Con preguntas dirigidas al público, cifras escritas en hojas de colores y pancartas hechas a mano, siete organizaciones sociales llevaron una jornada de educación sexual y reproductiva a las escaleras del Museo Nacional. Una de las expositoras tomó el megáfono para explicar las diferencias entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género. A su lado, un cartel con ilustraciones y banderas de distintas identidades acompañaba la explicación. Las preguntas invitaban a quienes se acercaban a participar: ¿qué tanto conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos?, ¿sabemos cómo exigirlos?

La actividad se realizó este viernes 23 de octubre, en una nueva jornada de manifestaciones contra el retiro de las 63 piezas desmontadas en el Museo Nacional, ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los objetos retirados había documentos relacionados con las luchas feministas, piezas vinculadas con los movimientos lésbicos y trans, y elementos que narraban procesos de paz y memoria política.

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La jornada da continuidad a las clases abiertas que comenzaron el 19 de octubre, cuando docentes y estudiantes de universidades como la Nacional y los Andes se reunieron en las escaleras del edificio para hablar sobre la memoria histórica y el papel de los museos. Esta vez, las organizaciones pusieron sobre la mesa los derechos sexuales y reproductivos, con clases sobre educación sexual, aborto, violencia gineco-obstétrica y derechos de las personas trans. 

Con pañuelos verdes y una gran bandera trans cubierta de firmas que respaldan la exigencia de una ley que brinde garantías a esta población, el acto académico buscó explicar cómo las historias que se conservan en el Museo se relacionan con las luchas por el reconocimiento y la garantía de derechos en Colombia.

¿Qué condiciones necesitamos para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos? Fue otra de las preguntas que guiaron la "clase a la calle". La jornada se realizó en medio de la preocupación de las organizaciones por la solicitud de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de echar para atrás la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días. La petición de Hoyos llegó bajo el argumento de que la resolución tiene “cuestionamientos constitucionales y legales”, podría afectar la autonomía de los colegios y el derecho de madres y padres a elegir la educación de sus hijos. Por su parte, las organizaciones convocantes manifestaron rechazo a esta medida y defendieron el acceso a información basada en evidencia sobre sexualidad y derechos reproductivos.

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"Uno no cuida lo que no conoce", afirmó Lina Corredor, directora y fundadora de Aliadas, una agencia pedagógica por los derechos sexuales y reproductivos. Corredor señaló que más del 83 % de la población colombiana desconoce estos derechos. Cifra que según ella evidencia la necesidad de fortalecer la educación sexual y garantizar que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo exigirlos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025, solo el 80.2 % de las mujeres y el 72.9 % de los hombres entre 13 y 49 años reportaron haber recibido información relacionada con la sexualidad alguna vez en su vida. Sin embargo, es un número que se va reduciendo cuando se trata de personas que viven en regiones, tienen bajo nivel educativo y condición socioeconómica.

Según la entidad, aunque en el país se brinda información sobre sexualidad, esta suele concentrarse en la planificación familiar, especialmente en el uso de métodos anticonceptivos, la decisión de tener o no hijos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En cambio, otros asuntos igualmente importantes, la prevención de violencias sexuales, los derechos sexuales y reproductivos y las rutas de denuncia, suelen quedar relegados.

También se habló de las violencias basadas en género. En una de las pancartas se leía: “Nombrar la violencia es el primer paso para transformarla”. Debajo, varios recortes de prensa y cifras sobre feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres sirvieron para explicar cómo estas agresiones responden a patrones de discriminación y desigualdad, más allá de los casos particulares que llegan a los medios de comunicación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se han reportado 96 feminicidios y 23 transfemincidios. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado 47 homicidios a personas LGBTIQ+.

Una historia de luchas por la autonomía reproductiva

Las conversaciones sobre aborto y violencia gineco-obstétrica también llevaron a las organizaciones a recordar que los derechos sexuales y reproductivos tienen una historia de movilización social. Esa historia estaba representada en una de las piezas retiradas del Museo Nacional: el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres.

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El documento mostraba las reivindicaciones que las organizaciones feministas planteaban en esa época, como la posibilidad de decidir sobre la reproducción, acceder a métodos anticonceptivos y rechazar intervenciones realizadas sin consentimiento. Estas demandas forman parte de una trayectoria más amplia de luchas por la autonomía corporal y la participación de las mujeres en las decisiones sobre sus vidas.

Décadas después de aquel manifiesto, el acceso al aborto y la atención libre de violencias siguen siendo parte de las reivindicaciones feministas. En las escaleras del Museo Nacional, integrantes del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de Colectiva Justicia Mujer hablaron sobre el acompañamiento durante el aborto y la violencia gineco-obstétrica, que incluye prácticas como realizar procedimientos sin consentimiento informado, minimizar el dolor o impedir la compañía de una persona de confianza. “Los cuidados durante el aborto deben ser casi iguales que hay con el parto”, expresó una integrante de Colectiva Justicia Mujer.

Por ejemplo, frente al aborto, todavía hay un camino de obstáculos al que se deben enfrentar personas que quieren acceder a este derecho. Pese a que el país permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, persisten barreras como la falta de información clara y oportuna, las demoras en la atención médica y las presiones del personal de salud para que las mujeres y personas gestantes desistan de su decisión. A estas dificultades se añade el temor frente al procedimiento, que también puede influir en el acceso oportuno a este derecho, de acuerdo con la ENDS. 

“Convocamos a este espacio en el Museo porque creemos que es importante reconocer la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Negarlos o ponerlos bajo amenaza también pone en jaque la democracia y las instituciones que deben garantizar espacios seguros y libres de violencia, así como derechos fundamentales como la salud y la educación, para que las personas puedan vivir dignamente”, le dijo Corredor a El Espectador.

Las experiencias de vida trans y el subregistro

Entre las piezas retiradas el 15 de octubre de la sala "Hacer Sociedad" había unos zapatos diseñados para una mujer trans, un yembé vinculado con la batucada Toque Lesbiano, fotografías, recortes de prensa y archivos bibliográficos. Todos estos objetos documentaban décadas de experiencias y formas de organización de los movimientos LGBTIQ+.

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Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, participó en la jornada con una intervención alusiva a la Ley Integral Trans. Para ella, estar en el Museo Nacional hace parte de reclamar ese reconocimiento histórico y político que por mucho tiempo se les ha negado a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

"Las personas trans luchamos por la memoria, por ser recordadas y porque las personas trans también somos artistas y tenemos derecho al arte", le comentó a este diario. Y agregó que la presencia de estos objetos, sus expresiones artísticas y sus luchas por los derechos que tienen y los que les faltan, permite ampliar los relatos sobre quiénes han contribuido a construir el país.

Pero la discusión no se quedó allí, también llegó a los registros oficiales. Durante la jornada, las organizaciones hablaron de las dificultades para consignar adecuadamente la identidad de género de las personas trans en documentos como los registros de defunción. Según Sebastián León-Giraldo, también de la Liga de la Salud Trans, cuando una persona no es identificada de acuerdo con su identidad de género, la información disponible resulta insuficiente para establecer cuántas personas trans mueren y dimensionar las violencias que afectan a esta población. 

La exclusión de sus experiencias de los registros oficiales y de los relatos históricos plantea problemas distintos, pero relacionados. En ambos casos, la falta de reconocimiento dificulta comprender la realidad de una población y sus aportes a la sociedad, explica León-Giraldo. Por lo que, considera, aún hay deudas pendientes en la garantía de derechos.

Así, tras una jornada de más de cuatro horas, las organizaciones promovieron una conversación informada sobre los efectos que tiene la ausencia de garantías para ejercer estos derechos. La educación sexual integral, el acceso al aborto, la atención libre de violencia y el reconocimiento de las personas trans involucran responsabilidades institucionales y condiciones necesarias para tomar decisiones sobre el propio cuerpo.

Para las organizaciones, defender la memoria que estaba consignada en las piezas del Museo Nacional, implica explicar cómo se conquistaron los derechos que hoy se ejercen y qué obstáculos persisten para garantizarlos. “Vamos a seguir acá resistiendo, vamos a seguir tomándonos este espacio que es nuestro, que es del pueblo y que vamos a seguir compartiendo con las personas, no desde una postura donde les enseñamos solamente conceptos, sino donde podamos transmitir y, en doble vía, podamos aprender entre todos estos conceptos que hacen parte de nuestra historia”, concluyó David Zambrano, médico que trabaja en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

En la jornada participaron La Aliada, Fundación Oriéntame, la Liga de Salud Trans, Colectiva Justicia Mujer, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Primero la Gente. Con estas clases, las organizaciones se sumaron a las actividades que se desarrollan frente al Museo Nacional desde comienzos de semana.

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En Colombia, las opiniones sobre las familias diversas tienen muchos más matices comparadas con el discurso político actual. Las posiciones no están tan divididas entre dos bandos como podría pensarse. Al menos eso fue lo que encontró “Familias que caben”, un experimento realizado en agosto de 2026 con 3.501 personas de las principales ciudades del país para conocer sus percepciones sobre las distintas formas de hogar.

Los resultados ofrecen algunas pinceladas sobre los acuerdos y las resistencias que atraviesan esta conversación. La investigación, realizada por Movilizatorio, encontró un punto en el que coincide una amplia mayoría de las personas consultadas: la autonomía familiar.

El 74.9 % de quienes participaron consideró que las decisiones importantes sobre la familia deben tomarse internamente. En otras palabras, personas que coinciden en que nadie ajeno a ese núcleo debería decidir cómo tiene que ser. Lo interesante, según el movimiento, no es solamente que tres de cada cuatro personas compartan esta posición, sino que se mantiene relativamente estable, sin importar sus ingresos, edad, nivel educativo, ciudad de residencia o ideología política. 

Esa apertura también se refleja en la manera de reconocer diferentes formas de familia. Más de la mitad de quienes participaron (53.3 %) consideró que existen otras formas válidas de conformar un hogar. Sin embargo, no todas las personas comparten esa visión: algunas personas consideran que el modelo tradicional sigue siendo el “correcto”, no están convencidas ni en contra, prefieren no pronunciarse o están dispuestas a reconocer otras formas de familia, aunque todavía tienen dudas.

Lo llamativo es que el rechazo abierto hacia los hogares diversos fue mucho menor de lo que podría pensarse. De las 3.501 personas consultadas, apenas el 2.6 %, es decir, unas 90, consideró que las familias diversas representan una “amenaza” para sus valores. Fue la posición más baja de todas las registradas en el estudio.

Estos resultados muestran que las percepciones son más variadas de lo que sugieren algunas posiciones expresadas en la discusión pública. Discusiones que además ocurren en un momento en el que varios gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el colombiano, han utilizado la idea que la familia está “bajo amenaza” como bandera política para impulsar medidas que restringen derechos a determinados grupos de la población.

De acuerdo con María Alejandra Rodríguez, directora de proyectos de Movilizatorio, “estamos viendo a nivel mundial cómo la agenda de familia, de seguridad y de religión se está utilizando para el recorte de derechos y está teniendo unos chivos expiatorios muy claros, que son principalmente las comunidades LGBTIQ+, movimientos como el feminista o derechos ya ganados, que en el caso latinoamericano lo vemos mucho con el aborto. Entonces, nosotras empezamos a ver tendencias sobre cómo la familia estaba siendo el ‘caballo de Troya’ para proponer políticas que terminaban en una regresión de derechos y, por ende, en la erosión democrática”, explica en entrevista con El Espectador. 

En distintos países se han impulsado medidas que restringen la expresión de la diversidad sexual y de género en nombre de la “protección” de la infancia o de los derechos de las familias. En Hungría, las restricciones introducidas durante el gobierno de Viktor Orbán limitaron la representación de la homosexualidad y las identidades trans en contenidos dirigidos a menores de edad. En Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado restricciones a los contenidos sobre identidad de género en las escuelas, apelando a los derechos de los padres. Y en El Salvador, Nayib Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en la educación pública, alegando que buscaba proteger a la niñez de influencias ideológicas. 

Pero estas medidas no se han limitado a la población LGBTIQ+. En Argentina, por ejemplo, el gasto público en salud sexual y reproductiva cayó un 57 % desde 2023, año en que asumió Javier Milei. El mismo presidente que en diferentes ocasiones ha responsabilizado a los movimientos feministas y a la despenalización del aborto por la caída de la natalidad en su país.

En Colombia se ha seguido un libreto similar. Incluso antes de llegar a la Presidencia, Abelardo de la Espriella afirmaba: “Yo no defiendo ideología (…) Yo defiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios”. Este discurso también ha circulado en el Legislativo y en las redes sociales.

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“En Colombia veíamos que la frase ‘la familia está en riesgo’ era una puerta de entrada a contenidos en redes sociales como ‘con los niños no te metas’. Y ese mensaje, a su vez, se convertía en una puerta de entrada a discursos antiderechos o contra las personas LGBTIQ+, es decir, discursos homofóbicos y transfóbicos”, explica Rodríguez.

Vale recordar que las familias diversas no son únicamente aquellas conformadas por parejas LGBTIQ+. De hecho, en Colombia existe una gran variedad. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), poco más de la mitad de los hogares son biparentales (51.3 %). Los demás se distribuyen entre hogares monoparentales, conformados por madres o padres con sus hijos (24.3 %), unipersonales (20.2 %) y otros tipos de hogar (4.2 %).

Esa diversidad también hizo parte de la investigación, que preguntó por distintas formas de conformar una familia: desde el modelo de padre, madre e hijos hasta hogares monoparentales, parejas del mismo sexo con hijos, familias con personas trans, abuelos que crían a sus nietos o nietas y personas que, sin compartir vínculos de sangre, construyen relaciones familiares a través del cuidado mutuo.

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Las mujeres reconocen más a las familias diversas que los hombres

Las diferencias se hacen más evidentes al comparar el género y la orientación política de las personas que participaron en el estudio. La postura más cerrada se concentra en un solo grupo: los hombres de derecha, con un 7.1%. Más del doble que cualquier otro grupo.

Por su parte, las mujeres tendieron a mostrar una mayor apertura, incluso aunque tuvieran distintas corrientes políticas. Hubo, sin embargo, una excepción: entre quienes se identifican con la centroderecha, ellas expresaron posiciones menos abiertas que los hombres de esa misma orientación.

Para Laura Gutiérrez, coordinadora de incidencia de Movilizatorio, parte de esta diferencia puede estar relacionada con las experiencias de cuidado que históricamente han asumido las mujeres.

“Las mujeres, como principales cuidadoras, somos las más conscientes de que existen muchos tipos de familia en Colombia. Fuimos criadas por nuestras abuelas, fuimos criadas por nuestras tías. Pero también nos dimos cuenta que, precisamente por el cuidado, somos las que tenemos que vivir el sostenimiento de la familia. Conocemos las distintas formas que hay, frente a los hombres, que lo pueden ver de manera mucho más lejana”, señala en conversación con este diario.

Tener hijos se relaciona con una menor apertura a aceptar la diversidad familiar

“En el estudio nos dimos cuenta que las familias, cuando tienen hijos, les importa mucho su autonomía. Precisamente tener hijos hace que sean un poco más cerradas a intervenciones, ya sean políticas, institucionales o mediáticas, porque saben lo que es esto. Por eso, para llegarles a personas que ya tienen hijos, hablemos reconociendo su autonomía, el trabajo y las dinámicas que ya tienen en sus vivencias”, plantea Gutiérrez.

Aunque podría pensarse que la experiencia relacionada con la crianza amplía la manera de entender estos núcleos, los resultados muestran una tendencia distinta. Entre quienes tienen hijos o hijas, el 22.2 % reconoció a las parejas del mismo sexo como una forma de familia, frente al 35.5 % de quienes no los tienen.

Esta diferencia también se refleja en el respaldo del modelo tradicional de “padre, madre e hijos o hijas”, que tiene mayor aceptación entre quienes ya son cuidadores. “Lo comprobamos descontando la edad, el género, la política, la religión, la educación y el ingreso. El efecto sigue ahí: tener hijos, por sí solo, cierra la apertura”, se lee en el documento. 

Una hipótesis es el miedo que puede generar la cantidad de información que reciben madres y padres sobre la crianza. “Cuando una persona tiene hijos, se expone a un mundo digital que todo el tiempo te está diciendo que algo les va a pasar a tus hijos, que tienes que tener cuidado con la educación, con la exposición a pantallas, con la comida. Entonces, esa sobredosis de información también va acompañada de mucho miedo. Y los discursos sobre familias empiezan a volverse todo un tema y no es tan fácil aceptarlos de manera más amplia. Pero, nuevamente, es una hipótesis”, comenta Rodríguez.

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Por último, es importante tener en cuenta que el estudio tiene algunas limitaciones. Como se realizó por internet, dejó por fuera a personas sin acceso a conectividad. Además, el 42,4 % de quienes participaron tenía estudios superiores o de posgrado, una proporción muy por encima del promedio nacional. Por eso, sus resultados no representan lo que piensa toda Colombia.

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La memoria de un país también se construye a partir de las historias que decide contar y de aquellas que deja por fuera. En el Museo Nacional, 30 piezas de la sala Hacer Sociedad fueron retiradas por orden del Gobierno nacional. La mayoría documentaba las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+ y los procesos de paz y memoria en Colombia. Su salida no solo pone en discusión el lugar de estos objetos en las salas del museo, sino también el reconocimiento de las luchas que han transformado la sociedad y permitido conquistar derechos a lo largo de la historia.

Entre las obras retiradas hay piezas emblemáticas de la lucha por los derechos de las mujeres, como el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres. El documento no solo marcó un precedente, sino que abrió camino a discusiones que iban más allá de la libertad sexual que comenzaba a expandirse con el acceso a los anticonceptivos. En esa época el debate apenas empezaba a tomar forma, y las mujeres colombianas ya se preguntaban por los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, una lucha que cobraría mayor fuerza en el siglo XXI.

También estaba el periódico Nuestras Mujeres, una publicación clave para reconstruir la historia de las luchas por los derechos de las mujeres en Colombia. Su contenido contribuyó a impulsar el sufragio femenino y otras reivindicaciones en los años previos a que las colombianas pudieran votar por primera vez, en 1957. La edición retirada de abril de 1955 estaba dedicada a Rosalía Suárez, una figura famosa y líder comunitaria en Colombia a mediados del siglo XX. En ella se destacaba la importancia de las mujeres de clases populares y trabajadoras, quienes jugaron un papel importante en los procesos sociales de ese tiempo. 

Otras piezas retiradas estaban relacionadas con las luchas de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Entre ellas se encontraban el yembé de la batucada Toque Lesbiano, vinculado al movimiento lésbico, y unos zapatos diseñados para una mujer trans, que daban cuenta de las experiencias de vida trans y de las reivindicaciones por sus derechos.

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María Mónica Fuentes Leal, internacionalista y especialista en arte y cultura, quien trabajó durante ocho años en el Museo Nacional, señala que las piezas retiradas representan mucho más que objetos de una colección: son testimonios de las luchas sociales y de los cambios políticos que ha atravesado Colombia. En la sala “Hacer Sociedad” se exhibían, por ejemplo, elementos que daban cuenta del surgimiento y las expresiones de los movimientos feministas, así como de la historia y las reivindicaciones de las personas LGBTIQ+.

La propia sala explicaba su propósito en un texto introductorio: “Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia y narra cuáles han sido las confrontaciones políticas, económicas y culturales decisivas en la construcción de la nación”.

Andrés Góngora, profesor de la Universidad Nacional y curador etnográfico de la sala en sus inicios, explicó que esta es una sala de larga duración, cuyas exposiciones pueden permanecer abiertas durante diez o quince años, hasta que se emprenda un nuevo proceso de renovación. “No se modifican a la ligera. Cambiar una pieza, un texto o una sección exige una discusión científica y técnica; no es solamente una decisión política”, dijo a El Espectador.

“Antes, la historia que contaba el museo era, en gran medida, la de hombres blancos, militares y políticos. Se hablaba muy poco de otros sectores, de la contribución de las mujeres, de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Había todavía menos espacio para la diversidad de género y sexual”, explicó Góngora.

Los derechos de las mujeres no siempre estuvieron asegurados, al principio del siglo XX, las mujeres no podían ni siquiera tener una cuenta bancaria a su nombre, y hasta 1954 se conquistó el derecho al voto. Desde el principio, las mujeres han estado batallando por obtener los mismos derechos que los hombres; en consonancia con la historia conocida de Colombia, se produjo un enorme movimiento femenino para asegurar lo que hoy en día se considera evidente: votar, poseer bienes, tener empleo, expresar opiniones, tener acceso a su salud reproductiva, decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, entre otros. 

“Las luchas de las mujeres también son parte de la historia nacional. El derecho al voto, la autonomía, la participación política y los derechos sexuales y reproductivos que hoy ejercemos no aparecieron espontáneamente. Son el resultado de procesos colectivos que permitieron reivindicaciones y transformaciones sociales”, añadió Fuentes Leal.

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“Pareciera que las mujeres solo pueden entrar a los museos desnudas”, afirmó Julian Roa, ex asesor museológico del Museo Nacional de Colombia y del Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, al retomar una crítica de los colectivos feministas sobre la forma en que las mujeres han sido representadas en estos espacios. Mientras abundan los desnudos femeninos pintados por hombres, su participación en las luchas políticas y sociales a lo largo de la historia ha tenido menos visibilidad.

Según Fuentes Leal, el retiro de las piezas puede interpretarse como una forma de invisibilización, pues reduce la presencia pública de las luchas que representan. Aunque los objetos de la colección permanente seguirán conservados en la reserva del museo, no existe claridad sobre cómo volverán a ser representados. Para la especialista, conservar una pieza no equivale a mantener su capacidad educativa ni su lugar en la narración de la historia.

El Ministerio de Cultura y el propio presidente, Abelardo De La Espriella, defendieron de manera tajante el retiro de las obras relacionadas con las luchas feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz. Una decisión que coincidió con el anuncio oficial realizado el jueves 15 de octubre de 2026, cuando el mandatario informó que la cartera cambiaría su nombre a Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Durante su intervención, De La Espriella afirmó que la inclusión de la palabra “Patrimonio” constituye un golpe directo contra lo que denominó el “wokismo”, una corriente que, según su postura, representa un “cáncer” que fragmenta la sociedad e instrumentaliza los espacios públicos con fines de “adoctrinamiento político e ideológico”. Su posición frente a esta medida se enmarca en una confrontación abierta para rescatar los “valores tradicionales” y la “identidad nacional”.

El término woke,  que tiene su origen en el inglés afroestadounidense se refiere a estar “despierto” frente al racismo y las injusticias sociales, sin embargo, este se ha convertido en una etiqueta recurrente en el discurso de dirigentes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán. Bajo expresiones como “agenda woke” o “wokismo”, estos líderes cuestionan las reivindicaciones feministas y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, al presentarlas como una amenaza para los valores tradicionales. Así, se promueve la falsa idea de que avanzar en el reconocimiento de derechos para grupos históricamente excluidos entra en conflicto con la atención de otros problemas sociales. 

(Lea aquí: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

La ministra de Cultura, Paola Holguín, también calificó el museo como un espacio que no debe servir para un supuesto “adoctrinamiento político” y afirmó que esta era una acción para proteger a los menores de edad de “material sensible”. Sin embargo, Fuentes Leal considera contradictorio invocar la protección de niños y niñas mientras se invisibilizan las historias que permitieron reconocer sus propios derechos, ya que no es claro qué del material expuesto en la sala puede ser “sensible” para los niños. Incluso, esto es algo que el mismo museo tiene en cuenta; los guías y curadores saben adaptar estas exposiciones para cualquier público, incluidos los niños. 

“No se trata de imponer una narrativa ni de asustar a los niños; esa idea tampoco tiene sentido. El museo está preparado para mediar sus exposiciones con públicos diversos, especialmente con niños. ¿Qué tiene de malo hablarles a los niños sobre la diversidad de género y la diversidad sexual? No tiene nada de malo. Se trata de mostrarles que hay seres humanos distintos en el mundo”, explicó Góngora. 

Además de sus dimensiones simbólica y jurídica, este acto ha generado una fuerte reacción ciudadana. Desde que se llevó a cabo el retiro de las piezas, decenas de personas se han manifestado frente al Museo Nacional para reclamar la libertad de expresión y el respeto por la autonomía curatorial, denunciar la censura de las obras y exigir el reconocimiento de las narrativas diversas.

Sin embargo, este lunes 19 de octubre, a tres días de la orden, un juez ordenó medidas para proteger las obras retiradas del Museo Nacional. Según informó en redes sociales Gabriel Becerra, representante a la Cámara, la decisión establece que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni sacadas del museo. También ordena frenar el retiro de otras obras por su contenido mientras no exista una decisión formal que lo justifique.

Becerra señaló que, aunque la tutela aún está pendiente de una decisión definitiva, estas medidas representan un primer paso para proteger las piezas. “Exigiremos que se cumplan y seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, escribió.

El debate va más allá: tiene una dimensión jurídica y simbólica 

Julián Roa, explica que el retiro de las piezas tiene implicaciones jurídicas y simbólicas. En el ámbito legal, considera necesario revisar si los funcionarios involucrados se extralimitaron en sus funciones, en particular el secretario del Ministerio de Cultura, señalado en medios como responsable de ejecutar la operación.

Sin embargo, advierte que las consecuencias simbólicas del retiro de esas piezas son más profundas, pues la decisión pone en cuestión la autonomía del Museo Nacional y principios como la libertad de expresión. Además, desconoce décadas de trabajo de una institución con más de 200 años de historia, dedicada a preservar y narrar las memorias del país. Para Roa, las decisiones sobre sus colecciones deben reconocer la diversidad de la sociedad colombiana, a la que pertenece el museo.

“Estamos hablando de un Museo Nacional que pertenece a todos los colombianos, una sociedad caracterizada por su profunda y amplia diversidad. Por eso, las decisiones sobre sus colecciones y narrativas no pueden desconocer esa pluralidad”, concluyó Roa.

Fuentes Leal también señala que el desmontaje ocurrió en un contexto de pronunciamientos del Ejecutivo sobre la orientación ideológica de las instituciones culturales. En el caso de las luchas feministas, advierte que retirar sus testimonios de la exposición pública puede reproducir una exclusión histórica, en un país donde las experiencias y los aportes de las mujeres han sido relegados durante mucho tiempo de los relatos oficiales.

Lo que está en juego es la forma en que Colombia reconoce las luchas que han ampliado derechos y transformado su sociedad. Cuando estos objetos salen de las salas de exposición, también se limita la posibilidad de que nuevas generaciones conozcan las historias, las movilizaciones y los debates que hicieron posibles esas conquistas. La memoria no es un relato único, lineal ni libre de contradicciones; está atravesada por tensiones, diversidad y experiencias que no siempre han encontrado un lugar en la historia oficial. Por eso, preservarla implica reconocer esa pluralidad y garantizar que las distintas voces que han contribuido a construir el país también hagan parte de su relato histórico, añade. 

(Vea aquí: ¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?)

El enemigo difuso

La construcción de un enemigo difuso, sin características claras ni argumentos sólidos que sustenten las acusaciones, es una estrategia que no es nueva ni exclusiva del Gobierno de De La Espriella. Sin embargo, es preocupante para varios analistas por la forma en que este discurso puede servir para justificar decisiones que califican como actos de censura.

Según Góngora, esta narrativa transmite un mensaje político e ideológico que termina reproduciendo aquello que dice cuestionar. Explica que una de sus características es agrupar realidades y sectores diversos bajo una misma categoría, presentándolos como un enemigo común. Después, se les acusa de politizar e imponer una “ideología” en los espacios culturales, mientras se adoptan medidas que responden a una orientación política propia. Para el curador, esta contradicción hace parte de una lógica recurrente en los fundamentalismos a lo largo de la historia.

Ante el retiro de estas obras y el riesgo que, según advierte, representa para otros espacios dedicados a contar estas historias, Góngora señala que se pierde la oportunidad de construir una sociedad más plural, democrática y tolerante. También se debilita la comprensión de una parte fundamental de la historia: los derechos que existen hoy son fruto de procesos históricos complejos, marcados por luchas, sufrimientos y creatividad, y no de conquistas espontáneas, explica.

Esta decisión relega la historia de las mujeres y pone en cuestión el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Que la exhibición de estas luchas genere incomodidad y que, como consecuencia, se retiren las piezas implica dejar de enseñar una parte fundamental de la historia del país y desconocer los procesos colectivos que hicieron posibles muchos de los derechos conquistados.

“Se pierde una gran oportunidad de conocernos como pueblo y como nación, con todas nuestras contradicciones. Un museo debería funcionar como un ágora, un espacio de encuentro, no para imponer una visión homogénea de la historia, sino para mostrar sus contradicciones”, concluyó Góngora.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró una “lucha frontal” a lo que denomina “wokismo” y puso el lenguaje inclusivo en la mira de su “contrarrevolución cultural”. Así lo dijo el pasado 15 de octubre, cuando anunció que buscaría cambiar el nombre del Ministerio de Cultura para incluir la palabra “patrimonio” y expuso su intención de combatir frontalmente una corriente en la que agrupa distintas reivindicaciones sociales. Pero esa disputa va más allá de cómo hablamos, pues involucra qué identidades, derechos y formas de entender la sociedad tienen lugar en el discurso institucional, advierten fuentes expertas en lingüística, filosofía e historia.

El lenguaje inclusivo se convirtió en uno de los blancos de esta ofensiva. Desde finales del siglo XX, el cuestionamiento al masculino genérico (es decir, usar palabras en masculino, como “todos” o “los ciudadanos”, para referirse a grupos en los que hay hombres y mujeres) impulsó la búsqueda de formas de expresión que permitieran nombrar a todas las personas. Con los años, se sumaron otras formas de expresión, como el uso de la “e” y los pronombres inclusivos como el “elle”. Estas alternativas han generado críticas gramaticales y políticas, pero quienes impulsan este uso del lenguaje, apuntan a la visibilidad de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas.

(Lea aquí: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

En el pronunciamiento, De la Espriella agregó que “esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo, y como se ha dicho, en la cultura”. En esa misma línea, redujo distintas expresiones de organización social a “colectivos, denominaciones, siglas, y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral”. Esta postura, la “lucha frontal contra el ‘wokismo’” no es exclusiva de su Gobierno, pues el término ha sido utilizado por sectores de la derecha en otros países de la región como parte de sus cuestionamientos a los derechos de las personas LGBTIQ+.

Para Catalina González Quintero, profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigadora en filosofía moderna y retórica, esta manera de presentar las diferencias políticas no es casual. La filósofa encuentra en ese discurso una forma de convertir las posiciones contrarias en “adversarios morales”, particularmente a través de referencias religiosas.

“Yo creo que la nueva derecha es muy clara en decidir que todo tipo de manifestaciones políticas contrarias son manifestaciones políticas inmorales, ateas. Él lo dice con esos términos, no dice seculares, dice ateas y, por tanto, son un enemigo”, explica. 

A la docente le preocupa que este tipo de discursos se promuevan en un país que se reconoce como democrático, secular y pluralista. A su juicio, la nueva derecha presenta las posiciones políticas contrarias como amenazas morales, que también se extiende a todo aquello que agrupa bajo el término “wokismo”. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra?

De una reivindicación antirracista a un enemigo político llamado “woke o “wokismo”

“Despertar”, “despertarse” y “desperté”, esas son las conjugaciones que salen del término. Se trata de una palabra anglosajona derivada de wake, que significa despertar. Su historia, sin embargo, va mucho más allá de esa traducción. La expresión apareció por primera vez en un artículo publicado en 1962 por el novelista William Melvin Kelley. Décadas después volvió a cobrar fuerza con el movimiento Black Lives Matter, que denunció la violencia policial y el racismo contra las personas negras en Estados Unidos. Poco a poco, su uso se amplió para hablar de forma generalizada de las injusticias sociales. 

El diccionario de Oxford lo recoge como una expresión relacionada con la conciencia sobre la desigualdad y las formas de opresión. Pero con el tiempo, los sectores políticos de derecha empezaron a utilizarlo de forma despectiva, para cuestionar posiciones consideradas “excesivamente” progresistas. Así, una palabra asociada inicialmente con la denuncia del racismo terminó convertida en una etiqueta bajo la cual se agrupan reivindicaciones feministas, derechos LGBTIQ+, políticas de diversidad, lenguaje inclusivo y otras discusiones que no necesariamente tienen un origen ni un propósito común.

“Lo que están haciendo es poner otra vez sobre la opinión pública un término que les sirva para construir un enemigo”, explica Li Cuéllar, PhD en historia y codirectore de Sentiido, en entrevista con El Espectador. Recuerda que, en otros momentos históricos, el darwinismo, el humanismo laico, el comunismo, el feminismo o la supuesta “ideología de género” también fueron señalados como “peligrosos”, muchas veces bajo la advertencia de que terminarían “destruyendo la familia”.

De hecho, bajo este argumento o el de la supuesta “ideología de género”, distintos gobiernos han cuestionado el lenguaje inclusivo. En febrero de 2024, el Gobierno de Javier Milei anunció la prohibición de este en la administración pública argentina, al considerar que “respondía a intereses políticos”. En Estados Unidos, Donald Trump ordenó en enero de 2025 que las entidades federales utilizaran categorías de sexo “masculino” y “femenino”, y que retiraran referencias institucionales de lo que su administración considera “ideología de género”. Unos meses después, en octubre, Nayib Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador, esta vez con el argumento de “proteger el idioma” de supuestas “influencias ideológicas”.

(Le puede interesar: La ola de prohibiciones del lenguaje inclusivo en América Latina: ¿de qué se trata?)

¿El lenguaje inclusivo es un problema?

Las implicaciones de esta controversia no necesariamente terminan en la decisión individual de utilizar o rechazar determinadas expresiones. Para las fuentes consultadas, el asunto adquiere otra dimensión cuando son las instituciones públicas intervienen en las formas de nombrar y representar la sociedad. 

Paola Isabel Mejía, magíster en lingüística de la Universidad Nacional e investigadora en análisis del discurso, glotopolítica y lenguaje de género, considera que el discurso del actual Gobierno debe analizarse también desde sus posibles efectos sobre el pluralismo, principio constitucional que garantiza el respeto por las diferencias. El problema, explica, no se limita a cuestionar términos como “niñas”, “todes” o el desdoblamiento “colombianas, colombianos”, sino que es una “exclusión de sujetos, testimonios y acontecimientos en la narrativa institucional”. 

Por ejemplo, lo sucedido recientemente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas más de 30 piezas relacionadas con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política, la Constitución de 1991 y otros acontecimientos de la memoria nacional. Esto, derivó en cuatro días de manifestaciones y plantones frente al recinto. Y este lunes,  el juzgado 24 de Bogotá, ordenó al gobierno proteger las piezas retiradas y dispuso frenar el retiro injustificado de otras obras. Para la experta, esta medida, así como la oposición al lenguaje inclusivo, son casos en los que se compromete el pluralismo y la libertad académica.

(Le puede interesar: El Museo Nacional y el relato que De La Espriella quiere contar)

“Una política que excluya contenidos únicamente por considerarlos ideológicamente inconvenientes, sin una evaluación real, pedagógica y científica, puede debilitar la libertad académica y el pensamiento crítico”, advierte. Para Mejía, el riesgo es que se empiecen a excluir ideas simplemente porque no coinciden con las posturas del Gobierno, cuando en una democracia deberían poder convivir distintas formas de pensar.

Sobre el lenguaje inclusivo, la investigadora añade otras interpretaciones. Explica que vale entender que las lenguas están vivas y se transforman con quienes las hablan. Son las personas las que incorporan, modifican o dejan de utilizar determinadas palabras, mientras que quienes estudian el lenguaje se encargan de describir y explicar esos procesos. 

También agrega que la lingüística encuentra particularmente interesante en el lenguaje inclusivo. A diferencia de muchas transformaciones sociales que ocurren de manera espontánea, esta práctica nace de una decisión consciente sobre cómo se quiere nombrar a las cosas y las personas. Para ilustrarlo, recuerda cómo palabras provenientes del inglés, como “chat”, se han incorporado al español hasta dar lugar a verbos como “chatear” o “whatsapear”.

Con el lenguaje inclusivo, en cambio, “hay una postura de decir de manera consciente todes. Yo quiero decir de manera consciente que me digas en alguna denominación ella, él u otra. Entonces aquí  estamos influyendo directamente el lenguaje con una decisión consciente que no solo recae en un especialista de la lengua”, dice.

Por su parte, Li Cuéllar añade que reducir el lenguaje inclusivo al uso de la “e” desconoce las distintas dimensiones de una práctica que también invita a reflexionar sobre las cargas negativas y los prejuicios que se reproducen al hablar. Por ejemplo, propone revisar expresiones como “aguas negras” y optar por “aguas residuales”, para evitar asociaciones negativas con el color negro que pueden reforzar prejuicios raciales hacia la población afrodescendiente. Se trata, en últimas, de prestar atención a las palabras que se utilizan y que pueden reforzar estigmas sobre algunas poblaciones.

Otra dimensión, explica, consiste en hacer visibles a las personas que históricamente han quedado comprendidas bajo expresiones masculinas. De ahí que se proponga nombrar tanto a mujeres como a hombres o recurrir a términos colectivos que permitan incluir otros géneros. Dentro de ese abanico también aparece el uso de pronombres como “elle”, empleado por algunas personas no binarias, que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. A ello se suman alternativas como la “e”, la “x” o la “@” en el uso de algunas palabras escritas. 

“Nadie está obligado a hacerlo. Y esta es una conversación muy importante. Por el hecho de que el lenguaje y los pronombres incluyentes existan no significa que la gente esté obligada a hacerlo. El hecho de que la palabra ‘chor’ exista no significa que si yo toda la vida había dicho ‘short’, ahora tenga que cambiarlo”, señala Cuéllar.

El antecedente del ICBF y la disputa por el lenguaje inclusivo

La discusión sobre el “wokismo” y el lenguaje inclusivo llegó apenas unas semanas después que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promoviera el uso de la palabra “niñez” como eje central de sus comunicaciones institucionales. La decisión generó cuestionamientos de personas y organizaciones sociales que advirtieron sobre el riesgo de dejar de nombrar específicamente a las niñas y, con ello, restar visibilidad a las violencias y desigualdades que las afectan de manera particular, como mayores niveles de violencia basada en género. La entidad, por su parte, aseguró que no había ordenado eliminar la palabra “niñas” de sus comunicaciones.

“Los malentendidos y los prejuicios al respecto son tan amplios que incluso las personas que dicen estar en contra del lenguaje inclusivo no lo están”, dice la filósofa González Quintero. Explica que recurrir a “niñez” en lugar de “niños y niñas” también puede ser una forma de inclusión,  pues evitar el masculino genérico es una de las alternativas que se han promovido para construir comunicaciones no sexistas. Además, el término puede abarcar a las infancias trans o no binarias.. A su juicio, criticar el uso de “niños y niñas” es una forma de rechazar a las personas que buscan ser reconocidas y tenidas en cuenta al nombrarlas.

Para Cuéllar, parte de la resistencia al lenguaje inclusivo responde al temor de cuestionar estructuras que durante mucho tiempo se han dado por sentadas, no solo en el idioma, sino en la manera de comprender el género y las identidades. Reconocer otras formas de nombrar puede generar la sensación de que se está perdiendo un lugar que antes parecía incuestionable. “Se preguntan ahora cuál es mi lugar como hombre, cuál es mi lugar como mujer. La gente cree que está perdiendo visibilidad, cuando en realidad lo que está pasando es que se está ampliando la noción de sociedad”, agrega. 

Y por eso concluye que uno de los principales problemas es reducir esta a dos bandos enfrentados. “¿Qué pasa si esta discusión la sacamos del plano de una batalla? ¿Qué pasa si nuestra conversación pasa de ser de una batalla a entender la complejidad de nuestra sociedad?”, concluye. 

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Una de las salas del Museo Nacional perdió parte de sus colores y su mensaje de diversidad. La bandera con colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta fue retirada en los últimos días sin una explicación concreta sobre los motivos. La pieza simboliza la lucha del movimiento LGBTIQ+ en todo el mundo y, aunque se popularizó en Estados Unidos años después de los disturbios de Stonewall, en Colombia tiene otra historia. “La bandera representa una movilización ciudadana súper poderosa, que se ha realizado de manera muy eficiente durante décadas y que ha logrado que Colombia hoy lidere en América Latina la implementación de políticas públicas LGBTIQ+”, dice Elizabeth Castillo a El Espectador.

La abogada, escritora y activista por los derechos LGBTIQ+, que lleva décadas trabajando en la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fue quien donó la bandera arcoíris. “Yo amé la banderita porque me parecía divina. Era chiquita, muy pequeña”, recuerda. En las paredes del Museo Nacional, en la sala “Hacer sociedad”, quedaron las marcas de las piezas retiradas: pequeños restos blancos y rastros de adhesivo sobre la pintura gris, que muestran que en algún momento hubo algo allí. En la mañana de hoy, las marcas fueron pintadas nuevamente, borrando ese rastro.

Su lugar en el recinto más importante para contar la historia del país no llegó a ocuparse por ser “un trozo de tela” nada más. Castillo cuenta que se la regaló una amiga hace más de 25 años y que se la trajo directamente desde Nueva York. Un souvenir o un recuerdo que a su amiga le evocó algo de ella mientras recorría esas calles, las mismas en donde ocurrieron los disturbios de Stonewall en 1969. Desde ese momento, la activista la cargó para todas partes y presenció los momentos más importantes de la historia de los derechos LGBTIQ+ de Colombia: la acompañó a debates en el Congreso, movilizaciones, plantones frente a la Corte Constitucional y audiencias.

“Cuando hablamos de los primeros debates de unión marital de hecho, allá la llevé. Cuando empezamos a hablar las dos o tres veces que hablamos de matrimonio en el Congreso, allá la llevé. En la iniciativa legislativa del año 2007 que, siendo aprobada en cuatro debates en el Congreso, fue revertida en la instancia de conciliación, la llevé”, recuerda.

(En contexto: Amores, luchas y derechos: así conquistaron el matrimonio igualitario en Colombia)

Incluso la acompañó el 28 de abril de 2016, cuando la Corte Constitucional reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Ese día, decenas de parejas celebraron frente al alto tribunal con serenatas, boleros y canciones de amor que también hablaban de derechos. El “pedazo de tela” también estuvo ahí en la mano de la abogada. Antes de esa decisión, las parejas del mismo sexo no tenían acceso al matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

La bandera tuvo que recorrer aproximadamente 4.002 km desde Nueva York hasta Bogotá, una ciudad que, según Castillo, ha hecho una diferencia significativa en América Latina en materia de derechos y políticas públicas LGBTIQ+. En esa época no era sencillo conseguirla acá. Y tampoco fue fácil exhibirla durante esos años. “Me tocaba entrarla a escondidas porque la Policía nos quitaba todos los símbolos que lleváramos al Congreso. Entonces yo me la echaba en un bolsillo, y por eso esa bandera tiene el tamaño que tiene”, dice.

Con ingenio, Castillo logró esconderla detrás de una toalla higiénica en el bolsillo de su pantalón para superar las requisas de las autoridades. Así pudo llevarla a esas discusiones y luchas. Años después, la bandera volvió a desaparecer de un espacio público, esta vez de las paredes del Museo Nacional y no por decisión de ella.

(Lea más: ¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?)

El retiro de la bandera junto a otras 29 piezas del Museo Nacional

La decisión de retirarla se dio después de un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, en la tarde de este jueves, en el que mencionó que se cambiaría el nombre de la cartera de cultura y aseguró que el Gobierno iba a “cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo’, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”.

La palabra “woke”, que tiene raíces en el inglés afroestadounidense y se relaciona con la conciencia frente al racismo y otras injusticias sociales, ha sido utilizada por líderes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán para cuestionar las luchas feministas y por los derechos de las personas LGBTIQ+. Bajo la etiqueta de “agenda woke” o “wokismo”, presentan el reconocimiento de estos derechos como “una amenaza a los valores tradicionales”. Este discurso plantea una supuesta contradicción entre garantizar derechos a grupos históricamente discriminados y atender otras necesidades sociales.

(Le podría interesar: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

Después del anuncio, diferentes activistas denunciaron en redes sociales el retiro de 30 piezas del Museo Nacional, entre ellas la bandera de Elizabeth Castillo, junto a afiches, recortes de prensa, instrumentos musicales y demás objetos relacionados principalmente con las luchas feministas, la historia del movimiento LGBTIQ+, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. La primera en denunciar públicamente el retiro fue Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa.

“Recibimos una llamada de una persona que nos dijo que en el Museo Nacional iban a retirar unas piezas de la sala ‘Hacer sociedad’. Entonces, fuimos inmediatamente. Nos dirigimos directamente a esa sala y vimos que estaban literalmente los huecos donde habían retirado las piezas, justo donde estaban las piezas de diversidad sexual y feministas”, comenta Sánchez a este diario.

Por su parte, Elizabeth Castillo se enteró de la noticia del retiro de su bandera en medio de sus vacaciones en Italia. Mientras se daba un respiro de su activismo y su trabajo, conoció la decisión a través de los medios de comunicación. Cuenta que, por el momento, nadie del Museo o del Ministerio se ha comunicado con ella sobre alguna devolución o el paradero de su bandera y las otras piezas retiradas.

Pero tampoco quiere que se la devuelvan: “Está en depósito del Estado, de la entidad cultural a cargo de la protección de la historia de este país y, en consecuencia, encuentro absolutamente razonable que el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional se hagan responsables de las piezas que recibieron”, dice.

Recuerda que la donación se efectuó hacia el año 2018, en medio de un proceso de curaduría exhaustivo del recinto cultural. “Empezaron a discutir tener en esa sala de ‘Hacer sociedad’ a los movimientos sociales que en Colombia habían hecho unos cambios significativos. Invitaron a la gente afro, a la gente Rrom y a la gente LGBTIQ+, ahí me llamaron. Y entonces empezaron esa construcción y ofrecí mi bandera”.

Pero esa sala no solo exhibía la bandera arcoíris. En palabras de Marcela Sánchez, había “piezas referidas a visiones artísticas de las personas trans, a la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos y por trabajar por un mundo libre de violencia en el país y en la casa, así como producciones cinematográficas del movimiento LGBTIQ+”. Era una sala que conocía muy bien, pues allí siempre llevaban a los visitantes para hablar de la historia de los movimientos sociales en el país.

La preocupación radica en que todos estos objetos y obras hacen parte del patrimonio de la nación y que, si desaparecen de la exhibición, “lo que se va a contar es una historia única, una historia que solamente da una versión, una versión que, además, es falsa y que no es la que reconoce la Constitución Política de Colombia”, agrega Sánchez.

Por su parte, en la mañana de este viernes, la ministra Paola Holguín, a través de su cuenta de X, defendió que el Museo Nacional no debe ser un instrumento de “adoctrinamiento político” y anunció una revisión de la museología y la curaduría de los espacios a cargo de su cartera. También afirmó que el museo debe proteger a menores de edad del “acceso a material sensible”, sin explicar por qué las piezas retiradas representarían un riesgo para sus derechos. Tampoco aclaró qué pasará con las piezas retiradas.

Frente a esto, Castillo y Sánchez concuerdan en que este tipo de decisiones no debería depender del gobierno de turno, no solo por la visibilidad de la historia del país, sino también por la autonomía de la curaduría y del Museo. “La historia del país es un tema del Estado, no del Gobierno de turno. El Gobierno de turno no tiene por qué llegar a modificar o a transformar criterios de museología que están absolutamente basados en evidencia. Eso representa un llamado a que tenemos que reconocer que la diferencia nos enriquece. Como dice la Constitución Política, somos un país multiétnico, pluricultural y diverso. Y creo que eso es lo que recogía esa sala”, concluye Castillo.

¿Qué representa el retiro de estas piezas de la exhibición del Museo Nacional?

Para la directora de Colombia Diversa, se trata de un claro llamado a “borrar esa diversidad y presentar una única versión de la colombianidad”. Desde su experiencia de más de 20 años en la defensa de los derechos LGBTIQ+ y de las víctimas del conflicto armado, advierte que estas decisiones también tienen efectos materiales, porque “envía un discurso de que todo eso que quitan es accesorio, no es necesario, es indeseable, es perjudicial, y lo que hace es alimentar justamente discursos de odio que después pueden convertirse en hechos violentos directos contra las personas o contra cualquiera que trabaje por la paz, por la diversidad e incluso por salidas negociadas a las guerras y los conflictos armados”.

Violencia que el país no ha podido combatir de manera efectiva. Según el último informe de Caribe Afirmativo, en 2025 se reportaron más de 4.000 hechos de violencia en contra de personas LGBTIQ+, en medio de una respuesta estatal deficiente. En cuanto a la violencia contra las mujeres, ese año se registraron 158.074 casos de violencia, de los cuales aproximadamente el 60 % correspondió a violencias basadas en género, según el Sivigila y el Instituto Nacional de Salud.

(También puede leer: Cada 32 horas asesinan a una persona LGBT en Colombia: el duro diagnóstico sobre violencia)

No obstante, en medio de ese panorama y el sinsabor que deja el retiro de estas piezas, Elizabeth Castillo reitera que “lo que contiene simbólicamente esa bandera es una lucha de miles de personas que han reivindicado su existencia y que han logrado que se reconozcan sus derechos, gracias a una sistemática incidencia frente al Estado. Y eso es lo que han bajado de esa pared: una representación simbólica de una lucha”.

También menciona que son incontables las veces que ha escuchado que las personas sexodiversas en el país no existen. “Han tratado de desaparecernos muchas veces. Han hecho muchas cosas para hacerle creer al mundo que no estamos. Y sí, aquí estamos y no nos vamos a mover. No vamos a desaparecer. La historia del movimiento LGBTIQ+ en Colombia existe y es muy poderosa”, finaliza.

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Como lo había anticipado la exministra Viviane Morales, el Ministerio de Educación le pidió a la presidencia de Abelardo de la Espriella que tomara acciones para derogar la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días.

Mediante un oficio del 21 de septiembre firmado por Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación designada tras la salida de Morales, la entidad solicita "acciones urgentes" a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, para derogar y "contener sus efectos" frente a esa política.

Se trata de la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035". Esa norma, que involucra a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, busca, entre otras cosas, que los colegios transversalicen la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos en sus contenidos académicos con miras a 2035.

Es importante recordar que el país ha tenido varias discusiones alrededor de la implementación de políticas de educación sexual en los colegios. En 2016, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos echó para atrás la implementación de una cartilla sobre este tema en la que trabajaba con la ONU tras una polémica que aseguraba que buscaría impulsar la "ideología de género".

Sin embargo, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia de la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los colegios. Esta puede cumplir un rol clave, por ejemplo, en la prevención de abusos sexuales. Además, la OMS ha publicado diferentes contenidos orientados a desmentir la desinformación que hay alrededor de este tema en su página web.

Sin embargo, el Ministerio de Educación del actual Gobierno tiene una visión diferente sobre la política que se está implementando en Colombia. "La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación
docente y planes territoriales. En particular, establece como objetivos la transformación de normas sociales y de género y dispone la implementación transversal de sus contenidos en las instituciones educativas", dice el Mineducación en el oficio dirigido al secretario jurídico de Presidencia.

La petición para tumbar esta normativa ya la había anticipado Viviane Morales durante sus días en el cargo como ministra, cuando hizo declaraciones en diferentes oportunidades refiriéndose a "erradicar la ideología de género" en los colegios y buscar que "se respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos".

El Gobierno de De la Espriella, además, ya había fijado una postura frente a este tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a inicios de octubre. Allí, el representante del país dijo que "Colombia se disocia de la expresión 'salud y derechos sexuales y reproductivos'", tomando distancia de conceptos clave en materia de derechos humanos que Naciones Unidas ha desarrollado alrededor del género y los derechos sexuales y reproductivos.

En el oficio, el Mineducación asegura que tiene "serios cuestionamientos constitucionales y legales" sobre la resolución que dejó firmada el anterior Gobierno, por lo que pide su revisión inmediata.

"Entre ellos se encuentran la suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica; la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos; la
utilización de una resolución administrativa para proyectar obligaciones hasta 2035 con fundamento inmediato en el ciclo de planeación 2022–2026; la imposición de compromisos de planeación y financiación sin una identificación suficiente de apropiaciones, fuentes y competencias de gasto; y la incorporación conjunta, como fundamento del acto, de normas vinculantes y de instrumentos,
orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica", se lee en el oficio.

Junto a sus argumentos, el Ministerio de Educación le pide a Presidencia tomar dos medidas. Primero, revisar el acto administrativo por medio del cual se adoptó la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, un proceso que deberá contar con la participación de los cuatro ministerios involucrados. Además, mientras se hace la revisión, les pide expedir una directiva presidencial en la que se ordene que no se implementen medidas relacionadas con esta política y que se informe cuáles ya han sido implementadas.

Aquí puede consultar el oficio que pide derogar la política de educación sexual en Colombia:

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El Museo Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras las declaraciones dadas por el presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro del Ministerio de las Culturas, algunos usuarios reportaron en redes sociales que de las salas "Hacer sociedad" y  "Memoria y Nación" desaparecieron algunas piezas que hablaban sobre la comunidad LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política.

"En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El verdadero borrado", denunció la activista Márcela Sánchez, quien trabaja en la organización Colombia Diversa.

Según se ve en las imágenes publicadas por Sánchez, en los muros grises de la sala del museo se ve la huella de las obras que fueron retiradas y los vacíos que quedaron en las paredes. En una de las fotografías se puede ver cómo habían estado dispuestas las piezas, según la museografía.

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, se pronunció al respecto con un publicación desde su cuenta de X. "La historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia. Ante esta denuncia, el Museo Nacional debe explicar qué retiró, por qué y cómo garantizará que estas memorias sigan representadas. El pluralismo se defiende también en las decisiones del Estado", escribió.

En días pasados, el concejal Andrés Barrios publicó en su cuenta de X una serie de trinos en los que llamó la atención sobre la presencia de afiches alusivos a la campaña de Carlos Pizarro y a la comunidad LBTIQ+, tras haber visitado el recito con sus hijas, según contó. El concejal instó a la ministra Paola Holguín a revisar las exposiciones: "la batalla cultural también se libra en los museos. Revisen de inmediato este tipo de exposiciones en el Museo Nacional. Este museo debe contar la historia completa de Colombia, no adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo que tanto daño le ha hecho al país", escribió.

Según informó La Silla Vacía, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Sterling, fue el encargado de ejecutar la orden.
Las fuentes que hablaron para el medio citado afirmaron que Sterling llegó esta mañana al Museo, ubicado en el centro de la capital, acompañado de la directora (e) del Museo, Constanza Toquica. A puerta cerrada habrían elegido a dedo las obras que serían retiradas. Dos personas que trabajan en el Museo le dijeron a La Silla que esa decisión debía pasar por los varios comités curatoriales del Museo, las instancias que definen las museografía de las exhibiciones.

De momento, el Museo Nacional no ha confirmado el número exacto de obras retiradas ni las razones por las cuales fueron removidas las fotografías, afiches y objetos.

Esta noticia se conoció luego de que el presidente anunciara que cambiaría el nombre de la cartera cultural de Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio. Adicionalmente, el primer mandatario afirmó que había ordenado a la ministra Paola Holguín que retirara de los espacios públicos "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas".

El concejal celebró la decisión del presidente y afirmó que "la decisión presidencial demuestra que las denuncias ciudadanas y de los representantes públicos pueden generar acciones concretas para proteger la memoria histórica y garantizar que las instituciones culturales presenten los hechos con rigor", según un comunicado de prensa.

La sala "Hacer sociedad", ubicada en el segundo piso del museo, fue abierta en 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, luego de que el guion de la sala fuera revisado y que en su creación participaran cuatro comités curatoriales. “Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia y narra cuáles han sido las confrontaciones políticas, económicas y culturales decisivas en la construcción de la nación”, mencionaba uno de los textos de la sala.

Según La Silla, fueron 10 piezas las que el gobierno retiró de este espacio sobre historia LGBTIQ+ y los movimientos feministas.

Por otro lado, fueron desmontados los afiches de la campaña a la presidencia de Bernardo Jaramillo Ossa y el afiche de candidatura de Carlos Pizarro. También retiraron los objetos que se encontraban en el muro “Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016”, entre los que estaba el "Balígrafo" con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón electoral de la Séptima Papeleta, con lo que se logró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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En una llamada inesperada, a una mujer le preguntaron: “Oiga, ¿usted sabe que su sobrina es lesbiana y que tiene una novia?”. Con toda naturalidad, ella respondió: “Ah, sí, mijita. ¿Y qué más se te ofrece?”. Años después, su sobrina conocería aquella conversación y le agradecería a su tía por esa manera de defenderla: con naturalidad, poniéndose de su lado cuando la voz al otro lado de la línea apelaba a la vergüenza. Este 11 de octubre, en el Día Internacional para Salir del Clóset, queremos hablarle a esas personas, grandes aliadas de quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

La historia de la tía y su sobrina hace parte de "Cartas a un homófobo", una iniciativa de Colombia Diversa que consistió en que una persona LGBTIQ+ le escribiera un texto a alguien que le hubiera discriminado a lo largo de su vida. Recibimos casi 200, algunas dedicadas a familiares, otras a amores pasados, docentes de guardería y hasta colegas de trabajo. 

Esto sucedió en 2016, en medio de un panorama complejo: como país, estábamos en medio de la discusión por el plebiscito, la pregunta que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos le hizo los ciudadanos para que votaran Sí o No a la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC-EP.

(Vea también: ¿Quién inventó la “ideología de género” y por qué tantos políticos siguen hablando de ella?)

Parte de la estrategia del No se basó en decir que el acuerdo final iba a “homosexualizar” al país, solo porque buscaba reconocer las violencias contra las mujeres y las poblaciones diversas que ejercieron los grupos armados durante el conflicto e implicaba pensar en formas de repararles. Los promotores del No señalaron falsamente que la sola mención a la palabra género o la sigla LGBTI en el texto era la prueba de ese “rayo homosexualizador” de niños, niñas y adolescentes.

Este 2026 se cumple una década de la firma del Acuerdo de Paz, pero es casi inevitable comparar lo que sucedió en ese momento con el plebiscito respecto a lo que ocurre ahora, solo que el panorama actual es mucho más difícil: estamos ante un Gobierno que ha enviado un mensaje muy claro a la población LGBTIQ+ con la elección de funcionarios que, en el pasado, han tenido discursos y prácticas homófobicas; un Gobierno que excluye palabras como “niña” o “derechos sexuales y reproductivos” y que revivió el fantasma de la “ideología de género”, un concepto que solo existe para negar la educación sexual en los colegios o para negar la existencia legítima de las personas LGBTIQ+. 

Personalmente, ya he recibido varias llamadas de personas LGBTIQ+ que sienten miedo y se preguntan qué va a pasar con nosotros.

A nivel mundial se siente un clima de regresión, con mandatarios de extrema derecha que le tienen alergia a cualquier término que incluya la palabra “igualdad” o “género”. 

En Colombia, y gracias a la rama judicial, el matrimonio y la adopción igualitaria son un derecho, el reconocimiento del nombre y sexo identitario de las personas trans también, y la discriminación no está permitida en el trabajo, las instituciones educativas, los centros de salud y en general en ningún ámbito. 

Incluso, gracias a la inclusión del género en el Acuerdo de Paz, se pueden escuchar frases como la que desde Colombia Diversa recientemente escuchamos de un antiguo integrante de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Yo no sabía que la diversidad de género existía. Eso se ha conocido gracias a que estas comunidades, a través de los años y las luchas, han salido a decirle al mundo que tienen derechos igual que cualquier persona”.

Debemos evitar, entonces, que se consolide un contexto de desinformación como en 2016 en el que se afirme que no tenemos derechos, o que se vuelva otra vez normal discriminar como resultado de estos discursos excluyentes. 

Para manifestar apoyo existen múltiples plataformas: la academia, la política, el derecho, los medios de comunicación y las artes, pero la principal sigue siendo la vida cotidiana: en una conversación familiar, cuando alguien hace un comentario homofóbico, cuando una persona trans es señalada, o cuando una pareja del mismo sexo es tratada como si tuviera que esconderse. 

A veces, ser aliado consiste simplemente en hacer lo que hizo aquella tía a quien su sobrina le dedicó la carta en 2016: responder “¿y qué más se te ofrece?”, para dejar claro que nuestra vida y nuestra  dignidad no están en discusión. 

Nosotros no volveremos al clóset. Tampoco tendremos más miedo. Por eso, esta vez, la carta es para ustedes: para que tampoco se metan al closet para ocultar que nos apoyan. 

Ni un paso atrás.

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Este 7 de octubre, el último día de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia presentó su posición sobre siete resoluciones que habría apoyado en las que se involucran temas de género. Durante la intervención de Álvaro Ayala Meléndez, embajador ante la ONU, el país se desmarcó de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, limitó la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural. Un pronunciamiento que organizaciones de derechos humanos ven con preocupación.

“Colombia se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’, contenida en la resolución L.34”, dijo el embajador encargado. Se trata de una resolución impulsada por España y Alemania sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. Allí, también se habla de las necesidades específicas de mujeres y niñas, como la higiene menstrual, y menciona los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Según su pronunciamiento, la referencia a los derechos sexuales y reproductivos “no es lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes; en esa misma resolución, entiende ‘salud menstrual’ únicamente en relación con agua, saneamiento, higiene, información y atención sanitaria”. Es decir, Colombia acepta que la resolución hable de salud menstrual, pero toma distancia de la expresión “derechos sexuales y reproductivos” porque considera que no existe una definición “comúnmente aceptada” en los tratados internacionales que obligan a los Estados.

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Seguido, Ayala Meléndez también se refirió a la palabra “género”. “Colombia interpreta el término “género”, y expresiones derivadas como “violencia sexual y de género”, “violencia de género facilitada por la tecnología”, “estereotipos de género”, “perspectiva de género” y “medidas que respondan a las cuestiones de género”, como orientaciones para asegurar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia, y conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma”, mencionó.

Lo que sugiere el funcionario es que esas referencias al enfoque de género, Colombia las entenderá a partir del Estatuto de Roma, el cual hace una distinción binaria y habla específicamente a “hombre” y “mujer” y se remite al “sexo”. Lo que posiblemente dejaría por fuera identidades de género diversas, como las mujeres y hombres con experiencia de vida trans o personas no binarias. El Estatuto lo dice así: “el término ‘género’ se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad“.

No obstante, esa interpretación ha sido materia de debate en algunos países, pues algunos sectores abren el término a identidades de género diversas en el momento en el que el Estatuto se refiere a “el contexto de la sociedad”. 

Por otro lado, el embajador también se refirió a otras expresiones que, en la práctica, ayudan a entender que una persona puede enfrentar varias formas de discriminación al mismo tiempo. Aclaró que “Colombia entiende que las ‘formas múltiples e interseccionales de discriminación’, el ‘racismo sistémico, estructural e institucional’, la ‘justicia reparativa’ y las ‘ideologías extremistas, nacionalistas y populistas’ son términos sin definición convencional precisa, que no constituyen categorías jurídicas autónomas” y agregó que el país los aplicará conforme a la Constitución colombiana y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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En palabras sencillas, Ayala dijo que estos conceptos existen y pueden usarse, pero no los considera categorías jurídicas independientes que, por sí mismos, generen nuevas obligaciones para el Estado colombiano.

¿Qué significa esto? Hablar de discriminación interseccional sirve para entender que una persona puede enfrentar varias formas de discriminación al mismo tiempo. Por ejemplo, una mujer indígena lesbiana puede ser discriminada por su género, por su origen étnico y por su orientación sexual, y esas situaciones pueden estar relacionadas. Según organizaciones de derechos humanos, si estas experiencias se analizan por separado, pueden quedar ocultas las razones por las que algunas personas enfrentan riesgos específicos y las medidas que necesitan para proteger sus derechos.

¿Por qué esta intervención deja preocupadas a organizaciones de derechos humanos?

Si bien esta intervención no significa que el país desconozca derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ ya reconocidos, entre líneas, organizaciones como Caribe Afirmativo cuestionan el alcance de las aclaraciones que se presentaron ante la ONU. Especialmente, porque en días pasados, el país se retiró de la copresidencia de la Equal Rights Coalition (ERC), la coalición internacional más importante del mundo en defensa de los derechos LGBTIQ+, convirtiéndose en el único país en hacerlo, como lo contamos en este artículo. La decisión generó dudas sobre el rumbo que está tomando el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

“La intervención plantea una lectura restrictiva de conceptos que hoy permiten identificar y responder a formas específicas de desigualdad y violencia: limita el uso de los derechos sexuales y reproductivos como lenguaje internacional; vincula la interpretación de género con una disposición del Estatuto de Roma cuyo propio texto señala que opera ‘para los fines de este Estatuto’; y coloca bajo una misma reserva conceptos como interseccionalidad, racismo estructural y justicia reparativa”, explica la organización.

Por ejemplo, en términos de derechos sexuales y reproductivos, la decisión de Colombia de tomar distancia de esta expresión puede tener implicaciones en la forma en que se reconocen y se defienden estos derechos. Caribe Afirmativo asegura que, contrario a lo que se dijo, sí tienen respaldo en el derecho internacional porque están relacionados con otros derechos reconocidos, como el derecho a la salud, la vida, la igualdad y la privacidad, entre otros. En Colombia, además, la Corte Constitucional los ha desarrollado ampliamente. En la Sentencia C-055 de 2022, se vinculó la despenalización del aborto con los derechos sexuales y reproductivos.

Para Wilson Castañeda, director de la organización, en diálogo con El Espectador, resulta preocupante que “en escenarios multilaterales como la ONU se intente presentar estos derechos como si fueran conceptos ajenos al derecho internacional o simples categorías políticas sin respaldo jurídico”.

Por la misma línea, ve problemático la delimitación en la interpretación de la palabra “género” como el Estatuto de Roma lo propone. “Esta interpretación entra en tensión el desarrollo jurídico colombiano”, dice, pues las normas y decisiones judiciales del país reconocen la identidad de género como un derecho protegido. Esto incluye a personas con identidades de género diversas y exige tener en cuenta la perspectiva de género para identificar desigualdades, estereotipos, relaciones de poder y formas de violencia, agrega.

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Asímismo, ocurre con la intervención sobre discriminación interseccional y racismo estructural. Castañeda menciona que se sugiere que “las formas múltiples e interseccionales de discriminación deben perder peso como herramienta de análisis”. En pocas palabras, si se deja de reconocer esta mirada, se vuelve más difícil identificar por qué algunas personas enfrentan riesgos específicos y qué medidas necesitan para proteger sus derechos. Por ejemplo, los crímenes por odio o por prejuicio, los feminicidios o las violencias diferenciadas que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+, tanto en contextos cotidianos como en el marco del conflicto armado.

Al final, la preocupación es qué puede pasar si Colombia empieza a interpretar estos conceptos de una manera más limitada. “Esto puede tener consecuencias sobre la manera en que Colombia reconoce internacionalmente la violencia basada en género, la discriminación contra las personas LGBTIQ+, el racismo estructural, las desigualdades múltiples y los derechos sexuales y reproductivos. La propia intervención deja claro que Colombia pretende que estos términos no creen nuevas obligaciones ni amplíen las ya asumidas por el Estado”, concluye la organización.

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Mientras Madonna llevaba la canción Vogue a los escenarios y convertía en fenómeno global una estética que bebía de la escena ballroom afroamericana y latina de Nueva York, en Colombia comenzaba a aparecer otra diva. En televisión, una transformista de cabello platinado era presentada como “la Madonna colombiana gay”. Su nombre es Madorilyn Crawford.

Oriunda de Villavicencio, comenzó su carrera a inicios de los años noventa, cuando el transformismo todavía era marginal en la vida nocturna y en los medios de comunicación. Su personaje nació de una tradición de espectáculos en la que el vestuario, el maquillaje y la actuación permitían jugar con las expresiones y los roles de género. Con el tiempo, esa práctica se transformaría en lo que hoy conocemos como drag.

Para Crawford, el transformismo se convirtió en un trabajo. Su historia comenzó en los bares de Bogotá, entre pelucas, shows de medianoche y caracterizaciones de Marilyn Monroe y Madonna, dos referentes cuya unión de nombres dio origen a “Madorilyn”. El personaje tomó forma en una época atravesada por la discriminación contra las personas LGBTIQ+. La homosexualidad llevaba poco tiempo despenalizada en el país, así que la persecución y los prejuicios seguían presentes.

Más de tres décadas después, Crawford, pionera del drag en Colombia sigue sobre los escenarios. En entrevista con El Espectador, recuerda cómo nació su personaje,  las veces que tuvo que entrar por la puerta de atrás y cómo ha cambiado esta forma de arte LGBTIQ+ en el país. También habla de lo que significa hacer drag en un nuevo escenario social y político marcado por el aumento de discursos contra las personas sexodiversas.

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¿Cómo comenzó su trayectoria en el drag?

El drag es más actual frente a lo que yo hacía cuando comencé como performer. En esa época hablábamos más de transformismo, y yo vengo de esa escuela. No es exactamente el mismo género, pero sí viene de allí. Para mí, el drag fue prácticamente una representación de lo que yo ya hacía desde los años 90. Estoy hablando más o menos de cuando veníamos de una tradición de shows de los años 80 en los que predominaban la balada, la ranchera y lo que conocemos como música de plancha.

Personalmente, abrí mi carrera como performer de Madonna porque sabía que eso me permitía vivir y hacerme conocer. Lo mío no comenzó simplemente por quererme trepar o transformar para hacer un show, sino porque rápidamente me di cuenta que era un trabajo. Poco a poco me fui convirtiendo en una transformista más visionaria y tuve la oportunidad de llegar a medios de comunicación y ser entrevistada.

En ese entonces, Madonna estaba en su cuarto de hora —aunque siempre ha estado divina— y yo tenía cierto registro para llevar al escenario su imagen, el show, el parecido y todo lo que implicaba esa caracterización. Entonces empezaron a llegar más entrevistas y más visibilidad. 

¿Cuáles fueron los primeros espacios en Colombia en los que se presentaba el transformismo? En Bogotá, donde usted residía, ¿estos espectáculos se concentraban principalmente en bares gay?

Los bares gay siempre han existido en Colombia de una manera u otra, algunos anónimos y otros visibles. Yo llegué en un momento en el que unos permanecían escondidos y otros eran medio visibles porque la homofobia venía incluso desde la ley. De cierta manera, estar en un bar bailando con otro hombre se veía como algo prohibido.

Los primeros sitios que se abrieron estaban en bares del centro y fueron una oportunidad para el transformismo. El show de medianoche era como un rito de la rumba. Los bares siempre apoyaron el transformismo porque la gente esperaba ese momento; también era una oportunidad para vender y llenar el sitio. Había un bar muy pintoresco que se llamaba Adonis Club, al que asistían personas de mayor estatus, digámoslo así. 

Pero el drag vino a conocerse más en Zona Franca, prácticamente con los concursos. Ahí fue donde empezó a tomar más fuerza ese drag del que estoy hablando. También había muchos bares en el norte, desde la 72 hasta la 100, donde hoy en día prácticamente no queda ninguno. En la 100 con 15 había un amanecedero que se llamaba Disco Fuego. Allá llegábamos todas. 

¿Cómo nació el personaje de Madorilyn Crawford?

Yo llegué de Villavicencio y quería conocer una discoteca. Por medio de unos amigos llegué a una de las que había en el centro de Bogotá y ahí empecé a rumbear y a familiarizarme con ese mundo. Ya entrando los años 90 comencé a conocer los shows de transformismo. Me parecían encantadores y, al mismo tiempo, una tarea muy difícil.

Había un bar que se llamaba Tasca, que era como un altar a Marilyn Monroe. Uno entraba y encontraba cuadros de ella por todos lados. Los fines de semana hacían diferentes actividades: la hora del desahogo, la hora del transformismo, el concurso de Marilyn, entre otras. De tanto ver esos shows, se me presentó la oportunidad de hacerlo y ahí tuve una de mis primeras caracterizaciones.

Una vez asistí trepada con una peluca que alguien me había dado, que yo misma arreglé y acondicioné. Ahí empezó la historia de Madorilyn, aunque todavía no fuera Madorilyn. Comencé a moverme dentro del mundo del transformismo y a entender lo que necesitaba para construir una caracterización: la peluca, los zapatos, la actitud y, sobre todo, aprender a manejarse dentro de ella.

Después quise seguirme trepando y acompañé a unas amigas a otra discoteca, que podría decirse que era la competencia en ese entonces. Allí gané un concurso caracterizada como Marilyn. El dueño del bar trabajaba con eventos, le gustaban las caracterizaciones y me propuso que interpretara a Madonna. Me ofreció todo para montar el show: el bar, los ensayos, el DJ y hasta los bailarines. Prácticamente, él me dio la oportunidad para que naciera Madorilyn. Y aquí estoy 36 años después.

¿Qué curiosidades buscaban los medios de comunicación cuando se acercaban al transformismo en esa época?

Era amarillismo. En esa época se hablaba de “la loca”, entonces a mí me tocaba ser muy directa: “Vamos a hacer la entrevista, pero no quiero que me digan loca”. Yo sabía que el machismo y el amarillismo llamaban la atención y que los medios vendían de eso. Les decía que podían llamarme homosexual, gay, por mi nombre jurídico o por el nombre con el que trabajaba, pero “loca” no.

Cuando tenía entrevistas en televisión eran apariciones pequeñitas en los noticieros del mediodía o de la noche. Salía un minuto como “la Madonna colombiana” o “la Madonna colombiana gay”, y eso bastaba para que después me llamaran por teléfono y me contrataran. Eso era como mi internet. Generalmente las notas giraban alrededor de mi parecido con Madonna, aunque tampoco puedo decir que me hayan irrespetado; en general, todo salió muy bien.

Claro que siempre había retos. Mi primera entrevista fue en la Javeriana y me hicieron atravesar, a las dos de la tarde, el patio donde estaban todos los estudiantes. Yo llevaba el cabello platinado porque en esa época no llegaban las pelucas rubias como ahora. Salir así a la calle o montarse en un bus llamaba muchísimo la atención; hoy es algo mucho más normal.

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¿Cómo era abrirse espacio como transformista en una sociedad que todavía no comprendía muy bien las diversidades sexuales y de género?

Yo fui de esas artistas que, si hablamos del mundo heterosexual, entraban por la puerta de atrás y salían por la puerta de atrás. Gracias a esas pequeñas apariciones en televisión me contrataban para interpretar a Marilyn o Madonna, y fui creando mi propio estilo de show.

Por ejemplo, repliqué ese Happy Birthday de Marilyn, pero aparecía dentro de una torta gigante de icopor. Me metía en la torta desde la cocina, entraba por detrás y después salía por ahí para hacer el espectáculo. La sorpresa era esa: el maricón estaba pegando, estaba de moda y era genial tenerlo en la fiesta.

¿Pero por qué digo que entraba por la puerta de atrás? Porque si tú eras una modelo y salías en la prensa con el maricón que habías invitado a tu fiesta, entonces empezaban a decir que eras lesbiana. Si eras un actor, pasaba lo mismo. Querían vernos, querían tenernos en sus fiestas, pero no querían que se supiera. Entonces me pagaban y para afuera. Yo también terminé acostumbrándome a eso.

¿Cómo ha cambiado hacer drag en Colombia?

Antes era más escondido, todo era más “enclosetado” por la misma situación social. Yo puedo contarlo porque, de alguna manera, soy un portal entre esas épocas. La gran diferencia es que ahora hay mucha más visibilidad y el drag se puede apreciar de otra manera.

Antes era más difícil. Uno podía estar en una discoteca y de repente llegaba la Policía, prendía las luces, acababa la rumba y todos para el camión. A mí nunca me pasó, pero lo vi y lo viví a través de otras personas. Con papeles o sin papeles, podían llevarlos a la estación y soltarlos a la hora que quisieran al día siguiente, simplemente por molestarlos. No importaba el estrato ni quién fuera; podía pasarle a cualquiera. 

Y volviendo al tema de la visibilización, las cosas fueron cambiando. Ya no se trata solamente de esas entrevistas que exaltaban el mundo gay desde el amarillismo, sino que se fueron abriendo oportunidades para reconocer también lo artístico.

Los espectáculos empezaron a ser vistos como arte. Yo he tenido la oportunidad de presentarme en museos y galerías, y la gente ya lo reconoce de otra manera. Antes era muy difícil que incluso los dueños de los bares entendieran esto como un arte. Era un trabajo mal pago y lo que esperaban era simplemente que la marica llegara y se presentara. Yo siempre tuve una posición muy clara: no me visto para verme bella ni solamente para que me aplaudan; necesito que me paguen porque este es mi trabajo. Ahora hay nuevas oportunidades, buenas activistas, otras relaciones y lugares a los que uno puede llegar y encontrar apoyo. Entonces sí, las cosas han cambiado.

Haciendo el ejercicio de mirar atrás, tanto desde el drag como desde la experiencia de las personas LGBTIQ+, ¿cómo siente que ha cambiado la discriminación con el paso de los años?

Las experiencias siguen siendo las mismas, solo que son otros tiempos. La discriminación sigue y siento que ahora algunas cosas se están volviendo a parecer a las de antes: papá, mamá, hijos, religión, y se empieza a cuestionar nuevamente la inclusión. Entonces la situación se pone difícil. En mi caso, que ya viví esto, pensar en volver a lo mismo da un poquito de pereza.

Hoy la juventud es más parada porque tiene mayor visibilidad. En nuestra época también podíamos ser paradas, pero no teníamos las mismas posibilidades de demostrarlo. Ahora pueden plantarse y responder, y eso también me preocupa porque pueden ocurrir tragedias. Ojalá no lleguemos a eso.

Uno vuelve a encontrarse con mensajes y memes de odio. Y no estoy hablando solo de Colombia; vienen de México, de Buenos Aires, de distintos lugares. Hubo un tiempo en el que dejé de ver esas cosas y ahora están apareciendo otra vez. Entonces pienso: “Wow, esto está volviendo a parecerse a nuestra época”. Y eso no aguanta.

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Dentro de la cultura drag y ballroom, las “casas” han funcionado históricamente como familias elegidas, lideradas por figuras de madres o padres que acompañan a sus integrantes. Usted también creó la Casa Crawford. ¿Cómo nació y qué significa para usted?

Mi casa nació de una manera distinta. Surgió con unos chicos que querían ser trans y buscaron en mí esa oportunidad de acompañarlos en su tránsito. Llegaron como capullos y terminaron como mariposongas; se me iban convertidos en unas chicas guapísimas, todas. Esa fue mi primera Casa Crawford.

Sin querer, ahí me convertí en madre y decidí ponerle a la familia el apellido Crawford, que viene de una luminaria de Hollywood. Me parecía que el apellido jugaba muy bien con Madorilyn.

Después de esa primera experiencia vino una segunda casa, que es la familia que tengo actualmente. Ya no está conformada solamente por personas trans; hay chicos que cosen, otros que son activistas, todos son muy distintos. Esta casa es más una familia diversa, con otros valores. Como la mía pueden existir muchas casas y cada una, de cierta manera, refleja su propio ejemplo. El mío es que estemos ahí, fuertes, y salgamos adelante.

Yo soy la persona mayor. Ellos todavía están empezando, tienen entre 20 y 28 años, y pienso que hay cosas que quizá no pueden ir a contarle a su mamá biológica, pero aquí tienen a la madre. Ahí uno evoluciona de amigo a familia.

Con esta segunda casa ya llevo 11 años; con la primera creo que duré ocho o nueve. Los he visto madurar y hemos madurado todos también. Me siento bien porque es una familia muy chévere.

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En 2014, Sergio Urrego, un estudiante de 16 años, se quitó la vida después de enfrentar discriminación en el colegio por su orientación sexual. En su memoria nació la Fundación Sergio Urrego y, años más tarde, la Línea Salvavidas, el primer servicio gratuito y no gubernamental de atención psicológica de emergencia con alcance nacional.

La iniciativa surgió para acompañar situaciones relacionadas con el acoso escolar, la discriminación, la violencia intrafamiliar, la violencia basada en género y la ideación suicida. El pasado 28 de septiembre se presentó el informe anual de resultados, titulado ¿El silencio como refugio, la escuela como salvavidas? El documento recoge 4.166 atenciones realizadas entre julio de 2025 y julio de 2026 y señala que, desde su puesta en marcha hace siete años, la Línea ha atendido a 18.529 personas.

En el último reporte, la ideación suicida fue el principal motivo de contacto, con el 22,13 % de los casos, seguida por síntomas y signos de ansiedad (15,62 %) y depresión (13,14 %). En conjunto, el 63,9 % de quienes recibieron atención presentó algún nivel de riesgo suicida activo, entre moderado, alto o extremo.  

Entre la población atendida hubo personas cisgénero, no binarias, transfemeninas y transmasculinas. En cuanto a la orientación sexual, 134 registros correspondieron a quienes reportaron orientaciones no heterosexuales, principalmente gais, lesbianas y bisexuales. Aunque la Línea tiene un énfasis particular en niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ que enfrentan situaciones de discriminación en entornos escolares, el servicio está abierto a cualquier persona, sin importar su edad, orientación sexual o identidad de género.

La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con alguna condición de salud mental. La OMS y UNICEF señalan, además, que alrededor de un tercio de estas condiciones aparece antes de los 14 años y la mitad antes de los 18.

Desde el caso Urrego, así ha cambiado la protección de infancias y adolescencias 

El caso Sergio Urrego derivó en una decisión que amplió las obligaciones del sistema educativo frente a la discriminación. En 2015, la Corte Constitucional se pronunció sobre los hechos a través de la sentencia T-478 y advirtió un déficit de protección en el sistema educativo frente al acoso escolar y a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entre otras medidas, ordenó una revisión integral de los manuales de convivencia para garantizar que respetaran a estudiantes LGBTIQ+, así como fortalecer las herramientas previstas para la convivencia escolar y la protección de sus derechos.

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Desde entonces, el país ha sumado otras herramientas. En 2025 entró en vigencia la Ley 2518, que fortaleció la Política Nacional de Salud Mental con enfoque de género y derechos humanos, y la Ley 2503, que creó la Cátedra de Educación Emocional en instituciones de preescolar, básica y media. A estas se suman el Código Dorado, creado mediante la Resolución 347 de 2026 para articular la respuesta frente a la conducta suicida, y el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, creado mediante el Decreto 1311 de 2025.

Para Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación y madre de Sergio, el problema está en la distancia entre lo que existe en el papel y su aplicación efectiva. “Hemos avanzado en normas y herramientas; ahora necesitamos que esas herramientas se conviertan, en cada colegio y en cada territorio, en experiencias reales de protección”, afirma en entrevista con El Espectador. 

También insiste en incorporar la salud mental de manera transversal. “Una orientación en medio de una crisis puede salvar una vida, pero no siempre es suficiente: necesitamos continuidad, seguimiento y una articulación institucional que permita acompañar a cada joven más allá del momento crítico”. Y agrega que docentes y familias necesitan herramientas para acompañar a niñas, niños y jóvenes.

En paralelo, la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia marcó un nuevo giro político. Ante eso, el informe plantea la necesidad de preservar los mecanismos ya existentes y las garantías para poblaciones históricamente discriminadas.

Un nuevo pulso político sobre los derechos LGBTIQ+

En las últimas semanas, distintos debates y decisiones políticas han vuelto a poner sobre la mesa las garantías para la población LGBTIQ+. Para Alba Reyes, ese contexto también termina atravesando los espacios más cotidianos. “Hoy nos preocupa que las discusiones sobre familia, diversidad sexual y enfoque de género estén ocurriendo en un contexto de alta polarización, miedo y discursos cada vez más violentos, porque lo que sucede en el debate público también llega a las redes sociales, las familias y las escuelas”, afirma.

La directora asegura que, en las conversaciones atendidas por la Línea durante los últimos meses, han observado un aumento de referencias a la desesperanza, el miedo y la discriminación, así como con otras situaciones que afectan la salud emocional de adolescentes y jóvenes. “No podemos afirmar que cada crisis tenga una causa política, pero sí sabemos que la salud mental no depende únicamente de la voluntad individual: está profundamente relacionada con las condiciones sociales, familiares y comunitarias en las que vivimos”, agrega.

Una de las recientes discusiones políticas, por ejemplo, giró alrededor de cómo nombrar los hogares. El 22 de septiembre, durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, cuestionó el uso del plural “familias” en el nombre de algunos programas de la entidad y sostuvo que “la familia es una”. La frase abrió un cruce de opiniones con el senador Duvalier Sánchez y generó reparos entre organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+, que han insistido en reconocer la diversidad de los hogares. 

Días después, Restrepo amplió su postura en X y aclaró que ese planteamiento no supone una única composición. “Puede ser papá y mamá, puede ser una mamá, puede ser un papá, pueden ser dos mamás o dos papás, pueden ser los abuelos, los tíos o alguien que un día decidió asumir la responsabilidad de cuidar a otro ser humano”, escribió. Restrepo sostuvo, además, que la obligación del Estado es protegerlas a todas.

El episodio del ICBF no ha sido el único. El 17 de septiembre, el Gobierno retiró a Colombia de la Equal Rights Coalition, una alianza internacional dedicada a la promoción y protección de los derechos de la población LGBTIQ+, justo cuando el país ejercía la copresidencia con España. La Cancillería sostuvo que la participación en ese mecanismo dejó de ser prioritaria y afirmó que el retiro no afecta los derechos de las personas LGBTIQ+ reconocidos en el ordenamiento colombiano. Desde entonces, más de 300 organizaciones, colectivos y personas suscribieron un pronunciamiento de rechazo publicado por Caribe Afirmativo.

(Lea aquí: Gobierno de De la Espriella retira a Colombia de coalición internacional LGBTIQ+: ¿Por qué?)

El debate también pasó por el Legislativo. A finales de agosto, la autodenominada bancada Provida radicó el proyecto de “Ley Laura”, que busca prohibir intervenciones de afirmación de género en menores de edad, entre ellas los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y otros servicios relacionados. La iniciativa ha generado cuestionamientos por los efectos que una prohibición general podría tener sobre derechos fundamentales como la salud, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Vale aclarar que el proyecto apenas inició su trámite en el Senado y, por tanto, las prohibiciones que propone no están vigentes.

(Lea más acá: Ley Laura: tratamientos de afirmación de género en menores y las dudas que deja el proyecto)

Para la directora de la Fundación Sergio Urrego, una de las preocupaciones frente al actual escenario es que estas discusiones profundicen el temor de jóvenes que no encuentran espacios seguros para expresarse. “Lo que más nos preocupa es que el miedo termine convirtiéndose en una herramienta para silenciar, especialmente a quienes ya sienten que son diferentes o que no tienen un lugar seguro para expresarse. En los colegios todavía encontramos jóvenes que tienen miedo de hablar, de pedir ayuda o incluso de expresar libremente quiénes son”, dice.

Ese vínculo entre clima político y salud mental ha sido documentado en otros países. En mayo de 2026, The Trevor Project publicó los resultados de su encuesta nacional de 2025, realizada con más de 16.000 jóvenes LGBTIQ+ de entre 13 y 24 años en Estados Unidos. Allí, el 90 % señaló que las leyes, políticas y debates recientes contra esta población les generaron estrés o ansiedad. Aunque estos datos corresponden al contexto estadounidense y no pueden extrapolarse directamente a Colombia, muestran cómo el debate público puede afectar el bienestar emocional de poblaciones históricamente discriminadas.

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En un contexto de recortes a la financiación global para responder al VIH, una organización social colombiana lanzó una plataforma que reúne datos comunitarios sobre prevención, tamizaje y acceso a servicios de salud. 

Se trata del Observatorio Comunitario de VIH de Red Somos, organización que trabaja con población LGBTIQ+ y personas seropositivas. La herramienta que consolida información recopilada desde 2018, sería el primer observatorio comunitario de este tipo en el país.

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A diferencia de los registros oficiales, no busca medir cuántas personas viven con VIH, sino mostrar cómo opera el diagnóstico oportuno y la caracterización de grupos en situación de vulnerabilidad. “Los usuarios pueden consultar indicadores clave, tasas de reactividad, variables sociodemográficas de la prevención en VIH (ciclo vital, género, origen migratorio, territorio, diversidad sexual y de género)”, comentó Miguel Barriga, fundador y director ejecutivo de Red Somos en entrevista con El Espectador.

Aun así, el lanzamiento de la herramienta se dio en un contexto complejo. En julio de 2026, ONUSIDA advirtió que las nuevas infecciones por VIH en América Latina aumentaron un 25 % desde 2010. Esto ocurre mientras cae la financiación global y persisten los recortes en los servicios de prevención.

Para dimensionar esa crisis, entre 2024 y 2025 la financiación internacional destinada a la respuesta al VIH cayó en más de US$1.500 millones. Una reducción del 18 % que dejó los recursos disponibles en su nivel más bajo en casi dos décadas, según el organismo. 

El origen de este panorama se remonta al año pasado, cuando los cinco mayores donantes —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos— anunciaron reducciones en sus aportes. En conjunto, estos países concentraban más del 90 % de los recursos internacionales destinados a estos temas. 

"La región necesita voluntad política decidida, que los presupuestos para el VIH sean sostenibles, y que los compromisos se transformen en financiación para los programas de prevención y liderazgo comunitario. Los países de nuestra región que han progresado nos muestran lo que es posible convirtiendo ese compromiso en acción", afirmó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, en un comunicado de prensa. 

La preocupación también quedó consignada en el balance más reciente del Fondo Mundial, que describió 2025 como uno de los períodos más complejos para la salud global, atravesado por recortes de financiación, conflictos, desplazamientos y una creciente presión humanitaria.

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¿Qué muestran los datos del Observatorio Comunitario de VIH de Red Somos?

Durante los últimos ocho años, Red Somos realizó 37.039 pruebas de tamizaje de VIH. De ellas, 1.295 arrojaron un resultado reactivo, es decir, señalaron una posible presencia del virus. Con base en ese histórico, la entidad trazó una serie de patrones que buscan afinar la lectura de las necesidades en salud pública y orientar estrategias de prevención sin reforzar estigmas.

Uno de los hallazgos se concentra en un grupo de 11.735 tamizajes realizados principalmente a población migrante, con presencia de hombres que tienen sexo con hombres. Allí, la reactividad al VIH alcanzó el 7 %. Para Barriga, dicho porcentaje “no denota una alarma individual, sino que valida la necesidad de búsqueda activa para derribar barreras administrativas y xenofobia institucional”.

Otro patrón aparece entre personas adultas con una edad media de 44 años, donde la reactividad fue del 4,9 %. El director explicó que se trata de un segmento etario que suele quedar relegado de las campañas tradicionales de prevención.

En el caso de las personas jóvenes, en su mayoría sin afiliación al sistema de salud, la cifra fue de 4,5 %. Según la organización, esa falta de cobertura constituye una barrera para recibir atención oportuna.

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La discusión detrás del manejo de datos sensibles

La apuesta por convertir información sobre VIH en una herramienta pública se da en medio de una discusión creciente sobre el manejo de datos sensibles. Hace apenas unas semanas, Grindr, una de las aplicaciones de citas más utilizadas por personas LGBTIQ+, acordó pagar 26 millones de libras esterlinas para resolver una demanda colectiva en Reino Unido. El acuerdo no implicó una admisión de responsabilidad por parte de la empresa.

La demanda, presentada por cerca de 12.000 usuarios, sostenía que Grindr habría compartido información personal y sensible sin un consentimiento adecuado. Algunos de esos datos incluían información sobre el estado serológico de los usuarios, la fecha de la última prueba o el uso de medicamentos como la PrEP (profilaxis preexposición al VIH).

Ante ese escenario, Red Somos asegura que el observatorio opera bajo el marco de protección de datos establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y con medidas de confidencialidad. “Ningún registro integrado al visor público contiene nombres, documentos de identidad, direcciones, teléfonos ni ningún otro metadato que permita la individualización de los usuarios”, explicó Barriga.

La plataforma, lanzada durante el aniversario número 19 de la organización, se desplegará en dos fases. La primera, ya disponible, reúne el histórico de prevención y tamizaje. La segunda está prevista para el 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida, y estará enfocada en documentar las barreras de acceso a los servicios de salud y las dificultades para mantener la adherencia al tratamiento.

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Ese liderazgo se abandona ahora. El actual gobierno notificó el 17 de septiembre el retiro de Colombia de la ERC, un mecanismo internacional de articulación entre Estados y sociedad civil, creado en 2016, que agrupa a 42 países en torno a la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en cinco ejes de trabajo: diplomacia, legislación y política pública, cooperación de donantes, objetivos de desarrollo sostenible y protección humanitaria. El gobierno argumentó que la salida obedecía a que la participación en el mecanismo no era prioritaria, señalando que Colombia ya cuenta con un cuerpo robusto de derechos protegidos por la Constitución, políticas públicas y jurisprudencia de la Corte Constitucional que ampara a las minorías por orientación sexual.

El argumento es, por lo menos, contradictorio. Es precisamente ese cuerpo jurisprudencial y normativo el que Colombia invocó en 2024 para justificar su idoneidad como copresidente. La vinculación no pretendía suplir carencias internas con la participación en un espacio multilateral, sino proyectar internacionalmente un modelo construido con años de litigio estratégico, incidencia social y participación de las víctimas del conflicto armado. Decir hoy que la ERC no es prioritaria porque el país ya tiene garantías internas equivale a vaciar de sentido la razón misma por la que Colombia fue invitada a copresidir, que no buscaba llenar una carencia propia, sino acompañar a otros Estados en las suyas.

Caribe Afirmativo, que ejercía la copresidencia por la sociedad civil colombiana junto con la Fundación Triángulo de España, calificó la decisión como un grave retroceso en la política exterior y en la garantía de los derechos LGBTIQ+, y señaló que el país abandona una responsabilidad que había aceptado ejercer hasta febrero de 2027. Según la organización, fuentes oficiales señalaron que en el Gobierno prevalecía la percepción de que la participación en la ERC constituía un legado de la administración anterior, del cual buscaba distanciarse. Si esto es así, estamos ante una decisión de política exterior guiada por el afán de borrar la huella de un gobierno previo y no motivada por un análisis sustantivo del interés nacional, los asuntos presupuestales (que en este caso no existen) o de las obligaciones internacionales adquiridas.

En esto hay que ser categóricos. Esta decisión, en efecto, contradice obligaciones asumidas por Colombia en un escenario internacional relevante. Colombia no solo se inscribió como miembro, sino que aceptó asumir un compromiso formal de copresidencia con una fecha de vencimiento pactada. Retirarse antes de tiempo representa el incumplimiento de una palabra empeñada ante 44 países y ante la sociedad civil que, como Caribe Afirmativo, sostuvo ese liderazgo día a día, coordinando grupos de trabajo y una interlocución constante con gobiernos y organizaciones de todo el mundo.

Lo que anticipa esta medida, no es solo la salida de Colombia de un mecanismo particular, sino el debilitamiento de toda una arquitectura de política exterior construida alrededor de los derechos humanos y el enfoque de género, justo cuando el mundo atraviesa, como lo advertía al asumir la copresidencia, tendencias adversas para la agenda de diversidad sexual e identidad de género. Envía, además, un mensaje de desprecio a la agenda de derechos de una población tradicionalmente excluida y violentada.

Lo que está en juego no es solamente simbólico. Colombia se labró, con esfuerzo propio, un lugar de referencia internacional en materia de derechos LGBTIQ+. Renunciar a ese liderazgo sin una explicación pública clara, lejos de fortalecer la soberanía normativa del país, la debilita, al ceder una voz que se había ganado dentro de un espacio de interlocución global. Y, por si fuera poco, lo deja mal posicionado en el concierto internacional como un Estado que no honra su palabra ni los compromisos adquiridos, en abierta contradicción con su trayectoria de respeto a las obligaciones internacionales. La pérdida de confianza que esa percepción implica puede tener efectos adversos duraderos y de amplio impacto para las relaciones exteriores de Colombia.

Juliana Bustamante Reyes es directora de Vértice-Política Exterior, derechos humanos y paz

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco exmandos medios de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y de género contra niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Se trata de la primera imputación por este tipo de delitos en el marco del caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez habló con El Espectador sobre los 68 hechos victimizantes que recoge la investigación adelantada desde su despacho para esta imputación, que se conoce en uno de los momentos más complejos de la justicia transicional. 

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Esta imputación a cinco exmandos medios es la primera del caso 05 relacionada con violencia sexual y llega, además, en un momento de tormentas para la JEP. ¿Cómo entender la importancia de este llamado a reconocer responsabilidad?

El caso 05 aborda las investigaciones de delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado en el Cauca y el sur del Valle del Cauca. Este es nuestro tercer auto de imputación y todos han sido contra antiguos miembros de las Farc. Asimismo, hay una gran preocupación de la JEP por visibilizar esta clase de conductas delictivas en materia de violencia sexual y violencias basadas en género. 

Primero, porque son muy difíciles de investigar por diversas razones, como el temor de las víctimas a hablar. En el caso del Cauca, la situación de orden público, para nadie es un secreto, es bastante difícil. Estas personas están en medio del conflicto con las disidencias. No es fácil hacerlo, pero lo que hemos hecho a lo largo de todas las investigaciones que hace la Sala de Reconocimiento de Verdad es eso: visibilizar, darles voz a las víctimas e imputar a todas aquellas personas que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. 

Esta clase de delitos ya fueron imputados en primer lugar, en el caso 02, en  el departamento de Nariño, también contra las Farc, en el caso 07, referente al reclutamiento ilícito de menores, y el caso 11, que es un caso exclusivo de violencia sexual. Y esto es para significar la gran importancia que tiene este tema al interior de la JEP.

¿Qué diferencia a esta imputación de las que ya se han hecho, especialmente en el marco del caso 11?

El caso 11 es exclusivo de violencia sexual, que involucra a miembros de la fuerza pública y antiguos miembros de las Farc, y es un caso a nivel nacional. Esto significa que se van a enfocar en los máximos responsables a nivel nacional. Mientras que el caso 05 es territorial porque está enfocado en una sola región, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Lo que nosotros hacemos en este caso es imputar a los máximos responsables de esta región, de algunas estructuras puntuales de las Farc.

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La magistrada Lily Rueda es quien lidera las investigaciones sobre reclutamiento de menores y violencia sexual. ¿Cómo fue la conversación entre su despacho y el de ella para alimentar esta investigación?

Este auto tiene la gran ventaja de que es un auto de sala plena en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Hubo un debate muy intenso, muy interesante con los y las colegas. Por otro lado, nosotros seguimos una línea de trabajo, partimos del caso 02 (situación territorial en Nariño) y del caso 07 (reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) y tuvimos un diálogo muy productivo con la magistrada Liy Rueda. Muchas de las referencias que se usaron en este caso fueron recogidas, especialmente, del caso 07.

Opositores de la JEP dicen que la justicia transicional ha tenido manejo diferencial de los procesos contra los exintegrantes de las Farc y contra los exmiembros de la fuerza pública. ¿De qué forma esta imputación muestra que sí se han investigado los crímenes de todos los actores del conflicto armado bajo el mismo rasero?

Eso es absolutamente falso. Si uno ve el trabajo que ha hecho la JEP, con este auto se han hecho 17 imputaciones contra las Farc, mientras que las imputaciones a la fuerza pública son 13. La Constitución y la ley nos exigen que haya una simetría. Es decir, que se investigue por igual a miembros de la fuerza pública como a miembros de las Farc. Lo cierto es que ha habido más investigaciones e imputaciones derivadas de lo que hacían las antiguas Farc que sobre la fuerza pública. De hecho, tenemos muchos casos relacionados tanto con Farc como con fuerza pública porque nos exigen la simetría. Es una investigación muy pareja y los datos no mienten.

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¿Entonces qué es lo que ha fallado para que esa narrativa haya tomado tanta fuerza? Porque incluso el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha tenido que salir a desmentir esa supuesta condescendencia de la justicia con exintegrantes de las Farc.

Hay que tener una adecuada estrategia de comunicaciones que, hasta ahora y como hemos visto, se está dando. Pero hay personas a las que, así uno les diga todo el trabajo que se ha venido haciendo, desafortunadamente no están de acuerdo con la JEP. En esos espacios es donde se encuentra esa narrativa. Lo que sí es cierto es que, luego de informar todo el trabajo que se hace, de señalar todas las sentencias que hemos sacado, que son más de 3500, cuando hablamos de que le hemos concedido la libertad a más de mil personas que hicieron parte de la fuerza pública, además de las renuncias a la persecución penal, las cifras están ahí. 

Hoy muchos de los militares que cometieron graves crímenes están caminando por la calle, están libres, están haciendo un nuevo proyecto de vida. Tan es así que un grupo de miembros de fuerza pública presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar por lo que está pasando en estos momentos con la JEP y su presupuesto. Esa narrativa se vende, sabemos también que hay bodegas que buscan desinformar. Hay que informarse un poco más y yo creo que con mayor información la concepción puede cambiar.

En su investigación detalló que la violencia sexual y basada en género ocurrió en dos modalidades. La primera corresponde a crímenes contra niñas y mujeres que hacían parte de la guerrilla. ¿Cuáles fueron los ejemplos que más lo impactaron?

Son tres líneas de investigación: una de violencia intrafilas en materia sexual, la segunda corresponde a los ataques sexuales contra la población civil y la tercera a los ataques sexuales o violencia basada en género, especialmente en las comunidades LGBTIQ+. En el caso de la violencia intrafilas, observa uno lo que ya el caso 07 nos había dicho: violaciones, abortos forzados, sexo obligatorio, entre otras conductas contra niñas reclutadas a la fuerza, que estaban allí para combatir, no para ser objeto de violación ni mucho menos.

¿Hubo algún caso que le haya dolido a usted de forma particular?

Son muchos casos. Me sorprendió cómo, desafortunadamente, las mujeres afrodescendientes eran violadas solamente por su color de piel. Es decir, que consideraban necesario estar con ellas solo porque les parecía que era atractivo estar con una persona afrodescendiente. Ese morbo, el color de la piel, es muy fuerte. Segundo, cómo una mujer fue violada simplemente porque tenía una relación afectiva con un soldado. Y tercero, me impactó cómo muchas mujeres eran violadas simplemente porque se negaban a dejarse reclutar.

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Hay un capítulo particular de esta imputación sobre crímenes contra personas de sexualidad diversa. ¿Qué fue lo que más le impactó de ese punto de la investigación?

Hay historias muy horrorosas. Encontramos ahí que muchas de estas víctimas LGBTIQ+ no solamente fueron violentadas por las Farc, sino también por los paramilitares. El solo hecho de tener esa condición social los hacía ser blanco de esta clase de violencia. Es bastante desesperanzador ver cómo la orientación sexual y de género diversa fue una lápida en la medida en que se convirtió en objeto de vejámenes sexuales.

¿Y sobre la estigmatización racial?

El caso 05 se concentra en municipios de población indígena, comunidades afrodescendientes y campesinas. Las mujeres, muchas que hacían parte de la población civil, eran violadas, fueron objeto de toda clase de ataques sexuales y quienes más sufrieron fueron sus propias comunidades. Esto va acompañado de una serie de afectaciones y daños psicológicos, de zozobra, angustia y temor. Los testimonios son muy fuertes. Son desgarradores.

Esta es la tercera vez que la JEP imputa a exmandos medios de las Farc por este tipo de crímenes, además del último secretariado de esa guerrilla. ¿Cómo explicar la particularidad de la responsabilidad de mando por la que están siendo llamados a aceptar o negar los hechos en la justicia transicional?

Nosotros trabajamos de la mano de las víctimas y son ellas las que nos exigen resultados. Nos enfocamos en los máximos responsables a nivel nacional y territorial. En ese orden de ideas, nuestro deber constitucional y legal es llamar a rendir cuentas a todas estas personas, bien sean miembros de la fuerza pública o de las antiguas Farc que cometieron esta clase de delitos. 

Insisto, las víctimas son las que nos piden mayor verdad frente a lo ocurrido. Las víctimas en estos casos, desafortunadamente, por muchísimos años no tuvieron voz, nunca fueron escuchadas, nunca fueron atendidas y por primera vez estamos yendo a los territorios a hablar con ellas y a escucharlas. Con todo esto estamos dándoles resultados a las víctimas, que es lo que nos interesa.

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Muchas de las víctimas de estos crímenes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos que luego le contaron a la JEP. También la imputación menciona casos de menores violadas en la guerrilla y que luego murieron en enfrentamientos. ¿Cómo hacer efectiva la justicia en escenarios como estos?  

Desafortunadamente en la justicia ordinaria estos procesos no se movían. Tantos casos, delitos y procesos hacían que esto no avanzara con la fluidez que las víctimas esperaban. La ventaja de tener una jurisdicción especial es que solamente se enfoca en las competencias que son asignadas. En este caso, en la investigación de delitos cometidos en el marco y en el curso del conflicto armado. Ahí hay un avance porque las tasas de impunidad en la justicia ordinaria son prácticamente del 90%. 

Hemos esclarecido muchas de esas conductas que estaban archivadas, llenas de polvo en diversos anaqueles de la judicatura. Es una tarea bastante dispensa desde el primer momento de ir a buscar expedientes hasta superar ese 90% de impunidad en la justicia ordinaria. El trabajo es eficiente en la medida en que por primera vez le estamos dando una verdad a las víctimas y estamos llamando a rendir cuentas a sus responsables. Nosotros le estamos poniendo rostro a eso que desafortunadamente la justicia ordinaria no investigó. Le estamos dando voz a esa persona fallecida para contar su historia. 

Comparecientes y víctimas en este caso han sido objeto de amenazas por las que, incluso, tuvieron que anonimizar sus nombres en la imputación y eso muestra el contexto de violencia que persiste en el país. ¿Cómo seguir administrando justicia en medio de la guerra sin perder el ánimo en el intento?

Es un trabajo difícil porque las propias víctimas se muestran a veces temerosas o cautelosas de poder asistir a cualquier diligencia de la JEP y en los territorios eso se sabe. Es impresionante cómo hay ojos por todos lados y eso hace que las investigaciones sean más difíciles. En el marco del caso 05 tenemos una medida cautelar de protección a las víctimas que justamente le está exigiendo al Estado colombiano mayores medidas de protección frente a la población civil. 

Uno de los principios constitucionales de la JEP es tener una garantía de no repetición para que todo eso que han vivido no lo deban seguir viviendo. En noviembre estamos planeando hacer una audiencia de seguimiento a propósito de la llegada del nuevo gobierno, en la medida en que las víctimas nos exigen la presencia del Estado. Por otro lado, ya radicamos una imputación contra miembros de la fuerza pública, que en este momento está en revisión, para darle un debate serio como todos los de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

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