El Sistema de Medios Públicos (RTVC) puso nuevamente al aire las estaciones territoriales ubicadas en Tierralta (Córdoba), Agustín Codazzi (Cesar), Buenaventura (Valle del Cauca) y Riosucio (Chocó). Las emisiones se reanudaron el pasado jueves 29 de octubre, luego de que la entidad completara la verificación jurídica y confirmara ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que las licencias de operación se encuentran al día.

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La interrupción del servicio en estas cuatro estaciones formaba parte de una medida adoptada el pasado 17 de agosto de 2026, cuando se suspendió la programación de las 20 emisoras creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 por decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante ese periodo, las transmisiones locales en los territorios fueron sustituidas principalmente por contenidos musicales. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores sociales y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, al tratarse del único compromiso del pacto de La Habana implementado en su totalidad en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.

Posteriormente, el 7 de septiembre, 16 de las 20 estaciones retomaron su programación local bajo una nueva denominación institucional: "Emisoras de la Reconciliación". Sin embargo, las cuatro frecuencias mencionadas permanecieron fuera del aire. En su momento, la gerente general del sistema de medios públicos, Ángela María Soto, explicó que esas cuatro emisoras habían sido puestas al aire por administraciones previas sin haber culminado la totalidad de los trámites concesionales exigidos por el MinTIC.

En el comunicado emitido tras la reactivación, RTVC argumentó que la suspensión no tuvo un carácter político ni buscó el cierre definitivo de las estaciones. De acuerdo con la entidad, la actual administración identificó irregularidades y pendientes heredados en los expedientes de las concesiones, por lo que fue necesario pausar las emisiones para evitar riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales.

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Asimismo, el sistema de medios públicos sostuvo que la rectificación del trámite busca brindar soporte técnico y legal a la operación en el territorio. Según RTVC, con la reapertura se ratifica el cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, orientado a promover espacios radiofónicos para la convivencia, la participación ciudadana y la pedagogía institucional en las zonas rurales.

Con la habilitación de estas cuatro frecuencias, la red completa de las Emisoras de la Reconciliación retorna a su emisión habitual de contenidos locales en las regiones asignadas. No obstante, el proceso continuará bajo la observación de comunidades y plataformas de derechos humanos que monitorean las garantías para el ejercicio periodístico y el acceso a la información en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.

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A través de un video publicado en redes sociales, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuyó el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, ocurrido en el casco urbano del municipio de Saravena (Arauca). “Informamos, primero, que el día 4 de noviembre de 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas capturaron a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército”, aseguraron.

A pesar de ser los responsables del plagio y de la seguridad de la uniformada, en su mensaje atribuyeron a las fuerzas militares las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. El Eln también envió un mensaje a la familia de la subteniente Pantoja Hernández, diciendo que el secuestro haría parte de los “riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y que se le respetarán sus derechos de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

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Una vez conocida la desaparición de la uniformada, que ocurrió mientras se movilizaba en una motocicleta, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional. Las medidas de búsqueda iniciaron “con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”. Puntualmente, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional adelantan las acciones para encontrarla.

Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, exigió la liberación de la funcionaria. En su pronunciamiento, la entidad señaló que el plagio ocurrió mientras la uniformada se encontraba vestida de civil y expresó su solidaridad “con sus familiares y seres queridos, así como con el Ejército Nacional, ante la angustia y la incertidumbre que genera su secuestro”.

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En esa línea, detalló que, en octubre de 2025, ya había sido emitida la Alerta Temprana 014-25 para el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), en la que advertía sobre la intensificación de la confrontación armada entre el Eln y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, así como sobre las amenazas de otros grupos armados y el riesgo de que aumentaran los hechos de violencia en estos territorios.

La Defensoría instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar medidas urgentes que faciliten la liberación de la uniformada y de todas las personas secuestradas en el país. Asimismo, pidió implementar de manera urgente las recomendaciones de la Alerta Temprana para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Arauca y Cubará.

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El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es nuevamente un hombre libre. En la tarde de este jueves 5 de novimebre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento en contra del exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, investigado por su presunta participación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Rieso de Desastres (Ungrd). Para esa instancia, el político no representa un riesgo para las pesquisas y podrá defenderse en libertad.

Según ha detallado la Fiscalía General de la Nación, el entonces ministro del Interior habría direccionado contratos de la entidad para comprar votos de congresistas a favor de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro relacionadas con la reforma pensional y a la salud, entre otras.

Durante la audiencia de este 5 de noviembre, el Tribunal señaló que "no encuentra que la necesidad de las medidas haya sido justificada. Algunas de las razones ofrecidas no son más que la insistencia en la gravedad y la modalidad de la conducta, otras meras abstracciones, otras impertinentes y otras contradictorias". Agregó que la Fiscalía no logró sustentar debidamente su solicitud de privar al exministro de la libertad para que no obstruyera sus pesquisas.

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También agregó que la experiencia de Velasco en el sector público, sus contactos con servidores de primer nivel y su influencia política es "predicable de casi todo alto dignatario, sin que tales hechos contengan agregado alguno que haga prediscible el peligro futuro". En ese sentido, esa instancia, con ponencia del magistrado Héctor Tamayo, ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior.

Tras la decisión del Tribunal, el exjefe de cartera se pronunció a través de la red social X, en la que señaló: "Recibo con serenidad y respeto la decisión mi juez de garantías, el Tribunal Superior de Bogotá, que ordena mi libertad inmediata negando la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal". Asimismo, aseguró: "Ahora, en el juicio y con el mayor respeto ante la Corte Suprema de Justicia, demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la Ungrd y me usaron como cortina de humo para desviar la antención".

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Velasco ya había sido privado de la libertad en diciembre del año pasado por este mismo caso. Sin embargo, el pasado 6 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió a su favor una tutela que lo dejó en libertad. En la acción, el exministro sostenía que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su arresto excedió sus facultades, pues el ente investigador había solicitado solamente el arresto domiciliario, pero ella determinó que tendría que ser intramural (en una prisión). 

Según el exministro, “se excedieron las competencias del juez de garantías al imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía”. En la tutela, Velasco también señaló que “se utilizaron calificativos de responsabilidad anticipada que desbordaron el estándar de inferencia razonable necesario para la imposición de medida de aseguramiento”, sin haber podido controvertir pruebas en un juicio formal.

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Aun así, el exministro del Interior fue recapturado en agosto pasado y, el 19 de ese mismo mes, fue legalizada su detención por el Tribunal Superior de Bogotá. El exfuncionario, que permanecía recluido en su lugar de domicilio, afronta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) presentó una impugnación contra la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver a su lugar, en un plazo de máximo 48 horas, las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno presentó la acción señalando que las tutelas resueltas por juzados debieron ser presentadas y solucionadas por el Consejo de Estado y no por otras autoridades. Además, que se habrían cometido errores en la presentación de esos recursos.

El caso tuvo su origen el pasado 15 de octubre, cuando se conoció públicamente el retiro de 30 piezas históricas, artísticas y documentales de las salas de exposición "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional. En esas salas, estaban expuestas obras relacionadas con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, colectivos LGBTIQ+ y luchas feministas, dentro de otros temas.

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Tras la orden presidencial, el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, junto con colectivos LGBTIQ+, presentaron diferentes acciones de tutela en las que pedían el reintegro de las obras a su lugar. Tras revisar las peticiones, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó a la cartera de Cultura que, en coordinación con el Museo Nacional, devolviera a las salas la totalidad de las piezas retiradas, “bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación”.

Dicha medida debía ser acatada mientras las entidades adelantaban una evaluación técnica y curatorial sobre la permanencia de las piezas en las exposiciones. Es decir, debían ser devueltas hasta que el Gobierno justificara su retiro por motivos distintos a la ideología política.

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Sin embargo, el director de la Andje, Germán Calderón España, dijo que la tutela debió repartirse al Consejo de Estado. El abogado argumentó su punto diciendo que el Decreto 1446 de 2026 fija que las tutelas dirigidas contra las actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones, deben repartirse en primera instancia al alto tribunal.

También afirmó que la tutela es improcedente porque los accionantes no presentaron solicitudes o peticiones previas ante las autoridades accionadas y señala que disponían de otros recursos, como una acción popular. A esto agregó que la instrucción del jefe de Estado constituye un acto administrativo verbal y que las órdenes del juez invaden las competencias del Ejecutivo, "se inmiscuye en una potestad constitucional y administrativa de un Ministerio y una Unidad Administrativa Especial".

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Las entidades judiciales están trabajando a la par sobre las denuncias de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar encuentros sexuales a través de contratos públicos. A estos señalamientos que dio a conocer a Semana, el pasado 25 de octubre, la mujer hizo público un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación, el cual sostiene que es una prueba de sus acusaciones.

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Entre las últimas actuaciones conocidas sobre este caso, El Espectador confirmó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Congreso. El trámite se realizará en la secretaría general del Senado, aunque hasta ahora no se conoce fecha de cuándo se llevará a cabo.

Ante medios, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, se refirió al caso y al video que publicó recientemente Jiménez. “Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado”.

No obstante, el magistrado sostuvo que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en privado, y en eso creo que tenemos responsabilidades muy grandes”. Agregó que desde el punto de vista de las investigaciones, “esperamos que lleguen contextos de realidad y la Corte en su momento se tendrá que pronunciar”.

En el marco de la investigación que lleva la Fiscalía por este mismo caso, este 5 de noviembre se adelanta en el búnker de la entidad, en Bogotá, una diligencia para la inspección forense del celular de Deicy Jiménez, en donde se hallarían pruebas de sus acusaciones contra el exmandatario Petro.

Por su parte, la declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía sigue en suspenso desde que su abogado, Felipe Caballero, renunció a la defensa alegando motivos de seguridad. En su lugar asumió la abogada Dina Malo, pero todavía no hay fecha para que Jiménez rinda su testimonio ante el ente acusador.

Desde el pasado 23 de octubre, la entidad abrió una noticia criminal por las posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades públicas durante el gobierno anterior. “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, explicaron fuentes de la Fiscalía. El caso está en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, con el apoyo de un equipo especializado.

Además, la Fiscalía precisó cómo se reparten las competencias. Los hechos que involucran a Gustavo Petro como presidente solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le correspondería examinar las denuncias por hechos ocurridos cuando era senador.

Dentro de este proceso, el vicefiscal Gilberto Guerrero indicó que Jiménez será citada por la Fiscalía como testigo. “Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas en las que incluso se están incriminando a sí mismas. En ese caso, no debemos llamarlas a entrevistas juradas, sino que tenemos que citarlas a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta, porque tienen derecho a guardar silencio”, explicó el vicefiscal.

En paralelo, el pasado 26 de octubre la Procuraduría abrió una indagación previa contra servidores aún por identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. Se investigan posibles casos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género relacionados con contratos y órdenes de prestación de servicios.

Con esta actuación, el ente de control pretende señalar a los posibles responsables disciplinarios y delimitar con precisión los comportamientos bajo revisión. Con ese fin, solicitó a las entidades los datos de las mujeres que han estado vinculadas por contratos de prestación de servicios entre 2019 y el presente.

¿Cuáles son las denuncias de Deicy Jiménez?

Jiménez aseguró en una entrevista con la revista Semana, el pasado 25 de octubre, que durante el gobierno del exmandatario, funcionó una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos con el Estado, con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. También afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

Tras conocerse las declaraciones, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría que priorizaran las investigaciones.

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“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó la defensora Marín. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

El mismo día que se conoció la denuncia, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para Jiménez. “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”, señaló el comunicado del gobierno.

El relato de Jiménez se conecta con los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Rodríguez ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades del gobierno anterior, entre ellas, fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño.

A estas denuncias se agregó que el pasado 4 de noviembre Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se les vería a ella y al exmandatario Petro en una habitación. En la publicación, agregó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”. Además, dijo que, si algo le llegaba a suceder a ella o a su familia, “hago responsable a Petro”.

Frente al video, el equipo jurídico de Gustavo Petro, liderado por el abogado Alejandro Carranza, respondió con un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”.

El pronunciamiento no desmintió de manera expresa que quien aparece en las imágenes sea Petro. Sin embargo, reiteró la posición que ha defendido el exmandatario: negar “haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”.

Carranza agregó que Petro “responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”.

Según la defensa, el expresidente no discutirá “en público lo que corresponde resolver a los jueces”. Además, en alusión a las acusaciones de Jiménez, sostuvo que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

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La Procuraduría General de la Nación ordenó incorporar a la indagación previa que adelanta por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares el proceso que lleva la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Consulado de Colombia en Tijuana, México.

La actuación se originó en una denuncia de Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción, sobre posibles irregularidades en la planeación, contratación y puesta en funcionamiento de los consulados en Monterrey (México) y Estambul (Turquía) durante 2025 y 2026.

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Al solicitar información, según el ente de control, “el Ministerio confirmó que no tenía actuaciones disciplinarias por Monterrey y Estambul, pero sí adelantaba una indagación previa por presuntas irregularidades en Tijuana, relacionadas con la habilitación financiera y operativa de la sede, el arrendamiento del inmueble, compromisos sin respaldo presupuestal y el reconocimiento de salarios sin la efectiva prestación del servicio”.

Con esta decisión, la Procuraduría busca examinar de manera conjunta los hechos y las pruebas, evitar la duplicidad de actuaciones y prevenir decisiones contradictorias. También ordenó incorporar publicaciones de medios de comunicación y redes sociales relacionadas con el caso.

El caso del consulado en Tijuana fue dado a conocer por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Según el medio, el consulado, creado hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro, nunca ha prestado servicios ni ha tenido una sede física, pero sí contó con una cónsul en provisionalidad hasta el pasado 30 de octubre.

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De acuerdo con la investigación periodística, el Estado pagó más de USD 153.000 (cerca de COP 483 millones) a la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán por los nueve meses en los que ejerció como cónsul, además de otros gastos asociados. Recibió USD 14.700 mensuales (casi COP 47 millones) entre el 20 de enero y el 30 de octubre. Al momento de su designación, también se le giraron otros USD 20.338 por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.

A ello se suma una deuda por el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana. El pasado 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago que tomó por sorpresa a la sede diplomática. Un día después, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que existía un contrato de alquiler que había generado deudas sin asignación presupuestal. El 6 de octubre, la Embajada pidió a la cónsul una copia del contrato y un informe sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. Pabón renunció y dejó el cargo el viernes 30 de octubre.

Además, un comunicado del pasado 17 de agosto, dirigido a la comunidad colombiana en Baja California y compartido por la entonces cónsul en un grupo de WhatsApp, menciona contratos con el arquitecto encargado de adecuar la oficina y con los responsables del diseño gráfico y la imagen institucional. El documento, de siete páginas, afirma: “Estas personas y empresas han venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual actualmente existen obligaciones económicas pendientes de pago”.

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El proyecto tuvo su origen el 22 de noviembre de 2024, cuando el entonces canciller Luis Gilberto Murillo expidió el Decreto 1405, que dio vida jurídica a las oficinas consulares de Colombia en Tijuana, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.

Pese a ello, casi dos años después, el consulado sigue inoperante. Caracol Radio reportó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México preguntó informalmente a Colombia qué había ocurrido, pues no volvió a tener noticias desde que otorgó el beneplácito para la apertura. Según la Unidad Investigativa, el Consulado en Ciudad de México reporta una sobrecarga de trámites porque la sede de Tijuana le redirigía todos los requerimientos.

También se cuestiona la creación misma de la dependencia. Murillo, quien solicitó el beneplácito a México, dijo al medio que debía revisar sus archivos porque no recordaba el proceso y se limitó a asegurar que “toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal”. Sin embargo, la Cancillería afirma no tener evidencia de ningún estudio previo.

El equipo del canciller Omar Bula encontró presuntas irregularidades de tal magnitud que, el pasado 27 de agosto, la Cancillería puso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría todas las actuaciones relacionadas con el consulado.

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En la mañana de este jueves 5 de noviembre se posesionó como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, en reemplazo del saliente presidente, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. También la magistrada Diana María Vega Laguna asumió la vicepresidencia de esa instancia de justicia transicional, en reemplazo del magistrado José Miller Hormiga Sánchez. Estarán al frente de la entidad durante los próximos dos años, hasta noviembre de 2028.

El magistrado Rojas Betancourth y la magistrada Vega Laguna tendrán a su cargo  la función de dirigir, coordinar y representar a la justicia transicional que pasa por uno de sus momentos más difíciles por cuenta de la reducciones al presupuesto para 2027, que quedaron en en COP 181.400 millones, la hasta ahora imposible conversación con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, los cuestionamientos a su trabajo y un proyecto de reforma constitucional para reducir su tiempo de vida a diez años.

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Durante la posesión, los magistrado hablaron sobre algunos de los puntos clave de su gestión. Esto, en un contexto del cierre de las investigaciones por parte de la Sala de Justicia y el inicio de la etapa más fuerte de los juicios en el Tribunal para la Paz. Pero también en medio de los necesarios recortes financieros. El magistrado Rojas Betancourth anunció que habrá cambios importantes en esa instancia, como la posible entrega del edificio principal y recortes a esquemas de seguridad.

¿Quién es el magistrado Danilo Rojas Betancourth?

Danilo Alfonso Rojas Betancourth, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es un jurista con al menos 40 años de carrera y experiencia en organismos internacionales y en altos cargos de la Rama Judicial en Colombia. Nació en el municipio de San Antonio (Tolima) y estudió Derecho en la Universidad Libre, con estudios de posgrado en Colombia y en el extranjero.

Hizo una especialización, una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. También tiene una especialización en Derecho Administrativo, de la Universidad Santo Tomás (Bogotá) y otra en Argumentación Jurídica, de la Universidad de Alicante (España). Inició trabajando en organismos internacionales como consultor durante varios años.

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Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, entre octubre de 1998 y octubre de 1999.

Dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y en el Consejo de Estado ocupó varios cargos importantes. Primero como relator y magistrado auxiliar, entre 1988 y 1995. Luego, en 2010, se posesionó como consejero de Estado, instancia de la cual fue elegido presidente en 2016. Llegó a la JEP en 2018 y es el vicepresidente de la Sección de Apelación de la justicia transicional.

En tres oportunidades se postuló para ser presidente de la justicia transicional. Esta vez obtuvo 23 votos en una terna de la que también hicieron parte la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra (11 votos) y el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana (dos votos). Fue escogido en la primera ronda de votación del 20 de octubre, en la que dos togados votaron en blanco.

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¿Quién es la magistrada Diana Vega Laguna?

Diana María Vega Laguna, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tiene cerca de 20 años de experiencia académica y en la Rama Judicial. Nació en Neiva (Huila). Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia e hizo especialización y maestría en la misma institución. Ha sido docente universitaria de Derecho Público durante más de diez años.

Ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde fue magistrada auxiliar hasta 2017. Llegó a la JEP como magistrada suplente y en febrero de 2021 se integró a la Sala de Amnistía o Indulto, tras la salida de Iván González Amado.

Según información conocida por este diario en su momento, para la elección de la vicepresidenta de la JEP se hicieron tres rondas de votación entre las magistradas Diana Vega y Lily Andrea Rueda Guzmán. En las primeras dos, sacaron 19 y 17 votos, respectivamente, pero el mínimo es de 20 votos. En la tercera ronda de votación, la nueva vicepresidenta tuvo 22 apoyos contra 16 votos en blanco.

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En las últimas horas, Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos del Estado, hizo público en su cuenta de Instagram un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación. En la publicación, agregó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

En contexto: Defensoría pide investigar denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro

En respuesta, la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, emitió un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”.

Aunque el comunicado no negó directamente que la persona que aparece en el video publicado por Jiménez sea Petro, remarcó, en línea con lo que ha sostenido el propio expresidente, que este “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”.

En ese sentido, Carranza aseguró que Petro “responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”.

La defensa se mantuvo firme en que no discutirá “en público lo que corresponde resolver a los jueces”. Asimismo, manifestó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, en referencia a las denuncias de Deicy Jiménez contra el exmandatario.

Carranza también hizo un recuento de las últimas actuaciones de este proceso, que ya es investigado por la Fiscalía desde el pasado 23 de octubre. Tres días después, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.

“La diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció (alegando motivos de seguridad) y, al día siguiente, aparece en redes un material para alimentar un juicio mediático. Si detrás de esa secuencia hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo, y la defensa aportará lo que conozca”, sostuvo la defensa.

Finalmente, aseguró que no anticiparía conclusiones sobre el video ni discutiría en público la vida privada de ninguna persona. “Respaldamos que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección que requieran la testigo y quienes intervienen en esta actuación, y rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga”, concluyó el comunicado.

El expresidente Gustavo Petro también se pronunció en redes sociales sobre el video publicado por Jiménez. En su cuenta de X sostuvo que “desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”.

En esa línea, volvió a defender su inocencia frente a las denuncias por presuntamente pagar servicios sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

En línea con los argumentos de su abogado, Carranza, el exmandatario agregó que el video que “hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”. Finalmente, concluyó que “lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”.

La denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro

Todo comenzó con una entrevista de Deicy Jiménez en Semana, el pasado 25 de octubre. Allí aseguró que, durante el gobierno del exmandatario, funcionó una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos con el Estado, con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. También afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

Al día siguiente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría que priorizaran las investigaciones. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para Jiménez. El comunicado señala: “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”.

El relato de Jiménez se conecta con los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades del gobierno anterior, entre ellas, fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño.

La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre abrió una noticia criminal por las posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades públicas durante el gobierno anterior. Fuentes del ente investigador explicaron: “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”. El caso quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, con el apoyo de un equipo especializado.

La entidad precisó, además, un asunto de competencia. Según explicó, los hechos atribuidos a Petro como presidente solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que las denuncias por hechos ocurridos cuando era senador corresponden a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El vicefiscal Gilberto Guerrero indicó que Jiménez será citada en calidad de testigo. Explicó: “Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas en las que incluso se están incriminando a sí mismas. En ese caso, no debemos llamarlas a entrevistas juradas, sino que tenemos que citarlas a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta, porque tienen derecho a guardar silencio”.

Ese mismo 26 de octubre, el Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La investigación se centra en presuntas conductas de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.

El objetivo es individualizar a los posibles responsables disciplinarios y precisar las conductas investigadas. Para ello, la Procuraduría pidió a las entidades información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.

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En medio del complejo momento que pasa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los cuestionamientos a su trabajo, su Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a nueve exjefes de cuatro estructuras de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Los hechos que pone sobre la mesa la imputación son desgarradores. Hay casos de niños maltratados, sometidos a trabajos forzosos y castigos, llevados a juicios revolucionarios y hasta sentenciados al fusilamiento. Y niñas obligadas a usar métodos anticonceptivos, sometidas a abortos forzosos y obligadas a entregar a sus bebés nacidos en la guerrilla a personas desconocidas.

La imputación está relacionada con el caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las antiguas Farc, liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán. Dentro de este expediente ya habían sido imputados seis de los exintegrantes del último secretariado de las Farc, en noviembre de 2024. Entre el 7 y el 9 de abril de 2027 tendrán que reconocer responsabilidad frente a las víctimas en una audiencia pública. Los comparecientes llamados ahora a reconocer responsabilidad por los graves crímenes cometidos contra menores hicieron parte de cuatro estructuras regionales de la antigua guerrilla: los bloques Noroccidental, Sur, Caribe y el Comando Conjunto Noroccidental.

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Los exjefes de las Farc imputados son Rodolfo Restrepo Ruiz, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Ángel Alberto García Sánchez, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Edgar López Gómez y Abelardo Caicedo Colorado. Según la JEP, tuvieron rol de mando en una práctica criminal en la que documentaron 104 torturas, 28 sometimientos a tratos crueles y 208 condenas extrajudiciales que incluyeron penas como el fusilamiento, en los casos de 62 menores de edad reclutados. También 156 mujeres narraron que, cuando eran niñas, las obligaron a usar métodos anticonceptivos. A 15 de ellas las maltrataron por negarse y 91 mujeres narraron que fueron sometidas a abortos forzados.

“Los patrones investigados e imputados no fueron hechos aislados ni respuestas individuales desconectadas, sino que se desarrollaron en el marco de una organización armada jerarquizada, con un régimen de regulación y control de la vida intrafilas. En ese contexto de coacción permanente, la amenaza, el miedo, la vigilancia constante y la imposición de la obediencia operaron como mecanismos para anular la autonomía individual de las víctimas acreditadas en el caso”, señala la decisión. Y agrega: “En el caso de las violencias reproductivas, ese mismo entorno de coacción permitió imponer decisiones sobre los cuerpos y los proyectos reproductivos de las niñas”. 

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Uno de los casos relacionados con violencias reproductivas es el de una menor reclutada por las Farc en 1997, trasladada al frente 47 de esa guerrilla y sometida a dos abortos forzados. “El primero me lo ordenó hacer alias ‘Kadafi’. El segundo ya tenía seis meses y me lo ordenaron hacer ‘Iván Ríos’ y ‘Kadafi’”, le contó la víctima a la JEP. Otra persona le dijo a la justicia transicional que fue reclutada cuando tenía 12 años, en el municipio de Medio San Juan (Chocó), y que fue obligada a en varias oportunidades a tener relaciones sexuales forzadas con con integrante de la guerrilla. “Fui víctima de violaciones continuas. Contraje una enfermedad venérea. Quedé embarazada de él y me obligó a abortar”, relató la víctima.

La JEP también calificó como asesinatos dos casos de bebés que sobrevivieron a procedimientos de aborto practicados por la guerrilla y que luego, por negligencia, fallecieron. “Relativo a los malos tratos asociados a los procedimientos, la Sala evidenció, a través de los relatos de las víctimas, la falta de experticia en el personal que los llevó a cabo, mediante un procedimiento que prolongó su sufrimiento y con manejo inadecuado de los restos de los fetos que fueron extraídos, lo cual derivó en graves riesgos y afectaciones sobre ellas”, señala el documento de 307 páginas. Uno de esos casos ocurrió con una menor reclutada en el año 2000 por el Bloque Noroccidental, cuando tenía 14 años.  A sus 16 años fue sometida a un aborto forzado. 

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“Me dieron unas pastillas a las 2 de la tarde y me introdujeron dos en la vagina. Como a las 7 de la noche, yo sentía un dolor. Yo rezaba. Yo era bañada en sudor. Como a las 8 o 9, me dieron ganas de pujar y yo me agaché… cuando sentí que cayó y él nació vivo”, le contó la menor a la JEP. Y agregó: “Me estaban dejando morir. Yo digo que estoy viva de milagro, no me podía mover y como a las 3 de la mañana llegó una ambulancia del pueblo, de Ituango”. La decisión señala: “Las violencias afrontadas con ocasión de la directriz de facto de prohibición de la maternidad y la paternidad (...) conllevó también a que, luego de practicarse los procedimientos abortivos, los bebés que nacieron con vida murieran al omitirse la prestación de atención médica o porque se realizó alguna acción que les ocasionó la muerte”.

En algunos casos, como los de mujeres que se oponían a las órdenes relacionadas con la interrupción de los embarazos o de hombres a los que les negaban la posibilidad de paternar, podía llevar a las víctimas a ser sometidas a sanciones como el fusilamiento. La sentencia documenta el caso de una menor que tenía ocho meses de embarazo, fue obligada a abortar y luego sometida a un consejo de guerra. La bebé, según la JEP, nació viva y fue asesinada. “Los relatos de las víctimas muestran que en uno de los casos el homicidio de la recién nacida fue perpetrado en cumplimiento de una orden expresa que incluía su posterior desaparición, mientras a la madre gestante le realizaron un consejo de guerra y la fusilaron”, dice el auto.

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Las razones por las que los menores fueron sometidos a penas tan graves como el fusilamiento van mucho más allá de los casos relacionados con las violencias reproductivas. La JEP documentó casos en los que comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, intentar comunicarse con la familia, estar desmoralizados, quedar embarazadas, querer retornar a sus hogares, negarse a torturar secuestrados o a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café se convirtió en una pena de muerte. Ahora el camino que les queda a los exjefes de las Farc es aceptar su responsabilidad o negar la barbarie documentada por la justicia.

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La aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento de Putumayo para erradicar cultivos de uso ilícito, propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, seguirá sin materializarse. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Putumayo, que mantuvo la suspensión provisional del plan piloto.

La decisión, fechada el pasado 3 de noviembre y cuyo magistrado ponente es Marino Coral Argoty, tiene como origen la expedición de las Resoluciones 0006 y 0007 del 18 de agosto de 2026, mediante las cuales se ordenó la fase experimental controlada.

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En esa línea, fueron promovidas distintas acciones contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección de Antinarcóticos. En ellas, los demandantes denunciaron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad personal, el agua, el debido proceso administrativo, la participación ambiental y el ambiente sano.

Los demandantes argumentaron que existían fallas críticas en los soportes previos. Por ejemplo, señalaron que aún hacía falta el concepto del Instituto Nacional de Salud (INS) y la cartografía oficial de los municipios.

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Puntualmente, el municipio de Puerto Asís informó que, en las jornadas de socialización, solicitó los polígonos georreferenciados, pero "se le informo que esos datos eran reservados por razones de seguridad", lo que les impedía saber si la aspersión afectaría acueductos o escuelas.

En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa amparó transitoriamente los derechos fundamentales y ordenó a las autoridades abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las actividades de aspersión aérea con glufosinato de amonio. Sin embargo, las autoridades del Gobierno impugnaron dicha sentencia.

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En la sentencia del pasado 3 de noviembre, el Tribunal consideró que la falta de certeza sobre el impacto del glufosinato de amonio en el ecosistema amazónico de Putumayo, sumada a la ausencia del concepto técnico del INS, permitía suspender preventivamente el plan piloto.

El Tribunal decidió amparar transitoriamente los derechos fundamentales al debido proceso ambiental, a la participación ambiental, al acceso a la información ambiental y a la salud, "cuya protección resulta necesaria para evitar una eventual afectación a otros bienes constitucionales vinculados con el ambiente y la integridad de las comunidades accionantes".

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En ese sentido, ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional suspender de manera provisional la ejecución del plan piloto.

Sin embargo, limitó la medida a un máximo de cuatro meses y condicionó su vigencia a que los accionantes presenten dentro de ese plazo una acción judicial que permita discutir la protección de los derechos e intereses colectivos o la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

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Una subteniente del Ejército Nacional identificada como María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada en la tarde de este 4 de noviembre, en Saravena (Arauca). Según fuentes del Ejército Nacional, el hecho habría sido perpetrado por interantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

A través de un comunicado, las autoridaes señalaron que la oficial habría sido interceptada por dos hombres armados del Frente Domingo Laín Saénz que se movilizaban en una motocicleta, cuando ella estaba en el casco urbano del municipio.

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Una vez conocida la situación, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, “con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”. Puntualmente, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional adelantan la búsqueda de la subteniente.

En esa línea, el Ejército “rechaza y condena categóricamente este acto criminal, que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales a la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad humana, principios esenciales que deben ser respetados y protegidos en toda circunstancia”.

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La institución señaló que, si alguna persona tiene información sobre el secuestro de la uniformada, puede comunicarse a través de la línea gratuita nacional 147 o al número de celular 313 297 1482, “garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con este propósito”.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, el mayor general José Bertulfo Soto, rechazó el hecho a través de la red social X. “Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena (Arauca), a manos del Eln”, se lee.

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Asimismo, señaló que “este acto criminal atenta gravemente contra la libertad, la vida y la dignidad humana. Acompañamos de manera integral a la familia de nuestra oficial en este difícil momento, brindándoles todo nuestro apoyo, solidaridad y asistencia institucional”.

Otros plagios atribuídos al Eln en Arauca son los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados por hombres del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) hace 17 meses en Arauca.

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Puntualmente, los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2025, cuando ambos se desplazaban por motivos laborales hacia el municipio de Fortul. Desde entonces, sus familias han insistido al Gobierno y al grupo armado en su pronta liberación.

Casi un año después de su secuestro, el 6 de mayo de 2026, el Eln anunció un “juicio revolucionario” contra los funcionarios Rodrigo López y Jesús Pacheco, así como contra los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes también permanecían en cautiverio y fueron liberados un mes después. 

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En esa línea, el grupo armado los “sentenció”, sin tener ninguna competencia para hacerlo, a 55 y 60 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente, bajo el argumento de que ambos adelantaban labores de espionaje.

En un video conocido el pasado 18 de septiembre y difundido por el Eln, los dos secuestrados le pidieron al jefe de Estado que intervenga para lograr su liberación, condicionada por el grupo armado a un intercambio por guerrilleros presos. “Quiero pedir al señor presidente de la República que busque la manera de encontrar la paz”, señaló Rodrigo López. Pese a esto, los funcionarios continúan en cautiverio.

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Además, esa misma facción del grupo armado secuestró, el pasado 17 de agosto en Norte de Santander a tres agentes de la Policía y a un civil: Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome. El secuestro ocurrió hacia las 12:30 del día, cuando los hoy secuestrado se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo. Según informaron las autoridades, varios hombres armados que se desplazaban en dos camionetas los interceptaron y los secuestraron.

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Desde 2013, Colombia vive una crisis carcelaria que todavía está lejos de superarse. Este 4 de noviembre, durante una audiencia pública de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la Corte Constitucional conoció un panorama marcado por el hacinamiento, las deficiencias sanitarias, las dificultades para garantizar la alimentación y los retrasos en la construcción de nuevos establecimientos. La diligencia, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, buscaba establecer qué han hecho las autoridades para cumplir las órdenes impartidas por el alto tribunal y cuáles son los obstáculos que impiden garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. La discusión también incluyó la situación de quienes permanecen durante meses en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), pese a que estos lugares fueron concebidos para detenciones temporales. El diagnóstico dejó en evidencia que las vulneraciones no se limitan a la falta de espacio.

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Uno de los datos más preocupantes fue presentado por el propio magistrado Ibáñez, quien expuso que los centros de detención transitoria del país albergan a 18.824 personas, pese a que su capacidad es de apenas 9.686. Según dijo, esto representa una sobreocupación de 9.138 personas y un índice de hacinamiento del 94,34 %, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional con corte al 24 de agosto de 2026. De quienes permanecen en estos espacios, 17.292 superaron el límite legal de 36 horas de detención y 674 tienen condenas en firme. El togado reconoció que el indicador ha disminuido frente a los niveles superiores al 134 % registrados años atrás, pero advirtió que sigue siendo una cifra escandalosa. En sus palabras, se trata de una situación que constituye “casi que una tragedia humanitaria” y que se necesitan acciones urgentes de las autoridades. 

Sin embargo, no todo fueron cifras. En la audiencia también participaron personas privadas de la libertad. Por ejemplo, una mujer privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, denunció ante el alto tribunal problemas de higiene, alimentación y atención de la salud mental, entre otras fallas. Según relató, los alimentos que reciben presentan condiciones inadecuadas y, en ocasiones, llegan en mal estado. Al referirse a la comida, aseguró que los productos “llegan negros, por lo general”. La interna también puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a condiciones dignas dentro del establecimiento. Dentro de su intervención dijo: “cumplir una condena no significa dejar de ser persona”. 

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Otra intervención desde El Buen Pastor fue la de Diana Patricia Giraldo, una privada de la libertad, quien llamó la atención sobre la necesidad de garantizar verdaderos procesos de resocialización. Su planteamiento estuvo dirigido no solamente a las condiciones que enfrentan las personas durante su permanencia en prisión, sino también a las dificultades que encuentran cuando recuperan la libertad. Giraldo advirtió sobre los prejuicios y la estigmatización que acompañan a quienes intentan reincorporarse a la sociedad después de cumplir una condena. Su intervención puso de presente que la resocialización no puede limitarse a programas dentro de los establecimientos penitenciarios, sino que debe contemplar oportunidades para reconstruir proyectos de vida una vez termina la privación de la libertad. La discusión, por tanto, volvió a poner en cuestión uno de los propósitos centrales de la pena: preparar a las personas para regresar a la sociedad. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, también presentó los resultados de las inspecciones realizadas en 94 centros de detención transitoria durante 2026. Según la entidad, el 94 % de las personas privadas de la libertad en estos lugares supera el tiempo máximo legal de permanencia y el 59 % lleva más de tres meses bajo custodia en espacios que no están diseñados para estancias prolongadas. Marín identificó problemas de distribución de competencias y financiación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, especialmente para atender a las personas sindicadas. “El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) no persiste por una falta de diagnóstico”, señaló. Para la defensora, el problema está en que “la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte Constitucional con el goce efectivo de derechos se rompe en los eslabones que ya podemos identificar”.

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Según dijo la defensora, “la causa de fondo es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales tienen responsabilidades frente a la población sindicada, pero no cuentan con una fuente de financiación claramente definida”. Las dificultades de infraestructura también ocuparon buena parte de la discusión. El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, presentó el estado de cuatro proyectos penitenciarios que buscan ampliar la capacidad del sistema. La cárcel de Riohacha registra el mayor avance y tiene prevista su entrega para diciembre de 2026; la de Pereira presenta una ejecución cercana al 65 % y se proyecta para abril de 2027. Por su parte, el establecimiento de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, registra un avance del 87 %, pero su entrega está prevista para agosto de 2027, mientras que el de Barrancabermeja apenas alcanza el 41 % y estaría listo en 2028. Buitrago reconoció que la ejecución paralela de los procesos de construcción pudo incidir en los retrasos: “Esto no ha permitido que se entregue ninguno a su finalidad”. 

Frente a ese panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió los planes del gobierno de Abelardo de la Espriella para ampliar la infraestructura penitenciaria y anunció que se buscarán recursos mediante la venta de activos improductivos de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. El funcionario aseguró que la cárcel de Riohacha será entregada antes de finalizar noviembre y que se acelerará la terminación del establecimiento de Sabanas de San Ángel. Además, anunció que la administración proyecta la construcción de megacárceles y nuevos establecimientos penitenciarios. “Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró”, manifestó Cancino. El ministro también sostuvo que los proyectos de Riohacha, Sabanas de San Ángel, Pereira y Barrancabermeja contemplan 6.722 nuevos cupos para la población privada de la libertad. 

A su turno, el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, planteó que la solución tampoco puede concentrarse exclusivamente en construir más cárceles o aumentar las penas. Durante su intervención cuestionó el populismo punitivo y pidió revisar la política criminal del país, especialmente las decisiones que terminan incrementando la población penitenciaria sin garantizar condiciones adecuadas de reclusión ni alternativas para la resocialización. “Nada hacemos con ese populismo punitivo de aumentar las penas”, afirmó. 

La audiencia dejó sobre la mesa una conclusión: pese a las órdenes judiciales, los anuncios gubernamentales y algunos avances territoriales, Colombia continúa sin resolver las fallas estructurales que dieron origen al Estado de Cosas Inconstitucional. La situación de las estaciones de Policía y las URI evidencia que las responsabilidades entre la Nación y los municipios siguen sin traducirse en soluciones suficientes, mientras que las obras penitenciarias avanzan con retrasos y las personas recluidas denuncian vulneraciones que afectan su dignidad. Por ahora, la jornada permitió contrastar las promesas institucionales con la realidad de quienes permanecen privados de la libertad. El desafío sigue siendo convertir las órdenes judiciales en garantías efectivas de derechos.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la estocada final a la paz total del expresidente Gustavo Petro. Sin oportunidades de negociar y sin reconocimiento político, los grupos criminales ahora solo podrán acogerse a una ley de sometimiento que ofrece algunos beneficios judiciales, como rebajas de penas a cambio de entregar bienes, armamento y rutas ilegales. Todo esto sin que se suspendan las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición. Así quedaron fijadas las reglas del juego en el articulado que discutió y aprobó el Congreso, a contrarreloj, en la noche del 3 de noviembre y que regirá durante los próximos cuatro años. Para expertos en conflicto y seguridad, la ley genera dudas sobre su viabilidad a raíz de la falta de incentivos y la contrapropuesta de “mano dura” del Ejecutivo.

La premura para sacar adelante el proyecto que fue radicado el pasado 13 de octubre ante el Congreso recae sobre el plazo para modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, que establece la política de orden público, que vencía este 4 de noviembre. Con algunas modificaciones en el texto original, la Cámara de Representantes, con 95 votos a favor, y el Senado, con 57 votos a favor, aprobaron la ley. En esencia, los 30 artículos le apuestan a un sometimiento en el que las organizaciones criminales obtengan garantías, pero sin negociar. El mensaje es claro: quien no se someta, se enfrentará a la estrategia de seguridad del gobierno De la Espriella, que es la ofensiva total.

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Uno de los principales cambios que tuvo la ley es sobre la pena que deberán cumplir los “Actores Armados Ilegales o Terroristas”, como los denomina el documento, que hayan participado en delitos como el lavado de activos. Para acceder a los beneficios contemplados, el tiempo de privación efectiva de la libertad pasó de uno a seis años. Otra de las modificaciones es que los miembros de grupos criminales que estén en prisión van a poder acogerse a la justicia, pero quienes estén condenados por reclutamiento de menores quedarán descartados. La ley también le quita al gobierno la posibilidad de usar recursos de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y los departamentos y municipios no pagarán los gastos de los procesos de sometimiento. 

Las condiciones 

Para que los actores armados ilegales accedan a la ley de sometimiento, no basta con expresar su intención. Tendrán que suscribir actas colectivas e individuales con plena identificación de todos sus integrantes. Además, tendrán que entregar a las personas secuestradas, las víctimas de trata, los niños reclutados, así como información completa sobre personas dadas por desaparecidas, para encontrar sus restos. También tendrán que dejar todas las actividades ilícitas, como la explotación de minas, y entregar maquinaria, insumos y bienes utilizados para esos fines. Asimismo, tendrán que comprometerse con el desmantelamiento y la entrega de información de su grupo, como fuentes de financiación, rutas, bienes y áreas de influencia. A todo eso se suma la entrega total de su armamento. 

Luego, cuando se hayan verificado todas las condiciones anteriores y el proceso de sometimiento inicie, los grupos criminales tendrán que demostrar compromiso y participación. También tendrán que colaborar con relatos exhaustivos, detallados y veraces sobre sus conductas y reconocer plenamente la responsabilidad. Deberán identificar, declarar y entregar todos los bienes en su poder, realizar trabajos restaurativos como erradicación de cultivos, desminado y recuperación ambiental. Además, tendrán que contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En caso de que incumplan alguno de estos requisitos o que un actor armado ilegal cometa nuevos delitos, les revocarían todos los beneficios.

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Para María Camila Moreno Múnera, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), a la ley de sometimiento, como la aprobó el Congreso, le hace falta equilibrio entre sus requerimientos y los beneficios que ofrece, para que los grupos ilegales se acojan. “No creo que realmente existan muchos incentivos para que se sometan. Si bien la reducción de la pena y los beneficios para la libertad condicional son razonables y podrían, eventualmente, ser interesantes para los grupos, el problema son las condiciones que les ponen incluso para acceder al proceso desde el principio. Son excesivas y no están pensadas en una lógica de gradualidad. Es todo o nada desde el principio. Eso no es realista ni viable”, explicó.

Los beneficios 

Para quienes cumplan con todos los requisitos y condiciones, la ley contempla un tratamiento penal diferenciado que consta de una rebaja del 50 % de la pena, según los aportes de verdad y la reparación de las víctimas, así como las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales. A estos tratamientos no podrán acceder los condenados por reclutamiento ilícito, pero el actor armado ilegal o terrorista que reclute menores de edad después de la puesta en marcha de esta ley podrá acceder a una rebaja de pena que no excede el 10 % para quienes hayan ejercido funciones de mando y del 30 % para los demás integrantes. Según el documento, la medida de aseguramiento se podrá cumplir en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas.

Sobre la libertad condicional, la ley señala que se podrá aplicar desde las 4/5 partes de la ejecución de la pena efectiva. Asimismo, con la entrega de información adicional sobre desaparecidos, fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, la libertad condicional se aplicará a las 2/5 partes de la ejecución de la pena. “Después de un año se podrá suspender condicionalmente la ejecución de la sanción a integrantes que no ejercieron rol de mando. Quienes se presenten en los primeros 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumplan con la totalidad de requisitos y no tengan un rol de mando en la organización, podrán tener derecho a la suspensión de la ejecución de la pena desde el momento en que se dicte la sentencia”, se lee en el documento. 

El gobierno ha sido claro en que la ofensiva total estará dirigida a los grupos ilegales que no se sometan. Para Kyle Johnson, investigador y cofundador de Conflict Responses, esa estrategia podría ser un arma de doble filo. “El cálculo del gobierno presupone que se les golpeará tan duro militarmente que querrán someterse bajo cualquier condición. Sin embargo, la experiencia de los últimos dos gobiernos demuestra que golpearlos militarmente no es tan efectivo. Se requería un marco más flexible y balanceado. Pero en la coyuntura actual nadie asumirá el costo político de flexibilizar la norma. En consecuencia, se ha construido una ley motivada por proyectar una postura inflexible ante la criminalidad, lo cual configura un evidente error de cálculo político”, explicó en una reciente entrevista.

Para los expertos, esta nueva ley de sometimiento que estará vigente en lo que resta del gobierno de De la Espriella podría jugar un revés a la estrategia de seguridad. Es decir, que en lugar de lograr un sometimiento colectivo a gran escala de estructuras ilegales completas, se acojan frentes menores que no representan un peso importante en el mundo criminal. Asimismo, los investigadores apuntan a que, a raíz de la falta de incentivos, los actores armados ilegales podrían optar por seguir combatiendo. Lo cierto es que la ley, que está para sanción presidencial, pondrá a los grupos armados a elegir un lado del tablero: someterse a la justicia o librar una guerra directa contra el Estado.

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En la tarde de este 4 de noviembre, el Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado declaró penalmente responsable a un auxiliar de Policía por el delito de homicidio culposo. Los hechos están relacionados con la muerte de otro uniformado, ocurrida el 15 de febrero de 2026 en la Escuela de Policía Antonio Nariño, ubicada en Soledad (Atlántico).

De acuerdo con la decisión judicial, los hechos se registraron mientras el auxiliar procesado prestaba servicio de seguridad como centinela de la garita Apolo 2. "Durante la manipulación indebida de su arma de dotación se produjo un disparo que impactó al auxiliar de Policía Miguel Ángel González Herrera, quien falleció como consecuencia de las lesiones sufridas", se lee en el comunicado emitido por la Justicia Penal Militar.

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Según el documento, el juzgado estableció que el auxiliar de Policía incumplió las instrucciones y reglas de seguridad impartidas para el manejo de armas de fuego. Entre estas se encontraban no llevar cartucho en la recámara, no desenfundar ni manipular el arma sin necesidad del servicio y mantener el dedo fuera del disparador mientras no existiera una decisión legítima de disparar.

Tras la aceptación de cargos y la valoración del material probatorio, el juzgado le impuso una pena de 16 meses de prisión, equivalentes a un año y cuatro meses. Asimismo, una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de COP 23 millones.

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El uniformado también fue privado del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. De esta manera, fue declarado responsable, en calidad de autor y a título de culpa, por el homicidio culposo del también auxiliar de Policía González Herrera.

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Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó), se desplazaron de manera forzada durante la tarde del domingo 1 de noviembre. La Defensoría del Pueblo atribuyó su salida al temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados del Eln y el Clan del Golfo.

Entre las personas desplazadas hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información de la entidad, la comunidad permaneció los primeros días en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente. El pasado 3 de noviembre, sus integrantes lograron llegar a la cabecera municipal de Nuquí, donde permanecen en el coliseo.

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La emergencia ocurre dos días después de que la Defensoría advirtiera sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, mediante un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 9 de 2024. Ese pronunciamiento se produjo tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.

Una de las víctimas fue Ramiro Forastero, líder indígena que se desempeñó como gobernador del territorio indígena de Villa Nueva Jurubidá. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), él y su hijo, Elmer Forastero, fueron secuestrados el 24 de octubre y sus cuerpos fueron encontrados el 28 del mismo mes.

Indepaz registró su muerte como el asesinato número 132 de un líder social en lo que va del año. Estos hechos también habrían provocado el desplazamiento de las 500 personas del pueblo indígena Emberá Dobidá.

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La Defensoría advierte que la situación ha generado afectaciones a comunidades indígenas y afrodescendientes, entre ellas confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos de reclutamiento de menores. Según la entidad, la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Eln pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los habitantes.

A la entidad le preocupa, además, que el desplazamiento se extienda. De acuerdo con la información conocida, la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando salir ante la inseguridad. La Defensoría considera indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias abandonen sus territorios.

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen de manera articulada. Les solicitó garantizar la atención humanitaria inmediata a las familias desplazadas, con alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con enfoque étnico y diferencial.

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También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección para garantizar un traslado seguro, cuando las condiciones de seguridad y navegación lo permitan, y activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado, en coordinación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras. Finalmente, exigió medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en sus territorios, en especial Puerto Indio.

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Comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, intentar comunicarse con la familia, estar desmoralizados, quedar embarazadas, querer retornar a sus hogares, negarse a torturar secuestrados o a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café. Esas son algunas de las razones en las cuales la antigua guerrilla de las Farc fundamentó los asesinatos de al menos 62 menores de edad en el país.

Así lo documentó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este 4 de noviembre imputó a nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en contra de menores. La imputación hace parte del caso 07 de la justicia transicional, que investiga el reclutamiento de niñas y niños por parte de ese grupo ilegal. La relatora es la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, quien comunicó la decisión.

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La decisión estudió crímenes cometidos en dos patrones criminales. El primero corresponde a malos tratos, torturas y sentencias, ejecuciones y juicios sin garantías, cometidos contra niñas y niños reclutados por esa guerrilla. Por otro lado, la decisión les imputa crímenes relacionados con violencias reproductivas cometidas contra niñas reclutadas. Las cifras y los relatos de lo que encontró la JEP son desgarradores: al menos 104 menores fueron torturados y 28 sometidos a tratos crueles y degradantes.

Otros 208 menores de edad fueron víctimas de condenas y ejecuciones extrajudiciales. Otras 218 mujeres fueron objeto de violencias reproductivas en 356 hechos criminales. La diferencia entre el número de víctimas y de hechos documentados, según la JEP, responde a que algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas. "De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la sala concentró su análisis en estos casos", se lee en la imputación a los exguerrilleros.

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Los imputados hicieron parte de los bloques Noroccidental, Sur, Caribe y el Comando Conjunto Noroccidental: Rodolfo Restrepo Ruiz, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Ángel Alberto García Sánchez, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Edgar López Gómez y Abelardo Caicedo Colorado. Por este caso ya habían sido imputados seis exintegrantes del último secretariado de las Farc, que también hoy fueron citados a audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad en abril de 2027.

La JEP estableció que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las antiguas Farc, con un pico de hechos entre 1996 y 2016 y picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Estos crímenes ocurrieron en todo el país, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e involucraron a todos los bloques de la antigua guerrilla. Quienes habían sido imputados hasta ahora están investigados por su presunto rol de mando a nivel nacional. Pero esta imputación aborda los mandos de las Farc en las regiones.

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"Los patrones investigados e imputados en este nivel regional no fueron hechos aislados ni respuestas individuales desconectadas, sino que se desarrollaron en el marco de una organización armada jerarquizada, con un régimen de regulación y control de la vida intrafilas. En ese contexto de coacción permanente, la amenaza, el miedo, la vigilancia constante y la imposición de la obediencia operaron como mecanismos para anular la autonomía individual de las víctimas acreditadas en el caso", dice la decisión.

La investigación muestra que los mecanismos de violencia usados por la JEP buscaban que los menores reclutados cumplieran las órdenes que recibían sin oponer reparos y que los castigos por incumplimientos podían llevarlos, incluso, al fusilamiento. "En el caso de las violencias reproductivas, ese mismo entorno de coacción permitió imponer decisiones sobre los cuerpos y los proyectos reproductivos de las niñas", señala el documento presentado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

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La imputación expone que también hubo una "política de regulación de la vida intrafilas" marcada por "el control disciplinario sobre todos los aspectos de la cotidianidad, la supresión de la autonomía individual y del disenso, la prohibición de abandonar las filas, las profundas asimetrías de poder entre comandantes y guerrilleros rasos que generó arbitrariedades y reforzó privilegios de los mandos, y un ambiente permanente de amenaza e intimidación, reforzado por el adoctrinamiento ideológico".

Agrega la decisión: "La prohibición de abandonar las filas agravó este escenario. Según los relatos contrastados por la sala, las posibilidades de desvinculación eran mínimas y dependían de autorizaciones excepcionales. Quienes intentaban salir podían ser sometidos a malos tratos o, incluso, ser fusilados. Las amenazas contra las víctimas y sus familiares, el miedo a ser ejecutados y la vigilancia constante reforzaban la obediencia y reducían sus posibilidades de actuar autónomamente".

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La JEP documentó que al menos 214 víctimas relataron malos tratos, cargas y tareas que excedían sus capacidades físicas, así como situaciones de sufrimiento que, en algunos casos, estuvieron relacionadas con suicidios de niñas y niños. También 68 víctimas manifestaron haber sufrido malos tratos, graves sufrimientos y situaciones de riesgo para sus vidas durante los cursos básicos y especializados de formación militar. Y 81 víctimas relataron situaciones similares durante operaciones militares.

"Los niños y niñas fueron asignados a participar en operativos de secuestros y a prestar guardia a los secuestrados. Esta situación provocó un sufrimiento asociado al dolor de los secuestrados y sus condiciones durante el cautiverio. En otras ocasiones debieron presenciar las torturas infligidas a las personas privadas de la libertad cuando les hacían cavar huecos para su tumba y apuntar con fusiles para obtener información, e incluso, algunas víctimas manifestaron que debieron asesinarlos y enterrarlos ellos mismos", dice el auto.

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Los menores de edad que hacían parte de comunidades indígenas también sufrieron violencias diferenciadas por las cuales los exjefes de las Farc fueron llamados a reconocer responsabilidad. Integrantes de los pueblos indígenas Hitnü, Koreguaje, Barí, Sikuani, Cubeo y el Consejo Comunitario Consafro le dijeron a la JEP que "sus niños y niñas sufrieron gravemente en la vida intrafilas, ya que, por sus características culturales y físicas, fueron utilizados para labores que ponían en riesgo su vida".

"Aprovechar sus habilidades como nadadores, como le sucedió a una víctima del pueblo Cubeo, a quien obligaron a zambullirse en múltiples oportunidades en una cañada profunda para rescatar un cuerpo, incluso a profundidades de hasta ocho y diez metros. O, aprovechar que no hablaban español para llevárselos reclutados y entrenarlos, como le sucedió a niños y niñas del pueblo Hitnü, quienes 'fueron destinados a actividades de combate y, en determinados casos, llegaron incluso a integrar las denominadas primeras líneas de combate', sobre todo porque en los grupos armados existía la creencia de que los 'indígenas tenían una protección especial y que ‘no les entraban las balas'", se lee en el documento.

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Los menores, según la JEP, fueron sometidos a trabajos forzosos, como cavar trincheras y hacer viajes de leña; los sometieron a cursos de supervivencia que implicaban, durante 15 días, vivir solo de lo que encontraran en el monte. Sobre este primer patrón criminal, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó, en total, 104 torturas, 28 sometimientos a tratos crueles y 208 condenas extrajudiciales que incluyeron penas como el fusilamiento, en los casos de 62 menores de edad reclutados.

A eso se suma el patrón criminal relacionado con violencias reproductivas contra niñas reclutadas. Según la JEP, las Farc "implementaron una política formal de anticoncepción o control de natalidad que, en la práctica, derivó en la prohibición de la maternidad y la paternidad dentro de las filas". Esto implicó la exigencia del uso de métodos anticonceptivos, la práctica de abortos obligados, la entrega de menores nacidos en la guerrilla a terceros y dos casos de bebés recién nacidos que fueron asesinados.

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Según la investigación, 156 mujeres narraron que, cuando eran niñas, las obligaron a usar métodos anticonceptivos. A 15 de ellas las maltrataron por negarse. "La obligatoriedad de la anticoncepción anuló la posibilidad de otorgar un consentimiento libre e informado o de oponerse a los procedimientos", dice el auto. Otras 91 mujeres narraron que fueron sometidas a abortos forzados cuando eran niñas y el 26 % de ellas señaló que sufrieron dos o más procedimientos, para un total de 137 hechos de aborto forzado, 32 que incluyeron maltratos.

También dos bebés, hijos de víctimas de los bloques Oriental y Noroccidental de las Farc, que sobrevivieron a los abortos forzados, murieron al nacer y los hechos fueron calificados como asesinatos, por haber ocurrido "por falta de atención médica adecuada o por otras acciones, en el contexto de la prohibición de la maternidad dentro de las filas". Otros 11 menores fueron entregados a terceros. "Las madres no pudieron ejercer libremente la crianza y el cuidado de sus hijos, y fueron separadas de ellos por decisión de la organización", concluye la imputación.

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Una nueva captura relacionada con el magnicidio del senador Miguel Uribe se conoció este 4 de noviembre. Se trata de Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, señalado como presunto segundo jefe de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al servicio de alias “Iván Márquez”. Fue capturado en Caparrapí (Cundinamarca) por tropas del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, durante una diligencia de allanamiento.

Las autoridades señalan que la Segunda Marquetalia tendría presuntos vínculos con la planeación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando participaba en un acto político en Bogotá. Esta captura hace parte de las investigaciones judiciales que buscan establecer las presuntas responsabilidades de los integrantes de la organización.

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Según las autoridades, Castillo Duarte llevaba cerca de nueve años en la organización y tendría bajo su responsabilidad el direccionamiento de comisiones armadas y el control de las finanzas ilegales en la zona limítrofe entre Huila y Caquetá.

De acuerdo con información de inteligencia, era considerado uno de los principales articuladores de las redes de extorsión contra comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, asociaciones campesinas y contratistas de obras públicas. Esas actividades podrían representar ingresos cercanos a COP 1.000 millones mensuales para la estructura.

Las autoridades reconstruyen así su trayectoria: entre 2020 y 2021 habría integrado la comisión armada Fernando Díaz y luego habría asumido responsabilidades de mando. En 2024, tras la muerte de alias “Edwin Marín” en operaciones militares, habría llegado a ocupar la jefatura principal de la estructura. En 2026, con la llegada de alias “Mario” o “Doble Cero”, por disposición de la dirección de la Segunda Marquetalia, habría pasado a ser el segundo jefe de la Teófilo Forero.

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Entre los principales hechos que las autoridades le atribuyen está su presunta participación en el homicidio de tres personas en el sector de Villa Hermosa, en Florencia (Caquetá), en medio de una confrontación entre estructuras criminales. También se le señala de haber ordenado el homicidio de alias “Hernán Cuéllar”, a quien habría relacionado con la entrega de información que permitió ubicar a alias “Edwin Marín”.

A ello se suma su presunta responsabilidad en la orden de incinerar una ambulancia en el municipio de Hobo (Huila), vinculada al proyecto vial Ruta al Sur, como mecanismo de intimidación para exigir el pago de extorsiones. Las autoridades le atribuyen, además, el direccionamiento de homicidios, secuestros y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de Huila y Caquetá, mediante el control de comisiones armadas y redes de constreñimiento a la población civil.

Alias “Cristóbal Pérez” registra órdenes de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. También es señalado de tener conocimientos en fabricación, manejo e instalación de artefactos explosivos.

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El comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, señaló que la captura de Castillo Duarte representa una afectación a la capacidad de la Segunda Marquetalia en el “mando, control y articulación de las economías ilícitas, particularmente la extorsión y el secuestro, con las que esta organización ha sembrado temor en comunidades de Huila y Caquetá”.

Asimismo, agregó que las operaciones militares se fortalecen en “consonancia con los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), para debilitar las organizaciones criminales y proteger a los colombianos”.

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Ante la Corte Constitucional, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella está listo para construir más cárceles en el país para hacerle frente a la crisis carcelaria. El enuncio lo hizo en medio de la audiencia pública de seguimiento que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia. Aunque dijo que algunas de las cárceles empezaron a construirse en gobiernos anteriores, ellos entregarán las que están pendientes y le apuntan a centros penitenciarios de mayor escala.

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El alto tribunal convocó a la audiencia pública para hacerle seguimiento a la crisis carcelaria por la cual se declaró el Estados de Cosas Inconstitucionales (ECI), es decir, de graves vulneraciones a los derechos fundamentales, desde 2013. Dentro de lo dicho por el alto tribunal, es que la tasa de hacinamiento se encuentra actualmente en el 94,34 %. Sin embargo, que es una cifra que ha bajado comparándola con la de hace tres años, cuando superaba el 134 %.Según explicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el sistema tiene una capacidad para 9.686 personas, pero actualmente alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 personas.

A su turno, el jefe de la cartera de Justicia dijo que el gobierno busca financiar nuevas prisiones a través de la venta de activos improductivos de la Nación, para lo cual ya se está haciendo un inventario y se coordinará con el Ministerio de Hacienda. Por fuera de la audiencia, el ministro dijo a los medios que están próximos a terminar de construir cárceles que venían avanzando desde administraciones pasada. "La cárcel de Riohacha se va a entregar antes de que termine noviembre y la cárcel de La Sabana se va a entregar mucho antes de la fecha. Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró", dijo.

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De igual manera, sostuvo que "el presidente lo que va a hacer es terminar lo que en cuatro años no fueron capaces de terminar, así que se va a cumplir, se van a presentar resultados y pronto se van a presentar ya los anuncios del inicio de la estructuración y futura construcción de las megacárceles anunciadas en el plan de gobierno del presidente Abelardo Espriella".

Por otra parte, se refirió a la seguridad y corrupción en los penales. Cancino expresó que "el señor del director del Inpec ha coordinado megaoperativos en varias cárceles encontrando resultados. Obviamente que tendremos tenemos que llegar a la meta de no tener que hacer megaoperativos porque no van a presentarse ninguna de esas situaciones y eso es una meta a corto y mediano plazo. Este gobierno no va a permitir ningún acto irregular o de corrupción ni en las cárceles ni en ningún otro sitio. Hecho que se conozca, hecho que se toma la decisión de iniciar los procesos administrativos, compulsar las copias, obviamente el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros no nos quedamos en promesas, sino que hacemos y damos resultados".

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