En la edición de ayer iniciamos un especial periodístico sobre los gerentes de campaña. Esa primera entrega estuvo relacionada con los vínculos políticos y negocios del gerente de la campaña de De la Espriella, Carlos Suárez.

En esta entrega periodística nos enfocaremos en la campaña de la actual candidata del uribismo, la de la senadora Paloma Valencia, la cual es administrada por María del Rosario Guerra, otra mujer que ha acompañado durante décadas al expresidente Álvaro Uribe. El pasado 13 de marzo, el nombre de Guerra quedó oficializado ante la Registraduría como gerente de campaña, un cargo que suele ser designado a personas de la entera confianza del candidato presidencial. En este caso, también lo es de la fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo, quien públicamente ha dicho que fue una suerte de madrina en el mundo político.

En distintas entrevistas, Oviedo ha dicho que Guerra fue quien lo recomendó en 2018 con el entonces recién electo presidente Iván Duque para ocupar, como terminó sucediendo, la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En 2022, en medio de su campaña a la Alcaldía de Bogotá, Oviedo le dijo al periódico El Colombiano que conoció a Guerra en los años noventa, cuando ella le daba clase de Microeconomía en la Universidad del Rosario y lo “rajó” en el primer parcial, aunque con el tiempo se volvieron cercanos. Luego fue asesor cuando Guerra ofició como ministra de Comunicaciones de Uribe, en 2009, y mientras fue senadora, entre 2014 y 2018.

Una persona del círculo íntimo de Oviedo le contó a este diario que María del Rosario Guerra fue clave para que el ahora candidato vicepresidencial se decantara por ser la fórmula de Paloma Valencia. “Una conversación entre ellos fue el ‘empujoncito’ que necesitaba Juan Daniel (Oviedo). Él tenía varias dudas sobre adherirse a la campaña, sobre cómo impactaría en sus votantes aceptar el ofrecimiento de la candidata del uribismo a la Presidencia”, dice una fuente que pide reserva por no estar autorizada para hablar sobre aspectos internos de esa campaña.

De los tres gerentes de campaña que consultamos, María del Rosario Guerra fue la única que contestó algunas de nuestras preguntas. Por ejemplo, contó que “la gerencia adoptó la decisión de financiar el 100 % de la primera vuelta de la campaña presidencial mediante un crédito bancario (...) La campaña gestionó el financiamiento por COP 30.000 millones con dos entidades bancarias. Después de un análisis, se decidió acceder al crédito ofrecido por Bancolombia (...) Conforme a ello, la campaña no ha recibido aportes de terceros, por lo que no existen aportantes respecto de los cuales pueda predicarse relación personal, comercial o familiar”.

En las toldas del uribismo, María del Rosario Guerra es una de las “consentidas” del expresidente Uribe. Dos excongresistas del Centro Democrático que hablaron con este diario señalaron que la exsenadora fue clave en la conformación de esa colectividad. “Ella se echó al hombro los talleres democráticos, los cuales ambientaron el nacimiento de nuestro partido. Ella tenía carta blanca para organizar los eventos en cada parte del país e invitar a quien ella tuviera a bien hacerlo. Esa labor, recuerdo, le acarreó también algunas enemistades al interior del partido. Este tipo de cosas explica por qué está donde está hoy en la campaña de Paloma Valencia”, dice uno de los excongresistas consultados.

Miembro de un poderoso clan político

En el derecho de petición que le enviamos a Guerra le consultamos sobre sus relaciones familiares y comerciales; sin embargo, argumentó que se trataba de información de su esfera privada. Y agregó: “En segundo lugar, es preciso reiterar que la calidad de gerente de campaña no implica el ejercicio de función pública ni la titularidad de investidura estatal. Tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, se trata de un rol de naturaleza privada, orientado a la administración de los recursos de campaña y al cumplimiento de deberes de reporte ante las autoridades electorales, sin que ello conlleve la aplicación del régimen propio de los servidores públicos”.

Sin embargo, es de público conocimiento que la gerente de campaña de Paloma Valencia hace parte de uno de los clanes políticos más importantes de Sucre. Los Guerra, que fueron claves para que en 1966 el Gobierno Nacional creara ese departamento, han sido una de las casas políticas más poderosas e influyentes de esa región del país. Entre sus miembros más reconocidos están el exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, tío de María del Rosario, así como de los exsenadores Antonio y José Elías Guerra de la Espriella, hermanos de la exsenadora. Justamente este último fue quien empezó a ganarse la confianza del expresidente Uribe.

La Silla Vacía documentó que “Joselito” fue uno de los primeros uribistas, antes de que Uribe marcara en las encuestas presidenciales de 2001 como uno de los favoritos. Desde entonces, fue una de las personas que le habló al oído en momentos clave de su gobierno. El hermano de María del Rosario Guerra también es recordado por ser uno de los condenados del escándalo del proceso 8.000 durante el Gobierno de Ernesto Samper. En 1998, un juez sin rostro lo condenó por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad en documento privado.

El segundo hermano de María del Rosario Guerra, Antonio, quien también estuvo varios años en política, terminó siendo cercano al recientemente fallecido Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical. A través de esa colectividad, Antonio Guerra estuvo en el Congreso entre 1998 y 2018, un extenso periodo que fue interrumpido cuando la Corte Suprema lo capturó, procesó y condenó por ser uno de los senadores que recibieron dineros de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht. En abril de 2025, Guerra fue condenado en segunda instancia por el alto tribunal, tras ser sentenciado a 11 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Su nexo con Fedepalma

El esposo de Guerra es el reconocido empresario Jens Mesa Dishington, un hombre que, desde 1989 hasta 2021, fue presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma (Fedepalma). Su nombre, durante épocas electorales, es clave para el uribismo. Por ejemplo, en 2018, durante el último gobierno uribista, el entonces presidente Iván Duque le agradeció públicamente a Mesa por su apoyo al partido político. Ese respaldo político se vio reflejado cuando dos fichas del líder gremial, Andrés Castro y Myriam Martínez, fueron elegidos como director de la Unidad de Restitución de Tierras y directora de la Agencia Nacional de Tierras, respectivamente.

En septiembre de 2020, este diario y La Silla Vacía reportaron que la ANT de Myriam Ramírez estaba construyendo un proyecto de ley que permitiría que baldíos de la Nación terminaran en manos de empresarios que los solicitaran. Una jugada política que fue leída por organizaciones campesinas como una clara acción para beneficiar, entre otros gremios, al palmero, el cual ha sido investigado por apropiarse irregularmente de terrenos del Estado colombiano. Lo cierto es que esa iniciativa terminó hundiéndose en el Congreso.

Así, más que gerente de campaña, María del Rosario Guerra encarna una pieza clave dentro del entramado político del uribismo: una dirigente con décadas de cercanía al expresidente Álvaro Uribe, conexiones con uno de los clanes más influyentes de la Costa Caribe y vínculos con sectores de poder económico como el palmero. Su papel en la campaña de Paloma Valencia no solo refleja la confianza que conserva dentro del proyecto político uribista, sino también el peso de las redes políticas y familiares que históricamente han moldeado la política. Ahora, sobre sus hombros está manejar los dineros de uno de los proyectos políticos que tienen opciones reales de ganar la presidencia.

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A menos de dos semanas de que Colombia acuda a las urnas para definir su futuro político en la primera vuelta presidencial, El Espectador pone la lupa sobre uno de los engranajes más decisivos —y menos visibles— de las campañas: sus gerentes. En este especial periodístico presentamos una radiografía detallada de quienes están detrás de la estrategia, las finanzas y la operación de las tres candidaturas que hoy lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia. Más allá de su papel administrativo, los gerentes han demostrado ser figuras clave. No solo organizan el camino hacia las urnas, sino que, recientemente, algunos terminaron bajo el escrutinio de la Fiscalía General. Incluso condenados.

Por ejemplo, el pasado 11 de mayo, el ente investigador imputó a Ricardo Roa, gerente en 2022 de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, por volarse los topes de financiación electoral. O los casos de los gerentes de campaña de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluága, en 2014: Roberto Prieto y David Zuluága, respectivamente. El primero, condenado y el segundo a punto de afrontar un juicio penal por la misma acusación de la Fiscalía: haber recibido financiación por parte de Odebrecht, la corrupta multinacional brasilera. En las últimas semanas, una de las campañas más mencionadas públicamente ha sido la de Abelardo de la Espriella. No solo por figurar segundo en las encuestas, sino por los choques que ha tenido con otras campañas e incluso con el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El abogado de un líder del paramilitarismo, Salvatore Mancuso

Cuatro personas del círculo cercano de De La Espriella señalan que “el cerebro” del proyecto político es Carlos Augusto Suárez Rojas, un abogado penalista y reconocido asesor político que lleva, por lo menos, 20 años siendo socio y amigo del candidato presidencial. Aunque en la Registraduría su nombre no aparece junto al cargo de gerente, las fuentes concuerdan en que la “batuta” del movimiento político está en manos de este bogotano de 57 años, hijo de Daniel Suárez Hernández, expresidente del Consejo de Estado a principio de los años noventa y uno de los profesores más ponderados en universidades como El Externado, El Rosario y Los Andes.

Fuentes al interior de esta campaña señalan que Suárez es el encargado de coordinar los equipos regionales y de dar línea sobre la estrategia política. Un miembro de la firma de De la Espriella dice que “Suárez es una persona de entera confianza de Abelardo, lo ha defendido en redes sociales incluso antes de que fuera candidato presidencial. Tiene más en cuenta lo que dice Suárez, por encima de cualquier otra persona; hay una confianza que nació en los pasillos judiciales hace varios años, como con Daniel Peñarendoda, otro de sus viejos amigos que le ha dejado su trabajo como abogado penalista”.

Ante la Registraduría quien figura como gerente de la campaña es Carlos Andrés Ríos, exviceministro de Defensa de Iván Duque, exconcejal de Medellín y exsecretario de despacho del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Aunque las fuentes aseguran que también es un hombre de confianza del candidato, “no concentra tanto poder en la campaña como lo tiene Carlos Suárez”. Nos contactamos con el candidato presidencial como con el gerente Ríos, pero hasta el momento no han respondido a nuestros mensajes.

Intentamos contactar a Suárez por distintas vías; incluso, le enviamos un derecho de petición a sus correos electrónicos y contactos telefónicos. Un empleado de Suárez nos dijo que el abogado iba a responder el derecho de petición a finales de abril pasado. Sin embargo, hasta el momento no recibimos respuesta sobre las preguntas que le formulamos, por ejemplo sobre su rol en la campaña y otros aspectos de su pasado. Una colaboradora de su despacho aseguró que le hizo llegar a Suárez el derecho de petición tan pronto lo enviamos, pero que, hasta el momento, no se había vuelto a referir a nuestra solicitud.

También se indagó por cómo se conocieron con el candidato y detalles sobre sus negocios en el mundo del marketing político y el sector inmobiliario. Pero a través de documentos oficiales y testimonios de su entorno, la Unidad Investigativa de El Espectador logró reconstruir los vínculos de Suárez con de la Espriella, los cuales datan, al menos desde 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica. Dos abogados que asesoraron a exjefes paramilitares indicaron que conocieron a Suárez mientras fungía como uno de los apoderados de uno de los más importantes líderes de las Autodefensas: Salvatore Mancuso Gómez, quien ha dicho públicamente que fueron “amigos desde chiquitos en Córdoba” con el hoy candidato presidencial.

Por este episodio, Suárez Rojas fue mencionado por el expresidente Uribe a finales de abril pasado en su cuenta de X. En pocas palabras, el líder del Centro Democrático lo acusó de ser uno de las personas que, junto a Piedad Córdoba e Iván Cepeda, “coordinó” reuniones en Estados Unidos a principios de los años 2000 para que exparamilitares declararan ante la justicia en su contra por tener relación con ese grupo criminal. Un vínculo que Uribe Vélez ha negado tajantemente.

La Unidad Investigativa de es diario conoció un correo del 14 de junio de 2009 entre Carlos Suárez y Piedad Córdoba en el que el primero, en calidad de abogado de Mancuso, le informa a la segunda que exjefes paramilitares, como alias Jorge 40, Macaco y el “Tuso” Sierra querían hablar con ella. Y, a su vez, le recomienda qué tramites surtir ante la embajada de ese país para poder visitarlos. Un año antes, el entonces presidente Uribe los había extraditado a los Estados Unidos argumentando que seguían delinquiendo desde cárceles y que eran requeridos por delitos de narcotráfico por cortes federales en Florida y Nueva York.

En octubre de 2019, Piedad Córdoba fue citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia como testigo del proceso que se adelantaba contra el expresidente por supuestamente torcer testigos. En esa diligencia judicial, la política liberal confirmó que estuvo en contacto con Suárez para poder entrevistar a Salvatore Mancuso. Además, le indicó a la Sala de Instrucción del alto tribunal que Suárez era socio de Abelardo de la Espriella.

Un penalista que también representó a exjefes paramilitares hace veinte años contó que “cuando los experamilitares se empezaron a desmovilizar, en 2003, De la Espriella fue cercano a ese proceso a através de su fundación FIPAZ, la cual promovía durante esos años una salida negociada con el grupo criminal. Incluso hay una famosa foto de Mancuso Jorge 40 y De la Espriella. En medio de ese agitado panorama fue que Suárez terminó siendo parte del equipo de abogados de Mancuso hasta 2010, aproximadamente. Por eso el expresidente Uribe señaló a Carlos Suárez”.

Ante ese ataque mediático, y a través de esa misma red social, Suárez le respondió a Uribe. “Señor expresidente, en mi actuación como abogado siempre sostuve una postura: la majestad presidencial no se toca. Verlo a usted actuando de esta manera solo comprueba que la lealtad que los abogados tuvimos con usted, nunca la mereció. La historia lo juzgará, hasta ahora, mi seguridad y la de mi familia no ha sido tocada, espero que así continúe”. De la Espriella siempre ha dicho que su trabajo con FIPAZ fue en el marco de una negociación y que no se trató de un respaldo al grupo criminal de Salvatore Mancuso, Macaco, Jorge 40, entre otros.

La empresa de Carlos Suárez con De la Espriella

Otro hecho que demuestra la estrecha relación entre Suárez y De La Espriella quedó registrado el 4 de marzo de 2015. Ese día, ellos dos, junto al experimentado periodista Óscar Ritoré Botero, inscribieron ante la Cámara de Comercio de Bogotá la empresa Estrategia & Poder, de la cual cada uno tenía el 33% de las acciones. De acuerdo con ese registro, la compañía tenía el propósito fundamental de asesorar a personas y empresas ante crisis reputacionales ante los medios de comunicación. Desde entonces, Estrategia & Poder opera en las mismas oficinas en donde funciona la firma de abogados del candidato: en la exclusiva zona T, en el norte de Bogota.

Según los registros públicos de la compañía, de la cual De la Espriella dejó de ser parte en 2021, actualmente el único accionista es Suárez Rojas y es gerenciada por Carlos Andrés Arias, otro asesor político que eventualmente es consultado por medios de comunicación sobre temas de marketing político y asuntos electorales. Más recientemente, esa empresa fue la encargada de organizar el evento de De la Espriella en el Movistar Arena, en noviembre de 2025, en Bogotá. Desde entonces, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la empresa ha recibido cerca de COP 2.900 millones por parte de esa campaña presidencial.

Otro político que contrató a Estrategia & Poder fue el condenado exsenador del Partido de la U Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías Nader. Más precisamente, en 2017, su nombre empezó a ser mencionado en los medios de comunicación como uno de los congresistas que hicieron parte de la red corrupta de Odebrecht en Colombia. Un hecho que terminó demostrado por la justicia y por el que ya pagó una condena de seis años de cárcel. En los últimos años, la firma de Suárez también asesoró la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez en 2018; y las de Alejandro Char y Dilian Francisca Toro a la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Valle del Cauca, respectivamente. En las últimas elecciones al Congreso —el pasado 8 de marzo—, Estrategia & Poder también se hizo cargo de parte de la campaña digital del senador reelecto Alfredo Deluque, uno de los políticos más influyentes en la Costa Caribe. Justamente, en abril pasado, el congresista del Partido de la U le pidió a esa colectividad una autorización para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, la cual le fue aprobada por el grupo político.

Suárez Rojas también se ha hecho cargo del marketing de dos empresas ligadas directamente con el candidato: la conocida firma de abogados De la Espriella Lawyers y Ron Defensor, la marca del licor que comercializa desde 2022 el candidato presidencial junto al popular cantante de vallenato Silvestre Dangond.

Una antigua ficha de Pacific Rubiales, la petrolera que operó en el meta durante la década pasada, le contó a este diario que Carlos Suárez también fue contratado por la desaparecida multinacional petrolera gracias a las relaciones de alto nivel de Abelardo de la Espriella con los directivos. “El entonces abogado penalista defendía a Federico Restrepo Solano, vicepresidente para asuntos jurídicos de la petrolera Pacific Rubiales, entre 2008 y 2017. Es allí donde Abelardo conoció a la cúpula de la compañía y conectó a su amigo Suárez”, dice un antiguo directivo de la petrolera que pide reserva de su nombre.

Durante esos años, un equipo especializado de la Fiscalía General intentó establecer el supuesto papel que cumplió Restrepo Solano, como directivo de Pacific, en la posible financiación irregular a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Una investigación que fue cerrada, según contó de la Espriella a este diario en 2022, pero sin aportar ningun documento que respaldara esa afirmación.

Los viejos negocios con el vicecontralor Silgado Betancourt

De lo que sí hay registros públicos, es de los contratos que ha tenido la empresa de Suárez con entidades del Estado colombiano entre 2018 y 2025, los cuales le representaron ingresos COP 1.834 millones. Según el portal anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, durante ese lapso, Estrategia & Poder fue contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la Gobernación del Magdalena, Fededepartamentos, la Imprenta del Valle del Cauca y la Personería de Bogotá. El contrato que firmó con esta última entidad le costó una mención en una extensa denuncia que llegó a la Procuraduría General en julio de 2024 y que sigue bajo estudio del Ministerio Público.

Un sindicato de la Personería denunció disciplinariamente a Carlos Silgado Betancourt, exsecretario general de la administración de Julián Pinilla y hoy vicecontralor general de la Nación. El documento, dirigido a la entonces procuradora general Margarita Cabello, alertaba sobre un posible conflicto de intereses en la suscrpición de un contrato de COP 202 millones que recibió Estrategia & Poder de manera directa por parte de Silgado. De acuerdo con la denuncia, el exsecretario no informó a la Personería que tanto él como su pareja sentimental tenían negocios desde 2014 en al menos tres empresas vinculadas con Carlos Suárez en el sector inmobiliario en Bogotá: Class Home Asesores, Construcciones CA y Zona 41. Habían participación accionaria de los tres en estas firmas.

En diálogo con este diario, Silgado Betancourt señaló que conoció en los años ochenta a Suárez cuando eran estudiantes de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. “Nos volvimos amigos en las aulas, además, su padre era docente nuestro. Nuestra amistad tuvo episodios que eran interrumpidos porque él vivió algunos años fuera del país. Con respecto al contrato denunciado por el sindicato yo no tenía cómo saber que Suárez era el accionista mayoritario de la compañía, en los registros de Cámara y Comercio aparecía el nombre de otra persona como representante legal”, señaló el vicecontralor.

Cuando le preguntamos sobre quién recomendó ante su despacho esta empresa para firmar el contrato, Silgado señaló que el perfil de la compañía llegó desde la oficina jurídica de la Personería, como llegaban decenas de contratos más y que la empresa cumplió con los requisitos para hacerse cargo de la estrategia de comunicación de la entidad distrital. Sin embargo, desde el sindicato señalan que era muy fácil saber que la cabeza de Estrategia y Poder era Carlos Suárez, pues en su sitio web figura como el CEO de la compañía. Incluso, la página, que dejó de funcionar hasta abril pasado, registaba sus apariciones en medios de comunicación como cabeza de la firma.

Por ejemplo, en noviembre de 2017, le dijo a la Revista Semana: “Los topes electorales normalmente no se cumplen (...) Son datos imposibles de medir porque en elecciones se crea una economía paralela que mueve a miles y miles de personas trabajando en publicidad, logística, eventos, transporte, material POP, ATL, donaciones en especie, etc”. Parte de esas cuentas se las consultamos con las preguntas que le enviamos a Suárez, pero que no fueron respondidas. Lo cierto es que, concuerdan fuentes al interior de la campaña, el rol de Suárez es “vital” para hoy estar compitiendo en la elección de este 31 de mayo por un cupo en una eventual segunda vuelta presidencial.

*Este especial periodístico continuará este jueves y sábado en las ediciones impresas y portal web de El Espctador con los perfiles de los gerentes de campaña de Iván Cepeda y Paloma Valencia.

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Después de 10 años de vacíos y tropiezos en la investigación por el mayor escándalo de corrupción de la última década, la Fiscalía estaría avanzando en una línea de investigación que es, para muchos, una de las deudas más hondas de la justicia. Se trata del expediente contra cuatro altos directivos de Odebrecht, la multinacional brasileña que entre 2009 y 2014 repartió sobornos a funcionarios del gobierno colombiano y a congresistas para que beneficiaran a la empresa con megacontratos de infraestructura vial.

El Espectador conoció que el ente investigador avanza en un principio de oportunidad con Luiz Bueno, representante de Odebrecht en Colombia; Eleuberto Martorelli, director de la empresa para América Latina; y Milton Hideaki Sendai y Manuel Cabral Ximenes, antiguos responsables de la Ruta del Sol 2, uno de los principales proyectos que lideraba Odebrecht en Colombia.

Justamente, por este billonario contrato, que conecta al centro del país con la región Caribe, es que la Fiscalía tiene sus ojos puestos en los brasileños. Incluso, se trata de un asunto pendiente desde la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía General, ya que en agosto de 2023 el ente investigador anunció que les imputaría los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Sin embargo, esa audiencia nunca se adelantó.

Ese mecanismo de negociación, el principio de oportunidad, está contemplado en el sistema penal colombiano y consiste en que la Fiscalía (con la previa aprobación de un juez) puede suspender o renunciar a la acción penal contra una persona investigada a cambio de que colabore con la justicia.

De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, desde el 15 de agosto de 2025 los abogados de los directivos de Odebrecht “han solicitado que se revisen las condiciones en las que resulte viable la eventual concesión de un principio de oportunidad en su favor; circunstancia que ha determinado la interacción periódica con dichos apoderados judiciales a fin de identificar los eventuales hechos que deberían incorporarse en una matriz de colaboración, a partir de la cual se pueda proceder a una posible imputación de cargos y/o a la concreción de un principio de oportunidad, en la modalidad que la colaboración eficaz así lo aconseje”, dice el documento de la Fiscalía General.

Sin embargo, en la respuesta al derecho de petición, la Fiscalía no cierra la posibilidad de imputarles cargos si el principio de oportunidad no llega a buen puerto: “Sin perjuicio de que la entidad, en el entretanto, continúe con sus esfuerzos y responsabilidades para fortalecer probatoriamente sus indagaciones e intensificar las pesquisas orientadas al esclarecimiento de los distintos delitos que tuvieron ocurrencia en el contexto de tan grave entramado criminal. Ello significa que, en todo caso, de fracasar los acercamientos y negociaciones con los ciudadanos brasileños, los cuales deberán adelantarse en un tiempo razonable, la Fiscalía actuará acorde con los desarrollos investigativos, en virtud de sus responsabilidades legales e institucionales”.

El fiscal Mejía también señaló que “no existe registro” de que la administración de Francisco Barbosa haya solicitado audiencia de imputación de cargos contra los brasileños mencionados. Sin embargo, agregó que durante los últimos dos años (lo que lleva la administración de Luz Adriana Camargo) han recabado información clave para sus investigaciones.

“Con el apoyo fundamental de la cooperación internacional, las investigaciones de la Fiscalía en el caso Odebrecht por primera vez han podido contar con registros bancarios y/o financieros asociados con los distintos pagos corruptos que realizó la multinacional en Colombia e identificar personas naturales y jurídicas que en dicha ruta del dinero intervinieron; insumos de superlativa importancia probatoria al momento de atribuir responsabilidades”, señaló el coordinador de fiscales del caso Odebrecht.

¿Por qué la Fiscalía los investiga?

En noviembre de 2023, cuando el ente investigador anunció la imputación, señaló que su línea de investigación contra los exdirectivos de Odebrecht se basaba en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo de los sobornos: que la sede de Odebrecht en Brasil creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual se dedicó a repartir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica.

Según el ente investigador, en el caso colombiano el dinero se movió a través de las compañías Kleinfeld Services Limited e Intercorp Logistics Ltd., empresas de Odebrecht ubicadas en paraísos fiscales.

Estas dos compañías también aparecieron en los expedientes de las autoridades de Latinoamérica que investigaron a la multinacional. Por ejemplo, la Fiscalía ecuatoriana determinó que a través de Kleinfeld, aparentemente, se movió un soborno de US$1 millón a un ministro de Rafael Correa. Incluso, un directivo brasileño que declaró ante el ente investigador del vecino país indicó que esta firma, constituida en Antigua y Barbuda, también movió coimas en Perú y Panamá.

Una investigación del portal periodístico IDL Reporteros señaló que Intercorp Logistics, también constituida en Antigua y Barbuda, movió US$500.000 para sobornar a funcionarios corruptos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña.

En medio de este laberinto judicial del caso Odebrecht, Bueno, Sendai y Cabral han sido mencionados como los directivos que estuvieron detrás del soborno de US$6,5 millones que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, quien habría torcido el contrato de la Ruta del Sol 2 a favor de la multinacional brasileña.

Este diario se contactó con el abogado Jaime Granados, quien representa a Martorelli, Bueno y Sendai. Sin embargo, solo atinó a decir: “¡Sin comentarios!”.

El expediente contra los exdirectivos de Odebrecht es apenas uno de los pendientes que tiene la Fiscalía en el caso de la corrupta multinacional, el cual lleva cerca de diez años sin esclarecer plenamente a otros posibles implicados en el escándalo de corrupción más grande del país en su historia reciente. Parte de esa verdad podría estar en la información que entreguen los brasileños a la Fiscalía General colombiana en su negociación.

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El pasado fin de semana, la Unidad Investigativa de El Espectador contó que a la Corte Suprema de Justicia llegaron ocho expedientes relacionados con la disputa por las megafincas del narcoparamilitarismo en Colombia. Esos casos concentran 2.399 hectáreas de tierra ubicadas en Antioquia, Córdoba y Boyacá, y que el Estado colombiano tiene presupuestado entregar como reparación a cientos de familias que fueron despojadas por las autodefensas. En esa primera entrega abordamos los primeros cuatro inmuebles, los cuales están relacionados con bienes de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil, cabezas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En este segundo reportaje incluiremos las historias de cuatro lotes que están relacionados con los exjefes paramilitares Ramiro “Cuco” Vanoy; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”; y Henry de Jesús Pérez, fundador de las autodefensas en el Magdalena Medio en los años ochenta. Dentro de los expedientes aparecen nombres de un antiguo socio de Pablo Escobar, un exalcalde de Cáceres y hasta el testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia. El alto tribunal tiene la tarea de resolver las solicitudes que presentaron en los últimos años personas que aseguran ser dueños legítimos de esas tierras, entre los que se encuentran ganaderos de la zona, familiares, presuntos testaferros, entre otros.

Este debate judicial en el alto tribunal resulta especialmente sensible porque estos procesos no solo definirán la propiedad de unas megafincas, sino también el destino de un patrimonio con el que cuenta el Estado colombiano para reparar a cientos de familias campesinas de estos departamentos que fueron despojadas por las estructuras ilegales de los hermanos Castaño. La extensión de estos terrenos en disputa representa un área similar a 3.360 canchas de fútbol, las cuales están en manos del Fondo de Reparación de Víctimas a la espera de que la Corte Suprema tome una decisión de fondo.

El Congo de alias “Cuco Vanoy” y un contratista que fue socio de Pablo Escobar

Los predios La Molinera y Las Margaritas están ubicados en el municipio de Turbo, Antioquia. Ambos inmuebles, que suman 123 hectáreas, hacen parte de un conjunto mayor de tierras que integraban la denominada hacienda El Congo, la cual alcanzó a tener entre 3.000 y 5.000 hectáreas. La Fiscalía decomisó los dos predios en 2019 y 2021 con base en los testimonios de exparamilitares, quienes indicaron que ese enorme terreno era propiedad del exjefe paramilitar alias “Cuco Vanoy”; incluso el mismo exjefe paramilitar lo aseguró ante un fiscal. Otro que declaró fue Rodrigo Alberto Zapata, alias “Ricardo”, quien afirmó que visitó en varias ocasiones la hacienda El Congo junto a Vicente Castaño. Además, describió la presencia permanente de hombres armados y el uso del predio para reuniones de los líderes de las AUC.

En la tradición de los predios también aparecen dos empresas pertenecientes a la familia Correa Arroyave, de la cual uno de sus integrantes, Ramiro Arturo Correa Arroyave, fue señalado como socio de Pablo Escobar. En los últimos años se convirtió en contratista de la Gobernación de Antioquia durante las administraciones de Sergio Fajardo y Luis Pérez. Este es un asunto que, para la Fiscalía, es un indicio del origen opaco de los terrenos. Después, parte de esas tierras fueron adquiridas por Pedro Antonio Quintero, cuñado de Vanoy, quien, según las versiones libres del propio exjefe paramilitar, figuró como propietario formal, aunque el control real del predio seguía en manos de “Cuco Vanoy”.

Posteriormente, los terrenos se fraccionaron y pasaron a distintos compradores, entre ellos el ganadero Ómer de Jesús Sajona, actual reclamante del bien ante los estrados judiciales e integrante de Suganar, la organización ganadera que tuvo en el pasado miembros que fueron de las AUC. En enero de 2026 se supo que la Corte Suprema confirmó la decisión que en primera instancia emitió el Tribunal Superior de Medellín: negar la devolución de los bienes, ya que los predios provenían de tierras vinculadas a Cuco Vanoy, que fueron subdivididas y transferidas a terceros a través de familiares, socios y empresas relacionadas con su entorno. Además, dice el alto tribunal, el comprador no realizó las verificaciones suficientes, pese a que la zona de Urabá era conocida por la fuerte presencia paramilitar.

“Cuco Vanoy” fue uno de los exjefes paramilitares más influyentes en la expansión del grupo criminal hace treinta años. Como comandante del Bloque Mineros, una estructura que llegó a tener cerca de 2.800 hombres armados, controló amplias zonas del Bajo Cauca antioqueño a finales de los años noventa y comienzos de los años 2000. Vanoy inició su trayectoria en las economías ilegales como esmeraldero en Boyacá y luego se vinculó al narcotráfico en los años ochenta, inicialmente en la órbita del Cartel de Medellín, antes de convertirse en uno de los jefes paramilitares más poderosos de Antioquia. Desde municipios como Tarazá y Caucasia consolidó una red armada y económica que combinaba narcotráfico, control territorial y acumulación de tierras, lo que le permitió ejercer influencia política y social en la región.

Su bloque fue responsable de cientos de asesinatos, desapariciones y desplazamientos en el Bajo Cauca, crímenes que, según informes del CNMH y testimonios recogidos en procesos de Justicia y Paz, hicieron parte de una estrategia de control territorial y persecución contra comunidades señaladas de colaborar con la guerrilla. Vanoy se trasladó al Urabá antioqueño, una región estratégica por su salida al mar Caribe, su importancia para el narcotráfico y el control territorial en medio de la guerra contra las guerrillas. Allí, donde se encuentra la finca El Congo, se integró al proyecto paramilitar de los Castaño, que buscaba expandir su presencia armada hacia zonas como el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

Un narco hondureño, un testigo de Odebrecht, alias “Rasguño” y “Don Berna”

En el municipio de Tierralta, Córdoba, hay un predio de 937 hectáreas que estuvo durante casi dos décadas en manos de grandes capos asociados a poderosos carteles narcotraficantes. Se trata de la finca La Macarena, la cual fue decomisada por la Fiscalía en 2018, luego de que exparamilitares, como alias “HH” y “Veintiuno”, señalaran que el terreno fue propiedad de mafiosos como el narcoparamilitar alias “Don Berna”, líder de la Oficina de Envigado; “Rasguño”, una de las cabezas del Cartel del Norte del Valle; y Juan Ramón Matta Ballesteros, el capo narcotraficante hondureño que fue socio en los años noventa del Cartel de Medellín, a través de Pablo Escobar y Griselda Blanco.

Incluso, uno de los exparamilitares señaló que, en La Macarena, “Don Berna” recibía visitas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, quienes fueron condenadas por ser dos fichas clave de la alianza de políticos con el grupo criminal. Quienes hoy piden que la Fiscalía levante el embargo del bien son los actuales propietarios de la sociedad Agromedellín S.A.S., que pertenecen a la familia Cardona, principalmente Wilmar de Jesús, Gloria Yulieth y Rubí de Jesús, quienes adquirieron la empresa hacia 2007, operación mediante la cual también quedaron con el control de la hacienda La Macarena.

De acuerdo con el expediente judicial, la sociedad había sido creada en 2006 por el reconocido abogado Alonso de Jesús Sanín Fonnegra, quien posteriormente la cedió al excongresista y comerciante ganadero Otto Bula, quien, además de ser testigo del caso Odebrecht, ha sido señalado por la Fiscalía de haber tenido negocios con la Oficina de Envigado. Según los testimonios del proceso, la familia Cardona compró la empresa directamente a Bula, quien fue cercano al exsenador Mario Uribe, primo hermano del expresidente y condenado por sus nexos con el paramilitarismo. La transacción, dice el expediente, se habría cerrado por cerca de COP $700 millones.

En enero de 2025, el Tribunal Superior de Medellín ordenó no devolver el predio a los Cardona y les reprochó no haber indagado más sobre el pasado, pues en Tierralta La Macarena era conocida como un centro de operaciones de las AUC. Desde esa determinación judicial, el proceso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, que determinará si el bien será destinado a reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Esa decisión fue confirmada un mes después por la Sala Penal de la Corte Suprema.

Entre los nombres de la mafia que fueron dueños de La Macarena destaca el de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien fue uno de los personajes clave en la convergencia entre narcotráfico, paramilitarismo y control urbano en Colombia durante los años noventa y comienzos de los 2000. Su trayectoria criminal comenzó en estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel de Medellín y, tras la caída de Pablo Escobar, pasó a ser una de las cabezas del crimen organizado en Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá. En ese proceso, Don Berna se convirtió en un aliado estratégico de las AUC, consolidando poder tanto en el mundo del narcotráfico como en la guerra contrainsurgente.

Desde finales de los años noventa asumió el liderazgo del Bloque Cacique Nutibara y posteriormente del Bloque Héroes de Granada, estructuras paramilitares que operaron principalmente en Medellín y en distintas zonas de Antioquia y que combinaron operaciones militares contra guerrillas con el control de economías ilegales y de redes criminales urbanas. Uno de los episodios más graves asociados a su estructura fue la Operación Orión, realizada en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, donde, según informes del CNMH y de la Comisión de la Verdad, tras la intervención militar y policial se consolidó el control paramilitar en el sector y se registraron desapariciones y asesinatos atribuidos a grupos bajo su influencia.

Tras la desmovilización de las AUC en 2003 y 2004, Don Berna fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2008 por cargos de narcotráfico. Actualmente permanece detenido en una cárcel del estado de Indiana, cumpliendo una condena de 31 años. A “Don Berna” se le ha vinculado judicialmente, o en testimonios, a varios homicidios de alto impacto en Colombia. Su nombre ha aparecido relacionado con el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en 1998; con la planeación del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en 1999; y con el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, ocurrido en Bogotá en 1998, uno de los crímenes más graves contra defensores de derechos humanos en el país.

La finca del fundador de las autodefensas en el Magdalena Medio

La finca Villa Inés, ubicada en zona rural del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), tiene una extensión de 35 hectáreas. Este terreno quedó vinculado al paramilitarismo del Magdalena Medio debido a su relación estrecha con Henry de Jesús Pérez, reconocido líder de las autodefensas de Puerto Boyacá en los años ochenta y que alcanzó a comandar un ejército criminal de 7.000 hombres en el Magdalena Medio. En 2019, el ente investigador decomisó el inmueble luego de que dos exjefes paramilitares aseguraran que allí habría funcionado una base de organización criminal, donde también se impartían instrucciones a integrantes del grupo armado.

Se trata de Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, y Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias “Pájaro”, hoy envueltos en procesos penales por volver a delinquir en la zona, aparentemente. La finca es reclamada por Luz Marina Ruiz Gómez, esposa del excomandante paramilitar Henry de Jesús Pérez. Ella argumenta que lo adquirió con recursos propios y de manera lícita en los años ochenta. Además, insistió en que el hecho de que la finca fuera asociada públicamente con su esposo se debía a la notoriedad de Henry Pérez en la región y no a que él fuera realmente el propietario. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de devolución del predio.

El magistrado del caso señaló que varios informes de policía judicial concluyeron que Luz Marina Ruiz no contaba con soporte financiero suficiente para explicar la adquisición de ese y otros bienes registrados a su nombre en la época. En segundo lugar, el tribunal destacó que la mujer era cónyuge del comandante paramilitar que dominaba la región, por lo que resultaba poco creíble que desconociera el origen o uso del bien. En consecuencia, el despacho concluyó que el inmueble mantenía un vínculo directo con las autodefensas del Magdalena Medio y debía permanecer bajo medidas cautelares para que se reparara a las víctimas. La Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal en mayo de 2025.

Pérez consolidó su poder en Puerto Boyacá durante los años ochenta junto a su padre Gonzalo de Jesús Pérez, creando redes armadas, políticas y económicas que contaron con el respaldo de ganaderos, narcotraficantes y sectores regionales que buscaban enfrentar a las guerrillas. Su organización operó a través de la fachada legal de Acdegam (Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio) y estuvo vinculada a la expansión del paramilitarismo en la región, incluyendo entrenamientos impartidos por el mercenario israelí Yair Klein y alianzas con narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Investigaciones periodísticas y judiciales han señalado su responsabilidad en varias masacres emblemáticas del conflicto, como las de La Rochela, La Negra y Honduras, hechos que marcaron una de las primeras etapas de violencia paramilitar sistemática contra civiles.

El predio del hermano de “El Alemán” y “Don Mario”

El predio Puerto Hondo está ubicado en zona rural del municipio de Montería, Córdoba, con una extensión aproximada de 109 hectáreas. La Fiscalía decidió decomisar el inmueble en 2021 luego de que Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, señalara que el inmueble era propiedad de Ana Elizabeth Rodríguez Orrego, esposa de su hermano, el narcoparamilitar Jairo de Jesús Rendón Herrera, alias “Germán Monsalve”. Esa relación familiar generó la hipótesis de que el predio pudiera haber servido para ocultar o canalizar recursos provenientes de actividades ilegales vinculadas a las AUC. Quien reclama la devolución del predio es la sociedad Inversiones Vega Lacharme S.A.S., representada por Francisco Antonio Vega Lacharme.

Se trata de un reconocido ganadero de la zona que es miembro de Suganar, una organización ganadera que tuvo en el pasado como accionista al exjefe paramilitar “Cuco Vanoy” y a Sor Teresa Gómez, la condenada cuñada de los Castaño. Aunque Vega le dijo al Tribunal Superior de Medellín que el negocio fue legal, su solicitud fue negada en abril de 2025 al considerar que el comprador no realizó verificaciones suficientes sobre los antecedentes del predio ni sobre las personas involucradas en la cadena de propiedad, pese a que existían elementos que debían generar alertas, como una compleja historia de transferencias del predio y los vínculos familiares de antiguos propietarios con personas investigadas en el contexto del paramilitarismo. La Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal en noviembre de 2025.

Al ser hermano de los exjefes paramilitares El Alemán y Don Mario, Germán Monsalve hizo parte de un entramado social y criminal que rodeó la expansión del paramilitarismo en Antioquia y el Urabá chocoano en los años noventa. Expedientes judiciales han mencionado cómo redes familiares, económicas y territoriales fueron claves para la expansión de las estructuras paramilitares en esa región, donde se desarrollaron campañas de violencia, desplazamiento y despojo de tierras contra comunidades campesinas, indígenas y negras.

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Dos mil trescientas noventa y nueve hectáreas de tierra en Antioquia y Córdoba con posible origen ilegal. Declaraciones de exparamilitares ante la Fiscalía. Reuniones con parapolíticos. Un viejo socio de Pablo Escobar. Campamentos de entrenamiento de las autodefensas. Sicarios en moto y hasta el testigo estrella del escándalo de Odebrecht. Así se pueden resumir ocho expedientes que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con un asunto clave sobre el conflicto armado colombiano: definir si algunas de las megafincas del narcoparamilitarismo serán usadas para reparar a cientos de familias que fueron despojadas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante los años noventa y dos mil.

En la Unidad Investigativa de El Espectador accedimos a esos casos que son conocidos desde 2025 por el alto tribunal, y que dan cuenta de cómo el proyecto criminal de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil (junto a otros exjefes paramilitares) se adueñaron de extensas tierras a través de redes de testaferrato y de la violencia contra familias campesinas de Antioquia y Córdoba. Ahora la alta corte tiene la tarea de resolver las solicitudes que presentaron en los últimos años personas que aseguran ser dueños legítimos de esas tierras, las cuales aproximadamente equivalen a 3.360 canchas de fútbol profesional. Entre quienes reclaman esos extensos lotes encontramos reconocidos ganaderos de esa región, señalados testaferros de la organización criminal, entre otros particulares.

En esta primera entrega periodística abordaremos cuatro casos relacionados con fincas que fueron, según la Fiscalía, inmuebles adquiridos por los hermanos Castaño Gil, quienes hace casi tres décadas fueron las cabezas de las AUC, una organización que lideró uno de los episodios más violentos de la historia reciente del país. Este debate judicial en el alto tribunal resulta especialmente sensible porque estos procesos no solo definirán la propiedad de unas megafincas, el destino de un patrimonio con el que cuenta el Estado colombiano para reparar a cientos de familias campesinas de estos departamentos que fueron despojadas por estructuras de los hermanos Castaño.

La finca donde se criaron los hermanos Castaño Gil

El primero de los bienes que está en disputa es la finca El Hundidor, un extenso predio de 950 hectáreas ubicado en la vereda Río Bagre del municipio de Segovia (Antioquia). De acuerdo con el expediente, se trata del inmueble en donde Carlos y Vicente Castaño Gil, máximos líderes de las AUC, se criaron durante los años setenta. Además, según el testimonio de esos exlíderes paramilitares, fue el lugar en donde, a inicios de los ochenta, su padre fue secuestrado y posteriormente asesinado por un grupo guerrillero. Ese predio fue decomisado en 2018 por la Fiscalía tras una declaración de alias “Monoleche”, jefe de seguridad de la cúpula de las Autodefensas, en la que indicó que la enorme hacienda era de sus antiguos jefes. Ahora, quien reclama ser el dueño del predio es un viejo conocido de los Castaño.

Su nombre es Ramón Antonio Jaramillo Fernández, un ganadero del municipio quien dice conocer a ese clan familiar desde los años ochenta, cuando tuvo negocios con esa familia. Incluso, su nombre figura como donante de bienes a Funpazcor, la fundación de los Castaño con la que despojaron a cientos de campesinos en Antioquia y Córdoba. Según su relato, entró a ocupar el predio en 2004, justo cuando las AUC se estaban desmovilizando y los Castaño empezaban a perder poder en el mundo criminal. En abril de ese año, fue asesinado Carlos Castaño en medio de una aparente pugna interna de los paras de la que hasta se ha dicho que su hermano Vicente Castaño ordenó matarlo. Tres años después, este último también fue asesinado.

Jaramillo dice que en 2016 un juzgado lo declaró como dueño del predio, ya que ejercía como tal hacía más de una década, cuando el terreno fue abandonado por los Castaño. Sin embargo, en agosto de 2025 el Tribunal Superior de Medellín señaló que esa decisión judicial no era suficiente para devolverle a Jaramillo El Hundidor. El magistrado del caso señaló que, justamente por sus negocios con esa familia, el ganadero sabía que era una propiedad directamente relacionada con la cúpula del paramilitarismo. “Sabiendo su origen, decidió apropiarse inicialmente de él, para luego iniciar un proceso legal para quedárselo”, dice la decisión de primera instancia, la cual es revisada por la Corte Suprema desde noviembre de 2025.

Los “Mochacabezas” de Vicente Castaño

El segundo terreno que está bajo la lupa del alto tribunal es la finca La Paz, la cual tiene una extensión de 99 hectáreas y está ubicada en la vereda Santa Catalina, en el municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia). Ese enorme predio también está relacionado directamente con la génesis del paramilitarismo del clan Castaño, pues fue adquirido en los años ochenta por Fidel Castaño Gil, quien durante esa década ya se había enriquecido a través del narcotráfico. El predio en disputa hacía parte de otro de mayor extensión conocido como La 15, el cual se convirtió durante esos años en el centro de operaciones del primer grupo armado paramilitar de la zona, conocido como Los Mochacabezas y del cual hizo parte “Monoleche”.

Fue justo este hombre de confianza de los Castaño quien le contó a la Fiscalía que ese bien era una de las fincas que tenían sus jefes en la zona y que le fue despojada a una tradicional familia de la zona, los Calonge Puche. Quien ahora reclama ser dueño de La Paz es el ganadero Gabriel Jaime Pereira Serna, a quien le fue decomisado el lote en 2021. Según su relato, compró la finca en 2010 a Omar Pérez García, un hombre que fue empleado de los Castaño y que en otros procesos judiciales ha sido señalado como testaferro de las AUC. En esos expedientes aparece junto a una mujer clave en el despojo paramilitar: Sor Teresa Gómez, suegra de “Monoleche”, cuñada de los Castaño y quien fue condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder reclamante de tierras en Córdoba.

En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Medellín no le devolvió las tierras al ganadero Pereira, nacido en San Pedro de Urabá. Además, el magistrado del caso le reprochó no haber investigado lo suficiente para descartar que el terreno tuviera un origen ilícito, pues se trataba de una zona en la que él vivía y que era conocida a nivel nacional por sufrir la violencia paramilitar. Incluso, la Fiscalía recalcó durante el proceso que Pereira admitió conocer el vínculo de los Castaño con Omar Pérez, quien fue asesinado en Montería por sicarios en moto en 2013. El proceso por la finca La Paz está siendo analizado por la Corte Suprema desde noviembre pasado.

El socio de los Castaño mencionado en el Parqueadero Padilla

Otro de los expedientes que está en manos del alto tribunal, desde agosto de 2025 está relacionado con dos lotes que suman cerca de 70 hectáreas de tierra en la vereda Palmito Picao, municipio de Montería, Córdoba. La Fiscalía los decomisó en 2021 tras determinar que esas fincas pertenecieron a Sor Teresa Gómez, pieza clave de los Castaño en la administración de sus inmuebles adquiridos de manera ilegal. Una vez más, el testimonio de “Monoleche” fue clave para que el ente investigador determinara que el extinto grupo paramilitar era dueño de esa tierra, la cual colinda con la hacienda Santa Paula, un predio de 1.200 hectáreas de los Castaño que ya fue restituido por la justicia a campesinos despojados.

Según “Monoleche”, esas 70 hectáreas le fueron entregadas a una pareja de esposos que ha sido señalada de ser testaferros de los Castaño y que aparece en procesos claves del paramilitarismo: Diego Alonso Sierra y Gabriela Inés Henao Montoya. El primero fue socio de los Castaño en la compra de otras tierras en Córdoba y fue uno de los nombres que aparecieron en el expediente del allanamiento al Parqueadero Padilla, el cual fue denominado como el “centro de la contabilidad de las AUC” y que operó en pleno centro de Medellín en los años noventa. La segunda, Henao Montoya, aceptó cargos hace una década luego de que la Fiscalía la acusara de ser una de las responsables del desplazamiento forzado de cientos de campesinos que reclamaban las tierras que les fueron robadas por los Castaño.

Es ella quien ahora le pide a la justicia que no le decomise los predios porque, según ella, son de origen lícito, “provenientes de su trabajo como docente, ahorros familiares, herencias” y otros ingresos legales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud al concluir que las negociaciones y pagos para adquirir esas tierras fueron realizadas por su esposo, Diego Alonso Sierra, quien tenía vínculos comerciales con personas del entorno de los Castaño. Además, dice el magistrado del caso, los terrenos se encuentran en una zona históricamente dominada por paramilitares, lo que exigía mayores verificaciones sobre su origen antes de adquirirlas. El caso está en estudio en la Corte Suprema desde agosto de 2025.

El negocio de un exalcalde de Cáceres que estaría vinculado a finca de “El Tuso Sierra”

En 2020, la Fiscalía decomisó tres predios conocidos como La Gloria, que suman 76 hectáreas y están ubicados en el corregimiento Manizales, municipio de Cáceres, Antioquia. El ente investigador realizó ese operativo luego de que el exparamilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo”, indicara que esa finca perteneció al narcotraficante “El Tuso Sierra” y que, posteriormente, la compró Vicente Castaño. Aldides de Jesús Durango, alias “René”, comandante del Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC, le dijo a la Fiscalía que compró para la casa Castaño esa tierra con COP 700 millones pagados en dólares y que la adquirió mediante una negociación realizada por intermediarios vinculados a la organización criminal.

Los predios son reclamados por Jairo de Jesús Barrera Gómez, quien sostiene que adquirió inicialmente los terrenos a finales de los años noventa mediante negocios realizados por intermedio de su hermano Hugo de Jesús Barrera Gómez, exconcejal y exalcalde de Cáceres, y que posteriormente vendió la finca y la volvió a comprar años después. Según su versión, todas las transacciones se hicieron como era usual en la región —con pagos en efectivo y acuerdos de palabra— y asegura que actuó sin conocer ningún vínculo de la propiedad con estructuras paramilitares. Sin embargo, en 2023 el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de devolución al considerar que existían múltiples indicios que cuestionaban la legalidad de la compra.

Por ejemplo, el tribunal tuvo en cuenta que en la finca se realizó un operativo con helicópteros para capturar a “René”, hecho que fue ampliamente conocido en la región y que evidenciaba la presencia de las AUC en el lugar. Para la magistratura, estas situaciones debieron generar alertas en Jairo de Jesús Barrera Gómez, hermano del exalcalde de Cáceres, sobre el posible origen ilícito del negocio. En ese sentido, aunque no se probó que los hermanos hubieran pertenecido a los paras, el tribunal concluyó que sí existen indicios de que el predio estuvo vinculado a las finanzas de esa organización de los Castaño. La Corte Suprema está estudiando el caso en estos momentos.

El historial de la Casa Castaño

Las dimensiones de los crímenes atribuidos al proyecto paramilitar impulsado por la Casa Castaño —que luego se consolidó en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— son descritas por los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Comisión de la Verdad como uno de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano. Según la Comisión, entre 1985 y 2018 el conflicto dejó al menos 450.664 personas asesinadas, y los grupos paramilitares fueron responsables de 205.028 víctimas mortales, es decir, cerca del 45 % del total, la proporción más alta entre todos los actores armados.

A ese saldo estadístico se suman masacres y asesinatos de alto impacto que marcaron la historia del conflicto y que han sido atribuidos a estructuras surgidas del proyecto paramilitar liderado por los Castaño o articuladas posteriormente a las AUC. Entre los hechos más emblemáticos están el asesinato de Jaime Garzón (agosto de 1999); la masacre de Mapiripán (1997), donde decenas de civiles fueron torturados y asesinados durante varios días; la masacre de El Salado (2000), en la que paramilitares asesinaron y desplazaron a la población tras días de terror; y la masacre de La Gabarra (1999), en Norte de Santander, donde decenas de campesinos fueron asesinados.

Mientras la Corte Suprema revisa estos expedientes, los predios hoy siguen bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, pero aún no pueden ser destinados de manera definitiva a procesos de reparación para las comunidades afectadas por el paramilitarismo. La decisión final sobre su destino dependerá de lo que determine el alto tribunal frente a las solicitudes de devolución presentadas por quienes hoy reclaman esas tierras. Esta investigación continuará el próximo lunes, con una segunda entrega sobre otros cuatro grandes lotes que están vinculados a los exjefes paramilitares alias “Cuco Vanoy”, Henry de Jesús Pérez y un hermano de alias “Don Mario” y “El Alemán”.

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Desplazamientos forzados de comunidades negras e indígenas. Contaminación de cultivos de pancoger, plantas medicinales y fuentes hídrícas. Muerte de peces y enfermedades respiratorias y gastroinstestinales en humanos. En estos tres hallazgos se puede resumir un reciente balace que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los efectos que generó la aspersión aérea con glifosato entre 2002 y 2015 en tres municipios de Nariño: Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Una investigación de esta justicia transicional que priorizó en el macrocaso 02 la grave situación de violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a pueblos indígenas, y comunidades negras en esta zona del norte del país.

El documento, conocido por El Espectador y con fecha del pasado 28 de enero, contiene una radiografía sobre el costo humano y ambiental que generaron en esta zona del suroccidente colombiano las fumigaciones realizadas por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Una estrategia que se usó durante años para reducir los cultivos para uso ilícito en Colombia, pero que fue suspendida por el Ejecutivo en 2015, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó el glifosato como “probablemente cancerígeno”. La investigación concluyó que la política de aspersión aérea con glifosato se implementó en estos territorios sin realizar procesos adecuados de consulta previa con las comunidades que allí vivían.

De acuerdo con ese análisis que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, durante esos 13 años, Nariño se convirtió en el principal escenario en Colombia en el que su utilizó este método de erradicación de cultivos de coca. En cifras concretas, dice el informe, entre 2002 y 2015 en ese departamento se fumigaron 443.906 hectáreas, una cifra que equivale al 31 % del total nacional, lo que lo ubica como el territorio más asperjado del país durante ese periodo. Dentro de Nariño, la mayor concentración de las operaciones se registró en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, donde la aspersión alcanzó 200.356 hectáreas, es decir, cerca del 42 % del total departamental y alrededor del 12 % de toda la fumigación realizada en Colombia.

El documento también recogió otras datos. Por ejemplo, que entre 2002 y 2013, en esos municipios se registraron 215.284 operaciones de fumigación aérea con el herbicida, lo que evidencia “la intensidad y recurrencia de las operaciones en ese territorio”. Uno de los testimonios que llegó a la Sala explicó que en una de la comunidades indígenas Awá “había fumigaciones cada 8 días” y que “se venía la avioneta abriendo todas sus válvulas y llegaba a la parte baja, así sin mirar a vivienda o personas que estuvieran por allí andando o trabajando”. La JEP también encontró que el 77 % de las operaciones en Nariño se realizaron en territorios colectivos afrodescendientes e indígenas awá, lo cual generó una cascada de denuncias ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán).

De acuerdo con cifras de esa dependencia, entre 2002 y 2013, la Policía reportó 5.072 quejas relacionadas con aspersión en los municipios de Barbacoas y Tumaco. La misma institución sostuvo que en solo 104 “existió una medida de compensación”. Ante esta situación, la JEP realizó un “jalón de orejas” a la Policía sobre este asunto: “No aportó información contextual para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, ni los informes de procedimientos adelantados ni caracterizaciones de la población afectada, lo que limitó la comprensión integral del carácter y alcance de las quejas, incumpliendo parcialmente lo solicitado”. Aun sin esa información, la JEP recalcó que esta estrategia impactó “de manera particular territorios colectivos afrodescendientes e indígenas”.

Las afectaciones y los exgobernadores

Según los informes analizados por la Sala, la destrucción de cultivos de pancoger, la contaminación de fuentes hídricas y el temor por los efectos del herbicida provocaron que “cientos de familias” abandonaran sus territorios. Los testimonios que recogió la JEP indican que la fumigación no solo afectó cultivos de coca, sino también alimentos básicos, lo que dejó a numerosas comunidades sin medios de subsistencia. Sin embargo, el informe no arroja cifras exactas de la dimensión del daño, en parte por la falta de infomación aportada por la Policía. En varios relatos, las víctimas relataron que la pérdida de cultivos y la incertidumbre sobre la posibilidad de volver a sembrar obligaron a muchas familias a desplazarse hacia otras zonas en busca de alternativas económicas o refugio.

Uno de los casos más críticos, y que analizó la JEP, es el del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco. Allí, la justicia transicional documentó afectaciones profundas asociadas a las fumigaciones. Los informes y testimonios describieron que las aspersiones impactaron cultivos de subsistencia, animales domésticos, plantas medicinales y fuentes de agua utilizadas por las comunidades afrodescendientes del territorio. De acuerdo con la evidencia analizada por la Sala, la destrucción de los cultivos y la contaminación del entorno generaron una crisis alimentaria y ambiental que afectó directamente la vida cotidiana del Consejo Comunitario, lo cual generó un desplazamiento hasta del 80 % de las familias del territorio etnico.

Desde 2024, la JEP citó a varios de los exgobernadores de Nariño durante ese periodo. Entre los que declararon estuvo Parmenio Cuellar (2001-2003) y Eduardo Zúñiga Erazo (2004-2007). Según sus relatos, líderes de consejos comunitarios y cabildos indígenas insistieron en varios escenarios en que nunca se realizó la consulta previa exigida por la Constitución, antes de intervenir sus territorios. Además, que los pobladores acudían a sus despachos para advertir que los aviones estaban asperjando cultivos de subsistencia y áreas habitadas y no solo cultivos de hoja de coca. Esas denuncias, dijeron, evidenciaron un patrón de intervención que ignoraba la presencia de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en la zona.

Aunque existían parámetros técnicos para regular las fumigaciones, la documentación analizada por la JEP reveló que las operaciones presentaron fallas operativas que aumentaron los impactos de la aspersión aérea. En 2001, una auditoría ambiental del programa identificó problemas en los métodos de vuelo utilizados por los aviones, especialmente en el sistema de aspersión por líneas, es decir, cuando varias aeronaves fumigaban en formación. Bajo ese método se detectaron trayectorias desviadas y traslapes excesivos entre pasadas, explicó la JEP. En la práctica, esto significaba que un mismo territorio podía ser asperjado más veces de lo autorizado o que se fumigaran áreas que no eran el objetivo de la operación.

Algo similar ocurrió con el método denominado “hipódromo”, en el que un solo avión realiza líneas paralelas: los cruces entre trayectorias provocaban zonas doblemente asperjadas, lo que incrementaba la concentración del herbicida y los posibles efectos sobre cultivos, suelos y fuentes de agua. Para la JEP, estos errores técnicos no solo redujeron la eficiencia del programa, sino que agravaron las afectaciones ambientales y sociales documentadas en los territorios intervenidos.

La historia de Nariño con los cultivos de uso ilícito

El documento de la JEP señala que, entre 1999 y 2002, el Pacífico sur de Nariño, especialmente los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, se consolidaron como uno de los principales epicentros de la economía de la coca en Colombia. Este fenómeno se desarrolló en el contexto de la ofensiva contrainsurgente y antinarcóticos impulsada por el Estado a través del Plan Colombia. Las operaciones militares y las campañas de erradicación en otras regiones del país provocaron un desplazamiento de los cultivos hacia esta zona del Pacífico. En poco tiempo, el territorio comenzó a concentrar actividades asociadas a la siembra, procesamiento y comercialización de hoja de coca. Y todo de la mano de los grupos armados.

Este proceso, dice la Sala de la JEP, transformó la economía local y el uso del suelo. Los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU mostraron la rapidez de esta expansión. Mientras en 1999 Nariño representaba menos del 6 % de los cultivos de coca del país, en 2003 ya concentraba cerca del 20 % de la superficie sembrada a nivel nacional. Este crecimiento estuvo acompañado de intensos procesos de migración interna provenientes de zonas con alta erradicación. Como resultado, adviertió esta justicia, los corregimientos de La Guayacana y Llorente, en Tumaco, tuvieron un rápido aumento demográfico y se consolidaron como focos cocaleros.

El auge de la economía ilícita fue tan marcado que, según informes entregados a la JEP, en algunas áreas hasta el 80 % de las tierras cultivables llegaron a destinarse al cultivo de coca. La expansión, aseguró la Sala, también respondió a condiciones geográficas favorables y a la existencia de rutas fluviales y terrestres que conectaban el territorio con Ecuador y el océano Pacífico. La consolidación de estos enclaves productivos atrajo, no solo a campesinos desplazados, sino también a narcotraficantes provenientes de otras regiones del país. Por eso, esta zona sigue siendo clave para los mercados internacionales para el crimen organizado internacional.

Aunque la aspersión aérea con glifosato permanece suspendida en Colombia desde 2015, el herbicida sigue utilizándose en operaciones contra cultivos de uso ilícito mediante erradicación terrestre. De acuerdo con información de la Policía Antinarcóticos y del Ministerio de Justicia, actualmente su aplicación se realiza de forma focalizada por brigadas en terreno y, en algunos casos, mediante tecnologías de aspersión dirigida como drones, con el objetivo —según el Gobierno— de reducir la dispersión del químico y limitar los impactos sobre comunidades y cultivos lícitos. Esta modalidad, explican las autoridades, hace parte de la estrategia vigente de control de cultivos de coca, que combina erradicación manual, sustitución voluntaria y operaciones focalizadas en zonas donde persisten economías ilegales.

El balance que presenta la JEP llega en un momento en que el futuro de la política de drogas vuelve a instalarse en el centro del debate político del país. En 2015, el programa de aspersión de glifosato fue suspendido, luego de que la OMS clasificara el herbicida como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos y de que el Gobierno del momento ordenara la suspensión de las fumigaciones aéreas. Una medida que posteriormente fue reforzada por decisiones de la Corte Constitucional, que establecieron estrictas condiciones ambientales, sanitarias y de consulta previa para cualquier eventual reactivación de las aspersiones con el herbicida.

La descertificación que Estados Unidos le impuso a Colombia en septiembre de 2025 por el aumento de los cultivos de coca, volvió a poner en el centro del debate la política antidrogas del país y, en particular, ha reactivado presiones internacionales para endurecer las herramientas de erradicación. En ese contexto, el tema ya ha sido mencionado por varios precandidatos y se perfila como uno de los principales retos que enfrentará el próximo gobierno. Así las cosas, la discusión no solo gira en torno a la eficacia de la fumigación para reducir la coca, sino también a las implicaciones, sociales y ambientales que han rodeado el uso de este herbicida en Colombia.

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La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, tiene a las autoridades colombianas con sus radares encendidos ante el nuevo panorama del crimen organizado que se abre en América y Europa. Fuentes de inteligencia de la Policía colombiana señalan que la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el pasado 22 de febrero en medio de una operación del ejército mexicano, va a reconfigurar las alianzas de esa organización criminal con una de las redes ilegales más antiguas y consolidadas del mundo: la mafia italiana, cuya presencia en Colombia se ha hecho notoria en los últimos años.

En la Unidad Investigativa de El Espectador conocimos documentos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), los cuales dan cuenta de cómo fichas importantes de dos mafias italianas, la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa, se refugian en Colombia por medio de documentación falsa y vidas austeras fuera de los focos. El informe al que tuvimos acceso señala que, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 (un año y cuatro meses), fueron capturadas en Colombia nueve personas que serían parte de esa organización ilegal europea: siete italianos, que tendrían un rol clave en el tráfico de cocaína hacia Europa, y dos colombianos, acusados como presuntos lavadores de activos de la mafia italiana.

La alianza entre carteles mexicanos, mafias italianas y grupos criminales colombianos no es nueva. Sin embargo, desde 2023, la Dirección Antimafia Italiana alertó sobre el aumento en el interés por Colombia y México por parte de la Camorra y la ‘Ndrangheta. A raíz de ese reporte, la Interpol inició un plan con el fin de capturar a este grupo de italianos vinculados a la mafia que estaban usando ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta para esconderse de las autoridades italianas. El más reciente operativo contra una presunta ficha de la mafia italiana ocurrió el 20 de febrero pasado, 48 horas antes de que muriera “el Mencho” en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

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La inteligencia policial, agentes del CTI de la Fiscalía y hasta miembros de la inteligencia británica tienen sus ojos puestos en cómo va a repercutir en Colombia la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Se trata, según expertos en seguridad, de uno de los jefes criminales más buscados en el mundo en los últimos diez años y el más influyente en las últimas tres décadas en México. Incluso, por encima del “Chapo” Guzmán y de “El Mayo” Zambada, antiguos líderes del Cártel de Sinaloa.

Fuentes de inteligencia le contaron a este diario que, tras la caída del capo mexicano, están atentos a cómo se moverán sus emisarios en Colombia. La Fiscalía y la Dijín de la Policía tienen registros de que, desde 2021, hombres del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización ilegal del “Mencho”, llegan a exclusivos sectores de Bogotá para reunirse con fichas de varios grupos criminales y pactar el envío de alijos de cocaína hacia Norteamérica.

Al parecer, dicen las fuentes consultadas, fichas del brazo financiero del CJNG, conocido como “Los Cuinis”, están pactando reuniones en exclusivas zonas de la capital del país con emisarios del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Entre los señalados está un hombre conocido como el “Güero”. Las autoridades colombianas indican que ha sido difícil iniciar procesos penales contra los emisarios mexicanos porque manejan un perfil “muy bajo” y “se cuidan mucho a la hora de realizar las reuniones en las que pactan los envíos de cocaína”.

Es probable, dice un alto oficial de la Policía, que empiecen a delegar en personas que no estén en el radar de las autoridades. “Es probable que intenten desviar la atención ahora que todo lo que huele al ‘Mencho’ está bajo la lupa de los aparatos de justicia en América. Lo que sí es muy posible es que otras personas del CJNG, no tan cercanas al círculo del ‘Mencho’, quieran adueñarse de rutas e intenten reunirse con los proveedores en Colombia”, señala el oficial, quien lleva tres años haciendo seguimiento a la gente del “Mencho” en el país.

El origen de Los Cuinis y las capturas en América Latina

Este brazo financiero del CJNG está relacionado con la estructura familiar encabezada por los hermanos González Valencia, originarios de Jalisco. El liderazgo más visible fue el de Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, quien es cuñado de “El Mencho”. Esa relación familiar consolidó una alianza estratégica entre el brazo operativo (CJNG) y los González Valencia. Una de las acusaciones contra el “Mencho” en Estados Unidos señala que ambas organizaciones (CJNG y Los Cuinis) traficaban en conjunto cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia EE. UU., en un negocio criminal que les generaba ganancias de al menos 10 millones de dólares al año.

Los Cuinis han tenido presencia en otros países como Uruguay y Brasil. En el primer país fue capturado en 2016 uno de los cuñados del “Mencho”, Gerardo González Valencia, alias “Lalo”. Tenía circular roja de Interpol y era solicitado por el Gobierno de Estados Unidos, acusado de participar en una conspiración para traficar cocaína hacia ese país. “Gerardo González Valencia invirtió personalmente en envíos de varias toneladas de cocaína. Algunos de estos envíos fueron interceptados por las fuerzas del orden”, señaló en su momento el Departamento de Justicia. En 2020 fue extraditado y, dos años más tarde, se declaró culpable. Actualmente cumple cadena perpetua.

Alias “Lalo” vivió en Uruguay entre 2016 y 2017. Antes de llegar a ese país estuvo en Argentina, entre 2006 y 2015, donde, según la justicia de ese país, intentó lavar dinero del CJNG. Esa investigación apunta a que el empresario argentino Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa habría lavado dinero de la organización del “Mencho”.

La Justicia lo señala por presuntamente ofrecer servicios de consultoría a grupos criminales mexicanos y facilitar el lavado de dinero, lo que derivó en un pedido de captura internacional. El fallo menciona transferencias entre la sociedad argentina Círculo Internacional S.A. y una firma mexicana que, entre 2009 y 2011, envió cerca de US$ 1,8 millones y que tendría vínculos con un grupo delictivo mexicano. Por estos hechos, el empresario fue capturado en junio de 2023.

En diciembre de 2017 fue capturado en Fortaleza (Ceará) otro de los cuñados del “Mencho”: José González Valencia, alias “El Chepa”. Las autoridades brasileñas lo detuvieron cuando intentaba pasar desapercibido con documentos falsos y una identidad extranjera. Este hombre, de 50 años, fue sentenciado en junio de 2025 a 30 años de prisión en Estados Unidos por su papel en el tráfico de drogas hacia ese país.

Lo cierto es que las autoridades colombianas y la inteligencia británica tienen claro que, aunque los principales líderes de Los Cuinis están presos, varias de sus fichas siguen sueltas.

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El pasado fin de semana El Espectador reveló detalles de cómo una empresa en Chapinero, liderada por dos coroneles retirados del Ejército, es uno de los principales canales por los que Colombia termina exportando mercenarios a conflictos internacionales, especialmente del lado ruso. Sin embargo no fue la única ruta que identificamos. un grupo de WhatsApp.

En conversaciones que conocimos aparece @SevillaDistrito, administrado por alguien que se hace llamar “Alexy”, con un número de España (+34). Desde allí se ofrecen sueldos de entre USD 2.600 y USD 3.000 mensuales y un bono inmediato de USD 20.000 para quienes decidan enrolarse. Las familias de los exmilitares que nos contaron sus casos, aseguran que esas cifras son difíciles de ignorar: superan con creces lo que podrían ganar en el Ejército o en la seguridad privada en Colombia.

Además de esta información relacionada a los pagos, “Alexy” compartió en ese grupo el contacto de la ficha de esta red en Colombia, que se encarga de reunir a los exmilitares en Bogotá para luego enviarlos hasta Rusia. Se trata de un colombiano que se hace llamar “Kraken” y de quien no se conoce su verdadera identidad.

En su contacto de WhatsApp solo tiene una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece un hombre en un callejón oscuro. En una conversación conocida por este diario, “Kraken” pide una foto del pasaporte con el fin de comprar el tiquete aéreo para Rusia. “Cuando esté en Bogotá me avisa para indicarle cuál es el hostal donde lo hospedamos; queda cerca del Aeropuerto El Dorado y el Terminal de Transporte del Salitre”, dice el audio al cual tuvimos acceso.

Dos mujeres que conocieron algunos detalles de cómo sus esposos terminaron combatiendo del lado ruso también cuentan que escucharon en varias oportunidades a “Kraken” hablar con sus parejas. “No sé si el reclutador era militar, pero se expresaba igual que los soldados. Daba las horas como un militar y tenía expresiones como ‘curso’, ‘código’, ‘lanza’. Recuerdo que le dijo a mi marido que tenía que trasladarse hasta Bogotá. Nosotros vivimos en la costa Caribe y él viajó durante dos días por tierra y cuando llegó me avisó que en un par de días se iba. En realidad, salió del país muy rápido”, señaló una de las mujeres que prefiere no dar su nombre por motivos de seguridad.

La empresa de los hermanos García Batte

El fin de semana contamos como la empresa Global Qowa Al Basheria SAS, una firma constituida legalmente en 2012, es la principal vía que por la que llegan exmilitares colombianos para combatir del lado ruso del conflicto. en Bogotá, y tras la cual figuran tres hermanos ligados históricamente a esta industria bélica. Dos de ellos con pasado en el Ejército Nacional de Colombia: los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batte, este último clave en la Operación Jaque y en otras que terminaron con la vida de los jefes guerrilleros “Raúl Reyes”, el “Negro Acacio” y “Martín Caballero”.

El Espectador conoció documentos, contratos y contrastó al menos 21 historias de familias con miembros cercanos, todos con un pasado en las Fuerzas Militares colombianas, que fueron reclutados y remitidos por rutas prácticamente calcadas, con variaciones mínimas y, según afirman, firmando contratos directamente con la Federación de Rusia. En diciembre de 2025 este diario contó cómo exmilitares colombianos eran reclutados por una red que operaba para el lado ucraniano del conflicto desde un hotel en el sur de Bogotá, a más de 11.000 kilómetros de distancia del Donbás, Zaporiyia y Jersón, las regiones que reclama Rusia. Lejos de la tundra y los inviernos de temperaturas bajo cero, estas redes de reclutamiento están infiltradas entre los círculos de militares (en servicio y retirados) colombianos.

Hasta la fecha era poca la información sobre cómo los efectivos colombianos terminaban combatiendo por el Kremlin. Familiares de exmilitares colombianos que murieron peleando para Rusia (o cuyo paradero se desconoce) le entregaron a este diario chats, números y nombres que permiten hacer una radiografía de este millonario negocio en torno a la guerra entre ambas naciones, en la capital colombiana.

Kraken es apenas uno de los nombres que emergen en los chats revisados por este diario. Detrás de perfiles anónimos, audios efímeros y promesas salariales difíciles de rechazar, el reclutamiento de exmilitares colombianos hacia la guerra continúa moviéndose en canales tan cotidianos como un grupo de WhatsApp.

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Una empresa que ha operado desde distintas oficinas en la localidad de Chapinero se ha convertido en uno de los principales canales por los que Colombia termina exportando mercenarios a conflictos internacionales, especialmente del lado ruso en los últimos meses. Se trata de Global Qowa Al Basheria SAS, una firma constituida legalmente en 2012,en Bogotá, y tras la cual figuran tres hermanos ligados históricamente a esta industria bélica. Dos de ellos con pasado en el Ejército Nacional de Colombia: los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batte, este último clave en la Operación Jaque y en otras que terminaron con la vida de los jefes guerrilleros “Raúl Reyes”, el “Negro Acacio” y “Martín Caballero”.

El Espectador conoció documentos, contratos y contrastó al menos 21 historias de familias con miembros cercanos, todos con un pasado en las Fuerzas Militares colombianas, que fueron reclutados y remitidos por rutas prácticamente calcadas, con variaciones mínimas y, según afirman, firmando contratos directamente con la Federación de Rusia. En diciembre de 2025 este diario contó cómo exmilitares colombianos eran reclutados por una red que operaba para el lado ucraniano del conflicto desde un hotel en el sur de Bogotá, a más de 11.000 kilómetros de distancia del Donbás, Zaporiyia y Jersón, las regiones que reclama Rusia. Lejos de la tundra y los inviernos de temperaturas bajo cero, estas redes de reclutamiento están infiltradas entre los círculos de militares (en servicio y retirados) colombianos.

Hasta la fecha era poca la información sobre cómo los efectivos colombianos terminaban combatiendo por el Kremlin. Familiares de exmilitares colombianos que murieron peleando para Rusia (o cuyo paradero se desconoce) le entregaron a este diario chats, números y nombres que permiten hacer una radiografía de este millonario negocio en torno a la guerra entre ambas naciones, en la capital colombiana.

El historial de la empresa Global Qowa Al Basheria

Documentos de la compañía dan cuenta de que se ha trasladado hasta tres veces en los últimos 10 años, todas en el mismo sector, en Chapinero en Bogotá. A estos edificios llegan constantemente militares preguntando por los coroneles García Batte y pidiendo información sobre la empresa. Desde allí recibirían todo lo necesario para emprender el viaje con rumbo al conflicto ruso-ucraniano: desde información general hasta tiquetes y viáticos.

Según documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa nació en 2012 y era representada legalmente por José Óscar García Batte y otro coronel del Ejército: Julis Fernando Gómez Páez, quien hizo presencia en el Batallón Colombia en la península del Sinaí en los años setenta. Actualmente es representada legalmente por el coronel (r) Omar García Batte, quien también figura como contratista del IDU en la Alcaldía de Bogotá. Entre 2018 y 2024, recibió nueve contratos por COP 547 millones.

A través de la página web de la empresa familiar, comercialmente conocida como “Mi Futuro Global”, dice ser “líder en el suministro de recurso humano de alta calidad hacia Medio Oriente y regiones contiguas”. En sus redes sociales también anuncian que cada mes envían hasta “100 soldados globales a trabajar en el exterior”, pero nunca mencionan qué destino tienen los exmilitares colombianos. Aunque en los círculos cercanos se sabe que quienes hacen parte de sus procesos terminan en Emiratos Árabes Unidos para custodiar infraestructura petrolera, hay denuncias de que otros son enviados a zonas de guerra sin su consentimiento.

En enero pasado, La Silla Vacía reveló los testimonios de dos mercenarios colombianos que denunciaron cómo en 2018 iban aparentemente con destino a Dubái, pero terminaron combatiendo en la guerra civil sudanesa. “Lo que yo no sabía es que José Óscar García Batte nos estaba vendiendo como mercenarios a este país y sin nosotros saber”, se lee en una denuncia que interpuso uno de los exmilitares en 2018 ante la Defensoría del Pueblo, alertando sobre un posible caso de trata de personas a través de la empresa de los García Batte. Este diario también encontró que los hermanos tuvieron además otra firma en Panamá llamada Global Human Resources Development y de la cual hizo parte otro familiar: Lelia García Batte.

Contactamos por diferentes medios a la compañía Global Qowa Al Basheria SAS; por ejemplo, a través de sus redes sociales y los contactos que aportaron en 2025 a la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, nunca contestaron. La única que respondió fue Marleny García Batte, hermana de los coroneles retirados y una de las cabezas de la firma familiar. Pero cuando le preguntamos sobre las denuncias que existen contra la empresa familiar, dejó de responder.

“Comandante Uber Cruz” y la ruta recorrida

Una decena de familiares reconocieron que la persona que hizo el enlace y la gestión para el traslado hacia Rusia fue un presunto exmilitar a quien identificaron como el comandante Uber o Uber Cruz. Ninguno de los familiares estuvo directamente involucrado en el enrolamiento de sus allegados, pero todos reconocen el mismo nombre en la historia. De allí, todos terminaban dando con la compañía de los García Batte.

“Le ofrecieron irse a Polonia a cuidar una mina de carbón. Eso fue lo que le dijeron a él. Lo llevaba un señor que se llama Uber Cruz. Cuando ya él estaba en el aeropuerto en Polonia me dijo que la ruta no era para allá, sino para Ufa”, explica Paola Gómez, viuda de uno de los militares que, según afirman, fue reclutado por Cruz. Ufa, ciudad ubicada a unos 1.300 kilómetros de Moscú y a casi 1.700 de la frontera con Ucrania, alberga diferentes instalaciones militares.

Según estimaciones del gobierno colombiano en épocas del canciller Luis Gilberto Murillo, para 2024 se tenía un estimado de 300 mercenarios nacionales fallecidos en la guerra en Ucrania. Para finales de 2025, según estimaciones no oficiales de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania (ILDU), serían hasta 550 los militares colombianos que habrían muerto allí, y entre 1.500 y 2.500 connacionales combatientes.

La mayoría de las familias de los fallecidos se han agrupado entre sí a través de redes sociales y grupos comunitarios, haciendo plantones y organizándose para cotejar información y buscar respuestas en bloque por parte de las autoridades, como la Cancillería y la Embajada rusa en Bogotá.

El Espectador acompañó varias de las manifestaciones y constató que la mayoría de ellos se han encontrado en callejones cerrados mientras buscan información o ayuda para repatriar los cuerpos.

“He enviado dos cartas a la Cancillería y lo único que me han respondido es que lo enviaron a una lista de connacionales y que sí, que hay que esperar. Del lado ruso encontramos un Telegram, supuestamente del batallón o algo así de allá, pero no sabemos si es realmente un ente confiable o no. Lo único que me enviaron fue ese comunicado. O sea, me llegó un comunicado por Telegram, pero no sabemos si es confiable o no.

La última vez que él se comunicó con el comandante ruso fue el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces, está reportado como desaparecido”, explica Lady, esposa de uno de estos militares. El Espectador consultó con la Cancillería sobre la existencia de la lista y la posibilidad de acceder a su contenido. La solicitud, respondieron, fue procesada, pero para la fecha de esta publicación no hubo una respuesta concreta sobre el contenido. De igual forma, la Embajada de Rusia en Colombia rechazó responder cualquier interrogante o pronunciarse sobre las afirmaciones de las familias sobre contratos directamente con el Estado ruso. En sus palabras, son asuntos que “no encajan dentro del área de responsabilidad y no concuerdan con las funciones que desempeña esta Misión Diplomática”.

Esto, a pesar de que los acuerdos laborales a los que tuvimos acceso comprometen textualmente a los militares colombianos a “ser fieles al juramento militar (compromiso), servir desinteresadamente al pueblo de la Federación de Rusia y defender con valentía y destreza la Federación de Rusia según el párrafo tres del artículo 16 del Reglamento del Servicio Interno de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, aprobado por el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia n.º 1495 de 10 de noviembre de 2007”. Así lo expresa uno de los contratos.

Todos estos testimonios permitieron cotejar el paso a paso por el cual cada uno de estos mercenarios llegó a su fatídico destino. Existen dos vías claras por las que se mueven estas oportunidades en los círculos militares: el voz a voz, con recomendaciones entre ellos mismos, y a través de redes sociales.

Por lo menos tres de las historias coinciden en que la oferta no era explícita para combatir del lado de las fuerzas rusas, sino para custodiar minas en Polonia, y una vez allá, como cuenta Paola, cambian los planes.

“Mi esposo estaba trabajando en Polonia; estuvo dos años cuidando una fábrica, o una mina, cambiaba. Y de repente me dijo: ‘No, amor, estoy en Rusia, estoy con las fuerzas especiales de Rusia’”, cuenta Sandra desde Barrancabermeja. Su esposo pasó por el mismo proceso.

Polonia o Turquía eran los últimos eslabones antes de entrar en zona de conflicto. Para llegar allí, las rutas variaban según la disponibilidad del tráfico aéreo. México, París y Madrid fueron algunas de las escalas mencionadas por las familias. Un caso en particular relata cómo primero uno de los mercenarios caídos estuvo combatiendo en Sudán y desde allí la empresa gestionó sus tiquetes para enrolarse en las filas rusas. La conexión entre ambos conflictos no es nueva, pues en el pasado se reportó la presencia de milicias como el Grupo Wagner, una empresa de mercenarios rusos combatiendo en Sudán y Ucrania.

“Él firmó para irse a África. Se fue con un contrato firmado desde acá. Les prometieron mil maravillas: que les pagaban X, que les pagaban hasta por ir al baño. Pasó un mes, luego un mes y medio, y nunca les pagaron. Se cansó del tema y por Internet buscó la forma de inscribirse en las fuerzas militares de Rusia. Desde allá, cuando se inscribió, le enviaron su tiquete desde donde estaba hacia Rusia”, cuenta Wilmer, cuyo cuñado desapareció en combate.

“Kraken” y el hostal cercano a el Aeropuerto El Dorado

No todo se mueve por esos canales. También circula otra ruta de reclutamiento: un grupo de WhatsApp. En conversaciones que conocimos aparece @SevillaDistrito, administrado por alguien que se hace llamar “Alexy”, con un número de España (+34). Desde allí se ofrecen sueldos de entre USD 2.600 y USD 3.000 mensuales y un bono inmediato de USD 20.000 para quienes decidan enrolarse. Las familias de los exmilitares que nos contaron sus casos, aseguran que esas cifras son difíciles de ignorar: superan con creces lo que podrían ganar en el Ejército o en la seguridad privada en Colombia.

Además de esta información relacionada a los pagos, “Alexy” compartió en ese grupo el contacto de la ficha de esta red en Colombia, que se encarga de reunir a los exmilitares en Bogotá para luego enviarlos hasta Rusia. Se trata de un colombiano que se hace llamar “Kraken” y de quien no se conoce su verdadera identidad.

En su contacto de WhatsApp solo tiene una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece un hombre en un callejón oscuro. En una conversación conocida por este diario, “Kraken” pide una foto del pasaporte con el fin de comprar el tiquete aéreo para Rusia. “Cuando esté en Bogotá me avisa para indicarle cuál es el hostal donde lo hospedamos; queda cerca del Aeropuerto El Dorado y el Terminal de Transporte del Salitre”, dice el audio al cual tuvimos acceso.

Dos mujeres que conocieron algunos detalles de cómo sus esposos terminaron combatiendo del lado ruso también cuentan que escucharon en varias oportunidades a “Kraken” hablar con sus parejas. “No sé si el reclutador era militar, pero se expresaba igual que los soldados. Daba las horas como un militar y tenía expresiones como ‘curso’, ‘código’, ‘lanza’. Recuerdo que le dijo a mi marido que tenía que trasladarse hasta Bogotá. Nosotros vivimos en la costa Caribe y él viajó durante dos días por tierra y cuando llegó me avisó que en un par de días se iba. En realidad, salió del país muy rápido”, señaló una de las mujeres que prefiere no dar su nombre por motivos de seguridad.

El panorama global del conflicto

Mientras toda la disputa por mercenarios se libra silenciosamente en Colombia, el próximo martes se cumplen cuatro años de esa madrugada en la que tropas rusas iniciaron el asalto a gran escala a tierras ucranianas que, según fuentes como la OTAN y medios como el Wall Street Journal, ha dejado cerca de un millón de bajas humanas entre ambos bandos.

Según Meduza, uno de los portales de noticias independientes más influyentes en Rusia, para junio de 2024 la cuenta se situaba sobre los 120.000 soldados rusos muertos en combate. El think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, elevaba el aproximado hasta 325.000 soldados rusos muertos entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

El mismo centro de pensamiento estima que, para ese periodo de tiempo, habrían de 100.000 a 140.000 soldados ucranianos muertos. Si se trata de bajas civiles, según un informe de diciembre de la ONU (OHCHR), son aproximadamente 15.000 bajas. Si se suman todas las cifras (muertos, heridos y desaparecidos) de ambos países según el CSIS, la cifra integrada puede acercarse o superar el millón y medio o los dos millones de personas afectadas por la guerra.

El próximo 24 de febrero el presidente Donald Trump pronunciará el tradicional discurso del Estado de la Unión, acto protocolario en el Capitolio del Congreso de Estados Unidos en el que anualmente cada mandatario de cierta forma rinde cuentas de lo que ha sido su gestión.

Según estiman medios estadounidenses, esta puede ser la oportunidad de Trump para hacer un gran anuncio con respecto a esta guerra. Desde que volvió a la Casa Blanca hace más de un año, ha buscado desempeñar un rol de pacificador mundial, llegando a decir que ha solucionado unas ocho guerras en todo el mundo, afirmación que ha sido desmentida por expertos desde que la emitió. Muy seguramente será una cuestión de voluntad política sea ahora, o más adelante, la que termine de destrabar el conflicto y acerque a Moscú y Kiev a un punto de entendimiento que permita dejar atrás las instancias bélicas. El punto más controversial es la cuestión de ceder territorio a Rusia, a lo cual buena parte de los ucranianos se siguen resistiendo. Lo cierto es que, como ocurrió con Haití, Sudán y otros frentes de batalla a nivel global, existe toda una infraestructura, un mercado y una competencia en la que los militares colombianos son el principal activo.

Si las estimaciones de bajas son ciertas, queda un vacío más que documentado en los procesos de repatriación de los restos de los colombianos fallecidos del otro lado del mundo. Todas las familias contactadas para esta investigación reportan la desaparición de sus allegados en los últimos 12 meses y todas tienen más dudas que certezas. La reparación, en ese escenario, deja de ser un concepto jurídico abstracto y se convierte en una deuda concreta con familias que aún esperan respuestas.

Mientras tanto, en Colombia, el debate sobre el rol de sus exmilitares en conflictos ajenos ya dejó de ser una discusión marginal, pues el 4 de diciembre pasado el Congreso aprobó la Ley Antimercenarismo. Esa legislación, que busca investigar, sancionar y poner freno a redes de reclutamiento que operan desde el territorio nacional, llega como una respuesta frente a la salida a conflictos internacionales de exmiembros de la fuerza pública.

Además, obliga al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección para quienes empujados por la necesidad económica, entre otros motivos, quieren viajar. La ley está a una firma del presidente Gustavo Petro de ingresar al ordenamiento legal colombiano, pero al mismo tiempo sin la capacidad de frenar las redes de reclutamiento de exmilitares colombianos.

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En la tarde de este 20 de febrero, un fiscal especializado en delitos ambientales llamó a juicio a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio.

En el escrito de acusación, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, la Fiscalía hizo un relato de los hechos, los cuales vincularían a los extranjeros con los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios.

El ente investigador llamó a juicio por estos hechos a Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen, Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr.

Según ese documento, entre 2017 y 2021, los menonitas habrían estado involucrados “con la remoción de cobertura vegetal y la tala mecanizada de numerosos árboles y de diferentes especies nativas de la región colombiana. Todo ello en un área de aproximadamente 110 hectáreas, con el fin de adecuar el área para el establecimiento de cultivos agrícolas”.

Esa área equivale a unas 65 canchas de fútbol. De acuerdo con el ente investigador, los menonitas no tenían los permisos de las autoridades para hacer esa tala masiva de bosque nativo, lo cual generó una erosión del suelo y la eliminación de corredores estratégicos o lugares de tránsito en la migración de aves y mamíferos, pero las acusaciones no paran ahí.

En el documento que conocimos, la Fiscalía entrega las coordenadas donde habría ocurrido la defrestación de este ecosistema. Las imágenes satelitales que acompañan este reportaje muestran una “fotografía” de lo que la Fiscalía investiga en el predio Campoalegre, donde se habrían deforestado 93 hectáreas.

La Fiscalía aseguró que los menonitas construyeron cuatro puentes, que oscilan entre los siete y seis metros de ancho por 11 a 16 metros de largo. Los funcionarios del CTI que inspeccionaron las zonas encontraron que esas estructuras invaden el cauce o áreas de tres cuerpos hídricos: el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia.

El ente investigador estableció que los menonitas “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”.

Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que esa remoción de cobertura vegetal y tala de árboles nativos llevó a que se dañaran los recursos naturales en el lugar, entre ellos:“El recurso natural suelo, al presentarse sobre este recurso un proceso erosivo, es decir, la remoción o eliminación de la capa vegetal que presentaba la superficie del suelo; el recurso natural vegetación, por la eliminación del área boscosa del lugar con la tala de numerosos árboles; el recurso natural fauna, por la eliminación de vida animal en el lugar, la supresión de corredores biológicos o lugares por donde transitan los animales y la migración o traslado de estos a otros lugares; y el recurso natural paisaje, ya que cambiaron las condiciones naturales del lugar y transformaron el ecosistema natural”.

En septiembre pasado contamos que, en medio de esa investigación criminal, los acusados iniciaron un proceso de negociación para evitar una condena. En la audiencia de este 15 de enero, la Fiscalía dio algunos detalles de cómo avanza ese proceso.

El ente investigador señaló que el 12 de diciembre de 2024 se reunió con Cormacarena y los abogados de los procesados, en el cual socializaron 12 conceptos técnicos que servirán como base para construir el plan para recuperar el terreno que habría deforestado los hoy procesados. Según el ente investigador, el próximo 23 de enero, los menonitas se comprometieron a entregar el documento en el que plantearán su primera propuesta de reparación ambiental.

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El inicio de 2026 estará marcado por dos procesos penales clave que adelanta la Fiscalía General contra el hombre más buscado por las autoridades colombianas: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC). Esta cabeza criminal, de 51 años de edad, es conocido por ser el primer disidente del Acuerdo de Paz que firmaron en 2016 las antiguas Farc con el Estado colombiano. Desde entonces lidera esa organización que, según cifras del Ministerio de Defensa, tendría unos 4.000 hombres en armas, la más grande del país, solo superada por el Clan del Golfo, con más de 8.000 integrantes.

El primero de los dos procesos que enfrenta “Iván Mordisco” tiene que ver con el genocidio del pueblo indígena Nasa, uubicado en el norte del Cauca. Según el ente investigador, que está a punto de llamarlo a juicio, el líder del EMC es el “cerebro” de ese exterminio étnico: ha asesinado, entre 2022 y 2025, más de 43 miembros de esa comunidad ancestral. Incluso, el pasado 9 de enero, el presidente Petro lo denunció ante la Corte Penal Internacional por tratarse de un crimen de guerra y de lesa humanidad.

El otro expediente que tiene pendiente Iván Mordisco, al cual accedió El Espectador, tiene que ver con una tragedia ambiental que está causando desde hace una década en la Amazonia colombiana.

Este diario conoció que el próximo 10 de marzo, ante un juzgado de Villavicencio, iniciará el juicio contra Iván Mordisco, señalado de ser una de las principales cabezas de la destrucción de la selva. Los datos recopilados por la Fiscalía indican que el líder del Estado Mayor Central fue el responsable de una buena parte de la deforestación en esta zona del país entre 2016 y 2017. Sin embargo, la cifra que aporta el ente investigador es inexacta

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, la destrucción de la selva está arrasando con ecosistemas de los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete, Sierra de La Macarena, Tinigua y de la Reserva Natural Nukak. Toda esa área, permite, entre otras cosas, como lo han repetido científicos como el brasilero Carlos Nobre, que el páramo de Chingaza aún tenga la capacidad de darle agua al 80% de los más de 7 millones de bogotanos.

Además del riesgo que corren esos “ríos voladores”, con la destrucción de la Amazonia colombiana está en juego 10% de la biodiversidad terrestre del planeta, que incluye, el 14% de las aves, el 9% de los mamíferos, el 8% de los anfibios y el 18% de los peces de los trópicos.

La acusación de 26 páginas contra Iván Mordisco, construida por un grupo de funcionarios de la Fiscalía especializados en combatir delitos contra los recursos naturales, también detalla las coordenadas en donde avanza esa tragedia ambiental. Las imágenes satelitales, construidas a partir de esos puntos y que acompañan este reportaje, muestran una “fotografía” de lo que está ocurriendo.

En ellas se pueden observar algunas haciendas y fincas que, de acuerdo con la Fiscalía, estarían bajo el control de las disiencias. La primera de ellas es la finca El Morichal, ubicada en el municipio de Vistahermosa, dentro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en Meta. En comparación al bosque tupido que había hace dos décadas, hoy hay un par de construcciones sin árboles a su alrededor. No muy lejos, se evidencia un jagüey para que el ganado tome agua, y una trocha que la conecta con otros territorios amazónicos.

La segunda finca que menciona la Fiscalía se llama Guandalay. Está en el mismo municipio y, se lee en el documento, alberga unas 110 cabezas de ganado y laboratorios para el procesamiento de cultivos de uso ilícito. Al observar las imágenes satelitales más recientes que muestra Google Earth 一de finales del 2025一 sobresalen, por lo menos, diez construcciones, posiblemente para vivienda. Hay otros dos establos para ganado y tres cultivos.

En Puerto Cachicamo (Guaviare), un punto que por muchos años fue el centro de operaciones del Frente Séptimo de las FARC-EP, la Fiscalía identificó otras tres haciendas donde la deforestación está avanzando de manera muy inquietante. ¿Sus nombres? Nuevo Colombia, San José y Corrientoso.

Allí, dice la entidad, es clara la “transformación de la cobertura boscosa”. En vez de árboles encontraron corrales, establos e infraestructura “para la instalación de plantaciones de cultivos para el uso ilícito, como semilleros o invernaderos”. Además, hallaron pistas áreas.

Como también pudo observar El Espectador desde un sobevuelo organizado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS), entre Puerto Cachicamo y las Sabanas del Yarí, desde el aire se observa el avance de un tipo de agroindustria, como la llama su director, Rodrigo Botero. Son extensiones de tierra con cultivos que parecen ser de soya y praderas enormes para el ganado, que tienen, al parecer, otro líder al frente: Alexander Díaz, alias “Calarcá”, al mando del Estado Mayor de Bloques y Frente, la otra disidencia.

“Junto con las vías que están abriendo por toda la Amazonia, es claro que hay un sistema planificado de colonización. Es un sistema de carreteras, de coca y ganado que se impone por toda la región”, repite Botero, mientras la avioneta avanza a 2.500 pies de altura. “Estamos perdiendo la conectividad entre el Amazonas y los Andes”.

Para decirlo de manera más clara: la deforestación está arrasando con la Amazonia, impulsada por la ganadería, los cultivos de coca y una red vial que se extiende por toda a región, al paso que impongan “Mordisco” y “Calarcá”.

“Hoy la orden es que no se puede tumbar bosque, pero hace dos años ellos dieron la orden de talar árboles a 50 metros a lado y lado de la carretera”, aseguró a este diario, a mediados de diciembre, un poblador de El Capricho, un corregimiento de San José del Guaviare. Prefiere mantenerse en el anonimato y recuerda cómo las fumigaciones de cultivos de coca a finales de los años 90 dieron paso al boom de la ganadería, que ahora constituye el principal pilar de la economía en ese departamento.

Como ha sucedido en Caquetá, Meta y Putumayo, en Guaviare la ganadería ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. Cifras recopiladas por la Fundación Para el Desarrollo Sostenible (FCDS) en un informe que presentó a finales del 2025, muestran que entre 2017 y 2024, en esos cuatro departamentos el hato bovino creció 86,1 %, mientras que en el resto del país el incremento fue de 25,5 %.

Eso quiere decir que en “Arco amazónico noroccidental”, como suelen llamar a esta gran región, cada año hubo, en promedio 214.194 nuevas cabezas de ganado.

Es una actividad que también está “ayudando” a sostener a las disidencias de Iván Mordisco y de Calarcá: cada ganadero 一coinciden el campesino de El Capricho y otro en San José del Guaviare一 debe pagar COP 10.000 por cada vaca. A cambio, les entregan un “salvo conducto” que algunos guardan como una cédula en su billetera (ver foto).

La gran Amazonia atravesada por vías

La acusación de la Fiscalía contra Iván Mordisco no solo hace referencia a algunas fincas que están acabando con los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena o Tinigua o la Reserva Nukak Maku y que, en realidad, son pocas, frente a las que se pueden observar desde el aire, incluso al interior del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chribiquete.

En el texto, el ente investigador también responsabiliza a Mordisco de la construcción de varios tramos de vías ilegales que suman 229 kilómetros. Son caminos, señala, que han facilitado el control de la región y la “realización de diferentes actividades como la ganadería extensiva o la plantación de cultivos de uso ilícito y su procesamiento”.

La Fiscalía menciona varios tramos, como la Trocha ganadera, de 45,2 kilómetros; el tramo Guayabero - Barranco Colorado, de 38,9 kilómetros; o la “red vial Vistahermosa - Sierra de la Macarena”, de 19 kilómetros. Todas atraviesan el PNN Serranía de La Macarena, donde, en teoría, están prohibidas estas actividades, así como los cultivos de coca que se logran ver desde el aire.

Hay otro camino por el que responsabilizan a Mordisco. La red vial que se extiende entre esa zona protegida y el PNN Tinigua, un área protegida que representa, “uno de nuestros proceso más dramáticos de pérdida ambiental en el país”, en palabras de la exviceminitra de Ambiente y profesora de la U. de Los Andes, Sandra Vilardy.

Sobrevolar ese parque es como pasar por una colcha de retazos con vacas. “El hato ganadero Tinigua” es como lo llama Botero, medio en broma, medio en serio, pues es el PNN más deforestado de todo el país. De los bosques que tenía en 1990, ya solo queda el 59%.

El segundo más afectado por la tala ilegal es, precisamente, la Sierra de La Macarena. Juntos tienen 16.902 cabezas de ganado, de acuerdo con la información del Instituto Colombiano Agropecuario, recopilada por la FDCS en el informe Tendencias y dinámicas de la deforestación en la Amazonía colombiana.

En ambos parques es por donde más se ha extendido la malla vial que ha crecido a un ritmo frenético en áreas protegidas en la Amazonia desde 2018. La FCDS ha documentado 755,8 kilómetros de vías, que suman casi la misma distancia que hay entre Medellín y Bogotá.

El 81,6 % de ellas está en el PNN Sierra de La Macarena y Tinigua. El porcentaje restante está en el PNN Serranía de Chiribiquete, en el PNN Picachos, en el PNN La Paya y en la Reserva Natural Nukak, por el que, dice un joven indígena nukak desde San José del Guaviare, “ya no nos podemos mover. Somos nómadas y ahora las Disidencias nos impiden caminar por nuestro territorio. Allá están tumbando árboles y ampliando fincas. Unos dicen que son campesinos; pero es mentira: son grandes terratenientes”.“Todo esto es una tragedia”, es la mejor forma que encuentra Botero para sintetizar lo que ha ocurrido.

La apertura de trochas en esas zonas que resguardan gran parte de la biodiversidad de Colombia es inquietante por una razón, especialmente: un camino nuevo implica una transformación más severa del paise amazónico, se lee en el informe de la FCDS. En cifras, eso quiere decir que casi toda la superficie deforestada en el último año (90%) está a solo 1,9 kilómetros de una vía.

Jhon 40 y Gentil Duarte, los otros acusados

En el expediente conocido por este diario también fueron acusados otras dos fichas claves de las disidencias en los últimos cinco años: alias Gentil Duarte y Jhon 40. El primero, quien secundó a Iván Mordisco para no firmar el Acuerdo de Paz, fue asesinado en 2022 en hechos que aún no son muy claros en territorio venezolano. El segundo, es conocido por ser uno de los jefes de las disidencias más poderosos y más ricos, ya que controla las rutas del narcotráfico en el Meta con destino a Venezuela. Esos pasos de la droga se los heredó al antiguo líder guerrillero que estaba estrechamente relacionado con ese mercado ilegal: alias el Negro Acacio, quien murió en un bombardeo militar en 2007.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que Jhon 40 también hizo parte de una reunión en febrero de 2017, en Guaviare, y en la que se planeó la creación de las disidencias. A esa clandestina cumbre criminal también asistieron Iván Mordisco y Gentil Duarte.Fue durante ese periodo, dice la Fiscalía, que las disidencias deforestaron 178.000 hectáreas de bosque silvestre en los tres parques naturales y la Reserva Natural Nukak. Otro de los artífices de la deforestación, mencionado en la acusación, es un hombre que por la coyuntura política que atraviesa Venezuela es de total relevancia: Miguel Diaz Sanmartin, alias “Julián Chollo”, quien sería el hombre de las disidencias que tiene estrecha relación con militares venezolanos.

Por lo pronto, el próximo 10 de marzo la Fiscalía los acusará como personas ausentes, ya que están prófugos de la justicia desde hace décadas. La Defensoría del Pueblo asignó a tres abogados con el fin de que se pueda adelantar este proceso sobre el ecocidio que avanza en la Amazonia colombiana.

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La Unidad Investigativa de El Espectador conoció un fallo de 235 páginas, emitido por un juzgado especializado en extinción de dominio de Bogotá, en el que se toma una decisión de fondo sobre los bienes del asesinado José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe”.Esta sentencia de primera instancia ordena devolverle 40 inmuebles, dos sociedades (La Gloria Ganadería e Inversiones Hernández López) y 7.584 cabezas de ganado.

La Fiscalía había decomisado estos bienes en junio de 2019, un mes después de que Hernández Aponte fuera asesinado en Brasil. En ese momento, el ente investigador lo vinculó como uno de los presuntos testaferros de la estructura criminal de alias “Marquitos Figueroa”, un narcotraficante que delinquía en varias zonas del Caribe colombiano, en especial en La Guajira.

En la sentencia conocida por este diario, el juez del caso señaló que ni la Fiscalía ni la Policía aportaron pruebas suficientes para demostrar que, como se sostenía, el “Ñeñe” hacía parte del brazo financiero de esa organización criminal.

“Este Despacho advierte que la Fiscalía no aportó estudio técnico-patrimonial alguno que analizara la situación económica del señor Hernández Aponte. Del examen del Informe Investigador de Laboratorio de la Unidad de Análisis Contable de la DIJIN, de fecha 20 de enero de 2020, se constata que dicho documento no contiene análisis sobre el afectado. De igual manera, el informe de Policía Judicial contentivo de los perfiles económicos, fechado el 19 de septiembre de 2019, tampoco registra información sobre el causante”, dice esta decisión de primera instancia.

Otro de los puntos que señaló el juez del caso es que las declaraciones del testigo estrella del caso eran contradictorias.“ Del análisis de las tres declaraciones del testigo Jose Carlos García ,alias “La Penca”, se advierte que este no mencionó en momento alguno ninguno de los inmuebles específicos objeto de la pretensión extintiva. No aparecen en las declaraciones las matrículas inmobiliarias, ni direcciones exactas, ni nombres de predios que permitan individualizar los bienes perseguidos. La única referencia concreta a un inmueble del afectado se limita a una finca “por Cartagena” de la cual el declarante admitió: “no recuerdo el nombre”“, dice el fallo judicial.

Además, la defensa del Ñeñe aportó un informe contable, el cual analizó el período 2002-2017 y concluyó que su cliente “cumplió con las obligaciones de declarar y presentar declaración de renta para los años 2002 al 2017 de acuerdo con las normas tributarias vigente en cada año fiscal”. El perito determinó “ingresos declarados durante el período 2002 a 2017 por valor total de $20.702.535.000 y pasivos para el mismo período de $2.465.085.000 con la sociedad SERFINANSA S.A., por lo que las fuentes de financiación para este período suman $23.167.620.000”.

La Ñeñepolítica

En medio de las averiguaciones que hacía la Fiscalía a la estructura del Ñeñe Hernández, se conoció un registro de llamada del 3 de junio de 2018, cuando el asesinado ganadero hablaba con María Claudia Daza, una mujer muy cercana al Centro Democrático y antigua integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese audio, el Ñeñe Hernández habla sobre “pasar plata por debajo de la mesa” para impulsar la campaña de Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. “Se le estaban haciendo interceptaciones al Ñeñe para establecer su posible participación en el homicidio de Óscar Eduardo. Cuando la Fiscalía que adelanta este caso me dejó ver el material probatorio, como abogado de la víctima que soy, me di cuenta de que había un informe (…) que advertía que, en algunas de las grabaciones, se podría detectar la materialización de un fraude electoral”, le dijo el abogado Miguel Ángel Del Río a este diario en junio de 2020. Hoy logró la condena de Figueroa.

En diciembre de 2021, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes aprobó el expediente de archivo que presentó el entonces representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y que firmó posteriormente John Jairo Cárdenas, de la U, sobre la supuesta entrada de dineros irregulares a la campaña del presidente Iván Duque, en 2018, caso que fue denominado como la “Ñeñepolítica”.

Con 12 votos a favor y dos en contra, de los representantes de la Alianza Verde Mauricio Toro y Wilmer Leal, se aprobó el auto que compartió en su totalidad el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el mismo tema y que, el pasado 28 de octubre, archivó la investigación en contra del presidente Duque.

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La rectificación fue publicada íntegra y textualmente en los términos ordenados por el despacho.

“RECTIFICACIÓN A SOLICITUD DE PARTE

En relación con la nota titulada “El hombre que estafó a 220.000 personas y que hoy es objetivo del FBI y del Clan del Golfo”, publicada el 16 de octubre de 2025, en la sección Investigación, EL ESPECTADOR rectifica lo siguiente:

1. Frente al señor Juan José Benavides Velasco, no existe, a la fecha, sentencia condenatoria en firme en Colombia, Argentina o Estados Unidos por los hechos allí descritos.
2. Que el señor Juan José Benavides Velasco se ha presentado ante las autoridades colombianas desde hace más de 2 años, con el objetivo de que sean aclarados los cargos que se le imputan, siendo uno de los primeros indiciados que se hizo presente en el proceso, en el cual hay más de 100 investigados.
3. Las expresiones utilizadas en dicha nota —entre ellas “el hombre que estafó a 220.000 personas”, “cerebro del fraude”, “lavó 126.000 millones” y “objetivo del FBI y del Clan del Golfo”— no se fundamentaron en decisiones judiciales ni en documentos oficiales verificables, sino en fuentes que no permiten afirmar tales hechos como probados, mismos que además, no son ciertos, como eventualmente se probará en el proceso.
4. El proceso penal que cursa en Colombia se encuentra sometido a reserva del sumario, por lo que EL ESPECTADOR reconoce que no es posible presentar como hechos ciertos imputaciones que solo podrían derivarse de un expediente reservado o de versiones parciales no corroboradas y cuya presunción de inocencia no está desvirtuada.
5. En consecuencia, EL ESPECTADOR admite que la información publicada resultó incompleta, tendenciosa y lesiva del buen nombre y de la presunción de inocencia del señor Juan José Benavides Velasco, y rectifica la forma en que fue presentado ante la opinión pública.
6. Se aclara además que no es cierto que el señor Benavides Velasco tenga propiedades en Miami, cuentas en paraísos fiscales, propiedades en España o ningún otro país y que la Fiscalía colombiana no ha podido dar información alguna a este medio afirmando eso porque sería falso.
7. Que EL ESPECTADOR pide disculpas por el daño moral que estas informaciones no verificadas ni confrontadas hayan podido causar al señor Juan José Benavides y a su familia.
8. EL ESPECTADOR reitera su compromiso de reforzar sus controles internos de verificación para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”.

El Espectador impugnó el fallo del Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera.

Uno de los asesinatos que mayor impacto mediático generó en Bogotá en los últimos años fue el del empresario esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga”, quien fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial al norte de Bogotá. En ese convulso gremio fue conocido por ser el jefe de seguridad de los últimos dos zares de las esmeraldas: Víctor Carranza, quien murió en 2013 señalado de haber tenido nexos con grupos paramilitares; y Jesús Hernando Sánchez, asesinado el 8 de abril de 2025 en el mismo lujoso condominio donde murió su mano derecha.

Tras su muerte se supo de la estrecha amistad de “Pedro Pechuga” con el mundo de la política, más precisamente con dos caras visibles del Partido Verde: Iván Name, expresidente del Senado, y Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial de Gustavo Petro, los dos actualmente procesados penalmente por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aunque varios de sus movimientos todavía son un misterio para las autoridades, El Espectador conoció sobre uno que adelantó en la víspera de su asesinato y que está relacionado con un codiciado megapredio ubicado al sur de Bogotá. En la mira lo han tenido narcos, urbanizadores piratas, políticos y un violento clan esmeraldero.

Se trata de La Azotea, un enorme terreno de 300 hectáreas, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y que también colinda con algunos barrios del municipio de Soacha. El predio es popularmente conocido por albergar el Palo del Ahorcado, donde miles de católicos peregrinan, en especial durante la Semana Santa. Ese predio, conformado por tres lotes (La Azotea 1, 2 y 3), está desde hace años inmerso en un laberinto judicial, del cual hacen parte denuncias ante la Fiscalía, sanciones disciplinarias y un reciente fallo condenatorio contra quienes han intentado quedarse con ese extenso inmueble que equivale, aproximadamente, a 350 canchas de fútbol.

El negocio de la cantera de La Azotea

Una de esas maniobras para quedarse con parte de La Azotea la ejecutó el esmeraldero “Pedro Pechuga” tres meses antes de recibir el disparo que acabó con su vida. A finales de abril de 2024, Juan Sebastián Aguilar, como realmente se llama “Pedro Pechuga”, radicó un documento ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad gubernamental encargada de administrar los bienes que han sido incautados a las mafias colombianas. La solicitud del esmeraldero pedía que le vendieran 24 hectáreas de La Azotea, ya que correspondían a un título minero que adquirió para explotar una cantera de materiales pétreos para una de sus empresas: Meraky SAS. Pero, ¿por qué el terreno estaba en manos de la SAE y qué vínculo habría tenido con grupos al margen de la ley?

Resulta que en 2020 la Fiscalía ordenó decomisar, entre otras propiedades, los lotes 2 y 3 de La Azotea, señalados de pertenecer al clan esmeraldero de Horacio Triana, quien fue extraditado en 2019 a Estados Unidos por narcotráfico. En Colombia, este exjefe criminal tiene una condena de 10 años de cárcel tras confesar un crimen que tiene una profunda conexión con esta historia: ser el cerebro de un ataque sicarial contra el zar esmeraldero Hernando Sánchez. Ese atentado, perpetrado en 2012 en la Zona T de Bogotá, le dejó graves secuelas de salud a Sánchez, hasta que fue asesinado en abril de 2025.

Fuentes del mundo esmeraldero señalan que la pelea por La Azotea era uno de los frentes de guerra que mantenían Hernando Sánchez y “Pedro Pechuga” contra los Triana. “Desde que murió Víctor Carranza, en 2013, Sánchez y Horacio Triana se disputaron el control del mercado de las esmeraldas. A partir de allí ha sido asesinada gente de lado y lado. Además, Triana denunció ante la Fiscalía que Sánchez le robó acciones de Esmeraldas Santa Rosa, una de las empresas del gremio que da más plata. Incluso, Triana piensa que Sánchez le entregó información a Estados Unidos sobre sus negocios de narcotráfico”, indicó la fuente, quien pide no revelar su identidad por motivos de seguridad.

Romano, el urbanista

En efecto, los dos lotes decomisados por la Fiscalía pertenecieron hasta 2016 a una empresa de dos hijos de Triana: Yerson y Eduar Alexis Triana Rincón. El primero de ellos fue acusado por la Fiscalía de integrar la Oficina del San Andresito de la 38, red sicarial y de lavado de activos que lleva décadas enquistada en pleno centro de Bogotá. El segundo fue alcalde de Maripí (Boyacá) y ahora es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Posteriormente, en 2017, los predios 2 y 3 de la Azotea cambiaron de dueño: el promotor inmobiliario Eduardo Romano las compró con el fin de construir un megaproyecto de vivienda de interés social.

Sin embargo, tras el decomiso hecho por la Fiscalía en 2020, Romano y sus socios no han podido materializar la megaobra, con la que esperan, dicen ellos, “construir viviendas de este tipo, pero más amplias”. En entrevista con este diario, Romano señaló que, en 2016, cuando compró los predios a los Triana, no había ningún problema judicial conocido públicamente contra ellos ni contra su padre. Además, dice que el anterior dueño de los terrenos fue el biólogo pereirano Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria Trujillo y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con ese precedente, para Romano, los predios tenían origen lícito.

“Llevamos décadas luchando contra la informalidad y todas estas organizaciones criminales que se han trato de apoderar de los inmuebles. Esto, incluso a costa de mi salud, mi patrimonio económico y mi propia seguridad personal, así como la de mi familia y las personas que han creído e invertido en el proyecto inmobiliario. La justicia me ha reconocido como víctima, me ha venido dando la razón y espero que las entidades gubernamentales entiendan la importancia de los predios no solo para Ciudad Bolívar, sino también para Bogotá”

Hace apenas cuatro meses, en septiembre de 2025, un juzgado de Bogotá ordenó devolver 21 bienes que le habían decomisado a los Triana. El juez del caso argumentó que devolvió los bienes porque la Fiscalía, luego de cinco años de haberlos decomisado, nunca presentó la demanda de extinción de dominio. Romano le dijo a El Espectador que un tribunal tiene pendiente definir si levanta o no las medidas cautelares que impuso el ente investigador sobre los dos lotes. Lo cierto es que nadie más intentó comprarle a la SAE la cantera que está dentro de La Azotea tras el asesinato de “Pedro Pechuga” frente a su familia y esquema de seguridad.

Un narco y urbanizadores piratas

El más reciente movimiento de un expediente judicial relacionado con La Azotea ocurrió el pasado 19 de enero en Bogotá. Un juzgado penal de la capital del país condenó a siete años de prisión a una excorregidora del barrio Mochuelo Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar. El fallo señaló que la exfuncionaria torció un proceso administrativo con el fin de entregarle ilegalmente una parte del predio al hijo del fallecido excongresista Rafael Forero Fetecua, quien fue conocido en los años ochenta por ser uno de los mayores urbanizadores piratas del país.

Otra de las personas que, según Romano, le reclamó por la propiedad de La Azotea fue Ignacio Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante del cartel del norte del Valle que estuvo preso en Estados Unidos. Romano denunció ante la Fiscalía que, en noviembre de 2019, Álvarez Meyendorff le hizo esa solicitud acompañado de un viejo conocido suyo: Gregorio Tirado, un comerciante inmobiliario que ya había sido denunciado ante la Fiscalía por el propietario de La Azotea tras intentar estafar a varias personas con la venta de lotes. Seis meses después de esa reunión, Tirado Ruiz fue asesinado frente al estadio El Campín. Según el diario El Tiempo, se movía en el negocio de las esmeraldas y acumulaba denuncias por estafas vinculadas a tierras.

Las teorías sobre el asesinato de “Pedro Pechuga”

Cuando “Pedro Pechuga” radicó su solicitud ante la SAE, en abril de 2024, este ya vivía en estado de alerta permanente. Cinco meses antes, mientras estaba en las oficinas de Esmeraldas Santa Rosa (de la cual era uno de sus principales accionistas), un sicario intentó matarlo; sin embargo, solo fue alcanzado por las esquirlas de los vidrios de su despacho. A partir de allí, la Fiscalía empezó a indagar sobre quién pudo perpetrar el ataque. Además del clan Triana, las autoridades indagan si participó un excapo narcotraficante, quien ha sido mencionado por el presidente Gustavo Petro como el cerebro de un plan para asesinarlo: Julio Lozano Pirateque, alias Patricia.

Al igual que Horacio Triana, Lozano Pirateque habría reclamado la participación accionaria que le dejó a Hernando Sánchez en la empresa Esmeraldas Santa Rosa. “Ese movimiento de acciones se dio meses antes de que Lozano Pirateque fuera extraditado a Estados Unidos, en 2010. Al parecer, cuando Pirateque volvió a Colombia, en 2016, no se las devolvieron. Desde entonces, todo lo que esté vinculado a Hernando Sánchez es blanco de Lozano Pirateque. Incluido Pedro Pechuga”, dice un funcionario judicial que investiga este capítulo de la mafia colombiana.

La Policía tiene serias sospechas de que Lozano Pirateque realizó una jugada a dos bandas para recuperar sus bienes y, de paso, entregarle al Clan del Golfo a Sánchez, quien desde 2021 estaba en la mira de la organización del extraditado criminal con alias “Otoniel”. Este hecho quedó en evidencia en un audio revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el que el líder del Clan del Golfo ordenaba a sus hombres asesinar a Hernando Sánchez. Lozano Pirateque le dijo en 2025 al diario El Tiempo que no tenía vínculo con ninguno de los asesinatos y que permanece en la legalidad.

Lo cierto es que este episodio de Pedro Pechuga revela un capítulo hasta ahora desconocido de la violenta disputa entre esmeralderos, narcos, urbanizadores piratas y políticos por un codiciado megapredio en el sur de la capital.

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