Las puertas del Teatro Colón se abrieron este 19 de mayo para un acto simbólico atravesado por la memoria, la reparación y una deuda histórica con las mujeres periodistas en Colombia. En uno de los escenarios más emblemáticos del país, se realizó el lanzamiento oficial del fondo “No es Hora de Callar”, una medida creada para prevenir violencias basadas en género en el ejercicio periodístico, fortalecer mecanismos de protección y responder a las agresiones que durante décadas han marcado la vida de muchas mujeres en el periodismo.

El nombre del fondo carga una historia que el país conoce bien: la de Jineth Bedoya Lima y su incansable lucha por los derechos de las mujeres periodistas. En mayo de 2000, mientras investigaba sobre las estructuras criminales en la cárcel La Modelo, fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano en 2021, y ella se convirtió en un símbolo para las reporteras que, durante años, trabajaron entendiendo que el peligro también estaba atravesado por la violencia machista.

“No han sido días fáciles, ni meses fáciles, ni años fáciles. Llegar a este día, hoy, que es tan especial porque por fin puedo entregarle algo a las mujeres periodistas de este país, me ha costado la vida misma. Y no me arrepiento de las batallas que he dado para buscar justicia, para transformar mi dolor y para entender que mi propósito es colectivo y no exclusivamente para mí: potenciar las voces de quienes, como yo, han sufrido violencia sexual, silenciamiento, humillación, censura y persecución”, dijo la periodista.

La creación del fondo responde a una parte de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte, mediante las cuales el Estado debía crear un mecanismo capaz de financiar programas de prevención, protección y acompañamiento para mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género.

La decisión incluía, además, incorporar el enfoque de género dentro de las políticas públicas de protección a periodistas y avanzar en garantías de no repetición. Es decir, reconocer que muchas comunicadoras enfrentan riesgos específicos atravesados por desigualdades de género, relaciones de poder y violencias que históricamente fueron minimizadas dentro del ejercicio periodístico.

“Vengo para dejar huella”, fue el mensaje con el que inició el acto protocolario, en medio de tambores, músicas tradicionales del Cauca y un ritual de armonización encabezado por la agrupación Flautas del Sentir. El evento, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Viceministerio de las Mujeres, reunió a periodistas de distintas regiones del país, organizaciones y representantes institucionales.

Después continuó el performance “No es hora de callar”, liderado y escrito por la dramaturga Patricia Ariza, en el que se rindió homenaje a nueve mujeres periodistas y trabajadoras de medios de comunicación víctimas del silenciamiento y la violencia: Silvia Duzán, Diana Turbay, Amparo Jiménez, Flora Alba Núñez, María Efigenia Vásquez, Beatriz Cano, Elizabeth Obando, María Elena Salinas y Martha López.

Durante el acto, el ministro de Igualdad, Luis Alfredo Acosta, le entregó a Jineth Bedoya el documento oficial con las medidas de reparación asumidas por el Estado. Además, lideresas indígenas le entregaron un tejido, una mochila y una orquídea como símbolo de resistencia y memoria. Los objetos aparecieron en medio de un acto atravesado por gestos que buscaban reconocer los años en los que, con su insistencia, convirtió una experiencia de violencia en una lucha colectiva por las garantías de las mujeres periodistas.

Así funcionará el fondo “No es Hora de Callar”

El fondo funcionará como una bolsa pública de recursos destinada a financiar programas de prevención, protección y atención integral para mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género. También apoyará investigaciones sobre las agresiones que enfrentan las comunicadoras y medidas de seguridad para quienes estén en riesgo por su trabajo.

Entre las acciones contempladas aparecen capacitaciones en seguridad digital, autoprotección física y cobertura en zonas afectadas por el conflicto armado. El decreto que reglamenta el mecanismo también establece que las medidas deberán llegar a periodistas de distintas regiones del país, incluidos territorios rurales y zonas históricamente excluidas de las rutas institucionales de atención y protección.

A su vez, la administración de los recursos quedará en manos de un comité integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, el Viceministerio de las Mujeres, la campaña No Es Hora de Callar y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Ese espacio tendrá la tarea de decidir qué programas y proyectos recibirán financiación y deberá sesionar al menos cuatro veces al año.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre qué ocurrirá con el Ministerio de Igualdad y Equidad, que hasta el momento entrará en liquidación el próximo 20 de junio, la periodista resaltó que el fondo no depende de ello.

“Es una medida ordenada por la Corte Interamericana, a la cual debe responder el Estado colombiano. La ley dice que el fondo está bajo la tutela del Ministerio de Igualdad o de quien haga sus veces. Así que, si al final el ministerio desaparece, el fondo pasará a la entidad que el Gobierno decida que asuma las funciones del Viceministerio de las Mujeres, y allí funcionará”, explicó.

Asimismo, explicó que el fondo contará con un presupuesto anual cercano a los 2.000 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

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A pocos días de que Colombia vaya a las urnas para la primera vuelta presidencial, la atención pública se concentra en quienes buscan llegar a la Casa de Nariño. Esta semana, el foco cayó sobre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien, en medio de la disputa con Paloma Valencia por el segundo lugar en las encuestas, protagonizó dos entrevistas atravesadas por comentarios y actitudes machistas. Más allá de la polémica en redes sociales, expertas consultadas explican que estos episodios evidencian formas de violencia simbólica y de género, y muestran cómo las discusiones sobre machismo atraviesan también las campañas electorales.

El primer caso se dio durante una transmisión en vivo de Piso 8 FM. En medio de la entrevista, Abelardo de la Espriella aseguró que había sumado votos “del electorado femenino” por el tamaño de sus genitales. Después, le pidió a la periodista Laura Rodríguez que hiciera zoom a una fotografía en la que, según él, eso podía verse con claridad. La escena estuvo acompañada de expresiones como “mi amor”, “cariño”, “no seas tímida” y “¿qué más ves?”. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, algunas personas calificaron lo ocurrido como acoso sexual, otras defendieron que se trataba de “humor”.

Frente a lo ocurrido, la periodista Laura Rodríguez dijo que se sintió irrespetada y vulnerada. “No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió en sus redes sociales.

Horas después, el candidato publicó un mensaje en el que aseguró que todo ocurrió en un “contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter). Además, insistió en que se trató de una “broma” y ofreció disculpas.

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¿Es “humor” o violencia de género?

Todo esto ocurre en un momento especialmente sensible para el periodismo colombiano, atravesado por las denuncias de acoso sexual y laboral que se han conocido en los últimos meses bajo el movimiento “Yo Te Creo Colega”, identificado como una segunda ola del ‘Me Too colombiano’. El movimiento recopiló cerca de 260 testimonios sobre violencias dentro del ejercicio periodístico. A eso se suman 200 relatos recogidos por el Ministerio del Trabajo durante inspecciones realizadas a medios de comunicación. Los casos hablan de acoso, abuso de poder y ambientes laborales hostiles que durante años permanecieron en silencio.

(Lea aquí: ‘Me Too Colombia’: informe reúne más 260 testimonios de acoso sexual y laboral en medios)

Aunque buena parte de esas denuncias apuntan a dinámicas dentro de las redacciones, las periodistas también enfrentan violencia por parte de las fuentes que cubren. En 2021, un informe elaborado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo reportó que el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son colegas hombres, con un 38 % correspondiente a jefes y un 27.2 % a fuentes.

Es desde ahí que Viviana Vargas, abogada feminista y defensora de derechos humanos, señala que esta situación con no puede leerse como “humor”. Explica que la conducta estuvo dirigida específicamente hacia la periodista presente en la entrevista y que eso configura una forma de violencia de género. Para ella, De la Espriella “está regresándonos a un lugar no solamente de normalización del acoso sexual, sino de normalización de la humillación pública hacia las mujeres, porque la realidad es que lo que ocurrió con la periodista Laura Rodríguez fue acoso sexual en el espacio público”, dice a El Espectador.

Y es que el acoso sexual no se define por cómo lo interpreta quien lo ejerce, sino por lo que produce en la persona que lo recibe. Se trata de una forma de violencia y discriminación atravesada por relaciones desiguales de poder y de género. En este caso, entre una periodista y un candidato presidencial, en un medio de comunicación y frente a una audiencia.

Según ONU Mujeres, el acoso sexual puede aparecer de distintas maneras: comentarios sexuales no deseados, insinuaciones, mensajes, gestos, miradas, tocamientos o presiones. Conductas que generan incomodidad, intimidación, humillación o un escenario hostil. Identificarlo no depende de la intención de quien las realiza ni del tono en que se dicen, sino de la ausencia de consentimiento y del impacto que tienen sobre quien las vive.

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Para la abogada, no se puede perder de vista quién lo dice en este caso, pues allí hay una relación de poder y, además, un mensaje directo a la sociedad. “Que quien aspira a ocupar el máximo poder público, el máximo poder del Estado, valide y legitime directamente una violencia que estamos tratado de desnormalizar, puede empezar a generar la lectura de que esta violencia es normal y volver a generar validación y legitimidad social, lo que implica que se exacerbe y aumente”, agrega.

Por su parte, Gabriela Galeano, abogada especializada en temas de género, explica que el “humor” no elimina las relaciones de poder ni los efectos simbólicos de lo que se dice. Cuando un candidato o figura pública hace comentarios sexualizados hacia una periodista, no está interactuando en igualdad de condiciones.

“Ese argumento de que “es solo humor” funciona como mecanismo de minimización y evita discutir el impacto real de los comentarios. Además, traslada la responsabilidad a quien se sintió afectada, como si el problema fuera ‘no entender el humor’ o ‘ser demasiado sensible’. Sin embargo, este tipo de expresiones tienen consecuencias concretas porque deterioran la legitimidad profesional de las periodistas, generan entornos hostiles y envían el mensaje de que las mujeres en el espacio público pueden ser sexualizadas incluso mientras ejercen su trabajo”, afirma, en conversación con este diario.

Cuando la respuesta apunta a la periodista y no a la pregunta

Pero los cuestionamientos sobre las conductas machistas del candidato Abelardo de la Espriella no terminaron con ese episodio. Días después, durante una entrevista con la periodista María Lucía Fernández en Noticias Caracol, volvió a protagonizar otro momento que encendió alertas. Fernández le preguntó por una frase que él mismo había pronunciado años atrás: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. A partir de eso, le planteó si en un eventual gobierno suyo podría ejercer el poder sin ética.

La reacción del candidato fue inmediata, tomó un tono confrontativo y buscó minimizar a la periodista. “Eso fue mal interpretado, entiendo que mucha gente no lo entienda. [...] La pregunta viene con su veneno, tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. [...] Yo no dije que el abogado no debía tener ética, pero como tu pregunta tiene veneno y al parecer tú estás aquí para eso. [...] Si hubieras investigado un poco sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho”, respondió.

La escena volvió a mover una discusión que va más allá de la tensión entre periodistas y figuras políticas en escenarios electorales. Para las analistas, este tipo de respuestas son una forma de deslegitimar públicamente a las mujeres cuando preguntan, cuestionan o interpelan el poder. Además de desacreditar la pregunta, también pone en duda la capacidad intelectual y profesional de quien la formula.

“Es un aleccionamiento público del lugar donde muchos hombres quieren seguir viendo a las mujeres y del costo que piensan que merecemos pagar por habitar espacios que consideran reservados para los hombres. Es la exhibición, la humillación, la interpelación permanente, la duda constante sobre sus capacidades, sobre su conocimiento y sobre su mérito”, asegura Vargas.

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En contextos de violencias basadas en género, esto es lo que se conoce como violencia simbólica. “Es una forma de violencia encubierta, indirecta y masiva que se manifiesta a través de representaciones culturales, estereotipos, lenguajes, normas y actitudes que refuerzan y perpetúan la subordinación y discriminación hacia las mujeres”, plantea ONU Mujeres. En esa categoría también se ubica el concepto de mansplaining, una práctica que no necesariamente implica insultos explícitos, pero sí formas de minimizar, desautorizar o invalidar el conocimiento de las mujeres a partir de estereotipos de género.

La escritora Rebecca Solnit, quien popularizó el término, señaló en su momento que el problema no radica únicamente en que un hombre explique algo, sino la estructura cultural que lleva a que muchas mujeres sean interrumpidas, puestas en duda o tratadas como menos expertas de forma sistemática. La lógica detrás del mansplaining es que el hombre asume una posición automática de autoridad y coloca a la mujer en un lugar de inferioridad o desconocimiento.

En el caso de María Lucía Fernández, el candidato utilizó expresiones como “tú no entiendes la diferencia”, “tú no tienes formación”, “tu pregunta tiene veneno” y “si hubieras investigado”. Sobre ese punto, las expertas coinciden en que se trata de una forma de violencia simbólica contra la periodista y de allí surgen las críticas hacia sus comportamientos machistas.

Gabriela Galeano subraya que sí se trata de violencia simbólica “por el mensaje que envía, especialmente en un escenario como la televisión, donde ocurrió el intercambio con María Lucía Fernández. Allí se minimiza su autoridad profesional y se reproducen estereotipos de género, sobre todo en la política, porque el mensaje implícito es que las mujeres ‘no sabemos de política’. En últimas, esto afecta la participación de las mujeres en el espacio público”.

Para Vargas, esto se traduce en humillación, exigencias desmedidas y presión constante sobre mujeres como Fernández, quienes, aunque hoy ocupan lugares visibles y de reconocimiento, han tenido que enfrentar estándares más altos que los de muchos de sus colegas hombres. Y añade que esa carga también recae sobre otras mujeres que, para siquiera aspirar a esos espacios, deben demostrar repetidamente sus capacidades, habilidades y compromiso profesional.

Frente a los comentarios a ambas periodistas, las reacciones llegaron desde distintos sectores políticos que hoy disputan la presidencia de Colombia. Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia e Iván Cepeda cuestionaron públicamente sus comentarios y calificaron su comportamiento como “arrogante”, “misógino”, “intolerable” y “denigrante”.

El candidato respondió que se trataba de una “cortina de humo”. “Los de siempre y el régimen están en la misma narrativa. Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes”, escribió en sus redes sociales. Para respaldar su argumento, apeló a su trayectoria como abogado y mencionó su participación en iniciativas legislativas relacionadas con violencias contra las mujeres, entre ellas la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely.

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“Abelardo de la Espriella encarna la masculinidad hegemónica”: el machismo como estrategia electoral

No es la primera vez que el candidato es cuestionado por comentarios machistas. En otros escenarios también ha reforzado ciertas ideas sobre cómo entiende las relaciones entre hombres y mujeres en la política. Por ejemplo, durante un encuentro con medios en la Universidad Sergio Arboleda, explicó por qué rechazó una invitación de Paloma Valencia a debatir. “Yo soy bueno pa’ la pelea y si voy a algún debate puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una tacita de té”, dijo.

De acuerdo con las expertas, lo que aparece de fondo es la idea de que las mujeres no terminan de ser reconocidas como interlocutoras en un debate político. Sus argumentos quedan desplazados hacia un lugar en el que ellas aparecen como figuras que el hombre debe “proteger”, evitar confrontar o contener, mientras el liderazgo masculino sigue asociado a la dureza y a la exhibición de la virilidad. “En este tipo de discursos, la virilidad es una herramienta política que busca transmitir autoridad, fuerza y capacidad de imponerse, vencer y dominar”, apunta Galeano.

A su vez, Vargas considera que “Abelardo de la Espriella encarna la masculinidad hegemónica, que es mayoritaria en este mundo y también en nuestra sociedad. El error está en pensar que Abelardo es un extraño en esta contienda”.

Otro de esos episodios que se le cuestionan se dio durante la gira de campaña a finales de abril. Abelardo de la Espriella visitaba un taller de cerámica cuando una artesana empezó a explicarle cómo funcionaba su trabajo. “Cuando no es pedido de rapidez, es terapéutico. Pero cuando lo cogen a uno que para ya…”, expresó ella. Él la interrumpió con un comentario en doble sentido: “Depende. Hay rapiditos buenos, generala”. A lo que ella respondió incómoda: “No, yo no sé”.

Ese comentario se suma a otras intervenciones públicas en las que el candidato construye una imagen de masculinidad asociada a la fuerza y la potencia sexual como atributos de liderazgo. En distintos eventos ha repetido variaciones del mismo chiste: “En estos días me dijo un señor: ‘Yo pensé que usted era más alto’, y yo le dije: ‘Hermano, los cojones no me dejaron crecer’”.

Sin embargo, las analistas coinciden en que es una imagen pública calculada. Para Galeano, los comentarios del candidato “dejan ver que aún hay una parte del espectro político en la que el poder está profundamente asociado a la masculinidad hegemónica y a la forma en que se ha ejercido históricamente”. En su análisis encuentra que la masculinidad, desafiante y sexualizada también funciona como una estrategia de conexión emocional con ciertos sectores del electorado. En redes sociales, podcasts y canales dirigidos principalmente a hombres jóvenes, se ha consolidado una narrativa donde el feminismo, la igualdad de género o la llamada “corrección política” son presentados como amenazas. Por lo que esta imagen “puede generar conexión con sectores del electorado que sienten incomodidad frente a los cambios culturales relacionados con género, diversidad o igualdad”, agrega.

“Existe un cálculo político detrás de sus comentarios, porque estamos viendo un incremento del discurso antifeminista, no solamente entre hombres. Esta hipermasculinidad, abiertamente violenta y amenazante, es un discurso que a nivel global está permeando a nuevas generaciones de hombres y mujeres”, concluye Vargas.

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El 7 de agosto de 2026, quien tome posesión de la presidencia heredará un panorama con avances importantes en materia de género, impulsados en gran medida por la sociedad civil. Pero también recibirá un país en el que la violencia basada en género y por prejuicio no cede; la salud sexual y reproductiva sigue con baja inversión; las personas sexodiversas permanecen invisibilizadas en los sistemas de información; la autonomía económica de las mujeres sigue siendo una deuda; y la institucionalidad de género llega debilitada.

La violencia basada en género sigue siendo uno de los problemas más graves del país. Año tras año, Colombia vuelve a aparecer en el listado de países de América Latina con mayores niveles de violencia contra la mujer, y las cifras recientes no hacen más que confirmarlo. En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 118 casos de feminicidio y 333 tentativas. Y en 2026 tampoco hay señales de mejora. Solo en Bogotá, entre enero y marzo, se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales 390 fueron clasificadas como de riesgo extremo.

Pero hay otra forma de violencia que preocupa especialmente a analistas como Viviana Vargas, abogada y activista feminista, y es el reclutamiento de niñas y adolescentes por parte de grupos armados, un fenómeno que, según advierte, se está analizando sin perspectiva de género. Para ponerlo en cifras, Naciones Unidas informó que el reclutamiento de menores de edad aumentó un 300 % en los últimos cinco años.Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró cerca de 260 casos en 2025, de los cuales el 42 % corresponde a niñas y adolescentes. Para Vargas, esto se explica por el uso de plataformas digitales y la instrumentalización del discurso de género.

(Lea aquí también: “Total ausencia de derechos”: mujeres en Catatumbo denuncian violencia y explotación sexual)

“Se está utilizando el discurso del empoderamiento, no porque los grupos armados crean en el feminismo, sino porque la captación se hace bajo la falsa promesa de estatus, protección y empoderamiento”, comenta en entrevista con El Espectador. Agrega que a las niñas y adolescentes las vinculan a los grupos armados específicamente para captar a más jóvenes. Lo revelador es que les asignan dos roles distintos: por un lado, usan discursos de autonomía económica para atraer a otras mujeres; por otro, imponen roles hipersexualizados para atraer a hombres jóvenes bajo promesas de enamoramiento. “Necesitamos una institucionalidad que entienda que las mujeres vivimos en permanente riesgo por ser mujeres y por vivir en los contextos de la guerra”, agrega.

Ahora bien, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, el panorama es más alentador. María Vivas, directora de Fundación Oriéntame, ve avances concretos, aunque con retos de implementación que siguen pendientes. Por un lado, destaca que disminuyó el embarazo adolescente entre los 15 y los 19 años. Al comparar 2023 y 2025, la tasa pasó de 36.6 a 27.3 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Un patrón que se repitió en menores de 14 años, según cifras del DANE.

En materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Ministerio de Salud y Protección Social actualizó la norma que regula cómo se presta el servicio en el sistema de salud para ponerla al día con la sentencia C-055, que desde 2022 permite el aborto hasta la semana 24. Lo anterior resulta importante porque, si bien ya existía un reconocimiento legal, aún estaba pendiente su implementación en el sistema de salud. En esa misma línea, la Corte Constitucional emitió en 2025 la sentencia SU-297, que les reconoció a las mujeres indígenas el derecho a acceder al aborto sin necesitar el “permiso” de sus autoridades comunitarias.

(Lea aquí: La geografía del silencio: el aborto para mujeres indígenas, afro y migrantes en Colombia)

Pero no todo está resuelto. Vivas explica que aún faltan pendientes, como que la Fiscalía General haga efectiva la Directiva 0009 de 2023 para que sus fiscales dejen de investigar y criminalizar a mujeres y médicos que realizan abortos antes de la semana 24, y archiven los casos que no constituyen delito.

También señala otro tema que lleva años sin resolverse y sigue generando debate a nivel mundial: la gestación por sustitución, un método de reproducción asistida mediante el cual una persona gesta un hijo o hija para otra persona o pareja. “La Corte Constitucional ha instado la necesidad muy urgente de regulación. Esto es especialmente problemático por los riesgos de explotación, de trata de personas y de comercialización excesiva que tiene esta práctica sin regular”, concluye Vivas en conversación con este diario.

Si se mira el panorama de la población LGBTIQ+, el contexto se pone aún más complejo. A la fecha de publicación de esta nota, 29 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo que va del año. Un número que, según Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, no sorprende en un país donde ser una persona sexodiversa puede costar la vida. A esos altos niveles de violencia se suman los discursos de odio que han ido ganando tanta fuerza en el país que hoy presentan a esta población como una amenaza social.

(Lea aquí también: Sara Millerey, un año después: Colombia sigue en deuda ante violencia contra mujeres trans)

Narrativas que terminan normalizando la exclusión y refuerzan las condiciones de pobreza e inequidad que ya enfrenta esta población, especialmente las personas trans y no binarias. Este grupo enfrenta rezagos frente a avances en derechos y garantías que se han centrado principalmente en parejas del mismo sexo.

Para Castañeda, todo este panorama ocurre con un gran vacío de datos. “Ni los sistemas de información que documentan violencia son claros con dar cuenta de cómo afecta la violencia a las personas LGBT, ni los servicios que presta el Estado en materia de derechos económicos, sociales y educativos. Necesitamos un sistema de información con datos reales y precisos para que el Estado pueda ofrecer servicios acordes a las necesidades concretas que tienen las personas LGBT”, afirma.

(Lea más: El fantasma de la “ideología de género” reaparece en las campañas presidenciales: ¿por qué?)

Elecciones 2026: avances frágiles y deudas urgentes en género y diversidad

Para las fuentes consultadas, uno de los grandes desafíos para quien asuma la presidencia es tan básico como identificar dónde está parado el país para no retroceder. Y en materia de mujeres y población sexodiversa, quien llegue heredará no solo los problemas ya descritos, sino también una institucionalidad fragilizada, políticas a medio implementar y avances que podrían desaparecer si nadie los sostiene.

El vacío que dejaría la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Vargas considera que uno de los focos principales debería ser la situación del Ministerio de la Igualdad y lo que va a pasar con toda la institucionalidad de género que concentraba. “Es un hecho que este ministerio el 20 de junio entra en liquidación y eso quiere decir que estaremos en un limbo institucional respecto a las políticas públicas asociadas a las mujeres y de las diversidades”, señala. Pues para crear esta entidad se debilitaron otras instancias que antes cumplían esas funciones, y ahora nadie sabe quién las asumirá.

Vargas advierte que, sin una figura clara como Minigualdad o la antigua Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, todo queda a criterio de quien gane las elecciones, con el riesgo de que esas funciones simplemente se esfumen. “Al parecer al que llegue o a la que llegue, la va a tomar por sorpresa, a pesar de que lo venimos advirtiendo”, concluye.

(Lea más aquí: Gobierno Petro se juega sus últimas cartas para salvar el Minigualdad: así está la disputa)

También señala que, más allá de lo que ocurra con el ministerio, hay avances concretos que deberían mantenerse, como la adopción de la Resolución 1325, que centra la atención en mujeres y niñas en contextos de conflicto, y la Línea Salvia como herramienta para atender y monitorear la violencia de género. “Ojalá el siguiente gobierno no la desaparezca”, dice Vargas.

Los vacíos en el acceso a salud sexual y reproductiva

La institucionalidad no es el único frente con tareas pendientes. En materia de derechos sexuales y reproductivos, María Vivas, de Oriéntame, señala que uno de los retos más urgentes son las barreras de acceso. “De acuerdo con el estudio Adding It Up 2024, 1.266.000 mujeres que desean evitar un embarazo no usan métodos modernos, y 156.000 adolescentes enfrentan la misma situación”, dice.

Detrás de esos números hay patrones de falta de acceso a servicios, fallas en su continuidad, baja educación sexual integral, miedo a la falta de confidencialidad y servicios poco amigables. Barreras que se concentran especialmente en la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe rural, y que golpean con más fuerza a adolescentes, mujeres migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Cerrar esas brechas no requiere una inversión imposible. Con apenas 1.32 dólares adicionales per cápita, el país podría avanzar significativamente, y cada dólar invertido en anticoncepción generaría un ahorro de 3.73 dólares en costos de atención materna, neonatal y aborto” comenta Vivas. Una acción económica que también se traduciía en la reducción de muertes maternas, neonatales, los embarazos no planificados y los abortos inseguros.

Brecha laboral y desigualdad económica para las mujeres

En materia económica el Estado también tiene cuentas pendientes con las mujeres. Según ONU Mujeres, las trabajadoras ganan en promedio un 20 % menos que los hombres, y quienes logran entrar al mercado laboral tampoco acceden a los mejores empleos. Para Andrés Ham, profesor de la Facultad de Economía y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el próximo gobierno tiene tareas concretas en ese sentido: cerrar las brechas del mercado laboral, organizar la economía del cuidado y el sistema pensional de las mujeres, y ampliar la licencia de paternidad, que hoy sigue siendo insuficiente.

Implementación de las políticas LGBTIQ+

El principal reto del próximo gobierno en materia de población sexodiversa, según Wilson Castañeda, será materializar decisiones que ya están tomadas pero que aún no muestran resultados concretos, en parte porque el mismo gobierno demoró en implementarlas. Entre ellas, poner en marcha el primer CONPES con enfoque en personas sexodiversas, trazado a 10 años; actualizar la política pública LGBTI; fortalecer la mesa de casos urgentes como mecanismo interinstitucional de prevención de la violencia; y un sistema integral para investigar y prevenir las violencias por prejuicio, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Necesitamos un gobierno en Colombia 2026-2030 que mantenga e implemente lo que dejó construido este gobierno, que no fue iniciativa política solo del gobierno, sino presión de la sociedad civil”, concluye.

¿Cómo están leyendo las y los candidatos presidenciales la agenda de género?

Todas las fuentes coinciden en que en la campaña electoral han salido a la luz posturas de candidatos y candidatas de desconocer derechos adquiridos en materia de género. E incluso, que son temas que están ocupando un lugar más peligroso comparado con hace cuatro años, cuando los candidatos y candidatas tenían compromisos más claros con esta agenda. . Para Vargas, esto responde a las narrativas antigénero y antiderechos que están ganando espacio político y electoral a nivel mundial. Incluso señala que los sectores alternativos han optado por bajarle el tono a estos temas posiblemente por considerarlos impopulares, algo que para ella también es un retroceso.

“En la medida en que no pongas un aspecto sobre la agenda porque entiendes que no es popular en un momento, quiere decir que tampoco lo profundizas en tu programa de gobierno. Y si un proyecto político termina siendo elegido, ¿eso va a implicar que al momento de elegirse también va a tener la misma invisibilidad? Esa es la pregunta que se debería hacer”, concluye.

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La violencia no siempre termina con la sentencia. En el caso de Yenny Karolain Nohava, fue precisamente el fallo judicial el que prolongó aún más el daño que buscaba resarcir. Hace unos días, el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento de Armenia dictó decisión final sobre el caso de Yenny: una joven de 20 años de Circasia, Quindío, que una mañana de 2022 fue hallada muerta en un abismo del pueblo.

Tras cuatro años de pesquisas, la justicia encontró que su muerte se trató de un asesinato y el responsable, según indican las pruebas del expediente, fue su expareja, Cristian Alejandro Ospina.

Pero la familia de la joven asegura que se trató de una justicia incompleta. El cargo imputado contra Ospina fue homicidio agravado, en lugar de feminicidio. Su captura no se efectuará hasta que un tribunal de segunda instancia revoque o ratifique la condena, y el hombre, que permanece en su vivienda de Circasia, ha utilizado las redes sociales para desacreditar lo que en el proceso penal le fue endilgado, lo que ha implicado nuevas formas de revictimización para la familia de Yenny.

Ahora sus allegados, que ya esperaron cuatro años para esta decisión, deberán aguardar una nueva instancia judicial y continuar escuchando en las calles de Circasia que, pese a haber sido hallado culpable, Ospina es inocente.

“No se cuenta que a Yenny la mataron por el hecho de ser mujer; eso es violencia institucional, cuando no se nombra lo que sí tiene nombre”, dice una de sus apoderadas.

Lo que sí tiene nombre

En 2022, Yenny Nohava salió a pasear a sus perros. La estudiante de derecho, que para entonces tenía 20 años, siempre tomaba la misma ruta: un trayecto corto, cercano al pueblo y que recorría en pocos minutos. Pero ese día la rutina se alteró. Las mascotas regresaron solas a la casa y, tras varias horas sin saber de ella, sus allegados empezaron a buscarla.

La búsqueda rindió frutos rápidamente: Yenny fue encontrada en la ladera de un barranco con cuatro heridas de arma blanca. Los forenses establecerían después que nunca tuvo posibilidad de defenderse y que, una vez herida, fue arrastrada hasta el precipicio para ocultar su cuerpo.

En juicio quedó claro que Yenny no habría cambiado su itinerario habitual a menos que ocurriera algo extraordinario. Esa hipótesis reforzó la idea de que no se trató de un accidente ni de un hecho fortuito, sino de un crimen.

Ahí comenzó el verdadero laberinto judicial. La Fiscalía identificó que un hombre visto por testigos saliendo del barranco con un cuchillo en la cintura coincidía con Ospina, una expareja de Yenny. Lo capturaron, allanaron su vivienda y realizaron distintos peritajes para establecer si era el autor del crimen. Pero desde las primeras etapas de la investigación comenzaron los errores.

En el expediente reposan 14.000 páginas de pruebas, testimonios que ubican al hombre saliendo del lugar con un cuchillo y declaraciones sobre la relación previa que sostuvo con Yenny. Sin embargo, nunca se imputó el delito de feminicidio, algo que las abogadas consideran incomprensible, pues los elementos del caso exigían un enfoque de género en la investigación.

El proceso inició, avanzó y terminó bajo la figura de homicidio agravado, una decisión que sigue pesando cuatro años después.

Para Estefanía Osorio, abogada de Yenny, esto representa una forma de violencia en el acceso a la justicia con consecuencias tanto penales como simbólicas. La primera tiene que ver con el futuro del acusado: las penas y alcances judiciales entre un homicidio y un feminicidio son distintos.

“Hicieron todo bien: la investigación, la valoración de las pruebas, la captura (...) Todo menos imputar el cargo correcto”, comenta una fuente cercana al proceso.

El error, sostienen las apoderadas, recayó en la Fiscalía, entidad que pese a contar con “prueba de cargo que demuestra móvil, oportunidad, arma, encubrimiento y conducta posterior del acusado”, imputó el delito equivocado. La jueza del caso, aunque cuestionó si se trataba de un feminicidio, ya no podía modificar el cargo debido al principio de congruencia, una regla del derecho que no permite empeorar la situación penal de un acusado, aún cuando haya indicios ir así lo muestren.

Violencia invisibilizada

En el caso de Rosa Elvira Cely, por ejemplo, un tribunal determinó que la responsabilidad no recaía únicamente en el hombre que la agredió sexualmente durante horas en Bogotá; también hubo fallas institucionales de quienes ignoraron sus pedidos de ayuda.

La sentencia no solo impulsó avances normativos, explica la abogada Forero, sino también reparaciones simbólicas que permitieron mostrarle al país “hechos que se cometen contra las mujeres solo porque son mujeres”. Pero mientras esos crímenes no se nombren como feminicidios, agrega, seguirán siendo formas de violencia invisibilizadas.

En el caso de Cely, las medidas de reparación incluyeron una placa conmemorativa en honor a la víctima, disculpas públicas por parte de la administración distrital y el impulso para que el feminicidio fuera incorporado como delito autónomo en el Código Penal.

Para Yenny, ninguna de esas medidas será posible. Sus apoderadas explican que el principio de congruencia impide agravar la situación jurídica del acusado, aunque durante el juicio mostraron elementos que demuestren un delito más grave.

Eso significa que la familia obtendrá una sentencia condenatoria por homicidio agravado, pero no un fallo que reconozca judicialmente que Yenny fue asesinada por razones de género.

“La violencia simbólica también atraviesa este proceso penal. Existe cuando se sigue dudando de lo que les ocurrió a las víctimas y cuando se invisibiliza una violencia que debería nombrarse como lo que es”, señala su abogada.

Disputa abierta

El expediente ahora espera en los anaqueles de un tribunal de segunda instancia, pues Ospina impugnó la sentencia que lo condenó a 37 años de prisión al considerar que no se demostró, más allá de toda duda razonable, que fuera el responsable.

Pero, nuevamente, el caso de Yenny sigue librándose también fuera de los tribunales. Según Osorio, el hoy condenado ha utilizado redes sociales y plataformas digitales para desacreditar la investigación y sembrar dudas sobre el fallo judicial.

Pocos días después de conocerse la condena, Ospina utilizó su canal en Kick durante más de dos horas para afirmar que estaba “viviendo una injusticia”. Durante la transmisión cuestionó pruebas forenses, periciales y conclusiones judiciales para intentar debilitar la decisión. Uno de los ejemplos fue la prueba Bluestar —empleada para detectar rastros de sangre— cuyo resultado, dijo, había sido negativo. Aunque eso efectivamente ocurrió, la justicia consideró que el resto del material probatorio era suficiente para enviarlo a juicio y posteriormente condenarlo.

Para las abogadas de Yenny, esa narrativa continúa afectando a la familia. Sostienen que una sentencia construida durante cuatro años de investigación y miles de horas de valoración probatoria no puede reducirse a una transmisión en vivo que pone en duda lo decidido por la justicia.

“La violencia continúa cuando una verdad judicial se disputa en redes sociales y cuando una agresión contra una mujer no se nombra de manera completa”, afirman las apoderadas.

El “segundo round” de este proceso penal puede tardar meses e incluso años. Mientras el tribunal de segunda instancia revoca o ratifica la condena, en Circasia seguirán conviviendo dos relatos. El primero: el de una mujer asesinada por su expareja que nunca obtuvo una justicia plenamente reparadora. El segundo: el de un hombre que, pese a tener una condena judicial en su contra, continúa insistiendo en su inocencia.

“Yenny merecía una justicia que no solo condenara; que fuera capaz de nombrar plenamente la violencia. Ella, aunque ya no esté, y su familia, merece que después de la sentencia su memoria no quede expuesta a nuevas formas de agresión pública”, concluye Osorio.

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En los últimos días se conoció la captura de Marcelo Arantes e Silva, un ginecólogo en Brasil acusado de haber cometido abusos sexuales contra al menos 23 pacientes durante consultas médicas. Pero en Colombia el panorama no es muy distinto. En febrero de este año, un juez de circuito en Florencia, Caquetá, condenó a 10 años de prisión al ginecólogo Héctor Hernán Ramírez Giraldo por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo contra dos pacientes. A esto se suman las denuncias contra el urólogo Alberto Posada, señalado por cerca de 20 mujeres de abusos durante consultas médicas. Estos casos que han alertado sobre la importancia de identificar qué conductas pueden constituir violencia sexual dentro de los contextos médicos y cómo reconocerlas. Le explicamos.

Laura Gil Urbano, ginecóloga y directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, en conversación con El Espectador, detalla que, en primer lugar, es necesario entender que la violencia sexual abarca un espectro amplio y no se limita únicamente al delito de acceso carnal violento, que se configura cuando ocurren actos sexuales mediante violencia o sometimiento. En realidad, incluye todo acto intencional de naturaleza sexual ejercido sin consentimiento sobre otra persona, como tocamientos, comportamientos inapropiados o conversaciones de esta índole.

Lea aquí: El Hospital de la Paz para sanar a víctimas de violencia sexual en el conflicto
en Colombia

En contextos ginecológicos, Gil plantea que quien define si existe un abuso sexual es la persona que se siente agredida. Es decir, “cualquier conducta inapropiada que haya sentido, como que interrumpieron su intimidad o abusaron de su confianza y que tenga una connotación sexual, lo podemos llamar una situación de violencia sexual”, agrega.

Además, señala que, en muchos casos, estas situaciones son difíciles de identificar debido a la relación de poder que existe entre el personal médico y quien consulta. Pues en algunos casos, la violencia sexual puede esconderse bajo un supuesto pretexto médico. En ese contexto, advierte que “la paciente está en situación de vulnerabilidad porque está confiando en esas instrucciones”, agrega.

De ahí la importancia del consentimiento informado en cualquier procedimiento médico. Esto significa que las personas pueden tomar decisiones sobre un tratamiento o procedimiento luego de recibir información clara, detallada y comprensible sobre lo que se les va a realizar. Este proceso permite que cada paciente pueda aceptar o rechazar un procedimiento médico.

Por eso, para brindar herramientas que permitan identificar estas situaciones, la experta detalló cuáles son las conductas apropiadas dentro de una consulta médica y cuáles no lo son.

¿Qué no es normal en una consulta ginecológica?

La experta señala que es fundamental aclarar que no es normal ninguna conducta relacionada con el coito o la penetración durante una consulta. Tampoco lo es realizar exámenes físicos de los genitales sin el uso de guantes, ni llevar a cabo tocamientos que excedan la observación clínica y la palpación de los órganos externos.

Además sostiene que no son normales los comentarios abusivos de carácter sexual, los comentarios eróticos sobre los genitales o en relación con la sexualidad. “Si la paciente se empieza a sentir incómoda con las preguntas de sexualidad o acerca de su cuerpo, ella puede expresarlo y, si hay una presión para seguir hablando y no hay una explicación médica, no es normal”, agrega.

Finalmente, advierte que, ante cualquier situación que genere incomodidad o despierte dudas sobre el procedimiento, es importante expresarlo en ese momento. “Tiene el derecho a suspender la consulta en el momento en que se sienta incómoda. Sin necesidad de dar más explicaciones”, añade.

Aun así, reconoce que estas situaciones pueden resultar confusas y que no siempre es claro qué está permitido durante este tipo de exámenes, especialmente porque involucran partes íntimas. Por ello, también considera necesario detallar lo qué sí es normal en estos contextos.

¿Qué es normal durante una consulta ginecológica?

Gil menciona que es normal que, durante la consulta, se hagan preguntas sobre la sexualidad, cómo se siente la persona en sus relaciones sexuales o si presenta molestias como dolor, incomodidad o falta de placer. Estos aspectos responden a la necesidad de profundizar en algún hallazgo o característica clínica que requiere atención. “Sin embargo, estas preguntas deben estar precedidas de un permiso como: ¿quieres que hablemos de la parte sexual? Nunca son obligatorias, ni se deben tornar personales o íntimas”, aclara.

También advierte que es normal realizar exámenes en los senos y que no siempre es necesario el uso de guantes para su palpación. Este procedimiento se hace por zonas, con el fin de identificar nódulos y anomalías. Algunas veces también se hace presión en el pezón para ver si hay secreción e incluye la revisión del área axilar. El examen mamario forma parte de la valoración clínica habitual y debe realizarse cada año, aunque puede indicarse con mayor frecuencia si existen síntomas como dolor, masas u otras alteraciones.

Aún así, señala que “no son normales las caricias ni tampoco los tocamientos que tengan una connotación sexual. También ha habido casos en los que, por ejemplo, una mujer va por dolor de garganta y terminan haciéndole un examen mamario sin haberle aclarado por qué”, dice.

Entre los aspectos a tener en cuenta, añade que los exámenes ginecológicos sí deben realizarse con guantes y además comenta cómo funcionan. “Siempre se hace un examen visual externo, se observa cómo está la vagina, se miran los labios vaginales y es normal hacer una especuloscopia, que es el examen que se hace con el aparato que nos permite separar las paredes vaginales para ver el cuello del útero”, comenta.

Por último, agrega que, en algunos casos, también es correcto realizar un tacto vaginal. Este procedimiento consiste en introducir dos dedos de una mano dentro de la vagina, siempre con guantes, mientras con la otra se palpa el abdomen con el fin de examinar el útero y los ovarios. Este examen permite identificar posibles masas, quistes, inflamación o dolor. Por ejemplo, es normal que, durante el procedimiento, se movilice el útero y se pregunte a la paciente si siente dolor al hacerlo.

Después de hacer estas claridades, advierte que todos los procedimientos deben realizarse con el consentimiento de la paciente. “Tiene que siempre estar precedido de un aviso y una un consentimiento verbal. Es decir, te voy a examinar de esta forma, ¿estás de acuerdo? Voy a empezar. Y también tiene que existir la posibilidad de que, en el momento que la paciente diga: ‘Ya, no quiero más o me está doliendo’, pues, primero se valide su dolor y se le explique por qué le puede estar doliendo, a veces por alguna patología puede doler. Y luego siempre tiene que existir siempre la posibilidad de decir: ‘Ya no me siento cómoda con el examen, no quiero que me lo sigan haciendo’, y que se detenga”, concluye.

¿Cómo actuar ante un caso de violencia sexual en una consulta médica?

“Si una paciente, una mujer, un hombre trans o cualquier persona, queda con una duda sobre lo que pasó en la consulta, es bueno informarse con otro médico y preguntar si eso es normal. De pronto sí puede haber lugar a malinterpretaciones y, una vez se aclara, ya es entendible. Pero si uno siente que algo pasó, es muy probable que así haya sido, porque la violencia se define por cómo uno se haya sentido”, subraya Gil.

La experta advierte que, ante cualquier duda sobre lo ocurrido en una consulta, las personas pueden buscar orientación en líneas de atención a víctimas de violencias basadas en género. Añade que, si se decide interponer una denuncia, es posible acudir a la Fiscalía, donde existen unidades especializadas en violencia sexual. Asimismo, indica que estos hechos además de ser delitos, pueden denunciarse como faltas éticas ante los tribunales de ética médica, encargados de adelantar las investigaciones correspondientes. Finalmente, advierte que, incluso en casos que no constituyen violencia sexual, como situaciones en las que pacientes se sienten juzgadas, regañadas o maltratadas, es importante presentar las quejas o PQRS, ya que muchas veces estos comportamientos no se reportan.

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¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

• Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
• Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
• Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
• Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
• Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
• Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

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La película argentina ‘Belén’, nominada a once Premios Platino, narra una historia de lucha que su directora y protagonista, Dolores Fonzi, sigue desde hace casi diez años y que su compañera de elenco Camila Plaate considera “necesaria” para visibilizar el reclamo por los derechos de las mujeres, según dijeron en entrevista con EFE.

La reconocida cineasta argentina describió como “increíble, intenso y emocionante” el camino que ha transitado su película, líder en nominaciones en la edición XIII de los Platino junto a la española ‘Los domingos’.

Compite en las categorías de dirección, interpretación protagónica y de reparto, mejor película iberoamericana de ficción, dirección de arte, fotografía, efectos especiales, dirección de sonido, diseño de vestuario y cine y educación en valores.

De momento ya se ha hecho con los de Cine y Educación en Valores y el de mejor actriz de reparto, para Plaate, en la primera tanda de premios anunciados, que se entregarán en una gala que se celebrará este jueves, previa a la general, que será el sábado 9, ambas en Cancún (México).

Plaate, se pone en ‘Belén’ en la piel de una mujer encarcelada en la provincia argentina de Tucumán tras ser juzgada en 2014 al sufrir un aborto espontáneo.

En diálogo con EFE, la joven de 29 años valoró su nominación como una forma de visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y aseguró que se trata de un “cambio muy grande” en su vida profesional.

“Una película necesaria”

El vínculo de Fonzi con la historia de ‘Belen’ data de hace 10 años, cuando conoció la historia e intentó darle visibilidad. De hecho, al recibir en 2016 el Premio Platino a mejor actriz por su papel en ‘La Patota’, hizo mención a su caso al recoger su galardón.

“Quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de violencia y de opresión, para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos. Libertad para Belén porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada”, dijo entonces Fonzi.

“Es mágico porque salió como un deseo de que algo cambie, y cambió”, dice Fonzi a EFE, aún sorprendida por el camino que casi diez años después la llevó a coescribir, dirigir y protagonizar este filme, en el que personifica a la abogada feminista Soledad Deza, que en 2017 logró la liberación de la joven que lleva el seudónimo Belén para proteger su identidad.

“Lo que más me gusta es cuando la pasan en los colegios, hospitales, cárceles, escuelas, universidades, esa parte que ya es libre de la película, para que cualquier persona la pueda proyectar y se junte la gente en cine debate”, agregó la directora.

Plaate, por su parte, opinó: “El legado tiene que llegar por ser una película necesaria, por contar una historia de hechos reales, por traer información a un montón de zonas y sectores que no conocían qué pasó con Belén”.

La actriz aseguró además que el éxito de ‘Belén’, ganadora, entre otros, del Premio Goya a mejor película iberoamericana, permite revalorizar la formación actoral y artística que la nutrió en su Tucumán natal, misma provincia donde tuvo lugar la historia relatada en la película.

“Olvidar las fronteras”

Dolores Fonzi, que en los últimos meses ha formado parte de la serie ‘La casa de los espíritus’ con actores de España y varios países latinoamericanos, destacó la perspectiva que premios como los Platino aportan para poner en valor la “potencia” de la industria audiovisual regional.

“Siento que hay algo que se empezó a habilitar a partir de que trabajemos entre actores de Latinoamérica, que nos empecemos a mezclar. Hay una potencia en olvidar las fronteras que va a hacer que la industria crezca”, comentó.

La directora y actriz subrayó por último el mérito de cómo el cine latinoamericano se repone a las circunstancias locales: “Hay algo que está bueno también en hacer películas trascendiendo la realidad económica de los gobiernos de cada país, sobre todo en Argentina y su desgracia. Se confirma que claramente el cine es una red que da trabajo y hace crecer a un país”. EFE

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La actriz argentina Thelma Fardin agradeció este martes el apoyo recibido en el largo proceso judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, cuya condena fue ratificada por un tribunal de Brasil.

“Lo que me sale es agradecer porque, si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo”, expresó Fardin a través de redes sociales.

La actriz acompañó su mensaje con un video que sintetiza su lucha por conseguir justicia en un proceso que calificó como “eterno” y que abrió las puertas para que otras mujeres se animaran a denunciar violencias sexuales.

(Le puede interesar: Las otras tres actrices que denunciaron a Juan Darthés, actor de Patito Feo)

Fuentes judiciales confirmaron este martes a EFE que la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3) de Brasil rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor, de nacionalidad brasileña, quien desarrolló gran parte de su carrera en Argentina.

Con esa decisión, el tribunal confirmó el fallo dictado en junio de 2024 por otro juzgado que condenó a Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto, por abuso sexual cometido contra Fardin en 2009, cuando tenía 16 años, durante una gira en Nicaragua.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del tribunal al afirmar -en un comunicado- que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual” y que “reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

(Lea más aquí: Así logró Thelma Fardin que condenaran a actor de Patito Feo por violarla)

“Después de años de lucha, esta resolución es un paso firme en la construcción de una justicia que escucha, que reconoce la violencia de género y que manda una señal potente para las niñas y mujeres de América Latina”, destacó AI, que respaldó a la actriz argentina durante todo el litigio.

En 2018, con el acompañamiento del colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció a Darthés por haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras promocionaban la serie infantil ‘Patito feo’.

En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero el actor ya se había mudado a Brasil, que no extradita a sus nacionales pero que sí permite abrir procesos judiciales contra ellos en su propio país.

Darthés fue absuelto en primera instancia en 2023 en el juicio que celebró la Justicia brasileña desde noviembre de 2021.

Aquella decisión fue apelada por Fardin, quien en junio de 2024 logró un fallo condenatorio del actor.

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El movimiento “Yo te creo colega” publicó el primer informe sobre los hallazgos de acoso sexual en medios de comunicación. Se trata de un documento conformado por más de 260 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral.

El informe llega un mes y medio después de que Caracol Televisión publicara un comunicado en el que informaba la activación de los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley frente a las denuncias recibidas contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual. Una situación que, lejos de quedarse en los hechos, pronto se convertiría en la segunda ola del ‘Me Too’ colombiano, en el que periodistas y comunicadoras impulsaron la publicación de testimonios en redes sociales y un canal de denuncia.

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Bajo este panorama, la investigación publicada fue liderada por las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez, y recoge tanto hechos recientes como casos que abarcan más de dos décadas desde que ocurrieron. Los hallazgos evidencian una “cultura repetida” de abuso de poder, que se presentó en el 80 % de la veces en medios televisivos, 15 % en medios impresos y el 5 % en emisoras radiales y plataformas digitales.

En el documento, muestran patrones comunes en los casos. En un primer momento, las expectativas y sueños en sus proyectos de vida de las jóvenes periodistas: “Yo estaba feliz, era mi primera oportunidad en un medio grande”, “Pensé que era normal, pensé que así funcionaban las cosas en este mundo”, “No me di cuenta en qué momento los halagos se convirtieron en presión”, “Yo pensaba que si decía que no, me cerraban la puerta del medio”, “sentí que mi carrera dependía de lo que yo aceptara o no aceptara”.

Se trata de mujeres sobrevivientes que apenas están al inicio de su carrera y a los que señalan como sus agresores están en posiciones de poder. “Eran directores, jefes de emisión, coordinadores, presentadores reconocidos o figuras influyentes con acceso a decisiones clave: contratación, asignación de turnos, visibilidad al aire o crecimiento profesional”, se lee.

También reportaron que los hechos casi siempre inician con un halago de reconocimiento por el desempeño laboral, como : “Eres talentosa”, “Tienes futuro”, “Me gusta tu trabajo”, para luego mezclarse con comentarios sobre la apariencia, preguntas íntimas e invitaciones fuera del entorno laboral, donde el trabajo y lo personal se cruzan, creando zonas fronterizas borrosas para las trabajadoras y confusión.

Luego llega el momento de la denuncia, en la que reportan patrones y vacíos dentro de los medios de comunicación. Cuando las víctimas toman la decisión de hablar sobre sus casos y señalar a los responsables, se enfrentan a la ausencia de canales de denuncia. “No existen canales claros de denuncia o, si existen, no funcionan o les invitan a callar. Recursos humanos que minimizan, jefes que enfrentan a víctima y agresor en la misma sala, advertencias sobre “cerrarse puertas”. También aparece el miedo a represalias: pérdida del empleo, bloqueo profesional, daño reputacional”, advierten.

En ese seguimiento de patrones, también encontraron un panorama de revictimización. Según el informe, cuando las sobrevivientes intentan defenderse, rechazar o apartarse de estas insinuaciones de carácter sexual por sus propios medios, la situación se traslada al acoso laboral, donde se presentan dinámicas de humillación, sobrecarga de trabajo, trato degradante, discriminación y abuso de autoridad. “Lo que amplía el espectro de las violencias denunciadas dentro de los entornos mediáticos”, dicen.

Y en los pocos casos que hubo respuesta institucional, las periodistas señalaron que las respuestas institucionales estuvieron acompañadas de revictimización, de acciones que no se tradujeron en garantías o incluso en complicidad con los presuntos agresores. Todo un panorama que ha generado que las víctimas sean quienes abandonen los medios de comunicación por miedo, desconfianza o desgaste emocional.

Los casos y un fenómeno de acoso que no es reciente

Entre los relatos, la periodista Juanita Gómez describe un episodio ocurrido en 2015 durante un cubrimiento en Chile, cuando un presentador intentó besarla sin su consentimiento en un ascensor, una experiencia que durante años se normalizó como parte del oficio: “Tuve que quitármelo de encima, a la fuerza”.

Por su parte, la periodista deportiva Lina Tobón asegura que sufrió un beso forzado cuando tenía 17 años y comenzaba en un canal local, y años después, ya en un medio nacional, fue víctima de tocamientos no consentidos por parte de un periodista de mayor jerarquía, a quien “ya varias han denunciado y no pasa nada”. “Hasta que me tocó un seno (...) me quedé paralizada”, relata, al señalar que tras rechazarlo comenzó un proceso de acoso laboral que terminó con su renuncia.

Lea aquí: Acoso sexual en el periodismo colombiano: crecen denuncias y testimonios en redes sociales

Este informe y los más de 200 testimonios que el movimiento reportó coinciden con hechos documentados por organizaciones que han analizado las condiciones del periodismo colombiano. En 2021, un informe elaborado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo señaló que el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son colegas hombres, con un 38 % correspondiente a jefes y un 27,2 % a fuentes.

Frente a esto, las voceras de la investigación advirtieron que la visibilización de estos casos no reemplaza los procesos legales ni las denuncias formales, sino que su único fin es documentar lo ocurrido. Además, explican que después de esta publicación continúan recibiendo testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de distintos medios en diferentes regiones del país.

El Ministerio del Trabajo reporta nuevos casos de acoso laboral y sexual

En una reciente publicación de la periodista Juanita Gómez en su cuenta de X (anteriormente Twitter), informó que el movimiento “Yo te creo colega” tuvo acceso a un informe del Ministerio del Trabajo de Colombia en el que se revelaron 200 casos de acoso laboral y sexual en seis medios del país. Entre ellos se encuentran Caracol Televisión, Canal RCN, Red+ Noticias, RTVC, Canal Capital y Canal 13.

Esta información se obtuvo a partir de inspecciones realizadas por esta entidad entre marzo y abril, en las que se instalaron códigos QR anónimos en cada uno de los medios mencionados para recibir denuncias, con el fin de verificar las condiciones laborales y los riesgos a los que están expuestas los y las trabajadoras del sector.

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Era 2012. Una sala de necropsia, el cuerpo de una bebé de 15 días y un diagnóstico que hablaba de choque hipovolémico. Su cuerpo había perdido tanta sangre que su organismo no logró sostener sus funciones vitales. Cuando el médico Leonardo Quintero avanzó en el examen, entendió lo que tenía en frente: se trataba de un caso de mutilación genital femenina, en un país que aún no sabía cómo nombrarla ni cómo responder a ella. ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se llena el registro de necropsia? ¿Qué rutas se activan? Las preguntas aparecieron una tras otra.

No había un protocolo o una ruta que activar, o al menos no lo recordaba. “En ese entonces yo estaba en un municipio alejado y la niña que llegó, llegó sin contexto, sin que yo conociera su historia”, dice a El Espectador. Hasta ese momento, su referencia eran los registros de prensa de 2007, cuando se documentó la muerte de tres recién nacidas de la comunidad Emberá Chamí, en Pueblo Rico, Risaralda, por la misma práctica. Investigó un poco más y dio con la decisión judicial de 2008 que abordó esos casos desde la violencia intrafamiliar.

“Me llegó el caso, tal como le ha llegado a la inmensa mayoría de los funcionarios del Estado colombiano. Ninguna institución sabía qué hacer al respecto. ¿Por qué? Porque no teníamos protocolo ni guías. No había una ley en Colombia que nos dijera que eso existía”, afirma. Había antecedentes, alertas y discusiones en el Estado y en organizaciones internacionales. Pero en la práctica, frente al cuerpo de esa niña, lo que encontró fue incertidumbre y el secreto a voces de que eso aún existía en los territorios.

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En su momento, relató a Medscape que, frente a este caso, su siguiente paso fue notificar a sus jefes locales y regionales. “Me pidieron documentarlo, registrar fotografías y entrevistar a la familia, porque en algunos sectores del Estado colombiano se pensaba que este tema era un mito”, relató. Entonces, la escena pasó de ser una necropsia en su día a día a evidenciar una práctica que había sido negada o minimizada por mucho tiempo. La causa de muerte de la niña obligaba al Estado a mirar de frente algo que no estaba reconocido en sus leyes. Y aún no se reconoce.

Fue así como Quintero decidió seguir el rastro de lo que había notificado. Cursó una maestría en ciencias forenses y sociología y continuó su trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y desde allí, a título personal, ha investigado la mutilación genital femenina en el país. En ese camino encontró vacíos sobre cómo estaba siendo tratada la práctica en la medicina y en el ámbito jurídico, así como los subregistros que hay al día de hoy. En su investigación, identificó que se trata de una práctica presente en comunidades indígenas Emberá y Nasa, enmarcada en contextos culturales específicos.

Por ejemplo, en la comunidad indígena Emberá, que ha tenido mayor visibilidad pública, la mutilación genital femenina es conocida como “corte de callo” o “curación”, y forma parte de creencias arraigadas sobre la sexualidad de las mujeres y su rol como esposas. “Lo que se le hace a las niñas es cortar con una cuchilla o quemar con una cuchara caliente el clítoris. La creencia, según mis investigaciones, es que, si no le hacen eso, la niña emberá va a tener varios esposos, como se dice por ahí, ‘de la vida alegre’. Se hace más como para que ella guarde fidelidad”, contó en conversaciones anteriores con este diario Francia Elena Giraldo, lideresa indígena que lleva cerca de 20 años trabajando por la erradicación de esta práctica en su comunidad.

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Dolor, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental aparecen en el corto y largo plazo. Se trata de una práctica que deja secuelas en el cuerpo y en la vida de quienes sobreviven a ella. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

Pero es en ese cruce entre lo cultural, lo médico y lo jurídico donde se encuentra el terreno en el que Leonardo Quintero identificó vacíos. Durante casi dos décadas, el Estado ha abordado la mutilación genital femenina desde marcos distintos, sin una ruta unificada. Por ejemplo, explica que la primera sentencia sobre el tema se abordó como violencia intrafamiliar; la Fiscalía lo ha tratado como lesiones personales; Medicina Legal lo ha analizado desde la tortura y los tratos crueles e inhumanos; y las Comisarías de Familia no han tenido lineamientos claros para su abordaje.

“Son cuatro visiones del Estado colombiano diciendo: no sabemos qué es, ni cómo la agarramos”, sostiene.

Esa fragmentación motivó a Quintero a indagar sobre una nueva mirada, al menos desde lo forense. En la investigación que realizó junto a la docente Luz Elena García, expone la necesidad de cambiar la forma en que se analizan las violencias basadas en género. Tradicionalmente, este enfoque se ha centrado en el daño físico, siguiendo ideas del derecho penal. Sin embargo, a nivel internacional existe una preocupación creciente por ampliar esta visión y entender el daño de manera más integral.

Cuando la práctica se da dentro de comunidades indígenas, las categorías de “daño” o “violencia” no siempre se nombran de la misma forma que en los marcos institucionales, asegura el médico. Esa diferencia no elimina lo que ocurre en los cuerpos de las niñas y mujeres, pero sí muestra cómo se interpreta. Quintero coincide con la lideresa y lo explica desde ese lugar: “la mamá lo está haciendo algo ‘muy bueno’ por su hija, garantizándole una vida de éxito en su futuro afectivo. Allí no hay una motivación de agresión o de sufrimiento”. En esa mirada, la acción se entiende como “cuidado” desde las comunidades, aunque sus efectos y desenlaces digan otra cosa.

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Asimismo, en conversaciones previas con este diario, la abogada Leandra Becerra, asesora legal de Equality Now, ha señalado que se trata de una práctica naturalizada en ciertos contextos culturales, atravesada por intentos de controlar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad bajo ideas patriarcales. En esa línea, plantea que reúne los elementos para ser entendida como violencia de género, en tanto implica una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. El reto, entonces, es encontrar un equilibrio entre la jurisdicción indígena, sin estigmatizar y perseguir a las comunidades étnicas, y la garantía de los derechos fundamentales.

Para Giraldo, el punto no está en señalar a quienes practican la ablación. “Ellas lo hacen desde el desconocimiento”, dijo. Su énfasis está en otro lugar: en el acceso a información, en la posibilidad de entender lo que implica esa práctica en los cuerpos, los derechos y la vida de niñas y mujeres indígenas, en las secuelas que deja. Desde ahí han trabajado durante años distintas lideresas, abriendo espacios de conversación dentro de sus comunidades. Nombrar esa violencia también implica disputar cómo se explica. Para ella, la práctica no se puede reducir a la cultura, ya que viene de herencias colonizadoras, es una imposición y un “atentado contra nuestros derechos humanos”.

Incluso, desde 2007, las lideresas, con el apoyo de organizaciones internacionales, empezaron a abrir conversaciones y espacios educativos sobre el tema. Lo hicieron a través de “Embera Wera”, un proyecto basado en la palabra, la escucha y la circulación de información sobre lo que implica la ablación en los cuerpos de niñas y mujeres. Y en ese camino también se vislumbran decisiones colectivas: en 2016, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asumió el compromiso de transformar estas prácticas y, en 2017, el parlamento de la nación embera firmó en Bolívar, Valle del Cauca, un mandato que recoge ese proceso construido desde el interior.

Es desde esos vacíos, y desde las tensiones que atraviesan la forma en que se ha abordado la mutilación genital femenina, que el médico Leonardo Quintero plantea una lectura directa: durante 18 años, la respuesta del Estado se ha construido al revés. “Como el Estado todavía no sabe muy bien qué es, las instituciones nos ha tocado empezar a indagar por nuestra propia cuenta. Sabemos que es una violencia, sabemos que es terrible, pero como no hay una ley oficial del Estado colombiano que nos diga cómo es, entonces lo más oficial que hay es la notificación del Sivigila en la nota de violencia sexual”, afirma.

Ahí se ubica el límite. La violencia se reconoce, pero no hay una línea común que ordene la respuesta. Y en esa falta de claridad, cada institución y comunidad actúa con sus propias herramientas, mientras los casos siguen ocurriendo en Colombia.

Hoy, las cifras que circulan en las plataformas del Estado apenas alcanzan a delinear la dimensión del problema. Entre 2020 y 2024 se reportaron 204 casos de mutilación genital femenina, 177 de ellos en niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. Pero esos números no están completos. La falta de acciones unificadas entre instituciones y el temor dentro de las comunidades a la estigmatización o a posibles consecuencias legales y sociales hacen que muchos de los casos no se registren.

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En ese contexto, lideresas embera han impulsado una respuesta que busca abordar el problema de forma integral. Junto a organizaciones y congresistas como Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano, presentaron el 27 de agosto de 2024 el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”. La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y queda uno pendiente en el Senado. Pero tiene plazo hasta el 20 de junio para avanzar y convertirse en ley antes de que se archive.

Como mencionó Quintero en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 17 de noviembre, “se avizora en el horizonte cercano la necesidad de una acción conjunta y coordinada a través de cada puente interjurisdiccional“. Y mencionó responsabilidades concretas: el sector salud en el primer nivel de atención, con enfoque cultural y rutas claras de reporte; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la protección de la primera infancia; el sistema educativo en la transformación de los imaginarios que sostienen la práctica; la Jurisdicción Especial Indígena en la construcción de normas propias frente a las violencias de género; y el Congreso en la definición de marcos legales y recursos para que esas acciones no se queden en el papel.

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Casi un mes después de que se conocieran múltiples denuncias de acoso sexual en medios de comunicación, impulsadas por los movimientos #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, El Espectador pudo confirmar que el caso de la periodista y escritora María Antonia García fue desarchivado. La denuncia penal por acoso sexual contra Hollman Morris, hoy gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC), vuelve a tomar curso en la justicia.

Este caso se dio a conocer en 2019, cuando María Antonia García decidió contar, en una columna publicada en El Tiempo, lo que, según su denuncia, ocurrió con Hollman Morris durante un encuentro en Madrid en 2011. La reunión se dio en el barrio Lavapiés, en un bar al que acudió para entrevistarlo sobre el documental Impunity, tema sobre el que estaba interesada en escribir mientras trabajaba como reportera en el diario El Mundo. La periodista relató que Morris presuntamente la acosó sexualmente con tocamientos indebidos y un beso forzado, sin su consentimiento.

En septiembre de 2019 decidió presentar la denuncia por acto sexual violento ante las autoridades. Ahí comenzó el laberinto judicial. Según le contó a Volcánicas, fue citada a declarar, pero en 2022 le notificaron que su caso sería archivado, ya que los hechos habrían ocurrido en España y quedaban fuera de la jurisdicción colombiana. Ese mismo año, ella solicitó la reapertura del expediente; la Fiscalía accedió y, meses después, fue archivado nuevamente. En abril de 2023 presentó una nueva solicitud, pero el ente negó la reapertura bajo el argumento de que la clasificación jurídica del caso había cambiado a un delito de menor gravedad.

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Es sobre esa cadena de sucesos que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema ordenó reactivar el caso el pasado 20 de abril de este año. Señaló que no se protegieron los derechos de la denunciante y que hubo un error en la “adecuación típica” posterior, al trasladar el caso al presunto delito de “injuria por vía de hechos” y no mantener la investigación bajo el delito de “acto sexual violento”. Esa decisión, según lo planteado, evidencia la ausencia de enfoque de género durante la investigación y derivó en un escenario de revictimización institucional para María Antonia.

“Cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”, se lee en la decisión, documento al que tuvo acceso este diario. Resaltando que no se trata de un “simple fallo técnico, sino una forma de violencia”. Para la víctima, esto tiene varias consecuencias: primero, se oculta la gravedad real de lo ocurrido; segundo, se acortan injustificadamente los plazos para que el caso pueda ser investigado o sancionado; y tercero, se produce una nueva forma de daño, porque se envía un mensaje de impunidad al no nombrar el delito como es.

En entrevista con El Espectador, María Camila Correa, apoderada de María Antonia García, coincide en que se configuró un escenario de revictimización. “Claramente, sí es una revictimización y es una forma de violencia de segundo orden al invisibilizar la agresión sexual y el daño a la libertad e integridad sexual. Pero, además, lo que generó fue un archivo que evitó en su momento el acceso a la justicia de una víctima. En este orden de ideas, hubo violencia institucional”, sostiene.

Y es que, justamente, en contextos de violencias basadas en género, expertas explican que la revictimización se da cuando, por acción u omisión de las instituciones, las autoridades o el entorno social, se prolonga o agrava el daño ya sufrido, con afectaciones directas a los derechos de la persona. En este caso, la decisión se da después de que el caso fuera archivado dos veces y casi siete años después de que la periodista interpusiera la denuncia.

No obstante, Correa celebra la decisión. “Es una buena noticia. Consideramos que esta decisión de desarchivo es un paso más para la protección de las mujeres víctimas de violencias basadas en género”, afirma.

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Por su parte, Claudia Cristancho, abogada de Hollman Morris, sostiene que la presunción de inocencia se mantiene vigente y mostró su desacuerdo con la reapertura del caso, aludiendo a que la decisión inicial de la Fiscalía no fue improvisada y que fue evaluada con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema. “La Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento”, dijo en entrevista con El Tiempo.

Además, agregó que la apertura le resulta “irregular”, al señalar que no hay hechos nuevos frente a lo ya analizado y que el Estado perdió la facultad para investigar. “Lo que hoy se presenta como una ‘corrección’ o como la aplicación de un ‘enfoque de género’ es, en realidad, una relectura forzada del mismo expediente que desconoce las reglas básicas del debido proceso”, comentó al medio citado.

Correa señala que no se trata de una “relectura forzada” ni de oportunismo político. “El enfoque de género es una metodología mediante la cual se deben aproximar quienes administran justicia en casos que así lo ameriten. Es una forma de resolver casos y una concreción del deber de jueces y fiscales de hacer análisis en contexto, como lo ha establecido la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional”, asegura.

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Frente a este panorama, el ente acusador reabrió la indagación contra Hollman Morris. La decisión llegó tras reconocer fallas en el proceso: la vulneración de los derechos de la denunciante, la ausencia de enfoque de género y un error en la modificación del delito durante la investigación. Con ese giro, el caso vuelve a moverse en un escenario donde lo que está en discusión no es solo la conducta denunciada, sino también la forma en que la justicia la nombra, la entiende y la tramita.

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Desde hace una década, la política colombiana ha estado permeada por el término “ideología de género”. En el país, la mayoría lo ha escuchado al menos una vez, en conversaciones cotidianas, en debates sobre educación y salud, en discursos políticos e incluso en discusiones sobre paz y conflicto. Es una idea que se instaló, se repitió y se filtró en distintos escenarios hasta volverse familiar, aunque no siempre se entienda con claridad qué nombra.

Las campañas electorales de cara a las próximas elecciones no son la excepción. La candidata Paloma Valencia, en varias entrevistas, ha señalado que, aunque en un eventual gobierno se comprometería a “honrar la Constitución y la ley”, no está de acuerdo con la llamada “ideología de género”.

“¿Qué es la no ‘ideología de género’? Para ser absolutamente claros, es que usted no le tiene que poner a los niños unas cargas que no tienen. Un colegio tiene que estar listo para lidiar y para tener un entorno seguro para cualquier niño, y que no sea susceptible de discriminación nadie. Y otra cosa es que, para hacerlo, usted tenga que generarle un conflicto con su género a todos los demás niños”, le dijo a Noticias Caracol.

En la misma línea, el candidato Abelardo de la Espriella, en entrevista con Caracol Radio, también se refirió al tema: “Yo soy enemigo de la ‘ideología de género’. No acepto que a nuestros niños se les quiera condicionar, se les contamine con ‘ideología de género’ para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad, incluso del sexo”.

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Casi al unísono, ambas candidaturas aluden a esta expresión cuando se les pregunta por los derechos de las personas LGBTIQ+, como la adopción igualitaria, el matrimonio igualitario o el acceso a la salud, entre otros. Sin embargo, no se trata de una categoría académica, jurídica o científica. De acuerdo con voces expertas consultadas por este diario, es una estrategia política abstracta orientada a movilizar votos e infundir pánico frente a situaciones que no ocurren en el país.

María Mercedes Acosta, codirectora de Sentiido y quien ha dedicado investigaciones a rastrear las raíces históricas y el uso político del término, es enfática. “Hablar de ‘ideología de género’ no es describir una política real, sino simplificar temas más complejos y disputas más complejas sobre derechos, a partir de una movilización emocional”, explica a El Espectador.

El uso de esa expresión, más que nombrar una política concreta, simplifica discusiones sobre derechos humanos. Para Acosta, se trata de mezclar pánicos morales, ya que en materia electoral un debate sobre derechos “es poco atractivo y poco persuasivo. Es una manera de despertar miedo sobre la religión y la familia, que son los ejes que más les importan a los colombianos a la hora de votar según las encuestas”.

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Por su parte, Naciones Unidas ha calificado su uso como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados. En 2023, Irene Khan, abogada y relatora especial, presentó un informe en el que evidenció cómo este discurso ha convertido a mujeres y personas LGBTIQ+ en blanco de ataques bajo la acusación de promover la supuesta “ideología de género”. Además, documentó que en algunos países ha servido para restringir el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, vulnerando derechos fundamentales.

En ese sentido, Flora Rodríguez Rondón, antropóloga y coordinadora del Centro Plurales de la Universidad del Rosario, advierte que emplear la palabra “ideología” para referirse a temas de derechos e igualdad distorsiona la discusión, estigmatiza a ciertos grupos, resta credibilidad a décadas de estudios y combina teorías de conspiración.

“Cuando decimos que la postura de alguien es ideológica, decimos que está sesgada, que no está apreciando los hechos de manera objetiva”, dice a El Espectador. Por esta razón, ubicar los derechos de una persona bajo ese rótulo desplaza la conversación hacia un terreno negativo, “no solo como un error en el que incurre una persona o un grupo de personas, sino también como un supuesto esfuerzo activo de un grupo por imponer algo sesgado”. Agrega que esto desconoce las múltiples formas de discriminación y violencia que históricamente han enfrentado mujeres y personas LGBTIQ+, y la lucha por sus derechos.

Ahora bien, ambas candidaturas responden a las preguntas sobre avances en derechos aludiendo a las infancias y a la educación sexual integral, sugiriendo que allí se “confunde” o se “impone” algo. Frente a esto, Acosta explica que en la práctica no ocurre: “La educación sexual de calidad va acorde con la edad de la infancia y de la adolescencia, como lo estipulan protocolos de organismos internacionales. Es una educación que busca el conocimiento del cuerpo, entender el consentimiento para prevenir la violencia sexual en menores, aprender sobre el respeto. Y aprender sobre relaciones, en el momento oportuno, sobre anticoncepción, para evitar los embarazos adolescentes”.

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El discurso de la “ideología de género” como estrategia política en Colombia

En Colombia, el término empezó a resonar hace una década, siguiendo el mismo patrón en sectores políticos que promueven agendas conservadoras. Según Acosta, su primera aparición se remonta a 2016, cuando coincidieron varias coyunturas sociales.

Por un lado, la Corte Constitucional ordenó revisar los manuales de convivencia de los colegios para prohibir la discriminación, decisión motivada por la muerte de Sergio Urrego, un joven de 16 años que se quitó la vida tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay.

“La Corte Constitucional dice: esto no se puede repetir y le ordena al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencia de todo el país para verificar que no haya contenidos discriminatorios. No se estaba hablando del matoneo de sus compañeros y compañeras; se estaba hablando de las directivas en contra de un adolescente”, agrega Rodríguez. La decisión apuntaba a prácticas institucionales que permitían la discriminación dentro de los colegios.

En paralelo, la diputada Ángela Hernández, del Partido de La U, convocó un debate para discutir la Ley 1620 de 2013 y las cartillas de educación sexual dirigidas a docentes, promovidas por la entonces ministra de Educación, Gina Parody, sobre las cuales circuló información falsa, generando pánico entre la ciudadanía. “Falsificaron el material usando imágenes de un cómic erótico gay y diciendo que esas eran las cartillas que estaba sacando el Ministerio de Educación, cuando no era así”, menciona Acosta.

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La desinformación se expandió rápidamente y salió del debate institucional hacia la calle. “Se volvió una bola de nieve en cuestión de días, al punto que el 10 de agosto de 2016 se realizó una de las marchas más masivas en Colombia contra este material pedagógico y contra la llamada ‘ideología de género’. Todo pasó en un mes. Este es un ejemplo súper concreto de cómo el miedo infundado moviliza a la gente y, en Colombia, nació, creció y evolucionó, porque no ha muerto. Ese concepto se instaló y mucha gente lo ve como cierto”, agrega.

Asimismo, el término se coló en el debate del plebiscito por los Acuerdos de Paz con las FARC. En ese escenario, sectores opositores usaron esa etiqueta para referirse al enfoque de género incluido en los acuerdos, bajo el cual se buscaba reconocer “que el conflicto afectó de manera diferenciada a mujeres y a personas LGBT”, sostiene Acosta.

Esto se difundió pese a que se ha documentado que actores armados ilegales ejercieron violencias específicas contra mujeres y personas LGBTIQ+ en razón de su género. El objetivo fue “corregir” o “castigar” su orientación sexual o identidad de género, imponer normas tradicionales y disciplinar los cuerpos y las expresiones diversas, como lo registran hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo.

“La guerrilla también tenía sus órdenes de género distintas y de sexualidad, y ejerció mucha violencia”, dice Rodríguez.

En este caso, el discurso de la “ideología de género” articuló distintos miedos y fue promovido por los sectores que hacían campaña por el “no” a los acuerdos, junto con otros argumentos. Al final, esta postura fue la que ganó en las urnas.

En suma, todas estas coyunturas permitieron que el concepto ganara popularidad y se normalizara en el país, al usarse de forma indiscriminada en distintos campos para sustentar posiciones políticas contrarias al avance de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, presentándolos como una amenaza a un “orden” basado en valores morales y religiosos sobre la familia y los estereotipos de género.

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Del Vaticano a América Latina: los hilos del discurso de la “ideología de género”

El concepto de “ideología de género” no apareció en Colombia de la nada; se inscribe en una tradición más larga de reacción conservadora frente a transformaciones culturales, científicas y legales que han ampliado derechos.

Según Acosta, antes de ese término ya existían otros nombres para canalizar ese rechazo. En Estados Unidos, en los años 20, se hablaba del “darwinismo” como amenaza. Décadas después, en los 60 y 70, el blanco fue el “humanismo laico”. En ambos momentos se repite un patrón: los cambios sociales se presentan como un riesgo externo y simbólico que pone en peligro la moral, la familia y el “orden social”, sin discutirse en su complejidad.

Hacia finales del siglo XX, en América Latina y otros contextos, el foco se reorganizó alrededor del “género”. El término “ideología de género” comenzó a circular impulsado por sectores vinculados al Vaticano y por actores conservadores en Estados Unidos y Europa. Un giro que ocurrió en un momento marcado por avances en la autonomía de las mujeres y el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+. “Fue una estrategia que buscaba hacerle contrapeso a los derechos que lucharon estos movimientos sociales”, aclara Rodríguez.

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Puntualmente, en respuesta a las conferencias de El Cairo de 1994 y de Beijing de 1995. En la primera, la discusión global sobre desarrollo cambió de eje. Hasta entonces, el foco estaba puesto en cifras, en el control de la población y en metas demográficas. En esta conferencia, en cambio, el centro se desplazó hacia las personas y, dentro de ese giro, hacia las mujeres como sujetas de derechos, con capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Allí se reconoció que la salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, la educación y la autonomía corporal debían estar en la agenda.

Un año después, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, ese enfoque se amplió. La discusión incorporó las desigualdades. La Plataforma de Acción trazó prioridades globales: enfrentar la violencia contra las mujeres, garantizar su participación en la vida política, ampliar el acceso a la educación y fortalecer su autonomía económica.

“Esas conferencias fueron claves porque el Vaticano interpretó los debates y estos encuentros sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, como una amenaza”, dice Acosta.

Ambas investigadoras coinciden en que los análisis históricos indican que se gestó una estrategia para consolidar el término “ideología de género” en alianza con personalidades como la escritora Dale O’Leary, de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos, y Michel Schooyans, sacerdote y filósofo que fue consultor del Pontificio Consejo para la Familia, entre otros. Posteriormente, se posicionó con el nombramiento de Joseph Ratzinger como el papa Benedicto XVI.

“De alguna forma se salió de las manos”, dice Flora Rodríguez. Llegó a Europa y se vinculó a una corriente ideológica que argumenta que lo que se quiere es “imponer una serie de principios liberales que van en contra de los principios católicos, y se moviliza en relación con políticas racistas y xenofóbicas”, asegura.

Luego se trasladó a otros escenarios. Las expertas señalan que el término empezó a circular en discusiones políticas en países como Francia, Eslovaquia y Polonia, en relación con el matrimonio igualitario; en Perú y Argentina, en relación con la educación sexual; y en Brasil, donde, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, se difundió desinformación sobre un supuesto “kit gay” que se estaba repartiendo en los colegios.

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Desde entonces, se mueve en el debate público con una función específica: activar emociones y trazar fronteras sobre quiénes encajan y quiénes no. Aparece con fuerza en coyunturas electorales, cuando el voto se decide menos por programas de gobierno y más por afinidades y temores sobre lo que está en juego.

“Estamos frente a una estrategia de movilización a partir del miedo que no es nueva, que reúne una mezcla de mentiras y verdades, teorías de conspiración, pánico moral y apelaciones a emociones como el miedo, el asco y la indignación”, concluye Acosta.

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El informe “Y a nosotras, ¿quién nos va a reparar el alma?”, publicado el pasado 15 de abril, revela que la fuerza pública también habría sido perpetradora de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado colombiano. Lejos de tratarse de casos aislados o de “manzanas podridas”, como se dice popularmente, la investigación sugiere que estas violencias operan de manera sistemática y responden a estructuras patriarcales dentro de la institución. En ese contexto, las víctimas siguen enfrentándose a la minimización de sus testimonios, lo que diluye las responsabilidades que el Estado debería asumir, según las investigadoras.

El análisis fue desarrollado por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) y la Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia (Acooc), que durante año y medio reunieron testimonios de 180 mujeres de cuatro departamentos golpeados por el conflicto armado: Bolívar, Meta, Guaviare y Cauca. Se trata de una investigación que aporta evidencia técnica y testimonial para el avance del Macrocaso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además señala que esta institución presentada como garante de seguridad, también ha ejercido violencias basadas en género, violencia sexual y crímenes por prejuicio.

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Por medio de un ejercicio de georreferenciación que reúne la presencia de actores armados y hechos victimizantes, el informe identificó 30 actores armados legales, correspondientes a unidades del Ejército Nacional, la Infantería de Marina y la Policía Nacional, y 20 grupos ilegales, entre estructuras paramilitares y frentes de las antiguas FARC. Dicho mapeo, aunque no recoge la totalidad de sucesos, sitúa más de 100 hechos victimizantes cometidos entre los años noventa e inicios de los 2000, entre ellos tomas armadas, masacres, reclutamientos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y secuestros, con un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres.

La razón por la que estos delitos se agravan contra las mujeres en contextos de conflicto armado tiene raíz en un orden patriarcal que “obedece a la visión de las mujeres como utilizables, instrumentalizadas para tareas domésticas o logísticas (servidumbre) y sometidas a violencia sexual”, se lee en el documento.

A esto se suma la violencia sexual que, según el análisis, se usa como castigo ejemplarizante en el 15.7 % de los casos y como forma de instrumentalización en el 68.4 %. Estas violencias, al igual que otras basadas en género, con frecuencia involucran a varios agresores contra una misma víctima.

¿Qué implica que la fuerza pública sea autora de estas violencias?

Comparado con otras investigaciones, este informe se pregunta si hay alguna diferencia cuando las agresiones contra las mujeres provienen de este grupo armado. La respuesta conlleva a un sí. Pues la fuerza pública es un “aparato institucional armado” cuya presencia en los territorios está legitimada por representar al Estado, “lo que configura relaciones de autoridad y asimetrías de poder frente a la población civil”, se lee.

“Cuando llegan al barrio me da rabia, impotencia, me siento vulnerable. Antes de sentirme segura con ellos, me siento insegura (...) Si quienes tienen que cuidarnos no nos cuidan, si son aliados de quienes nos hacen daño... no nos sentimos seguras”, relata una de las mujeres que brindó su testimonio en el departamento de Bolívar.

Para Diana Salcedo López, directora de Limpal, que estas agresiones provengan de la fuerza pública problematiza la manera en que las mujeres interpretan los hechos, al punto de dudar si realmente vivieron una violencia. Que el agresor sea quien debía protegerlas genera zonas grises y confusas, que no deberían ser culpa de la víctimas.

“De hecho, creemos que todavía va a ser muy complicado que como sociedad reconozcamos que miembros de la fuerza pública ejercieron violencia basada en género en el marco de sus funciones de protección y de funcionariado público”, explica en entrevista con El Espectador.

La investigación también describe que en varios territorios la institución militar se erigió como la única representación estatal. En ese vacío, la militarización consolidó lo que las investigadoras llaman un orden “milipatriarcal”: uno en el que ser soldado y ser hombre se refuerzan mutuamente, produciendo jerarquías sobre qué cuerpos serían más violentados como parte de una política de control social y territorial.

“Había en ese proceso muchas niñas, muchas jovencitas, que desafortunadamente eran vistas como una conquista más”, menciona uno de los testimonios en Granada, Meta.

En ese entrecruce entre patriarcado y poder armado, las mujeres han experimentado distintas formas de control sobre su cuerpo y relaciones marcadas más por la subordinación. Por un lado, como botín de guerra, donde el abuso sexual funciona como práctica de dominación. Y por otro, a través de relaciones afectivas que, en contextos de control territorial, están atravesados por asimetrías de poder que desdibujan el consentimiento, señalan las investigadoras.

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Otra mujer narra las situaciones que solían ver en el Bolívar: “Llegar un militar y decir: ‘¡Ay, no, es que ellas nos llegan allá! Es que ellas son las que nos buscan. (...) ¿Si ellas son las que los buscan?, ustedes como autoridades y figuras deben decirles que no. Y ellos no lo hacen. Por eso se presentan embarazos. Y eso para ellos es feliz. Me comí la niña, me comí la más bonita”.

Situaciones que se agravan según el nivel de vulnerabilidad de cada mujer. Tal como explica Salcedo, “las víctimas de violencias por miembros de la fuerza pública son mujeres, generalmente, de entornos más rurales, que en cierta manera están desprotegidas por el Estado, pero en donde sí están las fuerzas militares para garantizar esa supuesta protección”, concluye.

Por ejemplo, identificaron que donde hay batallones también hay mayor riesgo de violencias basadas en género. Además, encontraron patrones que sugieren que la presencia de las fuerzas armadas está relacionada con una afectación diferenciada en territorios donde habitan mujeres indígenas y afrodescendientes. Esto se explica, en parte, porque la racialización produce un imaginario en el que estas poblaciones no son reconocidas como merecedoras de la misma protección que otras, lo que termina por legitimar más vulneraciones por la intersección entre raza y género.

“[Las niñas indígenas] son más indefensas, más vulnerables, porque ellas se encuentran en sitios más apartados, pueden ser en los resguardos, en el campo, donde si van por un camino las cogen y abusan de ellas, donde si ellos salen de las matas y llegan al caserío, se toman, las cogen a las malas, se las llevan, abusan de ellas, las embarazan, o las enamoraban también con engaños y las dejaban embarazadas”, relata un víctima del Guaviare.

Y es que hablar de violencia ejercida por esta institución implica examinar una narrativa nacional profundamente arraigada sobre la seguridad. Colombia ha construido una de las fuerzas militares más grandes de América Latina y sostenido durante décadas una de las inversiones más altas en defensa de la región. Por ejemplo, en 2025, el gasto militar representaba una proporción significativa del presupuesto nacional, cercano al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el tercer país del continente, precedido por Brasil y México, con uno de los porcentajes más altos de inversión. Esto refleja una noción de seguridad fuertemente asociada a la militarización.

El camino pendiente para la reparación de las víctimas

¿Cómo vamos a confiar, si voy a denunciar con alguien que viste el mismo uniforme de quien me ha agredido?”, fue la pregunta que lanzó una de las víctimas durante la presentación del informe. Espacio en el que se señaló que el poder, la legitimidad y el control que implica pertenecer a la fuerza pública han operado, en muchos casos, como un blindaje frente a la justicia.

En ese contexto, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública tienden a ser relativizados o justificados e incluso, trasladados a la justicia penal militar. Allí son investigados dentro de la misma estructura institucional, lo que históricamente ha contribuido a mantener altos niveles de impunidad y a debilitar la confianza de las víctimas en los procesos judiciales, se describe en la investigación.

“Que esa justicia penal militar sea diferente y que no tenga favoritismo, ni mucho menos que porque el hecho de que se estuvo baleando con la guerrilla, o estuvo defendiendo la patria, tenga más derechos que una persona que haya cometido algún delito. Las leyes para todos y que se pague igual, independientemente del rol que haya hecho. Porque si no se hace eso, nunca va a haber una solución de nada”, comenta una mujer víctima en Granada.

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Para Diana Salcedo, ahora que el proceso está en la fase de la JEP, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) deben ir más allá de las acciones comúnmente establecidas para la reparación: “Toca cambiar la manera en la que la fuerza pública se aproxima a las comunidades y tramita internamente las denuncias de violencias contra las mujeres”.

Es decir, que estas formas de reparación, más allá de fortalecer los mecanismos de justicia y lucha contra la impunidad, vayan acompañadas de una transición hacia otras comprensiones de seguridad que no dependan únicamente de la militarización. Además de revisar la doctrina militar desde su conformación: los modelos de entrenamiento, las pedagogías de obediencia y los valores institucionales que han contribuido a normalizar la violencia como forma de control.

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El pasado 25 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como el crimen de lesa humanidad más grave. Una declaración que, además de promover la reparación histórica, evidencia la triple vulneración que enfrentaron las mujeres afro.

La resolución reconoce que, durante más de 400 años, alrededor de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron despojados de su continente africano para ser llevados bajo condiciones de esclavitud a otras partes del mundo. Por la dimensión de los hechos, la ONU reconoció que estos crímenes deben generar obligaciones concretas de verdad, reparación y garantía de no repetición. Al mismo tiempo, exhorta a los Estados miembros a entablar un diálogo que incluya disculpas formales, devolución de objetos robados y compensaciones económicas.

Un reconocimiento que además destaca el “carácter excepcionalmente generizado”, que sometía a las mujeres y niñas africanas a violencia sexual, reproducción forzada, servidumbre doméstica y otras formas de explotación específicas por razón de género. Uno de los ejemplos fue el principio “partus sequitur ventrem”, una norma colonial que establecía que los hijos e hijas de mujeres esclavizadas nacían esclavizadas.

Para entender el significado de esta resolución, lo que implica para la población afrodescendiente y, especialmente, para las mujeres negras que cargan como herencia siglos de historia y racismo, El Espectador habló con Edna Liliana Valencia, periodista, escritora y activista afro. Según explicó, no existe una cifra clara para dimensionar a las víctimas de estos hechos, pues muchos murieron durante los recorridos forzados, que podían durar hasta dos meses en altamar, en condiciones totalmente inhumanas.

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¿Qué implica hablar de trata transatlántica?

Cuando hablamos de trata de personas esclavizadas se refiere a esos 400 años durante los cuales los colonos europeos capturaron personas africanas que eran libres en su continente. En este caso, si tomamos como ejemplo el caso de Colombia llegaban desde la costa occidental de África, eran capturadas allá, luego los barcos venían aquí a Cartagena y desembarcaban a las personas africanas para la venta.

Después el barco era cargado con las riquezas que se robaban de aquí, con el oro, con las esmeraldas, y entonces el barco iba para España. Allá dejaba las riquezas y volvía a África ya vacío, nuevamente, para cargar otra vez con personas.

Y ese mecanismo fue el mecanismo que sentó las bases del capitalismo actual y que además fue el que enriqueció Europa, al mismo tiempo que empobreció al continente africano y empobreció a América Latina. El asunto es que hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias de eso. No es una casualidad que, por ejemplo, los países de Europa y los países esclavistas sean también los países más ricos del continente europeo. Los países más esclavistas. Entre ellos, España, Portugal, Bélgica, Inglaterra, fueron los principales esclavistas, y su riqueza fue construida de esa manera: capturando personas libres, vendiéndolas como si fueran mercancía, quitándoles su condición de personas, o sea, no eran personas sino negros esclavos que pasaban a ser objetos o cosas que se vendían, se compraban, incluso se heredaban o se desechaban sin ningún problema.

¿Qué implica que la ONU reconozca la trata transatlántica como una práctica racializada?

Me parece importante anotar que este reconocimiento surge de una propuesta hecha por un bloque de más de 60 países, la mayoría del sur global: países africanos, países del Caribe, países suramericanos que se unieron para hacer esta declaración ante la ONU. No es que la ONU lo haya hecho por voluntad propia. La declaración también dice la “trata racializada de africanos esclavizados con fines de esclavización”. La gente del norte de África, los marroquíes, los tunecinos, la gente de Libia, son de un genotipo más árabe y mestizo, que no fueron esclavizados por los europeos. Era una trata que tenía que ver con el color de la piel, esa es una cosa súper importante del reconocimiento.

Ahora, que lo reconozca la ONU tiene un carácter significativo, pues se trata de una unión que incluye a casi todos los países del mundo, donde se declara la necesidad de reconocer y de reparar a los africanos y sus descendientes por ese tipo de trata. Pero además no se reconoce solamente como un delito de lesa humanidad, sino como el peor delito de lesa humanidad de la historia del mundo. Porque ningún delito de lesa humanidad le había quitado el carácter de seres humanos a sus víctimas. Nunca un genocidio duró 400 años. Nunca un genocidio fue avalado y respaldado por tantas leyes en cada país, como los códigos negros de Francia, “Code Noir” se llamaban, o todas las leyes que se inventaron para mostrar cómo esclavizar, torturar y violar a los africanos.

Sin embargo, yo tengo que decir que una declaración de la ONU lastimosamente no siempre impacta como uno quisiera o como nosotros, como comunidad, quisiéramos. Esta declaración de la trata transatlántica llega como primera acción de la ONU en el segundo decenio internacional de los afrodescendientes, que va de 2026 a 2035. Además, la ONU dice: “Los países tienen que implementarlo”. Y todos sabemos que estas declaraciones de la ONU no son vinculantes y, por ende, los países no es que estén obligados a poner en práctica esas recomendaciones.

¿Qué tipo de violencias enfrentaron las mujeres durante la esclavización?

Había un tema de misoginia en la esclavización. La declaratoria de la ONU reconoce un impacto especial sobre las mujeres, o sea, una interseccionalidad: era racializada la trata y además tenía un impacto violento sobre las mujeres.

La declaratoria expone varias formas de violencia de manera muy específica, pero una de las principales fue la violencia sexual en el contexto de la esclavización. Se veían a las mujeres negras como un simple objeto y se difundía la idea de que no sentían dolor, que eran sexualmente insaciables, exóticas, fogosas, es decir, una serie de estereotipos que entran a justificar prácticamente la violación de mujeres negras durante la esclavización y que se quedaron hasta nuestros días.

Otro punto súper relevante era que las mujeres negras eran vistas como máquinas de reproducción, porque al ser consideradas objetos, el fruto del vientre de cada mujer esclavizada también era propiedad del amo o de la persona que compraba a la mujer africana. Y a ellos les interesaba mucho que ellas se reprodujeran, que tuvieran hijos todo el tiempo para tener más esclavos en la finca. Por eso también las abusaban de forma reiterada.

Además de tenerlas sometidas, bajo coerciones de agresión sexual, también las podían obligar a abortar o a parir, les podían quitar a sus hijos recién nacidos. Las obligaban muchas veces a amamantar a los hijos de las mujeres blancas y no a los de ellas. Entonces definitivamente estas violencias marcan la diferencia dentro de los sistemas de esclavización y por eso la ONU reconoce específicamente, dentro de esta declaratoria, que el tema de violencia contra las mujeres fue peor.

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¿Cómo resistieron las mujeres negras en el contexto de la esclavización?

Las mujeres negras se inventaron estrategias para evitar esos niveles de tortura. La primera que podemos mencionar, es arrojarse al mar. Lo hacían sobre todo las mujeres embarazadas o con niños de brazos, que se arrojaban al mar y preferían morir ahogadas desde los barcos negreros que llegar a los otros continentes a ser esclavizadas y violadas toda la vida.

También el cabello ha sido una de nuestras estrategias. Dentro del cabello se han trenzado las rutas para llegar a los palenques durante siglos. Las mujeres trenzaban en la cabeza de sus esposos los mapas para llegar a los palenques y les ayudaban a escapar. Dentro de los cabellos se escondían semillas para poder sembrar cuando llegaran a los territorios libres que ellos mismos creaban. En los turbantes también se escondían mensajes, se escondían señales, armas, muchas cosas que les permitían a ellas defenderse de los esclavistas.

Además de eso, la mujer afro es la portadora de la cultura, la que ha mantenido la tradición oral, la que ha soportado sobre sus hombros la responsabilidad de que no se extinga nuestro carácter cultural africano. Nuestras tradiciones, gastronomía, historia, estética han sido defendidas principalmente por las mujeres. Pienso que ahí sí nos falta muchísimo por contar. Pero fueron mujeres que lucharon en todos los aspectos, que sobrevivieron a la esclavitud y contaron sus historias, Mujeres que incluso ayudaron a la abolición de la trata transatlántica directamente en esa época. Son innumerables los aportes de las mujeres a la resistencia negra.

¿Qué papel han tenido las mujeres en este reconocimiento?

En la actualidad, muchas mujeres han investigado, denunciado y presionado para que los gobiernos internacionales reconozcan la trata transatlántica como crimen de lesa humanidad, como parte de la memoria histórica.

También pienso que Colombia está haciendo su parte. Justo en esos días, una semana antes de la declaración de la ONU, fue la cumbre CELAC-África aquí en Bogotá, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, que aunque la gente hoy en día la critique y aunque no entienda las dimensiones de este tipo de encuentros, está haciendo algo histórico, y es consolidar por primera vez en la historia relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y países del continente africano. Es decir, que ellas son las que están aportando a ese aspecto, y junto a ellas muchas que las apoyamos.

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¿Se puede hablar de un racismo heredado de la esclavización? ¿Cómo se manifiesta hoy en día?

Claro. Esa ideología que se construyó para justificar la esclavización y para que un hombre blanco, se sintiera bien abusando a una mujer sin ningún remordimiento o al mandar a que un hombre negro se lo comieran los perros, eso se quedó en la conciencia colectiva. Por ejemplo, en Colombia se abolió la esclavización en 1861, pero se quedó en la mente de las personas esta idea de superioridad blanca y que las razas existen.

Todo eso condiciona nuestras experiencias de vida hoy. Eso hace que a mí no me den un empleo o que no me den un apartamento. Hace que todavía hombres blancos no quieran estar con mujeres negras y viceversa. Hace que nuestro cabello sea considerado malo, feo, sucio, desaliñado. También influye en que la gente siga viviendo en las peores condiciones de infraestructura del país. Que Buenaventura no tenga hospitales y Medellín sí; que en Bogotá haya carreteras, pero en otros territorios no. Esa idea de que la gente tiene que vivir en malas condiciones y en la pobreza persiste.

Que los negros estamos hechos para el servicio doméstico, para ser celadores o, máximo, deportistas o cantantes, viene de la narrativa esclavista. Así que las consecuencias siguen en el presente y eso es algo que mucha gente no entiende. Algunas personas dicen: “Ay, que eso ya pasó”. No, hoy en día seguimos viendo las consecuencias. Solo basta con imaginarse que después de 400 años de esclavización y después de más de 200 años de su abolición, hasta ahora existe una declaración como esta.

¿Qué implica hablar de reparación histórica en este contexto?

Eso implica que hay un llamado a estos países a que asuman su responsabilidad histórica. Los africanos están en países que ellos empobrecieron. Luego intentan migrar y no los dejan, y mueren en el Mediterráneo, por eso es importante que se organice ese tema de la migración.

Algo que además presenta la declaratoria es que los países europeos deben devolver las obras de arte y todos los artefactos artísticos y culturales robados a los países de África durante la colonia. Los museos en Bélgica, en Reino Unido, en Francia, en España tienen que empezar a devolver eso. Una forma de reparación también podría ser hacer inversiones en programas especializados para que la gente afro pueda cerrar la brecha y salir del atraso en el que nos dejó la esclavización. O incluso hacer campañas en contra del racismo, concientizar sobre este estos temas, también es super importante.

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En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Colombia, esta cifra oscila entre 680.000 y 1 millón de personas. Más del 95% son mujeres.

Durante años, más del 80% de estas trabajadoras ha sido excluido de derechos laborales básicos, como la seguridad social, y solo una minoría cuenta con contratos formales. A pesar de las denuncias persistentes de las trabajadoras del hogar y de los movimientos feministas, esta realidad ha sido sistemáticamente invisibilizada. Hoy, sus historias logran abrirse espacio en el debate público a través de una serie de Netflix que las proyecta a audiencias más amplias.

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“María La Caprichosa” se ha convertido en un fenómeno de audiencia, alcanzando el Top 10 de las series más vistas en varios países de América Latina y rompiendo con décadas de narrativas dominantes en la televisión regional. En lugar de centrarse en una protagonista blanca, urbana y de clase media, la serie coloca en el centro a una mujer negra, trabajadora del hogar y lideresa sindical, cuya historia no es ficción aspiracional, sino una trayectoria real de organización y lucha.

En este contexto la Red-DESC, conversó con Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), y con María Roa, secretaria general y fundadora del sindicato e inspiración de la serie, sobre el impacto de esta visibilidad y las luchas actuales por los derechos laborales, la justicia racial y el reconocimiento del cuidado en Colombia.

Para Roa, primera presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), este giro narrativo tiene un alcance político claro: “Las historias de las trabajadoras domésticas no son contadas… y hoy muchas mujeres se me acercan y me dicen: yo también quiero hablar.”

Más allá del reconocimiento personal, lo que está en juego es la posibilidad de que la experiencia de las trabajadoras domésticas, históricamente relegada al ámbito privado, se vuelva visible y comprensible para amplios sectores de la sociedad.

La serie ha abierto una grieta en un régimen de silencio profundamente arraigado. Durante décadas, muchas mujeres han enfrentado experiencias de violencia, discriminación y explotación sin espacios para nombrarlas.

La historia de María es la historia de muchas mujeres

Aunque la serie se inspira en la vida de María Roa, tanto ella como Claribed Palacios insisten en que no puede entenderse como una trayectoria individual aislada. Su historia es inseparable del proceso organizativo que la hizo posible. “En María se conjuga la lucha de cientos de mujeres… las mujeres que no pudieron hablar”, dice Claribed.

UTRASD nació en 2013 con 28 mujeres afrocolombianas, como resultado de procesos previos de encuentro, reflexión e investigación. Desde entonces, el sindicato ha crecido, se ha expandido territorialmente y ha consolidado una voz política capaz de incidir en los debates nacionales sobre derechos laborales, cuidado y políticas públicas. Para 2020, el número de afiliadas superaba las 650 mujeres, incluyendo más de 150 nuevas integrantes que se sumaron durante la pandemia de COVID-19.

Para las lideresas, lo relevante no es únicamente que la historia de una mujer trabajadora del hogar afrocolombiana haya llegado a una plataforma global, sino que ese reconocimiento permita visibilizar la organización, la lucha sostenida y las redes de apoyo que han hecho posible ese camino.

De qué hablamos cuando hablamos de “economía del cuidado”

Cuando se habla de “economía del cuidado”, el riesgo es que se convierta en una categoría abstracta, desconectada de las realidades cotidianas de quienes sostienen la vida. Las reflexiones de María Roa y Claribed Palacios devuelven este concepto a su dimensión concreta: el cuerpo, el tiempo y el trabajo.

Preparar alimentos, limpiar, cuidar a niños, acompañar a personas enfermas y sostener la vida cotidiana de otros hogares son tareas que hacen posible que millones de personas participen en el mercado laboral. Sin embargo, este trabajo continúa siendo sistemáticamente invisibilizado y subvalorado.

Como lo expresa Claribed: “Nosotras trabajamos para todos, pero al final no trabajamos para nadie”. Esta afirmación resume una desigualdad persistente. Las trabajadoras del hogar sostienen el bienestar colectivo, pero enfrentan condiciones de precariedad, bajos ingresos y falta de reconocimiento.

Frente a esta realidad, la Red-DESC impulsa un pacto político basado en las 6R del cuidado: reconocimiento, redistribución, reducción, derechos, representación y reformulación de la economía. En el caso de Maria y Claribed, sus testimonios evidencian la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho y de garantizar, como tal, su ejercicio en condiciones dignas. En Colombia, como en todo el mundo, el trabajo de cuidados recae de forma desproporcionada en las mujeres, muchas de ellas racializadas y en situación de vulnerabilidad, en lugar de ser asumido colectivamente por el Estado, el sector privado y los hogares.

Tanto María como Claribed subrayan la urgencia de garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y acceso efectivo a los derechos, así como la importancia de que las trabajadoras del hogar participen en los espacios de diseño de políticas públicas.

Además, el trabajo doméstico en Colombia está profundamente marcado por el racismo estructural. Tanto Claribed como María describen una experiencia reiterada: a las mujeres negras se les asigna de antemano un lugar en el servicio doméstico. Al llegar a la ciudad, muchas no son preguntadas por sus estudios ni por sus aspiraciones. Se asume que ese es su destino. Esta asociación entre negritud, pobreza y servidumbre no pertenece solo al pasado; sigue operando en el presente como una forma concreta de orden social.

Este racismo se expresa en el trato cotidiano, en el lenguaje y en la persistente desvalorización del trabajo doméstico. Lo que las lideresas denuncian es una forma de deshumanización de raíces coloniales que continúa reproduciéndose en los hogares.

Nombrar esta realidad permite comprender que el problema no se limita a la informalidad ni al incumplimiento de las normas laborales, sino que responde a una estructura más profunda de desigualdad que organiza quién cuida, en qué condiciones y con qué nivel de reconocimiento.

Más allá de Colombia: hacia sistemas de cuidado con justicia

La visibilidad que ha generado la serie en América Latina no es solo un fenómeno mediático: es una oportunidad política para poner en el centro las agendas que los sindicatos y organizaciones de trabajadoras domésticas han venido construyendo durante años en Colombia y en muchos otros países del sur global.

En Colombia, uno de los desafíos centrales ha sido garantizar que los derechos laborales se cumplan en espacios históricamente considerados privados. En el caso colombiano, UTRASD ha impulsado un proyecto de ley para exigir la realización de inspecciones laborales en los hogares. Sin estos mecanismos, las vulneraciones, las largas jornadas, la falta de pago y la ausencia de seguridad social continúan ocurriendo tras puertas cerradas.

Tras años de incidencia, el cuidado ha comenzado a ocupar un lugar más visible en la agenda pública colombiana, dando lugar a avances como la formulación de un Sistema Nacional de Cuidado y el desarrollo de políticas orientadas a redistribuir las cargas de cuidado. Sin embargo, como dice María Roa, “el papel puede con todo… pero en la práctica hay que ver cómo se materializa”.

María Roa lo plantea con claridad al imaginar qué ocurriría si un día todas las trabajadoras domésticas dejaran de trabajar. Lejos de ser una idea aislada, esta reflexión dialoga con iniciativas impulsadas por movimientos de mujeres y por espacios como la Red-DESC, que han promovido la huelga de cuidados como forma de visibilizar la centralidad de este trabajo en la sostenibilidad de la vida.

“Los derechos no te van a llegar a tu casa”

Frente a un sector marcado por el aislamiento y la fragmentación, Claribed Palacios y María Roa insisten en la importancia de fortalecer la organización colectiva, no solo a nivel local, sino también a nivel regional. Ambas subrayan que muchas trabajadoras domésticas continúan enfrentando condiciones similares en distintos países de América Latina: precariedad, discriminación y falta de reconocimiento. Frente a esta realidad compartida, la organización se convierte en una herramienta clave para construir fuerza más allá de las fronteras.

María lo expresa como una invitación a reconocerse y a perder el miedo: “El trabajo doméstico es un trabajo… con amor y con orgullo.” Su llamado es a que más mujeres levanten la voz, se identifiquen como trabajadoras con derechos y se acerquen a los sindicatos y a los procesos organizativos en sus territorios.

Claribed, por su parte, plantea que los derechos no son automáticos ni individuales. Son el resultado de la acción colectiva. “Los derechos no te van a llegar desde tu casa… tienes que salir a peleártelos con otras”. Frente a un trabajo históricamente invisibilizado y desvalorizado, la organización deja de ser una opción para convertirse en una condición para el cambio. Como lo resume María: “Si nosotras no vamos a trabajar, el mundo se detiene.”

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