIQ+, conseguir alojamiento o acceder a una ayuda implica obstáculos adicionales. Las organizaciones que trabajan en los territorios señalan, por ejemplo, que las personas trans y no binarias encuentran dificultades en albergues que no contemplan sus identidades y que quienes viven del trabajo sexual o de actividades informales perdieron su fuente inmediata de ingresos.

En Pereira, la Fundación Plataformas informó sobre la muerte de una mujer transformista y señaló que, al momento de elaborar el reporte, continuaban las labores para recuperar su cuerpo de un edificio colapsado. La organización también recibió reportes de varias personas LGBTIQ+ que perdieron completamente sus viviendas. Según informó la Fundación, hasta el jueves había brindado atención psicológica a 16 personas y entregado tres ayudas alimentarias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En Manizales, uno de los tres puntos de atención de Like por la Vida quedó inhabilitado por los daños en la edificación. La organización también reportó que varias personas LGBTIQ+ perdieron sus viviendas por grietas y colapsos. Su sede administrativa (Cra. 26 #49-64, en Versalles, detrás de Confa de la 50) empezó a funcionar como centro de acopio. Además, continúa con sus labores de atención emocional y psicológica.

En Armenia, el impacto también está relacionado con los medios económicos de subsistencia. Según Eje Diverso, el toque de queda en el centro de la ciudad afectó gravemente a personas que ejercen el trabajo sexual. La organización comenzó una caracterización barrio a barrio para identificar las necesidades de las personas más afectadas por el sismo y cuya fuente de ingresos se vio comprometida.

En Buenaventura y Argelia, líderes comunitarios y hombres trans señalan, en los reportes recogidos por la organización, daños graves en las viviendas de personas LGBTIQ+, sin pérdidas humanas. Pero aseguran que no hay albergues adaptados y que algunas de ellas permanecen en casas de vecinos mientras buscan insumos a través de redes del Pacífico.

Este último es un punto clave. Aunque personas de distintas partes del país se han volcado a recoger y llevar ayuda a quienes más lo necesitan, el acceso a un lugar seguro sigue siendo un problema para algunas personas LGBTIQ+, así como la falta de información sobre las rutas para solicitar las ayudas disponibles. “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, asegura Castañeda.

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Eso es justamente lo que reportan desde Quibdó, en Chocó. Integrantes de Mujeres Lesbianas del Chocó (MULESCHÓ), contaron que algunas personas diversas perdieron sus viviendas y todavía no saben dónde acudir para recibir asistencia. Según ellas, en algunos barrios no ha llegado ayuda gubernamental o externa y tampoco les han informado cuáles son las rutas para solicitarla.

“Hemos preguntado directamente en los albergues y a los mecanismos de entrega de ayudas por criterios de priorización y, hasta ahora, ninguno prioriza a las personas LGBT”, afirma Castañeda.

Por otro lado, desde la Fundación Latidos Chocó, informan que las personas afectadas están siendo recibidas en las casas de sus “familias sociales”, es decir, personas cercanas que funcionan como redes de apoyo y cuidado para quienes no cuentan con un lugar al cual acudir, muy común en los contextos de personas LGBTIQ+.

Ante esta situación, las organizaciones piden que las personas afectadas puedan ser identificadas dentro de los censos y las rutas de ayuda. También reclaman que se reconozcan las familias sociales y las redes afectivas que acompañan a muchas personas LGBTIQ+ y que los albergues y las ayudas humanitarias tengan en cuenta sus necesidades.

Por ahora, sostienen que sus labores siguen concentradas en localizar a quienes necesitan ayuda, recuperar información sobre sus pérdidas y abrir rutas para que puedan acceder a las ayudas.

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Organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos activan sus propios canales de ayuda

Por su parte, Caribe Afirmativo anunció la activación e intensificación de su red de Casas Caribe Afirmativo, llamada “Juntanza LGBTI”, para llevar ayudas directamente a personas LGBTIQ+ afectadas por el terremoto en Quibdó, Pereira, Buenaventura y Argelia. Estos espacios funcionarán como puntos para recibir, clasificar y distribuir alimentos, kits de higiene, cobijas y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las personas afectadas. Asimismo, contemplan espacios de recepción y acogida temporal para personas LGBTIQ+ y sus familias que necesiten un lugar donde estar temporalmente, además de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica.

Puntos de acopio para las donaciones:

• Cartagena: Barrio La Plazuela, MZ A, lote 7.
• Barranquilla: Cra. 60 #58-70, Bellavista.
• Valledupar: Calle 13C #18-64, San Vicente.
• El Carmen: Calle 27 #47-03.
• Maicao: Calle 9 #5-33.
• Bogotá: Cra. 9 #60-09, piso 3, Chapinero Central.
• Ciénaga: Cra. 25A #18-71.
• Medellín: Cra. 49 #50-58, oficina 401, Edificio San Fernando.

También se habilitó un canal para recibir aportes económicos destinados específicamente a la respuesta humanitaria tras el sismo. Santamaría Fundación, una organización de base comunitaria dedicada a la defensa de los derechos de las personas trans, recibe estos aportes a través de su canal oficial de donaciones y también acepta donaciones materiales en su sede de Cali, ubicada en Calle 18 #42B-32, barrio San Judas.

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Los tratamientos antirretrovirales requieren continuidad. Para las personas que viven con VIH, contar con estos medicamentos de manera oportuna es muy importante para su salud, pero durante la emergencia desatada por el terremoto de 7,4 que azotó al país el pasado lunes, los daños en hospitales, las dificultades para movilizarse y las interrupciones en los servicios de salud pueden complicar el acceso. Frente a esto, Red Somos, una de las organizaciones comunitarias más grandes dedicadas al acompañamiento de personas que viven con VIH, población LGBTIQ+ y migrantes, habilitó un canal para recibir antirretrovirales que ya no estén siendo utilizados y destinarlos a personas que estén sin tratamiento o en situación de desabastecimiento en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Las tres zonas han declarado alerta roja hospitalaria por la emergencia. En Cali, el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso estructural parcial y algunos servicios funcionan bajo medidas de contingencia, según reportó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). En Argelia, el hospital local quedó fuera de servicio y en Roldanillo hay áreas hospitalarias inhabilitadas.

En Chocó, la situación es todavía más compleja. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que 29 de los 31 municipios tienen afectaciones y aseguró que la red hospitalaria está colapsada. En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís ha tenido que atender pacientes a las afueras, instalando carpas y camillas, por los daños en su infraestructura. También se presentan afectaciones en las carreteras, que dificultan el desplazamiento entre municipios.

(Lea más aquí: El terremoto golpeó la red hospitalaria: cierres, traslados y servicios al límite)

Todo esto importa para las personas que necesitan medicamentos de manera continua. Ante la ausencia del tratamiento, las citas de control y el abastecimiento en la red hospitalaria, “la persona que vive con el virus puede perder la indetectabilidad, generar resistencias a la medicación disponible para el tratamiento —lo que conocemos como falla terapéutica— y llegar a quedar vulnerable a otras patologías prevalentes en esta población cuando no se tienen los controles adecuados”, explica John Ramírez, director de servicios de salud de Red Somos a El Espectador.

Los antirretrovirales son medicamentos que mantienen el VIH bajo control. Cuando una persona está bajo tratamiento, el virus puede bajar hasta niveles indetectables y mantener un buen estado de salud. Si se interrumpe la medicación, el virus puede volver a aumentar, el medicamento puede dejar de funcionar y las defensas se debilitan. Esto también puede facilitar la aparición de otras infecciones y enfermedades.

Sin embargo, el VIH no se percibe socialmente como cualquier otra enfermedad: es bien conocido que carga con un fuerte estigma y muchos prejuicios, lo que se suma a la serie de barreras que podrían enfrentar las personas que viven con VIH en las zonas en donde el terremoto golpeó con más fuerza. “Es un punto álgido, ya que, aun en los programas de atención actuales, los usuarios reportan situaciones de discriminación y baja empatía por parte del personal médico. Ya podremos imaginar qué puede pasar al recibir la atención en otros lugares”, dice Miguel Barriga, director general de la organización.

Y agrega: “Esto está relacionado con la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del diagnóstico y con la falta de entrenamiento de los equipos de salud en el abordaje de personas que viven con VIH en el país. Esto podría desatar una oleada de abandono del tratamiento y pérdida de la adherencia al mismo y a las entidades donde se plantee la atención”.

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Con todo esto en mente, Red Somos está recibiendo antirretrovirales que hayan sobrado de un tratamiento, estén en reserva o ya no estén siendo utilizados. La organización busca destinarlos a personas que viven con VIH y que se encuentran sin tratamiento o desabastecidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

La entrega tiene un proceso de por medio. Los medicamentos no pasarán directamente de quien los dona a quien los necesita. La organización hará una revisión técnica con profesionales y verificará las condiciones de los productos. Después, las personas afectadas que los requieran tendrán una teleconsulta médica con un centro de salud aliado para determinar si el medicamento disponible corresponde a su tratamiento. “Por otra vía, recibirá apoyo psicosocial y jurídico para que retome la continuidad de su tratamiento en el marco del sistema de salud colombiano”, añade John Ramírez.

Esto es importante porque no todos los antirretrovirales son intercambiables. La evaluación médica permitirá establecer qué medicamento necesita cada persona antes de hacer la entrega.

Los medicamentos serán entregados de manera gratuita, aseguran. El costo del envío hasta donde se encuentre la persona receptora deberá ser asumido inicialmente por quien recibe el tratamiento. “Aquí estamos trabajando para contar con recursos para el pago de envíos. Por ahora, si la persona cuenta con estos recursos, o algún familiar o amigo puede asumir el costo del envío, lo hacemos por esta vía. Para quienes definitivamente no lo logran, buscamos donantes que puedan asumir estos costos”, aclara Barriga.

También reciben alimentos y útiles de aseo: la organización habilitó tres sedes como centros de acopio para recolectar estos productos y destinarlos a las zonas afectadas por el terremoto.

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Puntos de acopio de Red Somos en Bogotá, Soacha y Villavicencio:

• Bogotá, sede Teusaquillo: Cra. 16A #30-90.
• Soacha: Cra. 6 #16-50, Soacha, Cundinamarca.
• Villavicencio: Carrera 34A #34A-29.

Si usted es una persona afectada por el terremoto y vive con VIH, también puede contactar a la organización directamente para recibir apoyo psicológico, medicamentos y asesorías en salud a través del número telefónico (+57) 310 347 8501. Red Somos aclaró que no está solicitando ni gestionando transferencias bancarias ni dinero en efectivo. Las acciones de ayuda activadas corresponden a la recepción de medicamentos antirretrovirales y de ayuda humanitaria física.

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Sin mayores anuncios ni ceremonias, y en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el próximo gobierno, el Ministerio de Salud de Gustavo Petro comenzó a socializar durante las últimas semanas la nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el documento que busca orientar las acciones del Estado en esta materia hasta 2035. Se trata de una de las últimas grandes decisiones de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo antes de entregar el cargo a Ana María Vesga.

En un salón del último piso del Hotel Tequendama, en pleno centro de Bogotá, se reunieron representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil, como Causa Justa, líderes de entidades como Profamilia y la Defensoría del Pueblo, y delegados del Ministerio de Salud, de Educación, de Cultura y de Trabajo.

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“Esta política es importante, especialmente en los tiempos que se nos avecinan”; “lo más probable es que esta política, al salir por un acto administrativo, sea demandada”; “sabemos que puede haber un recambio, pero es necesario articularnos todavía y fortalecer más estas alianzas”; “el terreno de juego que viene en adelante es uno crítico”; “ahora el tema es volverla realidad, mantenerla y, sobre todo, defenderla”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la presentación para advertir sobre el cambio de Gobierno.

La nueva política reemplaza la expedida en 2014 y actualiza el marco con el que el Estado aborda los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos y las colombianas. “Es una política de largo alcance que recoge los aprendizajes de la anterior y que se expide con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”, dijo Ricardo Luque, líder del grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud de Gustavo Petro.

La resolución que la hace realidad es la 1350 del 10 de julio y fue expedida en conjunto por los ministerios de Salud, Educación, Cultura y Trabajo. Con ello, el Gobierno dice que busca dejar atrás un enfoque centrado solo en el sector salud y asumir que la garantía de estos derechos depende también de la educación y los entornos escolares que existen en el país, de las condiciones laborales y de las transformaciones culturales.

Varios elementos explican el momento de la política. Para el Ministerio de Salud, la hoja de ruta de 2014 había quedado rezagada frente a los cambios normativos de la última década y a problemas que siguen sin resolverse. El diagnóstico que acompaña la resolución identifica brechas que aún persisten en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables, una débil articulación entre las entidades del Estado y el surgimiento de nuevos desafíos, como las violencias en entornos digitales.

A ello se suma un mandato de la Corte Constitucional. La política responde, entre otros, a la petición contenida en la sentencia C-055 de 2022, mediante la cual el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 y le pidió al Gobierno que formulara e implementara una política pública integral para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres y las personas gestantes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Durante la jornada, el viceministro de Salud Pública del Gobierno Petro, Jaime Urrego, insistió en que el reto no pasa únicamente por ampliar la oferta de servicios de salud en este campo. “Cuando hablamos de acceso, hablamos no solamente de acceso a servicios de salud, sino a entornos protectores”, señaló.

En su intervención sostuvo que factores como la educación, las condiciones laborales, la autonomía económica de las mujeres y las normas sociales también determinan la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, razón por la cual la política busca involucrar a distintos sectores del Estado.

¿Qué es lo nuevo de la política y qué transformaciones busca?

Una responsabilidad de todos

Aunque la resolución concede seis meses (que ya están corriendo) para elaborar el plan de acción que definirá cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento, la política deja establecida una buena parte de las obligaciones de las entidades involucradas en ella. Para ello, el documento fija cinco ejes estratégicos, define los enfoques que deberán orientar su implementación y asigna unas responsabilidades concretas y delimitadas al Ministerio de Salud, las autoridades territoriales, las EPS y las IPS para avanzar en su ejecución.

En primer lugar, hay una arquitectura institucional. El Ministerio de Salud deberá coordinar la política, expedir lineamientos técnicos para la atención en salud sexual y reproductiva, fortalecer la capacitación del talento humano en salud, hacer seguimiento a la implementación y evaluar sus resultados a los cinco años de expedida y al finalizar su vigencia en 2035.

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A nivel territorial, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, por su parte, deberán adaptar esa hoja de ruta a sus territorios, incorporar acciones e indicadores en sus planes de salud, garantizar recursos para su ejecución y establecer mecanismos de seguimiento. También se imponen nuevas responsabilidades a las EPS y a las IPS. Las primeras deberán incorporar las acciones y metas de la política en su gestión institucional y garantizar que sus redes cuenten con personal capacitado, protocolos y los insumos suficientes para la atención en salud sexual y reproductiva.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud (las IPS), entretanto, tendrán que fortalecer la formación continua de su talento humano para asegurar una atención basada en la evidencia científica y con enfoque diferencial, de género y de derechos humanos.

Más allá de esas responsabilidades, la política traza una hoja de ruta con decenas de acciones claras que deberán desarrollar las distintas entidades del Estado durante la próxima década. Por ejemplo, uno de los principales frentes es la educación integral en sexualidad. El documento plantea actualizar el llamado Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), fortalecer la formación permanente de docentes desde preescolar hasta la educación superior y extender la educación sexual a espacios distintos a la escuela, como familias, comunidades, instituciones, lugares de trabajo y entornos digitales. Además, propone crear un repositorio público de materiales pedagógicos laicos, accesibles y culturalmente pertinentes, disponibles en lenguas indígenas y formatos adaptados para personas con discapacidad.

“Somos un Estado laico y, por supuesto, se respetan todas las religiones y creencias. Pero esas creencias no pueden imponerse al conjunto de la población. No puede haber, desde ningún punto de vista, una política pública que, sustentada en las mayorías, atente contra los derechos, aunque sea de una sola persona”, afirmó Luque.

En la misma línea, representantes de la Defensoría del Pueblo aprovecharon para cuestionar el uso reciente de la expresión “ideología de género”, al señalar que se trata de un término surgido como una reacción a las agendas impulsadas por los movimientos de mujeres y feministas en favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad de oportunidades entre todos.

La política también dedica un capítulo a la transformación cultural. Allí plantea ampliar la educación integral en sexualidad, desarrollar herramientas para que niños, jóvenes y docentes identifiquen estereotipos de género y discursos discriminatorios en medios y redes, fortalecer medios comunitarios para promover contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos y formar a docentes, líderes y creadores de contenido en competencias con enfoque de derechos. También propone crear campañas de sensibilización dirigidas a desmontar prejuicios y transformar normas sociales relacionadas con la sexualidad.

El representante del Ministerio de las Culturas y las Artes defendió ese componente y señaló que “las barreras más difíciles de superar no son barreras físicas, son los muros de los prejuicios”. A su juicio, muchas limitaciones para ejercer los derechos sexuales y reproductivos “están profundamente ancladas en prácticas culturales, imaginarios sociales y estereotipos excluyentes que tenemos el deber de desaprender”. Por eso, añadió, el reto será “llevar el espíritu de esta política a la vida cotidiana a través de estrategias pedagógicas, comunicativas y simbólicas”, pues “el arte, la cultura y las prácticas comunitarias son herramientas irremplazables para garantizar una vida libre de violencias”.

Uno de los cambios más llamativos frente a la política de 2014 es la incorporación de las violencias de género en los entornos digitales. El documento reconoce que el auge de las tecnologías y las redes sociales ha abierto nuevas formas de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el doxing (la publicación o divulgación de datos personales de una persona sin su consentimiento), el ciberacoso y los discursos de odio. Ante este panorama, la política plantea diseñar una estrategia nacional para prevenir estas violencias, fortalecer las rutas de atención a las víctimas, desarrollar campañas de alfabetización y ciudadanía digital, promover acuerdos con plataformas tecnológicas para agilizar el retiro de contenidos difundidos sin autorización y reforzar los mecanismos de denuncia y acompañamiento.

En el frente de la salud sexual y reproductiva, el documento incorpora temas que, hasta ahora, según Minsalud, no tenían un desarrollo en la política nacional. Plantea incluir la salud menstrual como un componente obligatorio de la atención primaria, desarrollar estrategias para la atención integral del climaterio (que es cuando la mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva), la menopausia y la postmenopausia, implementar la política de prevención y tratamiento de la endometriosis, garantizar la entrega de productos de gestión menstrual a poblaciones en condición de vulnerabilidad (como estudiantes, mujeres privadas de la libertad, habitantes de zonas rurales dispersas y personas en movilidad humana) y promover investigaciones sobre estos temas.

En cuanto a las violencias y prácticas nocivas, la política propone fortalecer la prevención y atención de la violencia obstétrica, impulsar programas para promover masculinidades corresponsables y no violentas, consolidar rutas para prevenir y atender la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles y uniones tempranas, e implementar el Programa Nacional de Proyectos de Vida para niñas, niños y adolescentes, con orientación vocacional y alternativas educativas en los territorios donde estas prácticas siguen siendo frecuentes.

Pese al respaldo que recibió el documento durante la jornada, varios de los asistentes coincidieron en que la expedición de la política es apenas el primer paso.

Del papel a la implementación

Las organizaciones que participaron en la socialización no cuestionaron el contenido de la política. Por el contrario, varias de ellas la describieron como un instrumento que recoge buena parte de las discusiones de los últimos años en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Sin embargo, insistieron en que el verdadero desafío comenzará ahora, cuando deba traducirse en acciones concretas en los territorios.

Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que acompañó la construcción del documento, recordaron que desde agosto de 2022 venían trabajando con el Ministerio de Salud para desarrollar la normativa derivada de la sentencia C-055 sobre interrupción voluntaria del embarazo. En su opinión, la nueva política ofrece, por primera vez, una herramienta que podrá ser utilizada por organizaciones sociales más allá de Bogotá para exigir la garantía de estos derechos en los departamentos y municipios.

Pero ese mismo reconocimiento estuvo acompañado de advertencias. La representante de la organización señaló que la política probablemente será demandada ante el Consejo de Estado, como ya ocurrió con otras resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud, y pidió fortalecer la articulación entre las organizaciones sociales, las instituciones que permanezcan tras el cambio de gobierno y los actores territoriales para defender su implementación. También llamó la atención sobre la necesidad de que la política quede incorporada en los próximos planes territoriales de desarrollo, pues allí se definirá buena parte de los recursos y las acciones que deberán ejecutarse durante la próxima década.

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Otro de los puntos que más se repitió fue la necesidad de superar la fragmentación institucional. Varias de las líderes de la sociedad civil aseguraron que esa había sido una de las principales dificultades identificadas durante la elaboración del documento: en muchos territorios, dijeron, las entidades responsables de garantizar estos derechos trabajan de manera aislada y sin coordinación entre sí. “Las diferentes instituciones parecen como si fueran enemigas”, afirmó una de ellas, al insistir en que la apuesta intersectorial solo tendrá resultados si las entidades logran actuar de manera conjunta.

Una preocupación similar expresó la Defensoría del Pueblo. Aunque destacó que el enfoque de género quedó incorporado de manera transversal y reiteró el respaldo de la entidad al documento, advirtió que la implementación dependerá de que permanezcan “burocracias críticas fortalecidas” dentro de las instituciones y de que continúe el trabajo conjunto con las organizaciones sociales. “Seguiremos trabajando para que esta propuesta, este plan de trabajo, efectivamente se implemente en los territorios”, señaló su representante.

Las inquietudes planteadas durante la reunión coinciden con el diagnóstico de la propia política. El documento reconoce que, pese a los avances alcanzados entre 2014 y 2021, persisten problemas que han limitado su implementación, entre ellos la falta de articulación entre sectores, las barreras de acceso en los territorios y las diferencias en capacidades institucionales y recursos entre regiones.

Con la política ya expedida, el desafío pasa ahora a la siguiente administración. Además de elaborar el plan de acción previsto en la resolución, el próximo gobierno deberá garantizar la financiación y la capacidad necesarias para ejecutar una hoja de ruta que se proyecta hasta 2035.

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A Mateo Rodrigo Solares lo llevaron a once psicólogos. Uno tras otro, todos con el mismo encargo: convertirlo en “una mujer normal, hecha y derecha, que algún día se va a casar de blanco y va a ser madre”, recuerda. Pero ninguno lo consiguió, porque la identidad de género no se puede imponer. En ese momento no tenía claro eso, y mucho menos que años después sería uno de los litigantes del primer matrimonio igualitario autorizado en su país, junto a la organización en la que hoy trabaja.

Tiene 39 años, pero dice que apenas lleva 16 viviendo. Los cuenta desde el día en que pudo cambiar el nombre en su documento de identidad boliviano. No fue un proceso sencillo. Nació en 1987 y, por entonces, en Bolivia apenas se hablaba de hombres gais y de mujeres lesbianas. No había referencias de personas trans en la televisión ni en los medios de comunicación, ni tenía a nadie cerca que hubiera experimentado algo parecido. Aun así, sabía que era un hombre.

Muy joven y con poco apoyo, se fue a estudiar psicología a Argentina. Allí, en un país que le pareció más avanzado en materia de derechos, al menos en estos temas, hizo su transición. Y desde allá, a distancia, empezó el trámite de cambio de nombre en sus documentos de identidad. Tardó cinco años en conseguir que su carné dijera “Mateo”, el nombre con el que sí se sentía reconocido.

Lo logró, en parte, por suerte. La jueza que autorizó el cambio tenía en su familia un caso parecido y entendió lo que él estaba exigiendo. Al resto, calcula, le iba distinto: “al 99 % de personas le decían que no”, cuenta a El Espectador. El no querer que otras personas trans quedaran sujetas a la suerte, a que les tocara o no un juez capaz de comprender su caso, llo llevó a estudiar derecho. Una profesión que pronto le serviría para estar detrás de grandes litigios a favor de las personas LGBTIQ+.

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La organización a la que llegó buscando asesoría para el cambio de nombre fue la misma que, poco después, se sumó a la lucha por la Ley de Identidad de Género. Esa vez, Mateo participó directamente como uno de los impulsores del proyecto. La norma se aprobó en 2016 y permitió a las personas trans bolivianas cambiar su nombre y género en sus documentos. Hasta 2024, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) contabilizaba 670 trámites “para registrar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen”.

“Antes de la ley, alrededor de 20 personas, entre ellas yo, habíamos logrado hacer el cambio de nombre a través de un proceso judicial. No había otra forma de modificar los nombres o el marcador de género. Era un juez decidiendo quién ibas a ser vos el resto de tu vida”. La comprobación, recuerda, pasaba por tratos humillantes. “Había casos de jueces que decidían: ‘Bueno, a ver, se tendría que bajar el pantalón para ver qué es lo que tiene entre las piernas, para ver si le cambio el nombre o no’. O era obligatorio que ya se tuviera alguna cirugía o algún proceso de hormonización”, afirma.

Desde que se aprobó esta ley, la población trans ya no está sometida a este tipo de comprobaciones adicionales, sino solo a la autodeterminación de su género, sin necesidad de acreditar cirugías, tratamientos hormonales o evaluaciones médicas.

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Aún así, por su sensibilidad con estos temas, Mateo acaba de protagonizar un nuevo hecho histórico: litigar por el primer matrimonio igualitario en Bolivia. Como coordinador nacional de la ONG Igual, viajó a dar un taller a Santa Cruz —la ciudad más conservadora del país, según la describe— para ayudar en la actualización de normas. Ahí conoció la historia de dos mujeres que llevaban más de cuatro años intentando ser reconocidas como un matrimonio.

El hecho es que desde el año 2020 Bolivia permite la unión libre entre parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario sigue sin estar reconocido. Si bien ambas figuras otorgan, en teoría, los mismos derechos, el peso simbólico y jurídico del matrimonio es diferente.

“Las chicas nos contaron toda su historia, que es muy linda. Porque una de ellas es nieta del último dictador que hubo en Bolivia”, cuenta Mateo. Se refiere al dirigente de un gobierno militar de los años 70’s que emprendió una presunta persecución sistemática contra la población LGBTIQ+. “Él estaba completamente en contra y les hacían barbaridades: les detenían y arrestaban sin ninguna causa, les metían presos, les torturaban. Por eso ella dice que de alguna manera quiere reivindicar todo ese daño que su abuelo ha hecho con toda nuestra población. Imagínate qué fuerte que su nieta sea una de las personas con las que él estaba tan incómodo. Y que además va a ser un referente en la historia del país”, añade.

Un proceso que, por cierto, tuvo tropiezos. “Era muy triste leer las respuestas que nos daba el SERECÍ, cosas como que lo normal no es esto, sino hombre y mujer. Que obviamente a nosotros nos ha servido mucho para argumentar y ganar el caso, porque era claramente discriminatorio, pero para ellas era doloroso leer ese tipo de cosas”. Y añade que lo más duro para ellas era leer que su familia no era aceptada. Aún así aguantaron cuatro años, un desgaste que, en su criterio, ninguna pareja debería atravesar.

La última audiencia fue el 13 de marzo y la ganaron. La resolución constitucional 079/2026, de la Sala Constitucional Primera de La Paz, les abrió el camino a estas dos mujeres, que tras dos amparos, largos trámites y una negativa tras otra lograron ser reconocidas como un matrimonio.

La pareja se casó este viernes 7 de agosto, mientras caía el sol sobre La Paz. Un hecho que no cambia la ley boliviana, pero deja un precedente favorable para otras uniones y que, como dice el abogado, espera que en algún momento se vuelva tan común que no quede más que convertirlo en ley.

Esta entrevista se realizó en el marco del 4º Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, donde Mateo recordó una promesa que realizó hace 10 años. “El día que se aprobó la Ley de Identidad de Género. Lloramos, nos abrazamos, no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Y me acuerdo que abracé a un compañero gay, que es activista también, y le dije: bueno, ahora no voy a descansar hasta lograr el matrimonio. Era como decirle: ‘tú nos has ayudado a las personas trans y ahora yo voy a ayudar a que las parejas del mismo sexo también tengan su derecho reconocido’. Y mira, realmente lo hice. Le estoy cumpliendo la promesa”, comenta.

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De hecho, fue justo en esa reunión donde también reflexionó sobre el momento que atraviesa el movimiento por los derechos LGBTIQ+. “No está siendo fácil para muchos, pero nos tenemos a nosotros. Los tiempos son cíclicos. Vendrán nuevas conquistas mucho más grandes también. Así que a seguir adelante”, concluye.

Este hecho histórico llega cuando Bolivia registra niveles bajos de apoyo para esta población. Según la encuesta Global Advisor de Ipsos, realizada en 26 países, apenas el 31 % de los bolivianos respalda leyes que prohíban la discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el empleo, la educación o la vivienda, muy por debajo del 52 % del promedio global. El apoyo al matrimonio igualitario es aún menor: solo un 13 % lo respalda.

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Litigantes, líderes y organizaciones sociales como Colombia Diversa impulsan la “Declaración de Bogotá”, una iniciativa abierta a la ciudadanía que busca defender los derechos conquistados por las personas LGBTIQ+. El documento se presentó justo cuando se cumplen 35 años de la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad de exigir el reconocimiento de derechos mediante mecanismos como la acción de tutela, y pocos días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Decidimos impulsar esta declaración porque sentimos que, en el ámbito jurídico colombiano y en el de otros países de la región, ha hecho carrera la idea de que las conquistas jurídicas alcanzadas por el colectivo LGBT son cuestionables y susceptibles de revocatoria por los gobiernos de turno”, dice Manuel Páez Ramírez, docente del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, en entrevista con El Espectador.

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Según sus promotores, la premisa de la declaración es que los derechos de las personas LGBTIQ+ no son concesiones, sino conquistas construidas a lo largo de los años. Recuerda que avances como el matrimonio igualitario, la adopción o el reconocimiento legal de la identidad de género fueron posibles gracias a litigios y a la movilización ciudadana. Por eso, hace un llamado a los Estados, la judicatura, las instituciones académicas y a la sociedad civil para que se sumen a esta defensa.

“Responde a una preocupación generalizada entre las personas LGBTIQ+ de este país. Y es que, al menos durante la campaña, muchos voceros de lo que ahora va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella anunciaron que lucharían o que tomarían medidas para desmontar el conjunto de derechos reconocidos a las personas LGBT, con especial énfasis en desconocer los precedentes de la Corte Constitucional”, dice Páez.

Para explicar por qué considera que existe un riesgo de retrocesos, Páez pone dos ejemplos. El primero es el nombramiento de la próxima ministra de Educación, Viviane Morales, quien en 2016 promovió una reforma constitucional para impedir que las parejas del mismo sexo y las personas solteras pudieran adoptar. El segundo es el nombramiento de Alejandro Ordóñez, designado por el nuevo gobierno como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sobre él, recuerda que “emprendió públicamente una cruzada religiosa para negar en Colombia la posibilidad de que las parejas del mismo sexo celebraran matrimonios civiles, incluso valiéndose de su cargo estatal. Cosa que es absolutamente irregular y por la que, por supuesto, fue objeto de denuncias”.

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¿Qué propone la Declaración de Bogotá?

• Establece que los derechos ya reconocidos a las personas LGBTIQ+ son irreversibles y están protegidos por el principio de no regresividad. Esto significa que no pueden ser reducidos, suspendidos ni derogados por ninguna vía jurídica, incluida una reforma constitucional.
• Afirma que la dignidad humana no puede someterse a votación. Por lo tanto, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos no pueden depender de la voluntad de las mayorías ni ser sometidos a referendos o plebiscitos.
• Sostiene que la independencia y la imparcialidad de la rama judicial son garantías esenciales para proteger los derechos de las minorías y de los grupos históricamente discriminados. Por ello, señala que los Estados deben proteger a las cortes, los órganos de control y las instituciones nacionales de derechos humanos frente a cualquier interferencia.
• Señala que los Estados deben garantizar una vida libre de violencia y el acceso al nivel más alto posible de salud, incluida la atención de afirmación de género. Además, pide una protección reforzada para las personas con identidades de género diversas, la niñez y adolescencia trans, población sexodiversa privada de la libertad y personas migrantes.

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Hasta el momento, la declaración ha sido suscrita por más de 1.000 personas y cuenta con el respaldo de defensores de los derechos LGBTIQ+ que participaron en el IV Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, realizado en Bogotá entre el 4 y el 6 de agosto. El encuentro reunió a litigantes y organizaciones de 15 países de la región para articular estrategias de protección de los derechos fundamentales de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

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Preguntas como qué exámenes se necesitan para iniciar una terapia hormonal, cuáles son los derechos en salud de una persona trans o qué hacer si se niega un servicio relacionado con la afirmación de género no siempre conducen a respuestas claras, ni en internet ni dentro del sistema de salud. Ante ese vacío nació APP Salud Trans, la primera aplicación web progresiva colombiana desarrollada específicamente para que esta población pueda acompañar sus procesos de transición y salud, con información especializada y herramientas de seguimiento.

La aplicación es el resultado de un trabajo de más de 14 meses liderado por personas con identidades de género diversas de la Liga de Salud Trans. Al ver que existían plataformas capaces de registrar el sueño, la actividad física o el ciclo menstrual, se preguntaron por qué no había una que permitiera organizar y acompañar un proceso de transición., Así construyeron una herramienta para registrar dosis hormonales, ciclos de medicamentos, exámenes de laboratorio y gráficas de evolución. Sus creadores la describen como el paso de aquella carpeta que se llevaba bajo el brazo a cada cita médica hacia un espacio digital donde esa información puede permanecer ordenada.

“Podemos registrar cómo nos sentimos, tomarnos fotos y saber cómo vamos evolucionando físicamente con nuestras transiciones; también podemos aprender a llevar un registro del análisis de los exámenes. La aplicación puede dar esas herramientas que les permiten a los usuarios del sistema de salud gestionar con mayor eficiencia la información”, dijo Lina Quevedo, coordinador del Modelo de Acompañamiento y pedagógico de la organización.

Pero, además, sus desarrolladores sabían que la salud de esta población también se debate en los juzgados y se defiende en escenarios jurídicos. “Una de las barreras más importantes que tiene una persona trans es el acceso a la salud y cómo gestiona sus procesos”, explicó Ivy Bonilla, abogada de la Liga de Salud Trans, en entrevista con El Espectador.

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Por eso, la herramienta reúne orientación sobre derechos en salud, modelos de peticiones, quejas y recursos, y una bitácora legal descargable para acompañar procesos administrativos o de litigio. También incluye un directorio de organizaciones y canales comunitarios a los que se puede acudir cuando hay obstáculos.

El informe “Sosteniendo la vida”, publicado en 2025 por esta misma organización, hace una radiografía de las barreras que enfrentan las personas trans y no binarias para acceder a servicios médicos de afirmación de género en el país. Es decir, a las atenciones médicas y psicológicas que acompañan sus procesos de transición. Entre los testimonios recogidos está el de un hombre trans.

“Al tener la cita con el especialista que me mandó la testosterona (que fue en octubre del año pasado), fui a autorizar la testosterona y me dijeron que estaba desabastecida. Debido a esto, con ayuda del consultorio jurídico de la EAFIT, pude poner una acción de tutela para agilizar este proceso”, comentó.

Pero no se trata solo de la experiencia de la persona que brindó este testimonio. La entrega de medicamentos de reemplazo hormonal es un obstáculo generalizado. El 48 % de las personas afirmó que, en algún momento, su EPS se los había negado. Ante estas barreras, el 62.7 % tuvo que presentar una PQR y el 21.3 % recurrió a una tutela para garantizar el acceso.

Las demoras para acceder a hormonas o cirugías entorpecen los procesos de transición y pueden provocar desequilibrios hormonales y descompensaciones emocionales, según el estudio. En medio de la espera, algunas personas terminan abandonando los tratamientos, automedicándose o recurriendo a prácticas inseguras. Es allí donde la aplicación busca abrir un camino más claro para facilitar el acceso autónomo a la información y digno a la salud. Algo que en la práctica, podría prevenir todos estos escenarios.

El acceso a los servicios es apenas la punta del iceberg. A esto se suman otras barreras, como la atención por parte del personal de salud que no reconoce las identidades de género diversas, la negación de servicios por motivos religiosos y la escasez de especialistas fuera de las principales ciudades. Solo en 2023 el país contaba con 334 especialistas en endocrinología, una de las áreas centrales en los procesos de afirmación de género por su relación con los tratamientos de reemplazo hormonal. La mayoría se concentraba en Bogotá, Medellín y Valle del Cauca.

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“Creo que la inspiración son las historias de más de 1.200 personas trans que han llegado al modelo de acompañamiento [de la Liga], no solamente solicitando ser escuchadas, ser acompañadas legal o psicosocialmente, sino también buscando una comunidad con la cual construir redes”, señaló Quevedo. Además, aclaró que esta iniciativa no pretende reemplazar el acompañamiento humano ni experto, sino hacer más fácil el paso por las instituciones de salud.

Aún así, la app entra en un terreno arenoso. Plataformas dirigidas a la población LGBTIQ+ que almacenan información altamente sensible ya han sido cuestionadas por el uso indebido de datos personales. En 2024, la aplicación de citas Grindr, fue acusada ante el Tribunal Superior del Reino Unido por la presunta difusión de información privada, como el estado serológico de VIH de sus usuarios. Cerca de 1.300 personas se sumaron entonces a la demanda, mientras la empresa negó haber compartido información de salud con fines publicitarios.

Ante estos riesgos, la organización asegura que cada dato está cifrado. “Todo lo que tú guardes se queda dentro del dispositivo y por eso exige una clave. Al final, la Liga no se queda con tus datos; cada persona es gestora de su propia información”, explica Bonilla. Por lo que la información no sale hacia servidores externos y tampoco se crea una copia de respaldo.

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Para sus creadores, quienes contaron con el apoyo de Karisma, Wikimedia y el programador Juan Cortés, hay algo esperanzador en esa pantalla morada, ya disponible gratuitamente en internet. Allí está la prueba de que organizaciones colombianas también pueden desarrollar tecnología de alto nivel pensada para la dignidad de las personas LGBTIQ+.

“Esta aplicación está al servicio de vidas más dignas para las personas trans. Porque, cuando el Estado no sabía acompañar, construimos redes de cuidado. Cuando no existía información sobre nosotres, nos volvimos investigadores. Cuando no existían rutas de atención, las inventamos. La creatividad de las personas trans nunca fue un lujo, fue una estrategia para sobrevivir, y creo que hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más: que esa creatividad deje de utilizarse únicamente para sobrevivir y pueda convertirse en tecnología capaz de transformar”, concluyó Juli Salamanca, directora ejecutiva de la Liga.

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Ese tipo de afirmaciones sesgan el debate y van en contravía de un Estado laico que garantiza la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Me preocupa igual la forma en que algunos medios de comunicación están tratando el tema. En vez de informar desde la Constitución y desde el respeto, están dejando que se instale un discurso de odio. Lo vimos con lo que pasó en el Centro Comercial Andino. Una pareja del mismo sexo se dio un beso y eso bastó para que algunos aplaudieran que un vigilante, desde la ignorancia, quisiera sacarlos. Ese hecho encendió aún más las alarmas porque valida a quienes creen que opinar sobre nuestros cuerpos y nuestros afectos es válido. No es una opinión si me gusta o no me gusta. Son derechos y se respetan. Exijo, como miles de personas, saber cuál va a ser la agenda real del presidente actual y de todos los ministerios para cuidar a la población LGBTIQ+. Él dijo que va a trabajar para todos, y nosotros también somos todos. Necesitamos que los medios se regulen para que no sigan incitando al odio, para que no sigan validando comentarios que desean la muerte, que celebran un transfeminicidio, o que después de morir nos borran el nombre y la identidad. Ni vivas ni muertas nos están respetando esto para las personas trans. Por eso le hago un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todas las entidades competentes para que revisemos cómo nos estamos tratando como sociedad. Y un llamado a la conciencia. Si vamos a hablar de Dios, entonces hablemos de amor. Porque Dios no puede avalar el odio ni la violencia solo por ser diferentes. Desde la biología y la genética sabemos que no hay un ser humano igual a otro. Somos personas distintas, pero con derechos iguales. Y, ante todo, somos colombianos.

*Diseñadora de modas, administradora de empresas, especialista en gestión de proyectos y lideresa social de los sectores LGBTI hace más de 16 años, perteneciente a la agrupación Tupanas Amazónicas.