“Rosas rojas que simbolizan fuerza, rosas blancas que simbolizan paz y rosas rosadas que simbolizan amor”, eso fue lo que Diana* le pidió al equipo de búsqueda que dejara en el lugar en el que encontraron el cuerpo de David*, el amor de su vida. Dijo que el amor también podía verse en los colores y que, después de tantos años de espera, quería que ese momento fuera especial. Las flores fueron llevadas hasta la orilla del río La Tunia, en la frontera entre Caquetá y Meta, un territorio en el que durante años el conflicto armado se llevó historias de las que sabemos muy poco.

Hace unas semanas, Diana se convirtió en la primera mujer trans buscadora en liderar una misión de recuperación de personas dadas por desaparecidas en Colombia. Un acontecimiento histórico, pues durante décadas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas han quedado invisibilizadas en los procesos de reparación y memoria, pese a ser una de las poblaciones más afectadas en el marco de la guerra.

Hasta marzo de 2024, la Unidad para las Víctimas reportaba más de 6.000 personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. “Es una deuda, no solamente con las personas de orientación sexual diversa en cuanto a buscar sus seres queridos, sino también porque esta fue una de las poblaciones que ha sido violentada precisamente por eso, por su orientación sexual diversa”, dice Adiela Córdoba a El Espectador, investigadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que participó en este proceso.

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Durante 16 años, Diana mantuvo la esperanza de encontrar a su pareja. Insistió en buscarlo incluso cuando el miedo, la discriminación y las amenazas a su seguridad hacían casi imposible hablar del tema. Volvió al lugar, habló con la comunidad, tuvo que perder el miedo a hablar con las instituciones y ocultarse de los grupos armados.

“Es un reto muy grande buscar cuando tú no puedes decir ciertas cosas por temas de seguridad, que para este caso también aplica porque es una mujer que tuvo una historia de vida, una historia de amor en la clandestinidad, y que era castigada por la organización con unas sanciones muy severas”, explica Córdoba.

Desde muy pequeña, fue reclutada junto a sus hermanas por uno de los grupos armados con fuerte presencia en San Vicente del Caguán, un flagelo que vivieron cerca de 1.063 personas entre 1990 y 2017 en la zona, según cifras de la Comisión de la Verdad. Diana no conocía otra forma de vida. Desde una corta edad le enseñaron que “en la guerrilla uno no tiene amigos, no tiene personas cercanas, solo son compañeros o camaradas”, dice a El Espectador. Al punto de que hubo años en los que no supo nada de sus hermanas.

Para ella, eso se traducía en una sensación de soledad constante. Hasta que conoció a David, un miembro de alto rango en el grupo armado. “Cuando nos distinguimos, nos unimos y construimos un lazo muy fuerte, pero era una relación muy silenciosa porque en el movimiento no se permiten personas de la diversidad. Si te descubren, el castigo es consejo de guerra o fusilamiento”, recuerda Diana.

Estas prácticas, documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales, dan cuenta de que la violencia contra la población sexualmente diversa también estuvo motivada por prejuicios y discriminación. El objetivo específico de los grupos al margen de la ley era “corregir” o “castigar” su orientación sexual o identidad de género, imponer normas de género hegemónicas y disciplinar los cuerpos.

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No obstante, decidieron continuar la relación desde la clandestinidad. Según su relato, el momento más fuerte fue cuando una de las cabecillas del grupo armado amenazó a su padre, y ella, devastada, encontró consuelo en David. “Yo le dije que me iba a volar, que quería vengarme, que no quería estar más ahí. Y él siempre me decía que en algún momento íbamos a salir, que nos íbamos a ir lejos, que íbamos a tener las cosas que queríamos y a compartir como familia”, menciona. Para ese momento, ella no había realizado su proceso de transición de género, por lo que era reconocida socialmente como “él”.

Fue en 2009, entre los bosques húmedos del piedemonte amazónico, en una región en la que la selva empieza a mezclarse con las sabanas de la Orinoquía, puntualmente en el río La Tunia, donde se dio el enfrentamiento entre su bloque y el Ejército Nacional. Los tomó por sorpresa, y en ese combate el sueño de huir de la guerrilla y formar una familia se rompió. David nunca volvió. “Escuché todas las noches la emisora Colombia Estéreo [la red de emisoras institucionales del Ejército Nacional] para saber si se había entregado o si se había volado”, recuerda.

David murió a las orillas del río, el corredor fluvial que ha sido un punto estratégico y disputado entre los grupos armados para el transporte de coca e indumentaria. En municipios cercanos operaron frentes de las antiguas FARC y la región hizo parte entre enero de 1999 y febrero de 2002 de la zona de distensión establecida durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana.

Según la Comisión, en ese periodo la guerrilla consolidó campamentos, rutas de movilidad y formas de control territorial sobre las comunidades rurales, y se cometieron asesinatos como el del congresista Diego Turbay Cote y los de los alcaldes José Lizardo Rojas y Luis Elías Marín. Tras el fin de los fallidos diálogos, la zona se convirtió en uno de los escenarios más intensos de confrontación armada entre la guerrilla y la Fuerza Pública.

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Una semana después del enfrentamiento, Diana decidió volver por sus propios medios para buscarlo. La comunidad le dijo que lo encontraron muerto y decidieron ponerlo en una bolsa plástica, lo que permitió su conservación e identificación 16 años después. “Yo prometí que algún día tenía que sacarlo de donde estaba, con ayuda o sin ayuda, independientemente de los obstáculos, las minas o el territorio”, dice Diana. Esa fue la primera vez que intentó localizar el cuerpo de David.

En ese momento, dos hechos fueron muy importantes para lo que vendría después. Por un lado, la decisión de la comunidad de cubrirlo con una bolsa e inhumar el cuerpo. “Aquí el tema de los agentes naturales, la acidez de la tierra, la humedad, todo eso juega un papel muy importante en la conservación o no del cuerpo”, explica la investigadora. Si el cuerpo de David hubiese quedado expuesto a las orillas del río, probablemente no hubiese sido fácil encontrarlo.

Y, por otro lado, el sentir de Diana. El mismo que tienen las personas que dedican sus vidas a buscar a sus seres queridos en el marco del conflicto armado. “Hay un tema de dignificación”, dice Córdoba. “Esa búsqueda contribuye a cerrar un ciclo de incertidumbre y de dolor y a iniciar un proceso de duelo a partir de encontrar su cuerpo y darle sepultura en condiciones de dignidad bajo un rito religioso o cultural, de acuerdo con sus creencias. Es la reivindicación de su dignidad como ser humano”.

Pese a tener el relato de la comunidad, Diana no pudo volver. Al tener una relación clandestina, tenía que ocultar su dolor de los otros combatientes, lo cual bajaba su rendimiento. Eso la llevó a enfrentar castigos: “fui sancionada, me tocaba hacer huecos de basura, trincheras, chontos y guardia”.

Hasta que logró desmovilizarse en los años posteriores. Solo allí pudo iniciar la búsqueda y cumplir parcialmente la promesa que había hecho con David: salir del grupo armado. “Diana es una muestra más de una mujer que, movida por ese amor incondicional, desde que supo del fallecimiento de su pareja pensó en la condición en la que estaba dentro del grupo armado e ingenió las maneras de poder hacer algo para reivindicar la dignidad del cuerpo de su ser querido”, agrega Córdoba.

Durante años tocó puertas, hasta que llegó a la organización Colombia Diversa, que la asesoró y la dirigió a la UBPD. Según Córdoba, allí se abrieron nuevas preguntas para la entidad, pues inició la discusión sobre el reconocimiento de las familias sociales y los derechos de esta población. “Empezamos a pensar qué metodologías utilizamos para poder entregar una persona a su familia social, que en este caso es su pareja, que por supuesto tiene todo el derecho”, señala. Esto, debido a que muchas parejas o redes afectivas LGBTIQ+ no son reconocidas institucionalmente.

La figura e insistencia de Diana fueron claves al momento de recuperar el cuerpo. “Ella nos entregó un croquis del lugar con la ubicación de unos elementos muy importantes que encontramos cuando fuimos a hacer la localización. Hablaba de un potrero, de una palma, del puerto, de una finca, una cantidad de elementos que pudimos verificar después”, afirma Córdoba. Tras años de espera, Diana logró la segunda promesa que le hizo a David después de su fallecimiento: sacarlo de ahí.

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Al día de hoy, ninguna persona trans había liderado una misión de recuperación de una persona desaparecida. Durante mucho tiempo, las historias de personas LGBTIQ+ afectadas por la guerra quedaron fuera de los relatos del conflicto. Sus vínculos afectivos rara vez fueron reconocidos en los procesos de búsqueda o de memoria. Ahora, Diana espera poder darle sepultura y unas últimas palabras: “te amo, no quiero que me dejes sola”.

*Diana y David son nombres ficticios, creados para proteger la identidad de la persona buscadora.

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Hablar de pornografía lésbica también implica reconocer la distancia entre los guiones de estas producciones y las experiencias reales de las mujeres que aman a otras mujeres. La razón por la que este tema vuelve al centro de la conversación está en los datos. El resumen anual de Pornhub, la página web de este contenido más grande del mundo, señaló que el porno lésbico estuvo entre las categorías más vistas en 2025. Búsquedas como “tijera lésbica” aumentaron un 79 %, “MILF lésbica” un 129 % y “lesbiana con arnés” un 62 %.

Entonces surge una pregunta: ¿este tipo de pornografía alcanza esos niveles de popularidad porque responde a los intereses y experiencias de las mujeres, o porque se produce desde una mirada masculina que prioriza lo que muchos hombres consideran “atractivo”?

Sin mayores rodeos, la psicóloga y sexóloga Erika Pinzón Benavides, directora de Helpfi Psicología, considera que esta tendencia responde sobre todo a un consumo marcado por el interés masculino. “Responde más a una estimulación rápida y visual, centrada en el morbo, que reduce la sexualidad entre mujeres a un espectáculo y no a un encuentro entre ellas”, comenta en entrevista con El Espectador.

Y justamente esa reflexión de la experta se relaciona con un concepto más amplio, conocido como male gaze o “mirada masculina”. La teórica feminista británica Laura Mulvey propuso este término en 1973 para explicar cómo el cine suele mostrar a las mujeres desde una perspectiva que las convierte en objetos de deseo, presentadas para ser observadas y evaluadas por los hombres.

Con el tiempo, esta idea dejó de limitarse al cine y comenzó a aplicarse a otras formas de representación, como la literatura, la publicidad y hasta la pornografía. En el porno lésbico, esa lógica también aparece. Las posiciones, los ángulos de cámara, las imágenes que se priorizan y hasta la disposición de los cuerpos suelen organizarse para mantener ciertos planos y resaltar partes específicas del cuerpo, que responden a los intereses del consumo masculino.

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Según la experta, el problema de la representación en el porno lésbico no está solo en el fetiche en sí, sino en que empobrece la representación de la sexualidad entre mujeres. Uno de los clichés más conocidos es la posición de las “tijeras”, una práctica sexual documentada desde la antigua Grecia bajo el nombre de tribadismo, que hace referencia al frote entre vulvas.

En la pornografía comercial aparece con frecuencia porque es altamente visual y permite que la cámara capture ambos cuerpos al mismo tiempo. Sin embargo, muchas mujeres señalan que en la práctica esta posición es poco común, difícil de ejecutar o menos placentera que otras formas de estimulación, que suelen ser menos “cinematográficas”, pero funcionan mejor en sus encuentros.

Este tipo de representaciones también se conecta con la tendencia de interpretar las relaciones LGBTIQ+ a partir de modelos heterosexuales. Como el sexo entre mujeres y hombres suele reducirse erróneamente a la penetración vaginal, se asume que el de los hombres gais se centra en el sexo anal y que el de las lesbianas se limita al sexo oral o al uso de juguetes para la penetración. Aunque estas prácticas pueden existir, las experiencias sexuales entre mujeres suelen ser mucho más diversas.

“Un mito de la pornografía es que el sexo entre mujeres se limita al uso de juguetes, cuando en realidad incluye muchos más elementos: las manos, la boca, las caricias, la respiración, los masajes y formas de placer que no siempre son genitales. El deseo sexual femenino es mucho más complejo”, explica Pinzón.

A su juicio, el porno suele dejar por fuera otras formas de contacto físico más sutiles, afectivas o sensoriales que también forman parte de estos encuentros, y en cambio refuerza una idea simplificada del sexo como algo rápido y centrado únicamente en la estimulación genital.

A esto se suma otro elemento frecuente en estas producciones. Las mujeres que protagonizan estas escenas suelen responder a un mismo tipo de imagen: cuerpos feminizados e hipersexualizados. Este patrón deja por fuera la diversidad de cuerpos y expresiones de género que también forman parte de las relaciones queer, como las mujeres con expresiones más masculinas.

Justamente esa acumulación de clichés y la falta de realismo pueden actuar como una barrera de identificación para la audiencia queer. Para muchas mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, estas escenas no se perciben como un encuentro erótico, sino como situaciones incómodas o poco creíbles.

Ante este panorama se suma el elemento del uso de la pornografía como una fuente de información para muchas personas LGBTIQ+. “Esta población ha crecido muchas veces en silencio, con vergüenza y con poca educación sexual, o con una educación sexual restrictiva. De alguna manera, el porno termina convirtiéndose en su aprendizaje, en su biblioteca”, explica la experta.

Sin embargo, para Pinzón esto puede convertirse en un problema, ya que muchas personas comienzan a ver pornografía desde la adolescencia y, a partir de allí, construyen guiones sexuales rígidos que presentan el sexo como algo rápido, visual e intenso, sin espacio para la comunicación, el consentimiento, las inseguridades o las pausas. Esto puede generar expectativas poco realistas sobre el placer, los cuerpos y la forma en que deberían vivirse las relaciones sexuales. Incluso, puede afectar la autoestima y la manera en que las personas validan su propio cuerpo y entienden la sexualidad.

También señala que este tipo de contenidos estimula la búsqueda de gratificación inmediata. Esto significa que el cerebro puede acostumbrarse a ese tipo de estímulo rápido, lo que en algunos casos puede derivar en dificultades sexuales. Todo esto ocurre en plataformas que, video tras video, reproducen estereotipos que reducen a las mujeres a objetos de placer e incluso normalizan violencias sexuales. Por eso, cuando la pornografía se convierte en la única referencia, se dificulta explorar otras dimensiones del encuentro.

¿Por qué el porno lésbico también es popular entre mujeres?

Las mujeres también se encuentran entre quienes más consumen porno lésbico. Según los datos del informe anual de Pornhub, esta categoría ocupa el primer lugar entre las usuarias, mientras que entre los hombres aparece en el sexto puesto.

Algunas mujeres han interpretado esta preferencia como una señal de atracción hacia otras mujeres. Sin embargo, estudios como uno realizado por investigadores de la Universidad de Essex, en Reino Unido y retomado por el diario El País, sugieren otra explicación. Muchas mujeres heterosexuales reportan mayor excitación al ver a otras mujeres en situaciones eróticas, en parte porque perciben este tipo de contenido como menos agresivo que el porno heterosexual.

También se plantea que, al no haber una figura masculina “dominante”, algunas espectadoras perciben estas representaciones como menos jerárquicas y con mayor atención a las sensaciones y al cuerpo de la mujer. Para parte de la audiencia femenina, esto puede resultar más fácil de seguir o de imaginar dentro de sus propias experiencias eróticas.

Otro aspecto que rara vez aparece en estas representaciones: la protección y la salud sexual

Justamente, esa falta de educación sexual integral dirigida hacía la población LGBTIQ+, implica que no hay tanta información sobre los riesgos y métodos de protección. “En el porno entre mujeres casi nunca se muestra el uso de protección, ni siquiera con juguetes. Tampoco aparecen elementos como las láminas de látex para el sexo oral o la higiene de los juguetes. Es como si no se necesitara protección frente a las infecciones de transmisión sexual entre mujeres”, explica Pinzón.

En la práctica, en cambio, se recomienda el uso de guantes o fundas de látex para los dedos; láminas de este mismo material para poner sobre la vagina; condones femeninos como el diafragma y preservativos en juguetes compartidos para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. La ausencia de estas prácticas en el imaginario pornográfico puede reforzar la idea equivocada de que el sexo entre mujeres no implica riesgos para la salud sexual.

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El pasado 8 de marzo se realizaron las elecciones legislativas, en las que se definió la nueva composición del Congreso de la República para los próximos cuatro años, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aunque la campaña Voto por la Igualdad, de la organización Caribe Afirmativo en alianza con la MOE y otras organizaciones, anunció un total de 32 candidaturas LGBTIQ+ en esta ocasión, una cifra superior a la del periodo anterior, solo dos personas abiertamente LGBTIQ+ resultaron elegidas.

De acuerdo con el conteo de votos, ambas curules corresponden a la Cámara de Representantes de Bogotá. La cifra refleja una participación limitada si se tiene en cuenta que, de las 3.231 candidaturas inscritas, solo el 1 %, correspondían a personas que se reconocen abiertamente con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Mauricio Toro - Partido Alianza Verde

Resultó elegido Mauricio Toro, quien se reconoce abiertamente como hombre gay y cuenta con una larga trayectoria en el sector público. En 2015 fue gerente de Mentalidad y Cultura en iNNpulsa, la unidad del Gobierno Nacional enfocada en el crecimiento empresarial. Más adelante llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con el programa “Nos tocó a los ciudadanos ser políticos”. En 2022 asumió la presidencia del ICETEX con el objetivo de impulsar un modelo de financiación más justo para el acceso a la educación superior.

Entre las banderas que actualmente promueve figuran temas como educación, salud, ambiente y seguridad. Dentro de las propuestas que conciernen a la población LGBTIQ+ plantea prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, que Naciones Unidas ha catalogado como una forma de tortura y violación a los derechos humanos.

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También propone apoyar la aprobación de la Ley Integral Trans, conocida como Ley Sara Millerey. Esta iniciativa busca garantizar derechos fundamentales para las personas trans y no binarias, entre ellos el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, el reconocimiento de la identidad y una vida libre de violencias. El proyecto avanzó el 20 de junio, cuando fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero aún le faltan tres debates más para convertirse en ley.

María del Mar Pizarro - Pacto Histórico

También resultó elegida María del Mar Pizarro, quien ocupaba el tercer lugar en la lista de su partido. Antes de su paso por el Congreso trabajó como coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y también hizo parte del Departamento Nacional de Planeación. Desde 2015 dirige una empresa dedicada a productos ecológicos para la limpieza del hogar. Con estos resultados continuará en la Cámara de Representantes, ya que también había sido elegida en las elecciones legislativas de 2022.

Pizarro es hija de Laura García, segunda pareja de Carlos Pizarro Leongómez, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego cofundador del M-19 y posterior candidato presidencial asesinado en 1990.

Dentro de su agenda legislativa ha impulsado la llamada Ley del Agua, una iniciativa que busca evitar la concentración del recurso hídrico y garantizar su acceso equitativo desde una perspectiva de protección ambiental. En ese contexto ha denunciado el acaparamiento del agua por parte de multinacionales, actores privados y particulares. Aunque sus propuestas principales no se centran en temas específicos de la población LGBTIQ+, sí ha denunciado los crímenes por prejuicio y ha expresado su apoyo a iniciativas relacionadas con la garantía de sus derechos.

Dos elecciones LGBTIQ+, pero menos presencia en el Congreso

Aunque la elección de estas dos candidaturas garantiza la presencia de liderazgos abiertamente LGBTIQ+ en el Congreso, el balance general refleja una disminución en la representación política de la diversidad sexual frente al periodo legislativo anterior. En ese momento se alcanzaron seis curules ocupadas por personas LGBTIQ+, según el seguimiento realizado por Caribe Afirmativo.

“La reducción en el número de congresistas abiertamente LGBTIQ+ abre un debate sobre los desafíos que enfrentan estas candidaturas en el sistema político colombiano, incluyendo barreras de financiamiento, violencia política basada en prejuicios, desinformación y ataques centrados en la orientación sexual o identidad de género de las personas candidatas”, advierte Caribe Afirmativo.

Está baja participación también se convierte en un indicador de las dificultades que aún enfrenta el sistema político colombiano para incorporar la diversidad en los espacios donde se toman las decisiones del país.

A este panorama se suma que ninguna de las siete personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que aspiraban al Senado logró obtener una curul. Entre las candidaturas se encontraban Andrea Romero Guerrero, Andrés Rojas y Yury Paulina Chavarro del Partido de la U; Andrés Cancimance y Tamara Argote del Pacto Histórico; Angélica Lozano, del Partido Verde y Luis Carlos Leal, del Frente Amplio Unitario.

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El próximo 8 de marzo, cuando la ciudadanía se acerque a los puestos de votación y reciba el tarjetón del Congreso, podrá encontrarse con algo que hace no mucho tiempo habría sido impensable en la política colombiana: nombres de personas que se reconocen públicamente como parte de la población LGBTIQ+ y que compiten por una curul. Son 32 candidaturas en total, según el conteo de la campaña Voto por la Igualdad.

El número de personas diversas que participan en estas elecciones se enmarca en una contienda más amplia, en la que 3.231 candidaturas de todo el país se inscribieron para disputar el Senado o la Cámara de Representantes. Este grupo representa menos del 1 % del total, pero su presencia refleja una historia más larga sobre quiénes han tenido acceso a la representación política en el Congreso y quiénes apenas empiezan a llegar a ese escenario.

“A pesar de los avances normativos en materia de derechos, la presencia electoral de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sigue siendo marginal en términos cuantitativos”, dice la organización Caribe Afirmativo, que lidera la campaña Voto por la Igualdad, creada en 2014 y articulada en este período con FESCOL, la MOE y Extituto.

La mayor parte de estas candidaturas se concentra en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá, donde se ubica casi la mitad de las postulaciones a la Cámara de Representantes. De las 20 candidaturas LGBTIQ+ a la Cámara, 12 corresponden a Bogotá, seguida de Antioquia, Risaralda y Quindío, con dos candidaturas cada uno, y Valle del Cauca y Tolima, con una candidatura en cada departamento. También hay tres candidaturas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y dos en la Circunscripción Especial Afrodescendiente.

¿Hay cambios en la participación política de personas LGBTIQ+ en el Congreso?

El dato marca un récord en la historia reciente de la política colombiana. De acuerdo con el mapeo de las organizaciones sociales, el número de candidaturas LGBTIQ+ en el ciclo electoral de 2022 fue de 26, por lo que en esta ocasión el aumento es de seis personas.

Durante décadas, el Capitolio colombiano fue un espacio dominado por perfiles muy parecidos. Hombres y mujeres, en su mayoría heterosexuales, provenientes de partidos tradicionales o de estructuras políticas con larga trayectoria. Ese panorama empezó a cambiar lentamente en los últimos años.

En 2014, Angélica Lozano se convirtió en la primera mujer lesbiana elegida para una curul en el Congreso. Ocho años después, en las elecciones de 2022, el número de congresistas que se reconocieron como parte de la población LGBTIQ+ alcanzó su punto más alto: seis curules, entre ellas las de Lozano, María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Boreal.

Según los datos de Voto por la Igualdad, las trayectorias de quienes hoy buscan una curul también muestran recorridos distintos a los de la política tradicional. Varias de estas candidaturas provienen de organizaciones sociales, procesos comunitarios o espacios de activismo. Algunas han estado vinculadas a luchas ambientales, procesos juveniles o iniciativas de memoria y paz en territorios afectados por el conflicto armado.

“Las 32 candidaturas identificadas no solo disputan escaños; disputan la narrativa de quién puede habitar el poder”, afirma la organización. Y agrega que la pregunta de fondo frente a estas candidaturas es “si la democracia colombiana está preparada para que la pluralidad social se refleje, también, en la arquitectura del Congreso”.

Esto debido a que el contraste entre avances legales y representación política es evidente. En los últimos 20 años, buena parte de los derechos LGBTIQ+ reconocidos en el país han llegado a través de sentencias de la Corte Constitucional: matrimonio igualitario, adopción o el reconocimiento de la identidad de género. Mientras que el legislativo ha dado pasos lentos.

Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran a la Cámara de Representantes en las elecciones 2026

Antioquia:

• Benjamín Rojas - Frente Amplio Unitario
• Édgar Raúl Medina - Frente Amplio Unitario

Bogotá:

• Elkin Calvo - Partido Verde
• Gina Paola Díaz - Nuestra Fuerza
• Jhon Jairo Jiménez García - Movimiento Salvación Nacional
• Juan David Aristizábal - Nuevo Liberalismo
• Julián David Chacón - Nuestra Fuerza
• Julieth Paola Rincón Garzón - Nuevo Liberalismo
• Kevin Beltrán Herrera - Nuevo Liberalismo
• María del Mar Pizarro - Pacto Histórico
• Mauricio Toro - Partido Verde
• Miguel Barriga - Pacto Histórico
• Natalia Goyeneche - Partido Verde
• Sue Duarte Oviedo - Alianza Bogotá Convergente

Quindío:

• Cristian David Giraldo - Pacto Histórico
• Jovan Sánchez - Nuevo Liberalismo

Risaralda:

• Alejandro García - Alianza Verde
• Mariana Gil - Alianza Verde

Tolima:

• Alba Isabel Domínguez - Partido Liberal

Valle del Cauca:

• Limbania Cobo - Partido de la U

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP):

• Alexander Campos - ASODESURT
• Héctor Fabio Acosta - Resguardo Indígena de Honduras
• Juan Jesús Mercado - ASOPRAMAS

Circunscripción Especial Afrodescendiente:

• Audrey Valle González - Movimiento Diógenes Binta
• Miguel Polo Polo

Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran al Senado en las elecciones 2026

• Andrea Romero Guerrero - Partido de la U
• Andrés Cancimance - Pacto Histórico
• Andrés Rojas - Partido de la U
• Angélica Lozano - Partido Verde
• Luis Carlos Leal - Frente Amplio Unitario
• Tamara Argote - Pacto Histórico
• Yury Paulina Chavarro - Partido de la U

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A Luisa Fernanda Parra la encontraron sin vida en una calle; a Sara Millerey, agonizando en un río; a Emy Britto la atacaron y asesinaron en un establecimiento comercial. Las tres tenían algo en común: eran mujeres diversas, eran visibles en sus comunidades y fueron asesinadas en espacios públicos y a la vista de otras personas. No son detalles menores. En América Latina, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer están siendo asesinadas en escenarios abiertos, expuestas y visibles. Colombia es el país que más reporta estos crímenes en la región.

Entre 2022 y 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 137 asesinatos de mujeres LBQ en nueve países de América Latina: Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. Este conteo se construyó a partir del trabajo de organizaciones sociales, redes comunitarias y noticias locales, por lo que no corresponde a cifras oficiales y evidencia los límites de los registros estatales.

“En muchos países no hay fuentes oficiales y, cuando existen, muchas veces son incompletas o difíciles de consultar”, explica la investigadora de la red, Paula Spagnoletti, en entrevista con El Espectador. Aunque la mayoría de países tiene registros sobre violencias de género, muchos no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género de las mujeres, lo que termina invisibilizando estas violencias y deja vacíos en la investigación de crímenes por prejuicio desde las primeras etapas de los procesos judiciales.

Colombia aparece una y otra vez en ese mapa. Casos como los de Luisa, Sara o Emy se repitieron al menos 65 veces más en el país durante ese periodo de tiempo. Son hechos que obligan a mirar estos asesinatos más allá de cómo se ha entendido el feminicidio o el transfeminicidio hasta el momento. “Muchas veces los cuerpos son abandonados en espacios públicos, arrojados a ríos o dejados a la vista, lo que muestra una violencia que busca enviar un mensaje”, dice Spagnoletti.

Un ejemplo es el caso de Sara Millerey, un crimen que sacudió a Colombia y cruzó fronteras, debido a la sevicia con la que fue cometido y por la circulación de imágenes que expusieron su sufrimiento y la revictimizaron. El 7 de abril de 2025 se conoció su muerte. Tenía 32 años, era una mujer trans y vivía en Bello, Antioquia. Sus agresores le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a la quebrada Playa Rica. Sara quedó en el agua, herida y quejándose de dolor y, aunque varias personas presenciaron lo ocurrido, nadie la ayudó; por el contrario, grabaron la escena y viralizaron el video.

“Estamos hablando de violencia por prejuicio”, afirma la investigadora. Es una violencia que nace del rechazo social y que busca “castigar” a las personas diversas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. “Se sostiene en estructuras sociales, culturales y políticas que rechazan a quienes no encajan en la norma heterosexual y cisgénero”, agrega.

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En el caso de las mujeres LBQ en América Latina, el informe de la red registra patrones que refuerzan esa lectura: homicidios acompañados de violencia sexual, signos de tortura, agresiones y golpes en el cuerpo. “Vemos altos niveles de brutalidad y ensañamiento sobre los cuerpos, con lesiones repetidas y concentradas en partes específicas, lo que habla de un intento de borrar la identidad de estas mujeres”, explica Spagnoletti.

En algunos casos, la violencia continúa después de la muerte, cuando el cuerpo es abandonado o expuesto en el espacio público. Y al ser expuestos, “el mensaje detrás es el castigo, la intención de generar miedo y la sanción hacia cualquier mujer que quiera visibilizar su orientación sexual”, reitera. Es un mensaje dirigido a otras mujeres, que puede traducirse en miedo a salir a la calle, a mostrarse con su pareja, a tomarse de la mano o a expresar afecto en público sin temor a represalias.

En el caso de Emy Britto, una mujer lesbiana conocida y querida en su comunidad, organizaciones sociales señalan que el crimen podría estar relacionado con su visibilidad. Fue asesinada a plena luz del día, el 16 de junio de 2025, en el barrio 31 de Octubre, en Riohacha. Estaba en un establecimiento comercial, en uno de los momentos de mayor movimiento del sector, cuando dos hombres en motocicleta entraron al lugar y le dispararon varias veces frente a todas las personas. La forma en que ocurrió el ataque causó conmoción en la comunidad y reforzó la sensación de desprotección.

“Es una práctica de disciplinamiento y exclusión del espacio social. El mensaje es: acá no”, dice Spagnoletti.

Sin embargo, hay otro patrón en la violencia contra las mujeres LBQ, lo que la investigadora denomina una afectación a su “autonomía afectiva”. Se trata de la libertad de elegir con quién vincularse emocional y sexualmente, una decisión que, para muchas mujeres diversas, sigue siendo castigada.

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Por ejemplo, el caso de Luisa Fernanda Parra, una mujer trans y lesbiana de 19 años. El 8 de junio de 2023 salió tomada de la mano con su novia rumbo a su trabajo en una fábrica de calzado en el barrio Restrepo, en Bogotá. A pocas cuadras de la iglesia de la Valvanera, en Bosa, dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon varias veces. Luisa murió en el lugar. Su familia aseguró que no conocían de amenazas previas ni conflictos que explicaran el ataque. Su pareja contó que no hubo forcejeo ni intento de robo, lo que deja abierta la posibilidad de que el crimen estuviera motivado por prejuicio.

Así mismo, en la región se registraron casos en los que “los agresores fueron exparejas varones de las víctimas o personas vinculadas a relaciones previas. Ahí aparece el castigo hacia una mujer que decide de manera autónoma su orientación sexual”, dice la experta. La violencia aparece como una forma de control frente a mujeres que deciden amar a otra mujer.

Por este conjunto de patrones, que se repiten de manera sistemática, la Red Sin Violencia sostiene que los asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y queer deben entenderse como una forma de violencia de género, con rasgos propios. A diferencia de muchos feminicidios de mujeres heterosexuales, donde gran parte de los crímenes ocurre en el ámbito privado, los datos muestran que las mujeres LBQ son asesinadas sobre todo en el espacio público.

“La agresión aparece muchas veces cuando la orientación sexual se hace visible. Cuando están con sus parejas, cuando ocupan el espacio público como mujeres que aman a otras mujeres”, señala Spagnoletti.

Impunidad y subregistro en América Latina

La investigadora advierte que este conteo también tiene límites, al depender de información recolectada por organizaciones sociales. En los nueve países, más del 80 % de los casos documentados corresponde a mujeres lesbianas, 21 a mujeres bisexuales y cinco a mujeres registradas como “no heterosexuales”, una categoría que evidencia fallas y falta de cuidado en la forma en que se documentan estos crímenes y que no nombra identidades, sino vacíos institucionales.

“En el 40 % de los homicidios no se consignó el medio utilizado, lo que muestra graves fallas en la investigación y en los registros oficiales”, señala el informe. Estos vacíos afectan especialmente los casos de violencias basadas en género cuando están atravesados por orientaciones sexuales e identidades de género diversas sin que existan sistemas estatales robustos que permitan dimensionarlas en su totalidad.

Esa falta de precisión en los registros no es menor y se traslada, incluso, a la falta de visibilidad frente a las violencias contra las mujeres trans, que se siguen documentando semana a semana en Colombia y los otros ocho países analizados.

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A esto se suma la impunidad. De los 137 asesinatos registrados por la red, solo dos han terminado en condenas. “La impunidad también se da cuando los procesos avanzan sin tener en cuenta la orientación sexual de las víctimas ni una mirada desde la diversidad”, agrega Spagnoletti.

Ahora bien, la experta enfatiza en que el hecho de que Colombia concentre el mayor número de casos registrados no necesariamente significa que la violencia sea mayor comparada con los otros países. La pregunta que queda abierta es si esas cifras responden a un mayor seguimiento por parte de organizaciones sociales y redes comunitarias, mientras en otros países de la región los asesinatos de mujeres LBQ ocurren con menos documentación, menos visibilidad y más silencio.

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“Destrocé el corazón de Celia porque pasaba la mitad de mi tiempo amándola; y la otra mitad, ocultando lo mucho que la amaba”. Esta confesión del libro de Taylor Jenkins Reid resume una experiencia que marcó la Era Dorada de Hollywood: la fragmentación de la identidad como estrategia de supervivencia en una industria que castigaba a las personas LGBTIQ+. Se trata del retrato de un contexto real en el que las personas diversas debían dividirse para poder existir en la vida pública.

El vínculo entre Evelyn Hugo y su compañera de estudio, Celia St. James, se desarrolla bajo una presión que obligaba a silenciar cualquier relación fuera de la norma heterosexual. Algo común en las relaciones románticas entre mujeres, la necesidad de presentar a tu pareja como tu “amiga”. La novela muestra cómo esta hostilidad social se traduce en la construcción de una fachada sostenida mediante el llamado “matrimonio lavanda”: acuerdos matrimoniales en los que una o ambas personas ocultan su orientación sexual para preservar su reputación pública, estabilidad económica o carrera profesional.

Evelyn se casa siete veces, combinando ambición con la necesidad de resguardar su intimidad. Estas uniones eran frecuentes en una época en la que la homosexualidad podía derivar en sanciones legales o en la pérdida de contratos. Porque amar libremente tenía condiciones. Para la protagonista, una mujer bisexual que amó profundamente tanto a hombres como a Celia, el matrimonio se convirtió más en un mecanismo de protección antes que en un proyecto romántico.

Contrato de protección

Históricamente, el matrimonio ha sido mucho más que una unión afectiva. En diálogo con este medio, la socióloga Mariana Castro explica que este vínculo ha funcionado como un contrato económico y social, especialmente en épocas donde las mujeres enfrentaban restricciones legales, simbólicas y materiales para construir su propia autonomía. Es decir, una institución que ordenaba la vida en torno a los hombres y limitaba la posibilidad de sostener vínculos afectivos visibles con otra mujer.

Bajo este esquema, los matrimonios por conveniencia surgen como respuestas estratégicas a entornos hostiles, en este caso, homofóbicos y machistas. Castro advierte que, aunque estos tratos ofrecen estabilidad, “siguen implicando la necesidad de ocultarse socialmente”. Las condiciones anulan el margen del deseo y colocan la vida en el centro de la decisión.

Desde la psicología, Nancy Becerra refuerza la idea planteando estos acuerdos como mecanismos de resguardo emocional y material. Para la especialista, no se trata de una opción libre, sino de una “constante disputa de supervivencia entre el bienestar psicológico, la seguridad económica y la inclusión social”.

No obstante, Becerra introduce un matiz importante: estos pactos, cuando son conscientes y éticos, también son una forma de resistencia. La complicidad en el secreto genera una fortaleza vincular que permite preservar la integridad en contextos donde existir abiertamente implicaba, y aún implica, un riesgo real.

Fragmentación y un duelo silencioso

Habitar una mentira durante décadas tiene un costo profundo. Priorizar la seguridad material por encima de la verdad personal organiza la mente alrededor de la negación. Según la psicóloga, este proceso implica un desgaste constante: “ocultar la orientación sexual no es solo ‘no decir algo’, al contrario, es estructurar la vida social bajo una máscara”.

Para sostener esta mentira, Evelyn desarrolla una gran capacidad para separar sus emociones. Según la especialista, más allá de una patología, se convierte en una forma de evitar que su vida privada choque con su carrera. Sin embargo, el precio es lo que se llama precarización simbólica, en donde logra mantener su éxito profesional, pero a cambio de un desgaste interno que la va vaciando por dentro.

El ocultamiento también produce un duelo no reconocido por la vida y el amor que no pudo vivirse a plena luz. La invisibilización responde a lo que se denomina la “heterosexualidad obligatoria”, una estructura social que mantiene la centralidad del hombre en la vida de las mujeres. Al mantener su romance en la sombra, la estrella protegía su poder, pero reforzaba el silencio impuesto por el sistema.

La norma como herramienta de exclusión

La heterosexualidad opera como una regla social que condiciona el valor femenino a su relación con los hombres. Mariana Castro señala que este mandato puede generar una “heterosexualidad compulsiva”, donde incluso mujeres con deseos hacia otras mujeres establecen estos vínculos para validar su pertenencia social y supervivencia.

En términos de salud mental, explica Becerra, esto suele manifestarse como vacío emocional, apatía o pérdida de sentido vital. El cuerpo comienza a señalar que algo no funciona; en Evelyn, el cansancio deja de ser físico y se transforma en existencial.

¿Son estas decisiones una forma de agencia o únicamente el resultado de la opresión estructural? La respuesta se sitúa en una zona intermedia. Desde la mirada de la protagonista al final de su vida, sus matrimonios fueron también una forma de resistencia. Aprendió a manipular las reglas del juego para construir su imperio personal; comprendió el sistema y decidió ganar. Sin embargo, esa victoria aparece marcada por una pérdida irreparable. El matrimonio lavanda termina siendo una renuncia forzada a la integridad afectiva y una manera de mantenerse en el clóset.

“Tengo más dinero del que podría llegar a usar en esta vida, pero me arrepiento de cada segundo que elegí eso en vez de amarla con orgullo. Pero eso es un lujo”.

La confesión evidencia que la verdadera libertad no se basa en perfeccionar el arte de esconderse, es transformar las condiciones que obligan a hacerlo. La historia de Evelyn Hugo recuerda que, cuando el éxito exige la fragmentación del yo, la gloria inevitablemente adquiere un trasfondo amargo. La historia también dialoga con experiencias que todavía atraviesan a muchas personas LGBTIQ+, para quienes la visibilidad sigue siendo una negociación constante.

Como concluye Becerra, el objetivo es reconfigurar las condiciones que obligan a las mujeres a fragmentarse para sobrevivir. Esto es especialmente urgente en un mundo que aún castiga la diferencia y prohíbe expresar libremente el amor homosexual o una identidad diversa. Al final, ninguna fortuna puede devolver el tiempo que una vida pasa aprendiendo a existir en la sombra.

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*Este video fue realizado con información brindada por Manuel Antonio Velandia Mora, cofundador de Ventana Gay y del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia.

A nivel mundial, seis de cada diez personas adultas con identidades de género diversas, como las personas trans, no binarias, de género fluido y queer, han vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida. Se trata de un conjunto de agresiones físicas, sexuales y psicológicas que, según se identificó, se agravan en contextos de discriminación.

Este hallazgo proviene del estudio “Carga mundial de violencia contra personas adultas transgénero y de género diverso”, publicado en la revista JAMA Network Open, de la Asociación Médica Estadounidense (AMA). La investigación se basó en un metaanálisis de más de cien artículos publicados entre 2010 y 2023, que recoge las experiencias y opiniones de más de 65.000 personas en 22 países.

“Este trabajo representa la mejor evidencia disponible hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las personas trans a nivel mundial”, comenta Sarah Peitzmeier, investigadora y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, en un texto que analiza el estudio.

La investigación estima que el 64% de esta población ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Además, señala que el 36% de las personas trans ha experimentado agresiones físicas, mientras que el 33% fue víctima de abusos sexuales. Formas de agresión que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres con experiencias de vida trans.

También advirtieron que, en las relaciones de pareja, las personas con identidades de género diversas tienen el doble de probabilidades de experimentar ataques físicos o sexuales en comparación con las personas cisgénero, es decir, aquellas que se identifican con el sexo asignado al nacer.

Se trata de situaciones que se agravan por distintos factores. Entre ellos, el estigma social, la falta de protecciones legales, la discriminación económica y la ausencia de atención médica con enfoque de género. Estas condiciones no solo sostienen los ciclos de violencia, sino que también limitan el acceso a espacios de prevención y a la búsqueda de justicia cuando estas situaciones ocurren.

El análisis también advierte que estas situaciones no afectan a todas las personas por igual y que pueden intensificarse cuando confluyen otras formas de marginación, un aspecto que debería considerarse en las investigaciones de crímenes por prejuicio. “La raza, la etnia, la edad y el nivel socioeconómico individual pueden influir en la exposición a la violencia”, se lee en el estudio.

De acuerdo con Trans Murder Monitoring, una iniciativa que recopila información sobre asesinatos de personas con identidades de género diversas en todo el mundo, el 94 % de las personas trans asesinadas en 2023 eran mujeres trans, afrodescendientes y vinculadas al trabajo sexual.

Por último, la investigación señala que, entre los principales agresores a lo largo de la vida de las personas con identidades de género diversas, se encuentran las parejas íntimas, familiares, personas desconocidas e integrantes de la policía.

La situación de Colombia frente a la evidencia global

Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, al comparar este análisis mundial con el contexto nacional, el panorama no resulta alentador. “El porcentaje del estudio no solamente se acerca a la realidad del país, sino que la realidad de Colombia está sobre la media”, comenta en entrevista con El Espectador. Esta lectura se sustenta en las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la misma organización. Al cierre del primer mes del año, registraron 10 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales ocho correspondieron a mujeres trans, que representa el 80% de los casos.

La explicación de por qué esta forma de agresión afecta de manera particular a las personas trans tiene que ver, en gran medida, con la visibilidad. A mayor exposición pública de la identidad o de la expresión de género, mayor es el riesgo. “No es gratuito, por ejemplo, que cuando se genera violencia contra una persona trans, lo que hacen es afectar las partes de su cuerpo donde se marca su expresión de género”, explica Castañeda.

Por su parte, Darla Cristina González, coordinadora de la Red Nacional de Personas Trans Diana Navarro San Juan, recuerda que en los últimos tres años han aumentado las muertes violentas de personas trans en el país. Como ejemplo menciona el caso de Sara Millerey, ocurrido en 2025, que volvió a encender las alertas por transfobia en el país, en un contexto donde las agresiones sistemáticas contra esta población ya venía siendo denunciada.

Ambas fuentes coinciden en que estas formas de violencia responden a múltiples razones. Entre ellas, la ausencia de derechos, que expone a las personas trans a mayores niveles de vulnerabilidad, y el hecho de que muchas de estas dinámicas se presenten en entornos de alto riesgo, a los que se ven forzadas a acudir porque son los únicos espacios donde pueden vivir o transitar ante la discriminación.

“Las personas trans históricamente hemos sido mal vistas si ocupamos espacios. A nosotras se nos sigue cargando el estigma de que debemos estar en una esquina ejerciendo prostitución o en una peluquería. Ese estigma nos persigue y hace que no podamos estar en las escuelas, que no terminemos el colegio o que sea casi imposible entrar a la universidad. Al final, nos relega a espacios de extrema vulnerabilidad”, explica González.

Esta carga del estigma, sumada a la falta de garantías y de espacios de participación promovidos por el Estado, impacta directamente en la expectativa de vida de las personas trans, en comparación con el resto de la población. “Todos los contextos de violencia se reducen, al final, a una cifra, y es que el promedio de vida de las personas trans ronda los 30 o 33 años. Es decir, si no nos mata la violencia en el conflicto, nos mata la violencia en la calle, el abandono estatal o la falta de acceso a la salud. También nos matan enfermedades como el VIH, la depresión o el suicidio asociado a la ansiedad”, añade la activista.

Solo en 2025, Caribe Afirmativo documentó 85 asesinatos contra personas LGBTIQ+, que da cuenta de la persistencia de patrones estructurales de vulneración de derechos humanos. Las principales víctimas fueron hombres 38 hombres gais y 32 mujeres trans. También se registraron afectaciones contra seis mujeres lesbianas, tres hombres trans y una mujer bisexual, además de dos casos en los que no fue posible confirmar la orientación sexual.

Los hechos se concentraron en Antioquia (30 casos) y Valle del Cauca (16 casos), seguidos por Bolívar (6), Atlántico (4), Magdalena (4) y Bogotá (3), mientras que el resto de los casos se distribuyen en al menos 13 departamentos adicionales, incluidos contextos históricamente afectados por conflictividad armada, economías ilegales y débil presencia institucional.

Frente a este panorama, Castañeda concluye que ni el Estado, a nivel nacional, ni los gobiernos locales han priorizado la creación de mecanismos de largo aliento que garanticen condiciones de vida estables y duraderas para la población LGBTIQ+, en especial para las personas trans. “Los gobiernos y las sociedades hablan de las personas trans solo cuando hay hechos de violencia, pero no existen mecanismos en la vida cotidiana que busquen extender los servicios sociales y del Estado a esta población”, dice.

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En la madrugada del 1 de febrero, Danne Belmont, activista trans y directora ejecutiva del GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, Andrés Felipe Arriaga, fueron víctimas de un acto de violencia motivado por prejuicio en la ciudad de Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando la pareja tomó un servicio de transporte solicitado a través de la aplicación de Uber. Según se lee en el comunicado de prensa del GAAT, “el conductor asignado lxs insultó y luego les propinó golpes con un objeto contundente. Seguidamente llegaron terceros, quienes les golpearon fuertemente y les robaron todas sus pertenencias”.

Actualmente, Belmont y Arriaga se encuentran estables de salud y cuentan con el acompañamiento del Equipo de Incidencia y Litigio de la Fundación GAAT, que activó las rutas correspondientes y articuló acciones con las autoridades competentes.

“Como lo reiteramos cada vez que alzamos la voz: este no es un hecho aislado. La violencia transfobica sigue poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las personas con experiencias de vida trans en Colombia”, advirtió la organización.

Adicionalmente, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto y han reconocido el trabajo de la activista en la defensa de los derechos de las personas trans, así como su liderazgo en procesos de incidencia y acompañamiento hacía esta población históricamente discriminada.

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer también señaló que los hechos se encuentran en etapa de investigación y confirmó la activación del acompañamiento de la Patrulla Púrpura. Esta última, es una estrategia articulada con la Policía Metropolitana de Bogotá, orientada a brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va del año se han registrado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país, siendo las personas con identidades de género diversas las principales víctimas de estos crímenes motivados por prejuicio.

Entre los casos más recientes se encuentran hechos de violencia contra mujeres trans, como los de Yeye, habitante de calle asesinada en Santander de Quilichao; Peli, de nacionalidad venezolana, atacada violentamente en Valledupar; y Heily Marcela, quien también se encontraba en situación de calle y fue hallada sin vida en el Valle del Cauca. Uno de los primeros y más visibles casos del año fue el de Catia, quien fue agredida en vía pública y posteriormente perdió la vida.

Todo esto ocurre en un contexto en el que la última cifra oficial disponible para 2025 es de 68 asesinatos de personas LGBTIQ+, según Caribe Afirmativo.

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En medio de la historia oficial de Colombia, esa que suele encontrarse en libros y archivos polvorientos, ha habido poco espacio para contar el paso en el tiempo de la población LGBTIQ+. Dicha ausencia ha ignorado su existencia, las formas de resistencia, acompañamiento y activismo que, desde los márgenes, han tejido su propia memoria. Ese vacío histórico es el punto de partida del trabajo del historiador bogotano Felipe Caro Romero, centrado en la revisión y reconstrucción de archivos y memorias.

Caro inició este camino con la convicción de escribir los textos que a él le habría gustado leer cuando era joven, cuando tenía preguntas y no encontraba registros. De niño devoraba los libros de Dan Brown, fascinado por la idea de que un historiador pudiera ser también un detective. Con el tiempo entendió que el carácter glamouroso no hacía parte del oficio, pero sí brindaba la posibilidad de encontrar respuestas. Y eso es lo que ha hecho en la última década: excavar en archivos, rastrear relatos, cruzar documentos institucionales con memorias personales para reconstruir el pasado de los movimientos LGBTIQ+ en Colombia.

Con la certeza de que esa tarea no puede quedar reducida a la “voluntad política” de los gobiernos de turno, Caro se ha convertido en uno de los autores más citados del país en este tipo de investigaciones. Ha escrito más de 15 textos sobre temas como los inicios de las marchas del Orgullo en América Latina, el papel del algunos movimiento sociales durante el proceso de despenalización de la homosexualidad, el surgimiento de organizaciones políticas LGBTIQ+, y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la acción colectiva de protesta de esta población en el país. Estos son solo algunos ejemplos que se pueden encontrar en su largo repaso por el pasado.

En conversación con El Espectador Felipe Caro, quien dirige el Instituto de Historia Marica de Bogotá, es doctor en historia latinoamericana, militante en organizaciones anarquistas y fundador de la Colectiva Libertaria Severas Flores, habló de los motivos que lo llevaron a investigar la historia LGBTIQ+.

Usted eligió contar la historia LGBTIQ+ desde su profesión. ¿Qué le motivó a ir por ese camino?

Lo que le decían a uno las y los profesores de la carrera de Historia, es que el historiador o la historiadora no escoge al tema, sino el tema lo escoge a uno. Son las fuentes las que lo empujan a uno a eso.

Cuando estaba terminando la carrera, empecé a militar en organizaciones de educación popular, organizaciones anarquistas y, sobre todo, organizaciones de disidencias sexuales y de género. Yo soy uno de los fundadores de una organización que existió por mucho tiempo, que se llamaba la Colectiva Libertaria Severas Flores. Y dentro de las discusiones políticas que tuvimos en la organización surgió la pregunta por el pasado del movimiento. Entonces hice el ejercicio de ponerme a revisar y, justo por ese entonces, estaba con la idea de presentarme a la maestría en Historia. Ahí conjugué las dos cosas y presenté un proyecto de investigación sobre disidencia sexual y género del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia.

Siento que sí hubo un momento muy particular que me radicalizó y que me empujó a la organización política, y esa organización política es la que me empujó a la investigación histórica. Fue el suicidio de Sergio Urrego, el 4 de agosto de 2014. Sergio era un compañero de una organización anarquista. Su suicidio fue algo que no solo a mí, sino que a toda una generación de personas que estaban muy curiosas dentro del movimiento, nos marcó muy de cerca. A partir de ahí, empezó toda una tendencia de movilización mucho más crítica a la organización tradicional, que es, al fin de cuentas, lo que yo también intento abanderar en mi investigación.

¿Hay alguna anécdota que pueda compartir sobre cómo llegó a involucrarse en estas organizaciones políticas?

Sí, yo entré a estudiar a la Universidad Nacional y es una universidad que lo expone a muchas discusiones políticas. En ese inicio de la discusión política me topé con la coordinadora de procesos de educación popular en lucha de Bogotá, Decidí participar de uno de ellos, en San Vicente parte alta, en San Cristóbal.

Es una historia chistosa porque en ese preicfes popular las chicas le pidieron a las profesoras que si podían crear un espacio solo de mujeres, y se creó una experiencia de círculo de mujeres muy bonito que duró como tres años. Ahí el proceso trascendió del preicfes y se convirtió en un espacio de educación de género y feminista. Habíamos dos profes en esa época y dijimos: pues hagamos nosotros un círculo de hombres, muy interesados como en la participación de los hombres en el movimiento feminista. Eso debió ser entre 2014 y 2015. Hicimos la convocatoria del “círculo de masculinidad” y, a diferencia del círculo de mujeres, no llegó ni un solo estudiante.

Nos dimos cuenta de que igual queríamos hacerlo, entonces abrimos la convocatoria más amplia y empezamos a hacer algo que nosotros llamamos como la Escuela de Nuevas Masculinidades. La realizamos en distintas partes del centro y la Universidad Nacional. Y después de trabajar un semestre, decidimos crear una organización política que terminó convirtiéndose en la Colectiva Libertaria Severas Flores. Fue una escuela muy bonita donde trabajamos temas como qué significa la masculinidad y cómo desmontarla.

Entre las cosas que pensamos fueron las contramarchas. Por ejemplo, la contramarcha que se realiza actualmente en Bogotá viene de las Severas Flores. Organizamos muchos otros eventos, proyectos políticos, escuelas de formación y el Marica Fest.

De todo eso se alimenta mi investigación académica. Vengo de una línea de investigación dentro de la disciplina histórica que se conoce como historia radical o historia militante. Eso no desmerita el valor de la investigación, sino que deja claro cuáles son mis intenciones a la hora de investigar un tema. Manteniendo la rigurosidad de una investigación histórica.

¿Por qué decidió escribir y dejar registro en un país donde la historia LGBTIQ+ existe, pero no ha sido documentada?

Yo ahí sigo una máxima que le escuché a uno de mis directores de cine favoritos, que es Guillermo del Toro. Él decía que hace las películas que le hubiera gustado ver de chiquito y yo siento exactamente lo mismo. Yo estoy escribiendo los textos que a mí me hubiera gustado leer cuando estaba estudiando esta carrera, textos que responden esas inquietudes que yo tenía cuando era más pequeño o cuando estaba apenas iniciando en el tema.

Del lado personal está eso, pero del lado profesional también está la idea de que, si no se publica, pues jamás se van a llenar esos vacíos. La publicación, al final, es el registro que puede quedar de una interpretación del pasado, y es sobre ese registro sobre el que se construyen nuevas interpretaciones. Si no sacamos textos de historia del movimiento, pues entonces siempre va a ser un tema que no se estudia porque no hay textos.

Yo intento publicar mucho también porque me gusta escribir, pero además intento empujar a la gente a que publique. Que se arriesgue a publicar, porque solo así podemos construir un conocimiento cada vez más riguroso y ampliar un poco más nuestra comprensión del pasado para entender el presente.

¿Podría contarnos qué ha escrito y sobre qué han tratado estos textos?, ¿Cuántos ha publicado aproximadamente?

Hay varios, entre 15 y 20 textos, en español, inglés, alemán y creo que hay en francés. Los primeros empiezan a publicarse entre el 2016 y 2021, y se centran en la historia del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, una organización que estuvo activa entre los años 70 y los 80.

Pero también empiezo a sacar textos sobre la historia de las marchas del Orgullo en Bogotá, que salen en un anuario del Museo Q. También sale un texto muy bonito que, desafortunadamente, no tiene mucha difusión aquí en Colombia, pero en otras partes de América Latina ha tenido una acogida muy grande, que habla de las primeras marchas del Orgullo en toda Latinoamérica. Entonces voy revisando, país por país, cuál fue la primera marcha del orgullo en cada uno y qué tienen en común.

También hay un texto muy divertido que surgió en el marco del estallido social de 2021. En ese momento hubo un movimiento muy iconoclasta contra personajes vinculados al racismo. En Colombia pasó con el Belalcázar en Cali y con Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Durante las protestas, varias organizaciones me preguntaron cuáles son las estatuas de homofóbicos que podemos intervenir. Esa pregunta me tomó un poquito desprevenido porque, pues, no lo había pensado. Pero a partir de ahí, construí un texto que se llama “Necromancia Marica”, que publica el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

Después publiqué mi primer libro, “La conquista de los corazones”, que es la tesis de doctorado en Historia Latinoamericana que hice en la Universidad de Eichstätt en Alemania, que se publicó a final del año pasado. Ahí intento hacer una historia de la protesta sectorial LGBT en Colombia a lo largo de unos 40 años, desde 1979 hasta 2019, que corresponden a los primeros años de historia pública del movimiento.

Lo que está detrás también de esta obra es una base de datos. Es la primera base de datos sobre la protesta LGBTIQ+ en Colombia en ese periodo, que se alimenta de la base de datos de luchas sociales del CINEP. Y que incluso yo, pues, le pase al CINEP para que ellos le incorporen a su base de datos.

¿Qué tanto se ha contado sobre la historia LGBTIQ+ y qué tanto hace falta por contar?

No se ha contado casi nada. O sea, si se compara el nivel historiográfico de Colombia con otros países latinoamericanos, pues estamos muy por debajo de lo que sabemos realmente de la historia de disidencias sexuales y género en el país. Las investigaciones rigurosas que existen son muy pocas. Una es la del Walter Bustamante, que es otro historiador de Medellín, por allá en el 2004. Y de resto, hasta 2017, que empiezan a publicarse libros raros, por ejemplo, que es este granito en la historia, que es “Raros: historia cultural del homosexual en Medellín”.

Pero no existe una historia nacional del movimiento, ni historias regionales, ni de lesbianas. Claro, hacer historias de la lesbianidad, pues, es difícil en cualquier contexto por la situación precaria particular de las mujeres dentro del patriarcado, pero en Colombia no solo nadie se ha atrevido a escribir un texto así, sino que nadie ha encontrado la forma de hacerlo. Hasta hace poco también se publicó un texto de Caribe Afirmativo sobre la historia del carnaval gay de Barranquilla y apenas estamos explorando la historia de los carnavales LGBTI y los certámenes de belleza.

Todavía existe un vacío enorme también de historia de las estructuras estatales de persecución. La historia del VIH y del sida prácticamente no existe, a excepción de esa gran exposición que se hizo en el Mambo hace tal vez unos cuatro años, “Hilos de sangre”.

Siento que sí estamos en un escenario muy precario. En el lanzamiento del libro “La conquista de los corazones” una lectora decía que yo escribía como con urgencia. Y le hallo razón. Yo también escribo con ansiedad porque en cualquier momento los archivos pueden desaparecer, porque el papel es frágil y, si desaparece, ya no vamos a tener forma de acceder a ese pasado. Yo sí siento que tengo esa urgencia porque falta muchísimo. Igual la historia LGBTIQ+ nunca ha sido la prioridad de ninguna administración, ni regional, ni distrital, ni nacional.

Para eso se requiere voluntad política de hacerlo. No es solo decir cómo: “vamos a hacer un evento LGBT o vamos a sacar una banderita el día del orgullo, un post en Twitter”, sino vamos a contratar descriptores o archivistas que nos permitan revisar todo lo material que tenemos y ver qué de esto sirve. Porque los documentos ya están en los archivos. Eso es lo que descubrimos, por ejemplo, con la exposición de “Cuerpos Archivados”.

A partir de todo este recorrido, ¿cómo evalúa el panorama actual en Colombia?

Es muy fácil ser cínico y decir que nada ha cambiado,que la violencia sigue siendo el orden del día. Pero yo he encontrado algo más: la homofobia y la violencia, son cosas que se sienten tan etéreas, tan eternas, tan grandes, pero en realidad tienen responsables históricos concretos y surgen en momentos muy concretos.

La homofobia no es inherente a nuestra especie ni ha existido siempre de la misma manera, sino que han sido decisiones políticas las que han llevado a que se construyan estas estructuras culturales e institucionales, que son las que reproducen esa violencia. Y darme cuenta de eso es supremamente empoderante, en el sentido de que, reconocemos que estos son problemas humanos hechos por humanos y que los humanos mismos podemos desmontarlos.

Entonces, el trabajo que tenemos que enfocarnos es en los sectores populares y en la reconstrucción de unas nuevas formas de interpretar el género y la sexualidad. Y también apuntarle a la inversión en el proceso educativo. Hoy existe una resistencia muy fuerte de sectores conservadores frente a la educación sexual y de género. No es que no exista educación sexual en Colombia, sí existe, pero es parcializada y responde a una tradición histórica muy clara: el sexo reproductivo en función de la familia.

Así como reconocer las terapias de conversión. Las están denunciando las organizaciones políticas desde los sesentas. Incluso cuando se despenalizó la homosexualidad, El Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia advirtió que, mientras existan terapias de conversión, iglesias que le dicen a las personas que esto es pecado, pues el problema se va a mantener, y la historia les dio la razón.

Al final, casi de todas mis investigaciones concluyen con que el propósito es construir herramientas que nos permitan transformar el presente. Entendiendo cada vez un poquito más el pasado, pues podemos reorientar nuestra acción colectiva en el presente para para construir un mejor futuro.

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