El juicio por el asesinato de tres lesbianas cometido en 2024 en Buenos Aires, y que causó una gran conmoción en Argentina, comenzó este lunes con un único acusado: Justo Fernando Barrientos, quien podría recibir una condena histórica si la Justicia determina que se trató de un crimen de odio.

El tribunal juzga el ataque ocurrido en la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas, donde convivían dos parejas de mujeres lesbianas.

Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba casera tipo molotov contra la habitación donde dormían las víctimas, lo que provocó un incendio que dejó tres mujeres muertas y una sobreviviente con graves secuelas.

Pamela Cobbas (52 años), Roxana Figueroa (52) y Andrea Amarante (42) murieron a causa de las graves quemaduras, mientras que Sofía Castro Riglos (51) sobrevivió con importantes heridas que la obligaron a permanecer hospitalizada durante varias semanas y que le dejaron secuelas hasta hoy.

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Barrientos, de 69 años y encarcelado en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, está acusado de “triple homicidio agravado cometido por odio de género y por la orientación sexual de las víctimas”, además de tentativa de homicidio en el caso de la sobreviviente.

Por ello, la acusación pide prisión perpetua.

Durante la primera audiencia, celebrada este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 leyó los cargos contra el acusado, quien vivía en una habitación del mismo hotel donde residían las víctimas cuando ocurrió el ataque.

En este caso se presentan como querellantes representantes de familiares de las fallecidas, la defensa de Sofía Castro Riglos y organizaciones defensoras de la diversidad sexual y de género, como la Federación Argentina LGBT (FALGBT), que buscan que este hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.

Más de veinte testigos, entre vecinos, policías y peritos, fueron convocados a declarar en un proceso que podría extenderse hasta el próximo mes de julio.

Castro Riglos no dará testimonio en esta etapa por recomendación médica debido a las secuelas físicas y psicológicas del ataque.

Acciones de apoyo

Con motivo del inicio del juicio, organizaciones feministas, LGBTIQ+ y defensoras de derechos humanos realizaron este lunes una jornada de protesta y acompañamiento frente a los tribunales, convocada por la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más.

Miriam Djeordjian, vocera del colectivo, dijo a EFE que el juicio “es contra todos los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+” y destacó que las querellas lograron que el proceso incorporara los agravantes de odio por orientación sexual y violencia de género para “poder categorizar como lesbicidio este crimen”.

La activista añadió que el ataque ocurrió en un contexto de “discursos de odio” y vinculó el caso con expresiones públicas contra la diversidad, a pocos meses de la llegada de Javier Milei a la Presidencia y del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Parte de este odio instalado es el que habilita y corre los límites para que un Fernando Barrientos se anime a tirar una bomba molotov y asesinar a cuatro lesbianas por ser lesbianas”, concluyó Djeordjian.

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Imaginemos a una persona trans que el 17 de mayo de 2026 entra a una EPS en Bogotá y pregunta por un proceso de afirmación de género. En la ventanilla o durante la consulta, puede encontrarse con una respuesta conocida: antes de acceder al cuidado, su identidad debe pasar por valoraciones, diagnósticos o certificaciones que traduzcan su vida al lenguaje clínico. Mientras espera, ve en una pantalla institucional un mensaje celebrando el Día Internacional contra la LGBTIfobia. La escena parece contradictoria, pero en realidad describe con precisión el problema que queremos nombrar: el Estado puede conmemorar la diversidad, publicar comunicados y hablar de inclusión, mientras sus propios sistemas siguen clasificando a las personas trans bajo categorías que arrastran una larga historia de patologización.

El 17 de mayo no es una fecha cualquiera. Ese día recuerda una decisión histórica: el 17 de mayo de 1990, durante la 43ª Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades mentales. Años después, esa fecha fue propuesta como un día internacional contra la homofobia y, con el tiempo, amplió su lenguaje para nombrar también la transfobia y la bifobia. Esa ampliación fue necesaria, pues permitió reconocer violencias que durante mucho tiempo fueron ignoradas, minimizadas o tratadas como asuntos secundarios dentro de las agendas de derechos humanos. Sin embargo, entre el origen histórico de la fecha y la forma en que hoy suele conmemorarse hay una diferencia que pocas veces se discute. El punto de partida del 17 de mayo no fue solamente una pregunta sobre el odio, sino también una pregunta sobre la clasificación: ¿con qué autoridad la medicina, la ciencia y el Estado nombran como patológica una parte de la diversidad humana?

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Esa pregunta sigue abierta para las personas trans. Cuando el debate se reduce a la LGBTIfobia como rechazo individual, los responsables parecen estar en todas partes y en ninguna: el agresor anónimo, el familiar que discrimina, la sociedad que excluye o el funcionario que reproduce prejuicios en la atención cotidiana. Todo eso existe, debe ser nombrado y no puede minimizarse. Pero, cuando la pregunta se desplaza hacia la patologización, los responsables dejan de ser únicamente individuos y empiezan a aparecer con más claridad las instituciones, los manuales diagnósticos, los sistemas de codificación, las rutas de atención y las decisiones administrativas que definen quién entra al sistema, bajo qué categoría, con qué requisitos y con qué consecuencias. La primera pregunta permite campañas, comunicados e izadas de bandera; la segunda exige modificar la arquitectura del Estado.

Colombia está en un momento clave para hacerse esa pregunta. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, conocida como CIE-11, y allí las categorías asociadas a las experiencias trans dejaron de estar ubicadas en el apartado históricamente usado para patologizar la diversidad de género y pasaron a un capítulo sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. No se trata de una despatologización plena, pues muchas organizaciones y activistas trans han señalado que mantener estas categorías dentro de una clasificación de salud sigue siendo problemático. Aun así, representa un avance frente a la CIE-10, que clasificaba las experiencias trans bajo códigos diagnósticos F64, una nomenclatura explícitamente patologizante. Colombia ya adoptó formalmente la CIE-11 y se encuentra en un proceso de transición. Esto es relevante, pero también obliga a reconocer que la adopción formal de una nueva clasificación no transforma automáticamente las prácticas del sistema de salud. Mientras los registros, los reportes, los formularios y las rutas clínicas sigan funcionando con lógicas heredadas de la CIE-10, la vida de muchas personas trans seguirá entrando al sistema por una puerta estrecha: la del diagnóstico.

Ese es el punto que no puede perderse en la conmemoración del 17 de mayo. La discusión no es solo si el país usa una sigla más amplia, si publica comunicados más incluyentes o si reconoce simbólicamente la diversidad, sino si las instituciones que organizan el acceso al cuidado han dejado realmente de tratar la existencia trans como un problema clínico que debe ser certificado antes de ser atendido. En otras palabras, la pregunta no es únicamente si el Estado condena la transfobia en sus discursos públicos, sino si sus sistemas de salud, información y protección social han dejado de producir formas de patologización que afectan la vida concreta de las personas trans cuando intentan acceder a servicios, reclamar derechos o ser reconocidas en sus propios términos.

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El CONPES 4147, aprobado en 2025 como Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, fue presentado como un hito importante y su existencia debe ser reconocida. Sin embargo, una política de derechos no puede quedarse en el lenguaje general de la inclusión ni limitarse a diseñar lineamientos amplios sobre eliminación de barreras,. También puede intervenir los mecanismos concretos que producen exclusión: las rutas de atención, los requisitos administrativos, los sistemas de información, los diagnósticos que habilitan o bloquean servicios, y las categorías con las que el Estado decide quién aparece y cómo aparece. En salud, esto significa que la transición a la CIE-11 debe estar acompañada de lineamientos claros para la práctica clínica, formación del talento humano, criterios de interoperabilidad entre sistemas y una revisión seria del lugar que ocupa el diagnóstico psiquiátrico en el acceso a servicios de afirmación de género. De lo contrario, el país puede tener una política pública avanzada en el papel y una experiencia cotidiana profundamente patologizante en la consulta.

Por supuesto, la violencia tampoco puede separarse de esta discusión. En 2024, Caribe Afirmativo reportó 164 homicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 52 casos en el mismo período. La diferencia entre ambas cifras no es solo un problema metodológico ni una disputa entre fuentes, sino una señal de algo más profundo: los sistemas del Estado todavía tienen dificultades para reconocer, clasificar y contar adecuadamente las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans. Esa brecha entre fuentes es una forma concreta de injusticia estadística. No porque los datos, por sí solos, salven vidas, sino porque organizan prioridades, recursos, respuestas institucionales y memoria pública. Cuando una población aparece mal clasificada en los sistemas de salud y mal contada en los registros de violencia, queda atrapada entre dos formas de borramiento: una que la reconoce como condición clínica y otra que no logra registrar plenamente los daños que enfrenta.

Por eso, conmemorar el 17 de mayo desde una perspectiva de justicia estadística implica algo más exigente que rechazar el odio. Implica preguntar quién aparece en los sistemas del Estado, bajo qué nombre, con qué categoría, en qué capítulo, con qué riesgo de exposición y con qué consecuencias para su acceso a derechos. No se trata de volver al 17 de mayo de 1990 ni de negar la importancia de nombrar la homofobia, la transfobia y la bifobia. Al contrario, se trata de recuperar la pregunta incómoda que hizo posible esa fecha: la pregunta por el poder de las instituciones para definir qué vidas son consideradas normales, cuáles son tratadas como desviación, cuáles son protegidas, cuáles son apenas toleradas y cuáles siguen siendo obligadas a traducirse al lenguaje del diagnóstico para poder acceder al cuidado.

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Las personas trans no necesitan que los datos les digan quiénes son. Lo saben y lo han sabido siempre. Pero sí necesitan que los sistemas de salud, justicia, protección social y registro público dejen de traducir su existencia a categorías que las patologizan, las exponen o las borran. Precisamente, esa es la apuesta de la justicia estadística que proponemos desde la Liga de Salud Trans: el derecho a ser reconocidas en los sistemas del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de la sociedad. Y esa es, quizá, la pregunta que el 17 de mayo todavía nos debe: no solo contra qué odio luchamos, sino bajo qué categorías nos clasifica el Estado mientras dice celebrar nuestra existencia.

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Imagínese despertar y revisar el celular antes de salir de la cama porque durante la noche pudieron publicar su foto sin permiso. Abrir sus redes sociales para comprobar si aparecieron nuevos insultos. Encontrarse con personas desconocidas opinando sobre si usted merece existir, trabajar, amar o caminar con tranquilidad por la calle. Luego, antes de salir de casa, tener que hacer cálculos que otras personas no suelen hacer. Pensar qué ropa ponerse para evitar miradas y no llamar “demasiado” la atención, o evitar agresiones. ¿Camisa ajustada o de colores llamativos? ¿Falda o pantalón? ¿Maquillaje o mejor no? Pensar dos veces si vale el riesgo darle la mano a su pareja en la calle. Medir lo que dice, la voz, los gestos y la manera de caminar.

Eso es lo que intenta retratar el informe “Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, de Caribe Afirmativo, que expone la situación de derechos humanos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Durante 2025, se reportaron 270 homicidios y feminicidios en el país. Es decir, cada 32 horas una persona fue asesinada. Pero detrás de esa cifra hay mañanas como esta. Personas que salieron temprano a trabajar, tomaron un bus, respondieron mensajes, hicieron mercado o volvieron tarde a casa intentando esquivar las múltiples formas de violencia que enfrentan a diario.

Es en esa cadena de agresiones donde el documento habla de la “arquitectura de la violencia”. Para una persona diversa, no inicia ni termina con las agresiones físicas o el homicidio. Empieza desde el rechazo familiar, la discriminación cotidiana, las amenazas digitales, los entornos hostiles y la incapacidad institucional para proteger a quienes siguen viviendo en mayor riesgo.

Por ejemplo, al interior del hogar, se reportaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar durante el año. Del total, 469 víctimas fueron mujeres lesbianas y 458 mujeres bisexuales, es decir, más del 60 %. Asimismo, se registraron 399 casos contra hombres gais, 109 contra hombres bisexuales, 15 contra mujeres trans, 16 contra hombres trans y 3 contra personas no binarias. En este escenario, se evidencia que el hogar se configura como el primer espacio de “castigo” frente a orientaciones sexuales e identidades de género que rompen expectativas tradicionales. Cada día se presentan al menos cuatro casos.

“La familia, el hogar, los espacios afectivos, son los espacios seguros que tenemos. Siempre hemos considerado, desde una visión tradicional de la violencia, que la violencia está de las puertas de la casa hacia afuera. Y el informe lo que revela es que en este país los hogares son lugares inseguros para las personas LGBTIQ+. Esos casos de violencia intrafamiliar, la mayoría de los agresores son padres, madres, tíos, abuelos, abuelas y, en algunos casos, compañeros o compañeras permanentes”, dice Wilson Castañeda, politólogo, filósofo y director de la organización, en conversación con El Espectador.

Ese ambiente hostil empieza a construirse antes de cualquier agresión física o verbal. En una madre que deja de hablarle a su hija cuando descubre que tiene novia. En un adolescente que aprende a borrar conversaciones antes de prestar el celular. En una mujer trans que termina durmiendo en otro lugar porque ya no puede volver a su casa. Cuando la violencia escala, denunciar tampoco es fácil, porque implica señalar a personas cercanas y enfrentar nuevas formas de rechazo. Por eso, advierte Castañeda, muchos casos nunca llegan a las instituciones o quedan fuera de los registros oficiales.

Fuera del hogar, la violencia no desaparece. Las amenazas y los hostigamientos ocuparon el segundo lugar entre las principales violencias contra personas LGBTIQ+, con 1.184 casos durante el año. Para la organización, este tipo de agresión tiene una dimensión particular porque busca alterar la vida cotidiana de quien la recibe. “Su capacidad para restringir movimientos, generar desplazamientos forzados y profundizar la vulnerabilidad demuestra que este fenómeno actúa no solo como antesala de agresiones más graves, sino como un daño autónomo que produce efectos inmediatos en la vida de quienes lo padecen”, se lee en el documento.

Ese impacto se vuelve aún más alarmante en las vidas de personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+, pues se registraron al menos 80 amenazas de muerte directas. Las mujeres bisexuales concentraron 22 casos, seguidas por mujeres trans con 21, mujeres lesbianas con 16, hombres gais con 7, hombres bisexuales con 6 y personas no binarias con 4 casos. “Es una antesala para violencias más letales”, asegura el director. Detrás de esos mensajes hay vidas que empiezan a reorganizarse alrededor del miedo. Personas que dejan de asistir a reuniones, cambian de barrio, cierran redes sociales o dejan de ejercer su liderazgo con la intención de reducir sus niveles de exposición.

Sin irse muy lejos, la violencia también está en la palma de la mano: en el celular y en el mundo digital. La exposición forzada de identidades, el hackeo de cuentas, la divulgación de datos personales, las amenazas, la “sextorsión” y la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento hacen parte de las agresiones. “Las redes sociales y plataformas digitales funcionan hoy como escenarios de producción y legitimación del prejuicio”, señala el informe.

Según el politólogo, varios de los casos comenzaron justamente ahí. “Las víctimas fueron contactadas por los victimarios a través de redes sociales. Algunas de las tentativas de homicidio y feminicidio y algunos de los casos de agresiones físicas empezaron a revelarse en las redes”, afirma. Entonces, las plataformas digitales aparecen como una extensión de esas violencias que ya atraviesan el espacio público y privado. Lugares donde las personas LGBTIQ+ reciben insultos y amenazas, pero donde también pueden ser ubicadas, expuestas y puestas en riesgo.

En cuanto a la violencia sexual, se rastrearon 628 casos, siendo las mujeres lesbianas y bisexuales las más afectadas, con un 60 %. “En este nivel, la violencia adquiere una dimensión particularmente grave, donde se causa daño y se reafirman jerarquías de género y sexualidad. En muchos casos, opera como una forma de castigo frente a identidades percibidas como desviadas, especialmente en personas trans y hombres gais”, señala la organización. Frente a esto, Castañeda explica que la violencia sexual aparece cargada de sevicia y crueldad porque, además de agredir el cuerpo, busca marcarlo, someterlo y enviar un mensaje simbólico sobre lo que la sociedad considera “aceptable” o “intolerable”.

Pero no termina ahí. A ese “continuum de violencias” se suman 360 actos discriminatorios, que van desde la negación de servicios, trato diferencial, expulsión de espacios, hasta barreras institucionales que afectan la vida de las personas LGBTIQ+ y “establecen las condiciones para que otras violencias ocurran”. El director sostiene que la discriminación en entornos cotidianos y por parte de las instituciones es el punto de partida de todas las violencias ya descritas. “No son hechos marginales ni simbólicos: son la expresión cotidiana de un orden social que excluye, degrada y limita el acceso a derechos”, dice.

Por otro lado, el informe incluye además 108 casos de violencia policial, 17 de desaparición forzada, 10 de trata de personas y 3 de reclutamiento forzado. En total, la organización registró más de 4.000 hechos de violencia contra personas LGBTIQ+ durante 2025. Detrás de esas cifras hay una sensación de frustración e impotencia que, según Castañeda, se repite entre víctimas y organizaciones sociales: “Quienes son receptoras de esta violencia tienen un profundo nivel de frustración, y quienes acompañamos a las víctimas tenemos un fuerte sentimiento de impotencia porque sentimos que, más allá de los compromisos, más allá de las tareas que se asumen, el Estado ha fallado en materia de proteger los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Para Castañeda, una de las mayores preocupaciones es que los patrones se mantienen casi intactos desde hace más de dos décadas. Las formas de violencia siguen apareciendo bajo el mismo patrón: ataques con arma blanca, altos niveles de sevicia, violencia sexual, mayor afectación contra personas trans y agresiones concentradas en determinados horarios y espacios. “Llevamos más de 20 años dando cuenta de unos patrones criminales que son propios de la violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, y el Estado solo aparece cuando la persona está asesinada, agredida o amenazada. Es un Estado que sigue actuando cuando se viola el derecho, pero no logramos tener un Estado que aparezca para prevenir”, afirma.

Y en medio de esa ausencia que denuncian, también se menciona la falta de un “sistema confiable” que registre y haga seguimiento a los casos, pues muchos quedan por fuera de las estadísticas. “Presentamos más de 160 derechos de petición a entidades como la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, Policía Nacional y personerías territoriales. Varias entidades presentaron limitaciones significativas para identificar y registrar adecuadamente las violencias contra personas LGBTIQ+; más de 20 derechos de petición nos los entregaron con información inconclusa, contradictoria e incluso victimizante”, concluye Castañeda.

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Aurora H. Camero aprendió a reconocerse cuando ya no todo se trataba de sobrevivir. Migró de Colombia a España a los 18 años y, en medio de jornadas de hasta diecisiete horas y días sin pausa, la escritura emergió como un refugio para ella. “Hay muy poco espacio para la ternura y la exploración de la identidad desde la tranquilidad”, dice.

Su voz aparece en un momento en el que los discursos contra las personas con identidades de género diversas y migrantes han ganado fuerza en el panorama nacional e internacional. Por lo que hacerse un lugar en la cultura deja de ser una búsqueda individual. Para ella, la escritura también es una forma de cuestionar cómo se habla de las personas LGBTIQ+ y desde dónde son leídas.

Entre la migración y la necesidad de nombrarse en sus propios términos oscila su historia. Como mujer trans, lesbiana y escritora, su proceso no se limita a su identidad de género como lo único que tiene por contar. Pasa por el cuerpo, por el deseo, por la posibilidad de imaginar una vida que no esté definida por las expectativas de la sociedad y por los lugares que históricamente se les han asignado a las personas con experiencias de vida trans.

Nacida en Bogotá, artista multidisciplinar, escultora y collagista, llegó a la escritura casi como una extensión de ese proceso. Hace cinco años decidió asumirla de manera formal. Su primer libro, Violeta (2024), empezó como un borrador y terminó convirtiéndose en un punto de partida hacia la poesía: “En los momentos en donde yo no sabía si estaba muy segura de los pasos que estaba dando en mi transición, en donde no me encontraba a gusto, porque igual se vivía mucha violencia externa, la poesía siempre era el lugar al que decía: si yo he escrito estas cosas, algo de verdad tiene que tener para mí”.

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Fue con ese conjunto de poemas que obtuvo el accésit del premio Ana Santos Payán y forjó su camino como escritora. “Violeta lo convertí como en una especie de mitología, porque yo quería demostrar que una puede enunciarse desde un lugar que no es el que se nos obliga”, cuenta a El Espectador.

En sus páginas aparecen la infancia, el deseo, la ternura, el dolor, la relación con el propio cuerpo y la búsqueda de un lugar en el cual vivir sin estar en constante resistencia o en modo de “supervivencia”. “Siempre nos tenemos que enunciar desde lo biográfico trans, como si ser trans, a través del filtro del capitalismo, fuera ser cantante, modelo y actriz, como lugares en donde el patriarcado termina empujando nuestros cuerpos a un consumo que nosotras no hemos elegido”, afirma. La idea de lo “mitológico” es una manera de confrontar los relatos sobre la diversidad que hoy predominan.

Históricamente, las vidas trans han sido leídas desde marcos estrechos que se repiten una y otra vez: la violencia, la precariedad y la vulnerabilidad. Es una realidad que atraviesa muchas experiencias, pero también un límite cuando se convierte en la única forma de contarlas. En la escritura de Aurora se refleja esa violencia estructural de una forma diferente. “Es como demostrarle también a las opresiones que quieren dirigirnos que yo, desde el lugar desde donde me enuncio, tengo una completa libertad que jamás voy a consensuar con ellos, que jamás voy a poner en la mesa de negociación”, dice.

“Lo que no se nombra sí existe y, de hecho, se muere de ganas de ser nombrado”

Aurora H. Camero

Como migrante, ha tenido que trabajar en otras áreas para mantener su vida y su vocación de escritora. Así como la mayoría de personas que deciden migrar de sus países en busca de mejores oportunidades, se enfrentó a una realidad marcada por la exigencia de producir y en la que hay poco espacio para ser. “Una viene aquí con la expectativa de cambiar sus circunstancias materiales y, de repente, en el viaje, pues olvida también los sueños que hay de por medio”, recuerda. Bajo ese panorama, mantenerse en esa exploración y en la literatura ha sido una forma de resistir.

Sin embargo, en medio de la rutina abrumadora, con el paso de los años ha encontrado espacio en lo colectivo, en la diáspora colombiana LGBTIQ+ en España, y es desde esa experiencia que se dio cuenta de que a través de la poesía podía impactar a más personas y crear nuevos referentes: “La sensación de privilegio que uno siente desde la diáspora hace que una tenga ganas de tender más puentes con el territorio y ya no solo preguntarse cómo pudo haber sido mi vida allí, sino qué puedo hacer desde la vida que he construido aquí para que sea un lugar más habitable para otras hermanas y compañeras trans”.

Es en ese cruce que llega su segunda obra, La vía sutil (2025), donde la atención está puesta en lo afectivo. Allí aparecen los vínculos, el deseo, las relaciones y la necesidad de ser vista. “Yo me moría de ganas de ser vista… si yo me muestro, voy a ser amada”, reconoce. Una realidad que en las narrativas tradicionales, por ejemplo en el cine, ha sido negada para las personas diversas o relegada a espacios ocultos: la posibilidad de amar de forma visible y de construir vínculos profundos.

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La poeta cuenta que en el libro “lo que comenzaba como una especie de frustración a nivel de socialización sexual y afectiva terminó convirtiéndose en todas estas muertes amorosas que también terminaron siendo enseñanzas y lugares donde el cuerpo se ensayaba sin peligro y podía darse a conocer de una forma en donde de pronto antes sentía miedo”.

Así, su escritura le apuesta a otras formas de visibilizar las experiencias de vida trans, formas en las que no desconoce la violencia estructural que recae de manera desproporcionada sobre las personas LGBTIQ+, pero que pone como protagonistas otros aspectos de sus vidas. Para ella, “más allá del envoltorio hay una verdad que está sostenida por un cuerpo que ha sido violentado de forma sistemática, pero que, a pesar de esa violencia, no se cierra. Entonces supongo que lo que ocurre en mi poesía es que hay una voluntad de que la experiencia te atraviese, pero que no quedes intacta”.

Hoy mira en un espejo retrovisor sus dos libros y no se reconoce del todo en ellos; ha cambiado mucho su forma de ver la vida. “Al final estás toda tu vida intentando que la mirada externa se corresponda con la tuya, y pierdes amores, pierdes territorios, cambias tu proyecto de vida mil veces, pasan cosas buenas y cosas malas, pero al final te das cuenta de que la única mirada que te importaba era la tuya”. Se trata de una búsqueda de identidad que todas las personas emprenden en algún momento de su vida.

Con una nueva entrega en camino, Residencia de un cuerpo doloroso, Aurora quiere explorar otro aspecto: la rabia como un acto político. Para ella, es importante experimentarla y reivindicarla, porque es un sentimiento común en quienes han tenido que enfrentar, no por elección, la discriminación. “No quiero deslegitimar esa rabia, porque esa rabia que yo dejé escrita va a ser el lugar de alguien que apenas está empezando a cuestionarse X o Y cuestión y no todo camino empieza lleno de florituras”, aclara. Para ella, sus escritos buscan ser un lugar en el que las personas validen su malestar, porque, de forma individual o colectiva, es un recurso mediante el que se pueden marcar límites y reconocer lo inadmisible.

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Su próxima parada es Colombia. Nuevamente estará en Bogotá, pero esta vez como espectadora y jurado de voces queer emergentes en el arte visual y la poesía. Participará el próximo 4 de mayo en el evento “Plumas en Papel”, una iniciativa que busca relatos honestos sobre lo que significa habitar las identidades diversas. Tendrá lugar en el centro cultural Espacio En Blanco (Cll. 48 # 6-14).

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En Colombia, cuando algo parece imposible y aún así sucede, se recurre al realismo mágico para explicarlo. Algo así ocurrió hace trece años en San Estanislao de Kostka, el municipio con el nombre más largo del departamento de Bolívar. Un pueblo apartado, donde nadie imaginaba que se estaban celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo antes de que existiera la jurisprudencia que lo permitió formalmente. Allí confluyeron probabilidades mínimas: un juez dispuesto a realizar estas uniones porque, él siendo gay, no quería que cuando tomara esa decisión desde el amor, le cerraran las puertas en la cara, y un pueblo lo suficientemente pequeño para quedar fuera del radar institucional.

Pero la historia del juez hacía parte de una lucha más grande. El 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional reconoció de manera definitiva el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Una decisión que fue el resultado de años de litigio, del trabajo de organizaciones sociales, de la presión por parte de las parejas que querían casarse y de jueces que, como él, permitieron que esto empezara a hacerse realidad.

Ese camino no había sido sencillo. Fue apenas en 1981 que las relaciones entre personas del mismo sexo dejaron de ser consideradas delito en Colombia. Once años después, la Constitución de 1991 abrió la puerta de la acción de tutela y con ella la posibilidad de exigir derechos, que se fueron reclamando uno a uno. Tras varios procesos de incidencia, en 2007 la Corte reconoció la unión marital de hecho. En 2011 el alto tribunal estudió el matrimonio igualitario y expresó que estas parejas conformaban familias constitucionalmente protegidas. Por eso le dio al Congreso dos años para legislar al respecto. Si no lo hacía, las parejas podrían formalizar su vínculo ante jueces y notarios.

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El plazo se cumplió en 2013 y, desde entonces, estas uniones quedaron en un limbo. Ninguna ley ni sentencia decía explícitamente que podían casarse, pero existía un antecedente que lo sugería. Fue entonces cuando algunos jueces y juezas, concentrados principalmente en Bogotá, empezaron a estudiar la sentencia y a hacer sus propias interpretaciones para celebrar lo que en ese momento se empezaba a llamar “matrimonio igualitario”.

Mientras ocurría todo lo anterior, Carlos Eduardo García Granados, un juez en Bolívar, seguía de cerca lo que estaba pasando. No solo por el ruido mediático, sino porque sus colegas, con quienes tenía una relación cercana, ya estaban en aprietos por haber decidido casar parejas del mismo sexo. Recuerda el caso de Juan Carlos Cerón, el primer juez en Colombia en casar a una pareja homosexual y denominarlo matrimonio en el acta, razón por la cual fue cuestionado. O el de Julio González Hoffman, un juez en Gachetá, Cundinamarca, que casó a una pareja de mujeres y terminó enfrentando una tutela para anular el matrimonio y, además, una investigación que casi le cuesta el puesto.

La Procuraduría, dirigida en ese entonces por Alejandro Ordóñez, tenía los ojos puestos en el tema. “La problemática que se estaba presentando era que remitieron una circular al Consejo Superior de la Judicatura para que nosotros informáramos de las solicitudes de matrimonio igualitario que estuvieran siendo radicadas en los diferentes despachos judiciales”, relata Carlos García en entrevista con El Espectador.

Pese a esa presión, se preguntó por qué no hacerlo él también. Tenía colegas heterosexuales que admiraba y que, por pura convicción, se habían puesto a “coger el toro por los cuernos” para apoyar a la población LGBTIQ+. Desde que se hizo esa pregunta decidió estudiar el tema y hacer las consultas jurídicas necesarias. Y, por un impulso propio, decidió publicar un trino en Twitter (ahora X) anunciando que, si llegaba una solicitud de matrimonio igualitario a su despacho, la celebraría.

“Yo dije que le iba a llamar matrimonio porque eso era. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese contrato innominado que algunas notarías estaban sugiriendo no me parecía la solución”, dice. Los contratos innominados eran una figura que el Colegio de Notarios había creado para cumplir el pronunciamiento de la Corte sin usar la palabra matrimonio, pero sin brindar certeza sobre el tipo de unión que generaban. “A veces los actos de discriminación no tienen que ser un golpe o una amenaza. Incluso no llamar a las cosas por su nombre es un acto discriminatorio”, pensó en ese entonces.

Fue así como Colombia Diversa y Dejusticia, organizaciones que litigaban y se movilizaban por el matrimonio igualitario, encontraron a García. Él estaba dispuesto a unirse a los no más de cuatro jueces en el país que querían casar parejas del mismo sexo. García había llegado a San Estanislao de Kostka en 2011 casi por azar: era la plaza más cercana disponible tras ganar un concurso de méritos. Todas las mañanas salía de Cartagena, lugar donde vivía y, recorría una hora y veinte minutos en lo que él llama “troncomóviles”, esos buses destartalados que conectan la ciudad con los pueblos de Bolívar.

Sus primeras impresiones del municipio fueron varias. El nombre era tan difícil que se enredaba al pronunciarlo. Era conocido por sus inundaciones, sus problemas de electricidad y sus carencias. “De los municipios que entran a la lista de los olvidados, lo que entre sátira se llama la Colombia profunda”, recuerda con risas. Pero también descubrió que allí la gente se cuidaba entre sí, que si alguien estaba en aprietos aparecía una mano tendida. Y eso se reflejó en que ninguna de las personas que se casaron allí fue objeto de discriminación o amenazas.

Así, quienes quisieran celebrar un matrimonio igualitario tendrían que viajar hasta San Estanislao de Kostka para que García los casara. A todo eso él lo bautizó “Operación Macondo”. El nombre no era por casualidad; él es magdalenense como Gabriel García Márquez, y hasta comparten el apellido sin tener parentesco alguno. “Entonces sí había un poquito de realismo mágico, o trágico, depende cómo quiera interpretarse, ver a la gente montarse en esos buses llenos de gallinas y cosechas para ir a casarse”, cuenta. Las parejas planeaban el viaje desde Cartagena, tomaban buses para ir por rutas apretadas y seguían las instrucciones hasta encontrar el único juzgado del pueblo, conformado por la secretaria, la escribiente, la señora de servicios generales y él.

El primer matrimonio fue el 28 de octubre de 2013, un día después de su cumpleaños. Ese lunes, García recuerda que llegaron dos parejas de mujeres que, tras un largo viaje, encontraron una oficina pequeña y una torta que las esperaba en medio del escritorio, llevada por él. Una tradición que repetiría cada vez que llegara una pareja del mismo sexo. “Para nadie es un secreto que ir a un juzgado es una cosa súper tediosa. Irónicamente, una de las únicas diligencias bonitas que se puede hacer es un matrimonio, porque es el momento en que dos personas deciden unir sus vidas”, comenta. Una unión que celebraba con más razón porque eran personas que, pese a la persecución y los largos desplazamientos, habían decidido hacerlo.

De esos matrimonios, García guarda muchas historias. Parejas que, cuando casó, no imaginaba que hoy llevarían más de una década juntas y a quienes él mismo les ha escrito para felicitarlas. Recibió parejas como la de Amanda y Amparo, que habían convivido más de treinta años cuando llegaron al juzgado. Una de ellas tenía un cáncer muy agresivo, pocos recursos y un único deseo pendiente. “Poder ver que ella fue muy feliz de decirle ‘sí, quiero’ a la mujer que amó toda su vida fue una experiencia de verdad enternecedora”, recuerda. Amparo falleció en 2015, pero cuando salió la sentencia que permitió el matrimonio igualitario, su pareja le escribió para agradecerle, “’Juez, muchas gracias por habernos permitido este sueño’. Y con eso me quedo”, relata.

También recuerda la vez que tuvo que pedir prestada la oficina de un colega en Cartagena porque, justo el día que llegaba una pareja desde Bogotá, el techo del juzgado se había derrumbado. Necesitaba una sala de audiencias y su amigo se la prestó, sin saber exactamente para qué. “Apenas se enteró, casi me excomulga. Me dijo de todo, que cómo era posible que yo había contaminado su juzgado con el matrimonio de dos hombres. Me aguanté como 20 minutos de regaño. Unos regaños que yo pensaba que solo le escuchaba a doña Mirta Elena, mi mamá”, dice entre risas. Esa pareja hoy lleva doce años casada.

También recuerda haber casado a un colombiano y un austriaco, uno de ellos profesor en Bogotá y el otro, como lo describe García, “un hombre de ojos azules, rubio, alto. Un portento made in Austria”. Recordaba con humor la escena del extranjero subiéndose a uno de los troncomóviles para llegar hasta San Estanislao. Al final llegaron, se casaron y se convirtieron en una pareja más de la que García se siente orgulloso.

Entre 2013 y 2015, García casó 31 parejas del mismo sexo. Llegaban desde todos los rincones del país: Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila, dispuestas a recorrer lo que fuera para encontrar a ese pequeño juzgado en Bolívar. Recuerda haber casado más mujeres que hombres, y que la mayoría llegaba con años, a veces décadas, de convivencia a cuestas.

Y aunque hizo todo eso, era una historia que no podía contar. Mientras sus colegas ocupaban titulares y eran reconocidos como los primeros jueces en casar parejas del mismo sexo, él permanecía en silencio. Si la historia se volvía noticia, identificarían el juzgado, irían contra los matrimonios que había celebrado y contra él. Sus colegas le recordaban que entre todos esos reconocimientos faltaba su nombre, pero él siempre respondía lo mismo: “si yo salgo en esa historia, se acaba la única plaza”.

“Ahí me di cuenta que las pequeñas revoluciones también importan en el derecho. Yo no necesitaba hacer un gran activismo o estar en una marcha, aunque no niego que también es importante marchar en algunas ocasiones. Pero podía ser una revolución muy silenciosa, y lo logré. Siento que hice un buen trabajo. Años después me enteré de que parte de lo que movió la balanza entre los magistrados [de la Corte Constitucional] fue saber que había un juez más, distinto a los que habían acudido a la audiencia, como el doctor Cerón, González, como la doctora Garay, que había casado parejas sin ningún problema”, sostiene.

Y, justo como lo temía, así terminó su “Operación Macondo”. Asegura que cuando la Revista Semana publicó la primera nota sobre su labor, empezó la persecución. “A mí también me presentaron denuncia disciplinaria. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría de la Corte hubiera votado de otra forma? Me hubiera tenido que presentar a la Fiscalía como el prevaricador más grande de Colombia, porque ya había casado 31 parejas” dice. La absolución llegó en 2019, cuando la Comisión de Disciplina archivó la queja.

Recuerda haber sentido una lucha interna entre la intimidación y el alivio de haberle abierto las puertas de la justicia a personas que nunca antes habían tenido esa oportunidad. “Yo creo que cada que la oficina de registro iba a registrar un matrimonio, dirían: otra vez a Estanislao. ¿Qué tiene San Estanislao que no tiene otro pueblo? Lo que tenía era un juez progresista, así de simple”, comenta.

Su último matrimonio lo hizo con miedo. Ya tenía los ojos encima y temía que llegaran a interrumpir la ceremonia, así que recuerda haberlo realizado a toda velocidad, como quien lee los términos y condiciones de un producto, para terminar cuanto antes y que quedara formalizado. Fue el 10 de diciembre de 2015, una fecha que no escogió al azar: ese mismo día celebraba 11 años de haberse graduado como abogado de la Universidad de Cartagena. Fue la despedida de los matrimonios igualitarios y del municipio.

Curiosamente, García hoy se desempeña como juez de familia en Cartagena y ya no oficia matrimonios, sino divorcios. Y justo en este momento de su vida recuerda una advertencia que siempre le hacía a las parejas que casó. “Ustedes se pueden pelear y todo lo que quieran, pero no se les ocurra llevarme su demanda de divorcio a mi juzgado, porque tanto nos costó poderlos casar”, narra. Diez años después, sigue invicto. Ninguna de esas parejas ha llegado a su despacho a divorciarse. Y eso, dice, lo tiene muy feliz.

El juez habla con la certeza de quien sabe que el tiempo le dio la razón. Dice que tiene la conciencia tranquila y que, si le preguntaran a su versión más joven, esa que apenas estaba eligiendo una carrera profesional, si volvería a dar los mismos pasos, respondería que sí. De hecho lo haría con más convicción, porque ya sabría cómo termina la historia. “La historia concluye con que la Corte Constitucional nos da la razón. Yo estaba poniendo en juego mi propia carrera, me la aposté el todo por el todo. Y cuando te dicen que la tuya fue la interpretación correcta de la Constitución, pues es un orgullo que no puede pasar desapercibido”, concluye.

Recuerda sus clases de derecho en la universidad, cuando le enseñaron el matrimonio desde Roma, el Código de Napoleón o cómo lo adaptó Andrés Bello en el siglo XIX. “Pero poder decir que ayudaste a cambiar la historia del matrimonio en Colombia en el siglo XXI, no todo el mundo lo puede decir. Lo podemos decir cuatro jueces”. Y analiza la necesidad de empezar a mirar otras regiones que tienen la capacidad de hacer cambios. “Normalmente el grueso del activismo viene de Bogotá, de Medellín, de Cali. Pero también podemos hacerlo desde uno de los pueblos más ignorados de Bolívar”, dice García.

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En Colombia, una app de citas y una organización social de base comunitaria se unieron para ofrecer información y servicios de salud sexual a la población LGBTIQ+. La alianza es entre Grindr, la plataforma que se autodenomina “el barrio gay digital”, y Red Somos, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva.

La estrategia se llama “Conectadxs en Red” y ofrece servicios de salud sexual que incluyen prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH e ITS, asesoría psicológica y jurídica, grupos de apoyo, especialmente para personas que viven con VIH, identificación de barreras de acceso a la salud e incluso recomendaciones de seguridad para el uso de la aplicación.

Dentro de la aplicación, la herramienta se integra al recorrido habitual de quienes usan la aplicación. Al entrar, se activan mensajes sobre cuidado en salud dirigidos a personas LGBTIQ+, ubicados en la misma interfaz donde circulan las interacciones. Desde ahí se abre un primer punto de contacto.

Al darles clic en la campaña, la persona pasa a un chatbot en WhatsApp, donde puede contar lo que le ocurre y recibir orientación inicial. Si el caso requiere un acompañamiento más específico, la conversación pasa a un “cibereducador”, un asesor en línea de Red Somos que activa la ruta de atención y puede indicar si la persona debe acudir a un centro médico o si puede acceder a algún servicio desde la organización.

“El servicio que no se tenga desde Red Somos lo podemos canalizar para que puedan acceder a él”, explica Harry Martínez, coordinador de la estrategia de Cibereducador de Red Somos, en entrevista con El Espectador. Además, señaló que se trata de un proyecto que se viene implementando desde 2022, pero que ahora busca impactar a más personas a través de Grindr.

Martínez cuenta que, cuando el programa aterrizó en la app de citas, esperaban recibir sobre todo consultas de educación sexual, pero en realidad la mayor demanda ha estado en temas de salud mental. “Han llegado personas diciendo: ‘quiero una cita, quiero hablar con alguien’ y en esos casos hemos brindado espacios de contención y asesoramiento”, añade. Después de estas solicitudes, están las consultas para acceder a la PrEP, un tratamiento preventivo que reduce el riesgo de transmisión del VIH y las solicitudes para realizarse pruebas de ITS.

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“Millones de personas abren Grindr todos los días. Eso nos pone en una posición única: no solo para ayudarlas a encontrarse entre ellas, sino para ayudarles a encontrar atención. En lugar de esperar a que las personas busquen información, la acercamos a donde ya están, dentro de la app, de manera privada y sin juicio. El modelo con Red Somos combina ese alcance digital con cibereducadores y navegadores comunitarios que orientan y refieren a quienes necesitan apoyo”, comenta Paula Bukowinski, Gerente de Relaciones Públicas Corporativas para América Latina de Grindr, en conversación con este diario.

Un servicio en una app que habla de las barreras en el acceso a la salud

Martínez considera que este programa viene a complementar esos espacios de salud hostiles con los que muchas personas LGBTIQ+ lidian. Y es que las barreras pueden ser bastantes: no tener vinculación a una EPS, encontrarse con discriminación y prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género, ser atendidas por profesionales que no tienen en cuenta la atención diferencial, o que les llamen por nombres y pronombres que no corresponden a su identidad. Situaciones que terminan alejando a las personas sexodiversas de buscar ayuda.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, citada en el documento CONPES de 2025 sobre la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, existe una brecha del 1.59 % en el acceso a servicios de salud entre la población que no se reconoce como LGBTIQ+ y la que sí. Una diferencia que se agrava en Regiones con menor presencia institucional del país.

El mismo documento señala que la falta de protocolos de atención diferencial lleva a que las personas LGBTIQ+ tengan que explicarle a los profesionales de salud sus propias necesidades, lo que en sí mismo ya es una forma de victimización. Los prejuicios se traducen en ridiculización, negación de servicios bajo argumentos morales o apelando a la objeción de conciencia, y estigmas sobre su vida sexual, que muchas veces el personal médico reduce de forma estereotipada a la promiscuidad.

Y aunque esto ocurre con frecuencia, según datos del Departamento Nacional de Planeación de 2020, el 55.8 % de quienes perciben discriminación médica no toma ninguna medida, el 19.4 % presenta una queja formal y el 6.5 % deja de usar los servicios de salud.

A esto se suman otras capas de vulnerabilidad, como que las personas LGBTIQ+ migrantes enfrentan dificultades para afiliarse al sistema de salud incluso cuando su situación migratoria está regularizada; las personas intersexuales pueden enfrentar tratos inadecuados frente a sus necesidades específicas; persiste la falta de guías y protocolos para la atención de personas trans; quienes ejercen trabajo sexual y quienes viven en calle tienen barreras adicionales para acceder a servicios, especialmente si son trans.

Y en salud mental, la población LGBTIQ+ presenta altas afectaciones en bienestar psicoemocional que el resto debido discriminación por su orientación sexual e identidad de género.

Esta no es la primera vez que Grindr realiza este tipo de acciones. Según Bukowinski, actualmente cuentan con más de 400 organizaciones colaboradoras en todo el mundo para trabajar temas de salud y derechos humanos “Nosotros podemos llegar a las personas a gran escala, pero llegar a alguien no es lo mismo que ayudarlo. Ahí es donde entran aliados como Red Somos, que tienen la confianza de la comunidad y la experiencia. Lo que nosotros aportamos es el acceso a personas que quizás nunca llegarían a tocar su puerta por cuenta propia”, concluye.

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Cuando la Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión importante, las organizaciones sociales suelen congregarse afuera de las instalaciones para esperar el anuncio. El 28 de abril de 2016, y los meses previos, no fueron la excepción. Por esas fechas se podían presenciar banderas de arcoíris, serenatas, boleros y toda clase de música de amor que recordara que ese cariño también tenía que traducirse en derechos. Garantías que para una pareja heterosexual llegaban automáticamente, pero para las personas del mismo sexo no.

Pero eso cambió con el reconocimiento del matrimonio igualitario que, hace una década, le permitió a las parejas del mismo sexo convertirse en cónyuges y acceder a todos los derechos que se derivan de esa figura. Para entender cómo se logró, hay que remontarse a una historia de conquistas de derechos que se fueron ganando uno a uno hasta armar una base lo suficientemente sólida para tocar lo que el Estado colombiano se resistía a discutir: la conformación de familia.

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En 2007 la Corte Constitucional les abrió las puertas a las personas del mismo sexo para acceder a la unión marital de hecho. Antes de esa fecha, aunque una pareja llevara años conviviendo, el Estado no reconocía nada distinto a una amistad que compartía un techo. Fue un avance importante, pero incompleto. A diferencia de las personas heterosexuales, que podían elegir entre esta opción o casarse, las parejas del mismo sexo solo tenían este camino. Un camino que les dejaba en la categoría de compañeros o compañeras permanentes, no de cónyuges, sin el peso simbólico del matrimonio, sin reconocimiento internacional y con mayores tiempos de espera, por ejemplo, en caso de fallecimiento para liquidar la sociedad patrimonial.

De manera que las organizaciones sociales y activistas no se quedaron de brazos cruzados. “Durante 2007, 2008 y 2009, nosotros litigamos que la salud, que la pensión, que la residencia en San Andrés y Providencia. Hicimos una demanda grandísima que llevó a la C-029 del año 2009. Como la Corte estableció una metodología que decía como usted tiene que ir derecho por derecho, entonces nosotros acumulamos todos los derechos y dijimos bueno, aquí hay 42 leyes, revise todos estos derechos. Pero la Corte seguía manteniendo cerrado el tema de familia”, cuenta Mauricio Albarracín, abogado y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, en entrevista con El Espectador.

Paradójicamente, en 2010 el tema volvió a la mesa, pero no fueron grandes organizaciones sociales ni abogados de larga trayectoria quienes lo pusieron ahí. Fue la ciudadanía de a pie, específicamente estudiantes, quienes decidieron que era hora de abrir el debate sobre el matrimonio para parejas del mismo sexo.

“Hubo un estudiante de Pereira y otro estudiante por acá de Bogotá que demandaron y la Corte devolvió las demandas”, narra Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, en conversación con este diario.

Viendo ese interés de dos jóvenes intrépidos, pensaron que ya era hora. Por eso, Colombia Diversa, Dejusticia y varios investigadores independientes iniciaron un proceso de litigio que presentaron ese mismo año. “Una demanda que tenía más de 70 páginas con unos anexos, de todo. Fue un estudio inmenso el que hicimos”, cuenta Sánchez. Pero reconocer el matrimonio igualitario no era un camino sencillo, porque la Constitución definía esa unión como la celebrada entre un hombre y una mujer, una redacción literal que, según las fuentes consultadas, dificultaba la interpretación para incluir nuevos derechos.

Aún así, quienes presentaron este litigio tenían la esperanza de contar con el apoyo de una Corte considerada progresista, pues en ese entonces estaba construyendo una jurisprudencia sólida en torno a la dignidad humana. Y eso fue lo que pasó en 2011, el alto tribunal reconoció que las parejas del mismo sexo eran familia. Pero, como se trataba también de un asunto relacionado con el estado civil y las relaciones jurídicas, la Corte consideró que debía ser el Congreso de la República quien lo regulara. Determinó que, si en dos años no expedía ninguna norma al respecto, estas parejas podrían acudir ante jueces y notarios para solemnizar y formalizar su vínculo.

“La Corte usó todos los ingredientes del matrimonio sin ponerle esa palabra, para dejar que el Congreso tuviera esa discusión”, recuerda Albarracín.

En ese momento empezó una carrera contrarreloj en el legislativo. Más de cinco proyectos de ley buscaron reconocer a las parejas del mismo sexo, algunos usando la palabra matrimonio, otros apostando por las uniones civiles. En medio de esos debates afloraron también los prejuicios que se usaban para negar este derecho. Como el del ya fallecido senador Roberto Gerlein, quien dijo: “a mi nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres, porque ese homosexualismo no es nada, esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia, pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental”, declaró en noviembre de 2012 en uno de los debates, mientras parejas del mismo que asistían para contar sus experiencias escuchaban.

A esto se sumaban prejuicios como la idea de que el matrimonio igualitario “acabaría” con la familia o traería una supuesta “catástrofe social”. También estaba el argumento de la procreación, usado como si fuera el fin último del matrimonio legal, y que este tipo de uniones debían quedar reservadas a parejas heterosexuales.

“En algún momento estuvieron dispuestos a decir que tuvieran los mismos derechos del matrimonio, pero que se llamara distinto”, dice Sánchez. Por eso resume que, al final, todo quedó reducido a una pelea por una palabra y, tiempo después, a “preocupaciones” por los formularios que solo ofrecían las opciones de cónyuge hombre o cónyuge mujer. “Se pensaba que iba a producir muchos efectos negativos y cuando uno lo empieza a ver, un derecho no genera ningún efecto negativo para nadie, pero sí muchos efectos positivos para eliminación de unas injusticias”, concluye Albarracín.

Luego de grandes discusiones en el Congreso, llegó el 20 de junio de 2013, día en el que se agotó el tiempo sin que ningún proyecto de ley hubiera sido aprobado. Fue entonces cuando los grupos litigantes se pusieron en la tarea de interpretar lo dicho por la Corte y concluyeron que, ante ese vacío legislativo, las notarías estaban obligadas a formalizar y solemnizar el vínculo. Sin esperar mucho más, empezaron a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo en distintas notarías del país.

“Esto no era por activismo, activismo hacíamos las organizaciones, pero la gente se quería casar por amor”, cuenta Sánchez.

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El mismo día que se venció el plazo, hicieron solicitudes de matrimonio visibles en Bogotá, con flores en los juzgados, banderas LGBTIQ+ y parejas rodeadas de cámaras y periodistas que querían registrar los primeros “matrimonios gays” en el país. Pero la jornada terminó siendo un enredo. Algunos jueces rechazaron las solicitudes argumentando falta de competencia, otros las reasignaron aleatoriamente y una notaria optó por un contrato innominado que dejaba a la pareja civilmente unida sin mencionar la palabra “matrimonio”. Ese día, cinco parejas lograron casarse.

La demanda de matrimonios continuó, algunos promovidos por organizaciones sociales y otros protagonizados por personas que se enteraban por las noticias y llegaban por sus propios medios. Ante ese flujo, las notarías inventaron su propia solución: un “contrato sin nombre”, como lo describen las fuentes consultadas, con el que buscaban cumplir el pronunciamiento sin tener que llamarle “matrimonio” a esas uniones.

“Unos contratos innominados que eran súper riesgosos porque en realidad no tenían la facultad para crear un estado civil. No decían cómo se disolvían esos contratos, no decía qué derechos adquirían las personas, ni la Corte les había dado la facultad para que hiciera eso. A nuestro juicio, eso era un engaño”, relata la directora de Colombia Diversa. Añade que no sabían qué nombre jurídico adquirían las personas contrayentes ni qué pasaba con los derechos de una de ellas si la otra fallecía. Incluso, no tenía una tarifa de cobro establecida.

Sánchez narra que las parejas que se rehusaban a aceptar ese contrato empezaron a casarse, pero a escondidas. Algunas se cambiaban de ropa en los archivos del juzgado para no llegar demasiado arregladas, porque si alguien les veía podía avisarle a la Procuraduría. Les pedían que llegaran sin muchos acompañantes para no llamar la atención. Otras personas buscaban el matrimonio de forma urgente porque una de las dos estaba a punto de morir y la única garantía para dejar todo en orden era ese papel.

O como el caso de Jaqueline y Elkin, una pareja de personas trans que logró casarse, pero cuando el juzgado revisó los documentos y se dio cuenta de sus identidades de género diversas, anuló el matrimonio y remitió copias a la Fiscalía para que las investigaran por el delito de falsedad.

Fue así como litigantes y colectivos empezaron a acompañar tanto a las parejas que querían casarse como a los jueces que se encontraban en aprietos por permitirlo. Fue un trabajo notaría por notaría, que además atrajo el ojo público.

“El procurador Alejandro Ordóñez se volvió el inquisidor. Hicieron una estrategia de pedir los datos de todas las parejas del mismo sexo a todos los juzgados, a todas las notarías. El objetivo de la procuraduría era detectar un matrimonio e ir a oponerse, porque el matrimonio de un juzgado es como un proceso civil y uno lo puede reclamar. Entonces ellos se metieron a los matrimonios a litigar e impedir la unión. Y luego, cuando no lograban impedirlos, amenazaban a los jueces, y cuando los jueces no les hacían caso y los casaban, les ponían tutelas. O sea, no era un matrimonio, era como una lucha”, cuenta Albarracín.

La vigilancia de la Procuraduría era tanta que las parejas empezaron a desplazarse a municipios apartados para poder casarse. Fue así como un pequeño pueblo de Bolívar llamado San Estanislao de Kostka terminó convirtiéndose en destino para parejas LGBTIQ+ de todo el país. Allá, el juez Carlos García decidió desafiar la presión y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En ese municipio se celebraron más de 31 uniones durante más de dos años.

Y casi como si se tratara de algo clandestino, cuando en realidad la Corte ya había dejado un precedente, empezó lo que Albarracín describe como una operación. “El juez dijo: mándenme acá a toda la gente que quiera casar, y nosotros mandamos decenas de parejas a San Estanislao. Les decíamos ‘esta es la ruta, va hasta Cartagena, en Cartagena coge una flota, la flota lo lleva hasta San Estanislao’”, y así seguían las instrucciones hasta llegar al juzgado. “Era un municipio pequeño, un juzgado donde solo estaban el juez y la secretaria, donde el juez mismo hacía la torta. Un acto privado, reservado, lejos de la discriminación, donde por fin encontramos refugio”, recuerda.

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Todo lo anterior sucedía mientras los litigios seguían su curso. “Empezamos a tener una alta litigiosidad, porque el procurador le ponía tutelas a los matrimonios, luego el registrador no los registraba, entonces tutela contra el registrador, luego nosotros pusimos una tutela para que el procurador dejara de perseguir a la gente, o sea, nos pusimos en modo abogados a litigar y a tratar de abrirle varias vías al reconocimiento del matrimonio”, añade Albarracín.

Fue ese cúmulo de tutelas el que la Corte Constitucional recogió en 2015 para estudiar el caos jurídico y decidir de manera definitiva. El 28 de abril de 2016, el matrimonio igualitario fue declarado constitucional. Desde entonces, las parejas del mismo sexo tienen las mismas opciones que las personas heterosexuales para formar una familia.

Justo en abril de 2026, a diez años del reconocimiento y después de todo el tiempo previo en que las parejas del mismo sexo enfrentaron una sociedad que no quería darles los mismos derechos por amar diferente, sus impulsores celebran. Aunque saben que lo conquistado es frágil, porque suelen ser los primeros en las listas cuando hay cambios políticos importantes.

“Yo creo que, 10 años después, también al tener el reconocimiento del matrimonio, junto a la unión marital, junto a la protección de los hijos, hoy tenemos un derecho de familia mucho más integral y completo que protege a las personas. Eso nos ha hecho un país mucho más abierto en términos de reconocimiento de la diversidad”, concluye Albarracín.

Por su parte, Sánchez señala que aunque la barrera ya no es legal, persisten obstáculos. Muchas parejas todavía preguntan en qué notarías pueden casarse, cuando en realidad todas tienen la competencia para hacerlo. Lo que temen es encontrarse con una objeción de conciencia velada.

“Lo que no quieren es ir a una donde les hagan el feo, que les digan ‘mira, yo no te caso pero mi colega de la 40 sí te casa’, o ‘no tenemos cupo’, les ponen requisitos adicionales que no existen, los miran raro cuando llegan a la ventanilla, les preguntan ‘¿y dónde está la esposa o la novia?’ Cualquier gesto de esos desestimula, y eso no le pasa a una pareja heterosexual. Y eso en Bogotá, imagínate en cualquier municipio de Colombia donde solo hay un juzgado”, dice Sánchez.

Por último, la directora advierte que lo preocupante en este momento es cómo el tema se ha convertido en estrategia electoral. Cuando se les pregunta a las candidaturas presidenciales sobre el matrimonio igualitario, la sola pregunta genera la sensación de que no es un derecho consolidado sino algo todavía en disputa. “Uno ya no debería preguntar eso, porque ya es un derecho. Porque preguntar refuerza la duda: ¿será que entonces no lo han reconocido?”, expone. Una pregunta que borra de un tajo todo lo que costó que ese amor fuera reconocido.

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En un momento en el que las identidades LGBTIQ+ siguen entrando al debate político como si fueran una discusión pendiente, un grupo de artistas en Bogotá decidió responder desde otro lugar: la poesía y las artes visuales. Así nace “Plumas en Papel”, el segundo evento de un colectivo artístico que entiende estas expresiones como un refugio, un acto de representación y un gesto político, todo al mismo tiempo. En esta ocasión, se realizará el lunes 4 de mayo en el centro cultural Espacio En Blanco (Cll. 48 # 6-14) y contará con la participación de diferentes artistas. También se convocó un concurso de poesía queer para voces emergentes.

“Somos un pequeño grupo de artistas, más que nada visuales, que hemos reconocido en nuestra propia práctica la importancia de la escritura, no solo como herramienta para aplicar a becas o financiación para proyectos, sino como una parte central y complementaria de nuestras obras”, dice Andrea Cobaría, antropóloga y cocreadora de PLUMAS, colectiva que organiza el evento, en entrevista con El Espectador.

Para ella, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), en el que la ciudad está inmersa en el diálogo de la escritura, la agrupación encontró una oportunidad para impulsar el arte y la escritura de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, desde la celebración y la reivindicación.

Y esa reivindicación también se expresa en los detalles. “Plumas” ha sido, durante años, una palabra usada para estigmatizar y reducir a las personas diversas, especialmente a hombres gays. “Por mucho tiempo, fue utilizada como insulto y como una manera de señalar a personas diversas, de decirles que eran menos, que se les notaba, y era casi sinónimo de debilidad, de estar demostrando demasiado el ser diferente, el ser una persona diversa”, sostiene Cobaría. De ahí el nombre de la colectiva, del evento y de su apuesta artística.

Asimismo, el proyecto apuesta por la visibilización de experiencias de vida diversas. Para esta edición, la colectiva invitó a artistas que construyen su camino desde la palabra, la poesía, el fanzine y la comunicación. “Este evento busca resaltar la escritura como una forma de arte central y muy relevante para artistas queer que están tratando de mostrarle al mundo lo que es la experiencia de vida desde su trayectoria y desde un modo de ser y de sentir el mundo siendo una persona diversa”, agrega.

En ese contexto llega la segunda edición, en la que estarán presentes diferentes artistas y se premiará a la persona ganadora del primer concurso nacional de Poesía Queer 2026, definido como “una búsqueda de relatos honestos sobre lo que significa habitar nuestras identidades diversas hoy”. La convocatoria cerrará el próximo 27 de abril y está abierta a todo público.

Listado de artistas en “Plumas de Papel”

• Aurora H. Camero, poeta trans: escribe desde el desplazamiento y el cuerpo. Migró a España a los 18 años y su obra se mueve entre posturas políticas, su condición de migrante y la necesidad de nombrarse. Su poesía recorre el deseo lésbico, la experiencia de vida trans y los procesos de aceptación. Ha publicado Violeta (2023), reconocido en el premio Ana Santos Payán, y La vía sutil (2025).
• El Chico Sin Cabello de Pan, artista visual: desde lo visual y lo íntimo, trabaja el fanzine como espacio de exploración. Su obra mezcla humor y crítica para hablar de amor, sexo entre hombres, salud mental y vida urbana. Sus piezas dialogan con lo cotidiano y lo político.
• Andrés Suárez, comunicador y cronista: su trabajo se sitúa en la periferia. Desde Ciudad Bolívar, construye una obra periodística autopublicada que recoge historias de vida de personas travestis, mujeres trans y hombres gays.
• Juan Panela, artista visual y escritor: lleva un proyecto de escritura que explora el duelo. En Q.E.P.D., una pieza convertida en fanzine, trabaja la muerte de su padre a través de la poesía y de imágenes de su archivo familiar. El resultado es un ejercicio de memoria donde lo personal se vuelve materia artística.
• ALBUS, artista visual y poeta: en el cruce entre lo digital y lo afectivo, presenta Cartas de Amor en Grindr. A través de perfiles ficticios en la aplicación, envía cartas íntimas a usuarios reales, introduciendo otra forma de vínculo en un espacio atravesado por la inmediatez. Su trabajo desplaza la lógica del consumo rápido y abre lugar para la emoción.
• Viviana Pinzón, maestra violonchelista: integrante de la Orquesta Nueva Filarmonía de Bogotá y mujer lesbiana, ofrecerá un recital durante “Plumas en Papel”. Su presencia se suma a la apuesta artística y diversa del evento más allá de la escritura y las artes visuales.
• Museo Q: se define como un museo sin muros y en tránsito permanente. Es una iniciativa de la sociedad civil, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que trabaja en la recuperación, circulación y visibilización de las historias y memorias de personas LGBTIQ+ dentro del relato nacional.
• Rafael García, artista visual y diseñador: lleva su trabajo hacia el cruce entre espacio, sonido e imagen. Su práctica se centra en transformar lo físico en una experiencia sensorial a través de soportes mixed media, donde la imagen no se queda quieta, sino que habita y modifica el entorno.
• Alma O.G., poeta trans, DJ-productora y periodista: ss magíster en educación, con una investigación centrada en la poesía escrita por personas trans, travestis y no binarias. Ha publicado A(k)uzo (2025) y El sol lamía mis huesos (2026), y es cofundadora de la plataforma sonora Resonantes Ruido Trans.

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Mucho antes de que su nombre se convirtiera en titular de prensa, o en el de un falso positivo judicial, un caso que ilustra cómo opera la justicia cuando quien la enfrenta es una mujer trans, negra y empobrecida, Andrea Burgos se forjó camino como influencer en Buenaventura. Dice que creció en un matriarcado, rodeada de su madre y su tía, dos mujeres que le enseñaron a salir adelante, incluso en un territorio que, por su machismo arraigado, rara vez deja espacio para las personas LGBTIQ+.

También conocida en redes sociales como La Burgos, la mujer de 26 años fue sentenciada a nueve años de prisión por un caso que se remonta a 2018. Durante una requisa, las autoridades reportaron que, al acercarse a Andrea Burgos, ella habría arrojado un objeto sobre el andén de una vivienda, el cual resultó ser una escopeta cargada. Pero Burgos por su parte aseguró que solo se encontraba en el lugar tras haber salido de un funeral, y que, al ver a varias personas correr, ella decidió quedarse, observando lo que ocurría. Aún así fue detenida y, según su defensa, agredida física y verbalmente en razón de su orientación sexual y expresión de género diversa.

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El proceso judicial que siguió estuvo marcado por irregularidades. Según su defensa, no se le garantizó el derecho a ser escuchada, el proceso avanzó sin una “defensa real” y con varios vacíos de procedimiento. Aun así, fue condenada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, una sentencia que empezó a cumplir el 17 de enero de 2025.

Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, su caso empezó a sonar en el activismo y en los medios de comunicación. El Colectivo Justicia Racial asumió su defensa, su mamá repitió sin cansancio que su hija era inocente, hubo movilizaciones y más de 60.000 personas firmaron una petición exigiendo su libertad. Todas las voces pedían a la Corte Constitucional revisar lo que se leía como un falso positivo judicial: el de una mujer trans empujada aún más a los márgenes, pagando una condena sin haber tenido un debido proceso.

Mientras todo eso sucedía afuera, La Burgos recuerda que recibía las noticias por medio de un teléfono azul en la cárcel. “Mi mamá me contaba todo. Cuando dijeron que llegó a 60.000 firmas, cuando todos esos grupos étnicos, grupos culturales, de la comunidad LGBTIQ+ hicieron la marcha en Bogotá, todos pidiendo por mi salida, diciendo que querían verme afuera, que yo no merecía estar allá, eso fue lo más maravilloso que me pudieron contar. Me pregunté cómo una persona normal tiene tanto apoyo. Me sentí bendecida”, comenta en entrevista con El Espectador.

Fue apenas el 6 de abril de este año que se dio a conocer que la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revocó la condena contra la influencer, al tratarse de un proceso judicial viciado por irregularidades. Al día siguiente, frente a las grandes puertas azules de la cárcel de Villanueva, su mamá, su tía y su mejor amiga la esperaban con un letrero de bienvenida decorado con flores amarillas. Arrodilladas y sin contener el llanto, la recibieron.

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“La gente dice que La Burgos es muy fuerte, y sí, es fuerte, pero también rompió límites. En esas dudas estuvo Dios y mi familia. Siento que mi vida estaba pausada y volvía a nacer porque nuevamente estaba con ellos, quienes siempre han estado apoyándome”, dijo. Específicamente el amor de su madre, cuenta ella, fue el que la sostuvo durante todo el proceso. Una madre que nunca dudó en ofrecer el cariño que merecía su hija, que cuando supo de su identidad de género no titubeó en tenderle las manos. Pero ese amor no pudo protegerla de cómo opera la transfobia a nivel social e institucional.

Ahora bien, que La Burgos estuviera lejos de su familia no significó que estuviera sin una. Dentro de la cárcel, en un pabellón que compartía con otras personas LGBTIQ+, construyó su propia familia elegida. “Ellas mismas me pusieron un apodo con mucho sentimiento, me decían “la madre”. Me volví una madre para ellas. Ese amor que no les dio su familia, se los di yo. Como una persona negra que ha sido discriminada, pero que por eso mismo siempre ha querido ver a los demás salir adelante”, agrega.

Lo que ella llama apodo es en realidad una figura significativa dentro de la población sexodiversa. Las “madres trans” son mujeres que, sin vínculo biológico, acompañan a otras desde la experiencia compartida y la voluntad de cuidar, siendo apoyo en un contexto donde la transfobia les cierra puertas o, en los casos más extremos, les arrebata la vida. En Colombia, la esperanza de vida de las personas trans es de apenas 35 años.

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Es así como Burgos cuenta que tan pronto llegó a la cárcel, empezó a pintar paredes, a crear espacios de oración y a pedirle a su mamá que llevara ropa y detalles para sus compañeras. Tanto así que a más de una le dio “estreno” en diciembre. “Una chica trans se llena mucho de su maquillaje y sus cosas, y ellas sin tener un aporte familiar, yo les colaboraba económicamente, les compraba detalles”, recuerda. Al contar esto, ella no pretende romantizar la discriminación que la llevó hasta allí, sino reconocer que no hay que subestimar lo que las personas trans pueden construir en colectivo y que incluso en los espacios más adversos, son capaces de crear dignidad.

Actualmente, hablar con La Burgos es notar de inmediato el entusiasmo en su voz y el afán de querer contar todo. Está feliz, aunque sabe que lo vivido es algo que tomará tiempo procesar y que lo hará, como siempre, junto a su familia. Por ahora retomó el contenido para redes sociales que tanto le gusta hacer y que se ha vuelto un apoyo económico para ella. Pero además reveló aún hay algo que la conecta con la cárcel en la que estuvo: su amiga Vicky “Mi mamá todavía ha ido a visitarla. Para cuando salga le tengo una estabilidad, le tengo una familia esperándola, porque su familia la dejó sola, y mi familia se volvió su familia. Así que ella también es una Daza, también es una Ángulo”, relata.

La Burgos cerró la entrevista agradeciendo a quienes hicieron posible que hoy estuviera hablando de su libertad. “Gracias a la Corte, esas personas superiores confiaron en mí y vieron que sí hubo un fallo. Gracias a ellos, de corazón, porque son personas que muestran que no todos son malos, que de verdad están actuando con justicia. Y gracias a mi abogado Alí, de Justicia Racial, que estuvo en todo momento y reunió mucho público, mucho amor, mucha justicia. Esos son los frutos por los cuales yo ahora estoy tranquila aquí en casa”, concluye.

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En Colombia aún desconocemos mucho sobre la historia de las mujeres que amaron o desearon a otras mujeres. Por eso, cada vez que se descubre un documento nuevo al respecto es motivo de emoción. Sin embargo, la mayoría de veces estos documentos muestran la desgarradora violencia de un sistema que, por casi 200 años, castigó a aquellas personas que consideraba diferentes. La historia que se presenta a continuación* es un amargo recordatorio de una parte del pasado nacional que aún permanece poco explorada.

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“Deseos sáficos y hechizos incompletos”

La noche del 25 de mayo de 1944 llegó a una inspección de policía de Medellín una mujer negra con un cuchillo ensangrentado en la mano, afirmando que acababa de herir a otra mujer. El motivo de la riña, según la mujer, identificada como XX en todo registro, fue que ella, una reconocida “bruja”, se había rehusado a continuar con el conjuro que Berta Martinez, de 21 años, le había solicitado para hacer regresar a su esposo, quien la había dejado tres meses antes. La razón del rechazo era sencilla: Martinez se había negado a seguir las instrucciones del hechizo, específicamente, la instrucción de cesar cualquier contacto con otros hombres.

Martinez le reclamó a XX, lo que terminó en una riña. Durante la confrontación, XX, quien se hizo con un cuchillo, hirió a Martinez en el abdomen, un daño grave pues esta se encontraba entre seis y siete meses de embarazo. Aunque en el hospital Martínez pudo recuperarse, fue necesario practicarle una cesárea y el nacido murió un día después a causa de las heridas.

El proceso judicial iniciado por la denuncia de la misma XX develó que ella era una “homosexual” (lesbiana díriamos hoy). Las autoridades la enviaron a un asilo mientras investigaban este nuevo cargo, pues la homosexualidad era castigada en Colombia con hasta dos años de cárcel en ese entonces. La pesquisa reveló que XX ya había sido procesada por otros dos ataques violentos a mujeres que, según declararon, habían rechazado sus avances amorosos. Las declaraciones de Martinez, quien aseguró que fue por amor no correspondido que XX la atacó, parecían confirmar este patrón de violencia.

XX fue declarada culpable, gracias además a la recopilación de testimonios tanto en Medellín como en Angostura (de donde era oriunda) que daban cuenta de sus expresiones de género consideradas masculinas en una sociedad tradicional, su “infame” hechicería y su conocida homosexualidad. Esto a pesar de que su testimonio frente a las autoridades, que dió libremente cuando fue por voluntad, mantenía que la riña había sido producto de una bofetada que Martinez había dado al rehusarse a continuar con el hechizo: “Yo estaba en mi derecho, tenía que defenderme”.

Cuando se solicitó un peritaje médico especializado para evaluar el estado psicológico de XX, se llamó al Dr. Julio Ortiz Velásquez, afamado médico legista de Medellín. Ortiz la encontró cuerda a excepción de su confianza en la brujería, que al parecer “podría explicar” su orientación sexual. Sin embargo, al realizar un examen físico, el doctor Ortíz se topó con algo inesperado: una aparente malformación genital. Su conclusión fue que XX era clasificada, bajo los términos médicos de la época, como una “pseudohermafrodita”, pues poseía órganos sexuales masculinos no desarrollados. Este diagnóstico (y no su homosexualidad), hoy cuestionado por la medicina contemporánea, explicaba su violencia y atracción hacia las mujeres.

El diagnóstico de mujeres negras como hermafroditas (o pseudo hermafroditas) fue una práctica común a finales de siglo XIX y principios de siglo XX, debido a que sus cuerpos no cumplían con los parámetros de feminidad asociados a la idea física de mujer proveniente de Europa. Por ello, no sorprende la conclusión del Dr. Ortiz, quien además no solicitó segunda opinión. Bajo esta nueva revelación, se recomendó entonces que se enviará a XX a la Cárcel de Varones.

Al enterarse de esto, XX suplicó a las autoridades y al Dr Ortiz que no la enviaran allá: “Yo pago doctor, la falta que cometí, pero a la cárcel de hombres no me mande, o máteme si quiere, pero allá no me haga ir”. Sus repetidas súplicas, reiteradas en la documentación que poseemos, no fueron escuchadas y las autoridades procedieron a cortarle el pelo, ponerle ropa “masculina” y mandarla a la Cárcel de Varones. Desprevenidamente frente a esta situación en su informe final, Ortíz anotó que “la brusca revelación de su horrible miseria fisiológica y biológica la ha sumido en una depresión.”

***

La condena de XX es un hallazgo muy importante. Es uno de los pocos vestigios que tenemos sobre la homosexualidad femenina en Colombia a principios de siglo XX. Este caso permite entender cómo operaba el sistema médico-legal para controlar la sexualidad de las mujeres y cómo otros factores, como el racismo, se involucraron en este proceso. La crueldad con la que fue tratada XX y la crueldad con la que su vida fue archivada son dolorosas pistas que nos pueden guiar hacia un camino que llegue al reconocimiento de una persecución legal y sistemática a la disidencia sexual y de género que aún estamos por entender.

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*El caso fue publicado por Julio Ortíz Velázques bajo el título “Error de Sexo” en la Revista de Medicina Legal de Colombia, Vol 6 Núm 35-35 (1944): pp. 58-74.

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A las salas de cine llegó Tu Reina, la película con la que el actor colombiano Lucho Velasco, recordado por su papel de “Manín” en La Reina del Flow, debuta como director. La producción es, en más de un sentido, un terreno de primeras veces: la de Velasco en la dirección y la de Mara Cifuentes, reconocida modelo colombiana y mujer trans, quien debuta en la pantalla grande. Una historia que, además, se suma al aún corto listado de producciones cinematográficas colombianas con representación LGBTIQ+.

Tu Reina se ambienta en el Carnaval de Barranquilla, específicamente en el Carnaval Gay, ese escenario que durante años ha sido espacio de diversidad y resistencia para la población LGBTIQ+, y que convive, con sus propios contrastes, dentro de una de las fiestas culturales más importantes de Colombia. Allí se encuentra el personaje de Alondra, una mujer trans que participa en el reinado como una fuerte aspirante a ganar la corona. Pero, en medio de la fiesta, se enfrenta a obstáculos que la empujan a confrontar sus propios miedos, secretos y procesos de aceptación en un lugar donde la celebración y el conflicto conviven.

Mara Cifuentes da vida a Alondra con una interpretación de una mujer que lucha por ser vista y respetada. Fue así como la actriz encontró en este personaje un espejo de experiencias propias y una conexión que trasciende la pantalla. Junto a ella, Juan Palau encarna a Teo, el hombre que la secuestra, quien desarrolla un vínculo afectivo con ella a lo largo de la historia, dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de verla libre y coronada. El guion estuvo a cargo del barranquillero Andrés Salgado Tous, reconocido narrador audiovisual de la televisión colombiana.

Lucho Velasco, director, productor y actor, habló con El Espectador sobre el largometraje, el aporte que espera que la película represente para la población LGBTIQ+ y el mensaje que busca dejar en a Colombia.

¿Con qué historia se va a encontrar el público al ver Tu Reina?

El público se va a encontrar con una historia bastante fuerte. Los va a incomodar bastante. Es una historia que trae a la mesa toda la agresión y violencia que aún tienen que enfrentar muchas personas de la comunidad LGBT+. Es también un acto de resistencia, valentía y de identidad, y es un recordatorio urgente de que todas las personas tienen derecho a expresarse en paz, a vivir en paz y a ser aceptadas tal como son. La película no es una denuncia, ni es un comercial, ni es una bandera de la comunidad. Pero sí es un recordatorio poderoso de que la identidad, además de ser una conquista, es un punto de partida.

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Me gustaría profundizar un poco más en cómo la película dialoga con las identidades de género diversas. ¿Qué papel juega el personaje de la actriz Mara en esa construcción?

Desde que inicia la película es una denuncia del maltrato a la comunidad. Todo el universo transcurre en el Carnaval de Barranquilla. Es un secuestro de una chica trans en medio del carnaval, y allí empieza a sufrir vejámenes de parte de sus secuestradores. Mientras, el papá la niega completamente: él dice que él no tiene hijas, que él tiene hijos, y se niega a pagar el rescate. Ahí se desarrolla toda la historia.

¿Por qué la película se llama Tu Reina? ¿Qué hay detrás de ese nombre?

Porque el papá quiere tener un rey. Para él siempre fue su rey. Ahora ella va, lo confronta y le dice: “No, yo soy tu reina”. Por eso la película es sobre la identidad de ella, quien siempre soñó con ser reina del carnaval. Y por eso es Tu Reina.

Durante años, el cine ha sido cuestionado por elegir actores cisgénero para interpretar personajes trans. En este caso, ustedes toman otra decisión. ¿Por qué era importante hacerlo así?

Indiscutiblemente, tenía que hacerlo una chica trans, porque es un personaje muy vivido, muy natural, muy real. Para mí sería un insulto no tener una chica trans en esta película. Ella es una muy buena actriz y representa su comunidad, y la comunidad se va a sentir identificada con ella.

Cuando yo vi a Mara, me identifiqué de una vez con el personaje, con Alondra, por su situación, por su historia, por su bagaje y, sobre todo, por su físico, porque ella está en su transición, es una mujer muy bella, pero aún conserva algo de masculinidad, que también es importante tenerlo en esta película para que la gente la identifique. Ella se ve muy femenina, pero en el personaje hacemos que ella todavía tenga rasgos fuertes.

¿Hay algún aporte especial que haya hecho Mara a este personaje? O sea, que su presencia como persona trans haya marcado de forma fundamental en la conformación de esta historia.

Todo el tiempo, porque la historia gira alrededor de ella, de su secuestro y de todos los insultos, y las agresiones que sufre durante este encuentro. Hay un síndrome de Estocolmo durante la película, pero al revés: el secuestrador se enamora perdidamente de esta chica. Eso es muy importante.

Muchas narrativas sobre la población trans se centran en el conflicto, el dolor y la violencia. ¿Esta película explora otros lugares?

Sí, explora mucho la psiquis de una chica trans, explora mucho la psiquis de su maltratador y explora mucho la visión de un hombre que es tradicional con estas ideas, pero, al final cambia su punto de vista porque ve en esta chica a una mujer. La película no es violenta, es lo que pasa a través de la psiquis de ella.

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¿Qué conversaciones quiere dejar esta película, específicamente en Colombia y también en la población LGBTIQ+?

Si esta película logra que una sola persona del entorno o del mundo en general cambie la actitud hacia las comunidades, no solo las comunidades LGBT+, sino también las comunidades afro, las comunidades indígenas, mi misión está cumplida. Porque todos somos personas y somos humanos, y eso hay que respetarlo. Esa es la misión de la película.

Ustedes hablan de un carnaval gay en medio del Carnaval de Barranquilla. En Colombia existen eventos y desfiles organizados por la misma población LGBTIQ+ que no siempre tienen reconocimiento a nivel nacional. ¿Querían dialogar con esas expresiones que sí existen en el país?

Claro, son unos reinados espectaculares. Este reinado que pasa en el Carnaval de Barranquilla, es el carnaval gay. Es un carnaval infinitamente importante. Estas comunidades se reúnen para escoger a sus reinas, a sus representantes, para que sean voceras a través de su belleza. En Canarias existe el festival trans gay más importante del mundo. Incluso es más importante que el reinado Miss World. En Brasil, en Holanda, en Francia, en todos los lados, se hacen carnavales muy importantes de trans, de travestis y de gays. O sea, que esto tiene una relevancia muy importante para la gente.

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¿Hay alguna inspiración detrás de esta película que nos quiera contar?

No, realmente todo es ficción. La inspiración del escritor es precisamente el maltrato y la violencia que sufren todas las comunidades, y es la única forma de hacer una denuncia sin que sea una denuncia, sin una confrontación con la humanidad y con los espectadores. Porque esto no pasa solamente en Colombia, pasa en Latinoamérica, pasa en el mundo entero. La gente tiene que entender y respetar todos los géneros que hay.

Para cerrar, teniendo en cuenta que son pocas las producciones colombianas con enfoque LGBTIQ+, ¿hay algo que le gustaría agregar sobre la importancia de esta historia?

Ahora hay otras producciones, pero son más violentas. Este es un diálogo interno muy fuerte. Es una película de pocos actores, una película de género. Yo la he visto dos millones de veces desde que la filmamos, pero ayer la volví a ver y salgo muy confrontado aún. Veo la película y me produce una tristeza infinita ver el maltrato a esta población, a pesar de que son personajes y que yo me estoy viendo ahí, pero me conmueve infinitamente ver estas reacciones de la gente hacia las comunidades.

Respecto a la película, es una producción nacional. Nosotros queremos quitarnos el rótulo de que es una película colombiana, sino que es una película con una historia universal hecha acá. Es una invitación a que la gente asista al cine, vaya a ver la película, tome sus conclusiones, y pueda entrar a un diálogo cuando se confronte con personas de la comunidad.

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Cuando se nace dentro de la heterosexualidad normativa, romper las reglas sexuales y románticas puede convertirse en una elección: una decisión consciente frente a mandatos familiares, sociales o religiosos. Muchas de estas normas operan en el plano de lo íntimo y pueden transgredirse por ideales, revelación o incluso por capricho. En cambio, cuando se nace fuera de la heterosexualidad obligatoria, la ruptura no siempre es una elección; muchas veces es simplemente una condición de existencia. No se pertenece del todo al mandato impuesto por lo externo y, aun sin proponérselo, termina desafiándolo.

Esto no significa que haya una decisión clara que explique por qué se rompe la norma. Se puede intentar permanecer en silencio, no salir del clóset, como ocurre inicialmente con Scott Hunter en la serie Heated Rivalry, y, aun así, transgredir el mandato a través del deseo. También puede manifestarse en la incapacidad de reprimir lo que se siente, como le ocurre a Shane Hollander, quien no logra sostener vínculos heterosexuales ni olvidar a Ilya Rozanov, su rival de hockey con quien ha estado manteniendo encuentros sexuales desde el comienzo de sus carreras. La ruptura no siempre es pública; muchas veces es interna, íntima e inevitable.

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En Heated Rivalry se presentan personajes que, incluso antes de actuar, ya están quebrando la norma. Al comienzo no se eligen a sí mismos ni su felicidad; más bien descubren que el mandato social es más grande que ellos y que vivir implica negociar constantemente con esa presión.

Pensar que la serie representa de forma exacta la vida de la población queer sería idealista. Sin embargo, afirmar que encarna una valentía -deportiva, afectiva y familiar- largamente anhelada por muchas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no es exagerado. Durante años, gran parte de las representaciones audiovisuales han condenado a los personajes queer al dolor, la tragedia o la soledad. Frente a ello, muchas mujeres sáficas, es decir, mujeres que sienten atracción afectiva y/o sexual por otras mujeres (como lesbianas, bisexuales o queer), han insistido históricamente en otra narrativa: la del amor posible.

Quizás eso es lo que mueve Heated Rivalry dentro de las mujeres que aman y desean a otras mujeres: la posibilidad de un final que no esté marcado por la pérdida. Se entiende el miedo de los protagonistas al saberse fuera del mandato, el peso del silencio y la tensión del secreto, pero también se reconoce en su historia la esperanza de que incluso dentro de estructuras rígidas pueda existir un amor que sobreviva.

La serie también evita representar a la mujer heterosexual como enemiga del hombre gay o bisexual, alejándose de discursos misóginos que durante años aparecieron en ciertas narrativas queer. Por el contrario, se presenta como una figura capaz de acompañar, comprender y apoyar, proponiendo una red de afectos más compleja y solidaria.

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Tampoco se romantiza el poder dentro de la relación. Los dos protagonistas se encuentran en condiciones económicas, laborales y etarias similares, sin una jerarquía clara que incline la balanza. Son hombres fuertes en el sentido tradicional, pero también hombres que dudan, sienten y finalmente comunican lo que les ocurre, algo que durante décadas el cine y la televisión evitaron mostrar.

La serie rompe, además, con varios estereotipos: abandona la idea caricaturesca de la población LGBTIQ, cuestiona los patrones físicos asociados a los roles sexuales y deja de tratar la bisexualidad como un supuesto estado de confusión para mostrarla como lo que es: una orientación que simplemente existe.

Finalmente, el sexo se representa como un acto construido desde el consentimiento mutuo y no desde la imposición de roles tradicionales. Más que una innovación, es una normalización tardía de algo que siempre debió ser evidente: el consentimiento como base del deseo.

Heated Rivalry permite imaginar un futuro. Permite pensar en un final feliz. Y, para muchas personas que han crecido fuera de la norma, muchas de ellas sin elegirlo, esa posibilidad sigue teniendo un enorme poder.

*Gabriela Villamil Yara, estudiante de Antropología en la Universidad del Rosario y mujer sáfica. Con intereses centrados en las relaciones de género, las identidades y la antropología de la sexualidad.

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Durante más de cuatro años, la activista y periodista mexicana Natalia Lane luchó por obtener justicia. Este lunes, un juez en Ciudad de México declaró culpable a su agresor por feminicidio en grado de tentativa, tras el ataque en el que trató de asesinarla en 2022, en uno de los casos más emblemáticos para el reconocimiento de la violencia contra mujeres trans en el país.

El 16 de enero de 2022, Lane fue atacada por Alejandro López Sánchez con un arma blanca en un hotel. Las heridas en el rostro, el cuello y las manos casi le cuestan la vida. Horas después del ataque, grabó un video que circuló en redes sociales, en el que pedía ayuda y denunciaba lo ocurrido.

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Ese llamado urgente y su posterior lucha convirtieron su caso en un punto de quiebre en la justicia mexicana. El caso visibilizó la violencia extrema que enfrentan las mujeres trans y presionó a las autoridades para que investigaran los hechos como tentativa de feminicidio, una figura legal que ha sido negada o aplicada de forma restrictiva cuando las víctimas son mujeres trans.

El caso de Natalia Lane fue identificado como uno de los primeros en México en ser investigado por este delito, que aún no está tipificado en todo el país. Por eso, este desenlace inicial tiene un peso histórico.

“Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras”, dijo la activista al salir de la audiencia, después de varias horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. También señaló que se trata de un “daño histórico” relacionado con el “silenciamiento de las putas, de las transexuales, de las travestis y las trans”.

México se mantiene entre los países más peligrosos de la región para las mujeres trans. Desde 2008, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TGEU, por sus siglas en inglés) ha documentado al menos 445 casos de transfeminicidio en el país, una cifra que lo ubica en el segundo lugar en América Latina, solo por debajo de Brasil, donde los registros superan los dos mil asesinatos.

Por su parte, organizaciones sociales han registrado que cada mes se cometen más de seis crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, de los cuales más de la mitad corresponden a mujeres trans. Estas organizaciones han advertido que existe un subregistro de estos crímenes y que la mayoría de los casos no se investigan con perspectiva de género.

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Tras el fallo condenatorio, Natalia Lane advirtió que la lucha y la búsqueda de justicia aún no ha terminado. “Todavía faltan audiencias para poder lograr una sentencia que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del dolor de muchas travestis trans en América Latina y en México. Todavía falta un camino muy largo para tener la justicia que merecemos, pero no estamos solas”, agregó.

Cuatro años después del ataque, la activista obtiene una decisión judicial a su favor en un caso que abre precedente: es una mujer trans y trabajadora sexual que sobrevivió a un intento de transfeminicidio y logró que su agresor fuera declarado culpable.

*Con información de EFE.

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Las amenazas, el desplazamiento forzado y la violencia sexual hacen parte del patrón de control contra personas LGBTIQ+ en territorios donde operan grupos armados al margen de la ley, según la investigación de Caribe Afirmativo. En las últimas semanas, el Alto Comisionado para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recibieron dicho informe, en el que se documentaron 51 casos de violencia en siete departamentos de Colombia, perpetrados presuntamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El informe, titulado “Hay que darle valor a la vida porque el conflicto nos quiere robar la dignidad”, recorre siete territorios: Cauca, la región Caribe, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca, Nariño y Antioquia. A partir de los testimonios anónimos de personas lesbianas, gais, bisexuales, personas trans y no binarias, la organización registró 94 hechos victimizantes.

El documento traza un recorrido histórico desde 1964, año de fundación del ELN, y las afectaciones que ha causado a personas LGBTIQ+ hasta la fecha. Su elaboración surgió en el marco de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, con el propósito de llevar insumos concretos para reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No obstante, debido a que los diálogos de paz están suspendidos, la organización decidió entregar el informe para que estos hechos documentados sean tenidos en cuenta.

“En la historia del conflicto armado colombiano, diferentes actores armados y no armados han sostenido prácticas que atentan contra la vida y la dignidad de las identidades y corporalidades diversas, como estrategia para demostrar la capacidad de instalar un orden social”, comenta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. Además, enfatiza en que si se habla específicamente del ELN, este grupo ha visto a las personas LGBTIQ+ como una “amenaza” al orden que imponen. Por eso, ha justificado y ejercido formas extremas de violencia sobre sus cuerpos.

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Si bien los testimonios recogidos identificaron afectaciones por parte de otros actores como las FARC-EP, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, las personas LGBTIQ+ señalaron al ELN como el principal responsable. Según el informe, este grupo registró 11 casos en el Cauca, 12 en el Caribe, 8 en Nariño, 7 en el Sur de Bolívar, 6 en Antioquia, 4 en Chocó y 3 en Arauca.

Las amenazas fueron las más frecuentes, con un 26% de los casos, seguidas del desplazamiento forzado (22%), la violencia sexual (12%), el reclutamiento forzado (7%) y la tortura (5%). Otros hechos como el secuestro, los daños a bienes ajenos, el hostigamiento, las lesiones personales, el aborto sin consentimiento, el acoso sexual, el homicidio y la desaparición forzada representaron cada uno entre el 1% y el 3% de los casos. Además, en muchas ocasiones una sola víctima sufrió varios tipos de violencia dentro de un mismo hecho.

Estas agresiones implican una vigilancia moral y sanciones “ejemplarizantes” para quienes no son heterosexuales y cisgénero, es decir, personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.

Como resultado, las personas LGBTIQ+ se ven obligadas a ocultar, ajustar o suprimir su identidad para evitar represalias. Castañeda lo describe como el uso de estrategias de “camuflaje que les permiten transitar el territorio sin ser identificadas como disidencias del sistema sexo-género”. Además, el informe también documenta que el nivel de hostigamiento termina por expulsar a estas personas de sus territorios.

“Aunque no podemos afirmar con certeza que existe una política al interior del ELN donde se estipule que la cisheterosexualidad es obligatoria, los testimonios dan cuenta de que el ELN como organización sí ha sostenido en el tiempo prácticas de violencia que buscan disciplinar las corporalidades e identidades que desafían el orden binario de la sexualidad y el género”, advierte Castañeda.

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Este control afecta con mayor fuerza a quienes tienen expresiones de género visibles: personas trans, hombres gais con expresiones femeninas, o mujeres LBT que no se adaptan a los roles tradicionales de lo “femenino”. También impacta a quienes ejercen liderazgos sociales en defensa de sus derechos o sus territorios, pues los grupos armados asocian esa visibilidad con una amenaza al “orden social” que buscan imponer.

Adicionalmente, el informe revela que quienes se acercan a las personas LGBTIQ+ también quedan expuestas a represalias, lo que se agudiza en entornos educativos, religiosos o públicos y se extiende incluso a sus familias como forma de “advertencia”. Todo esto profundiza su aislamiento social, dificulta que sean protegidas y permite que las violencias contra ellas continúen en la impunidad.

Ese fue el caso de una mujer trans en Codazzi, Cesar, Ella relató que en 2006, cuando apenas llevaba ocho días trabajando en una peluquería, el ELN irrumpió en el lugar, “dijeron que no querían ni gais, ni putas, ni rateros. Pusieron 24 horas para que saliéramos”, se lee en el relato. Una clienta la acogió en su vereda mientras las cosas se calmaban. Pero el grupo armado la siguió hasta allá y asesinó a la mujer que le había dado refugio. “La señora ni siquiera era LGBTIQ+, solamente por darnos trabajo la mataron”, recordó.

Por otro lado, estos actores han difundido prejuicios como que las personas LGBTIQ+ son una supuesta “enfermedad contagiosa, un atentado a la moral, pecadoras o portadoras de VIH/SIDA, que tienen relación con la delincuencia y la depravación”, se menciona en el informe. Prejuicios que han sido usados históricamente para justificar la exclusión, la persecución y la violencia contra estas poblaciones, y que el ELN y otros grupos han convertido en argumento para difundir amenazas públicas, como ocurre con los panfletos que circulan.

Algo similar vivió un hombre gay víctima en el Cerro de San Antonio y Caimán: “Me da miedo a veces hasta salir a la calle, me da miedo reclamar los medicamentos. Porque en Riohacha también a veces rodan panfletos (...), sobre las personas que tenían VIH, que no sé qué, que están enfermando a la gente (...) yo me la paso triste, me la paso en una especie como muy encerrado”, se lee.

Redes sociales: el nuevo espacio de control y amenaza por parte del ELN

Las plataformas digitales se han convertido en un nuevo escenario de violencia. Los grupos armados ilegales usan Facebook para difundir fotografías de personas asesinadas junto con mensajes amenazantes contra las personas sexodiversas en los territorios. Así ocurrió, por ejemplo, tras la realización de un reinado LGBTIQ+ que reunió a diversos sectores de San Pablo, en el Sur de Bolívar: una vez terminado el evento, comenzaron a circular amenazas por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

“Al WhatsApp me llega un audio de una persona que se me presenta como ELN y él me dice que nos habían advertido una vez que estábamos mariconiando a los pelados del pueblo, que había muchas quejas, o sea, que la misma comunidad estaba presentando quejas, que nosotros estábamos mariqueando a los pelados y, o sea, una cantidad de cosas que no”, se lee en otro testimonio.

En 2022, un hombre gay del mismo departamento fue obligado a abandonar su territorio por su orientación sexual, pero esta vez, las amenazas llegaron por Facebook: “me amenazaron, me mandaron un mensaje, un poco de cosas, yo denuncié y todo eso, inclusive, me iban a sacar del territorio”, comentó.

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Este traspaso del hostigamiento a las redes sociales profundiza el miedo, refuerza el estigma y reduce los espacios seguros para las personas LGBTIQ+ en estos territorios. Pues la persecución se vuelve cada vez más masiva.

Para Castañeda, estos hechos violentos se convierten en evidencia de cómo la crueldad y la discriminación se usan como estrategia para fracturar las vidas de las personas LGBTIQ+. Así, los cuerpos y las identidades sexodiversas quedan atrapados entre la estigmatización y el borramiento: si se muestran, son blanco de violencia; si se ocultan, su existencia es negada. “Por ello, una tarea pendiente que tiene Colombia es la de poner fin al conflicto que existe entre el Estado y el ELN, para que la paz signifique la dignificación de sus vidas”, concluye.

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Yo, Giovanna: Una infancia trans en Bogotá es el nuevo libro de la colombiana Giovanna Rincón, figura destacada en la defensa de los derechos LGBTIQ+ en Francia, quien conversó con Radio Francia Internacional sobre su más reciente publicación.

Actualmente es la directora de Acceptess-T, organización que apoya, orienta y protege a las personas trans en el país francés. En los últimos 20 años, ha dedicado su trabajo a la defensa de los derechos de las personas trans, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. En su libro, Rincón narra lo que dio forma a su vida antes de esta nueva realidad: la de una niña y joven descubriendo su identidad de género en Colombia.

Por medio de esta autobiografía, Rincón cuenta que nació en Bogotá en 1969 en el seno de una familia humilde. Aunque fue socializada como niño, desde muy pequeña sabía que era una niña. Creció en un hogar marcado por la violencia, del cual pronto escapó: un padre que quería moldearla a cualquier precio como hombre, una madre cuyo amor incondicional no siempre alcanzaba para protegerla, un hermano mayor avergonzado y una sociedad bogotana que empujaba a la marginalidad a quienes ya eran vulnerables.

Recuerda cómo la población trans debía enfrentarse constantemente a las noticias de personas con identidades de género diversas asesinadas, en medio de la indiferencia general. Un panorama que no dista mucho de la realidad actual de Colombia, pues solo en lo que va de 2026 ya se han reportado 23 asesinatos de personas LGBTIQ+, siendo las mujeres trans las más afectadas, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo.

Incluso en medio de la violencia de la época, Giovanna afirmó su identidad de género. Pero entonces llegó el sida. Seropositiva y con apenas tres años de vida según su médico, decidió vivir más y viajó a Roma. Allí, se unió a sus amigas que ejercían el trabajo sexual y ganaban lo suficiente para comprarles una casa a sus madres. Giovanna sobrevivió el tiempo estimado y fue así como llegó a Francia en busca de mejores tratamientos médicos, un país que pronto le abriría los caminos para iniciar su activismo en defensa de los derechos LGBTIQ+. La autora narra que, pese a la pobreza, la falta de educación, la transfobia y el VIH, se convirtió en quien sabía que podía ser.

En las páginas de “Yo, Giovanna”, se evidencia la violencia que las personas trans enfrentan desde la infancia. Parte de la razón para contar su historia fue la creencia de que los relatos de esta población son escasos, poco visibles, y que ella podía contribuir contando su propio testimonio. “Se convirtió en una oportunidad para mí de poder hacer archivo de memoria y poder contar un poco también mi infancia. Retornar a esta infancia, un poco dolorosa, pero que, al mismo tiempo fue muy edificante. Esto también fue un acto terapéutico de reconciliación con esta infancia dolorosa: es contar a las nuevas generaciones todo lo que ha sucedido y también, en cierto modo, dirigirme a las familias, a las instituciones para detallar lo que quiere decir el rechazo, la transfobia y todas las violencias”, comentó en entrevista con RFI.

El libro fue realizado con el apoyo de su amiga Stéphanie Malphettes, con quien encontró una manera muy íntima de trabajar. Juntas narran la historia de una vida extraordinaria donde la vida y la muerte, la violencia y la ternura, el amor y la ira se entrelazan.

“Ninguna historia trans es individual”

Para la autora, este testimonio es el reflejo de la discriminación que existe hacía las personas con identidades de género diversas: “Ninguna historia trans es individual cuando una comunidad entera es víctima de tanta violencia, de tanto rechazo, de tanta indiferencia. Pienso que cada historia es política. A partir del momento en donde una narrativa como la mía sale, es una historia política. No es nostalgia, no es lamentarse de cómo estos procesos han causado daño es más un acto de memoria colectiva”, mencionó.

Para Rincón, el libro llega en un momento histórico y paradójico en el que la población trans gana mayor visibilidad, pero a la vez, la violencia en su contra se acentúa. “Es la primera vez que nos han dado una ventana para decir que existimos como personas trans, que estamos transgrediendo, pero es el único modo que tenemos para hacer progresar nuestros derechos y construir una verdadera solidaridad”, apunta.

*Con información de RFI.

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Hace un año, el nombre de Sara Millerey ocupó los principales titulares de medios de comunicación y redes sociales en Colombia. Todo el país vio uno de los crímenes de odio más crueles y dolorosos. Muchas personas lo hicieron desde el morbo y los prejuicios transfóbicos; otras, desde el horror y el miedo. En medio de esa exposición, Sara y su familia cargaron con la revictimización durante y después de su muerte. Ella era una mujer trans y activista de 32 años. Vivía en Bello, Antioquia. Escribía sobre su vida en un diario, era religiosa y soñaba con ser recordada como una mujer hermosa. Su madre también quiere recordarla así.

Hoy, su caso sigue sin una respuesta judicial de fondo. El proceso continúa en etapa de juicio. Un mes después del crimen fueron capturados Juan Camilo Gaviria, alias “Teta”, imputado por homicidio agravado y tortura, y Juan David Echavarría, alias “Chucky”. Durante la investigación se estableció que ambos hacían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas en Antioquia y que habría más personas implicadas. La audiencia preparatoria se realizó apenas en febrero de este año.

Desde que ocurrió el crimen, la representación de la víctima y entidades como la Defensoría del Pueblo insistieron en que se trataba de un feminicidio, por la identidad de género de Sara y la sevicia con la que la asesinaron. Sin embargo, los cargos no han cambiado, a pesar de que el caso inicialmente llegó a la Fiscalía y al Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación y Judicialización de Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género.

El impacto social y emocional que dejó su caso perdura en la actualidad, el recuerdo de lo que pasó es una alerta frente a una herida que sigue abierta: las violencias que enfrentan las mujeres trans. “El asesinato de Sara fue algo que nos violentó. Obviamente la víctima principal fue ella, pero nos violentó a muchas personas. Fue una violencia muy ejemplarizante, en la que se quería demostrar no solo lo que le podía pasar a una persona trans, sino cómo se podía convertir en un objeto de espectáculo”, dice Flora Rodríguez, antropóloga y coordinadora del Centro Plurales de la Universidad del Rosario, a El Espectador.

Y es que su asesinato no solo conmocionó al país, también reveló la violencia institucional y revictimización que recae de manera desproporcionada sobre las personas con experiencia de vida trans. Por un lado, las autoridades la malgenerizaron, es decir, utilizaron pronombres y expresiones que no correspondían con su identidad de género. Por otro, el video en el que aparecía agonizando circuló de manera masiva, replicando una y otra vez los hechos violentos, como si se tratara de un contenido más.

“Muchas personas asumían una disposición de ser espectadoras frente a eso. Y no me refiero únicamente a las personas que no intervinieron en ese momento. Lo que hoy ya se ha comentado mucho es cómo esto se convirtió en un contenido que circula en redes sociales, que en mi opinión fue muy lamentable”, señala Rodríguez.

A esto se suman las barreras para acceder a la justicia, incluido el subregistro y mal registro de los casos. En una columna de opinión publicada en este diario, Juli Salamanca y Sebastián León-Giraldo, integrantes de la Liga de la Salud Trans e investigadores de la Universidad de los Andes, mencionaron que para muchas personas trans la muerte viene acompañada de una segunda violencia: “la que ejerce el Estado cuando borra su identidad de género, su nombre y sus vínculos afectivos de los registros oficiales”.

“Cuando una mujer trans muere, por ejemplo, es común que en los documentos de la Fiscalía o de la Policía se escriba “hombre vestido de mujer” o “sujeto masculino con falda”, como si la identidad de género fuera un disfraz y no una realidad vivida durante años”, afirman.

Un año después de su muerte, el panorama de violencia no parece haber cambiado. Lo que refleja que, pese a que el caso de Sara fue uno de los de mayor impacto mediático y social, no es aislado. Se inscribe en un contexto más amplio en el que, como explica a El Espectador Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo: “el cuerpo de las personas trans se convierte en un lugar donde se inscribe una violencia que es, al mismo tiempo, física y simbólica”.

El caso de Sara no fue un hecho aislado: la violencia contra personas trans continúa

En un rastreo del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo se documentó que, desde la muerte de Sara hasta la fecha, han sido asesinadas al menos 35 personas trans. La organización advierte que la cifra puede ser mayor, debido a las dificultades para identificar y documentar estos casos. “La precariedad en los sistemas de información y la falta de capacidades técnicas para el levantamiento de datos con enfoque diferencial generan un subregistro significativo”, señala.

Más del 90 % de los casos corresponden a mujeres trans. “La violencia letal se dirige de manera desproporcionada contra quienes encarnan identidades feminizadas que desafían el orden de género dominante. No es una coincidencia, es la expresión más extrema de una sociedad que continúa castigando la diferencia”, sostiene la organización.

Y es que hace apenas un mes se reportó la muerte de Daniela, una mujer trans de 30 años originaria de Riohacha. Durante una semana ella luchó por su vida tras recibir un disparo el 25 de febrero en Manizales. El presunto responsable del feminicidio es William Noreña Vásquez, ahora exsubgerente de Inficaldas y exalcalde de Filadelfia (Caldas). Daniela había ingresado con él a una residencia en el centro de la ciudad. Noreña no aceptó los cargos y sostiene que actuó en “defensa propia”. Por el momento, permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Pero, nuevamente, la muerte de Daniela no responde a un crimen aislado. Como en su caso y el de otras mujeres trans, la manera en que se ejerció violencia contra ella permite ver un patrón. El uso de armas de fuego es determinante: es rápida, puede asesinar en segundos y deja poco margen de defensa. En contextos donde las mujeres trans ya están expuestas a relaciones desiguales de poder, este tipo de agresión aumenta su vulnerabilidad.

Por un lado, Rodríguez señala que estos crímenes se sostienen en estructuras patriarcales y machistas que consideran apropiables los cuerpos leídos como femeninos. En ese marco, las mujeres trans enfrentan formas de violencia desproporcionadas. Esto no implica que personas transmasculinas o no binarias no las enfrenten, sino que permite entender cómo operan jerarquías históricas que las exponen con mayor intensidad, especialmente en el espacio público.

Como reiteran las organizaciones de derechos humanos, en muchos de estos crímenes las armas de fuego aparecen como el principal medio de agresión. Caribe Afirmativo asegura que su uso “indica que la violencia no es únicamente interpersonal o circunstancial, sino que puede estar insertada en dinámicas más amplias de poder y control territorial”.

“Nuestra existencia muchas veces se ve en la calle también por el trabajo sexual, porque era aquello que podíamos desempeñar. Y con esto no quiero criticar el trabajo sexual, o sea, el trabajo sexual me parece que tendría que ser una labor respetable y digna y segura, pero una cosa es cuando tú no tienes otra opción. Por eso hemos sido un poco más visibles y esa violencia hacia nosotras suele ser más espectacularizante, si se quiere, con más elementos y más sevicia”, dice Flora Rodríguez.

Por su parte, Castañeda coincide en que una proporción significativa de los asesinatos de mujeres trans ocurre en espacios públicos, “especialmente en zonas urbanas donde las víctimas desarrollan actividades económicas de subsistencia, como el trabajo sexual”. Cuando se une el espacio público con las armas de fuego, “se configura un escenario de alta exposición y vulnerabilidad, en el que las personas trans quedan situadas en la intersección entre exclusión social y violencia armada”, agrega.

Otro caso que permite ver la sistematicidad, el primero de este año, es el de Catia, una mujer trans de 24 años que fue asesinada a golpes con un objeto metálico por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en Engativá, al noroccidente de Bogotá. El hecho quedó registrado en videos difundidos por CityTv. Ella estaba en la vía pública hablando con una amiga cuando fue atacada. Cameli Leguizamón, su amiga, señaló que lo ocurrido refleja una violencia motivada por odio y un alto grado de sevicia. Además, advirtió que estos hechos hacen parte de una dinámica de agresiones sistemáticas en la zona.

Pero es que en casos como los de Catia y Sara, la violencia no termina con la muerte. La exposición de sus cuerpos en el espacio público también comunica algo. Como ha explicado a este diario la investigadora de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, Paula Spagnoletti, se trata de generar miedo y advertir a otras mujeres sobre las consecuencias de habitar el espacio público siendo visibles. “El mensaje detrás es el castigo, la intención de generar miedo y la sanción hacia cualquier mujer que quiera visibilizar su orientación sexual o identidad de género”, dice.

En palabras de Rodríguez, además de acabar con la vida de una persona, envía un mensaje contundente: “es decir: no vamos a permitir que estas personas vivan con nosotros o vivan en igualdad de condiciones, que puedan hacer uso del espacio público como cualquier otra persona, que puedan ocupar establecimientos, centros comerciales, universidades, colegios, medios de comunicación. No lo vamos a permitir”.

A este panorama se suma una arista adicional, también se busca el silenciamiento de las voces de quienes han sido líderes y activistas, tal como ocurrió con el caso de Constanza Sánchez, más conocida como la “madre Constanza”, quien durante años fue refugio para jóvenes trans expulsadas de sus hogares en el barrio Santa Fe y defensora de derechos humanos. Las circunstancias de muerte aún no han sido esclarecidas. O el caso de Danne Belmont, también lideresa trans y directora de la Fundación GAAT, quien fue agredida físicamente en los últimos meses.

Es así como la muerte de Sara, Daniela, Catia, Constanza y las otras 31 personas asesinadas dejan entrever el patrón de violencia sistemática que recae sobre las personas con identidades de género diversas. Para Rodríguez, es indispensable analizar el panorama entendiendo que la violencia va más allá del acto individual, pues “contribuyen a mantener esas desigualdades sociales existentes, las refuerzan, esas relaciones de poder, esas jerarquías, y también refuerzan la forma en que nos relacionamos con las personas, el valor que le atribuimos a la vida de las personas”.

Sin embargo, ante un panorama que parece desesperanzador, Rodríguez considera que los activismos y los movimientos sociales han posicionado el reconocimiento de los derechos de las personas con experiencia de vida trans frente a la adversidad y la discriminación. “También hay cambios en la sociedad que no creo que vayan a desaparecer rápido. La esperanza es lo que alimenta los movimientos sociales también, y sí hemos cambiado cosas”, concluye.

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El Comité Olímpico Internacional (COI) desempolvó una vieja política que había implementado por última vez en la década de los 90: exigirle a las deportistas de la categoría femenina un test para demostrar que en sus genes no hay cromosoma Y, al que se le atribuyen rasgos biológicos masculinos. Una decisión que entrará en vigor en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que ha sido calificada como discriminatoria y polémica por diferentes organizaciones de derechos humanos y deportes alrededor del mundo.

Es así como todas las personas, incluidas las menores de edad, que quieran participar en la categoría femenina en el próximo encuentro deberán someterse a una prueba que se realiza una única vez en la vida y consiste en un PCR para detectar el gen SRY, a partir de muestras de saliva o sangre. Solo las atletas que obtengan un resultado negativo para el gen SRY podrán competir.

“La idea de la prueba es detectar si la persona tiene un gen que estaría involucrado en lo que se llama la “masculinización” de los procesos de diferenciación genital. Esta prueba, en términos técnicos, es fiable en el sentido de que nos dice si una persona tiene o no el gen SRY. Lo que no es fiable es que el gen SRY sea sinónimo de habilidad atlética”, explica Lu Ciccia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en entrevista con El Espectador.

Con esta medida, el COI limitaría la participación de mujeres trans, personas intersex y atletas con variaciones de las características sexuales, también conocidas como DSD por sus siglas en inglés. Estas últimas, son variaciones poco frecuentes en las que los cromosomas, las hormonas o los órganos reproductivos no se ajustan a las definiciones rígidas de lo “masculino” y lo “femenino”. La única excepción aplica para atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (CAIS), una condición poco común que impide atravesar la pubertad masculina, así como para aquellas con otras variaciones del desarrollo sexual que, según el propio COI, no se benefician de los efectos de la testosterona en el desarrollo de la fuerza y la masa muscular ni en el rendimiento deportivo.

La medida ha sido cuestionada por ser discriminatoria, pero también por sus implicaciones en el consentimiento. “Es problemático porque no pueden dar su consentimiento libremente. Se les exige que la realicen bajo condiciones coercitivas, ya que su participación en el deporte depende de ello. En algunos casos, como el de los atletas en Francia, se les pedirá que ignoren sus propias leyes nacionales, donde este tipo de pruebas genéticas son ilegales”, advierte en conversación con este diario Madeleine Pape, profesora titular de la Universidad de Lausana y atleta olímpica en 2008, quien además trabajó anteriormente con el COI en su Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales.

Sin embargo, el COI justificó que su decisión está apoyada en investigaciones científicas. En el comunicado, mencionó la creación de un grupo de trabajo para examinar los avances científicos, médicos y legales desde 2021, proceso que, lo llevó a concluir que “el sexo masculino ofrece una ventaja de rendimiento en todos los deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y la resistencia”. Para ello, explicaron que consultaron una amplia variedad de expertos y realizaron una encuesta en línea a atletas que recibió más de 1.100 respuestas. “La mayoría coincidió en que la equidad y la seguridad en la categoría femenina requieren normas claras y basadas en la ciencia, y que proteger la categoría femenina es una prioridad compartida”, señaló.

Frente a esa supuesta ventaja, Madeleine Pape explica que el COI no ha hecho públicas las pruebas en las que se basó para desarrollar esta política. “Por lo tanto, no podemos evaluar de forma independiente las pruebas que sustentan esta nueva decisión. Ni siquiera sabemos quiénes participaron en los grupos asesores que, en última instancia, influyeron en ella”, dice.

Advierte que, aunque algunas normativas deportivas asumen que la mera presencia del gen SRY es suficiente para indicar rasgos fisiológicos potencialmente relevantes para el rendimiento deportivo, ningún estudio ha establecido que el gen SRY cause o se correlacione con diferencias en la capacidad atlética. Este desempeño depende de múltiples factores biológicos, sociales y ambientales. Es decir, la fisiología, el entrenamiento, la nutrición y las oportunidades.

“De hecho, Andrew Sinclair, el genetista que descubrió el gen SRY, afirmó en un artículo que este gen no debería utilizarse para clasificar el sexo de una persona ni para tomar decisiones sobre su capacidad atlética, ya que esto nunca se ha demostrado. Por lo tanto, carecemos de evidencia que respalde este enfoque político”, asegura Pape.

Esta nueva política tan controvertida es la misma que en 1996, el Comité suspendió tras varios falsos positivos y por el temor de que penalizara variaciones biológicas en mujeres. Una decisión que dio paso a implementar directrices más inclusivas, como permitir a las mujeres trans competir con niveles reducidos de testosterona y posteriormente, ante la falta de estudios que probaran la existencia de una ventaja, en 2021 se dejó en manos de cada federación (los organismos que regulan cada disciplina deportiva a nivel internacional y nacional) la definición de sus propios criterios de elegibilidad. Sin embargo, con este cambio de política, todas las federaciones deberán adoptar el mismo enfoque.

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Por su parte, Néstor Ordóñez Saavedra, presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y director de posgrados en ciencias del deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, plantea que al estandarizar la norma, el COI les ahorró a las federaciones la carga de resolver individualmente el análisis sobre la supuesta ventaja de personas trans, intersexuales o mujeres cisgénero con presencia del cromosoma Y.

“Yo diría que el Comité Olímpico les hizo ese favor. Esta situación se debe resolver de manera interdisciplinaria con la participación de varios expertos y entender hasta dónde esto mejora el rendimiento deportivo o si hay una desventaja desleal. Aunque me parece que esto tenía que haberse analizado en ciertos deportes”, dice Ordóñez.

No obstante, en este punto se refuerza la idea de Madeleine Pape, quien advierte que la política del COI podría transgredir los marcos normativos de distintos países. Por ejemplo, en el caso colombiano, la Corte Constitucional falló a favor de una voleibolista antioqueña que fue excluida de una competencia deportiva por ser una mujer trans. En su decisión, el alto tribunal afirmó que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que las atletas trans tengan una ventaja competitiva sobre las deportistas cisgénero, es decir, personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.

Además, instó a las ligas deportivas a “analizar las particularidades de cada situación para establecer una solución que responda al contexto específico de la deportista y valore, caso a caso, los argumentos de todas las partes involucradas”, según la sentencia. En ese sentido, el análisis individual de cada caso se establece como una obligación para las autoridades deportivas, con el propósito de prevenir la discriminación.

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Por otro lado, Ordoñez afirma que, pese a las críticas, la validez de estas pruebas es del 99%. Una cifra que Pape no discute, pero que matiza: en una competición de 600 atletas, ese 1% de margen de error equivale a unos seis resultados falsos, lo que podría traducirse en descalificaciones injustas y graves consecuencias personales.

Justamente frente a estas pruebas, Andrea Florence, directora ejecutiva de la alianza mundial Sport & Rights Alliance, encuentra una preocupación en la falta de garantías de privacidad para las deportistas que obtengan resultados positivos. “La nueva política expone a mujeres y niñas a graves violaciones de la privacidad, humillación pública y amenazas sumamente peligrosas para su salud física y mental. La historia nos ha demostrado que las investigaciones suelen implicar exámenes médicos forzados, la divulgación de información médica íntima y el escrutinio mediático, lo que puede perjudicar permanentemente a mujeres y niñas, especialmente a aquellas con variaciones intersexuales”, dice a este diario.

Esta es la decisión de mayor alcance desde que Kirsty Coventry asumió la presidencia del COI el año pasado, cuando se convirtió en la primera mujer, la primera persona africana y la más joven en ocupar el cargo. Desde antes de su elección, ya había mencionado su intención de revisar la postura del COI sobre la categoría femenina. En febrero de 2025, durante un discurso ante el Comité Olímpico Europeo, Coventry afirmó: “Es evidente que las mujeres trans tienen una ventaja y pueden quitar oportunidades a otras atletas”.

“Lo que veo es una presidenta que persigue su propia agenda en lugar de una agenda política basada en la ciencia. Y lo está haciendo de maneras que resultarán atractivas para actores y grupos conservadores, incluido Donald Trump, quien ya había emitido una orden ejecutiva indicando que Estados Unidos intentaría forzar un cambio en la política del COI”, añade Pape.

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A esto añade una crítica más: la afirmación del COI de que la política se implementará sin perjudicar a las atletas, ofreciéndoles apoyo psicológico y asesoramiento. La investigadora considera que garantizar eso en más de 200 países y en los más de 40 deportes del movimiento olímpico es prácticamente “imposible”, pues dicho comité no tiene la capacidad para controlar cómo se aplicará la norma en la práctica.

Riesgos que, según su análisis, afectarían en mayor proporción a mujeres y niñas del Sur Global. “Es mucho menos probable que las mujeres y las niñas de esta región tengan acceso a asesoramiento legal y médico independiente. En los últimos años, hemos visto que, en gran medida, han sido las mujeres y las niñas del Sur Global quienes más han sufrido las consecuencias de las normas de elegibilidad y quienes se han visto obligadas a someterse a procedimientos muy invasivos para recuperar su elegibilidad en la categoría femenina”, advierte Pape.

Frente al acceso al deporte y la no discriminación, ILGA Mundo, una federación mundial que trabaja en pro de los derechos de las personas LGBTIQ+, advirtió que prohibir la participación de atletas trans e intersex en nombre de la “equidad” ignora que esta población ya enfrenta barreras desproporcionadas en el deporte, como el acceso limitado, el acoso y la violencia. Además, señalan que “no hay pruebas de que controlar los cuerpos de las mujeres y las niñas mejore la equidad; por el contrario, desvía la atención de problemas reales como la financiación desigual, el acceso al entrenamiento, las disparidades salariales y la violencia de género en el deporte”, mencionaron en su comunicado de prensa.

¿Cuántas personas trans han competido en los Juegos Olímpicos y qué dicen los datos sobre su rendimiento?

Alrededor de la participación de personas trans en el deporte existe bastante especulación, pero cuando se revisa el historial olímpico, la realidad es menos alarmista. La presencia de atletas con identidades de género diversas ha sido limitada y, en su mayoría, han sido hombres trans y personas no binarias quienes han llegado a competir, sin obtener resultados destacados. En el caso específico de las mujeres trans, quienes son el foco de la nueva medida, los ejemplos son aún más reducidos.

Uno de los casos más conocidos es el de Laurel Hubbard, levantadora de pesas neozelandesa, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021). Se convirtió en la primera mujer trans en participar en unas Olimpiadas. Sin embargo, fue descalificada tras fallar sus intentos en la modalidad de arranque en la categoría de 87 kg. Más recientemente, en los Juegos Olímpicos de París 2024, también participó Raven Saunders, quien clasificó a la final de lanzamiento de peso y finalizó en la undécima posición.

En ese contexto, los casos documentados son escasos y no evidencian patrones de dominio ni ventajas sistemáticas en el alto rendimiento, según expertas. La participación de atletas trans en los Juegos Olímpicos ha sido limitada, incluso frente a la visibilidad que ha adquirido en el debate deportivo internacional. Por eso, distintas organizaciones y especialistas han advertido que decisiones basadas en criterios amplios pueden traducirse en barreras desproporcionadas para las mujeres trans y mujeres cisgénero, limitando su acceso al deporte y profundizando la discriminación.