Un cargamento de 207 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaba oculto en una ambulancia, fue incautado por el Ejército en zona rural de Pitalito (Huila). En la operación, adelantada por tropas de la Novena Brigada, fueron capturados dos hombres que se movilizaban en el vehículo acondicionado con varios compartimientos para transportar la droga y evadir controles en las carreteras del sur del país.

El operativo se realizó en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, durante operaciones de control militar. Según el reporte oficial, los uniformados notaron irregularidades en la estructura de la ambulancia, lo que llevó a una inspección más detallada.

Durante la revisión encontraron compartimientos ocultos en la parte superior del automotor, específicamente en el área de la sirena, así como en otras modificaciones internas.

En esos espacios fueron hallados 128 paquetes rectangulares que contenían clorhidrato de cocaína. En total, las autoridades contabilizaron 207 kilogramos de la droga, cuyo valor estimado ascendería a cerca de COP 630 millones en el mercado ilícito.

Además de la droga, el Ejército incautó la ambulancia utilizada para el transporte y dos teléfonos celulares, que quedaron en cadena de custodia para avanzar en la investigación.

Finalmente, los dos hombres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El asesinato del exalcalde de Cubarral (Meta), Rogers Mauricio Devia Escobar, y de su asesor Eder Fabián Cardona López desató el rechazo de las autoridades, que advirtieron sobre la gravedad de los hechos en medio del contexto electoral y pidieron acelerar las investigaciones para esclarecer el crimen. Devia Escobar era coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró el jueves 15 de mayo en una vía rural de Cubarral, cuando Rogers Mauricio Devia Escobar se movilizaba en motocicleta junto a Cardona López. Hombres armados les dispararon indiscriminadamente, causándoles la muerte en el lugar.

Devia Escobar era una figura reconocida en la política regional del Meta. Se desempeñó como alcalde de Cubarral, trabajó en la regional Ariari de Cormacarena y, recientemente, era coordinador de campaña del movimiento político Defensores de la Patria en el departamento, que respalda la candidatura presidencial del abogado Abelardo De la Espriella.

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Procuraduría pide esclarecer el crimen

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el asesinato del exmandatario local y coordinador político, y solicitó a las autoridades judiciales avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Además, la cabeza del Ministerio Público hizo un llamado para que se adopten medidas que garanticen la seguridad de los actores políticos a puertas de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, ante los riesgos que enfrentan líderes y dirigentes en distintas regiones del país.

Defensoría alerta por violencia en contexto electoral

La Defensoría del Pueblo también condenó el crimen y señaló que el homicidio ocurrió apenas horas después de otro hecho violento en el municipio: un atentado contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, ocurrido también recientemente en esa población.

De acuerdo con la Defensoría, en cabeza de Iris María, “la violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”.

Por ello, la entidad hizo un llamado urgente a la Fiscalía para avanzar con celeridad en las investigaciones, así como al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para adoptar medidas de seguridad que protejan la vida y las garantías democráticas de quienes intervienen en política.

La Defensoría también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su “disposición de acompañarles en todos los procesos para el esclarecimiento de los hechos y la debida protección de las víctimas”.

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La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó la práctica de inspecciones en cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como en centros de detención transitoria del país. El propósito de estas diligencias es verificar “las condiciones de privación de la libertad y la garantía efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad”.

Los primeros departamentos en los que se realizó la revisión fueron La Guajira, Santander y Cesar y, durante los próximos días, continuará en Boyacá y Bogotá. La inspección inició en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo “CAIMEG”, en Riohacha (La Guajira).

La Sala verificó problemas relacionados con hacinamiento y limitaciones en infraestructura y atención en salud. Según detalló la Corte, al momento de la diligencia el centro de detención registraba cerca de 280 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad cercana a 130 cupos.

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Además, el tribunal constató la existencia de patios diseñados para albergar entre 12 y 15 personas que actualmente concentran a más de 50 internos. Por otro lado, la Sala verificó el avance de las obras en el nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional de Riohacha y las condiciones para la entrada en funcionamiento del centro.

Según un comunicado público de la Corte, “el establecimiento tendrá una capacidad total para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo un pabellón con capacidad para 152 mujeres, un espacio destinado a población indígena Wayúu con 218 cupos, áreas de talleres, sanidad y alimentación, así como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos”.

En La Guajira también se realizó una inspección en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha. La Sala señaló que el establecimiento carcelario no cuenta con suministro continuo de agua potable, “por lo que el abastecimiento debe realizarse mediante carrotanques y el almacenamiento de agua en recipientes plásticos al interior del centro penitenciario”.

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En Bucaramanga (Santander), la Corte inspeccionó la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, donde confirmó condiciones críticas de hacinamiento y permanencia prolongada de las personas privadas de la libertad en un espacio destinado a detenciones transitorias.

“Al momento de la diligencia, en el establecimiento permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada—, pese a que las instalaciones cuentan con una capacidad aproximada para entre 15 y 20 personas”, aseguró la Sala Especial.

En la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, la Corte señaló que el centro albergaba aproximadamente a 2.600 personas privadas de la libertad y registraba un índice de hacinamiento cercano al 7 %. Aunque durante el recorrido la Sala constató la existencia de espacios para educación, trabajo y resocialización, también reportó dificultades relacionadas con el suministro y la disponibilidad de medicamentos.

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En cuanto al departamento de Cesar, las autoridades inspeccionaron el Centro de Detención Transitoria “La Permanente” de Valledupar. Al momento de la diligencia, en el establecimiento permanecían 349 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad aproximada para 70 personas.

Sobre este centro, en particular, la Corte señaló que se constató que la Nueva EPS no realizaba entrega de medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, “situación que, según lo reportado, habría impactado la continuidad de tratamientos médicos de las personas privadas de la libertad”.

En el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, “La Tramacúa”, la Sala recibió múltiples manifestaciones de las personas privadas de la libertad sobre el impacto del calor al interior de los patios y pabellones. Frente a esto, durante la revisión, las directivas señalaron que se han instalado polisombras en algunos sectores.

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Las próximas inspecciones continuarán durante las siguientes semanas. En particular, la Sala Especial ordenó inspeccionar el pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota. Esta diligencia quedó programada para el próximo 25 de mayo.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión en Medellín (Antioquia) de dos inmuebles que pertenecieron a estructuras asociadas a la narcotraficante Griselda Blanco de Trujillo, conocida con el alias de “Viuda Negra”, y a José Aldemar Moncada Moncada, alias “El Chatarrero”. La medida se realizó en medio de diligencias de extinción de dominio adelantadas por las autoridades.

El primer inmueble tomado por la SAE es una vivienda ubicada en el barrio El Nogal, en el occidente de Medellín. Según la entidad, el predio se encontraba “ocupado de manera irregular mediante un contrato de arrendamiento ajeno a la SAE” y era utilizado como un hogar para adultos mayores.

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La SAE señaló que, durante varios meses, intentó concretar la entrega voluntaria del inmueble “teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de las personas que permanecían allí”. Sin embargo, funcionarios de la Territorial Occidente de la entidad tuvieron que adelantar la toma material del predio el pasado 14 de mayo de 2026.

La entidad señaló que las autoridades determinaron que este inmueble hacía parte de bienes obtenidos mediante actividades relacionadas con narcotráfico y concierto para delinquir, además del uso de terceros y familiares como presuntos testaferros. La SAE también indicó que sobre el predio existía una sentencia de extinción de dominio emitida desde 2017.

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Este inmueble perteneció a Griselda Blanco de Trujillo, quien fue una de las figuras más reconocidas del narcotráfico durante las décadas de 1970 y 1980. Según explicó la SAE, las autoridades de Estados Unidos y Colombia la vincularon con redes de tráfico de cocaína y estructuras criminales que operaron principalmente entre Medellín, Miami y Nueva York.

El segundo inmueble es una vivienda ubicada en el sur de Medellín, con un área superior a los 2.253 metros cuadrados. El bien había sido recibido por la SAE desde 2012, pero, durante una visita de inspección adelantada en junio de 2025, “funcionarios de la entidad evidenciaron que el inmueble se encontraba ocupado de manera irregular, impidiendo el ingreso y la administración efectiva del predio”.

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La SAE realizó el desalojo y la toma material del bien este 15 de mayo. Según la entidad, el inmueble perteneció a alias “El Chatarrero”, señalado como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Colombia. De acuerdo con la entidad, el hombre fue vinculado a estructuras de ocultamiento de bienes, adquisición de propiedades de alto valor y movimientos financieros asociados a redes criminales dedicadas al lavado de activos.

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Los habitantes de Bojayá (Chocó) siguen esperando a que el Estado les pida perdón por haberlos dejados solos y haber permitido que alrededor de 80 personas, incluídos 48 niños, murieran por la explosión de un cilindro bomba en la iglesia del municipio, en medio de un combate entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares el 2 de mayo de 2002. El Ministerio de Defensa, en representación del Gobierno Nacional, tenía esa tarea hace dos semanas, pero por condiciones climáticas no llegaron a tiempo y el evento tuvo que reprogramarse. Sin embargo, las víctimas quedaron con el sinsabor de que el perdón que les pedirán es muy distinto al que quieren y merecen.

El Espectador habló con líderes de la zona y conoció documentos que han hecho llegar a la Casa de Nariño señalando que el reconocimiento de responsabilidad que esperan no puede ser solo un acto protocolario más. Las víctimas de la masacre buscan que el Estado, que ya les falló una vez, entienda realmente el dolor que sufrieron hace 24 años y que, a pesar del paso del tiempo, siguen atravesando. Dentro de lo que buscan es que se garantice que lo ocurrido en 2002 no se repetirá nunca y para eso tienen muy claras los puntos que deben cumplirse. Sus peticiones las sintetizan al unísono en una cosa: “que el Estado no llegue después que la muerte”.

Leyner Palacios, quien fue comisionado de la Verdad y perdió a más de una decena de familiares y amigos en la masacre, habló con este diario sobre lo ocurrido el pasado 2 de mayo, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó tarde a los eventos que se tenía programados. “Las víctimas estuvieron esperando desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en el lugar en el que se encontraba la iglesia y que se había organizado para hacer ese acto”, dijo el líder. Según manifestó, pareciera que el Estado aún no entiende las dinámicas de las víctimas y eso fue lo que quedó en evidencia con la llegada tarde del jefe de la cartera, pues, agregó, que las lluvias en la zona son constantes y era previsible.

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“Hubo gente que para llegar a este acto hizo recorridos hasta de dos días, subiendo corrientes, bajando peripecias, haciendo de todo, incluso pasando por múltiples retenes de grupos armados ilegales que están presentes en el territorio y eso es una realidad. Y aún así, con todas las dificultades, más de mil personas se congregaron en el lugar y esperaron aproximadamente seis horas a que llegara la comitiva del Gobierno Nacional”, recuerda Palacios. “Yo no cuestiono las condiciones climáticas y efectivamente eso sucedió, pero me parece que la estrategia de entrada al territorio no puede depender del clima, menos para un evento tan importante como este”, resalta.

Más allá de lo que pasó, o no pasó, sostiene que eso dejó ver que el Estado pareciera todavía no estar listo para pedir perdón real a las víctimas que siguen abandonadas. “Un acto de petición de perdón tiene que abordar una reflexión sobre la continuidad del conflicto y la garantía de no repetición, y ahí en Bojayá hay al menos tres alertas vigentes de la Defensoría del Pueblo sobre que el riesgo está nuevamente advertido y el Estado colombiano no está atendiendo eso. Además se siente que hay una fragmentación estatal, de la institucionalidad”, agregó Palacios. Por eso, junto con otros líderes, le han comunicado al Gobierno en varias ocasiones las medidas que deben tomar para que el perdón sea efectivo.

Los líderes de Bojayá le han enviado por lo menos dos cartas al presidente Petro y a otros actores del Gobierno Nacional señalando a detalle lo que esperan del Estado cuando les pida perdón. Buscan que el acto que se tiene previsto para el próximo 11 de julio posea “legitimidad ética y sentido reparador” y exigen que no se reduzca a un simple “protocolo simbólico o a un discurso institucional”. El principio fundamental para ellos es la centralidad absoluta de las víctimas, lo que significa que el evento “no puede girar alrededor del Estado” ni ser utilizado para “aplaudir o legitimar a funcionarios”, sino que debe construirse desde las voces de líderes, mujeres, jóvenes y autoridades étnicas.

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Dentro de las exigencias que hacen está que la comunidad de Bojayá debe decidir “cómo, cuándo y bajo qué símbolos quiere ser reconocida”, resaltando que símbolos sagrados como el Cristo de Bojayá o los alabaos “no pueden usarse como simple escenografía”, ya que son “expresiones vivas de duelo y resistencia” que requieren respeto y consentimiento previo de las víctimas. De igual manera, piden que el acto sea un “reconocimiento pleno de la responsabilidad estatal” que nombre, sin evasivas, las “omisiones, la falta de protección a la población civil y las condiciones históricas de abandono” que permitieron la tragedia. También, que el acto no puede ser una manera de instrumentalizarlos para otros fines.

La comunidad de Bojayá es enfática al decirle al Gobierno Nacional que el acto no es para “instrumentalizar políticamente el dolor”, por lo que exigen que no se convierta en una “plataforma de gobierno, propaganda, ni escenario de confrontación partidista” donde las víctimas sean usadas para validar discursos momentáneos. Asimismo, que la reparación debe incorporar una “dimensión étnica y territorial” que reconozca que la masacre es producto de una “historia de exclusión, abandono institucional y racismo estructural” en el Pacífico colombiano.

Según los líderes, las excusas públicas solo tendrán sentido si van acompañadas de “compromisos concretos y verificables” en inversiones sociales como la “salud, educación, acceso digno al territorio y protección de líderes sociales”. Además, piden que lo que ocurra el 11 de julio, tenga un manejo ético de la información para garantizar el “derecho a una memoria que sane y no revictimice”, evitando la “exposición reiterada de imágenes de dolor, cadáveres o ceremonias fúnebres” y privilegiando, en su lugar, narrativas de dignidad y resistencia comunitaria.

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Los líderes de la zona resaltan que además de la guerra que se sigue viviendo por la presencia principalmente del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), la población de Pogue, “en donde residía el 70% de los fallecidos en la masacre de 2002”, según Palacios, está en riesgo de desaparecer por “el abandono institucional y la desidia administrativa ante desastres naturales recurrentes”. Desde 2020 se declaró la calamidad pública por los riesgos de deslizamiento en la zona y desde entonces, aseguran los líderes, se han adelantado casi 60 reuniones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pero la gestión se ha limitado a visitas técnicas sin resultados materiales.

“Pogue sobrevivió a la guerra y no puede morir por el abandono del Estado”, reza en una de las cartas enviadas al presidente Petro por parte de los líderes sociales. Por eso, esperan “que el Estado no llegue después que la muerte”. El Espectador contactó también al Ministerio de Defensa, encargado de liderar el acto de perdón, y desde la cartera manifestaron que desde el pasado 2 de mayo han mantenido contacto con la comunidad y que sigue en firme el acto para el próximo 11 de julio. “Este evento nunca ha sido salir del paso, llevamos dos años trabajando con la comunidad, porque sabemos que también tienen sus autoridades propias y tienen su metodología, por eso han sido consultados”, expusieron desde el Ministerio.

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Por medio de un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo advirtió que, con o sin el fenómeno de El Niño, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población. El pronunciamiento se dio luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicara que el fenómeno, previsto inicialmente para el segundo semestre del año, podría presentarse en el próximo trimestre, entre junio y agosto.

La probabilidad de que esto ocurra es del 82 %. Además, el Ideam señaló que ya se descartó la posibilidad de que se trate de un fenómeno de El Niño moderado. “Las probabilidades que estamos manejando ahora son que sea fuerte o muy fuerte”, indicó la entidad.

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Por su parte, la Defensoría aseguró que Colombia es altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. “Estadísticamente, cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el país están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %”, señaló la entidad.

Además, la Defensoría mencionó la exposición del país a otros fenómenos, como sismos, tsunamis y actividad volcánica. Sin embargo, para la entidad, “lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible”.

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La Defensoría advirtió que la ausencia de acciones para prevenir y mitigar riesgos “constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, más aún cuando existen herramientas técnicas y científicas que permiten anticipar escenarios peligrosos como consecuencia de dicho evento”.

Asimismo, indicó que la situación puede agravar ciertas problemáticas del país, como el riesgo de una crisis energética. Además, según la Defensoría, el fenómeno podría impactar sectores clave como la agricultura y la ganadería, comprometiendo la seguridad alimentaria.

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Por estos hechos, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la “implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y a los servicios esenciales”.

La entidad señaló que la gestión del riesgo, que incluye medidas de prevención, no puede ser únicamente una respuesta ante situaciones de crisis o emergencia, sino un deber permanente y continuo del Estado.

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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), extraditó desde Bogotá a cuatro ciudadanos requeridos por autoridades extranjeras por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y homicidio.

Entre ellos está José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, señalado como uno de los jefes del grupo transnacional Tren de Aragua en Bogotá. El hombre es requerido en Estados Unidos para comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Texas.

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Alias “Chuqui” es señalado de liderar redes de extorsión en las localidades de Kennedy y Bosa, así como de coordinar el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos para financiar actividades criminales y expandir la estructura delictiva. El hombre enfrenta cargos por terrorismo y narcotráfico.

También fue extraditado Rafael Fernando Caicedo Estrada, alias “Morrongo”, requerido en Estados Unidos por presuntamente utilizar empresas fachada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y por el delito de concierto para delinquir.

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Asimismo, las autoridades coordinaron el traslado de Edgar Armando Burbano Benavides, solicitado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana. El extraditado es señalado como uno de los pilotos estratégicos responsables del transporte aéreo de cocaína desde Colombia hacia el Caribe.

Por último, las autoridades llevaron a cabo la extradición de Jhonnys Carlos Barrios Gómez, requerido por el Juzgado Quinto del estado Mérida, en Venezuela, por el delito de homicidio relacionado con la muerte violenta de su pareja sentimental, una joven de 20 años.

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El Ejército Nacional confirmó la muerte de seis integrantes de la estructura Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc. Entre ellos se encuentra alias “Fernando Gómez”, señalado jefe de la estructura y uno de los principales reclutadores de menores para las disidencias al mando de alias “Iván Mordísco”.

La operación se desarrolló en zona rural del municipio de Belalcázar (Cauca), en límites con el departamento del Huila. En total, murieron cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos el jefe disidente de 37 años, quien llevaba cinco años en el grupo armado.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, alias “Fernando Gómez” era considerado el principal reclutador de menores para las denominadas “escuelas de cursantes”, centros ilegales de entrenamiento criminal instalados en zonas rurales del oriente caucano.

Según explicó el Ejército, el disidente “habría participado en 2024 en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para fortalecer las estructuras armadas ilegales mediante adoctrinamiento y formación en manejo de armas, explosivos y actividades terroristas en las veredas Las Dalias, Mazamorras y El Ciprés, en el municipio de Páez, Cauca”.

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Alias “Fernando Gómez” también era señalado por las autoridades de coordinar y orientar acciones terroristas contra la fuerza pública en el departamento del Huila. Entre ellas, el lanzamiento de explosivos con drones contra la estación de Policía de Tesalia en 2025, así como hostigamientos y detonaciones contra la estación de Policía de Nátaga, hechos en los que murieron dos uniformados.

Las autoridades señalaron que alias “Fernando Gómez” contaba con formación criminal en combate, milicias, manejo de armas, explosivos, francotirador y control de masas. Además, dentro del grupo armado habría ocupado cargos relacionados con finanzas, expansión territorial y fortalecimiento de nuevas comisiones armadas.

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Además, durante la operación, el Ejército incautó un fusil, dos pistolas, un revólver, una antena Starlink, once celulares, tres proveedores para fusil, dos proveedores para pistola, cartuchos de diferentes calibres, una tableta electrónica y un computador portátil. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

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Claribel Moreno, una mujer 55 años reconocida por la búsqueda de su hija Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena en agosto de 2021, fue asesinada en zona rural del municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Las autoridades confirmaron que el crimen ocurrió cuando la mujer se movilizaba por una vía del sector La Novillera, en el corredor que conduce al corregimiento de Robles, donde fue atacada con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró en la noche del 13 de mayo de 2026, cuando Moreno fue impactada con arma de fuego en vía pública cuando se movilizaba en una motocicleta. En el mismo ataque también murió la persona que la acompañaba, según confirmaron las autoridades.

Claribel Moreno se convirtió en una figura visible dentro de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia tras la desaparición de su hija, Natalia Buitrago, ocurrida en Cartagena el 18 de agosto de 2021, cuando la joven viajó para celebrar su cumpleaños y nunca regresó.

Durante casi cinco años, la mujer adelantó una búsqueda constante, llevando su caso ante la Fiscalía, escenarios judiciales, medios de comunicación y espacios públicos. En ese proceso, denunció presuntas demoras institucionales, falta de respuestas y episodios de revictimización. Su caso incluso llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde expuso las dificultades que enfrentan las familias de personas desaparecidas en el país.

De acuerdo con información del proceso de búsqueda, el caso de Natalia Buitrago ha sido analizado bajo diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de un homicidio o feminicidio, así como la presunta vinculación con redes de trata de personas.

Organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalaron que Claribel Moreno era reconocida como lideresa social y que este caso se suma a los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el país, convirtiéndose en el homicidio número 58 de líderes y lideresas sociales en lo corrido de 2026.

Defensoría del Pueblo pide esclarecer homicidio de lideresa social

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en el esclarecimiento del crimen, incluyendo la posible relación entre el homicidio y la labor de búsqueda que adelantaba Claribel Moreno por su hija.

El organismo advirtió que las mujeres buscadoras son sujetos de especial protección y que la violencia en su contra afecta directamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos en Colombia.

“Hacemos un llamado urgente para que se adelante con celeridad, rigor y enfoque diferencial las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias y los responsables del homicidio de Claribel Moreno. Asimismo, instamos a las instituciones correspondientes a establecer si las denuncias públicas de amenazas y los atentados previos fueron objeto de evaluación de riesgo y de medidas idóneas”, señaló la entidad en cabeza de Iris Marín.

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El Ministerio de Defensa desmintió un audio que circuló en redes sociales y medios de comunicación, en el que un supuesto integrante de las disidencias de alias “Calarcá” hacía referencias a un respaldo electoral al senador y candidato presidencial, Iván Cepeda. Según las autoridades, el hombre que habla en la grabación no pertenece a ninguna estructura armada y se trata, en realidad, de un extorsionador recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima).

La aclaración fue hecha por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que el audio fue sometido a verificación por parte de la Policía tras versiones que lo vinculaban con “Rogelio Benavides”, integrante del bloque Jorge Suárez Briceño, quien mencionó en la grabación que “ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

“Frente a ello, la Policía Nacional hizo una investigación y dicho audio se trataría de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel Picaleña, corresponde a días atrás y no tendría relación con algún grupo criminal, ya sea de alias ‘Calarcá’ o ‘Mordisco’”, señaló el ministro.

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En un comunicado, la Policía Nacional aseguró que los análisis preliminares adelantados por investigadores y expertos de la Dirección Antisecuestro y Extorsión establecieron que las grabaciones estarían relacionadas con dinámicas de extorsión carcelaria originadas desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Ibagué, conocido como Picaleña.

Según la institución, estas acciones intimidatorias vendrían ocurriendo desde hace aproximadamente tres meses y estaban dirigidas principalmente contra comerciantes, empresarios y sectores productivos del departamento de Huila.

Allanamiento en Picaleña

Como parte de la investigación, el pasado 28 de abril de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en el patio 10 del centro penitenciario de Picaleña, dirigido contra alias “Sergio” o “David”, señalado como presunto responsable de las amenazas contenidas en el audio difundido desde la cárcel.

La Policía informó que, junto con la Fiscalía General de la Nación y el Inpec, continúa las investigaciones para identificar a otros posibles responsables y establecer el alcance de las intimidaciones. Además, advirtió que este tipo de mensajes “buscan generar zozobra mediante información falsa, manipulada o intimidatoria”.

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El ministro Pedro Sánchez concluyó que, en un contexto previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, “la volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a ellas, y la desinformación en las diferentes redes sociales y sistemas de información vuelve aún más compleja la seguridad”.

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La Corte Suprema de Justicia respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y negó que su pronunciamiento sobre la regulación agraria busquen frenar la reforma agraria impulsada por el Gobierno. El alto tribunal aclaró que no ha puesto en duda las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar predios, pero insistió en la necesidad de establecer controles judiciales claros sobre decisiones que afectan derechos de propiedad rural.

La respuesta de la Corte se produjo luego de que, durante un acto en Cubará (Boyacá) por el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el caso del pueblo indígena u’wa, Petro criticara un reciente pronunciamiento judicial sobre tierras baldías y asegurara que la decisión limitaba el alcance de la reforma agraria. El mandatario incluso pidió una revisión ante la Corte Constitucional.

En un comunicado, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones fueron presentadas el 13 de mayo durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, en la que participó como invitada para discutir el proyecto de ley que define las competencias de la jurisdicción agraria y establece el procedimiento especial para resolver disputas sobre tierras.

La corporación enfatizó que nunca ha objetado la función de la ANT para entregar tierras. “La adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte”, señaló el alto tribunal. Según explicó, su preocupación no está en la entrega de predios, sino en procedimientos posteriores como la recuperación de baldíos ocupados irregularmente, la revocatoria de adjudicaciones, la reversión de tierras entregadas por el Estado o la declaratoria de caducidad administrativa.

Para la Corte, esos procesos no pueden quedar únicamente en manos de autoridades administrativas, aun cuando inicien en la ANT, pues pueden afectar derechos adquiridos y situaciones jurídicas ya consolidadas. “Se trata de actuaciones que, por su naturaleza y efectos, inciden de manera directa y definitiva en derechos subjetivos”, indicó la corporación, al advertir que esos casos requieren un control judicial “pleno, oportuno y especializado”.

La controversia entre Petro y la Corte Suprema por la reforma agraria

El pasado 14 de mayo, durante su discurso en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el caso del pueblo indígena u’wa, el jefe de Estado señaló: “Acaba la Corte Suprema de expedir un fallo sobre los baldíos nacionales, que en el caso de Orinoquia, Amazonia y otras partes del país son la mayor parte de la tierra”.

De acuerdo con Petro, el supuesto fallo “prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente”. Asimismo, aseguró que esa presunta decisión “deja solo para dos instancias del poder judicial, en el más alto nivel, que se determine si el baldío pertenece a la nación o a sus actuales poseedores”. Y agregó: “Es decir, la Corte Suprema o los magistrados de esa sentencia han cerrado hoy el camino de la reforma agraria”.

Frente a esas críticas, uno de los reparos planteados por la Corte durante la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo que ver con la distribución de competencias entre la nueva jurisdicción agraria y otras autoridades judiciales, especialmente el Consejo de Estado.

El alto tribunal pidió que el proyecto de ley delimite con precisión qué asuntos serán competencia de los jueces agrarios y cuáles seguirán bajo conocimiento de otras jurisdicciones, con el fin de evitar conflictos institucionales.

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La corporación recordó que esa delimitación está ligada al principio constitucional del “juez natural”, que garantiza que toda persona conozca de antemano qué autoridad resolverá su caso y bajo qué reglas. Según la Corte Suprema, aclarar las competencias previstas en el artículo 9 del proyecto fortalecería la autonomía de la Jurisdicción Agraria y Rural y garantizaría el debido proceso en los conflictos sobre tierras.

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Un juez envió a prisión a Jesse Adonai Daza, un influencer señalado de mantener en cautiverio y en condiciones precarias a decenas de animales silvestres en una finca de Puerto Asís (Putumayo). Según la Fiscalía, los animales eran utilizados para grabar contenido y compartirlo en redes sociales con el fin de ganar más seguidores.

El ente investigador lo presentó ante un juez de control de garantías por, supuestamente, obtener de manera irregular varias especies silvestres, algunas en peligro de extinción.

Según la investigación, animales como guacamayas, tucanes, loras y chigüiros eran mantenidos en su finca ubicada en la vereda Aguas Negras, en Puerto Asís, donde permanecían en condiciones precarias, encerrados y con una alimentación inadecuada.

Por estos hechos, un fiscal especializado de Putumayo lo imputó por los delitos de aprovechamiento ilícito agravado de los recursos naturales renovables y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el caso.

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Durante un allanamiento realizado por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía, en coordinación con Corpoamazonia y la Fiscalía, las autoridades encontraron 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre. Entre los animales habían zarigüeyas, borugas, chigüiros, guacamayas, tucanes, loras, un mono soldado, un paujil y zorros cangrejero, entre otras especies.

Veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía evaluaron a los ejemplares y concluyeron que presentaban restricciones de movilidad, condiciones deficientes de higiene y alimentación inadecuada. De acuerdo con la evaluación, las especies permanecían en condiciones de encierro que habrían generado una grave afectación a su salud e integridad física.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander y exgeneral de la Policía, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes a la verdad sobre presuntos vínculos políticos con estructuras paramilitares en Santander y su relación con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión quedó en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que determinará si el exmandatario cumple los estándares exigidos para acceder a beneficios jurídicos dentro del sistema transicional.

La audiencia, realizada ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López, fue ordenada por la Sección de Apelación de la JEP, que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para aclarar, ampliar y profundizar sus contribuciones, luego de que su solicitud de sometimiento fuera rechazada inicialmente por insuficiencia en sus aportes de verdad.

El exgobernador ya había pedido ingresar a la JEP, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas negó en primera instancia su sometimiento al considerar insuficientes sus explicaciones sobre sus presuntos nexos con estructuras paramilitares y otros hechos relacionados con el conflicto armado.

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Tras esa negativa, Aguilar interpuso un recurso de apelación y la Sección de Apelación revocó la decisión. En consecuencia, ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, con el objetivo de establecer si sus versiones aportan elementos suficientes para esclarecer hechos graves ocurridos durante el conflicto. La diligencia se desarrolló en dos momentos: una primera sesión el 24 de enero de 2024 y una segunda, definitiva, los días 4 y 5 de mayo de 2026.

Los vínculos con paramilitares que indagó la JEP

Durante la audiencia, los magistrados le preguntaron a Aguilar por su incursión en la política regional, el respaldo electoral que habría recibido del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y sus reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”.

Uno de los puntos centrales fue el aval otorgado por el partido Convergencia Ciudadana a su candidatura a la Gobernación de Santander y los presuntos acuerdos políticos con estructuras paramilitares para respaldar candidaturas en la región. En su testimonio, Aguilar reconoció haber tenido conocimiento del apoyo de las autodefensas a su campaña en 2003 y admitió no haber tomado medidas para rechazarlo.

“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, aseguró durante la diligencia, según informó la JEP. Además, señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique habría sido “directamente candidato de las Autodefensas” y mencionó a Alfonso Riaño, exrepresentante a la Cámara, como enlace para coordinar apoyos electorales con estructuras armadas.

Durante la diligencia, el exgeneral Aguilar también respondió preguntas sobre su paso por el Bloque de Búsqueda, grupo élite de la Policía, y negó que esa unidad hubiera recibido financiación de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, la operación se sostenía con recursos de entidades estatales y apoyo logístico de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la DEA, (...) encargada de apoyar logísticamente y también del pago de recompensas para informantes”, dijo.

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Concluidas las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si los aportes entregados por Aguilar Naranjo cumplen los estándares de verdad exigidos por la justicia transicional. El exgobernador quedó a la espera de que la JEP decida si será aceptado como compareciente y podrá acceder a los beneficios judiciales del sistema o si, por el contrario, su solicitud será nuevamente rechazada.

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La Policía confirmó la captura de alias “Bollito de Gato”, señalado integrante de la red urbana del frente Domingo Laín Sanz del Eln y presunto articulador criminal con el frente urbano Compañero Diego, estructura con injerencia en Bogotá. La detención se produjo en zona rural de Tame (Arauca), en un operativo conjunto entre la Seccional de Inteligencia de la Policía de Bogotá, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación.

El hombre, de 32 años, fue ubicado en el sector conocido como El Botalón, en inmediaciones del municipio de Tame, donde presuntamente se ocultaba para evadir a las autoridades. La captura se realizó mediante orden judicial.

Deberá responder, inicialmente, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, terrorismo agravado en grado de tentativa, receptación agravada y lesiones personales dolosas. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, que adelantará su judicialización.

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¿Quién es alias “Bollito de Gato”?

De acuerdo con información de inteligencia, alias “Bollito de Gato” tendría una trayectoria de 12 años dentro del Eln y habría recibido entrenamiento militar por parte de integrantes de ese grupo armado en los municipios de Fortul y Tame, en Arauca.

Las investigaciones indican que haría parte de la red urbana del frente Domingo Laín Sanz y que cumplía funciones de enlace criminal con el frente urbano Compañero Diego en Bogotá. Además, las autoridades lo describen como un presunto experto en inteligencia criminal y manejo de explosivos.

La Policía señaló que estaría relacionado con un hecho ocurrido en 2017 en el municipio de Vianí (Cundinamarca), donde presuntos integrantes del Eln intentaron instalar artefactos explosivos para afectar torres eléctricas. El plan fue frustrado por las autoridades y dejó tres personas capturadas.

Durante la captura de alias “Bollito de Gato”, las autoridades incautaron un teléfono celular, elemento que quedó en cadena de custodia para avanzar en las investigaciones.

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Siguen los desacuerdos entre el despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, relacionados con el levantamiento de las órdenes de captura a 29 jefes del Clan del Golfo que llegarían el 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) dispuestas para esta organización al margen de la ley. Una conversación entre los dos funcionarios terminó sin acuerdos entre ellos.

Durante al menos tres horas, la fiscal Camargo y el comisionado Patiño sostuvieron una reunión en la tarde de este jueves 14 de mayo, para intentar solucionar el desencuentro sobre la resolución con la que el Gobierno pidió seguridad jurídica para el tránsito de los integrantes del Clan del Golfo hacia las ZUT. El centro de la disputa está en que la Consejería Comisionada de Paz pidió el levantamiento automático de las órdenes de captura para estas personas.

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Sin embargo, en la mañana del pasado 12 de mayo, desde el búnker emitieron un duro pronunciamiento en el que la Fiscalía sentaba su postura sobre esa petición del Gobierno. En el comunicado, la fiscal Camargo dejó en claro que no levantará automáticamente las órdenes de captura antes del 25 de junio, fecha de la movilización hacia las ZUT o hasta que haya información clara sobre el avance real de la negociación de paz con ese grupo criminal.

“La información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”, dice el pronunciamiento de la fiscal Camargo. Y agrega que deben mejorarse los mecanismos de verificación de la negociación.

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“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, detalla el documento. A eso se suma una petición clara al gobierno por “respetar” los tratados de extradición internacionales, incluso pese a las negociaciones que adelante el país con grupos ilegales.

La fiscal pidió verificar la situación jurídica de las 29 personas cobijadas por la orden. Lo hizo refiriéndose especialmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, máximo jefe del Clan del Golfo y amparado por la resolución de levantamiento de las órdenes de captura emitida por el gobierno Petro. Este hombre está pedido en extradición por Estados Unidos para que responda en ese país por delitos relacionados con narcotráfico.

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El pronunciamiento de la fiscal Camargo no fue bien recibido en el despacho del consejero Patiño, quien respondió con un comunicado en el que expresó la “rareza” que le produjo la postura de la jefa del búnker. En su concepto, el levantamiento de las órdenes de captura es automático por la naturaleza de la ley de paz total y no está sujeto a verificaciones del ente investigador que, según él, están por fuera de las competencias de esa entidad.

Ese desencuentro entre ambos despachos llevó a que Camargo y Patiño se reunieran para intentar, sin éxito, llegar a un punto de acuerdo sobre el levantamiento de las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo. Fuentes del ente investigador le dijeron a El Espectador que el resultado de la reunión se resume en una frase puntual: “La Fiscalía se reafirmó en su postura”. Sin posibilidad de negociación y con un solo requisito: ampliar la información sobre el avance real de la negociación.

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La histórica sentencia que logró la primera comunidad indígena en Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tuvo el cumplimiento de su primera medida este 14 de mayo. En un acto de reconocimiento por parte del Estado por la violación de sus derechos fundamentales, la comunidad indígena u’wa se reunió en el coliseo de Cubará (Boyacá), municipio ubicado en la frontera con Venezuela. El evento ocurrió casi dos años después del fallo, y en un contexto en el que, de acuerdo con los u’wa, se han incumplido las otras 10 medidas ordenadas por la Corte para garantizar justicia a este pueblo, vulnerado por actividades petroleras, mineras y turísticas en su territorio.

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El evento inició a las 3:55 p. m. y fue liderado por el presidente Gustavo Petro, quien escuchó las palabras de inconformidad de la comunidad ante el “lento proceso” del Gobierno para el cumplimiento del fallo. En primer lugar, el mandatario aceptó que la “sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está desacatando abiertamente” y se comprometió a que su Gobierno adelantará las medidas ordenadas en el tiempo que le resta antes de la llegada de un nuevo presidente. Asimismo, de pie ante el público, el jefe de Estado pidió “perdón” y reconoció “la responsabilidad de gobiernos y del Estado en acciones que violentaron al pueblo u’wa”.

Cubará fue el mismo lugar donde, el 20 de diciembre de 2024, la comunidad u’wa recibió la sentencia de la Corte IDH, que condenó a Colombia por permitir durante años proyectos extractivos en su territorio, frente a los cuales la comunidad había expresado reiteradamente su oposición. La instancia internacional concluyó que esas actividades derivaron en múltiples vulneraciones a sus derechos a la vida, al territorio y a la cultura. Asimismo, los u’wa han denunciado que los proyectos petroleros y mineros siguen contaminando fuentes hídricas, afectando su relación con el territorio ancestral y convirtiendo las infraestructuras energéticas en objetivos de grupos armados, que ha obligado a la militarización del territorio y alterando su equilibrio espiritual.

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Desde la emisión del fallo del tribunal internacional, el pueblo u’wa ha liderado mesas de diálogo con representantes del alto Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia. Los indígenas esperan que estas medidas de reparación lleguen antes de que finalice el plazo de dos años ordenado por la Corte IDH, que vencerá el próximo diciembre. Entre esas medidas se encuentra que los u’wa coadministren con el Estado el Parque Nacional El Cocuy, ubicado en el corazón de su territorio; que se realice un proceso de participación sobre proyectos extractivos vigentes y las medidas necesarias para la mitigación y eliminación de sus impactos; y el saneamiento de los resguardos.

Precisamente este último punto, que consiste en que el Estado compre predios ocupados por campesinos y colonos para entregarlos a los u’wa, es la primera medida que, de acuerdo con la comunidad y sus representantes legales, debe cumplirse. “La dinámica con el Gobierno ha sido lenta e irrespetuosa porque se han cancelado reuniones sin explicación. Una de las medidas más estructurales es el saneamiento del territorio, que no ha avanzado absolutamente nada. Ni siquiera se ha podido tener una reunión con el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, señaló la abogada Juliana Bravo, directora de EarthRights International (ERI), organización que representa a los u’wa en este proceso jurídico.

Sentados en la tarima improvisada en el coliseo de Cubará, al lado del presidente Petro, también estuvieron presentes la lideresa indígena Daris Cristancho y Juan Gabriel Tegría, actual presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos u’wa (Asou’wa). Este último señaló a El Espectador que, aunque el acto de reconocimiento es “una reparación simbólica, nosotros en realidad esperamos que las medidas que se enmarcan en la sentencia de la Corte IDH sean cumplidas por este Gobierno y el que vendrá”. Por su parte, la lideresa Cristancho concluyó que el acto es recibido con “dignidad, pero sin ingenuidad, porque no basta el reconocimiento. Nuestro territorio es vida, no un recurso, y como pueblo u’wa estamos cansados de promesas”.

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Una disputa de más de dos décadas

La lucha del pueblo u’wa con el Estado colombiano inició en 1994. En ese momento, la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) recibió autorización estatal para adelantar exploraciones petroleras en el bloque Samoré, una zona considerada sagrada por la comunidad indígena. Allí actualmente opera la planta de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece a ciudades del nororiente del país. Desde la década de 1990, los u’wa se opusieron al proyecto al considerar que amenazaba su integridad cultural, espiritual y ambiental. Aunque la Corte Constitucional reconoció la necesidad de garantizar su derecho a la consulta previa, decisiones posteriores del Consejo de Estado permitieron la continuidad de las actividades extractivas.

Ante lo que consideraron un desconocimiento de sus derechos fundamentales, la comunidad decidió acudir en 1998 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar al Estado colombiano. El caso permaneció durante años en estudio hasta que, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió formalmente la demanda. Cuatro años después, el organismo concluyó que el Estado colombiano había vulnerado derechos relacionados con las garantías judiciales y la propiedad colectiva del territorio ancestral, por lo que remitió el expediente a la Corte IDH, que condenó a Colombia el 20 de diciembre de 2024 por la violación de los derechos de los u’wa.

Más allá del litigio judicial, el conflicto ha estado atravesado por profundas diferencias sobre la concepción del territorio. Para el pueblo u’wa, el petróleo representa “la sangre de la tierra”, razón por la que rechazan los proyectos extractivos. En un intento por reducir las tensiones, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se instaló una mesa de concertación para resolver disputas sobre títulos territoriales y afectaciones ambientales, pero gran parte de los compromisos pactados continúan sin cumplirse. Años después, los u’wa denuncian la misma falta de acciones y esperan que esta situación comience a cambiar tras este acto de reconocimiento del Estado.

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Por medio de un documento de seis páginas conocido por El Espectador, los abogados Simón Hernández Gómez y Felipe Alzate Gómez denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que han sido objeto de amenazas en su contra durante las últimas semanas. Los juristas son los defensores de Beatriz Niño Endara, exesposa del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, en su caso relacionado con violencia física, sexual y psicológica.

La denuncia señala que, en desarrollo de su trabajo como abogados, han recibido “manifestaciones hostiles, descalificaciones públicas, comportamientos intimidatorios y posibles seguimientos ilícitos, que trascienden el legítimo ejercicio del derecho y se enmarcan en un patrón sistemático de presión contra nuestra labor como litigantes”.

Uno de esos hechos ocurrió en la mañana del pasado 26 de marzo, cuando una mujer que trabaja en su despacho fue aboradada al salir de la oficina por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Estas personas le preguntaron con insistencia si conocían la oficina de los abogados. En su concepto, el hecho “evidencia posibles labores de verificación, seguimiento o perfilamiento sobre nuestra firma y personas vinculadas a la oficina”.

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La denuncia expone que también registraron un intento de acceso forzado, no autorizado, a una de las cuentas de la DIAN, donde hay información sensible de carácter fiscal sobre su despacho. “Hemos recibido información proveniente de una fuente reservada, según la cual existirían intentos de infiltración en nuestra oficina, dirigidos a obtener información interna sobre los procesos que adelantamos y nuestras actividades personales”.

Los abogados señalaron, además, que estos hechos han sido recurrentes desde que asumieron la representación de Beatriz Niño Endara. La mujer lleva un fuerte proceso legal en contra de su exesposo, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, por graves delitos: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, que el exdiplomático niega, pero que la Fiscalía asegura poder probar.

“Desde entonces, de manera progresiva, se han presentado seguimientos, amenazas, comportamientos irregulares y abiertamente hostiles dirigidos en nuestra contra. Estas conductas intimidatorias se han manifestado en espacios públicos, medios de comunicación y audiencias, donde se nos han atribuido, sin fundamento alguno, conductas impropias o incluso delictivas, señalándonos de pertenecer a organizaciones criminales, afectando nuestra honra, reputación profesional y generando un ambiente de riesgo para nuestra seguridad y la de nuestra familia”, dice la denuncia.

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A eso se suman, según los abogados, las “intimidaciones” de parte de funcionarios judiciales relacionados con el caso de Niño Endara. La denuncia expone que el fiscal que conocía las indagaciones sobre el expediente interpuso una queja disciplinaria en contra de los juristas “carente de sustento jurídico, la cual se origina en el ejercicio legítimo de nuestra representación como sus apoderados”.

“Un fiscal que paradójicamente quería imputar a la víctima decidió interponer una queja disciplinaria en contra nuestra, pudiendo interpretarse esto como un mecanismo adicional de presión institucional indebida que afecta el libre ejercicio de la profesión”, dice la denuncia. Y agrega: “Este conjunto de actuaciones ha configurado un contexto sostenido de hostilidad que desborda el debate jurídico propio del proceso penal y se proyecta como un mecanismo de presión contra el ejercicio independiente de la profesión”.

Los abogados Hernández Gómez y Alzate Gómez pidieron garantías para el ejercicio del Derecho, expresando que su trabajo “no puede convertirse en motivo de persecución, amenaza, estigmatización o amedrentamiento”. Además, exigieron que se adelanten todas las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y que haya condiciones reales para seguir ejerciendo su trabajo.

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En un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Francia fueron ocupados cinco lujosos hoteles en Cartagena y dos en Barú (Bolívar), avaluados en al menos COP 70.000 millones. Los bienes harían parte del patrimonio del príncipe belga Henri de Croÿ-Solre, investigado en Europa por presunto fraude fiscal y lavado de activos. Las propiedades quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con fines de extinción de dominio.

Según la información conocida por El Espectador, las investigaciones apuntan a que el príncipe belga habría creado una poderosa red de empresas en paraísos fiscales a través de las cuales unas 64 entidades de distintos sitios de Europa habrían ocultado capitales y evadido impuestos entre 2009 y 2018. Con las ganancias de su negocio ilegal se habrían comprado los hoteles boutique en Cartagena y Barú que ahora incautaron las autoridades.

Las propiedades están ubicadas en sitios estratégicos del Caribe y de alta valorización, como el centro histórico de Cartagena y la isla de Barú. También fueron incautados tres vehículos y el Estado tomó el control de la sociedad que operaba los establecimientos. La investigación detalla que los lujosos hoteles habrían sido puestos a nombre de sociedades panameñas que, al parecer, serían controladas por la misma organización criminal.

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¿Quién es el príncipe belga y qué hay detrás de su fortuna?

El príncipe Henri de Croÿ-Solre, el noble europeo que está en la lupa de las autoridades de al menos tres países por su presunta vinculación con millonarios desfalcos financieros, tiene 67 años y una amplia serie de señalamientos en su contra. La justicia de Suiza, Francia y Bélgica tiene investigaciones abiertas en su contra por, al parecer, ocultar miles de millones de euros en paraísos fiscales, que corresponden a obligaciones fiscales.

El grupo Helin es la empresa que, según las investigaciones, sería la matriz de todos sus negocios ilícitos. En 2018, la revista francesa L’Obs publicó una serie de documentos relacionados con esa empresa vinculada al también llamado “príncipe negro de las finanzas”. Fue en ese momento cuando las autoridades en Europa decidieron empezar a indagar de manera formal cada uno de los movimientos financieros relacionados con este noble europeo.

Hasta ese momento, no estaba en el mapa de las autoridades la posible relación con firmas panameñas ni la compra de lujosos bienes en Colombia. El escándalo fue denominado como los “Dubái Papers” y en 2022 la revista 070 accedió a información contable relacionada con los negocios del príncipe belga. Lo que reveló ese medio fue la forma en la que este hombre se habría hecho a un puñado de mansiones en el corazón de la ciudad amurallada.

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A esas cinco propiedades en Cartagena se suman las otras dos, cuyo valor total alcanzaría los COP 70.000 millones y que ahora están en poder del Estado colombiano por medio de la SAE. La teoría de las autoridades es que esos bienes habrían sido adquiridos con los millones de euros que el príncipe belga habría acumulado a través de operaciones de fraude fiscal en las que ocultaba en empresas ficticias el dinero presuntamente robado a sus clientes.

Desde el año 2000, las autoridades europeas tenían noticia de sus movidas irregulares. En 2012, un tribunal de Bélgica lo condenó a una pena subrogada de tres años de prisión por ocultar al menos EUR 75 millones en impuestos, pero en 2015 fue absuelto en segunda instancia. No pasó de agache cuando en 2018 la prensa puso a sonar el caso de los “Dubái Papers”. Las autoridades vieron que el emporio del príncipe se había ampliado fuera de su país.

“Puede que no sea moral a los ojos de algunos, pero no es ilegal a los ojos de la ley”, dijo el príncipe belga en una entrevista del 2018. Aseguró que su negocio, contrario a lo que sostenían las autoridades, no consistía en evadir impuestos, sino en “gestionar fortunas” y “optimización fiscal”. A lo que no se refirió fue a la forma en la que, según las investigaciones, estaría ocultando su fortuna en paraísos fiscales e inmuebles en sitios como Cartagena.

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La investigación de 070 señala que en 1997 se hizo la primera compra de una propiedad en Cartagena relacionada con el emporio criminal del príncipe belga. Se trataba de una casa de 928 metros cuadrados, ubicada en la Calle Estrella, en el centro histórico de la ciudad. La propiedad, avaluada en ese momento en COP 290 millones, fue adquirida por Collwether Inc., una boyante empresa creada en 1996 en las Islas Vírgenes Británicas.

Las transacciones continuaron. En 2004, otra empresa llamada Fellaya Investments Ltd. y creada en el mismo sitio compró una segunda propiedad en Cartagena de 185 metros cuadrados, por COP 498 millones. En 2007, la empresa Lalou Property Corp. compró una casa de 12.000 metros cuadrados, con isla privada en Barú, avaluada en COP 500 millones. Otras dos propiedades fueron compradas por empresas de Emiratos Árabes Unidos.

En 2008, una casa de 600 metros cuadrados, ubicada en la Calle Cabal de Cartagena, avaluada en COP 928 millones. Y en 2016 compraron una mansión en ruinas, de 1.400 metros cuadrados y un costo de COP 5.000 millones, también en el centro de Cartagena. La razón por la que las empresas detrás de esos negocios fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos es la facilidad legal para ocultar la identidad de sus dueños.

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Los documentos de registro de esas propiedades, que reposan en una notaría de Cartagena, fueron claves para que las autoridades le siguieran el rastro a las negociaciones y llegaran hasta el príncipe belga. El factor común es que las empresas a través de las cuales se compraron los inmuebles tenían un accionista compartido: el grupo Helin, firma del noble europeo, ahora investigado por presunto fraude fiscal y lavado de activos.

El vínculo del príncipe belga con Cartagena y con Colombia no es solo porque haya visto en el país un lugar interesante para, al parecer, lavar el dinero de sus negocios ilegales. La esposa de este hombre es una colombiana: María del Socorro Patiño Córdoba. Se trata de una mujer caleña que fue virreina de belleza del Valle del Cauca, señorita Quindío y virreina nacional del reinado de Cartagena en 1995. Ella también aparece mencionada en uno de los negocios de Cartagena.

La condena en contra del príncipe belga en 2012 lo llevó a repensar el uso de sus propiedades en Colombia y las convirtió en lujosos hoteles. Según la información entregada por la SAE tras tomar posesión de esos inmuebles, en el complejo privado Casa Córdoba Barú, por ejemplo, conformado por tres cabañas de cinco habitaciones cada una, una sola noche de hospedaje puede costar entre COP 600.000 y COP 800.000 por persona.

En el caso de la Casa Córdoba Cabal, ubicada en el centro histórico de Cartagena, solo el alquiler de su salón de eventos para reuniones privadas está entre los COP 22 y COP 23 millones. En palabras de la SAE, se trata de “activos de alto valor” que, tras la fachada de negocios legales en exclusivos y apetecidos lugares turísticos, habrían servido durante años para lavar millones y millones de este noble europeo que está bajo la lupa de la justicia.

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En la tarde de este jueves 14 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó la decisión de apartar a Fernando Augusto Arias Velásquez, fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, de la investigación que se adelanta en contra del exsenador Julián Bedoya Pulgarín. La orden está relacionada con el alto riesgo de preclusión del caso del excongresista.

La investigación en contra del político está relacionada con presuntas irregularidades en su título profesional como abogado, obtenido en la Universidad de Medellín. Las denuncias en su contra aparecieron en el año 2019 e indicaban que el entonces senador habría regresado a la universidad tras casi una década de haber abandonado sus estudios y habría aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas de evaluación.

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La rapidez con la que Bedoya Pulgarín habría completado los requerimientos necesarios para graduarse como abogado despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría, que empezaron a tirar del hilo hasta llevar al exsenador a responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

Sin embargo, el proceso en contra de Bedoya Pulgarín ha estado acompañado por la sombra de las posibles dilaciones. En febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la defensa del excongresista estaría buscando dilatar el proceso para lograr la prescripción del delito de fraude procesal, el plazo legal para la investigación que se alcanzará en julio de este año. Según el tribunal, “no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”.

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En medio de las presiones desde distintos sujetos interesados en ese caso para evitar su preclusión, la decisión de la Fiscalía le da en parte la razón al tribunal. En un documento conocido por El Espectador, el ente investigador señala que en cuatro oportunidades la defensa de Bedoya Pulgarín ha interpuesto recursos contra el proceso, que han retrasado el curso del proceso mientras son resueltos por otras instancias.

El 19 de mayo de 2025, la defensa de Bedoya Pulgarín elevó 33 observaciones al escrito de acusación en contra del excongresista, que obligaron a que el juzgado que tiene el caso suspendiera las audiencias preparatorias al juicio. Luego, el 9 de junio, presentaron una nulidad por supuesta ausencia de hechos jurídicamente relevantes; el 16 del mismo mes las partes se pronunciaron sobre esa solicitud y se suspendió el proceso.

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El 21 de julio de 2025 la nulidad fue resuelta por un juzgado, pero la defensa de Bedoya Pulgarín apeló la decisión y el caso quedó de nuevo estancado. Las próximas audiencias del caso están programadas para entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. Sin embargo, para entonces el caso ya habría precluido y los términos para la acción penal en contra del exsenador Bedoya Pulgarían habrían alcanzado su límite.

Ante esa premura del tiempo, la Fiscalía decidió reasignar el caso a un nuevo fiscal. “La fecha de los hechos permite establecer que el término de prescripción del delito de falsedad en documento privado se encuentra próximo a cumplirse, lo que exige adoptar medidas orientadas a garantizar la continuidad del trámite y evitar nuevos aplazamientos de las diligencias”, señala la resolución emitida por el ente investigador.

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Agrega: “La Rama Judicial evidenció situaciones de dilación de las audiencias programadas que podrían afectar el normal desarrollo de la actuación, por lo que el ente acusador debe asegurar la comparecencia del fiscal en todas las diligencias programadas por el juzgado”. Aunque aclara que el retraso en el proceso no corresponde a “situaciones de negligencia atribuibles al fiscal”, lo cierto es que “el caso debe ser asumido por un fiscal con mayor disponibilidad de tiempo”.

El objetivo, según el ente investigador, es que el nuevo fiscal pueda “atender las actuaciones fijadas por la judicatura y evitar retrasos que puedan comprometer el avance del proceso”. El expediente en contra de Bedoya ahora estará en manos de Adriana Dioselina Arango Valencia, fiscal 77 delegada adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Será ella la que ahora lleve el expediente en contra del excongresista.

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A través de redes sociales han circulado videos como prueba de supervivencia de siete miembros de la fuerza pública secuestrados por las disidencias de las Farc en el departamento de Cauca. En las grabaciones, los funcionarios aseguraron estar en “óptimas condiciones” y solicitaron que continúe el diálogo con el grupo armado para lograr su liberación.

Uno de ellos es Víctor Hugo Yepes García, retenido desde el pasado 14 de noviembre de 2025 en Balboa (Cauca). A través del video, el funcionario envió un saludo y pidió que aboguen por su liberación. “La idea es que pido y quiero que hablen como si fueran ustedes quienes se encuentran en mi lugar, algo que no le deseo a nadie”, expresó.

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En los videos también aparece Juan David Buitrón Caicedo, secuestrado por el grupo armado el 26 de julio de 2025 en la vereda Guadalito, del municipio de Balboa. El integrante de la fuerza pública envió un saludo a su familia y aseguró que recibe las tres comidas al día y que se encuentra en buenas condiciones.

Otro de los uniformados que interviene en los videos es el patrullero de la Policía Nacional Harold Ricardo Martínez, retenido en noviembre de 2025 por disidencias de las Farc en límites entre Huila y Cauca, luego de que solicitara un permiso para viajar a Popayán y conocer a su hijo recién nacido.

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“Le pido al Gobierno nacional que, por favor, tome las negociaciones pertinentes y, así mismo, aclarar que estamos en esta situación y podemos ser víctimas también de ataques. Ellos desconocen en qué zona nos encontramos”, expresó Ricardo Martínez.

En las grabaciones también aparecen Yeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, secuestrados el pasado 24 de agosto durante la Operación Cordillera, que se desarrollaba en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara (Nariño), donde se presentaron combates contra la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc.

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Por su parte, José Oneidi Larrahondo Salinas, auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali y secuestrado el 5 de agosto en Buenos Aires (Cauca), señaló: “Quiero aprovechar este espacio para preguntar al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa qué han hecho por mí, qué han hecho por nosotros”.

El último en aparecer fue Jamerson Guacheta Guacheta, el funcionario que más tiempo lleva secuestrado por el grupo armado. El soldado fue retenido el pasado 24 de julio, cuando regresaba a su unidad militar tras disfrutar de unos días de descanso. En el video afirmó: “Con el diálogo se puede llegar a muy buenas cosas”.

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Sin embargo, estos no son los únicos funcionarios secuestrados por grupos armados ilegales. En mayo y junio de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) secuestró a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

Frente a estos casos, diferentes autoridades, como el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, han exigido la liberación inmediata y sin condiciones de los funcionarios retenidos. “Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el Eln en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”, señalaron.

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