Desde una ventana del segundo piso de su casa, Ricardo Medina Giraldo, de ocho años, esperaba que sus papás llegaran de trabajar. Abajo, en una calle del barrio Calasanz de Medellín, cuando su padre acababa de bajar de un campero, un sicario de Pablo Escobar le disparó tres veces. Era la noche del 8 de abril de 1985 y el magistrado Álvaro Medina Ochoa murió casi de inmediato, al lado de su esposa y ante los ojos de su hijo, que se quedó esperándolo en la ventana. Cuarenta y un años después, ese niño sigue buscando justicia. Durante los últimos 14 puso en práctica todo lo que aprendió en las clases de derecho penal en la carrera que lo llevó a convertirse en abogado. Derecho de petición, tras derecho de petición intentó que alguien lo escuchara, sin importar que la respuesta siempre fuera el silencio indiferente de la Fiscalía.

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Ricardo Medina Giraldo acaba de lograr que alguien, por fin, lo escuchara. El fiscal Mauricio Javier Ponce Mena firmó un documento el pasado 13 de octubre que cambió el rumbo de un expediente que la justicia olvidó hace 35 años y declaró que el asesinato de Álvaro Medina Ochoa fue un crimen de lesa humanidad y, en consecuencia, lo declaró imprescriptible. Además, como lo reportó El Colombiano, tumbó la resolución que en 1991 cerró la investigación que dejó en total impunidad el proceso penal. Ahora, el expediente vuelve a abrirse bajo una lectura que durante décadas estuvo ausente: Medina no fue una víctima aislada, sino parte de una ofensiva a sangre y fuego contra quienes administraban justicia en medio del poder creciente del narcotráfico. Para su hijo, esta noticia llega después de reclamar ante siete fiscales generales.

Y para el expediente, la determinación del fiscal Ponce supone examinar el asesinato junto con las amenazas, atentados y homicidios que buscaron doblegar a jueces y magistrados. Medina Ochoa tenía 42 años cuando fue asesinado. Se había graduado de abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y había escogido el trabajo en la judicatura desde el comienzo de su carrera. Fue juez de Barrancabermeja (Santander) y Envigado antes de integrar el Tribunal Superior de Medellín. Estaba casado con Luz Stella Giraldo Arroyave y era padre de Ricardo y Nicolás Medina Giraldo. Años después, su nombre terminó inscrito en el Palacio de Justicia de Envigado, pero el homenaje no resolvió las preguntas que dejó el crimen y que han rondado a su familia durante 41 años. 

La resolución del fiscal Ponce recogió el contexto en el que sucedió el asesinato de Álvaro Medina Ochoa. Desde agosto de 1984, el magistrado recibía amenazas al teléfono de su casa y al de la oficina. Esas primeras intimidaciones coincidieron con sus decisiones contra Hernán Escobar Asuad, investigado por el supuesto robo del carro del juez Gustavo Zuluaga Serna, quien había ordenado la captura de Pablo Escobar Gaviria en 1983 por el asesinato de dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en marzo de 1977. El vehículo fue encontrado horas después en un abismo y sin desvalijar, por lo que el hecho fue interpretado, no como un hurto, sino como una advertencia: el juez Zuluaga había tocado a Escobar cuando el capo todavía se amparaba en su condición de congresista.

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La orden de detención en contra de Escobar se conoció en 1983, el mismo año en el que El Espectador derrumbó la fachada del entonces congresista: el 25 de agosto reprodujo la noticia de que en 1976 el capo y su primo Gustavo Gaviria habían sido detenidos transportando 39 libras de cocaína en Itagüí (Antioquia). La evidencia periodística y la actuación judicial pusieron contra las cuerdas a un hombre que se presentaba como empresario sin antecedentes. El expediente que después llegó a manos de Medina estaba conectado con ese desafío al poder que Escobar había acumulado en Medellín y en buena parte de Colombia. La respuesta del cartel dejó sangre en los despachos judiciales y en este diario. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en 1984; Álvaro Medina, en 1985. 

Un año después, el 30 de octubre de 1986, fue el turno de Gustavo Zuluaga, quien ocupó la vacante de Medina en el Tribunal. El 17 de diciembre siguiente, sicarios asesinaron a Guillermo Cano, director de El Espectador, cuya denuncia contra el narcotráfico había continuado después de las revelaciones de 1983, con una especial atención a esta estela de asesinatos contra jueces y policías que estaba dejando al país huérfano de justicia. La ofensiva contra el periódico incluyó el asesinato, en marzo de 1989, del abogado de la familia Cano y colaborador del diario, Héctor Giraldo Gálvez; la bomba que destruyó parte de su sede en Bogotá el 2 de septiembre de ese año; y los homicidios de dos de sus trabajadores en Medellín, Martha Luz López López y Miguel Soler, en octubre siguiente.

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La andanada de Pablo Escobar y sus hombres incluyó otros dos asesinatos contra magistrados del Tribunal Superior de Medellín, ambos en 1989: el de Héctor Jiménez Rodríguez, en octubre, y el de Mariela Espinosa Arango, en noviembre, quien además había sobrevivido a al menos dos ataques con explosivos, tras asumir la investigación por hechos de narcotráfico en contra del capo. Los expedientes que tramitaban, las presiones para torcer sus decisiones y los ataques posteriores le permitieron al fiscal Mauricio Ponce reconocer un patrón. No se trataba únicamente de eliminar funcionarios: se buscaba intimidar a quienes permanecían en sus cargos y condicionar sus decisiones mediante el miedo, mientras el narcotráfico extendía su enorme capacidad de controlar no solo a comunidades, sino también a las altas esferas del poder.

Ese es el contexto de violencia que sostiene la declaración de lesa humanidad en el caso de Álvaro Medina Ochoa. La Fiscalía considera que el asesinato hizo parte de un ataque generalizado y sistemático contra población civil, dirigido también contra funcionarios judiciales por el ejercicio de sus labores. La gravedad del homicidio, por sí sola, no explica la decisión: importa su relación con una organización criminal, con otros ataques y con el propósito de someter a la justicia. El fiscal Ponce cuestionó que la investigación de entonces careciera de ese análisis y examinó los hechos como parte de una persecución contra quienes debían aplicar justicia. Durante 14 años, Ricardo Medina insistió en reclamar justicia: “Mi padre y sus colegas asesinados fueron incorruptibles y cumplieron con su deber pese a las amenazas”. 

Con la declaración de lesa humanidad, la Fiscalía ordenó recuperar el expediente del Archivo Central de Medellín y retomar el proceso donde había quedado. Este diario conoció que el ente investigador ha intentado ubicar los expedientes de los casos de los magistrados del Tribunal de Medellín Gustavo Zuluaga, Héctor Jiménez y Mariela Espinosa, con el objetivo de unirlos y avanzar en las investigaciones después de décadas de total impunidad. Sin embargo, no ha sido posible porque nunca fueron incorporados al sistema actual y, probablemente, siguen acumulando polvo en algún anaquel de la entidad. Ahora falta que la decisión en el caso de Álvaro Medina se traduzca en respuestas. El niño que esperaba a sus padres en una ventana lleva más de cuarenta años esperando también a la justicia.

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Cuarenta y un años y seis meses. Ese es el tiempo que ha pasado para que la familia del magistrado Álvaro Medina Ochoa recibiera una gota de justicia por el asesinato, perpetrado el 8 de abril de 1985 por sicarios del cartel de Medellín, la organización criminal liderada por Pablo Escobar Gaviria. Tras la declaración del crimen como de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, El Espectador habló con su hijo, Ricardo Medina Giraldo, quien en los últimos 14 años le pidió insistentemente al ente investigador que desarchivara el proceso y no quedara impune, como el de otros funcionarios de la rama judicial que se enfrentaron a los carteles narcotraficantes entre los años ochenta y noventa.

¿Cuál es el recuerdo más preciado que tiene de su padre?

Fue un muy buen papá. Desafortunadamente, solamente pude compartir con él ocho años de su vida, y mi hermano, solo dos, pues fue asesinado. Tengo los mejores recuerdos de él. Ya pasando al plano judicial, mi papá empezó como juez en Barrancabermeja, aunque él nació y creció en Medellín. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana entre el año 1960 y 1965. Luego regresó como juez en el municipio de Envigado, donde estuvo cerca de tres años. Después pasó a ser juez en Medellín y, siendo muy joven, fue magistrado en el Tribunal Superior de Medellín. Fue uno de los más jóvenes en esa época. Desde siempre estuvo muy comprometido con su función de juez y con todos los temas de hacer cumplir la norma. 

Coincidencialmente, una semana antes de su asesinato, justo en la Semana Santa de ese año, viajamos a Cartagena con la familia. Esas últimas vacaciones que vivimos fueron muy en familia, todos juntos. Ese el recuerdo que tengo de él: en vacaciones después de un año de puras amenazas. Recuerdo que estaban como más tranquilos estando en otra ciudad.

¿Cuándo empezaron las amenazas en su contra?

Él fue quien confirmó todas las apelaciones que subían de los jueces contra los miembros del cartel de Medellín. Entonces, a partir del año 1984, la familia empezó a tener amenazas. Dejaban sufragios en nuestra casa, lo llamaban a su despacho y mencionaban la ubicación del colegio donde estudiábamos con mi hermano. También le decían dónde trabajaba mi mamá. Esta situación se mantuvo durante un año. Yo no me di cuenta de todo eso más adelante porque estaba muy niño. El 8 de abril de 1985, llegando a la casa, lo mataron. Él se transportaba sin escolta porque en ese tiempo, a pesar de que la Policía y el Estado le habían dado protección, esa persona no llegó ese día. Había pedido permiso. El sicario se bajó de una moto y le disparó en el corazón. Mi mamá lo recogió y lo llevó al hospital. A mí me tocó ver todo desde la ventana de la casa. Uno de niño, viendo eso, es tremendo. Por la noche llegó mi mamá y me contó lo que había sucedido con mi papá.

¿En qué momento dimensionó que su papá se enfrentó a Pablo Escobar y al cartel de Medellín?

Eso sucedió años después porque nosotros seguimos viviendo en Medellín. Nunca nos fuimos. Yo fui creciendo y vi que había mucha mafia. Así fui comprendiendo todo lo que había pasado en la sociedad colombiana. Ustedes han visto que hay víctimas de todo en el país: de la guerrilla y los paramilitares, por ejemplo. Pero todos estamos de acuerdo en que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado colombiano. El Estado creó una ley para las víctimas que, paradójicamente, no incluye a las víctimas del narcotráfico. Inclusive, yo tuve la oportunidad de preguntarle al entonces congresista Juan Fernando Cristo (autor de la ley) por qué no se había declarado como víctimas a tantos hijos de policías, jueces y magistrados que mató el narcotráfico. Como quien dice, hay dos clases o estándares de víctimas. Como si nosotros no hubiéramos sido parte del conflicto armado también. En este momento no soy víctima para el Estado colombiano.

¿Cómo se entiende que un juez que dio la vida por hacer lo correcto, la misma justicia que él trató de proteger, le haya dado la espalda a usted y a su familia por décadas?

Es paradójico. Inclusive, pensaría que, además de la justicia, es como la sociedad: a nadie le importa esto. Le importa es ver las series de narcos, los carros que tenían, dónde está enterrado Pablo Escobar. Pero nadie sabe de los magistrados de ese tribunal que asesinaron, los policías que mató el cartel o tantas familias que tuvieron que irse de Colombia.

¿Cómo define el proceso de la Fiscalía sobre el asesinato de su padre?

Estuvo en el total abandono. Solo fue hasta que el fiscal Mauricio Javier Ponce, hace cerca de un año, se hizo cargo del expediente y ahora declaró los hechos como de lesa humanidad. Durante los últimos 14 años estuve radicando derechos de petición a la Fiscalía pidiendo que desarchivaran el proceso y lo declararan de lesa humanidad. Yo no soy abogado penalista, pero luego de tantos años intentando que la justicia avance en el expediente de mi padre, aprendí a la fuerza sobre el Estatuto de Roma y la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, los pasos que tiene que adelantar un fiscal para declarar un crimen de lesa humanidad.

Mi mamá también intentó que el asesinato de mi papá no quedara impune, pero ella, después del crimen, quedó muy sola y tuvo que sacarnos adelante. Cuando le cuento a mi hija lo que nos pasó, ella todavía no cree que todo eso haya sufrido su familia, que parece de ficción, de una película. En 1991, la Fiscalía cerró el proceso, pero uno entiende que para esa época había mucho miedo por parte de la justicia para adelantar procesos penales contra los carteles de narcotráfico.

¿Qué le dice a su hija sobre quién era su abuelo?

Que era un hombre incorruptible, un hombre que defendió las leyes, incluso hasta entregar su vida por defenderlas. A mi papá lo intentaron sobornar, pero él jamás cedió ante ello. Era un hombre comprometido con la justicia y con la rama judicial, que de seguro iba a llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Con esta declaratoria de lesa humanidad, ¿a quién cree que pueden citar a declarar por el asesinato de su padre?

Fabio Ochoa o Carlos Lehder, quien ahora aparece en redes sociales como influencer. Pero eso es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía. Hay gente que le dice a uno que debería pasar la página y no insistir, que esas son cosas que pasaron hace muchos años, pero es que a la gente se le olvida todo el daño que el cartel de Medellín le hizo a Colombia. Yo quisiera que historias como la de mi padre se conocieran más, porque realmente fueron un ejemplo para la sociedad y de los que poco se conoce. Se sabe más de los grandes criminales y eso puede seguirnos pasando como país. Hay que cambiar las narrativas y en esa tarea es fundamental la participación de los medios de comunicación. Esa sería una reparación para nosotros: que la sociedad colombiana le dé la importancia que se merecen quienes dieron la vida y se enfrentaron a la mafia.

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Uno de los miembros de una prestigiosa familia de la sociedad caleña le fueron imputados cargos en un expediente en el que lo vinculan con una supuesta operación de lavado de activos que habría beneficiado a un grupo narcotraficante. Se trata del empresario José Felipe de Lima Bohmer, quien hace parte de una familia vinculada al sector financiero y que tiene vínculos políticos con importantes familias del Valle de Cauca. De acuerdo con el ente investigador, este hombre de 60 años habría hecho parte de un millonario negocio para adquirir un cotizado predio en Cartagena junto a Javier Rojas García, conocido en el bajo mundo criminal con el alias de "Maracuyá".

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El Espectador conoció que el pasado 9 de septiembre, ante un juzgado penal de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, los cuales no fueron aceptados por de Lima Bohmer. Desde su casa, en pleno centro de Madrid, España, el empresario no aceptó cargos y afrontará su proceso en libertad. El ente investigador dice que, una de sus empresas, Agropecuaria Calima S.A, aparece en la compra del megalote, el cual fue adquirido en diciembre de 2006 por COP 22.500 millones a la Central de Inversiones S.A (CISA), entidad estatal encargada de administrar inmuebles de la Nación. Una adquisición que, según la Fiscalía, se hizo por medio de un soborno a una funcionaria de esa entidad.

De acuerdo con la investigación, la empresa de Lima Bohmer, junto a otras personas, habrían prestados sus compañías para ocultar quién era el verdadero dueño del predio de 107 hectáreas, ubicado en la zona industrial de Mamonal, principal zona industrial de Cartagena. Entre las otras personas que habrían prestado sus compañías, dice la Fiscalía, están el extraditado y confeso narcotraficante Juan Carlos “El Tuso” Sierra; el empresario de la construcción Humberto José Vidal Mayorga; y Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali, quien hoy es acusado por la Fiscalía de cometer actos de corrupción en ese sistema de transporte de la capital del Valle Cauca.

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Alias Maracuyá está ad portas de enfrentar un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, aparentemente, lideró una organización criminal que, durante casi dos décadas, y a través de la compra de costosos inmuebles en distintas zonas de Colombia, le dio apariencia de legalidad a dineros que provenían supuestamente del narcotráfico. Esos supuestos negocios al margen de la ley los tuvo con hombres cercanos a los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y con miembros de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle.

Según el escrito de acusación, “todos los mencionados (Maracuyá, de Lima, Vidal Mayorga, Lian Arana, El Tuso Sierra), mancomunadamente y en forma ilegal, mantuvieron bajo su administración y transformación ocultos este bien inmueble, dejando en la clandestinidad a su verdadero propietario el señor Javier García Rojas (alias Maracuyá). Pasando este bien dolosamente de persona jurídica en persona jurídica, evidenciándose en cada uno de los intervinientes su rol y permanencia en el tiempo para la comisión de los delitos que se acusan con el pleno conocimiento de que este bien es del señor García Rojas, todo esto con el asesoramiento de la señora Ruth García Rojas (hermana de Maracuyá)”.

Alias Maracuyá está ad portas de enfrentar un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, aparentemente, lideró una organización criminal que, durante casi dos décadas, y a través de la compra de costosos inmuebles en distintas zonas de Colombia, le dio apariencia de legalidad a dineros que provenían supuestamente del narcotráfico. Esos supuestos negocios al margen de la ley los tuvo, dice la Fiscalía, con hombres cercanos a los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y con miembros de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle. Por ejemplo, el extraditado Jose Byron Piedrahita, alias “El Árabe”.

Además de Piedrahita, los testimonios de dos conocidos narcotraficantes fueron claves para que las autoridades de distintos gobiernos pusieran sus ojos en Maracuyá: el mismo El Tuso; Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. El primero fue extraditado a los Estados Unidos en 2008 y, posteriormente, negoció con la justicia de ese país por lo que recibió una condena a cinco años de prisión. Sierra vive en Estados desde 2014 y, en los últimos años, ha comparecido como testigo en casos de parapolítica y otros expedientes. Entre ellos, el caso contra Álvaro Uribe de presunta manipulación de testigos, en el que ha sido cuestionado por entregar versiones contradictorias.

¿Qué dice la defensa de "Maracuyá"?

Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, uno de los abogados de la bancada de la defensa, David Albarracín, señaló que la investigación contra Maracuyá y su hermana era injusta. “Es decir, la Fiscalía dice: ‘te quiero mandar a la cárcel porque el dinero que lavaste y con el que te enriqueciste proviene del narcotráfico, delito del que no te puedes defender porque no te investigué y te acusé a tiempo’. Esto es atentatorio contra la dignidad y la presunción de inocencia del señor Javier Rojas García. No tiene presentación utilizar un delito del que no se tiene capacidad de demostrar judicialmente para luego acreditar que se estaba cometiendo un lavado de activos”, señaló el abogado penalista.

Albarracín señaló que la argumentación de la Fiscalía era “triste e inconstitucional”la cual estaba afectando los derechos de sus defendidos. “Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante, cuando él no se puede defender porque no hay vía procesal para hacerlo, pero cualquiera que haga esa afirmación, tendría que responder por el delito de calumnia e ir a las autoridades pertinentes. Mi pregunta es: ¿Esa afirmación hecha por un funcionario judicial, puede tener consecuencia la afectación de la libertad de Javier Rojas? La respuesta es no”. Además, el abogado señaló que no existe ninguna prueba de que Maracuyá haya participado en la supuesta coima ante CISA y de la cual “todavía hay que probar si existió”, puntualizó el abogado.

Desde el pasado 17 de septiembre, este diario se comunicó con el abogado de Lima Bohmer, Nestor Eduardo Pineda. A través de un correo electrónico señaló que: "Mi representado, el señor José Felipe de Lima Bohmer, no hará declaraciones a medios de comunicación sobre el proceso penal en curso. Sus argumentos se expondrán, como corresponde, ante los Jueces de la República y no en la prensa. La imputación de cargos es un acto de comunicación de la Fiscalía; no es un juicio ni una declaración de responsabilidad. Mi cliente no aceptó los cargos y goza de la presunción de inocencia, que lo acompañará hasta que exista una sentencia en firme".

52.000 hectáreas de bosque — una extensión equivalente a unas 72.800 canchas de fútbol—  fue el área que habría sido deforestada, según la Fiscalía General, por una organización criminal conformada por almenos 21 personas en el municipio de Mapiripán, Meta, entre 2008 y 2026. Por estos hechos, en julio pasado, les fueron imputados cargos a 15 personas los delitos de ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Entre los procesados ante un juzgado penal de Villavicencia está quién, según el ente investigador, es la cabeza de la presunta organización ilegal: el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, dueño de la empresa italo-española Poligrow. 

La multinacional, que hace presencia desde 2008 en esta zona de Colombia, es el centro de la investigación de la Fiscalía General, la cual señala que también habría acumulado terrenos baldíos de la Nación, los cuales solo pueden ser adjudicados a campesinos sin tierra. De acuerdo con el expediente judicial, hay otras personas que habrían deforestado bosques nativos de este municipio que historicamente ha sido golpeado por la violencia paramilitar y guerrillera. Los documentos conocidos por la Unidad Investigativa de El Espectador, y que hacen parte del proceso penal, apuntan contra una persona que hasta hace menos de dos meses caminaba por los pasillos del Congreso de la República. Se trata del exrepresentante a la Cámara William Aljure Martínez, quien ocupó una de las curules de paz entre 2022 y 2026.

Según el portal web de Congreso Visible, Aljure es un “líder reclamante de tierras, defensor de los derechos humanos y ambientalista. Nieto del caudillo liberal de los llanos Dumar Aljure”. Esa filiación con el guerrillero de los años cincuenta es clave en este expediente judicial pues, un extenso predio que fue de su abuelo, sería uno de los lugares donde se perpetró parte de la deforestación. El mega predio en cuestión es un baldío de 120.000 hectáreas llamado Santa Ana, el cual equivale, aproximadamente, 168.067 canchas de fútbol.

En 1953, cuando el comandante guerrillero Aljure Moncaleano fue amnistiado por la dictadura militar, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla le entregó el extenso terreno ubicado en Mapiripán y que hoy es el centro de la investigación. Quienes conocen al excongresista Aljure desde hace décadas les resulta paradójico de que ahora esté vinculado al imputado empresario italiano Vigna Taglianti, quien fue entre 2015 y 2016 miembro de la junta directiva de Fedepalma, el gremio que representa a los productores de palma de aceite en Colombia.

En 2017, cuando este diario fue al municipio, en medio de la conmemoración de los 20 años de la masacre paramilitar de julio de 1997, Aljure era uno de los líderes que denunciaba públicamente las presuntas irregularidades de Poligrow en el municipio. Tras el asesinato de Aljure, en 1968, y la posterior muerte de sus hijos, el mega predio quedó en mano de los nietos, entre ellos, William Aljure y sus cinco hermanos, quienes, en julio pasado, ya les fueron imputados cargos por la presunta deforestación en el predio Santa Ana.

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El supuesto rol del excongresista
La Fiscalía atribuye a los Aljure un papel en la transformación del predio Santa Ana, que habría pasado de bosque natural y sabanas a terrenos destinados a actividades agroindustriales de la multinacional italo-española. Según el informe que accedimos, la familia Aljure “actuó como poseedora y ‘vendedora’ de las mejoras del terreno” y habría facilitado “la transición del suelo mediante la deforestación previa o progresiva para entregar ‘mejoras’ aptas para la industria”.

La investigación atribuye a la familia Aljure la afectación de 1.910 hectáreas de bosque natural, identificadas en 624 polígonos de deforestación, entre 2008 y 2025. “Aljure Martínez participó activamente en la génesis del plan de transformación ambiental del predio (...) Su conducta debe ser analizada bajo la óptica de la omisión y acción en la destrucción sistémica de la biodiversidad”, dice el informe de 150 páginas en manos de El Espectador. Fuentes del caso advierten que, al perder su puesto en el Congreso, no sería la Corte Suprema a donde llegaría el expediente (y como solicita el informe al que tuvimos acceso), sino a la Fiscalía General. 

Los investigadores del CTI de la Fiscalía sostienen que “la eliminación de la cobertura boscosa no corresponde a un evento aislado de tala, sino a una fragmentación ecosistémica planificada”. Además, peritajes del CTI y reportes del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para señalar que el bosque natural y las sabanas existentes en el área fueron sustituidos por 29 hectáreas de palma de aceite, infraestructura agroindustrial y actividades de ganadería extensiva. A partir de esas evidencias, el informe afirma que “los Aljure (…) y Poligrow, representada por el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”.

El extenso terreno, que colinda con los parques naturales Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos, es clave en materia ambiental. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se encuentra en una zona priorizada para la conservación forestal, alberga humedales de alto valor ecológico y cumple funciones relacionadas con la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la conectividad de los ecosistemas. A raíz de la deforestación, “ Se evidencia la pérdida de la unidad ecosistémica original, transformando un entorno silvestre en un entorno de explotación industria (...) la pérdida de conectividad ecosistémica en una zona delimitada oficialmente para la protección ambiental pone en peligro la regeneración natural y los servicios ecosistémicos de la región”, resalta el expediente del ente investigados.

El paso de Aljure por el Congreso

Aljure llegó a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026 por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz para el Meta-Guaviare, con 3.009 votos. En las elecciones pasadas quizo dar el salto al Senado pero solo obtuvo algo más de 1.000 votos. En su paso por el Congresó integró principalmente la Comisión Segunda, relacionada con asuntos internacionales, seguridad y defensa, y también tuvo participación en las comisiones de Paz y Posconflicto. El pasado 11 de septiembre, este diario se contactó con el excongresista a través de Whatsapp para conocer su versión de los hechos. Aunque en un inicio contestó, dejó de hacerlo cuando le preguntamos sobre la investigación de la Fiscalía.

La defensa del italiano

Sobre estos hechos, Carlo Vigna Taglianti le envió un comunicado a este diario con su postura del caso. “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.

El Espectador conoció que el empresario italiano afrontará el juicio penal en libertad. El 18 de agosto de 2026, la Fiscalía General solicitó prisión preventiva en centro carcelario contra Vigna mientras su proceso penal avanza en los estrados judiciales. Sin embargo, el juez del caso negó la petición del ente investigador. Este diario también conoció que la Fiscalía todavía no ha dado el siguiente paso en el proceso penal: radicar el escrito de acusación contra Vigna y los otros procesados. Así las cosas, solo será la justicia la que determine si los Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti tuvieron responsabilidad en la deforestación del predio Santa Ana y en la transformación de sus ecosistemas.

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A través de un comunicado de prensa, la firma de abogado De la Espriella Lawyers, informó que acatará el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordena pagar una multa de COP571 millones. Esa sanción fue impuesta por la DIAN en 2021, luego de que la oficina recaudadora de impuestos encontrara que la oficina de abogados no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato con Saludvida EPS.

"Rechazamos categóricamente cualquier intento de descontextualizar un requerimiento de la DIAN para instrumentalizarlo con fines políticos ajenos a nuestra labor. Durante más de 25 años hemos honrado el derecho con rigor y transparencia; acatamos la decisión judicial con absoluto respeto y seguiremos defendiendo nuestra excelencia institucional.

Para conocer más detalles de la decisión judicial lo invitamos a que lea: Firma de abogados creada por De la Espriella es condenada por declarar mal sus impuestos

En su comunicado de prensa, la firma señala que: "De la Espriella Lawyers respeta plenamente la independencia de la Administración de Justicia, la decisión adoptada por los jueces de la República, acata la providencia y continuará actuando conforme al marco juridico vigente y los mecanismos que la ley establezca. De la Espriella Lawyers ha actuado de manera transparente, de buena fe y conforme a la interpretacion juridica que consideró aplicable en su momento".

Y agregó que: "La existencia de una controversia juridica y de una decisión desfavorable no transforma, por si misma, una diferencia de interpretacion tributaria en una actuación dolosa o fraudulenta. No obstante, este asunto tributario no debe confundirse ni convertirse en una plataforma de ataque, señalamiento o confrontación, con el propósito de perjudicar nuestra trayectoria, excelencia en el servicio y labor empresarial, como a su vez, ser un instrumento de intereses politicos para buscar afectar al Presidente de La Repūblica de Colombia, Doctor Abelardo De La Espriella, quien es ajeno a esta situación".

¿En qué consistió el fallo contra De la Espriella Lawyers?

La decisión judicial de 32 páginas, que fue tomada de manera unanime por tres magistrados, ordenó a De la Espriella Lawyers pagar COP 571 millones por no aportar información real en su declaración de renta.

El fallo del Tribunal Administrativo confirmó la decisión de primera instancia que tomó en diciembre de 2023 un Juzgado Administrativo de Bogotá, que ordenó dejar en firme las sanciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) le impuso al bufete creado por Abelardo De la Espriella.

El pleito tributario se centra en un contrato, firmado en noviembre de 2018, por COP 3.000 millones entre Saludvida S.A EPS. y la firma de abogados, la cual en ese momento era representada legalmente por el abogado Daniel Peñarredonda, mano derecha de De la Espriella.

La controversia llegó a la DIAN en noviembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud le informó sobre una auditoría a Saludvida y le pidió que examinara si existía una posible “vulneración del régimen tributario” en ese contrato.

Tras abrir una investigación y solicitar información a De la Espriella Lawyers, la DIAN determinó que los servicios jurídicos que se brindaron a la entidad privada de salud sí debían ser gravados y, en octubre de 2021, multó a la firma de abogados.

De la Espriella Lawyers presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la DIAN en noviembre de 2022, por lo que acudió a los estrados judiciales para intentar tumbar la decisión de la oficina de impuestos colombiana.

La historia de De la Espriella Lawyers

La firma fue fundada en 2002 por el hoy presidente de Colombia, Abelardo Gabriel de la Espriella, inicialmente enfocada en derecho penal y litigios de alto impacto. Con el paso de los años, amplió su portafolio hacia áreas como derecho corporativo, empresarial, comercial, cumplimiento normativo y resolución de controversias. Su crecimiento estuvo relacionado con la participación en procesos judiciales de alto perfil y la representación de empresarios, políticos, figuras del entretenimiento y personas involucradas en investigaciones penales.

Entre los casos más conocidos de su trayectoria aparecen la defensa de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, la representación del empresario barranquillero Álex Saab y la del condenado exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. En 2022, la firma reportaba cerca de 100 abogados y 15 áreas de práctica, además de presencia en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami.

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Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió condena a la firma de abogados que fundó el presidente Abelardo De la Espriella en 2002 y de la que se desvinculó en 2025 para iniciar su campaña con rumbo a la Casa de Nariño. Se trata de De la Espriella Lawyers, la cual, según el tribunal, no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato en su declaración de renta de 2018, cuando el ahora primer mandatario hacía parte del bufete de abogados. La decisión judicial, tomada el 22 de septiembre de 2026 y hasta ahora conocida publicamente, puso la lupa sobre un acuerdo que firmó la conocida firma con una EPS que, según una denuncia ante la Fiscalía del senador Iván Cepeda, está relacionada con presuntas maniobras de corrupción en el sistema de salud.

La decisión judicial de 32 páginas, que fue tomada de manera unanime por tres magistrados, ordenó a De la Espriella Lawyers pagar COP 571 millones por no aportar información real en su declaración de renta. El fallo del Tribunal Administrativo confirmó la decisión de primera instancia que tomó en diciembre de 2023 un Juzgado Administrativo de Bogotá, que ordenó dejar en firme las sanciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) le impuso al bufete creado por Abelardo De la Espriella. El pleito tributario se centra en un contrato, firmado en noviembre de 2018, por COP 3.000 millones entre Saludvida S.A EPS. y la firma de abogados, la cual en ese momento era representada legalmente por el abogado Daniel Peñarredonda, mano derecha de De la Espriella.

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La controversia llegó a la DIAN en noviembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud le informó sobre una auditoría a Saludvida y le pidió que examinara si existía una posible “vulneración del régimen tributario” en ese contrato. Tras abrir una investigación y solicitar información a De la Espriella Lawyers, la DIAN determinó que los servicios jurídicos que se brindaron a la entidad privada de salud sí debían ser gravados y, en octubre de 2021, multó a la firma de abogados. De la Espriella Lawyers presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la DIAN en noviembre de 2022, por lo que acudió a los estrados judiciales para intentar tumbar la decisión de la oficina de impuestos colombiana.

La defensa de De la Espriella Lawyers

La firma fundada por el presidente de Colombia insistió en que la representación jurídica que prestó a Saludvida EPS debía estar excluida del IVA porque estaba directamente relacionada con la prestación de servicios de salud y se pagó con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor que el Estado reconoce por cada afiliado para cubrir los servicios de salud del Plan de Beneficios en Colombia. En la apelación, la firma alegó que el juzgado de primera instancia no valoró las pruebas sobre su intervención en procesos penales, acciones de tutela e incidentes de desacato, actuaciones que, según su versión, permitieron que la EPS cumpliera órdenes judiciales de entrega de medicamentos y otras prestaciones médicas.

De la Espriella Lawyers insistió en que existía una diferencia de criterios sobre la interpretación de las normas tributarias y que había actuado de buena fe, por lo que no debía ser sancionada. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó esos argumentos al considerar que el objeto del contrato era defender los intereses jurídicos de la EPS y sus representantes, no prestar directamente servicios de salud. Para los tres magistrados del caso los resultados favorables para algunos afiliados fueron una consecuencia de las actuaciones judiciales, pero no cambiaban la naturaleza del servicio contratado con la oficina de abogados.

Frente a la sanción tributaria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió un argumento expuesto por la DIAN: que no existía una diferencia de criterios jurídicos que justificara exonerar a la firma del pago del IVA, sino un “desconocimiento del derecho por parte de la demandante (De la Espriella Lawyers)”. La firma de abogados también sostuvo que la liquidación de Saludvida (intervenida por el Gobierno Nacional en octubre de 2019) le impedía llamar a esa empresa para que respondiera por el IVA del contrato mencionado, en caso de que perdiera el proceso contra la DIAN. Como terminó sucediendo.

En el momento que la Superintendencia de Salud ordenó liquidar la EPS Saludvida, esta tenía cerca de 1,1 millones de afiliados. Su presidente y representante legal era Juan Pablo Silva Roa, a quien la Procuraduría llamó a juicio disciplinario en junio de 2020 por presuntas irregularidades en la administración de más de COL 131.000 millones destinados a servicios de salud. Con la intervención, la Supersalud ordenó separar al gerente y representante legal y designó a un liquidador, quien concluyó su labor formalmente el 22 de marzo de 2023, cuando se declaró terminada la existencia legal de Saludvida EPS.

La denuncia de Iván Cepeda

El 15 de junio de 2026, dos semanas después de la primera vuelta presidencial, el entonces candidato Iván Cepeda anunció desde Barranquilla que interpondría una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella y otros integrantes de su campaña por su presunta participación en un entramado de desvío de recursos del sistema de salud, relacionado con la liquidación de la EPS SaludVida. Según Cepeda, la firma De la Espriella Lawyers fue contratada en 2018 para asumir la defensa jurídica de esa entidad mediante un contrato por COP 18.000 millones, de los cuales COP 3.000 millones correspondían a honorarios y COP 15.000 millones a una prima de éxito.

Cepeda también señaló en ese momento a Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol y ficha clave del equipo de campaña de Abelardo de la Espriella, por sus vínculos empresariales con el sector salud y los pagos que, según el candidato, recibió de EPS relacionadas con estructuras paramilitares. “Están los pagos de la EPS Salud Vida y otras EPS de paramilitares al señor Joaquín Gutiérrez”.

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El entonces candidato presidencial también puso en cuestión que esos pagos se hubieran realizado con recursos públicos destinados a la salud y afirmó que “estos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud”. El mismo argumento que esgrimió De la Espriella Lawyers para pedir que no le cobraran el IVA en el millonario contrato con Saludvida EPS. Tras esa denuncia y desde entonces, De la Espriella y Gutiérrez han guardado total silencio. Este diario conoció que la denuncia interpuesta por el senador Cepeda fue enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual tiene la competencia para investigar al presidente.

Este diario se contactó con la abogada Karen Juris, una de las más importantes abogadas de De la Espriella Lawyers, con el fin de conocer su reacción del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, al momento de la publicación de este reportaje no recibimos respuesta.

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“Joaquín Gutiérrez, Carlos Suárez; tengo muchos amigos queridos y muy cercanos”. Así fue como, en febrero de este año, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a una pregunta de la revista Bocas sobre a quiénes consideraba como sus amigos. Siete meses después de esa conversación, y dos meses después de su llegada a la Casa de Nariño, Gutiérrez y Suárez ocupan los dos principales cargos de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Ambos jugaron roles determinantes en la campaña presidencial que llevó a De la Espriella a ocupar el primer cargo de la Nación. 

El Espectador puso la lupa sobre las hojas de vida de Gutiérrez, quien asumió este lunes la presidencia de Ecopetrol, y de Suárez, elegido el pasado 15 de septiembre como presidente de la junta directiva de la petrolera estatal. Además, consultó a expertos sobre los retos que supone la llegada de ambos, cercanos al círculo más íntimo del presidente, a los principales cargos de la compañía. 

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La trayectoria del nuevo presidente de Ecopetrol 

La junta directiva de Ecopetrol nombró por unanimidad a Gutiérrez el pasado 24 de septiembre. El nuevo presidente es administrador de empresas, tiene especializaciones en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, en derecho de las telecomunicaciones y en gerencia de servicios de salud. Su experiencia, como destacó en un comunicado el órgano directivo de la petrolera, se ha “caracterizado por asumir retos en diferentes sectores, estructurar organizaciones, identificar oportunidades y rodearse de equipos especializados para generar valor que impulse el crecimiento”. 

La trayectoria de Gutiérrez, en palabras de la junta directiva, se ha centrado en “asumir desafíos y obtener logros” en sectores como el jurídico, salud, construcción, agricultura y ganadería. El órgano directivo reconoció que la presidencia de Ecopetrol será el “mayor desafío” de su carrera.

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Entre otros cargos, el presidente de Ecopetrol fue asesor en la Fiscalía General durante la administración de Mario Iguarán, entre 2005 y 2009. Además, Gutiérrez es dueño de Desarrolladora Salguera, una compañía que registró activos por COP 1 billón en lo que va de 2026. Una publicación de La Silla Vacía, de junio de 2026, informó que esta empresa promocionaba un proyecto inmobiliario de De la Espriella, para vender 52 apartamentos en la zona T, en el norte de Bogotá. Gutiérrez también es dueño de la clínica Santa Mónica en Barranquilla, y tiene el control de tres IPS en Santa Marta y Montería. 

El 12 de junio de 2026, dos semanas después de la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda mencionó a Gutiérrez en medio de una denuncia ante la Fiscalía contra De La Espriella. El senador señaló que el ahora presidente y Gutiérrez “están metidos hasta las narices en los escándalos de la salud”. Según el documento que radicó ante el ente investigador, Abelardo de la Espriella “obtuvo pagos irregulares para sus honorarios con recursos públicos administrados por las EPS SaludVida (propiedad de Gutiérrez)”. Una denuncia a la que Gutiérrez ni De la Espriella se han referido públicamente.

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Para Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, más allá de que el nuevo presidente no ha trabajado en el sector de hidrocarburos, preocupa su falta de experiencia en la dirección de empresas de tamaño similar y en temas financieros, considerando que “el mayor problema de la empresa es su falta de caja”. 

Andrés Duarte, gerente de análisis financiero de Corficolombiana, destaca que Gutiérrez tiene competencias y habilidades “deseables” para un CEO y que la buena relación con el presidente podría facilitar su gestión. Agrega que la falta de experiencia en el sector no impide que la administración sea “exitosa”. Por ejemplo, menciona los buenos resultados que obtuvo Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol entre 2015 y 2017, aunque no tenía trayectoria en hidrocarburos. La clave, para el analista, es que la nueva cabeza de la empresa nombre a personas con experiencia técnica en los cargos importantes. “Las señales de mercado más importantes van a estar en los nombramientos”, afirmó. 

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol, considera que Gutiérrez “tiene las competencias, aunque no la experticia para gerenciar la empresa”. En la misma línea de Duarte, afirma que dada la complejidad de los temas que aborda la compañía, “deberá rodearse de profesionales competentes y especializados en las distintas líneas que se demanden”. 

El presidente de la junta directiva y “cerebro” de la campaña

Carlos Augusto Suárez Rojas pasó de ser uno de los hombres más cercanos a Abelardo de la Espriella a presidir la junta directiva de Ecopetrol. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en gerencia pública, control fiscal y derecho penal, Suárez construyó buena parte de su trayectoria entre el litigio, la comunicación estratégica y la consultoría política. Desde hace dos décadas, se le considera como uno de los hombres que le habla al oído a De la Espriella.

Antes de convertirse en estratega político, Suárez ejerció como abogado penalista y estuvo vinculado a entidades como la Fiscalía y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Uno de los episodios más relevantes de esa etapa fue su participación como abogado de Salvatore Mancuso, antiguo jefe paramilitar. En mayo de 2026, El Espectador reveló correos entre Suárez, fungiendo como abogado del líder criminal, con la senadora Piedad Córdoba. La congresista intentaba entrevistar al jefe de las AUC cuando estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La trayectoria profesional de Suárez también estuvo relacionada con cargos públicos, entre ellos, la Secretaría General y la Dirección Operativa de la Contraloría de Cundinamarca y la Secretaría General de Canal Capital. Suárez dio posteriormente un giro hacia la comunicación política, el manejo de crisis y el marketing digital. Desde 2015, creó junto a De la Espriella, Estrategia & Poder, una firma que lo consolidó como consultor y estratega político. A partir de allí, asesoró campañas como las de Alejandro Char, Alejandro Ordóñez, Dilian Francisca Toro, Alfredo Deluque, entre otros políticos de talla nacional. Incluso, es considerado como el cerebro detrás de la campaña presidencial que llevó al poder a De la Espriella.

La Silla Vacía contó el pasado fin de semana un episodio sobre Suárez que había pasado desapercibido. El 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente, Suárez fue anunciado como nuevo integrante de la junta directiva de Copper Giant, una minera canadiense que, a través de su filial Libero Cobre, adelanta un proyecto de exploración de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo. 

La llegada de Suárez coincidió con una inversión de USD 28,8 millones canadienses de Denarius Metals, empresa que se convirtió en la principal accionista de Cooper Giant y en la que tiene participación el empresario venezolano Serafino Iácono, socio y amigo del hoy primer mandatario. Sin embargo, el 21 de agosto, cuando se hizo efectiva la inversión, Copper Giant anunció que Suárez no ingresaría a su junta por un “posible conflicto de interés futuro”. 

Desde la junta, Suárez tiene la responsabilidad de presidir el órgano encargado de definir los lineamientos estratégicos y ejercer la vigilancia sobre la administración de la petrolera. El exmininistro Acosta señaló que los conocimientos de Suárez sobre el control fiscal y su experiencia en comunicación estratégica y manejo de crisis le puede aportar a la empresa, considerando la “magnitud y complejidad de la actual crisis por la que atraviesa Ecopetrol”. Pues, sostiene, el mayor reto de la junta directiva es “recobrar el gobierno corporativo que se vino a menos en los últimos años”. 

El último presidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, también cumplió con un rol clave en campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro en 2022. Fue gerente de la campaña, estuvo al frente de Ecopetrol casi tres años y medio y se fue definitivamente el 30 de julio, después de casi cuatro meses de ausencia, tras solicitar una licencia y vacaciones. Su salida estuvo marcada por las críticas al gobierno corporativo de la empresa por haberlo mantenido al frente en medio de las imputaciones de la Fiscalía por dos delitos: presunta violación de topes de campaña y presunto tráfico de influencias.

La empresa más grande del país, cuyas acciones son en un 88,5 % del Estado, está en un momento crucial. La compañía pasó de tener utilidades por COP 33,4 billones en 2022, su mejor año, a COP 9 billones para el cierre de 2025. En el segundo trimestre de este año, en buena parte gracias a la subida del petróleo, el panorama mejoró. Las utilidades sumaron COP 6,1 billones, un aumento de 235 % frente al mismo periodo del año pasado. En palabras de un analista que conoce de cerca la petrolera, y que pidió no ser citado, Gutiérrez y Suárez tienen el “viento a favor”, con el petróleo en máximos y una postura del nuevo gobierno a favor de los hidrocarburos. Los resultados, así como el rumbo del gobierno corporativo, darán cuenta de la gerencia de las cabezas de la empresa, luego de tres años y medio convulsos durante la administración de Roa.

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Un juzgado penal especializado acaba de programar la audiencia de acusación contra un presunto líder del paramilitarismo en Bogotá que duró más de dos décadas fuera del radar de las autoridades. A las 8:00 a. m. del próximo 2 de marzo de 2027, Luis Alejandro Alfonso Salamanca, alias El Tío, será llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y tortura. Según la Fiscalía, este hombre de 70 años fue, a principios de los 2000, un brazo armado del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado en ese momento por Miguel Arroyave, alias El Arcángel. Quien, a su vez, fue hombre de confianza de los hermanos Castaño Gil, máximos líderes del paramilitarismo en Colombia.

La resolución de acusación, conocida por El Espectador, señala que Alfonso Salamanca, por órdenes de Arroyave, torturó y asesinó a Abelardo Rojas Fernández, alias “El Mico”, en Villavicencio el 20 de julio de 2003. El documento, de 41 páginas, afirma, en pocas palabras, que este asesinato se produjo, aparentemente, porque Rojas era el jefe de sicarios de las Farc en esta zona del país y habría asesinado a un integrante de las AUC. El documento también recoge 10 testimonios de exparamilitares, entre ellos los de los exjefes paramilitares alias Don Mario y Jorge Pirata, quienes lo vinculan con el asesinato de una treintena de personas en Ciudad Bolívar (sur de Bogotá) y el municipio de Soacha, en entre marzo y noviembre de 2002.

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La Fiscalía está construyendo un listado de las víctimas del Bloque Capital durante ese lapso, el cual es apenas una pequeña muestra del horror perpetrado por las fichas de la casa Castaño en esta zona. Según el ente investigador, entre las víctimas están líderes sociales y personas que eran catalogadas como afines a ideologías de izquierda (ver infografía). Se trató de un plan sistemático que fue llamado por el grupo criminal como “limpieza social” en los panfletos que distribuían en los barrios donde vivían las víctimas. Parte de ese listado fue construido con base en la confesión, en 2004, de alias “Chiquitín”, uno de los sicarios de las AUC en el sur de Bogotá. En ese momento, el hombre confesó cerca de 140 asesinatos; sin embargo, nunca reveló el nombre de sus jefes y cómplices.

“Si yo hablo de todo lo que pasó allá, aquí caería gente que ni se imaginan”, declaró Chiquitín a la Fiscalía. Una persona del círculo cercano del confeso criminal de las AUC le dijo al ente investigador que el jefe de alias Chiquitín era un hombre llamado “Luis” y que vivía en el centro de Bogotá. Entre los 10 exparamilitares que declararon contra Luis Alejandro Alfonso Salamanca se señala que este se movía entre “Las Ferias, el Siete de Agosto y sus alrededores, la Avenida Caracas, la localidad de Suba hasta el río Bogotá, el centro de Bogotá y la localidad de Engativá”. Justo en esta última localidad fue donde, en 2025, este diario encontró tres locales donde funcionaron dos empresas de turismo de las que Luis Alejandro Alfonso Salamanca era dueño.

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Aunque la resolución de acusación contra alias El Tío menciona los asesinatos al sur de Bogotá y Soacha, en este expediente solo es procesado por el crimen contra alias El Mico. Este diario conoció que la Fiscalía está recopilando pruebas sobre la treintena de homicidios en el sur de Bogotá con el fin de llevar a Alfonso Salamanca ante los estrados judiciales para que responda por su presunta participación en los hechos. En abril de 2023, el CTI de la Fiscalía lo capturó en un conjunto residencial en Engativá para vincularlo formalmente a la investigación. Sin embargo, tres días después recobró la libertad. Fuentes cercanas a ese proceso indicaron que la defensa de alias El Tío apeló la decisión y un fiscal de segunda instancia revocó la orden de enviarlo a prisión preventiva.

Al ser un caso regido por las normas antiguas de un proceso penal —ya que se juzgan hechos cometidos en 2002—, es un fiscal quien decide este tipo de apelaciones. Si se tratara de delitos cometidos después de 2004, según la ley colombiana, sería un juez el encargado de determinar si la persona investigada afrontará el juicio tras las rejas o no. Cuando este diario le preguntó a la Fiscalía sobre las razones del ente investigador para dejarlo libre, la entidad guardó total silencio.

El supuesto vínculo entre El Tío y Miguel Arroyave

El caso de alias El Tío es particular porque en las sentencias de la justicia contra el Bloque Capital de las AUC su nombre no aparece como uno de sus posibles líderes. Sobre todo si, como lo afirma la Fiscalía, Alfonso Salamanca fue uno de los líderes de una facción de esa organización criminal, la cual alcanzó a controlar oficinas sicariales en el San Andresito de la 38, en la Central de Abastos (Corabastos), entre otras zonas de la ciudad. Según investigaciones judiciales, los principales rostros del Bloque Capital fueron Miguel Arroyave (asesinado en 2004 en medio de una purga interna) y Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, dos hombres de la entera confianza de los hermanos Castaño.

Arroyave puso como jefe en las calles a Mi Sangre, quien fue extraditado en 2016 y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Fue él quien lideró las oficinas de cobro que tomaron el control de algunas zonas del sur de la ciudad y extorsionaron a los comerciantes que se negaron a colaborar con su “cuota” de seguridad. Fue entonces cuando las autoridades registraron más de 600 muertes en el sur de la ciudad durante 2002. Es en este punto en el que, según la acusación de la Fiscalía, El Tío puso su cuota criminal. En la resolución de acusación en su contra, dos exparamilitares lo señalaron como hombre de confianza del líder del Bloque Capital. El primero fue Jorge Pirata, quien dijo que “lo conoció y lo vio reunido con Arroyave. Era comandante de zona en Bogotá”.

El segundo fue alias Wilson, quien además informó a la Fiscalía cuál fue el lugar donde, aparentemente, fue asesinado y torturado alias El Mico: una casa en un condominio en zona rural de Villavicencio, propiedad de alias El Tío. Alfonso Salamanca reconoció ser dueño del inmueble, pero negó que fuera usado para actividades criminales y afirmó que lo utilizó para alojar clientes de los planes turísticos que ofrece su empresa familiar. Sin embargo, para la Fiscalía, además de asesinar al Mico, Alfonso Salamanca fue una ficha clave del paramilitarismo: habría ordenado perseguir y asesinar a personas que se oponían a las ideas de los grupos paramilitares. “Pagó a cada sicario $400.000 por homicidio selectivo perpetrado”, aseguró la Fiscalía en el momento de su captura, en 2023.

La cuenta pendiente del Bloque Capital

El Bloque Capital es uno de los capítulos del paramilitarismo menos indagados por la justicia. En agosto de 2004, en la víspera de su desmovilización, las autoridades no tenían certeza de cuántos hombres armados eran y de cuántos de ellos pudieron pasar de agache. Un agente del DAS le dijo a El Tiempo en ese momento que 350 hombres iban a entregar sus armas, pero que “el Bloque Capital participó en hechos en San Andresito de la 38 y homicidios selectivos, pero no está confirmado quiénes son sus cabecillas ni cómo operan. Por eso es muy difícil saber cuántos, supuestamente, se desmovilizarían”. Una fuente cercana al caso le dijo a este diario que El Tío sería uno de esos hombres del Bloque Capital que pasó de agache.

La impunidad de los miembros del Bloque Capital se ve en casos como el de la periodista Jineth Bedoya, quien, en mayo de 2000, mientras era periodista de este diario, fue secuestrada y violentada por hombres de Miguel Arroyave en inmediaciones de la cárcel La Modelo, donde estaba preso el jefe paramilitar. La entonces reportera de esta casa editorial documentó cómo esa prisión era un foco de corrupción y de violaciones a los derechos humanos y cómo, allí, paramilitares y guerrilleros se enfrentaron a muerte, además de la participación activa de miembros del INPEC y la Policía. Aunque la Fiscalía procesó a miembros de las AUC, Bedoya ha dicho que faltaron altos miembros de la Policía que tuvieron vínculos con el Bloque Capital para secuestrarla.

Fallos judiciales señalan que en ese centro carcelario nació el Bloque Capital, de la mano de un hombre cercano al zar esmeraldero Víctor Carranza: J. J. Pimiento. Según el Tribunal Superior de Bogotá, este grupo criminal también habría tenido una activa participación en crímenes de lesa humanidad como los asesinatos de Jaime Garzón (agosto de 1999), el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998) y los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997). En todos estos hechos se presume que hubo participación directa por parte de miembros del Ejército y la Policía. De hecho, por el homicidio de Jaime Garzón fue condenado a 26 años de prisión el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.

La defensa de Luis Alejandro Alfonso Salamanca pidió la preclusión del proceso al considerar que no está demostrada ni la ocurrencia de las conductas investigadas ni la responsabilidad de su cliente y cuestionó, entre otros elementos, los testimonios de exparamilitares que sirvieron de base para la investigación. Según la defensa, varios de esos declarantes eran personas condenadas por la justicia, cuyos relatos presentaban “vaguedad e imprecisión” y carecían, a su juicio, de “confiabilidad, credibilidad y espontaneidad”. También sostuvo que no existe prueba suficiente de que Alfonso Salamanca hubiera intervenido como autor, coautor, cómplice o determinador del asesinato del Mico.

Lo cierto es que la última palabra no estará, entonces, en las versiones de los exparamilitares ni en la acusación del ente investigador: será un juez de Villavicencio el que determine si El Tío fue realmente uno de los hombres clave del Bloque Capital de las AUC y cuál fue, en caso de establecerse su responsabilidad, el papel que desempeñó en la violencia que azotó a Bogotá y Soacha.

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El próximo martes 13 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias del juicio contra Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido en los expedientes judiciales como “Memo Fantasma”. Desde junio de 2021, la Fiscalía lo investiga como el supuesto encargado de lavar el dinero del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura que estuvo al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. Acevedo, de 53 años, niega tajantemente esos señalamientos y asegura que su patrimonio proviene de negocios legales en el sector de la construcción en España y Colombia.

Ahora, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca puso nuevamente bajo la lupa el origen y el tamaño de esa fortuna. La justicia concluyó que Acevedo presentó una declaración de renta que no reflejaba todos sus recursos: mientras en 2019 reportó un impuesto a cargo de apenas COP 13 millones, una revisión posterior de la DIAN elevó la cuenta a COP 2.637 millones. La entidad encontró que había omitido al menos COP 3.000 millones en efectivo y recursos registrados en dos de sus empresas. Además, lo sancionó con COP 1.709 millones por declarar información incorrecta.

Para llegar a esa conclusión, la DIAN utilizó documentos y hallazgos obtenidos por la Fiscalía en el proceso penal por lavado de activos en contra de Acevedo Giraldo, un argumento que fue criticado por la defensa del empresario. Esa investigación sostiene que varias de sus empresas habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcoparamilitarismo. Así, aunque se trata de dos procesos distintos, ambos convergen en una misma discusión: Acevedo afirma que construyó legalmente su fortuna, mientras las autoridades encontraron dinero que no había reportado y que la Fiscalía vincula con las finanzas de las AUC.

Según la investigación en su contra, la dimensión de su fortuna ha sido objeto de cálculos distintos. La Fiscalía ha identificado activos de Acevedo Giraldo por cerca de US $18 millones, mientras que una investigación de InSight Crime rastreó propiedades e inversiones avaluadas en más de US $30 millones. Según ese portal, buena parte de esos bienes figuran a nombre de su madre, Margoth de Jesús Ramírez Giraldo, y de su abuela, María Enriqueta Ramírez, quienes también fueron acusadas dentro del proceso penal y enfrentar cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.

Acevedo intentó tumbar las decisiones de la DIAN mediante una demanda presentada en 2023. Sin embargo, El Espectador conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó sus pretensiones en una sentencia de 64 páginas y concluyó que la entidad tributaria podía apoyarse en las pruebas del expediente penal. Además, que el nuevo cálculo de su declaración de renta es correcto, lo que en palabras sencilla significa que Acevedo sí habría ocultado sus bienes ante la entidad recaudadora de impuestos. Su defensa ya presentó una apelación ante el Consejo de Estado, que apenas empieza la revisión de los documentos del caso.

La génesis del caso 

En 2019, cuando Acevedo era conocido como un empresario del sector inmobiliario, presentó su declaración de renta de 2018. En ella le advirtió a la DIAN que, aunque tenía negocios en Colombia, la mayoría de sus empresas estaban en España, donde residía. Bajo ese argumento, que fue aceptado por la DIAN, Acevedo pagó solamente COP 13 millones en impuestos. En ese momento, ninguna autoridad en Colombia tenía alguna sospecha de los presuntos lazos con la cúpula paramilitar. Solo fue hasta marzo de 2020, cuando un reportaje del portal periodístico Insigth Crime lo vinculó como un hombre clave en la estructura criminal de Carlos Castaño.

En octubre de 2021, cuando llevaba cuatro meses detenido preventivamente, la DIAN puso bajo la lupa su declaración de renta de 2018 y empezó a recalcular cuánto debía pagar Acevedo en impuestos. Para hacerlo, la entidad se apoyó en información obtenida por la Fiscalía durante la investigación que se hizo pública en junio de ese año, tras su captura e imputación por lavado de activos. El nuevo cálculo elevó a COP 2.637 millones el valor total a pagar, frente a los COP 13 millones que había declarado inicialmente. Entre los elementos que sustentaron ese incremento estuvo el hallazgo de COP 1.000 millones en efectivo que no habrían sido declarados y que fueron encontrados por la Fiscalía durante un allanamiento de un inmueble de Acevedo en Colombia. 

La DIAN también incluyó cerca de COP 2.000 millones encontrados por los investigadores del CTI de la Fiscalía en Cipres Asociados SAS y Grupo Acem SAS, dos empresas vinculadas con Acevedo que tampoco habían sido reportados inicialmente. Para la Fiscalía, estas compañías, junto con otras tres sociedades constituidas en Colombia, habrían integrado una red transnacional destinada a lavar recursos provenientes del narcoparamilitarismo. La DIAN no determinó que el dinero tuviera origen criminal, pero sí concluyó que Acevedo omitió recursos relevantes en su declaración. Por esa inexactitud, además del impuesto de COP 2.637 millones, le impuso una sanción de COP 1.709 millones. La cuenta total de sus impuestos ascendió así a COP 4.346 millones.

Los argumentos de “Memo Fantasma” y la decisión del tribunal

Su defensa cuestionó el uso de información proveniente de la Fiscalía, alegando que las pruebas habían sido trasladadas irregularmente al proceso tributario y que fueron obtenidas “contra su voluntad y dentro de un proceso penal”. Según la defensa, ese expediente investigaba posibles ingresos o patrimonio sin distinguir necesariamente entre recursos de fuente nacional y extranjera. “Se trata de pruebas que reposan en un proceso penal pero que aún no han surtido, en dicho proceso, la valoración respectiva por parte de un juez de conocimiento. Esos documentos incorporados carecen de todo valor probatorio, adicionalmente carecen de firma”, sostuvo su abogado. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó de forma unánime que la DIAN sí podía utilizar información obtenida en la investigación penal, pues sus facultades de fiscalización le permiten adelantar las diligencias necesarias para verificar las declaraciones y determinar correctamente los impuestos. Los magistrados señalaron que el traslado de pruebas es válido cuando se garantiza al contribuyente la posibilidad de controvertirlas, incluso “si no fueron hechas con su participación en el proceso de origen”. En este caso, consideraron que Acevedo conoció los documentos y tuvo oportunidad de cuestionarlos durante el trámite tributario.

Acevedo Giraldo también alegó en su demanda que los ingresos provenientes de servicios de consultoría prestados desde España por sus empresas debían considerarse de fuente extranjera y, por tanto, no podían ser gravados en Colombia, como lo hizo la DIAN en 2021, cuando recalculó su declaración de renta. La defensa también cuestionó la sanción de COP 100 millones que le impuso la DIAN por entregar información de manera tardía luego de que, en octubre de 2021, abriera la investigación sobre su declaración de renta de 2018. Su abogado argumentó que, en ese momento, su cliente se encontraba preso y que, por esa razón, “no pudo responder oportunamente”.

Los magistrados encontraron que la DIAN conocía de su privación de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y que envió el documento al centro de reclusión de máxima seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de la custodia de la población de las personas detenidas en Colombia. Según la sentencia, Acevedo “se rehusó a recibirla” y posteriormente recibió el requerimiento por correo electrónico, desde el cual finalmente entregó la información tributaria solicitada el 26 de octubre de 2022. Por ello, la Sala concluyó que no podía alegarse una falta de notificación y sostuvo que la DIAN “actuó conforme a derecho y garantizó el debido proceso”. 

El patrimonio de “Memo Fantasma”

Como parte del proceso penal contra de Acevedo Giraldo, la Fiscalía ordenó en junio de 2021 decomisar varias de sus propiedades, entre ellas, 17 predios urbanos, tres establecimientos de comercio, siete sociedades, dos vehículos, 31 cuentas bancarias y varias acciones en empresas. El Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares sobre esos bienes y en diciembre de ese mismo año a la Corte Suprema de Justicia llegó una particular petición de la abogada de Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, exjefe paramilitar del Bloque Central Bolívar de las AUC. En ella, el exparamilitar señaló que esos inmuebles no se les podía imponer medidas cautelares por una razón: no está probado que Guillermo León Acevedo sea la misma persona que “Memo Fantasma”.

Además, señaló que esos bienes, destinados a la reparación de las víctimas, tampoco podían pasar a control del Estado. Sin embargo, la Corte Suprema dejó en firme la decisión del Tribunal y aclaró que no entendía cuál era el interés del exparamilitar en el caso de “Memo Fantasma”, y “tampoco se entendía la intención de frenar las medidas cautelares sobre los bienes que serán usados para la reparación de las víctimas”. Lo particular de esta solicitud es que “Julián Bolívar” fue uno de los primeros en declarar contra “Memo Fantasma”. Entre 2015 y 2020, este exjefe parmailitar le dijo a la Fiscalía que lo conocía dese 1998 y que era reconocido en el bajo mundo desde la época de Pablo Escobar. 

Así mismo, dijo que era un hombre muy cercano a los hermanos Castaño y que lo vio reunido con alias “Danielito”, jefe de la Oficina de Envigado. Sin embargo, todavía no es claro por qué le dijo a la Corte Suprema por qué considera que no es claro si “Memo Fantasma” es Guillermo Acevedo Giraldo. En esta historia de exjefes del paramilitarismo, testaferros y fortunas, en agosto de 2023 ocurrió otro episodio relacionado con el patrimonio del señalado lavador de plata de los paramilitares. Este diario contó que “Memo Fantasma” había solicitado al Tribunal Superior de Bogotá que no incluyera un bien que estaba a su nombre al fondo de reparación de víctimas. 

Se trata de un parqueadero ubicado en el exclusivo sector del Poblado en Medellín y que había sido señalado por alias “Macaco” como un inmueble que era parte del Bloque Central Bolívar. Sin embargo, en enero de 2025, sin explicación alguna, uno de los abogados de “Memo Fantasma” retiró esa solicitud y desde entonces no ha vuelto a insistir en la titularidad de ese inmueble. Por lo pronto, el abogado de Acevedo presentó un documento de 48 páginas para apelar ante el Consejo de Estado la decisión que acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la declaración de renta de quien es señalado como un hombre clave de los paramilitares. 

La defensa de Acevedo cuestionó el uso de pruebas del proceso penal, sostuvo que algunos ingresos provenían de España y alegó que su detención le impidió responder a tiempo. El Tribunal rechazó esos argumentos y concluyó que la DIAN podía utilizar la información de la Fiscalía, pues Acevedo tuvo oportunidad de controvertirla, y determinó que fue debidamente notificado. Para los magistrados, la entidad respetó el debido proceso. El Espectador buscó la posición de su defensa, pero no obtuvo respuesta. Entretanto, fuentes del caso señalaron que el juicio por lavado de activos, en el que se discutirá el presunto origen paramilitar de su fortuna, comenzaría en el primer semestre de 2027.

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Entre febrero y julio de 2026, un equipo especializado en delitos contra los recursos naturales de la Fiscalía reactivó un expediente que llevaba casi una década abierto en el búnker del ente investigador. Se trata de las denuncias presentadas por los pescadores en el municipio de Barrancabermeja (Santander), quienes durante años han alertado a las autoridades ambientales sobre los vertimientos de hidrocarburos que hacen grandes empresas petroleras en la zona de la Ciénaga de San Silvestre. Se trata del espejo de agua más importante del Magdalena Medio y principal fuente de agua potable para los más de 200.000 habitantes de la ciudad.

El Espectador conoció detalles sobre cómo avanzan las pesquisas de la Fiscalía sobre la situación, la cual ha sido reportada en las páginas de este diario en los últimos dos años, pero que las comunidades llevan más de una década alertando. Por ejemplo, han denunciado no poder consumir agua de esa fuente hídrica y la muerte masiva de búfalos, garzas, peces, tortugas y manatíes (especie en peligro de extinción). Además de recolectar muestras de agua y analizar las presuntas afectaciones ambientales, la Fiscalía también entrevistó a nueve pescadores de la zona, quienes apuntan contra una instalación petrolera de la zona: la planta La Fortuna, propiedad de Terpel.

Este diario también conoció que, entre enero y febrero de 2026, la Fiscalía llamó a interrogatorio a altos funcionarios de la empresa para conocer su versión de los hechos. Tanto el ente investigador como la compañía señalaron que, por el momento, las declaraciones y los nombres de quienes comparecieron ante esas diligencias son reservados mientras el ente investigador toma una decisión de fondo sobre el expediente.

Los testimonios de los pescadores

En los últimos años, figuras como Radamel Falcao García, los cantantes Kapo y Jhonny Rivera, el actor Santiago Martínez y el popular motociclista “Tatán” Mejía han sido los rostros publicitarios de Terpel, multinacional colombiana creada en 1968 en Bucaramanga, Santander. Parte de esas campañas mediáticas exaltan dos aspectos que, según la compañía, caranterizan su operación comercial en territorio colombiano: “Desarrollo y bienestar”.

Sin embargo, los nueve líderes pesqueros de la Ciénaga de San Silvestre que declararon ante la Fiscalía tienen otro punto de vista sobre la empresa, la cual es considerada por la Superintendencia de Sociedades la segunda empresa más grande de Colombia y genera 3.400 empleos directos y más de 8.000 indirectos.

Un documento reservado de la Fiscalía de 2023, pero hasta ahora publicado por la Unidad Investigativa de El Espectador, recoge los testimonios de los principales pescadores de la Ciénaga, de quienes este diario se abstendrá de publicar sus nombres por motivos de seguridad. Algunos de ellos nos contaron que en la zona hay una “fuerte” presencia de grupos criminales y que temen por sus vidas. Según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo, Eln y las disidencias de las Farc están presentes en el municipio, el cual ha sido un corredor estratégico para los violentos desde hace décadas.

El primer entrevistado por los investigadores del CTI de la Fiscalía relata que, desde el año 2000, aproximadamente, ha observado contaminación en la ciénaga a causa de la planta La Fortuna, ubicada a 30 minutos de Barrancabermeja. El líder de la zona dijo que, entre 2010 y 2016, las afectaciones por derrames de crudo “han sido muy grandes y dejan una nata negra en la superficie de la ciénaga durante meses. Han matado especies como el manatí y tortugas, y peces como bocachico, bagre coroncoro, blanquillo y pacora. Hay sectores de la ciénaga donde las aguas se vuelven podridas, huelen a picho, la nata flota o se sienta, seca los pastos y las plantas”.

A renglón seguido, el primer pescador entrevistado dice que los habitantes de la zona, a raíz de la contaminación de la ciénaga, “nos ha generado problemas de salud como diarrea, vómito, mareos y ronchas en la piel; también problemas económicos, pues se disminuyeron los peces y no hay qué vender. Hemos sido estigmatizados porque saben que el pescado de la ciénega está contaminado (...) los hidrocarburos y químicos provenientes del caño que viene de la planta La Fortuna y caen al caño Zarzal, luego pasan a la Ciénaga San Silvestre, de allí al río Sogamoso y finalmente al río Magdalena”.

Un segundo pescador le contó a la Fiscalía que, tras los vertimientos de hidrocarburos, también conoció personas a quienes, tras consumir agua de la ciénaga, les salían brotes o granos en la piel. “A pesar de la grave situación, ninguna autoridad ha hecho presencia en la ciénaga para ponerle control a lo que está sucediendo. Muchas familias tuvimos que desplazarnos a otras ciénagas a ejercer la pesca. Ya que, a causa de los químicos, se queman y se destruyen totalmente las plantas y los animales (...) las familias tuvieron que ir a otras quebradas, o cavar pozos para poder consumir agua”, señaló el segundo pescador a los investigadores del CTI de la Fiscalía.

Un tercer pescador que declaró ante la Fiscalía también aseguró que cuando se presentaban estos derrames de hidrocarburos por parte de la planta de La Fortuna “no se podía tomar agua ni bañarse en la ciénaga porque causaba alergias, piquiña y dolores de estómago. Al tirar la atarraya en algunos puntos, esta salía llena de aceite. La contaminación ha sido tan grande, que en su recorrido ha llegado hasta el río Magdalena. Decenas de animales se mueren por tomar de las quebradas, el aire se siente pesado. Es muy triste lo que vivimos en la ciénaga quienes decidimos quedarnos”.

Por ejemplo, cuenta que el caño Zarzal —una de las fuentes hídricas de la zona rural en Barrancabermeja que alimenta la ciénaga San Silvestre— es una de las fuentes más contaminadas por estos vertimientos. “En los años 1995, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2017 y en los últimos tres años practicamente lo que sale del caño es combustible. El pescado queda contaminado, y la gente tiene que consumirlo así con esas trazas de petróleo, y por ello lo llaman el ‘pescado petrolero’. Esta contaminación también llega hasta la Ciénaga del Llanito. Allá también las comunidades sufren mucho”, declaró otro de los pescadores.

En efecto, la Ciénaga del Llanito —humedal ubicado a unos 10 minutos en carro de la Ciénaga de San Silvestre— es uno de los principales hábitats del manatí antillano. El 26 de julio, El Espectador publicó un reportaje que puso la lupa sobre al menos cuatro episodios de contaminación por hidrocarburos durante el primer semestre de 2026. Esas afectaciones comprometen un ecosistema del que dependen cerca de 550 pescadores artesanales y diversas especies de fauna silvestre.

Detrás de los derrames, según la Secretaría de Ambiente, hay fallas operacionales de Ecopetrol de hace muchos años, que en 1960 descubrió el campo Llanito, yacimiento de extracción de hidrocarburos ubicado al lado de la ciénaga. Allí, hoy produce, en promedio, 5.000 barriles de petróleo diarios (cada barril tiene 159 litros). Ecopetrol reconoció su responsabilidad en los recientes vertimientos y aseguró que uno de los eventos ocurrió por el rebosamiento de una piscina de aguas residuales industriales en la Estación Nororiental, provocado por las fuertes lluvias, entre otros factores.

Otro de los pescadores entrevistados por la Fiscalía indicó que estos vertimientos han sido puestos en conocimiento de la Alcaldía, y medios locales también lo han reportado. Por ejemplo, el 29 de julio, el canal Enlace Televisión publicó un reportaje en el que habitantes de la vereda El Cucharo aseguran que la quebrada Las Margaritas presenta malos olores, residuos, afectaciones al agua y muerte de animales. El secretario de Medio Ambiente, Leonardo Granados, le dijo a ese medio de comunicación que esa afluente —que desemboca en la Ciénaga de San Silvestre— recibe vertimientos de la empresa avícola Avidesa Mac Pollo, conocida como la empresa número uno en productos de pollo.

La versión de Terpel

Este diario se contactó con la compañía para conocer su versión de los hechos a través de una entrevista, pero advirtió que solo respondería a nuestras preguntas por escrita. Terpel asegura que La Fortuna es un activo estratégico para la prestación del servicio público de abastecimiento de combustible en Colombia y que sus instalaciones están debidamente certificadas, así como sus procesos ambientales. También aseguraron que suministraron a la Fiscalía toda la información requerida para “evidenciar la aplicación rigurosa de los protocolos ambientales en la planta y las medidas de contingencia ante posibles incidentes, establecidas en el plan de contingencia de la planta”.

Esa entrega de información a la Fiscalía la hizo el 16 de marzo de 2022 uno de los directivos más importantes de Terpel: Jorge Andrés Ríos Gómez, representante legal de la compañía. Según los archivos conocidos por este diario, el alto funcionario anexó ocho documentos, con los que la compañía pretende demostrar que su actuar no ha sido negligente ante los accidentes de vertimientos de hidrocarburos a la Ciénaga de San Silvestre.

Terpel dice que ha implementado los requerimientos exigidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección al entorno en donde opera la planta. Sobre el proceso sancionatorio que adelanta esta autoridad ambiental, la compañía afirmó este “finalizó y fue objeto de apelación, por lo cual aún no existe una decisión definitiva”.

Por último, la compañía agregó: “Las situaciones que se han presentado han sido puntuales, debida y oportunamente informadas a la autoridad y sus impactos mitigados bajo los estándares adecuados con resultados exitosos. Así mismo, ante la ocurrencia de estos eventos la compañía ha desplegado los protocolos de atención necesarios para impedir cualquier tipo de afectación. La planta cuenta con certificación de conformidad, certificados de disposición de vertimientos, certificados de inspección y adicionalmente se han implementado mecanismos de seguimiento que permiten hacer una inspección periódica de los elementos ambientalmente más sensibles”.

Este diario también conoció que, en el marco de esta investigación, la Fiscalía recopiló información en distintas entidades como la Alcaldía de Barrancabermeja, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio y la Secretaría de Salud, entre otras, con el propósito de establecer cuáles han sido las posibles afectaciones ambientales que ha sufrido la Ciénaga de San Silvestre a lo largo de los últimos años.

Entre la documentación recolectada figuran informes técnicos, expedientes administrativos, análisis de calidad del agua y actuaciones de autoridades ambientales; material que ahora es evaluado por los investigadores para determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer la magnitud de los daños al ecosistema y las eventuales responsabilidades penales de quienes habrían contribuido a su deterioro de la principal fuente de agua de Barrancabermeja.

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El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se sentará en las próximas semanas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de julio y dice tener decenas de pruebas en su contra por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente investigador, el joven político habría exigido en marzo pasado un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. A cambio, sostiene el fiscal del caso, frenaría y archivaría actuaciones administrativas contra un proyecto inmobiliario ubicado en un exclusivo sector del municipio, que es Monumento Nacional por su infraestructura colonial.

Según la Fiscalía, la víctima de esas supuestas exigencias fue una integrante de la reconocida familia Solarte, dueña de uno de los grupos empresariales con mayor tradición en los sectores de infraestructura, construcción, agropecuario y de alimentos en Colombia. Se trata de la empresaria María Victoria Solarte Daza, quien a su vez es la representante legal de Inversiones San Jacinto S.A.S., dueña del proyecto que hoy tiene al alcalde de Villa de Leyva preso de manera preventiva mientras que el expediente penal avanza. Sin embargo, este no es el único movimiento ante las autoridades que está ligado a la finca de los Solarte y que hoy la tiene en aprietos por los posibles incumplimientos en materia ambiental de la obra.

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El Espectador conoció una denuncia que fue radicada ante la Fiscalía el pasado 17 de julio en la que se invierten los papeles: la empresaria María Victoria Solarte es denunciada por posibles delitos ambientales relacionados con la construcción de la finca en Villa de Leyva. El proyecto urbanístico, llamado Nuestra Señora del Buen Suceso, está construido en ocho hectáreas de tierra, un terreno similar a once canchas de fútbol. Desde mayo de 2022, dos años antes de que se posesionara el alcalde Gamboa Chaparro, los Solarte iniciaron la construcción de la mega hacienda que supera los 5.200 metros cuadrados, con dos lagos artificiales, pesebreras de dos niveles y hasta una capilla.

La denuncia de 17 páginas, presentada ante el ente investigador por un ciudadano cuyo nombre está bajo reserva, está acompañada de fallos judiciales e informes de la Corporación Autónoma de Boyacá y la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva. Según esos documentos, hay pruebas de las posibles afectaciones ambientales que la empresaria Solarte y su esposo estarían cometiendo desde 2023 en el municipio. Sin embargo, para el denunciante, esas presuntas afectaciones ambientales transgredieron al plano penal y, por ende, la denunció por los delitos de deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

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La génesis de la disputa

La denuncia conocida por este diario hace un relato cronológico de cómo la empresaria Solarte se habría saltado los requisitos ambientales para edificar la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso. En primer lugar, el documento señala que, mediante una resolución del 24 de mayo de 2022, la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva le otorgó a los Solarte una licencia para construir una vivienda unifamiliar de aproximadamente 551 metros cuadrados, pero que dicha autorización no incluía movimientos de tierra, excavaciones, lagunas artificiales ni intervenciones sobre cuerpos hídricos o áreas protegidas. En agosto de 2023, María Victoria Solarte hizo una solicitud para ampliar las obras, incluido un lago artificial.

Durante el estudio de la solicitud para modificar la licencia urbanística, la Secretaría de Planeación concluyó que parte de las obras recaían sobre áreas ambientalmente protegidas, como la cuenca del río Cane, cuyas aguas provienen de uno de los parques nacionales naturales más biodiversos del país: el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que protege 6.889 hectáreas de páramo y bosque altoandino. Como consecuencia, la administración negó la modificación de la licencia y luego confirmó esa decisión al resolver los recursos presentados por los Solarte. También rechazó la revalidación de la licencia al considerar que persistían los problemas y que las obras no se ajustaban a los lineamientos urbanísticos y ambientales.

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El informe de Corpoboyacá

Pese a esas decisiones, la denuncia sostiene que las obras continuaron ejecutándose en el predio. El documento radicado ante la Fiscalía, entre otros informes, está sustentado en un reporte clave: el de Corporación Autónoma de Boyacá, que hizo un informe en noviembre de 2023 en el que advirtió tres posibles afectaciones ambientales de la obra de los Solarte. La autoridad ambiental encontró que el proyecto captó y desvió aguas mediante un canal en piedra y tuberías que redirigían dos afluentes hacia un lago artificial. La Corporación señaló expresamente que estas obras alteran el flujo natural de las aguas y recordó que este tipo de aprovechamiento requiere concesión o autorización de la autoridad ambiental.

Otro de los hallazgos de la Corporación Autónoma en la hacienda de los Solarte fue que la tierra extraída de ese predio fue depositada sobre la franja paralela a la quebrada El Roble, otra importante fuente hídrica que pasa por allí. A su vez, la autoridad ambiental identificó que las aguas residuales de los baños del proyecto urbanístico eran descargadas directamente a una zanja dentro del predio, sin tratamiento y sin permiso de vertimientos al suelo. Un vecino de la vereda Sabana, donde está ubicada la finca bajo investigación, habló con El Espectador y señaló que en las temporadas de lluvias, el lago artificial se desborda y genera graves problemas de movilidad en la zona.

“Hemos encontrado que instalaron una piscina con cascada que vierte agua con cloro al lago. Es algo que no tiene ningún tipo de presentación. Aquí también hay que preguntarse: ¿qué afectaciones sufren las comunidades campesinas que están aguas abajo de la hacienda? ¿Cómo se afecta la gente del casco urbano durante el fenómeno de El Niño por la desviación del río Cane? En esta zona es imposible transitar cuando el lago se desborda. Pareciera que la señora Solarte hace lo que quiere porque hay evidencia de que su construcción es ilegal. ¿Por qué las autoridades no hacen respetar la ley?”, expresó el ciudadano, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.

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Más procesos contra San Jacinto

Los enredos de la familia Solarte y de su proyecto en la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso tienen precedentes más allá de la denuncia conocida por El Espectador. En abril de 2023, el municipio de Villa de Leyva inició una querella policiva en contra de Inversiones San Jacinto por comportamiento contrario a la integridad urbanística. ¿La razón? Según la administración local, como le explicó a este diario una fuente cercana al proceso y que pidió reservar su nombre, al seguir con la construcción sin licencia, estaban cometiendo infracciones urbanísticas. Quien resolvió esa querella el 11 de abril de 2026 fue el inspector segundo de Convivencia y Paz, William Yesid Molina García.

La decisión de primera instancia señaló lo que ha sostenido la Alcaldía desde el principio: que la obra se estaba adelantando sin tener licencia, lo que va en contra de la ley. En ese sentido, se le ordenó a Inversiones San Jacinto demoler lo construido y pagar una multa cercana a los COP 232 millones. Hoy, esa decisión no está en firme, pues lleva más de tres meses rondando por los escritorios de varios despachos en Boyacá. A quien le correspondía resolver la segunda instancia de la sanción era al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, pero el 7 de mayo de este año fue capturado. Dos semanas después, el 22 de mayo, la empresa de los Solarte le pidió a la Procuraduría hacer una vigilancia preventiva al caso.

El 16 de junio de este año, el Ministerio Público designó a la Procuraduría 121 Judicial 2 de forma temporal para que se pusiera al frente. Y el 18 de junio, ese funcionario, como agente especial, recusó a Nicolás Méndez Figueroa, el secretario de Gobierno de Villa de Leyva que fue designado como alcalde encargado tras la captura de Gamboa Chaparro y que debía resolver en segunda instancia la sanción contra Inversiones San Jacinto. La recusación se basó en que, al parecer, el funcionario tendría un conflicto de interés en ese proceso. Lo que argumentó el alcalde encargado —quien recientemente denunció ante la Fiscalía que ha recibido amenazas— es que él no está impedido, pues actúa en ejercicio de sus funciones.

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Méndez Figueroa le remitió el caso al personero municipal de Villa de Leyva para que, como indica la ley, resolviera la recusación. Pero no lo hizo así. Según una fuente cercana al proceso, la decisión que tomó el 24 de junio el personero fue remitir el expediente en contra de la empresa de los Solarte y la recusación del alcalde encargado a la Procuraduría Regional de Boyacá, para que sea la que decida quién debe resolver el problema. “La Procuraduría no ha resuelto nada frente a esa decisión del personero (...) El proceso llevaba un mes parqueado ahí y no se ha hecho nada”, señaló la fuente consultada por este diario.

El otro caso en contra de Inversiones San Jacinto está relacionado con un proceso sancionatorio que lleva adelante Corpoboyacá. Desde el 15 de noviembre de 2024, esa autoridad ambiental tiene abierto un expediente contra la empresa de los Solarte y el 24 de abril de 2026 formularon cargos por presuntas violaciones a disposiciones ambientales. Yeimy Liseth Echeverría Reyes, directora de la entidad, ha negado cualquier relación con el caso, tras ser mencionada en algunos audios de presuntos sobornos del alcalde Gamboa Chaparro. “El proceso continúa activo, lo cual acredita el cumplimiento cabal de los deberes legales y el respeto estricto de los principios de legalidad y transparencia”, señaló a este diario.

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La defensa de los Solarte

Tras la denuncia por presuntos delitos ambientales, que camina al tiempo que se adelanta el proceso en contra del alcalde de Villa de Leyva, El Espectador se comunicó con sus abogados para conocer su postura frente al proceso. José Alejandro Herrera Carvajal, representante legal de Inversiones San Jacinto, y Alejandro Cadena Molano, apoderado de la empresa y de su propietaria, María Victoria Daza Solarte, señalaron que el caso por delitos ambientales es “una falsa denuncia”. Cuestionaron, en especial, dos de los puntos que expone el recurso judicial conocido por este medio. El primero tiene que ver con las afectaciones que deja la construcción a la cuenta del río Cane y de la microcuenca 24 del río El Roble.

Según el denunciante, la presencia de esos cuerpos de agua exige la existencia de “rondas de protección hídrica”, que son las franjas de terreno destinadas a proteger los afluentes. En diálogo con este diario expusieron un documento de Corpoboyacá, con fecha del 19 de febrero de 2026, que señala: “Una vez revisada la ubicación de los predios (...) no se evidencia la presencia de cauces naturales permanentes ni intermitentes. (...) no se configura la aplicación de franjas de protección”. En su concepto, el informe dejaría sin piso parte de la denuncia por posibles delitos ambientales. Sin embargo, ese mismo documento advierte que los conceptos emitidos por la Corporación “no sustituyen la competencia de la Alcaldía para otorgar licenciamientos”.

Por otro lado, cuestionaron que la denuncia no se refiera al supuesto silencio administrativo por parte de la Alcaldía de Villa de Leyva que, según él, se habría configurado en septiembre de 2023, por no haber resuelto a tiempo la solicitud de licencia de ampliación para la construcción en la hacienda. “El silencio administrativo es considerado un acto que obtiene el particular ante la no respuesta de la administración. Nosotros estábamos amparados en un acto que suspendieron mucho después y ahí paramos”, dijo el abogado Cadena Molano. Esta discusión jurídica llegó hasta el Tribunal Administrativo de Boyacá, que el 11 de diciembre de 2024 dejó claro que no hubo silencio administrativo por parte de la alcaldía.

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Los abogados de los Solarte también sostienen que la denuncia tendría el objetivo de evitar su reconocimiento como presuntas víctimas en el caso. “En la audiencia de acusación (contra Gamboa Chaparro), la defensa del alcalde dijo que un abogado había interpuesto una denuncia contra nosotros para oponerse a que nos reconocieran como víctimas”, señaló el jurista Cadena. Por su parte, el abogado Herrera Carvajal agregó: “Esto es un intento de posicionar una hipótesis alterna, tendiente a retratar al alcalde como un supuesto defensor de la legalidad, del patrimonio y del medio ambiente. La realidad demostrada es que estas alegaciones de supuestas ilegalidades no eran más que fabricaciones tendientes a constreñir de la señora Solarte Daza la obtención de una dádiva ilegal”.

Por lo pronto, el próximo 14 de agosto iniciarán las audiencias preparatorias de juicio en contra del alcalde Gambo Chaparro. Estas audiencias son claves, ya que determinarán qué pruebas serán tenidas en cuenta durante el juicio para que la Fiscalía intente probar si el alcalde de Villa de Leyva pidió o no millonarios sobornos a cambio de favorecer el millonario proyecto inmobiliario de los Solarte.

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Un juzgado le imputó cargos al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Además, entre 2015 y 2016, el extranjero fue parte de la junta directiva de Fedepalma. El ente investigador le imputó los cargos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.

Luego de que la fiscal del caso le informara los hechos por los que eventualmente podría ir a juicio, Vigna Taglianti, de 58 años de edad, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía también solicite una detención preventiva contra el director de la palmicultora. Sin embargo, aún no es claro qué tipo de medida solicitará: si una detención en centro carcelario, detención domiciliaria o restrictiva para salir del país.

Este diario conoció que el próximo 21 de julio se reanudará la audiciencia en la que la Fiscalía dejará claro qué tipo de dentenció preventiva solicitará: en centro carcelario, prisión domiciliaria o prohibición de salir del país. Este diario se comunicó con el abogado de Vigna Taglianti, Camilo Sepulveda, pero dijo que solo hablará del caso cuando se determine si su cliente encarará el resto de las audiencias detenido, o no.

El caso contra el director de Poligrow

Entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía realizaron inspecciones en el municipio donde tiene presencia la multinacional, con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto con otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledañas a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Según cálculos de las autoridades, esas acciones contra el ambiente permitieron la construcción de 68 kilómetros de vías ilegales en esta región.

El pasado miércoles 10 de junio se desarrollaron operaciones para lograr la captura de 14 personas que también harían parte de la presunta organización al margen de la ley. Esos operativos se adelantaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Sus nombres son: Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguízamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (el destituido exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.

Entre los procesados están cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. A su vez, los Aljure son nietos de una figura clave en la historia del conflicto armado colombiano: Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta, quien murió a manos del Ejército en abril de 1968.

Una de las principales hipótesis del caso gira en torno a la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del megapredio Santa Ana (120.000 hectáreas), que, de acuerdo con la Fiscalía, sería un predio baldío, es decir, propiedad de la Nación.

A su vez, Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona. Una sociedad que, según la Fiscalía, generó una deforestación a gran escala que impactó varios ecosistemas de la región, entre ellos bosques nativos de los Llanos Orientales. La Fiscalía llamó la atención sobre presuntas afectaciones “irreversibles” a la fauna y la flora de la Orinoquía, debido a la interrupción de corredores ecológicos.

La investigación sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de tierras, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el empresario italiano.

Investigadores del caso describen esa dinámica como un “carrusel de tierras”, en el que los terrenos pasaban sucesivamente por familiares, apoderados, compradores y sociedades comerciales hasta terminar incorporados a un modelo de explotación agroindustrial.

Fuentes del caso señalan que, en febrero pasado, cuando las autoridades viajaron a Mapiripán, encontraron ganadería extensiva, hectáreas sembradas con palma africana, contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a humedales y cultivos de hoja de coca.

Hace tres semanas este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.

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Un juez de la Florida (Estados Unidos) le ordenó al Departamento de Justicia de ese país levantar la reserva de un proceso penal que involucra a dos colombianos por su posible rol en una millonaria red que habría estafado a narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia estadounidense. Uno de ellos es un exnarco nacido en Valledupar que fue socio de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y que, posteriormente, se volvió informante de la Administración de Control de Drogas, más conocida por sus siglas en inglés, DEA. Se trata de Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, quien también fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero para el empresario barranquillero Álex Saab, exministro venezolano y señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Esa orden de levantar la reserva del caso contra “Boliche”, revelada por Univisión el pasado 11 de junio, tiene su origen en una denuncia de 18 páginas presentada hace seis meses por la Oficina Federal de Investigación, o FBI, y que ahora publica El Espectador. Según ese documento, el exnarco habría tenido varios colaboradores en territorio colombiano para lograr esos supuestos fraudes. Durante una de las audiencias en contra de Hernández Villazón, su abogada, Silvia Piñera, dio pistas sobre la identidad de una de esas personas, que la justicia de ese país denomina “co-conspirador 1”. Se trataría de “un abogado colombiano y miembro de una reconocida firma legal en Colombia que rutinariamente representa a acusados en Colombia que afrontan extradición”.

La denuncia del FBI, en poder de este diario, está firmada por una agente especial de esa agencia federal, quien se presentó como una funcionaria que lleva más de una década investigando estructuras de narcotráfico y lavado de activos en el continente americano, junto con otras agencias, como la DEA y la Homeland Security Investigations (HSI). De acuerdo con la declaración jurada de la agente especial, desde 2020 “Boliche” se presentó ante narcotraficantes de Colombia y de República Dominicana que estaban pedidos en extradición como un hombre que trabajaba en asocio con equipos de defensa penal que operaban en la Florida y que, a su vez, también lo hacía con el FBI y la DEA.

La agente especial indicó que Hernández les pedía montos superiores a USD 1 millón bajo una promesa: condenas a prisión bajas en Estados Unidos. Sin embargo, la denuncia sostiene que esos servicios prometidos por “Boliche” no se cumplían. Para respaldar su versión, la agente enumeró un listado de pruebas contra Hernández Villazón: chats de WhatsApp, interceptaciones de llamadas, registros de ingresos a cárceles en la Florida, reportes financieros y hasta una grabación hecha por “un acusado cooperante”, es decir, un colaborador del FBI, en la que, al parecer “Boliche” reveló detalles de su propio esquema de estafa, que habría funcionado entre 2020 y 2024.

De acuerdo con el documento de 18 páginas en manos de este diario, con fecha del 6 de diciembre de 2025, “Boliche” también “utilizó ‘coconspiradores’ en Colombia para recaudar pagos tanto en ese país como en la República Dominicana. Los pagos dirigidos a Jorge Luis Hernández Villazón (hoy detenido) se realizaron mediante transacciones comerciales interestatales e internacionales, incluyendo transferencias de dinero desde Colombia hacia él (...) El monto total de dinero que Hernández exigió fue de al menos USD $4,1 millones”. Una cifra que ronda los COP 13 mil millones. Por todos estos hechos, Hernández Villazón está preso en Miami desde junio de 2025.

Según la agente que denunció a “Boliche”, esta investigación inició en 2024, cuando investigadores del FBI entrevistaron a seis narcos que se entregaron o fueron extraditados a Estados Unidos y cuya identidad aún no se conoce. Según uno de ellos, mientras se encontraba preso en la Florida, Hernández Villazón le pidió aproximadamente USD 1 millón a cambio de garantizarle una condena reducida. El entrevistado aseguró que, en llamadas y mensajes de WhatsApp, le aseguró que saldría de prisión en unos pocos años. Incluso, llegó a decirles a sus familiares que estaría libre en menos de cuatro años, pese a que ya enfrentaba una pena de 10 años y tenía otro caso en el que podía ser condenado a cadena perpetua.

De acuerdo con la investigación, Hernández Villazón siguió exigiendo pagos mientras sostenía que podía conseguir reducciones de pena, aunque finalmente no prestó los servicios prometidos. La investigación de la agente especial del FBI documentó transferencias de dinero, incluidos giros por Western Union desde Riohacha. Además, la agente aseguró que el FBI tendría registros de que “Boliche” solicitó vehículos, efectivo y otros bienes como forma de pago por servicios que, aparentemente, no cumplió. Cuando la familia de uno de los narcotraficantes entrevistados por el FBI comenzó a cuestionar los resultados, Hernández les insistió con las exigencias económicas, se lee en la denuncia.

La agente especial aseguró que, en septiembre de 2022, durante una visita a una cárcel de Florida, “Boliche” le advirtió a ese narco que, si no “pagaba”, su familia tendría “problemas” en Colombia. Un segundo narcotraficante que fue entrevistado por el FBI dijo que, antes de su extradición y posterior proceso judicial, aceptó pagar alrededor de USD 700.000 a Hernández Villazón y al abogado colombiano, denominado “coconspirador 1”. Además, dijo que les entregó vehículos, dinero en efectivo y joyas como parte del trato. A cambio, le prometieron una condena corta y la posibilidad de vivir en un apartamento en lugar de una cárcel al llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, este segundo narco enfrentaba cargos que, de acuerdo con la ley estadounidense, eran penas de mínimo 10 años de prisión y de hasta cadena perpetua. La denuncia señala que, en este caso, Hernández Villazón le ofreció obtener beneficios mediante un esquema de cooperación ante la DEA, el cual nunca estuvo avalado por esa agencia. A pesar de conocer esas restricciones, Hernández Villazón, dice la denuncia, siguió recibiendo dinero y bienes de este narcotraficante, mientras le hacía creer que podía obtener reducciones sustanciales de condena. La agente también mencionó en su documento que “Boliche” actuó de esta manera ilegal en representación de firmas de abogados colombianos.

La denuncia hace parte de un expediente en poder de un juez de Tampa que ya ordenó la captura de “Boliche”. Sobre la presunta relación de este exnarco con juristas, el documento no revela nombres propios. Sin embargo, el periodista Gerardo Reyes, de Univisión, reveló en abril de este año que Hernández Villazón trabajó como asistente legal para diferentes bufetes, entre ellos De La Espriella Lawyers Enterprise, la firma de abogados del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según ese medio de comunicación, el “co-conspirador 1” mencionado en el expediente contra “Boliche” sería un hombre cercano a De la Espriella: Daniel Peñarredonda Gómez.

Sobre Peñarredonda, el futuro jefe de Estado ha dicho que fue su “socio” y “amigo” desde hace dos décadas, y que lo “crió” en el mundo del derecho. Esta semana, el excandidato presidencial Iván Cepeda hizo referencia a la supuesta relación de “Boliche” con el círculo del presidente electo: “Abelardo de la Espriella sostuvo un estrecho vínculo con el narcoparamilitar ‘Boliche’, quien ha sido informante de las agencias federales (...) Uno de los cómplices de alias “Boliche” es el socio de Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda. Las autoridades estadounidenses deben aclarar si De La Espriella ha sido o es agente colaborador de la DEA, de la CIA, o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”.

Cepeda recordó en esa declaración que De la Espriella fue abogado de Álex Saab y que ha dicho que “contribuyó a acercamientos de Saab con autoridades de Estados Unidos para resolver su situación”. Este punto es clave porque Peñarredona hizo parte de ese “pool” de abogados que defendió al empresario colombiano. Eso sí, Cepeda no reveló ninguna documentación sobre esas presuntas relaciones. Este diario se contactó con la firma de abogados de De la Espriella para conocer su versión de estos hechos, pero no obtuvo respuesta. A su vez, le envió un listado de preguntas a Peñarredonda para establecer en qué contexto conoció a “Boliche”, si trabajaron juntos y si participó de la supuesta red de estafa. No respondió el cuestionario, pero manifestó: “No tengo ningún caso de fraude y no soy el ‘co-conspirador 1’ del que se habla en el caso”.

La vida de “Boliche”

Este nuevo expediente por presunto fraude electrónico en contra de “Boliche” es apenas uno de sus capítulos al margen de la ley. Jorge Luis Hernández Villazón nació en Valledupar (Cesar) en el seno de una asentada familia de la región. De acuerdo con fallos judiciales y el propio testimonio de “Boliche”, fue integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su relevancia fue tal en la cúpula paramilitar que llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de los exjefes Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, tanto en asuntos financieros como en operaciones transnacionales de narcotráfico.

En el 2000, la relación de “Boliche”, con la cúpula paramilitar terminó de forma abrupta. En una versión libre rendida en 2009 ante la Fiscalía, Mancuso aseguró que Hernández le robó un cargamento de cocaína, motivo por el cual las AUC ordenaron su asesinato. Sin embargo, “Boliche” logró escapar junto a su familia por la Guajira con destino a Venezuela. Allí, Hernández inició contactos con las autoridades estadounidenses y, para 2001, comenzó a colaborar con la DEA. La información que entregó contribuyó a fortalecer las investigaciones contra Mancuso y Carlos Castaño, quienes fueron acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos en 2002 por traficar más de 17 toneladas de cocaína hacia ese país desde 1997.

A partir de allí, “Boliche” se convirtió en una fuente de información sobre organizaciones criminales para la DEA, el FBI y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Esa trayectoria lo llevó a consolidar una amplia red de contactos, agentes federales, personas investigadas por narcotráfico y abogados. A través de ese esquema es que, según Univisión, Hernández Villazón terminó involucrado en el caso de Álex Saab. Ese expediente es, justamente, otro más que lo llevó a tener líos con la justicia estadounidense, pues según la condena en su contra, “Boliche” fue una de las personas que le ayudó a lavar dinero al empresario proveniente del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, a sus 57 años, “Boliche” enfrenta un nuevo proceso judicial, en esta ocasión por estafa electrónica. Todos los detalles de ese expediente se conocerán en próximas semanas, pues el juez de la Florida que ordenó levantar su reserva le dio un término al Departamento de Justicia para hacerlo. En esos documentos estaría la identidad de los colombianos y firmas de abogados que habrían participado en el presunto esquema criminal de Hernández Villazón, incluyendo las firmas colombianas. Mientras eso sucede, “Boliche” ya tiene programada una audiencia en la que se sentará en el banquillo de los acusados este mes de julio para dar sus explicaciones sobre las presuntas estafas con las que se habría enriquecido.

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*Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.

Además de la caldeada contienda electoral por la Presidencia de la República, otro de los focos preocupantes en Colombia es la delicada situación de orden público que viven algunas regiones del país. Entre ellas la guerra que desatan las disidencias de alias "Iván Mordisco" y “Calarca Córdoba” en zona limítrofe de Guaviare y Meta. Durante la última semana de mayo pasado, un enfrentamiento entre ambos grupos criminales dejó un saldo de 50 muertos en un punto conocido como Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare y que, a su vez, colinda con el municipio metense de Mapiripan, la cual es territorio de control del bloque Comandante Jorge Suárez Briceño de las disidencias de Calarcá.

Justo la semana que pasó, y en esa misma zona convulsa del país, la Fiscalía General y la Policía pusieron al descubierto una investigación que llevan adelante hace meses y que está relacionado con un fenómeno que afecta gravemente al sur del país: la deforestación. Las autoridades identificaron una red de 17 personas que habrían deforestado más de 52.000 hectáreas entre 2008 y 2026. Dentro de ese expediente, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, una de las cabezas de esa presunta organización criminal, está un reconocido empresario de la región: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, punta de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera en Mapiripán desde 2008.

El italiano de 60 años, quien se entregó a las autoridades el jueves pasado, fue entre 2015 y 2016 parte de la junta directiva de Fedepalma, el gremio que representa a los productores de palma de aceite en Colombia. Sin embargo, no es la primera vez que el turinés tiene que rendirle cuentas a la justicia colombiana. Hace 10 años, en la páginas de este diario, contamos cómo la Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y fraude procesal. Entre 2015 y 2016, la fiscal Gloria Smith Gualdrón, quien luego fue removida del caso, inició una investigación para lograr determinar su teoría del caso, la cual tiene puntos de conexión con el reciente expediente de la Fiscalía.

El informe contra Poligrow

Hace una década, cuando por primera vez las autoridades enfilaban baterías contra Vigna, la Fiscalía lo señaló de tejer todo un entramado para quedarse de manera irregular con 1.000 hectáreas de una finca en Mapiripán. Sin embargo, en mayo de 2017, un juez lo absolvió de todos los cargos, y señaló que las pruebas y los testimonios llevados al juicio por la Fiscalía no eran contundentes para hallar como culpable al director de la multinacional, la cual tiene cerca de 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en ese municipio. En los informes de la investigación, liderada por la fiscal Gualdrón, hacen un recuento pormenorizado de los terrenos que tenían vínculo con Poligrow en esta zona.

En ese listado aparecen los predios que hoy la Fiscalía señala sufrieron graves daños. El principal de ellos es el megaterreno Santa Ana, el cual abarca 120.000 hectáreas y que es propiedad de los nietos de la familia de Dumar Aljure, el guerrillero liberal de los años cincuenta. Cinco integrantes de esa familia, que son hermanos del congresista William Aljure, fueron capturados el pasado miercoles en Villavicencio y les fueron imputados cargos por ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Ese extenso lote, que equivale aproximadamente a 168.000 canchas de fútbol, tiene un valor histórico, pues el guerrillero liberal recibió esos terrenos al mismo tiempo que fue amnistiado por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Según el ente investigador, 1.910 hectáreas de ese predio fueron deforestadas.

Los investigadores sostienen que “la eliminación de la cobertura boscosa no corresponde a un evento aislado de tala, sino a una fragmentación ecosistémica planificada”. Además, peritajes del CTI y reportes del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para señalar que el bosque natural y las sabanas existentes en el área fueron sustituidos por 29 hectáreas de palma de aceite, infraestructura agroindustrial y actividades de ganadería extensiva. A partir de esas evidencias, el informe afirma que “los Aljure (...) y Poligrow, representada por el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”.

En materia de contaminación de fuentes hídricas, los documentos conocidos por este diario señalan que existirían elementos para investigar un presunto aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daños sobre ecosistemas acuáticos por parte de Poligrow. Según el documento, durante las inspecciones técnicas y la revisión de información aportada por las autoridades ambientales se estableció que las operaciones agroindustriales requerían un uso intensivo del recurso hídrico, especialmente para el funcionamiento de la planta extractora de aceite de palma. Los investigadores sostienen que “la operación genera una alta carga orgánica que (...) puede causar eutrofización y contaminar fuentes hídricas”, advirtiendo que este fenómeno puede alterar la calidad del agua y afectar la fauna y flora asociadas a estos ecosistemas.

El informe también señala que, de acuerdo con información de Cormacarena, “la empresa utiliza aguas superficiales del Caño Macondo”, y concluye que “cualquier uso actual del agua para mantener el cultivo es un aprovechamiento sin título legal”, al indicar que no se habría acreditado la existencia de los permisos ambientales requeridos para determinadas actividades descritas en el expediente. Asimismo, los investigadores reportaron que “se observaron emisiones visibles de humo desde la planta extractora” y advirtieron sobre el riesgo de que los residuos derivados del procesamiento industrial de la palma pudieran afectar cuerpos de agua cercanos. Con base en estos hallazgos, el informe sostiene que “el aprovechamiento ilícito se configura al ejercer una actividad agroindustrial de gran escala prescindiendo de la licencia ambiental”, una hipótesis que deberá ser debatida y sustentada por la Fiscalía durante las etapas posteriores del proceso judicial.

El inicio de la investigación por deforestación y otros delitos ambientales

En 2020, funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) fueron los primeros en alertar que, aparentemente, en Mapiripán, estaban deforestando a gran escala. Diecisiete informes de esta entidad gubernamental, emitidos entre 2020 y 2023, identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Según los informes, las áreas intervenidas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas, antes de ser transformadas para el establecimiento de 29 hectáreas de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el esquema comenzó con la ocupación y protocolización de grandes extensiones de baldíos de la Nación, que posteriormente fueron fragmentados, transferidos y explotados económicamente bajo una apariencia de legalidad. Una supuesta acumulación de baldíos que la Contraloría General denunció en 2017, pero que nunca tuvo eco en los estrados judiciales.

A partir de esa fragmentación, afirman fuentes del caso, las tierras fueron divididas en 60 predios y transferidas a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión. Los investigadores describen esta etapa como un proceso de “fraccionamiento estratégico” destinado a dispersar la titularidad aparente de los terrenos y evitar alertas sobre la concentración de grandes extensiones de tierra.

Sin embargo, el núcleo central de la teoría del caso gira alrededor de la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona.

El informe sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de la tierra, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el italiano.

El dueño de Poligrow y las empresas asociadas

El proyecto palmicultor está soportado por una red corporativa con presencia en Colombia, España, Italia, Reino Unido, Brasil, Uruguay y Panamá. La casa matriz del grupo, según la Fiscalía, es Poligrow Inversiones S. L., con sede en España, y alrededor de ella girarían varias sociedades utilizadas para actividades agrícolas, energéticas y financieras. un informe de Indepaz identificó al menos 11 empresas vinculadas al proyecto empresarial. Entre ellas aparecen Poligrow Colombia Ltda., Poligrow Agroindustrial S. A. S., Ita Aceites Vegetales S. A. S., Fundación Poligrow, Electrimapiri S. A. E. S. P., Poligrow Servicios Agrícolas I, II, III y IV S. A. S. y Ganadería Santa Ana S. A. S. De esta última forma parte la familia Aljure.

El documento destaca que Carlo Vigna Taglianti figuró como representante legal o directivo en varias de estas compañías, incluyendo Poligrow Colombia, Poligrow Agroindustrial, Ita Aceites Vegetales, Fundación Poligrow y Ganadería Santa Ana. Uno de los nombres que aparecen en los expedientes de la Fiscalía es el de Agostino Re Rebaudengo, quien tiene el 10 % de las acciones de Poligrow Inversiones S. L., la casa matriz de la empresa palmicultora. Este empresario italiano es reconocido por su trayectoria en el sector de las energías renovables. Es fundador y presidente de Asja Ambiente Italia S. P. A., una compañía especializada en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2013, “La Silla Vacía” reveló que Re Rebaudengo acompañó a Carlo Vigna Taglianti a una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en momentos en que el Incoder evaluaba demandar a Poligrow por una presunta acumulación irregular de baldíos. Una denuncia que luego hizo la Contraloría, pero que jamás tuvo eco en lo judicial. Los reportes periodísticos también han descrito a Re Rebaudengo como una figura influyente dentro del sector empresarial italiano. Aunque en la actual investigación la Fiscalía no le atribuye conductas delictivas a Rerebaudengo, en los documentos del primer proceso lo catalogó como “indiciado” junto al abogado de Poligrow, Wilson Saray Palacios, asesinado en Meta, en 2019.

Este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.

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