Los cambios dentro de los altos despachos de la Rama Judicial siguen presentándose. Esta semana, la Comisión Nacional de Género anunció que Magda Victora Acosta Walteros, abogada de larga data en el mundo judicial, será la encargada de presidir esta corporación de justicia con enfoque de género.

El anuncio se dio luego de una votación unánime que le otorga a Acosta la presidencia de la Comisión durante los próximos meses. En sus funciones deberá garantizar que el sistema judicial incluya en sentencias y decisiones enfoques de género que erradiquen estereotipos y violencias contra las mujeres.

Tan importante es su tarea, que la misma Comisión describe su presidencia como un reto de “liderar y representar la postura de las Altas Cortes frente a los asuntos de género en la justicia”, según explicó en un comunicado.

Desde 2008, cuando se creó la Comisión Nacional de Género, la justicia intenta ofrecer un servicio judicial a las mujeres sin necesidad de tropezar con estereotipos de género, revictimización a quienes han sido violentadas o, como sucedió hace poco con el secuestro de la empleada judicial Lenis Martínez, agresiones físicas contra las mujeres que integran el sistema judicial.

“La sociedad no puede tolerar esta clase de hechos. Es hora de entender que las mujeres no tenemos dueño y que gozamos de las mismas garantías y derechos. Combatir esos comportamientos, prevenirlos y reivindicar los derechos de las víctimas debe ser una prioridad permanente”, señaló Acosta, recién posesionada en la presidencia de la Comisión.

Dentro de esos objetivos, la Comisión ha diseñado todo tipo de estrategias para hacer de la justicia un nuevo “jugador” en la lucha contra la violencia de género. Desde su creación imparte cursos y capacitaciones a funcionarios judiciales para no caer en estereotipos de género a través de sus fallos judiciales. Pero eso no es todo: desde 2018 la Comisión organiza anualmente un concurso que premia las mejores sentencias con enfoque de género y aplaude el trabajo que jueces y magistrados han tenido en esta tarea.

En 2024, por ejemplo, uno de los ganadores de este certamen fue el juez Daniel Ortega, togado penal de SalamIna (Caldas) que ratificó la condena contra un agresor sexual y, además, regañó al abogado defensor por haber revictimizado a la víctima frente a un estrado judicial en repetidas ocasiones.

Nuevas caras, mismo objetivo

Acosta Walteros es una abogada con un largo recorrido en los pasadizos judiciales de Colombia. Se tituló como jurista en la Universidad Externado y, a partir de allí, inició una carrera para impartir justicia con enfoque de género.

Es especialista en derecho administrativo, cuenta con una maestría en gobierno y política públicas e incluso ha llegado a formarse en instituciones educativas internacionales.

Su llegada a una de las más importantes corporaciones judiciales de Colombia no es un reto nuevo. En 2023 asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene la tarea, en pocas palabras, de sancionar y hacer veeduría de que la justicia funcione conforme a parámetros legales y sin ningún tipo de preferencias o fallos.

En ese cargo, Acosta acumuló a su currículo experiencia en dirección, manejo, asesoría jurídica y administración de justicia antes de ser elegida por el Congreso de la República como magistrada de la Comisión Nacional de Género.

“Sus aportes a la justicia de género incluyen iniciativas para la consolidación de estándares de convencionalidad, así como su aplicación en casos específicos en los que ha tenido competencia. También ha sido ponente y conferencista en temáticas de derecho disciplinario para la Escuela de Formación Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otras instituciones de educación superior”, explicó la Comisión tras anunciar a su nueva presidenta.

Ahora es tarea de Acosta Walteros de lograr que despachos y tribunales, desde los más alejados y pequeños, incorporen la jurisprudencia y el enfoque de género en su cotidianidad para que las mujeres encuentren un sistema seguro y con perspectiva diferencial cuando buscan denunciar sus derechos violentados.

“La indiferencia y la normalización de conductas que constituyen maltrato son amenazas que debemos desterrar conjunta y decididamente”, comentó Acosta.

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Un comunicado de pocos párrafos volvió a encender las alarmas de la protección de los derechos de los niños en Colombia. Esta semana, Profamilia radicó una misiva dirigida a la Casa de Nariño para que el matrimonio infantil sea finalmente prohibido y su erradicación pase a sanción presidencial.

El texto, escrito en lenguaje propositivo para el jefe de Estado, menciona que aunque ya se hizo el trabajo más difícil por ilegalizar el matrimonio infantil en Colombia, aún está pendiente la sanción presidencial para que, en efecto, pase a formar parte de la legislación colombiana.

Esta práctica, remontada a los orígenes del Código Civil que permitía que niños menores de 18 años pudieran contraer matrimonio con adultos, dos o tres veces mayores que ellos, fue debatida y prohibida por el Congreso en noviembre de 2024. Como todo proyecto de ley, el texto recorrió cuatro escalones (dos en Cámara de Representantes y dos en Senado) para que esta unión, considerada como “una violencia para toda la vida” por ONG fuese prohibida. Sin embargo, la ley lleva en los gabinetes presidenciales desde entonces y, según asegura la carta de Profamilia, no ha sido firmada y sancionada por Gustavo Petro.

“La sanción presidencial de la Ley 297 de 2023 es un paso más en el largo camino para hacer realidad la promesa de derechos para la niñez. Buscamos un país donde las niñas sean motor de cambio, dueñas de sus proyectos de vida y autónomas para decidir y alcanzar sus sueños”, explica Profamilia a través de la carta.

La carta dirigida a la casa presidencial también tiene la firma de otras organizaciones que durante años pujaron en el Legislativo para que el Estado colombiano prohibiera la práctica, como por ejemplo, Equality Now o Girls Not Brides (son niñas, no esposas). Tanto las ONG firmantes como organismos internacionales han denunciado los perjuicios de que la legislación de un país permita una práctica tan nociva para la juventud y la niñez.

Unicef, por ejemplo, al estudiar el caso colombiano antes de la prohibición legislativa, aseguró que esta unión marital tenía efectos negativos en todas las esferas de la vida de los niños que contraen matrimonio: psicológico, financiero, en el sistema de salud, derechos reproductivos e incluso en ámbitos sociales, pues el matrimonio infantil conllevaban en muchas ocasiones embarazos adolescentes, agresiones de género o suicidios.

“Hemos sido testigos del impacto devastador que el matrimonio infantil tiene sobre las vidas de las niñas y adolescentes (...) (Prohibirlo) envía un mensaje poderoso a la ciudadanía y al mundo sobre la importancia de que las sociedades incluyan en sus aspiraciones de justicia, equidad y prosperidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, argumenta la carta.

Paso necesario, pero pendiente

Martha Royo, directora de Profamilia, explica que aunque es muy valioso que el Congreso haya tomado la iniciativa de prohibir el matrimonio infantil a través de una ley, esta no tendría ningún sustento jurídico sin la firma y sanción del presidente. En Colombia es necesario que cualquier iniciativa legislativa curse cuatro debates y aprobaciones en el Congreso. Sin importar las discusiones, enmiendas o concertaciones en esa rama del poder, el que le da validez a los textos y leyes aprobadas o derogadas es el presidente.

Así las cosas, a hoy, el matrimonio infantil se encuentra prohibido, pero no sancionado por el presidente, lo que en otras palabras constituye una zona gris que puede ser utilizada para continuar violentado los derechos sexuales de la niñez colombiana.

“Esta sanción será un compromiso firme de nuestro país con la erradicación de prácticas nocivas que limitan su proyecto de vida, salud y bienestar.  Al hacerlo, enviamos un mensaje claro de que sus derechos son una prioridad nacional y de que estamos decididos a construir una sociedad más justa y equitativa”, explicó Royo a este diario.

Las organizaciones firmantes también muestran preocupación porque, según ellas, esta no es una lucha nueva. Prohibir el matrimonio infantil ha sido un verdadero laberinto en Colombia. La iniciativa llegó al Congreso en nueve ocasiones y, durante 17 años, los senadores y representantes le dieron luz roja al proyecto, ya fuera por quórum, falta de consensos o sencillamente nula voluntad política.

En 2024, ese panorama cambió y por primera vez en la historia civil de Colombia, el Congreso debatió y aprobó en cuatro debates su prohibición.

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Miles de colombianos enfrentan problemas legales sin saber que tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita a través de un defensor público. Este servicio, ofrecido por la Defensoría del Pueblo, busca garantizar que nadie se quede sin acceso a la justicia por falta de recursos económicos.

¿Qué es un defensor público?

Es un abogado asignado por el Estado para representar a personas que no pueden pagar un abogado particular. Los defensores públicos trabajan en casos penales, de familia, civiles y en la protección de derechos fundamentales como el acceso a la salud o la vivienda.

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¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

Cualquier persona que no tenga recursos para contratar un abogado puede solicitar un defensor público, especialmente en casos como:

• Acusaciones penales.
• Procesos por alimentos o custodia.
• Problemas civiles relacionados con deudas o propiedad.
• Violencia intrafamiliar.
• Tutelas para proteger derechos fundamentales.

¿Cómo solicitar un defensor público?

Si necesita uno, siga estos pasos:

1. Acudir a la Defensoría del Pueblo: Busca la sede más cercana o contacta a través de su portal oficial (defensoria.gov.co).
2. Llama a las líneas de atención: Puede comunicarse al 018000-914814 para recibir orientación.
3. Presente sus documentos: Lleve su cédula y los documentos relacionados con el caso.
4. Espere la asignación: Un defensor será designado según la disponibilidad y el tipo de proceso.

¿Qué hacer si el servicio no llega?

En caso de demoras, puede presentar una queja directamente en la Defensoría del Pueblo o buscar apoyo en consultorios jurídicos de universidades, que también ofrecen asesoría gratuita.

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Este programa es una herramienta clave para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades vulnerables. Si necesitas ayuda legal, no dudes en buscar a un defensor público: tus derechos están respaldados por la ley.

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En Medellín, en lo que va del año, se han reportado 16 homicidios, una reducción del 11 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 18. Sin embargo, al menos tres personas LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en la ciudad y en Bello. Ante esto, la Corporación Stonewall, La Alianza Social LGBTIQ+, El Voluntariado Diverso y La Consejería Colectiva TODXS en el Consejo Distrital de Juventudes, se manifestaron con una carta dirigida al alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

Entre las víctimas se encuentran Andreina García, mujer trans de la comuna 2, Santa Cruz, y Mateo Jaramillo Naranjo, profesor de inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien residía en Laureles, comuna 11. Además, Jonathan Rodríguez Osorio fue hallado sin vida en Bello en circunstancias que aún están siendo investigadas. Según el comunicado público emitido por las organizaciones, “estas situaciones preocupan y multiplican el temor en nuestra población”.

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El comunicado denuncia que los crímenes han sido cometidos con sevicia y muestran patrones de odio hacia las víctimas por su orientación sexual o identidad de género. “La forma en que asesinan a lxs cuerpxs de las personas LGBTIQ+ evidencia conductas de odio y violencia por prejuicio. Generando así un temor colectivo y un llamado urgente a encontrar respuestas y acciones contundentes por parte del gobierno”, afirma el documento.

Las organizaciones exigen a las autoridades esclarecer los móviles de los asesinatos, identificar posibles patrones de conducta de los victimarios y garantizar la seguridad de la población. “Estamos en la obligación de ejercer control político, proponiendo, construyendo y haciendo de la diversidad algo cotidiano”, se lee en el comunicado.

Asimismo, instaron a la Alcaldía de Medellín a fortalecer la estrategia del “123 Social” con el módulo diverso LGBTIQ+, que brinda atención a esta población, pero cuya implementación, según las organizaciones, aún es deficiente. “El servicio no es conocido en la ciudad, la periferia no lo reconoce, los comerciantes, bares y discotecas no saben de este servicio y mucho menos la población LGBTIQ+ en general”, señalaron en el documento.

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Otra de las propuestas es la creación de un comedor comunitario exclusivo para personas trans, que se ubicaría en las instalaciones de la Gerencia de Diversidades de Medellín. Según las organizaciones, ya se han realizado pilotos exitosos de esta iniciativa para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Las denuncias también se extienden al Gobierno Nacional, señalando que “el silencio del Ministerio de la Igualdad y la ausencia de recursos para las organizaciones LGBTIQ+ de las diferentes zonas rurales y urbanas del país” son factores que agravan la crisis. De acuerdo con los datos presentados, en lo que va del mes se han registrado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en todo el territorio colombiano.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con las autoridades y construir soluciones. “Queremos construir esa Medellín donde prevalezca la vida y garantía de derechos, pero estamos en la obligación de levantar nuestra voz por las vidas que nos están arrebatando”, concluye el documento.

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Revisamos diversas fuentes para construir algunos tips que le pueden ayudar a evitar caer en alguna estafa a través de medios digitales, le contamos:

1. No compartas códigos de verificación: Nunca reveles a nadie los códigos de verificación que recibas por aplicaciones como WhatsApp. Los estafadores pueden hacerse pasar por empleados de estas plataformas para solicitarlos y acceder a tu cuenta.
2. Verifica solicitudes de dinero de amigos o familiares: Si recibes una petición de dinero de un conocido a través de redes sociales, confirma su identidad haciendo preguntas que solo ustedes sepan o realizando una llamada directa. Esto ayuda a asegurarte de que no se trata de un impostor.
3. No abras enlaces sospechosos en correos electrónicos: Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos que aparenten ser de bancos u otras instituciones financieras, especialmente si no esperabas recibirlos. Estos pueden contener virus o dirigir a sitios fraudulentos.
4. Sé cauteloso con llamadas de números desconocidos: La “estafa del wangiri” implica recibir llamadas perdidas de números internacionales desconocidos. Al devolver la llamada, podrías incurrir en altos costos. Es recomendable no devolver llamadas a números que no reconozcas.
5. Protege tus cuentas con contraseñas seguras: Utiliza contraseñas robustas y únicas para cada cuenta, y habilita la autenticación multifactor cuando esté disponible. Esto añade una capa adicional de seguridad frente a posibles accesos no autorizados.
6. Mantén tus dispositivos actualizados: Asegúrate de que todos tus dispositivos cuenten con las últimas actualizaciones de software y sistemas de seguridad para protegerte contra vulnerabilidades conocidas.
7. Sé consciente del uso de la Inteligencia Artificial en estafas: Los estafadores están utilizando herramientas de IA para crear contenidos falsos más convincentes, como audios o videos manipulados. Mantente informado sobre estas tácticas y verifica la autenticidad de las comunicaciones que recibas.

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El Pueblo U’wa, ubicado en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, defendió su tierra, su cultura y su derecho a existir frente a proyectos extractivos que amenazaron históricamente con su esencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la magnitud de estas vulneraciones y declaró al Estado de Colombia responsable por violar sus derechos fundamentales como la consulta previa, la propiedad colectiva y el acceso a la justicia. En esta entrevista, Juliana Bravo Valencia, abogada en EarthRights International, una de las organizaciones que lideró el litigio, narra cómo esta sentencia marca un hito en la defensa de los derechos indígenas y en la lucha por la protección del territorio y el medio ambiente.

¿Cuál fue la estrategia principal adoptada para demostrar las violaciones a los derechos colectivos del Pueblo U’wa?

EarthRights se sumó al proceso luego de que el caso fuera admitido a trámite ane la CIDH, así que la estrategia legal implementada desde aquel momento, especialmente en el litigio ante la Corte IDH, priorizó la documentación de las afectaciones a los derechos territoriales, culturales y ambientales de la Nación U’wa a partir de un enfoque basado en la comunidad mediante el cual recopilamos información primaria y secundaria que luego sirvió de prueba ante la Corte IDH. Trabajamos junto a la Nación U’wa y las demás organizaciones peticionarias (ONIC y CAJAR) identificando las afectaciones y luego las pruebas (documentos, fotografías, informes técnicos, peritajes, testimonios). La estrategia también fue poner en el centro la cosmovisión de la Nación U’wa como un eje que articula las afectaciones a los derechos de una manera interdependiente. Finalmente, la estrategia no solo tuvo un enfoque legal, sino que también implementó acciones de comunicación (interna y externa) y formación comunitaria.

¿Qué relevancia tuvo, dentro del proceso, demostrar las afectaciones culturales y ambientales sufridas por el Pueblo U’wa como consecuencia de los proyectos extractivos?

Fue un tema central, toda vez que la estrategia tuvo como centro la cosmovisión U’wa y la interrelación entre el territorio, los elementos que le componen y la cultura. Este enfoque y el lograr probar afectaciones culturales y ambientales hizo posible que la Corte comprendiera, por ejemplo, que las violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la libertad de expresión y la cultura, generaron también una grave afectación a la vida digna y la integridad de la Nación U’wa como consecuencia de la implementación no consentida de proyectos extractivos.

Un ejemplo de esto es el reconocimiento que la Corte realiza del especial significado que Ruiría (el petróleo) tiene para la Nación U’wa. Al respecto, señaló que “el Tribunal advierte que para la cosmogonía U’wa, Ruiría es la sangre de la madre tierra. En esta lógica, el petróleo y otros recursos naturales, incluidos aquellos del subsuelo, tienen un significado tradicional fundamental para la cultura del Pueblo U’wa. [...] Este Tribunal considera que es posible afirmar que la cosmovisión U’wa sitúa a sus tierras y territorio, y los elementos naturales que lo componen, en el centro de su sistema de valores culturales. La relación con las tierras y el territorio, consecuentemente, define no solo el modelo de vida colectivo y el proyecto de vida personal de los miembros del Pueblo U’wa, sino que está directamente involucrado en la conciencia individual y comunitaria, al grado de ser el rasgo definitorio de la identidad del pueblo y sus miembros”.

¿Qué precedentes establece esta sentencia respecto a los estándares de consulta previa en territorios indígenas, incluso cuando los proyectos están fuera de los límites geográficos del resguardo?

La Corte reconoció que los Estados deben garantizar la consulta previa ante potenciales afectaciones a derechos de los pueblos indígenas derivados de la realización de acciones en sus territorios ancestrales (titulados o no) e incluso fuera de estos, ya que “el derecho a la consulta previa busca proteger la afectación de los derechos de los pueblos indígenas ante la realización de acciones del Estado o de particulares, y no solamente el territorio entendido como un espacio geográfico”.

La Corte ordenó varias medidas de reparación. ¿Cómo se garantizará que estas reparaciones, especialmente las relacionadas con el saneamiento del territorio y la creación del fondo de desarrollo comunal, se implementen efectivamente?

Partimos de la buena fe y el compromiso del Gobierno del Cambio para acatar las órdenes de la Corte IDH, respetando los tiempos otorgados por el Tribunal, así como en coherencia con su manifestación de compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. De cualquier manera, la representación de las víctimas y la Nación U’wa estaremos vigilantes al cumplimiento de acuerdo a las características señaladas por la Corte IDH, especialmente en relación con la concertación de las medidas con miras a que aquellas surtan un efecto reparador y no una revictimización.

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¿Cómo esperan que esta sentencia contribuya a fortalecer la protección de los derechos de otros pueblos indígenas en Colombia frente a proyectos extractivos?

Al tratarse de un precedente de obligatorio cumplimiento en la región, esperamos que los estándares desarrollados por la Corte puedan ser utilizados por otros pueblos indígenas y tribales para la garantía de sus derechos territoriales y culturales. También esperamos que los Estados de la región, particularmente Colombia, acaten los estándares establecidos por la Corte para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.

Entre las principales cuestiones que resaltamos del fallo y que consideramos pueden aportar a fortalecer la protección de los pueblos indígenas y tribales, están las siguientes:

●La Corte reconoce por primera vez que los Estados deben tomar en cuenta la “triple crisis planetaria” en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. Al respecto, señaló en el párrafo 304:

“Asimismo, este Tribunal considera pertinente señalar que los Estados deben tomar en cuenta la “triple crisis planetaria” en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. La triple crisis planetaria describe la interconexión y los efectos combinados de tres amenazas globales: la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano.

● La Corte reconoció una violación de los derechos a la vida e integridad del pueblo indígena U’wa al considerar que “las violaciones a los derechos a la propiedad, la libertad de expresión, participación política, y el derecho a la cultura y al medio ambiente sano han tenido un impacto en la calidad de vida del Pueblo U’wa, que además provocó sufrimientos a algunos de sus miembros” y que “se generó una situación de miedo para la comunidad de que las acciones del Estado continuaran afectando el territorio y sus valores culturales”.

●La Corte concluyó que el Estado colombiano incumplió su deber de evaluar el impacto acumulado de los proyectos implementados en el territorio de la Nación U’wa, fraccionando el análisis ambiental e invisibilizando el impacto a gran escala que su implementación acumulada generó sobre la Nación U’wa.

●La Corte reconoció que en la cosmovisión U’wa el territorio y los elementos naturales que le componen se ubican en el centro de su sistema de valores, por lo que su protección se garantiza no solo a través del derecho a la propiedad colectiva (21), sino además mediante el derecho a la participación en la vida cultural (art. 26) e incluso, en el razonamiento de al menos 3 jueces, a partir de la protección del derecho a la libertad de conciencia y religión (art. 12).

●La Corte reforzó los estándares que rigen los deberes estatales ante el ejercicio del derecho a la protesta social y reconoció los deberes diferenciados asociados a la niñez, al reconocer que “el uso de gas lacrimógeno para la dispersión de la protesta de los miembros del Pueblo U’wa constituyó una violación a los derechos de la niñez de aquellos que tuvieran esta calidad cuando el Ejército realizó acciones para la dispersión de la protesta del Pueblo U’wa” (párr. 250).

Durante el proceso, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron para llevar este caso ante la Corte?

Uno de los principales obstáculos, no necesariamente legal, es el tiempo destinado a la obtención de justicia, pues ante graves violaciones a los derechos humanos, la Nación U’wa tuvo que esperar casi tres décadas para que un tribunal internacional se pronunciara. Otro obstáculo es la conformación de la Corte (a partir de un perfil occidental) y su falta de enfoque intercultural, cuestión que implicó un gran reto para lograr evidenciar las afectaciones culturales y la visión indígena en el caso concreto.

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Ha sido una semana turbulenta para la memoria y las luchas de las mujeres buscadoras de desaparecidos de la Comuna 13, en Medellín. A comienzos de semana, colectivos artísticos pintaron un mural en el norte de la capital antioqueña en la que se exaltan los gritos de justicia que las familias de desaparecidos forzados de esos barrios han emprendido desde hace 20 años.

El mural no duró ni 12 horas, pues fue borrado por la Alcaldía de Medellín al alegar que ese tipo de arte no correspondía a los cánones de una ciudad “limpia y bonita”.

Pero no es la primera vez que se censuran estas muestras hechas por víctimas que, más que algo artístico, son un ejemplo de memoria frente a lo que han tenido que sufrir en la búsqueda de justicia y reivindicación de sus familiares desaparecidos.

En 2021, precisamente, la Corte Constitucional resolvió un pleito judicial con otro mural bien conocido en Colombia: “¿Quién dió la orden?”. En la sentencia 281/2021, proferida por ese alto tribunal, se dejó claro que la memoria, en lugar de ser algo objetivo y puramente artístico, es un derecho colectivo que tienen los colombianos y, por ende, debe ser protegido por la Constitución. Además, rechazó que estas muestras se censuren, pues silenciando la memoria, dice la Corte, “puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes”.

De aplicarse las mismas “reglas del juego” del mural que denunciaba a altos mandos del Ejército por falsos positivos al caso de “las cuchas”, las madres buscadoras de la Comuna 13 tendrían un respaldo jurisprudencial, pues sus denuncias se basan en datos contrastables y, como explicó la Corte, “los jueces no tienen el monopolio de la verdad y la memoria”.

“El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva que tiene como fin ´preservar del olvido a la memoria colectiva´, y una dimensión individual que se realiza en el ámbito judicial. En ese sentido, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones (y hacer muestras de memoria por sus familiares)”, explica la sentencia.

Tutela contra la memoria

A finales de 2019, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) empezó a circular una imagen que en cuestión de horas se tornaría viral. Era una fotografía de un mural realizado en Bogotá el cual retrataba los rostros de cinco altos mandos del Ejército que, según denunciaba la pieza artística, estuvieron involucrados en la comisión de falsos positivos en Colombia. Entre ellos se encontraba la silueta de Mario Montoya, hoy procesado por la JEP por no aceptar los cargos de exigir “carrotanques”, “litros” y “barriles” de sangre como una orden militar; y también el rostro de Marcos Evangelista Pinto, imputado por esa Jurisdicción tras ser acusado de estar al mando de una brigada que tiene a sus espaldas al menos 200 casos de “falsos positivos”.

La imagen empezó a circular a toda velocidad en redes sociales y medios de comunicación. Pero no duró mucho antes de empezar a encontrarse con zancadillas judiciales. A través de una tutela, el excomandante (r) solicitó que la imagen fuese eliminada de las cuentas del Movice y se ofreciera una rectificación. Para él, la imagen había transgredido los límites de la libertad de expresión hasta convertirse en un acoso digital y, con ello, afectar su derecho al buen nombre, la honra, la dignidad humana y el de su familia. Además, el exuniformado argumentó que para ese entonces la justicia no se había pronunciado sobre si era, o no, responsable de los crímenes que se le achacaban, por lo que su presunción de inocencia también estaba siendo violentada.

Movice contestó que, a menos de que la justicia se lo ordenara, no eliminaría la ilustración de “¿Quién dio la orden?”, pues hacerlo convertiría a las familias víctimas de falsos positivos en victimarios y, por exigir justicia, estas deberían arrepentirse de hacer memoria por sus allegados. Incluso crearon nuevas ilustraciones en las que rezaba: “Aquí no ha pasado nada. Con tutelas buscan censurar el mural, ¿quién dio la orden?”.

En un fallo de primera y segunda instancia la justicia desoyó los pedidos del Movice para garantizar que el mural fuera protegido. Entre los argumentos que esbozaron estaban que Pinto, aunque señalado de ejecuciones extrajudiciales, en el momento no había sido condenado ni tenía una sentencia en su contra. Allí se consideró que refugiarse en la libertad de expresión no era una excusa válida para ultrajar el buen nombre de una persona, incluso siendo un funcionario público que democráticamente debe estar abierto al escrutinio y la crítica.

El caso demoró meses en llegar a los estrados de la Corte Constitucional que tomó una decisión de avanzada y considerada como “histórica” por las víctimas del conflicto en aquel momento.

El laberinto judicial

Al escuchar a todas las partes, incluidos a terceros que ofrecieron su concepto jurídico sobre lo que estaba en disputa en ese pleito, la Corte tomó una decisión con sabor a justicia. A través de la sentencia 281/2021 el alto tribunal zanjó un debate que se revivió por estos días con el mural de “Las cuchas tienen razón”: el de la libertad de expresión y por qué una pieza de memoria no puede ser censurada.

“Para la Sala es claro que no se configura un ejercicio abusivo de la libertad de expresión en este caso. Así, luego de realizar el análisis objetivo expuesto, se reitera que el mensaje es de interés público; se relaciona con las responsabilidades de una persona que ejerce mando en el Ejército Nacional; no carece en absoluto de sustento en las investigaciones judiciales que actualmente se adelantan, y no se traduce en afirmaciones vejatorias o desproporcionadas”, concluyó la alta corte.

La Corte hizo todo un estudio jurisprudencial sobre la memoria, por qué esta es un derecho colectivo y protegido, pero también sacó de sus gabinetes otras sentencias que hablaban sobre libertad de expresión y los perjuicios de censurar una pieza de memoria hecha por víctimas del conflicto. Allí mencionó, una vez más, que ni los jueces, ni los magistrados, son los que tienen el monopolio de la verdad y la memoria y que Movice en realidad no había transgredido ningún derecho, pues se trataba de un grito de justicia.

“Estas vías extrajudiciales (el mural y las ilustraciones de Movice) involucran dimensiones de pedagogía y esclarecimiento de hechos de gran impacto para la comunidad, si se tiene en cuenta que la sociedad receptora de estos relatos también tiene derecho a la verdad y a la memoria, así como la obligación de impedir que los crímenes denunciados se repitan”, aclaró.

Como se supo en el momento, la sentencia protegió el mural de “¿Quién dio la orden?” y además, dejó claro una decisión que los familiares de ejecuciones extrajudiciales llevaban esperando por años. “Cualquier acto de censura previa por parte de las autoridades es una violación del derecho a la libertad de expresión”, explicó la Corte.

¿Y las “cuchas”?

La jurisprudencia sobre la Corte Constitucional es clara frente a estos casos: censurar las expresiones de memoria hacia las víctimas de las guerras no solo es una limitación a su derecho de libertad de expresión, sino un intento de revictimizarlas. Además atenta contra un derecho colectivo, que es el de la memoria.

Como lo hizo con el caso de Pinto, la Corte explica que las expresiones de memoria, cuando se habla de víctimas de la guerra y personas que sobrevivieron a la violación de sus derechos humanos, se refiere a un “discurso protegido”, aún si se tutela, censura o genera polémica.

Dentro de los principales argumentos que elevó ese tribunal se encontraba que los murales y denuncias de las víctimas “no son producto de la imaginación, sino que corresponden a las investigaciones que adelanta la JEP”. Bajo esa misma lógica, las madres de La Escombrera, también estarían protegidas de hacer expresiones de memoria, pues durante 20 años han defendido que en esa montaña de Medellín, considerada como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, hay cuerpos humanos, denuncia que se respaldó en diciembre cuando se encontraron las primeras estructuras óseas bajo miles de metros cuadrados de tierra.

Además, las madres buscadoras de La Escombrera tienen, según ese mismo tribunal, el derecho a hacer memoria por sus familiares desaparecidos. Sus expresiones artísticas, cuenta la sentencia de “¿Quién dio la orden?”, constituyen un grito de justicia, esta vez pronunciada en Medellín. En pocas palabras: al tratarse de un derecho, debe ser protegido por la ley, las autoridades y la sociedad.

Para la Fundación de Libertad de Prensa, la censura que sufrió el mural de estas mujeres constituye una clara violación a la libertad. Aunque desde la Alcaldía de Medellín se argumente que el mural fue elaborado por “vándalos” y que en sus trazos se buscó “generar caos”, igual se estaría violentando el derecho de libre expresión.

“(Federico Gutiérrez y Andrés Guri, concejal de Medellín) están llamados a respaldar y garantizar la libertad de expresión en el marco de una sociedad deliberativa y democrática (...) Esta decisión arbitraria (de censurar el mural) afecta la libertad de expresión de la ciudadanía, pues pretenden silenciar expresiones artísticas que, de manera legítima, hablan sobre aspectos esenciales para el debate público y pueden considerarse una revictimización contra quienes quieren visibilizar estos asuntos”, concluye la FLIP.

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Cuando la “carroza de la paz” salió a desfilar por las calles de Pasto, la capital de un departamento que ha visto a la guerra instalarse en su geografía, la apuesta por la justicia restaurativa empezó a consolidarse un poco más.

A inicios de 2025, dos organizaciones de víctimas del conflicto se unieron con excombatientes e integrantes de la Fuerza Pública para construir una carroza que fue elaborada con metal, justicia restaurativa y la certeza de que la reconciliación es el camino para lograr la paz. Por un lado estuvo ADIV, un colectivo que ha abanderado la búsqueda de desaparecidos forzados desde hace décadas en el departamento. Por el otro estuvo AVICPONAR: un grupo de policías sobrevivientes al conflicto armado en Nariño.

La inmensa estructura desfiló en el Carnaval de Negros y Blancos y demostró que mientras los tribunales hacen su trabajo para proferir sentencias y recabar la verdad del conflicto, quienes protagonizaron la guerra pueden ir avanzando pasos hacia la justicia restaurativa.

El Espectador habló con la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), organización que acompañó la elaboración de la carroza sobre la historia de cómo en Nariño, uno de las regiones más afectadas por las balas, se están cultivando iniciativas de paz y restauración.

“La carroza es mucho más que construir una estructura. Es la idea de crear un símbolo que representa una tradición de paz en Nariño y muestra lo que hacen las víctimas, pero también los victimarios, en favor de la paz, la justicia y la reconciliación”, explica Katherine Zamudio, coordinadora de oficina suroccidente de la Consultoría.

El paso a paso

Mientras que artesanos, indígenas y campesinos se reunieron por meses en 2024 para discutir qué rostro y simbolismos darle a las carrozas que participarían en el Carnaval, las víctimas y excombatientes ya sabían el mensaje que querían transmitir en esas fiestas: el de la reconciliación y la justicia.

Cada año, como es costumbre, se celebra este festival considerado como un espacio para visibilizar la cultura colombiana, pues allí se congregan indígenas que exaltan el liderazgo de sus taitas, grupos afro, campesinos y otros colectivos que, como sucedió este año, construyeron una carroza de La Vorágine, la obra de José Eustasio Rivera que habla sobre la riqueza natural de Colombia, pero también de los episodios de explotación que los indígenas de Putumayo tuvieron que vivir a causa de la fiebre del caucho a inicios del siglo XX.

Pero este año hubo una estructura andante que no se veía en el pasado: una carroza de la paz. A comienzos de 2024, un grupos de organizaciones le propusieron a dos colectivos de víctimas (de desaparición forzada y violencia sexual) a unirse a una apuesta de justicia restaurativa y construir, mano con mano, una carroza junto con quienes en el pasado violentaron sus derechos.

El trabajo no era sencillo, pues mientras las víctimas escucharon la propuesta, en la Jurisdicción Especial para la Paz aún queda trabajo por ofrecer verdad y sentencias judiciales contra los máximos responsables del conflicto.

Zamudio explica que el Carnaval fue una oportunidad para demostrar que el tejido social desgarrado por la guerra sí puede reconstruirse y la mejor forma que hallaron para hacerlo en Nariño fue a través de la construcción de las carrozas.

“Estar en este proyecto ya es un tipo de diálogo y justicia, pues genera empatía hacia las víctimas y comprensión frente a las consecuencias que trae la violencia. En el pasado las víctimas reclamaban que no eran visibilizadas ni escuchadas. Con la carroza se logró transformar el dolor en arte y se creó un espacio de sanación entre víctimas y victimarios”, comenta la experta.

Junto con Pastoral Social, la Agencia de Reincorporación Nacional y la Gobernación de Nariño, entre otras organizaciones, se le dio luz verde al proyecto de construir una carroza a manos de víctimas y excombatientes.

Al verse “cortos” de dinero para financiar la carroza, ambos protagonistas de la guerra salieron por las calles de Nariño en busca de recursos para costear los materiales y la mano de obra de su nueva obra. En espacios cerrados esbozaron la arquitectura del carruaje, debatieron sobre la mejor forma de construirla y, en una comparsa con sabor a justicia, la presentaron ante Colombia en el Carnaval, a inicios de este 2025.

Una ruta de justicia

¿Hay daños irreparables? ¿Se puede perdonar un crimen por doloroso que sea? Esas fueron algunas de las preguntas que se plantearon desde Codhes antes de empezar a pavimentar el proyecto. Por ello, diseñaron junto con Pastoral Social una ruta de reconciliación entre las víctimas y los excombatientes.

A través de cinco encuentros presenciales y con enfoques específicos, las organizaciones sentaron a quienes en el pasado cometieron y sufrieron las estrategias de la guerra para poder sanar sus heridas.

En el primer encuentro, por ejemplo, se habló de la importancia de la memoria y cómo a través de la palabra y las manifestaciones orales, tanto afectados como victimarios, pueden expresar sus vivencias y lo que sienten.

También hubo espacios para hablar de verdad, esclarecimiento, perdón y reconciliación en la que víctimas y excombatientes pusieron su esperanza para sanar y perdonarse.

Aunque los colectivos de víctimas pertenecen a dos de los crímenes más denunciados y atroces del conflicto, se insistió en la importancia de estos procesos para lograr sanar y, con ese acto, perdonar para construir paz.

“Estar en este proceso facilita el perdón. Claro que el daño causado es enorme, pero hay quienes quieren seguir trabajando por sanar o enmendar lo que sucedió en el pasado”, comenta Zamudio.

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Toda expresión de poder y resistencia termina por confesar sus formas, sus temores, sus intenciones. Al día de hoy, toda expresión de poder manifiesto en represión, trae consigo una manifestación de la resistencia que va más allá de la idea menospreciada y masiva de aguantar, soportar, sufrir o tolerar. La resistencia es una expresión propia de los individuos que creen en la posibilidad de construir escenarios distintos en donde se manifieste la vida, la franqueza, la justicia, la verdad.

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La represión por su parte, asociada a la contención, al freno, al castigo, encuentra camino en las rutas de la censura, de la omisión; de manera que, si reunimos todos estos elementos frente a un escenario de verdad, el resultado es la perpetuación de la impunidad en alianza con un cubrimiento que se viste de negacionismo.

En Medellín, la censura sigue siendo un mecanismo de impunidad ante la develación de lo macabro de los hechos que llevaron a la desaparición de cientos de personas en la ciudad, en el departamento y de manera particular en la Comuna 13. Ha sido noticia en el último mes los hallazgos de osamentas encontradas entre el 18 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025, durante la intervención forense en el Polígono ubicado en el sector de La Arenera, concesión minera a cargo de la empresa El Cóndor, a donde fueron trasladadas las personas que posteriormente fueron desaparecidas en la Comuna; los mismos hechos que han sido denunciados desde el año 2001 por las mujeres y familias buscadoras, y que 23 años después han tenido pruebas para quienes desde el negacionismo y la idealización política y militar pusieron en duda y señalamiento su dolor, su espera, su búsqueda, su lucha.

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Al poco tiempo de notificados los primeros hallazgos de osamentas en el Polígono intervenido, el hombre que dirigió el país en el tiempo en que más de 20 operaciones militares acaecieron en la Comuna, tuvo la idea de compartir en redes un comunicado emitido desde el mismo territorio en el que décadas anteriores se atestiguó la desaparición de alrededor de 502 personas. En esta comunicación, Uribe fue insistente en la justificación de las intervenciones militares, dando una vez más la respuesta a la pregunta que han hecho las víctimas: ¿Quién dio la orden?

Al parecer esta pregunta en particular causa revuelo no solo en la ciudad; se amplía a otros territorios del país en donde las familias buscadoras también resisten, y al tiempo, seguidores del expresidente le defienden a él, a su gobierno, sus órdenes y los demás responsables. Es tanto el alcance y escozor que genera la pregunta, que se materializa en la censura de murales pintados en espacios público, tal como sucedió el pasado 13 de enero.

El 12 de enero de 2025, en un reconocimiento por la búsqueda de las mujeres víctimas de la Comuna 13 de Medellín, se pintó un mural con la frase: Las cuchas tenían razón. Entre letras aparecen otros elementos gráficos que ilustran los hechos y el porqué de la frase: el rostro de una mujer buscadora, la fotografía de su hija colgada en el pecho, cadáveres, y el rostro del exmandatario. A un día después, el muro es pintado de gris por orden de la Administración municipal de Medellín, la cual hoy está en cabeza de Federico Gutiérrez, el mismo personaje que años atrás, siendo también alcalde de la ciudad, recién iniciada la intervención en La Escombrera, se negó a escuchar y a reunirse con las mujeres, obstaculizando y frenando la búsqueda por completo durante su cuatrienio.

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Sumado a la orden, coexisten otras expresiones que recaen en la estigmatización de las víctimas, como es el caso de Andrés “Gury” Rodríguez, concejal de Medellín, por el Centro democrático, quien en su red social X felicita el accionar de la Alcaldía por tapar el mural: “Excelente trabajo @AlcaldiadeMed, cero apología al narcoterrorismo y a la falsa narrativa progresista”. Lo anterior, representa una clara estigmatización a las mujeres buscadoras y a los colectivos de artistas que en solidaridad buscan hacer eco de las exigencias; además de ponerles en riesgo ante amenazas y toda acción violenta que deviene de este tipo de señalamientos.

Tanto la orden como la expresión son manifestaciones de represión a la libre expresión de las víctimas y los colectivos artísticos que han resistido y acompañado a las familias en la búsqueda de la justicia; expresiones que por cierto están lejos de adolecer de verdad o de elementos que prueben lo sucedido. Una vez más somos testigos de que la censura es una práctica de grupos políticos para la manipulación y el control social, para la promoción del negacionismo de unas prácticas de estado que nos han acompañado por décadas como sociedad.

Finalmente, volviendo a la frase de Foucault, la confesión del sangriento poder es que la censura es su mecanismo de impunidad; de que el silenciamiento ante el atrevimiento amoroso y consciente de las víctimas del horror sigue dejando en deuda a un Estado que no solo ejecuta los crímenes, sino que también tiene aliados que encubren las respuestas a las preguntas, como la que ya sabemos que incomoda: ¿Quién dio la orden?

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Una sentencia judicial similar a la proferida en el caso de Rosa Elvira Cely, mujer asesinada y víctima de negligencia médica y judicial para intentar salvar su vida, se profirió en el departamento de Bolívar. A finales de diciembre, el magistrado Jean Paul Vásquez tomó la última decisión sobre el caso de un feminicidio ocurrido en Cartagena que, para él, tenía que examinarse más allá de las sanciones penales.

El caso era estremecedor: una mujer con ocho meses de gestación fue engañada, torturada, “desembarazada” con una cuchilla de afeitar y finalmente asesinada por un policía y su pareja sentimental para, aunque suene increíble, robar a su bebé y registrarlo como su hijo.

El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar estudió el expediente, revisó los hechos y concluyó que, aunque ya se habían enviado a 60 años de cárcel a los dos feminicidas de la mujer, el Estado también tenía responsabilidad en el asesinato, por lo que lo condenó a pagar $380 millones a los familiares para reparar los daños, además de medidas simbólicas.

Esta es la historia de cómo el jurista, que ya cuenta en su currículo con premios por haber proferido sentencias con enfoque de género, condenó a la Nación por haber sido “administrativamente responsable” del caso de un feminicidio que, a 10 años de cometido, acabó de encontrar justicia.

“¿Por qué no pudimos protegerla?”

En 2014 se empezó a escuchar en Cartagena una historia poco creíble, sobretodo por lo sádico de su líneas. Kellys Zapateiro, una mujer con ocho meses de embarazo, había desaparecido. A tan solo 23 metros de la estación de Policía de Manzanillo del Mar, un barrio rústico en la orilla costera de Cartagena, la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en realidad.

Al iniciar turno, un patrullero de la caseta policial encontró un brazo humano, algunos elementos manchados de sangre y, según su testimonio, una hoguera alimentada en las últimas horas. Era el brazo de Kellys; la sangre hallada en la tierra, en una pala y una colchoneta correspondían al perfil genético de la mujer gestante y la fogata terminó siendo el lugar donde los restos fueron incinerados.

El caso cursó su rumbo en un juzgado y se comprobó que Kellys fue engañada por una compañera, conducida a la estación de Policía de Manzanillo del Mar y, por cerca de seis horas, sometidas a torturas a manos de un patrullero y su amiga para “desembarazarla” con una cuchilla de hoja. Todo eso antes de recibir un disparo con el arma oficial del uniformado. Ambos fueron hallados culpables y enviados a purgar una condena de 60 años de prisión.

Pero la familia de Kellys no quedó conforme con ese fallo judicial. Según sus allegados, la Nación también había sido responsable del asesinato, no por acción ni por omisión, sino porque era impensable que en un edificio destinado a proteger derechos se hubiese permitido semejante asesinato, sumado a que los instrumentos del feminicidio fueron sacadas de la despensa de la Policía.

“La joven madre tenía el derecho a permanecer segura al interior de una entidad estatal (...). Fueron precisamente (los policías de la estación) los que incurrieron en sistemáticas omisiones que terminaron por facilitar el fatal desenlace”, reza la sentencia.

A través de una nueva demanda, esta vez de carácter contenciosa, los parientes argumentaron que merecían una reparación diferente a ver a los agresores en un pabellón carcelario. Por eso, iniciaron un largo camino que pedía que se declarara al Estado responsable por fallas en el servicio y, además, una sentencia con perspectiva de género para demostrar que el feminicidio era un daño moral irreparable, que toda la familia debía recibir compensación económica y el Estado, debía tomar medidas de reparación para evitar que se repitiera la historia.

En 2020 lograron que un juez de primera instancia les diera la razón: el Estado era responsable en el feminicidio y ordenó una indemnización solo a algunos de los familiares de Kellys, pero dejó por fuera las medidas de reparación simbólicas (un perdón público y una placa conmemorativa) y la pretensión que insistía en que esos policías de Manzanillo debían someterse a exámenes psicológicos para que no se repitiera esa historia.

Pero no fue aceptado. Tanto la familia como la Nación, que en este caso representa al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, apelaron y buscaron una decisión diferente en una segunda instancia. El caso llegó al despacho de Vásquez que, antes de empezar todo el análisis probatorio, lanzó una cita literaria al aire: “Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza preguntándonos una y otra vez: ¿qué fue lo que no vimos? Éste es el eco. ¿Por qué no pudimos protegerla?”.

Servicio fallado

El caso que llegó al despacho del magistrado es similar al que en su momento apareció en un expediente en Bogotá con el caso de Rosa Elvira Cely. Aunque los perpetradores del feminicidio ya estaban, para el momento del estudio, en la cárcel, el grito de justicia se centraba en ver qué instituciones del Estado fueron responsables de la muerte. En su momento, la Fiscalía y la Subred de occidente fueron condenados pues, de haber hecho su trabajo, ni Cely hubiese sido agredida en el Parque Nacional, ni hubiese tenido que esperar tres horas en estado agónico para recibir atención médica.

Eso mismo hizo la familia de Kellys: buscar por qué el Estado permitió que el crimen, a tan solo 23 metros de una estación de Policía, se pudiese realizar sin que ningún funcionario lo detuviera.

Aunque en el juicio quedó explícito que no es posible, en pocas palabras, prevenir el futuro, sí quedó constatado que hubo “fallas en el servicio”. Mientras el feminicida cometía el asesinato, seis de sus compañeros estaban en el mismo predio y aunque escucharon disparos, el hombre pudo disponer de cinco horas y media para cometer el delito.

“La entidad (estación de Policía) contaba con las herramientas y la obligación de vigilar cómo se prestaba el servicio en las instalaciones, lo que claramente se omitió mucho antes de la comisión del delito. Dejando pasar este hecho por alto, (los patrulleros) optaron por seguir descansando, cuando lo que realmente estaba ocurriendo era el feminicidio”, narra el fallo.

Vásquez halló que hubo varias fallas por parte de los policías antes, durante y después de cometido el crimen. Uno de los primeros vino por parte de los superiores, que no pasaron revista sobre quiénes quedaban con qué armas. El segundo de ellos provino por parte de los colegas del feminicida, que aunque escucharon disparos y lo vieron con una mujer prendiendo una hoguera, no se acercaron ni reportaron esas novedades que era a todas luces contraria al protocolo de la Policía.

Cuando el feminicidio ya se había consumado y las riendas penales ya estaban en marcha, todos fueron llamados por la justicia para exigir explicaciones sobre lo que sucedió. Pero lo que encontraron los jueces fueron excusas y justificaciones. Uno de los patrulleros constató que “a veces el patrullero (condenado) disparaba a los cocos de las palmeras de la estación”; otro de ellos argumentó que no se le hizo irregular haber escuchado un tiro en la mitad de la noche. Un tercero aseguró que, aunque escuchó gritos, disparos y observó una fogata, optó por seguir descansando, pues su tarea esa noche no consistía en hacer guardia.

La sentencia de Vásquez hace hincapié en que, de haber intervenido o seguido los protocolos normales de un policía, no se hubiesen presentado estas fallas: “Ningunos de sus compañeros (patrulleros), en un gesto de mera prevención, actuó conforme a las consignas de protección, vigilancia y mantenimiento del orden, propio de la Policía (...). Todos justificaron su actuar omiso en suposiciones que igualmente resultaron contrarios a los valores y recto actuar de un miembro de la fuerza pública”.

Justicia con reparación

Vásquez recibió un expediente, en el papel, casi resuelto, pues el juez de primera instancia logró recabar varias de las pruebas que establecieron que el Estado, en efecto, sí era administrativamente responsable. Sin embargo, algo faltaba en el pedido de justicia de la familia.

Los parientes argumentaron que todo el círculo familiar debía ser reparado económicamente porque el feminicidio de Kellys constituyó un “daño moral irreparable”. Sin embargo, el juez solo ordenó el pago a los padres y hermanos de la víctimas.

Además, clamaban que hubiese una reparación simbólica que, aparte de recordar lo sucedido con la mujer asesinada, corrigiera los errores para que no se volviera a repetir. Por ello pidieron un acto de excusas públicas por parte de la Policía, una placa conmemorativa de Kellys y que cada uno de los integrantes de esa estación policial fueran sometidos a exámenes psicológicos. Pero, una vez más, el juez de primera instancia negó esas pretensiones.

El magistrado Vásquez quiso que la justicia llegara para los familiares de Kellys, esta vez de forma inclusiva, y explicó a este diario: “Esta decisión, además, de confirmar la condena contra el Estado por el feminicidio perpetuado, busca medidas en materia de reparación integral para la familia de Kellys, pero también para la ciudad, pues el daño se produjo no solo a las víctimas, sino también a la sociedad de Bolívar tras este horrible hecho”.

Por ello ordenó que se construyera un parque y una plazoleta en Cartagena para que, “desde el enfoque diferencial y perspectiva de género, sea dotada de elementos que propicien la ocupación e hijos menores, dando prevalencia a su seguridad y beneficio”. El parque deberá, según ordena la sentencia, contar con un mural que haga sensibilización contra el acoso y violencia frente a las mujeres.

Además, la Policía está obligada por la sentencia a implementar un programa que forme a sus uniformados en perspectiva de género y que, a través de los talleres, cursen estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres y comprendan las implicaciones, legales, sociales y culturales de un feminicidio.

“El reconocimiento de lo aquí descrito es una forma de reparación para que dichos hechos no vuelvan a ocurrir, y poder seguir gritando, sin ambages: ¡ni una más, ni una menos!”, concluye Vásquez.

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Las víctimas de la Comuna 13 de Medellín están indignadas. Ayer, con una olla comunitaria y en una acción pacífica de arte protesta, un conjunto de artistas y organizaciones pintaron en el puente del Mico, en la autopista de Medellín, un mural que declaraba: “Las cuchas tenían razón”. El objetivo era homenajear a las buscadoras de La Escombrera, porque gracias a su lucha, el pasado 18 de diciembre de 2023, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lograron encontrar los primeros restos humanos en esa zona de la ciudad.

El rostro de la vocera del colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, Margarita Restrepo (quien busca a su hija Carol Vanesa Restrepo, desaparecida en el año 2002 cuando tenía 17 años) fue plasmado en la obra que hoy fue borrada, tapada con pintura gris por empleados de la Alcaldía de Medellín. Ante esto, en una publicación vía X, de la cual el alcalde Federico Gutiérrez eliminó la posibilidad de comentar, escribió: “Acá hay respeto por las expresiones artísticas y las apoyamos, y al mismo tiempo tenemos claro que el espacio público de la ciudad es de todos y hay mantenerlo limpio y bonito”.

Sin embargo, hay varias preguntas desde el colectivo de líderes y artistas, quienes en presencia de víctimas de la Comuna 13, pintaron el mural. Una de ellas es “¿por qué quieren borrar la memoria?”. Así mismo, el doctor en Ciencias Humanas y Sociales Max Yury Gil, escribió en X: “Que la Alcaldía de Medellín borre mural en honor a víctimas de la comuna 13, es una conducta absolutamente reprochable, constituye una afrenta y una revictimización y es una violación al derecho humano, a la memoria y a la libertad de expresión”.

Una disputa por la memoria

La semana pasada, una controversia por el borrado del grafiti “Nos están matando” en un muro cerca de la Estación Acevedo de Medellín, dedicado desde 2020 a denunciar el asesinato de líderes sociales, reabrió el debate sobre el arte urbano en la ciudad. La intervención inicial del Distrito, bajo el pretexto de aseo, y su posterior restauración por colectivos grafiteros desataron una batalla simbólica y política, intensificada por la acción de Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, concejal del partido Centro Democrático.

El funcionario volvió a borrar el mural argumentando que era apología a la Primera Línea. Mientras los colectivos insistieron en su derecho a la memoria y la expresión, críticas apuntaron a la falta de implementación de políticas públicas de arte urbano, evidenciando tensiones entre libertad creativa, memoria histórica y normativas oficiales.

“No permitiremos que el gris del olvido intente borrar la fuerza y el mensaje de esta obra. ‘Nos Están Matando’ regresa a los muros no como un simple acto de restauración, sino como una reafirmación de nuestra resistencia y compromiso con la libertad creativa”, indicó en ese momento, en un comunicado, el colectivo que estuvo detrás de volver a pintar la frase.

Sin embargo, las dos acciones no vienen del mismo conjunto de personas, tal y como aclaró mediante un comunicado el colectivo Fuerza y Graffitti: “Es fundamental aclarar que la intervención en el muro “El arte no se calla”, realizada en conjunto con Mesa Graff y otros colectivos, fue una acción de apoyo colectivo, mientras que “Las cuchas tienen la razón” surgió como una iniciativa colectiva, impulsada desde el poder popular en colaboración con las madres buscadoras y diversas organizaciones. Ambas acciones, sin embargo, forman parte de nuestro trabajo colectivo, siempre acompañando a la comunidad y sus luchas”.

Además, indicaron que estas acciones no responden a intereses partidistas, “sino a la necesidad de visibilizar el sufrimiento de las víctimas y generar conciencia social sobre las injusticias que nos afectan a todos”. Ahora, el debate crece, la ciudad está llena de murales en honor a la memoria, cerca al que borraron, dice “Orión nunca más”, que más que una disputa entre el gris y el color, es sobre la memoria histórica que ha marcado la ciudad.

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No había pasado ni una semana desde la celebración del último Año Nuevo cuando abogados, medios de comunicación y parejas que llevan meses en un estrado judicial acabando su matrimonio empezaron a hablar del “divorcio express”. La ley, discutida y aprobada por el Congreso durante todo 2024, cursó su último debate en diciembre y, como paso final, sancionada por el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño.

Sobre ese ajuste al Código Civil se decía que ahora los colombianos tendrían una vía mucho más fácil para acabar su matrimonio sin depender de otros factores, personas o escenarios, como las obligaciones incumplidas, haber sido víctima de violencia en el matrimonio o que existiese un cónyuge alcohólico o violento. Por todo ello, se bautizó esa nueva causal de divorcio como el divorcio express: una forma en que uno de los miembros del matrimonio puede buscar en un juzgado la forma de terminar su unión solo si así lo deseaba y que podría, virtualmente, hacerlo más rápido sin necesidad de recorrer los caminos tortuosos por los que pasan las exparejas en los trámites de divorcio.

Pero la ley, valga la redundancia, tiene sus “peros”. Expertos en derecho civil y familiar hablaron con El Espectador sobre algunas imprecisiones que se han hablado por estos días sobre el divorcio unilateral y por qué, según ellos, mencionar este trámite podría ser todo menos express.

Los juristas aseguran que el divorcio, considerado como un proceso demorado, desgastante y costoso, puede no agilizarse con este nuevo ítem dentro del Código Civil. Actualmente, un proceso de divorcio demora entre 12 y 18 meses para ver la luz al final del túnel. Con el divorcio unilateral, dice Leila Jiménez, experta en derecho familiar de Integrity Legal, estos tiempos podrían igualarse e incluso aumentarse.

“Se está generando más expectativa de lo que realmente amerita, porque no es una opción express y, el matrimonio, como es un contrato, tiene efectos cuando se incumplen”, comenta Jiménez.

Derechos vs. tiempos

Actualmente hay nueve causales que, frente a un juzgado, son válidas para pedir que se termine la sociedad matrimonial. Algunas de ellas oscilaban desde escenarios de violencia, como por ejemplo que una mujer fuese golpeada durante sus años de esposa por el marido, hasta episodios de incumplimiento, como un padre que no cumple con las obligaciones del matrimonio ni sus deberes como padres, tales como pagar los básicos mínimos o las cuotas de alimentos.

Lo que hace la nueva ley de divorcio unilateral es añadir una nueva causal a esta baraja de posibilidades para terminar el matrimonio. La legislación ahora permite que cualquiera de los dos cónyuges pueda tramitar su divorcio sin depender de la opinión de su pareja, de lo bien o mal hecho durante el matrimonio o de otras circunstancias.

Por ejemplo, David Luna, senador de Cambio Radical, aplaudió la iniciativa al mencionar que es una buena ley porque garantiza que las relaciones sean el resultado del afecto y no de las obligaciones civiles ni patrimoniales.

Aunque el proyecto busca, además de ofrecer libertad a los cónyuges, empoderar la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, se chocaría con la realidad del sistema judicial, en especial sus demoras.

Jiménez cuenta que los trámites civiles en la justicia colombiana son demorados y, cuando se habla de divorcio, pueden incluso serlo más. En el pasado, cuando los cónyuges llegaban a un juzgado para avanzar en el divorcio tenían que enfrentarse a cual era la parte culpable y cual la inocente; cuál de los dos se queda con los bienes y, si hay hijos, cómo se distribuyen las cuotas para mantenerlos y garantizar sus derechos. La abogada teme que con el divorcio unilateral los colombianos opten por esta vía por considerarla “más rápida y efectiva”, algo que según su criterio, no sucedería.

¿Por qué? Según cuenta Jiménez, uno de los principales problemas en este trámite es la falta de común acuerdo. Si hubo una pareja casada por 10 años y, de un momento a otro uno de los cónyuges solicita el divorcio, esto tendría sus efectos en un estrado judicial para determinar a futuro cómo se reparte lo que ese matrimonio construyó (patrimonio, casas, bienes, ahorros). “Existe el riesgo de que la otra persona no vaya a estar contenta con el divorcio unilateral. Pero estamos hablando de seres humanos y emociones y no es factible que tenga los resultados que se venden. El hecho de que el divorcio unilateral carezca de acuerdo mutuo significa que el otro cónyuge tendrá su derecho a presentar contrapropuestas y, a fin de cuentas, puede terminar durando lo mismo que dura hoy en día, es decir, esperar de dos a tres años para divorciarse oficialmente”, asegura la abogada.

Para Jiménez, el principal problema radica en el desconocimiento y en la posible falta de asesoría frente al divorcio: “La ley no es mala, no tiene grandes vacíos. Pero debido al desconocimiento, las personas podrían usar esta causal de forma indiscriminada y perderían otros beneficios. Por ejemplo, cuando una persona era víctima de violencia en el matrimonio tenía derecho a ser indemnizada a raíz de daños y perjuicios por esas agresiones. Con esta figura de divorcio unilateral se podrían perder esas oportunidades para restablecer y reclamar otros derechos”.

Un sistema saturado

Los escenarios se podrían complicar aún más si se entiende la realidad de saturación que vive la justicia colombiana. En los registros del Consejo Superior de la Judicatura hay alertas que demuestran que prestar el servicio tarda para llegar a los colombianos y, cuando llega, toma meses e incluso años en resolver sus necesidades jurídicas.

Por ejemplo, en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial se encontró que las demoras judiciales se pueden explicar a través de cifras. En los últimos 25 años, la demanda de servicios judiciales (el divorcio y temas civiles entre ellos) creció en un 145,5 % mientras que la oferta y capacidad de atender ese volumen tan solo aumentó un 41,5 %.

A esta situación se presenta otro agravante: la falta de personal en muchos despachos judiciales. En la mayoría de las oficinas judiciales hay un promedio de 374 expedientes sin resolver que están a la espera de que solo tres o cuatro funcionarios les den salida.

Jiménez considera que el desconocimiento de la ciudadanía podría persuadir a las personas a buscar el divorcio unilateralmente, pero con esta decisión, además de entrar a un camino tortuoso, congestionarían aún más la justicia.

“El matrimonio también es un contrato; es un vínculo patrimonial. El objetivo de esta ley es, en el papel, agotar menos el aparato judicial, acabar pronto procesos y evitar la prolongación de ciclos de violencia. Pero el desconocimiento puede conllevar a que, en lugar de express, sea el mismo proceso demorado en un juzgado”, concluye Jiménez.

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*María es un nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima

Justicia también es cuando un juez, con su toga y el mazo que golpea el estrado, llega a los territorios acostumbrados a la ausencia del Estado a ofrecer y devolver derechos. Que un alto cargo judicial se adentre en los territorios, camine los senderos, atraviese trochas y recorra los cuerpos de agua, muestra que en lugar de que los ciudadanos gasten horas, tiempo y esfuerzos en acceder a la justicia, fue ese derecho el que hizo el recorrido inverso para estar presente en sus pueblos y solucionar sus necesidades.

Eso fue precisamente lo que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 2024 y que mostró a través de una publicación multimedia: a pesar de las barreras geográficas, la justicia sí puede llegar.

Durante todo el año pasado, los funcionarios de la Corte Suprema se encargaron de sesionar y administrar justicia en territorios usualmente alejados del país. Así sucedió, por ejemplo, en Quibdó, donde por primera vez en la historia de la capital chocoana se realizó el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.

Para visibilizar ese esfuerzo, la CSJ publicó a finales de 2024 “Los Caminos de la Justicia”: un especial multimedia compuesto de videos, fotos, reflexiones y piezas digitales en los que muestran a qué territorios, alejados judicialmente en el pasado, llegó la justicia.

En esas publicaciones la Corte demostró no solo la importancia de hacer presencia en los territorios, sino la manera en que otras formas de justicia pueden articularse con las togas y los estrados judiciales para ofrecer el servicio en Colombia. Allí, por ejemplo, se muestra el caso de una jueza en San Andrés que sesiona y hace sus juicios en creole (el idioma nativo de la isla); mujeres que estudiaron gran parte de su vida para romper el techo de cristal judicial o el caso de un escribiente judicial en Leticia (Amazonas) que logró superar sus discapacidades para hacer parte de la Rama.

“El juez en los territorios representa a la justicia en la Colombia lejana. Su misión en estas áreas remotas es preservar la armonía en la convivencia”, aseguró el presidente de la CSJ, Gerson Chaverra.

No hay brecha imposible

Dentro de la inmensa baraja de dificultades que tiene la justicia colombiana, está por supuesto, la lejanía entre los principales despachos judiciales y los ciudadanos. Diana Guzmán, directora de Dejusticia, aseguró a este diario que es necesario que se aplique la llamada “justicia inclusiva”: un sistema donde las leyes, jueces y procesos se ajusten a la ciudadanía, sus reclamos y sus luchas históricas.

Lo que hizo la CSJ fue, a todas luces, dar un paso más hacia esa justicia inclusiva que menciona Guzmán al cerrar brechas, esta vez geográficas. De acuerdo con estudios del Consejo Superior de la Judicatura y organizaciones internacionales como el Instituto Hiil, la lejanía entre las residencias de las personas y los centros judiciales es una de las principales trabas de la justicia. Un ciudadano, por ejemplo en corregimientos de Puerto Asís, Putumayo, debe sacrificar un día completo de trabajo y emplear al menos 10 horas para llegar al despacho más cercano e intentar solucionar sus necesidades jurídicas. Eso sin contar la cantidad de dinero que gasta en transportes que en muchos escenarios son a través de lanchas, buses y automóviles.

La situación es similar en otros territorios como Chocó, Amazonas, Bolívar o Córdoba; lugares en los que, a falta de entidades judiciales, las comunidades han apelado al diálogo para solucionar sus conflictos o, en el peor de los casos, resolverlos a través del grupo armado ilegal que hace presencia en los municipios.

“Ser juez no está encaminado únicamente en la especificación legal. En la municipalidad nos encontramos con muchas personas que no tienen el conocimiento legal para dirimir sus controversias y sus conflictos. El juez es el garante de esas situaciones, pero también un tercer facilitador de esas circunstancias”, explica Diana Pacheco, jueza promiscua de Bajo Baudó, Chocó, en la publicación de la Corte Suprema.

Justicia que cambia vidas

En el especial de la CSJ se pueden observar algunas historias de jueces y funcionarios que, a través de su trabajo, aseguran haber cambiado vidas. Un ejemplo es el de Ever Salazar, juez penal en San José del Guaviare, que explica que “ser juez en un territorio con tanta riqueza y diversidad es llevar una responsabilidad. Es servirle al pueblo y darle a cada quien lo que corresponde. Hay retos como las complejidades para hacer cercana la administración de justicia a usuarios que en su condición no manejan el lenguaje castellano. Pero no ha sido impedimento para dirimir los conflictos y que la justicia tenga un enfoque distinto”.

También está el caso de César Salcedo, un juez en Casanare que en sus análisis jurídicos y posteriores fallos siempre procurar que la restauración del tejido social y el diálogo sean el camino para resolver un conflicto. Salcedo, que funge como togado en Monterrey, municipio alejado del departamento llanero, asegura que la labor judicial le ha permitido decidir sobre la vida de los demás y resolver sus problemas.

“Uno tiene una misión de no imponer y acoger a la gente para ayudarles a solucionar sus conflictos. Siempre les digo que hablemos de conciliación primero. Es un orgullo grandísimo ser juez, las personas que se atienden fueron criados en la finca, se habla de las vacas del ordeño. Eso es una práctica muy importante (...) se entiende con la gente y la solución es más duradera”, cuenta el juez Salcedo.

Aunque quedan muchos otros laberintos por sortear para lograr mayor justicia, la apuesta del sistema judicial parece clara: estar presente en los territorios para ganar legitimidad, escuchar a la ciudadanía y, a fin de cuentas, hacer de este derecho algo accesible y oportuno para todos.

Si desea consultar el especial multimedia de la Corte Suprema de Justicia puede hacerlo a través de este enlace.

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Como cada año, la mayoría de cortes y despachos judiciales entraron a vacaciones colectivas para finalizar el año y entrar a receso navideño. Según el calendario de los órganos judiciales, se informó que este período está próximo a acabar. Estas son algunas cosas que debe saber.

En 2024, este breve receso de vacancia empezó desde el 20 de diciembre de 2024 y terminará, según explicó el Consejo Superior de la Judicatura, este próximo viernes 10 de enero.

Durante ese periodo de descanso, se suspendieron los términos judiciales, a excepción de tutelas y habeas corpus, que sí deben continuar sus procesos y pueden tramitarse de manera virtual por los canales de la Rama. A través de este enlace puede dar inicio a su trámite jurídico.

Pero atención: como el final de la vacancia judicial cae un viernes, son muchos los ciudadanos que optarán por esperar hasta el lunes 13 de enero para poder tramitar sus necesidades jurídicas. Así está establecido en el Decreto 546; la Ley 31 de 1971 y el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.

Cabe aclarar, que este régimen no afecta a otros órganos que administran justicia, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación. Ellos, por su parte, deberán continuar con sus labores a cabalidad.

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Así las cosas, estos son los órganos judiciales que, aunque el resto de la Rama está en vacaciones, seguirán prestando su servicio:

• Juzgados Penales Municipales
• Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
• Consejo Superior de la Judicatura y sus unidades
• Consejos Seccionales de la Judicatura
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales

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El 2024 cerró con noticias positivas para las familias que han dedicado sus ahorros, vidas y plegarias a encontrar a sus desaparecidos. Durante la mayoría de diciembre se reportaron avances y hallazgos óseos en La Escombrera, un cerro en Medellín que es considerado por víctimas y colectivos de derechos humanos como la “fosa común más grande del mundo”. Allí, entre la cúspide y las laderas, se estima que podría haber 502 personas asesinadas y luego de 20 años, “la montaña comenzó a hablar” y contar las verdades de la guerra, dijeron las mujeres buscadoras de la Comuna 13.

Pero otro hallazgo de búsqueda fue presentado esta semana por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD): durante 2024 se encontraron 141 personas con vida.

Así lo aseguró Luz Janeth Forero, directora de esa entidad, que también aplaudió los esfuerzos que se han venido haciendo dentro de la Unidad para ofrecer alivio a las familias que durante años, o décadas, han estado sumidas en la incertidumbre por la desaparición. Este avance es uno de los más importantes de la Unidad desde que fue creada, luego del Acuerdo de Paz de 2016, pues en años anteriores tan solo había logrado dar con el paradero de 19 personas con vida.

“La Unidad puede presentarle al país un balance muy positivo de los resultados alcanzados durante este 2024, producto del trabajo comprometido de muchos servidores y servidoras que le han entregado su vida a la búsqueda. El hecho más importante que tenemos para contarle al país fue alcanzar esa cifra de 141 personas encontradas con vida”, explicó Forero.

En los “manuales” de búsqueda siempre se tiene como guía que el familiar que se busca debe presumirse como vivo. Sin embargo, hay casos en los que debido al paso del tiempo, las dificultades geográficas o las demoras en la justicia, esta presunción se va evaporando. Hay registros de mujeres buscadoras que llevan desde la década de los 80 siguiendo los rastros de sus familiares y hasta la luz de hoy no encuentran algún vestigio que les permita dar con hallazgos sobre su suerte.

Algunas de las causas que explican estos resultados ha sido la articulación de la Unidad de Búsqueda con otras organizaciones de larga data en los territorios donde se vivió la desaparición. Por ejemplo, la UBPD informó que actualmente están integrados con 28 grupos de trabajo en los municipios y, además, han reunido un grupo de al menos 38.661 buscadoras que les permiten avanzar con la búsqueda e identificar los errores que el Estado cometió en el pasado.

Más hallazgos, menos tiempo

En el balance entregado por la Unidad se reconocieron otros avances en la búsqueda de desaparecidos forzados, como el que se dio en La Escombrera a finales de diciembre. Aunque el camino aún es largo para los familiares, es una atisbo de esperanza en especial para las mujeres, que llevan desde inicios de siglo suplicando que el Estado las escuche y que las instituciones encontraran a sus familiares en esa montaña.

Pero hay otros avances catalogados como históricos, como la búsqueda en Casa Quinta, un aljibe (pozo profundo) de Barrancabermeja en donde se encontraron dos cuerpos. En la desembocadura del pacífico, en Buenaventura, la Unidad también hizo su tarea y se adentró en el estero de San Antonio para seguir los rastros de la desaparición forzada. En Cúcuta también hubo resultados frente a años de reclamos de las víctimas y el trabajo de la UBPD, pues en el Cementerio Central de la ciudad fronteriza se recuperaron 533 cuerpos.

¿Son suficientes los resultados? La Unidad de Búsqueda asegura que, paso a paso, se están saldando deudas de décadas frente a las víctimas indirectas de desaparición forzada. Según sus registros, hay al menos 124.734 personas que fueron desaparecidas y aún no son encontradas.

Para los buscadores de desaparecidos consultados por este diario, la mayor luz de justicia que pueden recibir en cada uno de los casos es el hallazgo de su familiar y realizar una despedida y sepultura digna luego de haber invertido, en algunos casos, la mitad de sus vidas siguiendo pistas.

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Una sentencia proferida a finales de 2024 escribe nuevas reglas en el mundo judicial colombiano para hacer justicia frente a la violencia intrafamiliar. A finales de noviembre, la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso de un hombre que, acusado de haber cometido este delito contra su expareja, fue procesado por amenazar de muerte a excónyuge con un arma de fuego.

Lo curioso del caso es que, aunque en los “manuales” judiciales se entiende violencia intrafamiliar cuando las personas, víctimas y agresor, conviven bajo el mismo techo, en esta ocasión era diferente. El matrimonio había sido finalizado hace dos años y el hombre hizo sus hostigamientos en el lugar de trabajo de la mujer. Este caso, además de ser estudiado con un enfoque de género por la Corte Suprema de Justicia, tenía que tener un análisis que no permitiera las llamadas “zonas grises” cuando jueces y magistrados estudian expedientes de violencia de género que llegan a sus despachos. Además, hace jurisprudencia para que los funcionarios judiciales tengan una hoja de ruta para resolver más de 24.000 casos de agresiones en contexto familiar que registró la Policía el año pasado.

El caso pasó por dos impugnaciones, tres despachos judiciales y más de siete años de estudios jurídicos para que la Corte Suprema de Justicia determinara que, aunque ya no exista matrimonio o no se conviva bajo el mismo techo, sí puede presentarse un delito de violencia intrafamiliar y, más importante aún, puede ser castigado con cárcel para los agresores.

Escenario opaco

A finales de 2016, una mujer decidió alzar su voz y denunciar a su exesposo por el delito de amenazas y violencia intrafamiliar. La mujer acababa de presenciar cómo el hombre llegó a su lugar de trabajo y, con pistola en mano, la amenazó de muerte. Horas después la Policía encontraría, tras requisar al sujeto, 12 cartuchos de munición y un cuchillo con el que, según sus pesquisas, podría herir o asesinar a su excónyuge.

Aunque fue procesado penalmente, el hombre no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada y, además, fue absuelto por un tribunal de Bucaramanga (Santander) porque, según su perspectiva, tener en cuenta años de violencia que cometió contra su exesposa e hija en el pasado sería una vulneración al debido proceso del acusado ya que el delito del que fue acusado se cometió únicamente el día que amenazó a su expareja. Por esa razón, decidieron estudiar únicamente el episodio de amenazas que el sujeto cometió contra su antigua pareja frente a su trabajo.

El análisis del tribunal concluyó que el hombre no era culpable de esos delitos, pues para en el momento de presentarse frente a su exesposa con un arma y amenazarla, ya no convivía con ella, por lo que no había cómo demostrar la comisión de ese delito.

La víctima y su abogado, junto con la Fiscalía, no se conformaron con esa decisión e impugnaron a una segunda instancia judicial. Allí se estudió nuevamente el caso y quedó escrito que el hecho de no convivir en el mismo hogar, aunque es diferente al concepto de “núcleo familiar”, no era “irrelevantemente jurídico”. El análisis concluyó que no importa si una pareja se ha divorciado o no conviven en el mismo hogar cuando se habla de violencia intrafamiliar, pues “la separación física no siempre disuelve el vínculo familiar, ya que el agresor puede mantener control sobre la víctima mediante actos de dominación y acoso (...). El concepto de núcleo familiar no se limita a cohabitar”.

Incluso se demostró que poner punto final a ese matrimonio se debió a 13 años de maltratos y agresiones que el hombre cometió, primero contra su entonces esposa, y luego contra su hija. “El procesado ejercía control sobre la víctima a través de normas culturales machistas, como imponerle qué ropa y color de esmalte debía usar”, constató el tribunal.

Por las pruebas y un enfoque de género, el tribunal de segunda instancia condenó al hombre como culpable de violencia intrafamiliar y lo obligó a pasar los próximos cuatro años en un centro psiquiátrico para tratar sus patologías “maniacas y trastorno afectivo bipolar”.

Una nueva impugnación

El hombre, ya con la noticia de haber sido condenado, decidió lanzar un último recurso jurídico e impugnó, por tercera y última vez, la decisión que lo declaraba victimario y responsable de violencia intrafamiliar. En sus argumentos explicó que hubo errores de la justicia, pues “la familia ya había dejado de existir” y, en su lógica, no se puede cometer violencia intrafamiliar en una familia que ya se disolvió. También argumentó que su derecho al debido proceso fue violado porque se incluyó en el estudio jurídico toda la línea del tiempo de cómo él agredió a su familia durante años y que el crimen debió ser tipificado como “lesiones personales”.

“Esos hechos circundantes carecen de relevancia jurídica y no pueden ser penalmente reprochables (...) La decisión de segunda instancia (que lo condenó) obedecen a un análisis más emocional que jurídico”, explicó la defensa del ya condenado agresor.

En pocas palabras, el hombre pedía ser absuelto y puesto en libertad nuevamente, porque según su defensa, ni se comprobó que cometió un delito, ni los argumentos que lo llevaron a ser catalogado culpable eran los correctos por parte de la justicia.

La última instancia

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia para que fuera resuelto luego de siete años de demoras y pugnas judiciales. La Sala Penal del alto tribunal entendió que hubo algunas fallas en los procesos de primera y segunda instancia, sin embargo, la conclusión de condenar al hombre era la acertada.

“La urgencia de estas medidas se incrementa en casos como el que nos ocupa, donde la violencia ha sido denunciada en varias ocasiones sin que se tomen las acciones necesarias para proteger a las víctimas. Esta situación no solo pone en riesgo su integridad física y emocional (de la víctima), sino que también perpetúa un ciclo de abuso e impunidad”, explicó la Corte.

Los magistrados encontraron que, aunque la pareja había terminado su matrimonio dos años antes de la amenaza de muerte, el hombre había continuado agrediendo física y verbalmente a su exesposa e hija. Además, antes de ser cateado por la Policía, el hombre desechó el arma de fuego con la que intimidó a su antigua pareja. Esto, ante los ojos de la Corte, sí puede ser entendido como violencia intrafamiliar y, por ende, el hombre puede ser considerado culpable del delito.

“Es claro para la Sala el contexto de subyugación, dominación y control, así como la sistematicidad de la violencia ejercida por el hombre contra la víctima y su hija”, concluyó la Corte, que encontró “antecedentes, continuum de violencia y episodios de maltrato psicológico contra la mujer y su hija”.

Así las cosas, la Corte ratificó que el agresor, por su historial, sus amenazas y las pruebas que llegaron al despacho, sí fue culpable de violencia intrafamiliar, por lo que deberá cumplir con cuatro años de cárcel en centro psiquiátrico.

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En abril de 2024, se escucharon los aplausos de casi medio millón de mujeres buscadoras. Los ecos de la celebración fueron gracias a la aprobación de una ley que pretende hacer justicia por las violencias a las que las mujeres han sido sometidas en la búsqueda de sus familiares. Han pasado ocho meses desde ese momento histórico, pues la ley busca enmendar los errores que permitieron que mientras ellas hacían sus rastreos, sean encarceladas, agredidas sexualmente, desplazadas, exiliadas y además, obligadas a convivir con la frustración de no haber hallado a su familiar. Pero para ellas, la ilusión ha mutado en desesperanza y desconcierto.

El Espectador escuchó a las voceras de las organizaciones de mujeres buscadoras para conocer en qué va la implementación de esta ley y cuáles son sus preocupaciones para que cuatro décadas de impunidad frente a la desaparición forzada puedan, o no, resolverse.

Su desasosiego persiste porque el tiempo avanza, pero los procesos para encontrar a sus familiares no lo hacen de la misma manera. Añadido a que la guerra continúa y los actores armados aún utilizan la desaparición forzada como estrategia de guerra, pues cada 36 horas, en promedio, se da un nuevo caso, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

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“Me envejecí buscando, me empobrecí buscando, me enfermé buscando y puse en riesgo a mis hijos, también buscando. Lo único que quiero es que a mis 64 años, encuentre a mis dos hermanos”, cuenta Luz Dary Santiesteban, mujer buscadora que ha recorrido esteros, manglares e islas del pacífico para intentar encontrar a sus familiares.

Del dicho al hecho

La aprobación de la Ley de Mujeres Buscadoras a inicios de 2024 supuso romper un paradigma de revictimización que al menos 400.000 mujeres han sufrido por buscar a sus familiares. El texto, que deambuló casi dos años por los pasillos del Congreso, fue calificado en palabras de Yanette Bautista, hermana buscadora y redactora de la ley, como “un hecho de justicia y reivindicación (...). Siempre pusimos a los desaparecidos en el centro y orbitamos alrededor de ellos, pero nosotras nos fuimos envejeciendo y desgastando con la búsqueda”.

Pero lo cierto es que poco o nada se ha cumplido para estas mujeres que vieron una luz de esperanza en su camino de búsqueda, tanto de justicia como de sus desaparecidos, aseguran. Y es entendible, si se tienen en cuenta otras legislaciones relativas a reestablecer derechos o deudas de décadas: la Ley de Utilidad Pública, que busca hacer justicia restaurativa con madres cabeza de hogar privadas de la libertad, lleva casi dos años en vigencia, pero hasta el momento solo ha sido implementada en un 1,6 %, según cifras de Minjusticia y el centro de investigaciones Dejusticia.

La Ley de Buscadoras, por ejemplo, estableció en 23 artículos medidas de justicia, reparación, protección, atención psicosocial y no repetición para estas mujeres. Ordena, entre otras cosas, que el Estado, que en el pasado ignoró el dolor de las buscadoras, enmiende los daños y ofrezca, aunque tarde, reconocimiento y atención estatal.

Por ejemplo, se les reconoció como sujetos de especial protección constitucional, igual que a los grupos indígenas, afro o los niños. A la Unidad Nacional de Protección se le decretó encargarse de su protección, para que mientras busquen no sean agredidas sexualmente, como ya ha sucedido, o ser testigos de una nueva desaparición forzada en el seno de su familia. También se ordenó que reciban atención médica y psicosocial, pues la búsqueda de años o décadas detonaron en ellas enfermedades terminales o derivadas de somatizar el dolor.

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Fabiola Lalinde, considerada como la “sirirí” de la búsqueda, contrajo lupus a causa de 30 años de estrés por la desaparición de su hijo. Paulina Mahecha, madre buscadora desde hace 20 años en Guaviare, asegura que está viviendo los síntomas iniciales de un cáncer de estómago. “Nisiquiera en los sueños dejo de buscarla. No sé qué más me queda para hacer. ¿Será morirme? Estoy preparada”, cuenta Paulina con frustración por no tener los restos de su hija María Cristina Cobos, desaparecida en 2004.

En una audiencia pública a inicios de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado de atención sobre la implementación de la ley. Para el tribunal de justicia transicional, no todo son saldos en rojo para ofrecer alivio al dolor de estas mujeres, pero hay que apretar el acelerador. Algunas entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), han implementado la búsqueda inversa, mientras que la mayoría de las instituciones aseguraron ya tener en marcha capacitaciones con enfoque de género para atender a las buscadoras. La Unidad de Víctimas abrió sus despachos para incluir en sus registros a mujeres que por décadas han alegado que son víctimas indirectas, pero no fueron acreditadas como tal.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha recorrido 21 epicentros de desaparición, como Buenaventura, Medellín, Barrancabermeja o Apartadó, para escuchar a las buscadoras y presentar en 2025 una política pública que descongestione las trabas estatales; mientras que la Fiscalía aseguró haber incluido en sus registros criminales la categoría de “mujer buscadora” para agilizar las investigaciones y toma de declaraciones.

La Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP citó a 14 entidades del Estado, entre ministerios, entes de control y entidades como la UNP, Unidad de Víctimas, Fiscalía y UBPD. A la mayoría de ellas les hizo un “jalón de orejas”, pues ocho meses después de proferida la ley, los funcionarios aún no han incorporado, sea por presupuesto, coordinación entre instituciones o voluntad, las directrices de la Ley.

“El éxito de la Ley depende de una implementación eficaz; que no quede en letra muerta o buenas intenciones”, apuntó el magistrado de la JEP, Raúl Sánchez.

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La telaraña institucional

Hallar a los 111.000 desaparecidos que hay registrados en la UBPD no es el único cuello de botella que tiene el Estado para ofrecer justicia a las mujeres buscadoras. Hay quienes, incluso luego de 20 o 30 años de hacer activismo y búsqueda de sus familiares, aún no son acreditadas como “víctimas” por la Unidad de Víctimas. Yanette Bautista, por ejemplo, recibió su credencial de víctima indirecta de desaparición forzada solo hasta octubre de este año, aún cuando su hermana, Nydia Érika, fue raptada, asesinada y desaparecida en 1987. Sin la acreditación no pueden entrar al Registro único de Víctimas; y sin pertenecer a esa base de datos, quedan aisladas de indemnizaciones, medidas de protección o acciones que intenten reestablecer los derechos que la guerra les quitó.

En la audiencia de la JEP se rescató que las medidas cautelares (órdenes judiciales para proteger cementerios, restos y zonas de interés forense) han sido una medida importante para avanzar en la búsqueda. Un ejemplo de ello fue el hallazgo de las primeras estructuras óseas en La Escombrera, en Medellín. Pero falta más para que las mujeres empiecen a hablar de justicia en sus casos.

Luz Dary Santiesteban, de Buenaventura, comenta: “Busco a mis hermanos en los indigentes de la calle, en todos los rostros que veo. No tenemos pensión, derechos, indemnizaciones ni seguridad social. Para mí la justicia, va a ser ese día ese día que alguien me diga: ´vea, aquí están sus hermanos. Esos que ni su papá, ni su mamá lograron encontrar en vida´. Allí podré hacer mi duelo y mi acogida”.

Pero hay otros enredos institucionales aún más difíciles de superar para que se implemente la Ley. Mariana Ardila, encargada de justicia transicional de la Defensoría, asegura que se tienen que hacer ajustes de forma y fondo para cumplirle a las buscadoras. Para la abogada, aunque hay algunos avances, aún no se han cumplido los pasos mínimos para empezar a garantizar los derechos reconocidos por la ley, como por ejemplo un Registro Único de Mujeres Buscadoras, pues esa calidad permitirá el acceso a aspectos de salud, vivienda, educación o atención psicosocial.

“Las mujeres buscadoras son, también, defensoras de derechos. Pero, ¿cómo se protegen esos liderazgos si desde la Unidad Nacional de Protección no se ha logrado un enfoque de género fuerte para cuidarlas? También hay que pensar cómo las entidades empiezan a funcionar para atender a estas mujeres y no revictimizarlas más”, comenta Ardila.

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En la audiencia de la JEP, Andrea Rojas, que maneja litigios de casos de desaparición forzada, denunció que este año, luego de promulgada la ley, recibió la respuesta de un funcionario estatal que comentó: “¿Mujeres buscadoras? Eso es un cuento de la Fundación Nydia Érika Bautista y la Unidad de Víctimas”.

La Ley, que obliga al Estado a incluir a las buscadoras en los comités de búsqueda y en las tomas de decisiones, también se ha quedado en el papel, dice Cleiner Almanza, que cumplió tres décadas tras los rastros de su hermano. “Casi todas las semanas hacemos encuentros, mesas interinstitucionales y actividades de víctimas. Pero cuando intentamos hacer que el gobernador de Bolívar, o los alcaldes nos atiendan, continúa el mismo juego de ignorarnos. Este año prácticamente terminó, pero lo único que yo quiero es poder buscar sin ser amenazada o perseguida. Ya no se sabe cuál va a ser el día que Dios venga a recogerme, pero está cerca y sigo sin encontrar a mi hermano”, aclara.

Tiempo en contra

La mayor preocupación de las buscadoras es que la muerte llegue antes que la justicia o del hallazgo de su familiar, pues hay madres que iniciaron sus rastreos desde la década de los 80 y en la actualidad superan el umbral de los 70 años. Y casos se han visto. Jaime Peña murió en tiempos de pandemia sin conocer qué sucedió con su hijo, desaparecido en la masacre de Barrancabermeja de 1988 y sin poder darle, como aseguró antes de ser sepultado, “una despedida digna a mi muchacho”. Pero hay casos más recientes, como la muerte de Luz Ángela Velásquez, buscadora de La Escombrera que falleció sin conocer el paradero de su esposo, desaparecido hace 20 años.

Pero el tiempo no solo juega en contra de las buscadoras, sino de la posibilidad de encontrar los cuerpos en cementerios, trochas, fosas o camposantos. La JEP asegura que a raíz de sus medidas cautelares se han logrado recuperar 1.350 cuerpos y realizar 87 entregas dignas. Pero el calendario no solo es un reto, sino un aliciente para apresurar esfuerzos, dice Federico Andreu, consultor experto en desaparición forzada de la Comisión de la Verdad. “No es solo hallar justicia y verdad para cada caso puntual, sino que tras 40 años de interrogantes e impunidad, los responsables de cada una de las desapariciones van muriendo o envejeciendo. Y lugares como ríos u hornos crematorios, dejan menos pistas para hallar restos”, explica Andreu.

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De acuerdo con la JEP, la mejor solución para lograr aires de justicia a las buscadoras es una coordinación entre instituciones que facilite las medidas de protección y atención psicosocial. En el tribunal quedó constatado que si el Ejecutivo cumple con sus tareas y los entes de control, como Procuraduría, instan a que las tareas sí se ejecuten, el futuro de las buscadoras puede cambiar y la historia de revictimización quedar como parte del pasado.

“Esta magistratura entiende que por la fecha de aprobación de la ley no se cuente con los presupuestos (…). Reconocemos los avances, pero creemos que no es suficiente en cada una de las entidades”, aclaró la magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo.

Incluso quedó en la discusión la importancia de hacer sesiones a través del Consejo Económico, Político y Social (Conpes) para elaborar una política pública que, en los próximos meses, asigne tareas, funciones y presupuestos a las entidades. Pero para hacerlo se necesita tiempo y voluntad política; algo que las buscadoras, según le contaron a este diario, aunque presentes, no están siendo suficientes.

Yanette Bautista, rescata que la aprobación de la Ley se haya convertido en una realidad que las buscadoras soñaron por 40 años. Para ella, la “real justicia”, al igual que para las demás mujeres, llegará el día que quede escrito en la historia que ellas, aún con el Estado, el tiempo y la suerte en contra, pudieron encontrar a sus desaparecidos, despedirlos con cristiana sepultura, y ver que todos esos años, al fin valieron la pena para lograr justicia. Pero debe ser rápido.

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