Cinco meses tardó la justicia en resolver el caso de Juliana Guerrero Jiménez. El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía logró un preacuerdo con quien buscaba llegar con títulos falsos al Viceministerio de las Juventudes de la cartera de Igualdad del gobierno Petro. Luego de imputarle cargos el 26 de marzo de 2026, por el delito de fraude procesal, la joven aceptó que sí presentó documentos falsos ante la Presidencia para llegar al cargo y, por eso, fue condenada a tres años de cárcel. Esa agilidad, sin embargo, es lo que le ha faltado a un caso muy similar que lleva años en los anaqueles de la Rama Judicial sin mayores avances. 

Se trata del proceso en contra del exsenador Julián Bedoya, del Partido Liberal, que arrancó en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por el delito de fraude procesal, justamente el mismo por el que esta semana fue condenada Guerrero. Según el expediente, el excongresista habría presentado y aprobado 16 exámenes en tan solo cuatro jornadas para recibir el título de abogado. En ese momento se supo que Bedoya había regresado a esos supuestos estudios luego de 10 años de haber dejado la carrera suspendida. Los detalles del caso se supieron en 2019 y, desde ese momento, las directivas de la universidad solicitaron revocar el título.

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Y así fue, la Facultad de Derecho de esa institución educativa consideró inválido el título y el 11 de abril de 2021 lo suspendió al considerar que su plan de estudios no era aplicable para conseguir el grado de abogado. Durante 20 meses, la Sala de Instrucción de la Corte recopiló una montaña de pruebas contra el exsenador y llegó a una conclusión clara: el político debía ser investigado como posible determinador de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Sin embargo, en agosto de 2022, Bedoya perdió su fuero como congresista y al alto tribunal no le quedó más que enviar el expediente a la Fiscalía.

Allí, el proceso entró en otro laberinto. El primer fiscal al que le correspondió revisar la investigación resolvió que no había mérito para investigarlo. Una determinación completamente contraria a la que había llegado la Corte Suprema. Sin embargo, un juez no estuvo de acuerdo y le ordenó al ente investigador que siguiera con las pesquisas contra el exsenador. Fue así como en junio de 2024, la Fiscalía llamó a juicio a Bedoya. Desde entonces, el proceso no ha avanzado y varias instancias han denunciado dilaciones por parte del excongresista que habrían servido para empujar el expediente a la prescripción.

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Quien más ha insistido en esas presuntas maniobras dilatorias es la defensa de la Universidad de Medellín, Juan Camilo Bolaños, que está acreditada en el proceso como víctima. Desde hace meses, le ha pedido al Tribunal Superior de Bogotá acelerar las audiencias porque uno de los delitos estaría próximo a prescribir. Es más, en mayo de este año, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó cambiar al fiscal por la falta de celeridad. Además de las advertencias de Bolaños, el propio tribunal ha hecho lo mismo frente a lo que describió como una presunta estrategia desplegada por la defensa de Bedoya para dilatar el proceso penal.

En varias ocasiones, explicó esa instancia judicial, el exsenador ha pedido la nulidad del proceso alegando supuestos vicios en las pesquisas. Para el tribunal, ese tipo de solicitudes podrían constituir “un uso dilatorio del derecho de defensa, orientado a prolongar de manera artificiosa el trámite y a generar el riesgo de que opere el fenómeno extintivo de la acción penal”. Pese a esas alertas, la investigación a Bedoya sigue sin avanzar y la justicia ni siquiera ha logrado iniciar el juicio en su contra. El exsenador nunca ha reconocido su responsabilidad por los delitos que se le investigan.

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En contraste, el pasado 9 de septiembre, Juliana Guerrero tuvo que reconocer ante un juez penal de conocimiento de Bogotá: “Realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”. Asimismo, pidió disculpas: “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme o para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, aseguró.

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Mallama es un municipio del departamento de Nariño con 9.492 habitantes. Entre los años 2024 y 2025, no registró ni una muerte violenta, así lo repetía el alcalde Giovanny Muñoz en los encuentros de la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Frente Comuneros del Sur (FCS). La resolución ejecutiva 365 de 2026 del presidente Abelardo de la Espriella anunció la terminación de la mesa de diálogos de paz “entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del Grupo Armado Organizado al margen de la ley autodenominado Frente Guerrillero Comuneros del Sur”.

Así mismo, el gobierno actual derogó las resoluciones que soportaban el plan activo de paz.

¿Cuáles avances se pierden tras el cierre de esta mesa de diálogo, sometida a mecanismos de verificación? ¿Qué implica el incumplimiento de lo pactado entre las partes y la reactivación de las órdenes de captura con fines de extradición de Gabriel Yepes, alias “HH”, jefe del Frente Comuneros del Sur (FCS)?

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El FCS es un grupo armado que opera desde 1992, se independizó del Eln en un contexto de tensión interna entre el Comando Central y Gabriel Yepes, quien, desde 2022, había solicitado participación directa en la mesa nacional de diálogo con el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.  En agosto de 2023, el FCS planteó una propuesta de desminado humanitario y búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Nariño, donde se concentra su presencia. Con el nombramiento de Otty Patiño como Consejero Comisionado de Paz y la elección popular de Luis Alfonso Escobar a la gobernación, comenzó a materializarse la idea de convertir a ese departamento en Región de Paz en el marco de la Ley de Paz Total. Carlos Erazo, excomandante del M-19, fue el jefe de la delegación por parte del gobierno y Yepes la contraparte, en representación de entre 400 y 450 combatientes.

“La base social del grupo con sus milicianos es mucho más grande. La forma como se expresa el poder territorial del FCS es muy “elena”: un sector social muy amplio profesa su ideología “camilista” (del sacerdote Camilo Torre), no forma parte de la estructura militar”, afirma Andrei Gómez Suárez, académico, investigador y exnegociador del gobierno Petro. Sobre las perspectivas seguridad que significa la clausura de la mesa de diálogo, El Espectador habló con Gómez Suárez.

¿Cuál es el dominio territorial del FCS?

El centro de operaciones había sido Samaniego (Nariño), siempre buscaron construir corredores que los llevaran hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador. De los diez municipios donde han operado —Samaniego, Los Andes Sotomayor, La Llanada, Providencia, Santacruz de Guachavés, Cumbal, Guachucal, Ricaurte, Mallama y Barbacoas—, algunos son compartidos: en Barbacoas y Ricaurte hay presencia de las disidencias de Farc. Mallama, Samaniego, La Llanada y Santacruz de Guachavés son su corazón histórico. La inteligencia ecuatoriana menciona presencia más allá de la frontera.

¿Qué tipo de acciones caracterizan al FCS?

Ha tenido una imagen negativa por su campaña en contra de alcaldes (…) son reconocidos en el departamento por su impacto en la economía, por ejemplo, en la zona de Guachucal hicieron mucha extorsión en el sector lechero. Quizás la acción más recordada es la masacre (de ocho jóvenes) ocurrida el 15 de agosto de 2020. El gobierno de Iván Duque los acusó de haberla realizado. Más allá de eso, en las comunidades hay un reconocimiento del FCS, un 80% de sus miembros son indígenas (etnia pastos).

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¿Cómo se financia el FCS?

FCS logró establecer unos corredores de movilidad hacia el Pacífico, eso les permitió tener muchos ingresos gracias a las economías del narcotráfico. Ellos dicen que cobran “impuestos revolucionarios”, pero la información de fuentes de inteligencia es que tienen laboratorios. El FCS lo niega. Han recibido ingresos por alianzas con narcotraficantes o porque colaboran en los laboratorios de cocaína. Por otro lado, la minería ilegal ha empezado a crecer. Los Andes Sotomayor es un municipio de mucha minería de oro. Mallama y Samaniego también tienen oro. Hay una relación muy ambigua con la minería ilegal porque muchas de las personas que son pudientes en estos municipios participan informalmente en la minería ilegal. Son políticos, gente de la sociedad de muchos de estos municipios que terminan siendo concejales, alcaldes. En un municipio como Los Andes Sotomayor la gente vive de la minería artesanal, ahora le están metiendo dragas, maquinaria amarilla: esa es la complicación. El FCS ha logrado regular esa vaina y les ha permitido tener un reconocimiento.

¿Qué le exigió el gobierno Petro a FCS? ¿Qué ofrecía ese grupo armado?

Ellos ofrecen un cese al fuego unilateral, un protocolo de desminado humanitario para que un operador internacional certificado haga el desminado. Esa comisión empieza a visitar el territorio, con múltiples actores como el Ministerio de Defensa, Acción Integral contra Minas, miembros del FCS, alcaldes, gente que nos decía nos sentimos encerrados, queremos recuperar nuestros territorios. En julio del año 2024 entré yo y se generó un primer encuentro con participación de las comunidades. Surge la idea de trabajar en tres líneas: Desescalamiento urgente de las violencias que vaya en línea de hacer realidad el desminado humanitario; las transformaciones territoriales e inversión del Estado y el tránsito de comuneros hacia la ciudadanía plena.

¿Quién verificaba el cumplimiento de los compromisos?

Los acompañantes de esta mesa eran la Iglesia católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Embajada del Reino de los Países Bajos. Nosotros montamos los grupos de trabajo.

¿Cómo se hizo seguimiento?

Una secretaría técnica con informes mensuales, relatorías y asistencia a todas las reuniones. Esto lo termina haciendo Rodeemos el Diálogo, una organización de la sociedad civil creada en 2012 que hizo un monitoreo en tiempo real. En el eje de transformaciones territoriales se hace seguimiento a proyectos productivos, a las inversiones en el territorio. Se invirtieron más de medio billón de pesos en el transcurso de los dos años. Terminamos de construir carreteras que estaban inconclusas, placas huella, acueductos, se mejoraron escuelas y se montó una sucursal de la Universidad de Nariño en Barbacoas. La gerencia de proyectos permitió de alguna manera articular esa sincronización entre los ministerios, la Gobernación de Nariño y a veces la cooperación internacional y ciertos fondos para hacer realidad algunos proyectos.

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¿Estos compromisos eran de gobierno o de Estado?

Nosotros como delegados de gobierno nacional representamos a un presidente, representante del Estado colombiano. La Ley de Paz Total reconoce que la paz debe ser una política de Estado y que las instituciones están obligadas a implementar los acuerdos parciales que se iban logrando. Para nosotros son acuerdos de Estado en el sentido de que este es el que asume la responsabilidad. En esa mesa logramos firmar 12 acuerdos parciales. Once empezaron a implementarse; uno, no. El que no se implementó fue el acuerdo sobre cese al fuego bilateral, porque quedó condicionado a que el FCS empezara su tránsito hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Como eso no ocurrió, durante dos años tuvimos un profundo desescalamiento de las violencias por una acción de cese al fuego unilateral por parte de FCS:  no atacó a la fuerza pública y adoptó una postura defensiva.

Explique más en detalle el papel del Estado en el territorio…

No era una presencia negociada con el actor armado, era una responsabilidad del Estado llegar y hacer presencia institucional. Si el actor armado había impedido durante muchos años el ingreso de la institucionalidad, lo mínimo era que, para ver las transformaciones territoriales, el Estado pudiera entrar. Para asegurar esas inversiones reunimos a los diez secretarios de planeación de los municipios priorizados, nos mostraron sus planes de desarrollo, las obras estratégicas que iban a permitir que la paz arrancara en el territorio.

¿Qué exigieron ustedes para el abandono de financiación ilícita?

En el tema de la coca firmamos un acuerdo en el cual creamos una subcomisión técnica con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la Presidencia. Firmamos un acuerdo en el que nos propusimos sustituir cinco mil hectáreas de coca, priorizando en particular Samaniego, que tenía 700 hectáreas, y Ricaurte. Antes de que se acabara el gobierno del presidente Petro, aseguramos la sustitución de mil hectáreas.

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El presidente De la Espriella prometió reiniciar la fumigación aérea.

Él dice que lo hará con productos que son inocuos, que no tienen mayor daño a la salud. La gente en Nariño tiene gran preocupación con la fumigación aérea por la experiencia del pasado que tuvo un impacto en la salud de mucha gente y lo primero que hacen es decirte no. Desde antes de que llegara De la Espriella, la gente estaba muy jugada con hacer sustitución de cultivos. Ha habido una crisis de la coca y es una cosa paradójica: se han expandido los cultivos, porque la coca ya no deja la plata que dejaba antes, entonces la gente trata de cultivar más para recibir más ingresos. El precio de la coca estaba por el piso. Gran parte de la negociación partía de la petición de dar un par de años a la gente para sobrevivir y pasarse al cacao o al café. Se quieren salir de esa vaina. Yo creo, por un lado, que se van a oponer mucho a la política del gobierno y esto puede tener la perspectiva contraria: nos van a empezar a fumigar, ahora vamos y sembramos en otra parte para poder sobrevivir. Realmente se ha avanzado mucho en que la gente haga sustitución de cultivos. En esos diez municipios llegamos a mil hectáreas.

¿Y sobre minería de oro?

No firmamos acuerdo. La aproximación fue distinta, pues considerábamos que lo teníamos que resolver vía la creación del distrito minero, que era una política del gobierno nacional. Entonces se combinan dos cosas: el ministerio de Minas define que se van a hacer tres distritos mineros, dos de ellos en los diez municipios priorizados; y el proceso de concertación, porque no todo el mundo quiere la minería y muchos prefieren que esté ilegal. Buscábamos una delimitación de los distritos mineros, que se creara una comisión intersectorial que tuviera que definir el plan de acción y se debía aprobar con consulta previa. La idea era que, una vez quedara formalizado el distrito minero, esto quedara en manos de las comunidades. El distrito minero quedó formalizado y delimitado. Se estaba trabajando en el plan de acción que no se ha ejecutado.

¿Qué pasará con los mecanismos de verificación?

Recordemos que la MAPP-OEA se crea en el proceso con los paramilitares, desde ahí ha estado haciendo monitoreo de la situación en territorio. Álvaro Uribe la crea, Juan Manuel Santos e Iván Duque la sostuvieron. Petro hizo lo mismo con el acompañamiento de varias de las mesas. En eso llega Abelardo de la Espriella. ¿Qué va a pasar? Creo que queda abierta la pregunta, pero durante el gobierno del presidente Petro y los dos años que estuvo Donald Trump, la MAPP-OEA jugó un rol muy importante porque ellos tienen presencia territorial, conocen los diez municipios porque los transitaban cada ocho días en misiones, tiene un reconocimiento de las comunidades, los grupos armados los respetan y los dejan entrar a zonas vedadas para muchos actores institucionales. Su rol le sirve al Estado. Yo esperaría que durante este gobierno se pueda mantener.

¿Quedaron vigencias o dineros comprometidos?

Quedaron dineros comprometidos por parte de los ministerios para las transformaciones territoriales y hay donantes internacionales que tienen comprometidos recursos para que siga avanzando el desminado humanitario. El donante era de Estados Unidos, cuando llegó Donald Trump se congelaron los fondos y nos tocó salir a buscar donante internacional. Alemania empezó a apoyar, pero a la vuelta de un tiempo Estados Unidos descongeló los recursos. Tenemos hasta el año 2027 de vigencias para seguir haciendo desminado humanitario.

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Pero si el presidente reanudó los bombardeos…

¿Qué tanto de acción integral contra minas puedes hacer? Si empiezas a hacer bombardeos en un territorio, ningún operador entra donde el terreno está en disputa y hay confrontación directa. Nosotros, en promedio, dejamos un 50 % sin presunción de artefactos. Nos faltó el resto, pero es que era a dos años. Un municipio entero quedó declarado libre de minas. Ahí hay una tarea que es muy importante, que se tiene que continuar. Para eso están asegurados los recursos, pero se necesita que un gobierno diga sí seguimos.

¿Qué pasará con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas?

Nosotros recuperamos 43 cuerpos en el lapso de dos años. Esos cuerpos están en manos de Medicina Legal para su identificación. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene un presupuesto autónomo. En un contexto de confrontación armada, muy difícilmente el FCS va a seguir entregando información. Creamos un protocolo de acceso humanitario que le permitió a Reencuentros (organización de búsqueda formada por las exFarc) entrar a zonas y recuperar cuerpos. Reencuentros con la UBPD recuperaron diez cuerpos y tenían una proyección para cumplir con el mandato y también con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el macrocaso para Nariño. En un contexto de confrontación no se va a poder seguir dando.

¿Y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes?

Establecimos la subcomisión de niños, niñas y adolescentes que le entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la responsabilidad de hacer una caracterización en los diez municipios. Logramos avanzar en esa subcomisión. El FCS entregó un listado de 11 menores que fueron desvinculados de sus filas. A cinco de esos menores, el ICBF les generó una ruta de protección y empezó a trabajar con ellos. Eso se le tiene que entregar al país y toca saber qué va a pasar en clave de esa ruta de protección. Si el gobierno acaba este proceso de paz, ¿qué va a pasar con esa ruta de protección?

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hoy a cargo de D´Mar Córdoba Salamanca —contradictor de los procesos de paz—, tiene un compromiso con esta mesa de diálogo…

El acuerdo número seis estableció que el CNMH tenía que hacer un informe para entender los impactos del conflicto armado con el FCS, y ofrecer unas recomendaciones al Estado y la sociedad para una reconciliación sostenible en el largo plazo. El CNMH ya hizo la recolección, redactó el informe, pero no entregó el informe. En el CNMH está la partida presupuestal para que la impresión y el lanzamiento oficial de ese informe sea en octubre de este año. Ese informe lo están esperando las víctimas de los diez municipios que entregaron testimonios. Comuneros del Sur también ofreció versiones voluntarias. El FCS nunca firmó un acuerdo final, pero empezó a dar pasos muy claros de compromiso, desescalando las violencias y contribuyendo a la verdad. Ese informe recoge las versiones voluntarias del FCS, los testimonios de las víctimas y un diagnóstico de lo que pasó en ese departamento durante los últimos 30 años. El FCS reconoció responsabilidades de daños que le habían causado a la comunidad, ayudó con información para empezar a hacer lo que uno podría llamar reparaciones tempranas.

¿Qué hablaron sobre la seguridad jurídica de los líderes y combatientes, teniendo en cuenta de que hay al menos dos órdenes de extradición?

Tuvimos dos temas en los que fue muy difícil avanzar: la seguridad jurídica del FCS y la seguridad del territorio. Las órdenes de captura estaban levantadas por el gobierno Petro, pero están escondidos y hay dos órdenes de extradición: una contra
Gabriel Yepes Mejía y la otra contra Oliverio Porfirio Pai Rodríguez. La Corte Suprema de Justicia había autorizado la extradición de Yepes cuando el gobierno de Estados Unidos hizo la solicitud. En medio de la negociación, el presidente Petro suspendió la extradición por su voluntad de paz. La participación directa de Gabriel Yepes en las negociaciones fue fundamental para avanzar en el desescalamiento de las violencias, sustitución de cultivos, destrucción de una tonelada de material de guerra. Eso fue el cumplimiento del acuerdo número cuatro de la mesa y el material fue destruido por el Ejército de Colombia. Si uno quería ponerle una bomba a la mesa de negociación con Comuneros del Sur, era extraditar a Gabriel Yepes.

¿Qué le faltaba a la mesa para concretarse?

Nosotros firmamos el acuerdo número ocho para crear una Zona de Ubicación Temporal en Mallama, para poder activar también el cese al fuego bilateral y cerrar esta negociación. Debíamos firmar tres protocolos técnicos: cómo se iba a mover el FCS hacia la zona, cómo iba a funcionar y qué iba a pasar con las armas durante el tiempo que iban a estar allí. Adicionalmente, se estableció que había que hacer una consulta previa porque era la primera zona de este tipo que se iba a hacer en un resguardo indígena. La hicimos entre septiembre y diciembre de 2025, con seis asambleas en diferentes sectores del resguardo en las que participaron más de mil personas. Así protocolizamos la consulta previa y se definieron partidas presupuestales por parte de la Gobernación de Nariño y del Gobierno para hacer inversiones en el territorio.

¿Para usted qué es lo peor de clausurar esta mesa de diálogo?

En medio de esta negociación surgía un proceso de justicia restaurativa relacional. Si tumbas la mesa, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a estigmatizar a mucha de la gente que ha participado. Están llenos de temor. Nosotros dejamos en la mesa de negociación la Red de Mujeres Hilando Poderes, jugadas en los diez municipios por defender la paz territorial. Cuando no cierras una negociación, la violencia vuelve. Entonces, 2026 en Mallama arrancó muy complejo. Entre febrero y abril de este año asesinaron a más de siete personas, generando incertidumbre. En el municipio de Mallama, antes de la posesión del presidente, la fuerza pública dio de baja a Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo” o “El Gringo”, que había sido negociador del FCS.

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Después de tres aplazamientos, en la tarde de este 10 de septiembre la Fiscalía General de la Nación avanzó en la imputación de cargos en contra de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El hombre es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos porque, al parecer, habría intervenido de forma irregular en la asignación de millonarios contratos.

El caso está relacionado con el posible entramado de corrupción que, según el ente investigador, se habría tejido al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre los años 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde. La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero, aunque no tenía ningún cargo en la administración de Medellín ni en el AMVA, habría direccionado millones en contratos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

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Según la Fiscalía, para lograr intervenir en contrataciones sin firmar ningún documento y quedándose con cuantiosas comisiones, Miguel Quintero habría actuado a través de tres funcionarios del AMVA: el director, Juan David Palacio; el subdirector administrativo y financiero, Álvaro Alonso Villada García; y Vanessa Álvarez Restrepo, una contratista que trabajaba para la Subdirección Ambiental de la entidad. En el expediente también aparece Misael Alberto Cadavid, jefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Los funcionarios del búnker señalan que en junio de 2020 Miguel Quintero se habría reunido con Misael Alberto Cadavid y Álvaro Alonso Villada García en las instalaciones del AMVA, en Medellín, para negociar los términos de un trato ilegal en el cual buscaban direccionar seis contratos por COP 17.656. El objetivo era entregar kits de bioseguridad en medio de la pandemia de covid-19, pero habrían sido entregados a dedo por indicación del hermano del alcalde.

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"Existía un acuerdo destinado a obtener una contraprestación económica ilícita del 15 % del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado", señaló la fiscal durante la imputación. Agregó que inicialmente la coima era del 20 %, pero en la reunión de junio de 2020 lograron reducirla.

El ente investigador señala que la contratista Vanessa Álvarez Restrepo, al parecer, habría elaborado los estudios previos de esas licitaciones a pesar de que no estaba dentro de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para lograr el presunto direccionamiento irregular de los contratos. El vínculo entre los implicados, según la Fiscalía, se reflejaría en un chat de WhatsApp creado en 2020. Primero lo llamaron "Alternativos" y luego lo cambiaron a "Amigos".

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La Fiscalía sostiene que la información recuperada de esos chats daría cuenta de la forma en la que Miguel Quintero actuaba desde un rol de liderazgo para impartir órdenes en el marco del presunto entramado de corrupción. Según la Fiscalía, de las coimas del 15 % de los contratos, el hermano del hoy exalcalde se habría apropiado del 10 % y el exsubdirector Álvaro Alonso Villada García se habría quedado con el 5 %. Los pagos, además, se habrían hecho en efectivo.

“Una vez ingresaba cada pago del área metropolitana al Cuerpo de Bomberos, el monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas. En gran porcentaje por un valor de COP 50 millones, a nombre de varias personas. Dentro de estas, el señor Germán Osorio, quien era conductor y prestaba logística de varios servicios al cuerpo humano voluntario de Itagüí", indicó la fiscal del caso durante la audiencia de imputación.

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Agregó que Germán Osorio, al parecer, cobraba los cheques producto del ilícito en dinero en efectivo. "El dinero así obtenido era entregado al tesorero del Cuerpo de Bomberos, señor Juan Alberto Cardona Henao, quien ya fue imputado, o al propio representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid", expuso la funcionaria del búnker. De ese modo, al parecer, se habrían desviado COP 2.481 millones entre los años 2020 y 2023.

Según la Fiscalía, Miguel Quintero se habría apropiado de COP 1.387 millones y Juan David Palacio habría recibido alrededor de COP 600 millones. También fue mencionado Sebastián Ortega, hijo de una política del municipio de Bello, quien se habría quedado con COP 600 millones. Aunque los cargos fueron leídos por la Fiscalía, el juez suspendió la audiencia de imputación y se reanudará el próximo 14 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, para saber si aceptan o no los delitos.

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Cinco personas fueron capturadas por, presuntamente, haber lavado COP 2,3 billones provenientes del narcotráfico a través de empresas y criptoactivos. Las autoridades también tomaron posesión de 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (Antioquia) y cuyo valor estimado supera los USD 10,2 millones, como parte de un proceso de extinción de dominio que están adelantando.

Según la Fiscalía General de la Nación, las autoridades detectaron un entramado de empresas que, entre 2018 y 2026, habría utilizado movimientos bancarios por altas sumas de dinero, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.

El ente investigador detalló que el esquema habría iniciado con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultorías, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

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"Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios”, aseguró la Fiscalía. A esto se suman operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas.

Según el ente investigador, otra de las vías que presuntamente habrían empleado para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. “Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos”.

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La Fiscalía también detalló que el dinero que ingresaba al país a través del sistema financiero o de activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. “Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito”, aseguró el ente investigador.

Las personas detenidas son Hugo Daniel Giraldo Santamaría, quien sería el jefe de la organización; Carolina María Giraldo, quien estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de empresas fachada; y Janeth Catalina Cano Santamaría, quien, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales.

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También fueron detenidos Johan Mateo Ruiz Orijuela, quien habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa, quien sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Las capturas se realizaron en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA. También fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de COP 2.500 millones, fueron ocupados con fines de decomiso.

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La jueza 34 de familia de Bogotá emitió en la tarde de este 10 de septiembre una decisión con la que dejó en firme la medida preventiva de suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas en las que pueda haber presencia de menores de edad. El despacho rechazó una impugnación interpuesta por el presidente Abelardo de la Espriella, sus ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y los integrantes de la cúpula militar en contra de una orden del pasado 3 de septiembre que frenaba de manera parcial esas operaciones.

Esta decisión se conoce en medio del debate y los cuestionamientos al gobierno de De la Espriella por los bombardeos ordenados en las últimas semanas, en los cuales han resultado cuatro menores muertos. La primera operación fue el 10 de agosto, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), dirigida al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y dejó a un menor de 16 años muerto. Pocos días después, el 27 de agosto, hubo un segundo bombardeo contra las disidencias de las Farc comandadas por alias "Calarcá Córdoba", en Guaviare, en el que murieron dos menores.

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En medio de la polémica por los bombardeos, un ciudadano interpuso una acción de tutela que busca “frenar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”. El recurso fue admitido el pasado 3 de septiembre por una jueza de Bogotá que, además, ordenó como medida cautelar suspender inmediatamente cualquier bombardeo en zonas donde pueda haber presencia de menores de edad.

El presidente De la Espriella, los ministros Mora y Lara, el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; el general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército; el general Juan Jaime Martínez, comandante de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Javier Jaimes, comandante de la Armada, impugnaron la decisión de la medida cautelar. Pero la jueza 34 de familia la declaró improcedente porque, en su concepto, "no existen razones suficientes para revocar la medida decretada".

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La decisión, divulgada por La FM, señala que no es necesario "un grado de certeza" del calibre del requerido en un fallo de tutela para mantener la medida cautelar. Y que, por el contrario, lo ocurrido durante los bombardeos en Catatumbo y Guaviare sirve como fundamento para mantener la suspensión provisional de los bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad. Un asunto difícil de determinar porque, como lo han dicho expertos consultados por El Espectador, los grupos ilegales usan cada vez más a los menores como "escudos humanos" para evitar que las Fuerzas Militares puedan adelantar operaciones especiales como los bombardeos.

De igual forma, la jueza señaló que la medida cautelar no implica congelar por completo los bombardeos ni las operaciones militares. Tampoco es "una invasión de las competencias constitucionales del presidente de la República". Lo que le exigen al Gobierno Nacional es hacer verificaciones más detalladas y exactas, con información verificable, sobre la posible presencia de menores de edad en zonas en las que adelanten operaciones como los bombardeos.

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Sobre la responsabilidad de los grupos armados en el reclutamiento forzado de menores de edad para sus filas, la decisión de la jueza señala que, si bien están incurriendo en un delito al unirlos a sus filas con engaños o forzosamente y ponerlos en medio de confrontaciones y hostilidades, eso no le quita al Estado su deber de verificar las condiciones en las que se adelantan operaciones militares, en aras de la precaución y la protección.

Especialmente en el caso de los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional, la decisión señala que sus derechos "prevalecen sobre los derechos de los demás". Y agrega que cuando una operación militar se adelanta en sitios en los que hay información de posible presencia de menores de edad, las responsabilidades del Estado "adquieren especial intensidad" y deben ser asumidas como tal.

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El plan piloto para iniciar con la fumigación aérea de cultivos de coca iniciará en el departamento de Putumayo. Así lo confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado emitido este 10 de septiembre, en el que señalaron que para el desarrollo de esta actividad se cuenta con dos aeronaves AT - 802.

"La Dirección de Antinarcoticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento de Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental , controlada, limitada, temporal y evaluable", se lee en el comunicado.

Según detalló la Policía Nacional, este proyecto “permitirá generar información técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”.

Sin embargo, el documento de la Policía señaló que el plan contempla ciertos criterios y restricciones, por lo que no serán incluidas en la fumigación las áreas que presenten “condiciones especiales”, como comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y demás grupos sujetos a especial protección.

Además, se contempla la exclusión de zonas de protección ambiental y áreas protegidas, así como de aquellas asociadas con fuentes hídricas, ríos y demás áreas ambientales “sensibles”. También quedarán excluidos “aquellos territorios que, de acuerdo con la normatividad vigente y los estudios técnicos correspondientes, deban ser objeto de exclusión”.

En el documento, la entidad aseguró que esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización de un programa de aspersión aérea, “sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica, técnica, ambiental y operacional, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias”.

El pasado 9 de septiembre, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó poner en marcha, de manera provisional, la estrategia con glufosinato de amonio a través de la Resolución 7 de 2026. El documento, conocido por Valora Analitik, tiene fecha del pasado 18 de agosto y fue publicado en el Diario Oficial este martes 8 de septiembre.

El Consejo Nacional de Estupefacientes fue enfático en que el objetivo es obtener evidencia científica sobre su uso, pero aclaró que esto no significa una reanudación definitiva de la aspersión. Tras finalizar el plan piloto, se deberá presentar un informe para que el Gobierno autorice o suspenda definitivamente el programa de fumigación aérea de cultivos de coca.

La decisión se da luego de que, el pasado 28 de agosto, y tras 11 años de que Colombia le cerrara la puerta a la fumigación aérea con glifosato, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidiera reabrirla. Esto, a través de un decreto con el que el Ejecutivo derogó la resolución que, desde 2015, mantenía suspendida esta herramienta de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

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Por primera vez en la historia del país, un hombre acaba de ser enviado a prisión por zoofilia. Se trata de la primera persona judicializada en Colombia después de que en agosto pasado se expidiera la ley 2627 de 2026, conocida como la ley No más zoofilia. El caso tuvo lugar en Santander y se adelantan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el presunto delito de acceso carnal animal.

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De acuerdo con la Fiscalía, Edwin Lionicio Vélez Cardozo sería "responsable de atacar a una canina llamada ‘Luna’". Según las pesquisas que han adelantado, ella habría sido retenida por Vélez Cardozo el pasado 30 de agosto, en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí (Santander).

Al parecer, el hombre la habría trasladado hasta su lugar de residencia, donde presuntamente realizó actos sexuales con el animal. Producto del abuso, dice el ente investigador, "la canina presentó sangrado e inflamación en varios de sus órganos, además de cambios de comportamiento".

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Dentro de las afectaciones que evidenciaron las autoridades está la "disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas". Las pruebas apuntan a que "las acciones atribuidas a Vélez Cardozo ocasionaron problemas crónicos en la salud y la integridad física de ‘Luna’".

Por esos presuntos hechos, que siguen siendo materia de investigación, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), lo presentó ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

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A pesar de las pruebas presentadas por el ente investigador, el hombre, primer procesado por zoofilia en el país, no aceptó los cargos y un juez determinó que, mientras avanza el proceso en su contra, tendrá que cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.

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En la mañana de este jueves 10 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió confirmar la prórroga por un año de la orden de captura en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, hombre cercano al expresidente Gustavo Petro e investigado por ser, al parecer, el cerebro detrás del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión se conoce después de que la defensa de Carlos Ramón González, que pasó de estar en manos del abogado Iván Cancino (hoy ministro de Justicia del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella) a estar a cargo de un abogado de oficio, interpusiera un recurso de apelación en contra del fallo emitido el pasado 24 de marzo, con el que el propio Tribunal dejó en firme la orden de captura y la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Dapre.

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La Fiscalía había solicitado la prórroga de ambas órdenes en junio pasado, argumentando que su vigencia estaba a punto de vencerse y que aún no se habían hecho efectivas porque Carlos Ramón González está prófugo en Nicaragua desde el año 2024, luego de que estallara el escándalo de corrupción y el ente investigador lo involucrara en el expediente. Incluso, la Interpol había emitido una circular roja en su contra, pero fue revocada en abril pasado sin mayores explicaciones.

Al evaluar la petición de la Fiscalía y la apelación del exdirector del Dapre a la decisión de primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la orden de captura por un año más y decidió no pronunciarse en lo relacionado con la orden de captura en contra de Carlos Ramón González. La razón, según los magistrados, radica en que, como el exfuncionario aún no ha sido capturado, los términos de la medida de aseguramiento no han empezado a correr.

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"Aunque la existencia de una medida de aseguramiento significa ciertamente para el procesado intranquilidad y restricciones para desenvolverse, está claro que son cargas que el destinatario está en el deber jurídico de soportar (...) Esta situación no equivale en últimas a la privación efectiva de la libertad, que es, al final, el propósito de su imposición. Mucho menos en este caso en el que González Merchán goza a plenitud de su libertad en el país que lo acogió en asilo", dice la sentencia.

En ese sentido, Carlos Ramón González mantendrá vigente la orden de captura en su contra, al tiempo que la Fiscalía hace gestiones para que también sea reactivada la circular roja de Interpol. Sin embargo, solo hasta el momento en el que llegue a ser capturado empezarán a correr los términos correspondientes a la medida de aseguramiento interpuesta en la decisión de primera instancia. Y será solo en ese momento cuando se defina, si llegaran a vencerse los plazos, si se prorroga o no.

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Para la Fiscalía, lograr que el otrora alfil del expresidente Gustavo Petro se presente ante la justicia es clave para avanzar en las investigaciones por el caso de la Ungrd. Las pruebas y testimonios recopilados por los funcionarios del búnker y entregados por otros exintegrantes del anterior gobierno que negociaron con la justicia, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, apuntan a que las órdenes de sobornar a congresistas con recursos públicos habrían salido del Dapre.

Según el ente investigador, Carlos Ramón González habría ordenado entregar coimas y contratos de la Ungrd a congresistas, a cambio de que votaran favorablemente los proyectos del gobierno Petro en el Congreso, especialmente las reformas sociales y los créditos internacionales. Por eso es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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El exdirector del Dapre ha defendido su inocencia desde el principio y ha dicho que hay una supuesta persecución política y existe un posible montaje judicial en su contra. La Fiscalía ha dicho que Carlos Ramón González no tiene pruebas de tales denuncias y también ha cuestionado los argumentos con los que Nicaragua le dio luz verde a su asilo político, indicando que la investigación se originó a partir de las declaraciones y señalamientos sustentados de su presunta participación.

La lista de exfuncionarios que ya están siendo procesados por este escándalo es extensa. Entre ellos están, por ejemplo, los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; y el exdirector de la Función Pública, César Manrique. La lista la completan los exintegrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes hoy están tras las rejas.

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La justicia de los Estados Unidos buscaba desde hace tiempo a Silvio Mauricio Ospina Lemus, un colombiano señalado de ser el encargado de las finanzas de una red criminal dedicada al narcotráfico en ese país. El hombre, conocido con el alias de "Pedro", fue capturado y será enviado al país norteamericano para que responda por dos delitos relacionados con el tráfico de droga.

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La reciente captura de Ospina Lemus tuvo lugar en Cali (Valle del Cauca) en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijin de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, Ospina Lemus fue ubicado en una vivienda de la Ciudadela Calle Real de Pascancho, en la capital vallecaucana. Fue detenido en el lugar en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

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Esa instancia internacional lo busca por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Según el requerimiento, alias "Pedro" actuaba como bróker para una organización criminal de alcance trasnacional. En palabras sencillas, es que se encargaba de intervenir en las transacciones de cocaína.

Según detallaron las autoridades, estaba al frente de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía. Las pesquisas arrojaron que este hombre "se mantenía a la sombra y usaba tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros complejos para ocultar los recursos ilícitos".

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Por ahora, alias "Pedro" está a la espera de que se surtan todos los trámites diplomáticos y administrativos para ser enviado a los Estados Unidos. Mientras eso ocurre, el hombre está a disposición de la Fiscalía General.

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Ha pasado un mes desde que, en la mañana del 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4. Edificios enteros, casas y negocios se desplomaron por completo, dejando entre los escombros lo que alguna vez fueron hogares, lugares de trabajo y cientos de recuerdos. Medicina Legal registró las muertes de 331 personas y las cifras del Gobierno hablan de más de 284.000 afectadas.

Pero la tragedia no evitó que miles de personas en ciudades afectadas como Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) salieran a ayudar a quienes más lo necesitaban y a buscar vida bajo los escombros. Cientos de rescatistas voluntarios y de distintos organismos se volcaron a las calles para buscar a las víctimas del sismo. Muchos de ellos siguen ayudando, ahora de otras formas, porque sostienen que la tragedia continúa. El Espectador los buscó para reconstruir sus historias.

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Abigail Tovar García

Abigail Tovar García guardó en su corazón la esperanza de que entre los escombros del edificio Vanessa, de Cali, donde estuvo como voluntaria, se encontrara a alguien vivo. No ocurrió. “Nunca fue una opción quedarnos quietos. Estuvimos sacando escombros, ayudando en las filas. Fue un trabajo bastante duro. Lamentablemente, no se sacó a nadie con vida. Fueron unos 22 cuerpos recuperados”.

Desde entonces, no ha vuelto a pasar por el lugar donde estuvo durante aquellos días. “Según me dijo la psicóloga, me dio como un shock postraumático”. Tiene 30 años, es técnica en tránsito y seguridad vial y guarnecedora. Dice que el terremoto le enseñó al país que “hay personas maravillosas, dispuestas a pausar su vida para estar donde las necesitan”.

Mariann Sofía Arcos

Se llama Mariann Sofía Arcos, pero le gusta que la llamen Ría. Tiene 22 años y estudia Sociología y Artes Visuales en la Universidad del Valle, en Cali. El día del terremoto, cuando se aseguró de que su familia estuviera bien y dimensionó la magnitud de la tragedia, tomó su bicicleta y salió a repartir implementos por Cali. “Lo primero que empecé a comprar fueron guantes, tapabocas y gafas. Empecé a repartir por todos los puntos que podía”.

No quería “quedarse quieta” mientras había personas atrapadas entre los escombros. “El primer día fue muy crítico. Yo lo sentí como muy apocalíptico”, recordó. Desde hace años hace trabajo comunitario y forma parte de un colectivo feminista, en el que organizaron kits de salud menstrual para mujeres afectadas por el terremoto. “Aprendí que el pueblo salva al pueblo”.

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Roosevelt Valencia Mosquera

Roosevelt Valencia Mosquera tiene 32 años. Es oriundo de Buenaventura (Valle del Cauca), pero hace 16 años vive en Cali. Tras el terremoto, comenzó a poner sus conocimientos como arquitecto al servicio de los afectados. “Mi objetivo era socorrer a la gente. Traté de buscar información y apoyarme en los cuerpos de rescate y en los bomberos. Empezamos a hacer censos y armamos un grupo de arquitectos voluntarios e ingenieros de rescate”, señaló.

Un mes después del terremoto, Roosevelt busca seguir ayudando: “Decidimos hacer evaluaciones técnico-visuales de las edificaciones que quedaron de pie, pero que se ven muy afectadas, principalmente de forma gratuita para los estratos uno, dos y tres. De todo esto he aprendido a sentir la vulnerabilidad de otras personas como propia”. 

Jose Castillo Ocampo

“Cuando uno fue bombero, nunca deja de serlo”; esa es la consigna de Jose Castillo Ocampo, de 46 años, quien, aunque ya no hace parte de la institución, atendió la emergencia desde Pereira junto a su compañero de cuatro patas, Duk. “Después del terremoto salí directamente para la estación de Bomberos Oficiales, porque sabía que, aunque Duk y yo no estamos vinculados a la institución, podía ser un apoyo valioso para comenzar con los rescates”, narró.

Pese al cansancio, Jose y su perro Duk estuvieron 15 días entre las ruinas, apoyando las labores de búsqueda. “El trabajo en equipo es importantísimo y, como comunidad, debemos aprender que la prevención es importante”, aseguró. Aunque el uniforme puede guardarse, para ellos, la vocación de servir nunca se apaga. 

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Santiago Mejía Ossa

Santiago Mejía Ossa, de 26 años, vive en Dosquebradas (Risaralda), pero desde el sismo ha pasado sus días viajando hasta Pereira. “Yo soy psicólogo de profesión e hice el curso de brigadista. Me asignaron a una escuadra de rescatistas y así empezó todo”, dijo. Aunque la emergencia ya cesó, Santiago cree que, para muchas personas, el temblor aún no para.

“Sigo como voluntario psicólogo en la estación de bomberos, apoyando y escuchando a las familias. Muchas personas creen que la gente es apegada a lo material, pero no comprenden que, más allá de ese apego, está el esfuerzo de años y las pérdidas”. Ahora, su meta es clara. Quiere hacer el curso de bombero voluntario para seguir ayudando a quienes lo necesiten. “Hay que desaprender para poder ayudar y aprender de expertos, como los bomberos”, aseguró.

Paola Andrea Tovar Largacha

Durante las primeras dos semanas, Paola Andrea Tovar Largacha se dedicó, como gestora de seguridad y justicia, a acompañar los puntos priorizados, según el nivel de afectación de cada zona, para identificar y reportar necesidades logísticas de Cali. “Validábamos la presencia en el territorio de los enlaces de cada una de las secretarías de la administración”, dijo. Su trabajo fue asegurar que la atención llegara de manera organizada y segura.

Además de esto, parte se enfocó en la reducción de hechos delictivos y en mediar en situaciones que se pudieran dar. “Es impactante ver cómo todo lo que has construido durante tanto tiempo puede transformarse por completo en tan solo 90 segundos. En ese instante no piensas en cosas materiales, en planes a futuro, en las cosas, en los pendientes que tenías”, aseguró.

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Manuela Barrios

“Yo no he sido de viajar mucho últimamente. Soy psicóloga independiente y había decidido ir al Festival Petronio Álvarez”, narró Manuela Barrios. Cuando el terremoto sacudió a Colombia, faltaba un día para su viaje desde Medellín. Aunque cancelaron el evento al que asistiría con una amiga, decidió ir a Cali de todas maneras. Al llegar, se sumó como voluntaria al proyecto Psicólogos Unidos por Cali. El primer día estuvo en Capri.

“Sentí lo inútil que era mi presencia ahí. No sabía qué hacer. Ese día fue mucho trabajo de contención y mi manera de hacerlo fue con abrazos”, relató. Más adelante, su labor se transformó y comenzó a ayudar con la clasificación y el cuidado de los objetos que iban apareciendo entre los escombros, además de acompañar a las personas que llegaban a recuperar algunos de ellos. 

Carolina Hernández Cardona

“Me fui para Pereira sin saber si podría volver a entrar a mi casa”. Así recuerda Carolina Hernández Cardona cómo el 10 de agosto decidió viajar desde Medellín a la capital de Risaralda para llevar ayudas y buscar vida debajo de los escombros. Esta veterinaria paisa, de 24 años, tuvo que evacuar su casa, en la que vivía junto a sus dos gatos. Refugiada donde su abuela y viendo que hacían falta manos para buscar a las víctimas del terremoto, le propuso a un amigo viajar a colaborar.

Al llegar a Pereira, la magnitud del desastre le heló los huesos. Quería montar un hospital temporal para mascotas y terminó, durante tres días, ayudando a buscar a las víctimas. Recuperó cuatro cuerpos sin vida. Eso le dejó un aprendizaje claro: “Hay que valorar a las personas, porque no sabemos cuándo se nos viene el mundo encima”. 

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Kevin Bedoya Gómez

Kevin Bedoya Gómez vive en Medellín y, tras el terremoto, junto a una amiga, llenó su carro de ayudas humanitarias para llevarlas a Pereira. Llegaron en la madrugada del 11 de agosto y el panorama apenas les dio para descansar un poco. Se dedicaron a repartir sándwiches con chocolate, víveres, agua e implementos de aseo. El joven sintió que no era suficiente y empezó a moverse por la ciudad para ayudar a levantar escombros en busca de sobrevivientes.

Tuvo un fuerte disgusto con una persona que, según narró, engañó a los rescatistas diciendo que debajo de las ruinas de un hotel había cuerpos, pero en realidad buscaban recuperar la caja registradora de un negocio. Pero lo que aprendió de la tragedia fue mayor: “Hay que ayudar al prójimo como a un hermano. Eso Colombia lo tiene claro”, expresó.

Mateo Arroyave Giraldo

“El ser humano está hecho para ayudarse los unos a los otros”, aseguró Mateo Arroyave Giraldo, un joven de 21 años que vivió el sismo en Dosquebradas (Risaralda). Al conocer la situación en Pereira, salió a ayudar a quien lo necesitara. “Me sentía desesperado porque quería hacer algo, sabía que la gente estaba necesitando ayuda allá afuera”, señaló.

Durante la primera semana, Mateo fue voluntario en la Plaza de Bolívar y en el sector de Álamos. Luego, junto con su familia, se dedicó a llevar mercados a comunidades vulnerables. Ahora busca poner su empresa de marketing al servicio de los comerciantes afectados por el terremoto: “Buscamos a personas que necesitaran todo el tema de marketing y publicidad para poder apoyarlos y que salgan adelante”.

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Sebastián Zabala Paz

Cuando recuperó la señal del celular y supo lo que había ocurrido en Cali, Sebastián Zabala Paz sintió la urgencia de ayudar. “Sentía que tenía que ir. Simplemente agarré mis cosas y salí a ayudar”. Tiene 28 años, es caleño y vive en Jamundí. Durante algunos días dejó su rutina como analista de calidad en un call center para retirar escombros, repartir alimentos y agua y apoyar en distintos puntos de la ciudad.

En El Refugio, estuvo en el rescate de una mujer y de un perro. “Cuando escuchamos ese grito, todo el mundo gritó de felicidad. También se sintió un alivio inmenso porque dijimos: ‘estamos haciendo un buen trabajo’”, narró. Para él, la idea de ayudar nace de una reflexión personal sencilla: “Si tengo la fuerza y la posibilidad de ayudar, ¿por qué no hacerlo?”.

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Un juez le ordenó a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que elimine de redes sociales y otras plataformas oficiales las fotos y videos en las que se ve al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados que murieron en distintas operaciones militares en las últimas semanas. La decisión llegó como respuesta a una tutela presentada por el congresista de la Alianza Verde, Santiago Osorio.

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En su acción, el congresista señaló que las imágenes de De la Espriella exponiendo de esa manera los resultados operacionales afectaban los derechos de los menores de edad frente a contenidos capaces de generarles daño o sufrimiento psicológico. Al revisar el caso, el juez 14 laboral de Bogotá ordenó a la Presidencia y al Dapre ocultar de la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia las publicaciones del 2 y 4 de septiembre, en las que se ve al primer mandatario caminando entre los cuerpos.

En esas publicaciones De la Espriella presentó los resultados de las operaciones militares Azarías, llevada a cabo en Miraflores (Guaviare) y Centinela de la Patria, que tuvo lugar en La Guajira. En la decisión, el juzgado resaltó que las medidas son cautelares; es decir, que son preventivas y se adoptan mientras se resuelve de fondo la tutela presentada por el congresista Osorio.

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En el documento se lee que las medidas adoptadas comprenden "la protección frente a todas las acciones o conductas que puedan ocasionar, entre otros, daño o sufrimiento psicológico. Considera el despacho que, mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio, a efectos de evitar la configuración de un eventual perjuicio irremediable, máxime cuando el contenido permanece disponible al público a través de una red social de amplia circulación como lo es "Instagram", Meta platforms, inc".

Al conocer la decisión, el congresista de la Alianza Verde dijo que “el Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad para medir cuál de los dos es mucho más cruel y en ese sentido le ordena rápidamente a la Presidencia de la República, al señor Abelardo de la Espriella, a eliminar imágenes que pudieron haber llegado a celulares de niños y niñas en todo el país de un estado exhibiendo cadáveres como trofeos y en ese sentido nosotros valoramos esta decisión precisamente de este juez de circuito de Bogotá”.

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Las exhibiciones de los cuerpos también han sido cuestionadas por la Defensoría del Pueblo, específicamente por la jefa de esta entidad, Iris Marín. El pasado 6 de septiembre dijo que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.

Asimismo, señaló que “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”.

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Víctimas de explosivos y minas, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y aumento del reclutamiento infantil. Esas son algunas de las alertas que documentaron las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia en su informe anual que en esta versión recoge las deudas en control territorial, seguridad y protección de las comunidades durante el último año del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El informe, además, lanza una nueva alerta al gobierno actual, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, sobre la necesidad de defender los derechos humanos y evitar un retroceso en esa materia, así como en la paz y la democracia. El documento fue elaborado por tres organizaciones de derechos: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

En su capítulo sobre seguridad y paz, las organizaciones retomaron el balance crítico de la política de paz total del expresidente Gustavo Petro a raíz de la reconfiguración y expansión armada. "Si bien la política de Paz Total volvió a poner la salida negociada en el centro, no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad", señala el informe.

Las cifras recogidas por las organizaciones sociales soportan la premisa. Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los integrantes de grupos armados ilegales crecieron un 90 %, pasando de 15.120 a 28.802 miembros. Grupos criminales como el Clan del Golfo expandieron su control un 152 %, alcanzando 429 municipios, mientras que las disidencias de las Farc crecieron un 109 %, con presencia en 376 municipios.

Por su parte, el Eln creció un 22 % y los grupos como la Segunda Marquetalia crecieron un 108 %. El informe señala que esa expansión tuvo un costo humano en víctimas de explosivos y minas, asesinatos de líderes sociales, aumento de desplazamiento forzado y reclutamiento. Entre enero y agosto de 2025, los civiles afectados por explosivos aumentaron en 145 % con 544 víctimas.

Sobre el asesinato de líderes sociales, aunque las agresiones totales cayeron un 12% frente al gobierno anterior (3.115 casos), los casos de homicidios se mantuvieron con 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34% (78 casos). El desplazamiento forzado se consolidó como una crisis humanitaria. Más de 120.000 personas fueron desplazadas en 2025. La expansión de los grupos criminales disparó el reclutamiento.

Frente a esta situación, las plataformas enfatizaron que el estancamiento de la paz total no debe ser excusa para retornar a recetas militaristas, sino una exigencia para consolidar la transformación territorial y el desmonte de las estructuras paramilitares.

"Las plataformas expresan su profunda preocupación ante el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, advirtiendo sobre el riesgo de retrocesos en las conquistas sociales e institucionales del cuatrienio saliente. El informe alerta que los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque puramente militarista de la seguridad y el cuestionamiento a las agendas de equidad amenazan el principio de no regresividad de los derechos humanos", señalaron.

En ese escenario, el llamado de las organizaciones sociales es para que el nuevo gobierno evite que el viraje político afecte a las comunidades más vulnerables.

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca darle un giro al estudio de las tutelas que se interponen contra el presidente. El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador del decreto con el que buscan que esos recursos se devuelvan al Consejo de Estado para que sean revisadas en primera instancia.

Actualmente ese trámite lo realizan los jueces de circuito como lo estableció el anterior gobierno en cabeza del expresidente Gustavo Petro. El documento del Minjusticia se enmarca en que las decisiones presidenciales tienen alcance nacional e internacional por lo que el estudio de las tutelas deben estar en esa instancia judicial.

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En la práctica, lo que busca el decreto es modificar el Decreto 1069 de 2015 para que las actuaciones del presidente de la República se repartan al Consejo de Estado en primera instancia. Sin embargo, el documento precisa que se mantiene la regla general de reparto frente a los jueces de circuito para las demás autoridades de orden nacional y que no crea un fuero presidencial, sino que se debe estrictamente al reparto.

Uno de los argumentos del Ministerio de Justicia es que las tutelas pasaron de 459.680 en 2020 a 1.202.436 en 2025, lo que significa un aumento del 162%. El borrador de decreto aclara que este cambio solo se aplicaría para las tutelas que se presenten después de que sea publicado en el Diario Oficial.

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A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que, hasta la fecha, ha firmado 70 extradiciones en 32 días de mandato. "Esta es una de mis secciones favoritas de la gestión del gobierno", puntualizó en su publicación acompañada de un video en el que se le ve firmando los documentos de extradición.

En ese paquete están, por ejemplo, varios de los principales jefes criminales de las estructuras armadas ilegales en el país como Willington Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo"; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias "Muñeca"; Geovanni Andrés Rojas, alias "Araña"; Gabriel Yepes Mejía, alias "H.H.", y Freddy Castillo Carrillo, alias "Pinocho". Algunos de ellos eran miembros de las mesas de negociación que abrió el expresidente Gustavo Petro bajo el marco de la política de paz total.

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Dentro de las extradiciones más recientes están Javier Fernández Morales, alias "Choki"; Fernando Vergara Palacios, alias "Pechibola"; Gustavo Durán Bautista, alias "Durán"; José Leonel Ramírez Herrera y Julián David Mosquera Dussán, alias "Mosca".

En su publicación en redes, el mandatario también detalló que "Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad". "Estoy decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, sin contemplaciones y con absoluto apego a la ley", agregó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que continuarán con la firma de extradiciones, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia. "Es un tema de todos los días, sin parar sin parar, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia y con todos los estados requirientes dentro del marco Constitucional legal", apuntó.

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El presidente Abelardo de la Espriella dejó en firme el nombramiento del general retirado Jorge Andrés Zuluaga como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia a través del decreto 1374 del 9 de septiembre de 2026.

La hoja de vida Zuluaga López tiene una amplia trayectoria en el Ejército Nacional, además de una formación en inteligencia militar. Fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec).

También fue asesor militar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos y recibió formación en inteligencia militar en ese país. El general retirado participó en la Operación Jaque en junio de 2008 en la que 15 personas fueron liberadas del secuestro de la guerrilla de las Farc.

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Su salida se provocó tras el escándalo de la “Operación Andrómeda”, una central de inteligencia del Ejército instalada bajo la fachada de un restaurante y un establecimiento de servicios informáticos en el barrio Galerías de Bogotá. Un sargento primero que aseguró haber pertenecido a la central sostuvo que no se interceptaban llamadas, sino datos, correos electrónicos y conversaciones de chat.

Entre los presuntos objetivos figuraban organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes de oposición y funcionarios que participaban en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. Sin embargo, más de 10 años después de los hechos, la justicia sigue sin resolver el caso. El general (r) Zuluaga siempre negó cualquier señalamiento en su contra e insistió en que todo lo que sucedió en “Andrómeda” fue legal.

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Su hoja de vida también contiene un episodio por su presunta participación en una ejecución extrajudicial perpetrada en 2004 por uniformados del Ejército que ya aceptaron su participación en el crimen y que lo vincularon directamente con ese hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de la investigación que adelanta para esclarecer los hechos de violencia que terminaron en el magnicidio de integrantes de la Unión Patriótica (UP).

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el plan piloto para darle vía libre a la fumigación aérea de cultivos de coca. El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó arrancar con la estrategia de manera provisional con glufosinato de amonio a través de la resolución 7 de 2026. El documento, conocido por Valora Analitik, tiene fecha del pasado 18 de agosto y se publicó en el diario oficial este martes 8 de septiembre.

Según se lee en el documento, la orden para arrancar con la fumigación de cultivos es de carácter experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable. También detalla que la aspersión será mediante aeronave tripulada con la sustancia exclusivamente en los polígonos habilitados que se especifican en la resolución. El Consejo Nacional de Estupefacientes fue enfático en que el objetivo es obtener evidencia científica sobre su uso, pero no significa una reanudación definitiva.

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"El piloto tiene por finalidad obtener evidencia científica verificable sobre su eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos en salud y ambiente y suficiencia de las medidas de manejo. No equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional", señala el documento firmado por el viceministro de política criminal.

Como ya era de conocimiento, la sustancia que el gobierno utilizará será el glufosinato de amonio. Se trata de un agrotóxico que se usa para asperjar grandes extensiones de cultivos, como una alternativa al glifosato. En su funcionamiento, el herbicida actúa como un producto que mata la maleza, pero que no se aplica con distinción. Es decir, que si se asperja sobre un gran terreno, no es selectivo, por lo que puede quemar tanto la mata de coca como los cultivos de pancoger. A diferencia del glifosato, que penetra y va a la raíz de la planta, el glufosinato quema las partes externas de las plantas, las seca y actúa rápido, aunque requiere de varias aplicaciones sobre el mismo terreno.

La resolución también específica delimita las áreas a intervenir en la prueba piloto. "El plan piloto se desarrollará únicamente en un área seleccionada en un departamento del país, dentro del radio operacional próximo a una instalación de la Fuerza Pública", se lee en el documento en el que además se reserva la identificación, extensión, coordenadas, área máxima y cronograma de la estrategia sobre el territorio por razones de seguridad. Sin embargo, el piloto excluye las áreas protegidas, ecosistema, territorios o espacios con afectación directa a comunidades étnicas.

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Con respecto al tiempo, el documento señala las limitaciones. "el piloto tendrá una duración operacional máxima de siete días calendario y un cupo máximo acumulado de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas, contados desde la fecha del acta de inicio", agrega. La planeación, ejecución, supervisión y seguridad operacional del plan piloto estará a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Tras finalizar el plan piloto se deberá presentar un informe para que el gobierno autorice o suspenda definitivamente el programa de fumigación aérea de los cultivos.

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La negociación entre Juliana Andrea Guerrero Jiménez y la Fiscalía General de la Nación prosperó. Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo y dictó sentencia contra la excandidata a viceministra de Juventudes y una de las personas más defendidas por el expresidente Gustavo Petro durante su gobierno. Para el despacho, el acuerdo cumple con los requisitos, reúne las exigencias de ley y respeta las garantías.

En plena audiencia, Juliana Guerrero admitió que presentó títulos universitarios falsos para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes y se conoció que el ente investigador llegó a un acuerdo para que la pena máxima por el delito de fraude procesal fuera de tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para aspirar cargos por dos años y medio.

Antes de avalar el acuerdo, el juez repasó los hechos de los que es responsable Guerrero. Según la Fiscalía, "Juliana Andrea Guerrero, el 3 de septiembre de 2025, decidió cargar al Sigep II dos diplomas académicos falsos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, con sus respectivas actas de grado falsas emitidas con fecha de 1 de julio del mismo año por la Fundación San José. Dichos documentos fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos". La Fiscalía agregó que presentó todos esos documentos ante el Ministerio de la Igualdad para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en la extinta cartera de la Igualdad "con el fin de hacer inducir en error a funcionarios de dicho ministerio".

Para el juez, el delito de fraude procesal se materializó en el momento en que Guerrero cargó los documentos al sistema con pleno conocimiento y consciencia de hacer inducir en error a los funcionarios. "Juliana Guerrero con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos para obtener sus títulos académicos desplegó una conducta para engañar a la administración pública", señaló el juez. Posteriormente, el juez analizó el nivel de culpabilidad de Guerrero y determinó que era plenamente consciente de sus actuaciones.

"Juliana Guerrero tenía la madurez necesaria y tenía la posibilidad, y la obligación, de actuar conforme al derecho. No solo por su rol institucional al momento de los hechos sino por la posición a la cual aspiraba a llegar. No es una persona del común que no tiene conocimiento del ejercicio y la función pública. Estaba entregando los documentos para ser nombrada viceministra, un cargo que implica la mayor responsabilidad no solo con el Estado sino con la juventud del país", dijo el juez.

Y agregó: "Muchos jóvenes han tenido que pasar muchos años por universidades para obtener títulos, cosa que se quiso saltar Guerrero. Muchos de los que estamos acá sentados tuvimos que pasar por mil vicisitudes para obtener el cartón. No estamos en presencia de un simple error sino de un acto totalmente contrario al ordenamiento. Para cualquier persona es comprensible y entendible que cuando uno debe acreditar una categoría en una convocatoria pública, los documentos deben ser reales".

En ese escenario, el juez señaló que el preacuerdo contempla un beneficio por la renuncia a la presunción de inocencia por una pena de tres años, cien salarios mínimos y una inhabilidad de 2.5 años. Para el juez, el monto de la rebaja no constituye una desproporción puesto que la rebaja corresponde al 50% de la pena. Por eso concluyó que el preacuerdo cumple con el requisito establecido en la ley y el monto de la rebaja se encuentra justificado.

"El despacho encuentra que el preacuerdo reúne las exigencias, respeta las garantías y cuenta con suficiente material probatorio. Este despacho procede a aprobar la negociación celebrada entre Juliana y la Fiscalía", determinó el juez.

De acuerdo con lo que se conoció durante la audiencia, los acercamientos entre Guerrero y la Fiscalía venían desde hace semanas y el acuerdo se concretó el pasado viernes 4 de septiembre. A su turno, Guerrero tuvo que admitir ante el juez que “realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”.

Tras avalar el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía, el juez penal de conocimiento procedió con el sentido del fallo condenatorio como autora del delito de fraude procesal en modalidad dolosa. "La conducta lesiono de manera grave el ordenamiento jurídico, todo el andamiaje social de este país, más en una persona que aspiraba a tener una calidad de viceministra. Para este caso, usted va a ser condenada por ese delito, va a tener un antecedente, va a tener que cumplir la inhabilidad para el ejercicio de cargos. Quiero que le quede claro porque lo que se va a decidir es un subrogado, una forma de cumplir con esa sentencia de manera diferente a la cárcel y que va a tener una serie de condiciones", aclaró el juez.

Y agregó que el Juzgado 46 resolvió condenar a Juliana Guerrero conforme al preacuerdo celebrado imponiendo la sanción de 36 meses y la inhabilidad de dos años y medio. La defensa presentará un recurso de apelación.

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Tras la expedición del decreto 1368 de 2026, con el cual el gobierno de Abelardo de la Espriella levantó las restricciones que había para el porte de armas en Colombia, quedaron varias dudas sobre si cualquier persona podrá llevar consigo un arma de ahora en adelante. Aunque el Ejecutivo ya había establecido las condiciones, las Fuerzas Militares, que serán las que expedirán los permisos y verificarán que los requisitos se cumplan, acaban de hacer precisiones sobre las medidas que se tomarán de ahora en adelante.

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El encargado de hacer las precisiones fue el coronel Héctor Alexánder Juzga León, jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. Según dijo el uniformado, "todos los ciudadanos que tienen porte de arma vigente se podrán movilizar en el territorio portando su arma, siempre y cuando se encuentre vigente".

El militar agregó que son "las autoridades militares en todo el territorio nacional expiden la resolución pertinente de acuerdo a sus áreas de responsabilidad para que los ciudadanos puedan circular con su arma con su permiso vigente". Además, que "el trámite de permisos nacionales y regionales que eran de un carácter especial ya está abolido"; es decir, que ahora poder portar un arma de fuego en Colombia requerirá menos permisos. "Solamente se requiere para poder portar su arma en todo el territorio, movilizarse con el permiso de porte, siempre y cuando esté vigente", aclaró.

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El coronel Juzga dijo que desde las Fuerzas Militares "queremos hacer una invitación a todos los ciudadanos para que actualicen su permiso de porte para quienes lo tienen vencido, de tal manera que el único canal autorizado para desarrollar este trámite es la plataforma Siam 2.0. A través de esta plataforma los ciudadanos podrán iniciar estos trámites de revalidación".

Asimismo, el uniformado dijo que "para las personas que llevan con el permiso vencido por más de 30 días, inmediatamente inicien su trámite en plataforma, les va a generar una multa que corresponde a un salario mínimo legal vigente. Posterior a ese pago, podrá iniciar en plataforma los trámites y el Departamento Control Comercio de Armas con las 36 seccionales que tenemos desplegadas en territorio, podrá efectuar los estudios, validaciones y verificaciones con las autoridades competentes, de tal manera, hago referencia a verificaciones por parte de la Policía Nacional, Interpol, Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Control Comercio de Armas para en cumplimiento del la Ley 2535 de 1993 poder expedir y actualizar los permisos de porte y tenencia de armas".

Según dijo el militar, para tramitar estos permisos, "no se requieren intermediarios o terceros". Por su parte, desde el gobierno, a través del vocero de la Casa de Nariño, Miller Soto, dijo que "levantar la suspensión general no es autorizar el porte libre de armas". El vocero señaló que "levantar esa suspensión y volver al régimen ordinario en el que quien tiene un permiso vigente expedido por autoridad militar competente puede ejercerlo sin tramitar una autorización especial adicional. Eso es lo que cambia".

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Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, admitió haber presentado títulos universitarios falsos para aspirar a cargos en el gobierno de Gustavo Petro. En la audiencia en la que se esperaba que fuera llamada a juicio por la Fiscalía para que respondiera por su responsabilidad en el delito de fraude procesal, se conoció que ella y el ente investigador llegaron a un acuerdo. Ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, el ente investigador dio a conocer el acuerdo pactado con Guerrero en la mañana de este miércoles.

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Según la Fiscalía, la joven de 24 años, que fue también una de las personas más defendidas en intervenciones públicas por el expresidente Gustavo Petro, logró la expedición de dos títulos académicos sin el cumplimiento de ningún requisito, para presentarlos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II): uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública.

Durante la audiencia, el ente investigador leyó el preacuerdo. "Juliana Andrea Guerrero, el 3 de septiembre de 2025, decidió cargar al Sigep II dos diplomas académicos falsos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, con sus respectivas actas de grado falsas emitidas con fecha de 1 de julio del mismo año por la Fundación San José. Dichos documentos fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos". La Fiscalía agregó que presentó todos esos documentos ante el Ministerio de la Igualdad para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en la extinta cartera de la Igualdad "con el fin de hacer inducir en error a funcionarios de dicho ministerio".

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Dentro de su lectura, la Fiscalía dijo que Guerrero "desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública. El delito de fraude procesal se perfeccionó en el omento mismo en e que la procesada cargó los documentos en la plataforma Sigep II, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de hacer inducir en error a los servidores públicos, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se haya materializado". El ente investigador agregó que con el acuerdo pactado, la pena máxima para Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal sería de tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilidad para aspirar a cargos públicos por dos años y medio.

El ente investigador también fue claro al resaltar que Juliana Guerrero, cuando presentó los documentos falsos, no había cumplido con ninguno de los requisitos para graduarse: no había presentado las Pruebas Saber, no registraba asistencia a clases ni había terminado de cursar el plan de estudios correspondiente a esos programas académicos.

De acuerdo con lo que se conoció durante la audiencia, los acercamientos entre Guerrero y la Fiscalía venían desde hace semanas y el acuerdo se concretó el pasado viernes 4 de septiembre. A su turno, Guerrero tuvo que admitir ante el juez que “realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”.

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Como parte del acuerdo hecho con la Fiscalía, Guerrero tuvo que pedir disculpas públicas. "Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme o para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones", dijo Guerrero en la audiencia. Asimismo, pidió "perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador Francisco Pareja, a su vicerrectora académica Estefany Camacho, a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual manera, le pido de manera sincera perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país".

Juliana Guerrero agregó que pese a sus disculpas, "soy consiente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes a pesar de lo sucedido no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento por recordarme que un error no tiene porqué definir toda una vida". La excandidata a viceministras expresó también que "a todos los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado".

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Por estos mismos hechos, el ente investigador también llamó a juicio a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, la institución de la que habrían salido los títulos posiblemente falsos. El exfuncionario de la universidad involucrado en este expediente tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público. Lo que argumentó la fiscal del caso es que Gutiérrez Martínez “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”. Esto, pese a que la joven ni siquiera registraba su asistencia a las clases.

Tanto la Fiscalía como la representación de la universidad argumentaron que Luis Carlos Gutiérrez Martínez se puso a disposición para aclarar lo sucedido con los títulos falsos. Entre otras cosas, aceptó que “consignó hechos falsos en documentos auténticos” al usar su usuario en las plataformas institucionales para validar los certificados académicos de Juliana Guerrero, pese a que no cumplía con los requisitos. La sentencia en su contra, conocida el pasado lunes, señala que el exfuncionario, “en su calidad de secretario general, tenía a cargo la verificación, validación y certificación de los títulos académicos”. De ese modo, “faltó a la verdad y creó un riesgo público”, pues la educación es de carácter público, aunque esté en manos de instituciones privadas.

La decisión si el juez avala o no el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía, así como el sentido del fallo, se conocerá este miércoles 9 de septiembre desde las dos de la tarde.

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Más de cuatro comunidades indígenas que habitan entre Amazonas y Vaupés están en máximo riesgo por cuenta de los grupos armados. Así lo puso de presente la Defensoría del Pueblo que emitió una nueva alerta temprana para que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde para estas comunidades.

De acuerdo con lo dicho por al entidad, el mayor riesgo en este momento lo enfrentan los habitantes de los territorios indígenas de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná (que abarca las áreas no municipalizadas de La Pedrera y La Victoria en el departamento del Amazonas). También, puso en alerta a las comunidades indígenas del municipio de Taraira, asentadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná (en el departamento de Vaupés).

Con esa situación emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2026, en la que resaltó "la inminencia de la amenaza". Según expuso la Defensoría, se debe a "la incursión del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño (el cual pertenece al autodenominado y disidente EMBF, liderado por ‘Calarcá Córdoba’), que avanza por el río Caquetá, desde Puerto Santander hacia el suroriente, para tomar el control de las redes del narcotráfico y la explotación ilegal de oro de aluvión (está en las orillas o sedimentos de ríos)".

Por esas movidas de las disidencias de Calarcá, el Frente Carolina Ramírez y el Frente Jhonier Arenas (del autodenominado y disidente EMC, liderado por ‘Iván Mordisco’), "han reaccionado con el fin de defender sus rentas, lo que ha dejado a la población civil indígena en medio de las hostilidades", según expuso la entidad. Asimismo, resaltó las principales consecuencias de este conflicto:

Restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la vida e integridad

Según señaló al Defensoría en su alerta, "el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño ha impuesto toques de queda nocturnos a partir de las 10 de la noche en el casco urbano de La Pedrera y mantiene estrictos retenes fluviales a lo largo de la cuenca del Caquetá". De igual manera, señala, se han documentado " Asimismo, la Defensoría documentó "homicidios cometidos con extrema sevicia y tortura en la comunidad del Remanso, del territorio indígena Pani, donde las canchas de fútbol comunitario fueron utilizadas para abandonar restos mortales y sembrar miedo ejemplarizante sobre presuntos colaboradores del grupo rival".

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización

Otras de las problemáticas que resalta la entidad es la afectación a los menores de edad. Según expuso, el reclutamiento forzado y utilización ilícita de menores de edad es "un patrón violento que amenaza con extinguir demográficamente a generaciones enteras de comunidades cuya población es reducida". Por ejemplo, en febrero del 2026 la Defensoría registró "la vinculación de siete personas en Curare, incluyendo a dos menores de 14 y 13 años, seguido de nuevos reclutamientos armados en Remanso y Mariápolis durante mayo y junio". La entidad señala que una de sus principales preocupaciones es la "presión psicológica y las intimidaciones armadas directas ejercidas contra jóvenes estudiantes del internado indígena Piedra Ñí en el río Pirá Paraná (Vaupés) para forzar su vinculación".

Afectaciones a la seguridad alimentaria y el acceso a servicios esenciales

El aislamiento geográfico de estas zonas selváticas, dice la Defensoría, se ha profundizado por paros armados fluviales prolongados. Esas acciones de los grupos armados "restringen drásticamente la libre navegación, impidiendo a las familias el acceso fundamental a sus zonas de cultivo tradicionales, caza y pesca". L a falta de acceso a los recursos, se lee en el documento, "Esto "ha provocado un desabastecimiento crítico de combustible y alimentos básicos. Con el fin de evitar denuncias institucionales, los actores armados ilegales han destruido de manera selectiva las antenas de comunicaciones de internet comunitario, lo cual ha aislado a la población civil y entorpecido el traslado fluvial de pacientes médicos graves".

Respuesta institucional urgente para proteger a las comunidades

Las comunidades indígenas, resalta la Defensoría, tienen especial protección constitucional. Algunas de ellas que en este momento se ven amenazadas son la Makuna, Barasano, Yukuna, Tanimuka, Bora, así como a los pueblos en aislamiento voluntario Yurí y Passé en el Parque Nacional Natural Río Puré. Por eso, la entidad formuló 22 recomendaciones urgentes para que las autoridades las protejan. ", la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 021 de 2026 un total de 22 recomendaciones urgentes. "El propósito es que sean activadas de inmediato los mecanismos de respuesta rápida de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), liderada por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deben desplegar medidas de disuasión y seguridad con estricto enfoque étnico y respeto al autogobierno indígena", dice la Defensoría.

Por su parte, la Defensoría pidió a la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y los gobiernos departamentales de Amazonas y Vaupés que coordinen misiones humanitarias de emergencia, que se investiguen los crímenes y establecer rutas seguras para la salvaguarda de estas poblaciones. "Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad e integridad de las comunidades", concluyó la entidad.

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