La policía y el ejército de Bolivia se enfrentan este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de dos semanas las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno, con un saldo preliminar de 57 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos del orden intentan dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que han cerrado casi todos los accesos a la ciudad e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados según medios locales, comenzó este sábado a las 02H00 en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur), donde el ejército informó que liberó un sentido de la vía.

“El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas”, señaló la institución en un balance de mitad de jornada.

El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, dijo en conferencia de prensa que el operativo es “un esfuerzo específico (...) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar” para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos.

Según el gobierno, tres personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladadas a hospitales por las tomas de vías.

Durante el operativo “se ha logrado (...) habilitar varios puntos que estaban bloqueados” y “otros han sido retomados” por los manifestantes, dijo Gálvez.

Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

Ciudad cercada

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Argentina apoyará este esfuerzo, común en Bolivia para capear este tipo de medidas presión, con dos aviones militares Hércules, informó el gobierno.

En una declaración conjunta emitida este viernes, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras manifestaron su preocupación por la “situación humanitaria” del país. bo

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y “exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, dijeron en un comunicado.

En medio de la convulsión, el gobierno de Paz se reúne este sábado con la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, para negociar una salida a la crisis y “pacificar el país”. El jueves este sindicato había anunciado que sus reclamos no habían sido atendidos y que exigían la dimisión del mandatario.

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El empresario ruandés Félicien Kabuga, considerado uno de los principales financiadores del genocidio de Ruanda de 1994 y cuyo juicio estaba suspendido desde 2023 por demencia, falleció este sábado en un hospital de la ciudad neerlandesa de La Haya mientras permanecía bajo custodia de Naciones Unidas.

El Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MTPI) anunció que Kabuga murió mientras estaba hospitalizado en Países Bajos, y las autoridades neerlandesas iniciaron ya las investigaciones y procedimientos previstos por la legislación nacional.

La presidenta del MTPI, la jueza Graciela Gatti Santana, ordenó una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte.

Kabuga, que estaba en la Unidad de Detención de Naciones Unidas en La Haya desde octubre de 2020, afrontaba cargos de genocidio, conspiración e incitación directa y pública al genocidio, y crímenes de lesa humanidad por su presunto papel durante la matanza de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en Ruanda en 1994.

La Fiscalía sostenía que el empresario, considerado en su día uno de los hombres más ricos de Ruanda, financió la compra masiva de machetes para las milicias hutu interahamwe y promovió el Fondo de Defensa Nacional para sostener la campaña de exterminio.

También estaba acusado de haber fundado y presidido la emisora Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, que difundía mensajes de odio contra los tutsis, señalaba objetivos y llamaba abiertamente a su eliminación durante el genocidio.

Kabuga fue arrestado en 2020 en las afueras de París tras permanecer 26 años prófugo gracias al uso de identidades falsas y redes de apoyo familiares, y fue trasladado a la sede del MTPI en La Haya, donde comenzó a ser juzgado en septiembre de 2022.

Sin embargo, los informes médicos concluyeron que sufría un deterioro cognitivo irreversible que le impedía comprender el proceso judicial o participar en él, por lo que, en septiembre de 2023, el tribunal suspendió indefinidamente el juicio al considerarlo incapacitado para ser procesado.

Desde entonces, el MTPI ha afrontado el dilema de decidir qué hacer con Kabuga pues Países Bajos rechazó que pudiera quedar en libertad en territorio neerlandés.

Varios países europeos se negaron a recibirlo debido a la gravedad de los cargos y a los costes y riesgos de hacerse cargo de una persona de más de 90 años –que se creía que tenía- con necesidades médicas complejas.

Ruanda fue el único Estado que expresó su disposición a acogerlo, pero Kabuga se oponía a ser trasladado allí alegando temor por su seguridad en un país donde su nombre está ligado a uno de los episodios más sangrientos del siglo XX.

Kabuga se había declarado inocente durante su primera comparecencia en 2020.

La última vez que se le vio en público, dos años tras su arresto, llegó a la sala con un aspecto debilitado y con dificultades visibles para intervenir.

En el momento de su fallecimiento, estaba esperando una decisión sobre su posible liberación provisional a un Estado dispuesto a aceptarlo, asunto que iba a tratarse en una conferencia el próximo miércoles.

El MTPI fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2010 para continuar las funciones de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia tras el cierre de ambas cortes.

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Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes, con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.

Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales, y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del Gobierno, que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.

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La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el Ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas, que, según el Gobierno, eran contrabandistas de drogas.

La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los carteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.

El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.

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“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo: “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los carteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.

Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.

Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del Gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.

“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.

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Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los carteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de carteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cartel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.

Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de ella, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal, conocido como “abrazos, no balazos”.

Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del Gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.

Sin embargo, parece probable que los acusados del cartel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.

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“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos carteles durante el año pasado, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza: “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.

Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los carteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.

A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del Gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los carteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.

“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.

Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.

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Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.

Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.

Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exlíder de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio, junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.

Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.

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Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2— fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del Gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, según dijo.

Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.

Pero, hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los carteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cartel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos. Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo: “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”.

*Ernesto Londoño es reportero del Times radicado en Minnesota, cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico. Agradece cualquier información y puedes contactarlo en elondono.81 en Signal.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra Donald Trump.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

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Delcy Rodríguez se reunió con una delegación del Banco Mundial, encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

El equipo de Prensa Presidencial señaló en una nota que este encuentro marcó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales.

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Asimismo, dijo que en la reunión también participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández.

Cordeiro Guerra estuvo acompañada por la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

Prensa Presidencial aseguró que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirmó su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada, abierta al mercado global y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

El canal estatal Venezolana de Televisión transmitió imágenes del encuentro, sin que hubiera declaraciones. La reunión se dio luego de que en abril pasado el grupo del Banco Mundial anunciara la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

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Ese mismo mes, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros que representan la mayoría del poder de voto total” del organismo, según el comunicado oficial difundido entonces.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación del entonces titular del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente del país, reconocido por decenas de Estados.

El pasado 13 de mayo, el Ejecutivo chavista anunció el lanzamiento de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal PDVSA, sin detallar a cuánto asciende este monto.

El Ministerio de Economía explicó entonces en un comunicado que el objetivo es reconstruir “la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”. Según informó en marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país se estima en más de USD 170.000 millones.

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El presidente Donald Trump partió de Pekín el viernes, presumiendo acuerdos comerciales para vender aviones, productos agrícolas y otros productos fabricados en Estados Unidos, el principal resultado de su cumbre de dos días con Xi Jinping, el máximo dirigente chino.

Trump y sus asesores dijeron que China había acordado comprar 200 aviones Boeing, con la posibilidad de vender más, y productos agrícolas por valor de más de USD 10.000 millones es, así como energía y aparatos médicos. Sin embargo, se dieron a conocer pocos detalles, y los funcionarios chinos no dijeron mucho sobre los compromisos de manera pública.

Al hablar con los periodistas en el Air Force One, Trump dijo que las dos partes no habían hablado sobre los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de China. Comentó que ambos habían discutido la venta de chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia, y que los países iban a “hacer mucho comercio”.

“Nuestros agricultores van a estar muy contentos”, dijo.

La visita de Trump de esta semana, la primera en casi una década, fue seguida de cerca como un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Ambos países son rivales geopolíticos, pero siguen profundamente vinculados por una de las relaciones comerciales más rentables del mundo, con cientos de miles de millones de dólares en bienes y servicios que cambian de manos cada año.

Trump ha criticado desde hace tiempo lo que denomina prácticas comerciales chinas desleales; ha presionado a Pekín para que compre más productos estadounidenses y se ha mostrado abierto a la inversión china. Pero aunque Pekín apruebe acuerdos que permitan a Trump cantar victoria y refuercen su reputación de negociador, es poco probable que alteren la trayectoria de una relación cada vez más adversa.

Aun así, Trump se mostró optimista sobre la relación y los acuerdos alcanzados durante la visita. El viernes, mientras tomaba el té con Xi en un jardín de Pekín, Trump la calificó de “visita increíble”.

“Creo que han salido muchas cosas buenas de esto”, dijo Trump. “Hemos alcanzado algunos acuerdos comerciales fantásticos, realmente para ambos países”.

Los funcionarios chinos adoptaron un tono más cauto. Cuando se le preguntó si China había acordado comprar más aviones Boeing o productos agrícolas estadounidenses, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, no quiso confirmar ningún detalle. Dijo que Pekín estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos “para poner en práctica el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.“

Un funcionario de Boeing remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca.

Stephen Olson, antiguo negociador comercial estadounidense, dijo que “no se esperaban grandes avances y no se logró ninguno, pero ambos países obtuvieron lo que necesitaban de esta cumbre: un poco de estabilidad adicional”.

Ambas partes habían logrado sus objetivos. Trump salió con acuerdos que podía presumir como “victorias” económicas, mientras que Xi utilizó la reunión para presentar a China “como un competidor de pleno derecho de Estados Unidos, un país que no necesita doblegarse ante las exigencias estadounidenses”, dijo Olson.

Funcionarios estadounidenses dijeron el viernes que empezarían a establecer una nueva “Junta de Comercio” para supervisar el asunto, un acuerdo que implicaría que ambos países recortarían los aranceles sobre unos USD 30.000 millones en productos.

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, dijo el viernes en una entrevista con Bloomberg News que el gobierno intentaba dirigir el comercio con China hacia “el tipo de cosas que queremos vender”.

Greer dijo que esperaba que China aceptara comprar más productos agrícolas estadounidenses, además de un acuerdo existente de tres años para comprar 25 millones de toneladas anuales de soja. Pekín también renovó las licencias de exportación de algunos mataderos estadounidenses para vender carne de res estadounidense en China.

Muchos legisladores y funcionarios estadounidenses, entre ellos Greer, han instado a que el comercio con China se centre en sectores menos sensibles que no hagan avanzar las capacidades tecnológicas o militares de China.

“Ya estamos viendo cómo empiezan a cumplir algunas de sus promesas”, dijo Greer.

Los funcionarios no han especificado qué concesiones había ofrecido Estados Unidos a cambio de las compras prometidas, si es que había ofrecido alguna. A la pregunta de si el gobierno de Trump aún podría aumentar los aranceles a China, Greer dijo que ambas partes habían acordado que habría “un cierto nivel de aranceles”, aunque no quiso dar más detalles.

Para sustituir los aranceles globales anulados por la Corte Suprema en febrero, el gobierno de Trump ha puesto en marcha dos investigaciones comerciales que se espera den lugar a nuevos aranceles sobre China y otras decenas de países este verano.

“Los chinos se fijarán en lo que hacemos allí en comparación con los acuerdos que hemos tenido en el pasado sobre determinados niveles arancelarios, y tendremos que intentar gestionarlo”, dijo Greer.

Añadió que ambas partes parecían dispuestas a prorrogar un acuerdo sobre tierras raras, el cual garantiza la continuidad de las exportaciones chinas de estos minerales y expira a finales de este año.

Greer también dijo que las nuevas regulaciones chinas que permiten al gobierno penalizar a las empresas extranjeras por trasladar sus cadenas de suministro fuera de China eran una “gran preocupación” para él. “Intentamos gestionar las diferencias en lugar de agravarlas”, dijo.

El viernes, Trump no aclaró con exactitud qué habían discutido los países sobre el destino de los chips de inteligencia artificial de Nvidia. Cuando Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se unió a última hora al grupo de líderes empresariales estadounidenses que viajaban a Pekín a principios de esta semana, se desataron las especulaciones de que podría haber avances en las ventas de la empresa en China, paralizadas desde hace tiempo.

Aunque el pasado diciembre Trump dio luz verde a la venta a China de uno de los chips más potentes de Nvidia, el H200, el gobierno chino no ha aprobado ninguna venta desde entonces. En su lugar, Pekín ha animado a las empresas tecnológicas chinas a comprar chips fabricados en su país por empresas como Huawei.

Greer dijo el viernes que la decisión de comprar los chips sería “una decisión soberana de China”. En el Air Force One, Trump dijo que la cuestión “surgió, y creo que podría pasar algo con eso”.

*Meaghan Tobin colaboró con reportería.

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La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este viernes el incendio en una plataforma petrolera ubicada en el lago de Maracaibo, el más grande del país suramericano, que dejó seis trabajadores lesionados, y anunció que abrirá una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la empresa explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del lago de Maracaibo.

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Esta plataforma es operada de forma conjunta por PDVSA y la firma china Concord Resources Corp (CCRC), según dijo a EFE una fuente vinculada al sector.

La estatal añadió que de inmediato fueron activados los protocolos establecidos para el control del fuego, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esa instalación lacustre. “Asimismo, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados”, añadió la compañía.

PDVSA indicó que ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario “hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la planta afectada”.

Igualmente, anunció que un comité técnico investigará las causas de esta explosión, “que —aseguró— no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en occidente (del país)”.

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Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

Además, se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.

El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos. Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia. La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente.

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Líbano e Israel extenderán el alto al fuego por otros 45 días, anunció Estados Unidos, incluso cuando Israel ha realizado nuevos ataques. Desde que entró en vigor la medida, el Ejército israelí ha mantenido su ofensiva contra objetivos de Hezbolá. Hasta el momento, al menos 400 personas han muerto, según un recuento basado en cifras oficiales.

Delegados de los gobiernos de Israel y Líbano se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese al fuego, que terminaría el domingo. “El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Dicha entidad estadounidense auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente. El Pentágono reunirá a delegaciones de las fuerzas armadas de ambos países el 29 de mayo.

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Estados Unidos ha mostrado su firme respaldo a Israel, pero también ha expresado su inquietud por el control del sur de Líbano por parte de las tropas israelíes. “Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida”, afirmó Pigott.

El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, quien dirigió la delegación de su país, dijo después de las conversaciones que es crítico asegurar la seguridad en Israel. “Habrá altos y bajos, pero el potencial de éxito es grande”, escribió en la red social X.

En un comunicado, la delegación negociadora de Líbano afirmó que la tregua allana el camino hacia “una estabilidad duradera”. En ese sentido, indicó: “La extensión del alto al fuego y el establecimiento de un canal de seguridad facilitado por Estados Unidos proporcionan un espacio vital de respiro para nuestros ciudadanos (...) y avanzan en una vía política hacia una estabilidad duradera”.

Al referirse a Hezbolá, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró en una cena organizada con una ONG que “basta de aventuras irresponsables al servicio de proyectos o intereses extranjeros”.

Ataques israelíes en Líbano

Pese al avance en las conversaciones en Washington, el Ejército israelí envió órdenes de evacuación para la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, donde dice que hay infraestructura de Hezbolá.

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Un corresponsal informó de una serie de ataques, dos de ellos cerca de Tiro. Medios estatales dijeron que otro ataque tuvo como objetivo un centro gestionado por una ONG local cerca de un hospital.

El Ministerio de Salud libanés mencionó que los ataques dejaron al menos 37 personas heridas, entre ellas seis trabajadores hospitalarios, nueve mujeres y cuatro niños. También aseguró que tres paramédicos murieron y acusó al Ejército israelí de “apuntar directamente” contra el centro del Comité Islámico de Salud, en Haruf.

Por su parte, el Ejército israelí informó que otro de sus soldados murió en el sur de Líbano, lo que eleva a 19 el número de militares israelíes muertos en enfrentamientos con Hezbolá desde principios de marzo.

“Solo hay mujeres, niños y ancianos acá”, dijo Hafez Ramadan, un residente cerca del edificio atacado. “La realidad en el terreno en Líbano es profundamente alarmante”, aseguró Imran Riza, coordinador humanitario para Líbano de Naciones Unidas: “Ataques aéreos y demoliciones continúan a diario, con un saldo inaceptable de civiles e infraestructura civil”.

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José Enrique Martínez Flores, venezolano de 24 años, es el primer miembro de la organización criminal Tren de Aragua en ser extraditado de Colombia hacia Estados Unidos, según detalló en su página web el Departamento de Justicia estadounidense. Él, presuntamente, es un líder de alto rango del grupo en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de la alta dirección.

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Alias Chuqui, arrestado el pasado 31 de marzo en territorio colombiano, en virtud de una orden de arresto provisional solicitada por Washington, está acusado de conspirar para brindar apoyo material al Tren de Aragua en forma de personal (incluido él mismo) y servicios, además de brindar apoyo material al grupo delictivo.

La acusación también contempla conspiración para la distribución internacional de drogas, basada en su participación en la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en Colombia, con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses establecieron que el dinero obtenido tras ello fue utilizado para promover los objetivos criminales del Tren de Aragua.

Como líder de la organización, se cree que Martínez Flores supervisaba actividades delictivas en Colombia, tales como narcotráfico, extorsión, explotación sexual y asesinato. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y una multa de USD 10 millones. Su primera comparecencia judicial quedó fijada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas para este viernes.

La acusación federal incluye también a otros tres presuntos referentes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, Juan Gabriel Rivas Núñez y Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Este último figura como acusado de conspiración y distribución de cocaína junto con Flores. Los tres permanecen prófugos.

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El jurado en el juicio por violación contra Harvey Weinstein no llegó a un veredicto sobre la acusación acerca de que el productor de Hollywood violó a una mujer en 2013. Es la segunda vez que no se logra una decisión sobre este caso.

“Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia”, aseguró el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a través de un comunicado.

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En 2020, aunque Weinstein fue juzgado por primera vez y declarado culpable de violar a Mann, el veredicto fue anulado. En un segundo juicio el año pasado, el jurado no llegó a un acuerdo sobre el cargo de violación. Esta vez, luego de que el juez Curtis Farber afirmó que era “bastante evidente” que los miembros del jurado estaban “irremediablemente estancados”, aseguró que no veía “ningún motivo para continuar con las deliberaciones”.

Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá privado de la libertad.

Mann ha argumentado que estaba de visita en Nueva York, donde había planeado desayunar con amigos y Weinstein. Él llegó antes de tiempo y consiguió una habitación de hotel, a pesar de sus objeciones, relató The New York Times. Tras acompañarlo a la habitación, testificó que él se inyectó en el pene un medicamento que le produjo una erección y luego la violó.

Bragg resaltó que, “a lo largo de muchas semanas, durante tres juicios distintos, revivió experiencias inimaginablemente dolorosas frente a completos desconocidos. Su perseverancia y valentía son una inspiración para los miembros de mi oficina y, lo que es más importante, para las víctimas de todo el mundo”. Aseguró, entonces, que su oficina consultaría con ella los pasos a seguir. Él tendrá que decidir si su oficina juzgará a Weinstein por cuarta vez.

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El otoño y el invierno pasados, diplomáticos israelíes de alto rango contactaron con urgencia a funcionarios y emisoras de televisión de toda Europa para abordar un tema delicado, aunque inesperado: el extravagante Festival de la Canción de Eurovisión.

Algunas emisoras querían excluir a Israel de Eurovisión y amenazaban con boicotear el concurso por la guerra en Gaza. Incluso se acusó al gobierno israelí de influir injustamente en los resultados mediante una campaña masiva de votación.

Podría decirse que Israel tenía preocupaciones diplomáticas más importantes que una competencia de música pop, incluso si esta alcanza a 166 millones de espectadores en todo el mundo. Una comisión de Naciones Unidas había acusado recientemente a Israel de cometer genocidio, algo que el país negó categóricamente. Y líderes mundiales estaban reconociendo el Estado de palestino, algo a lo que se había opuesto durante mucho tiempo.

“Me sorprende un poco que este sea un asunto del que la embajada se esté ocupando”, escribió Stefan Eiriksson, director de la emisora pública de Islandia, a un diplomático israelí que quería hablar sobre Eurovisión en diciembre pasado.

Esta ofensiva diplomática, hasta ahora desconocida, para mantener a Israel en Eurovisión fue apenas uno de los aspectos del drama que se desarrolló el último año en torno al evento cultural más visto del mundo. Para el gobierno israelí, Eurovisión pasó a ser mucho más que una celebración de vestuarios brillantes, orgullo gay y montajes pirotécnicos. Se convirtió en una oportunidad para —a través de las buenas actuaciones de sus representantes– mejorar la deteriorada imagen del país y movilizar apoyo internacional.

El concurso de este año comenzó el martes, tras la mayor crisis en los 70 años de historia de Eurovisión. Islandia y otros cuatro países están boicoteando en protesta por la participación de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión, organización sin fines de lucro que organiza el concurso, enfrenta dificultades financieras.

Una investigación de The New York Times descubrió una campaña bien organizada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que adoptó Eurovisión como una herramienta de poder blando, y una organización del concurso hermética y mal preparada para responder.

Mientras el concurso, habitualmente ligero y festivo, se transformaba en una batalla indirecta sobre Medio Oriente y los derechos humanos, Eurovisión tuvo dificultades para defender uno de sus principios fundamentales: que la política no tiene ningún lugar en el evento.

Los esfuerzos de Israel por influir en la votación de Eurovisión fueron más amplios y comenzaron años antes de lo que se sabía hasta ahora. Incluso antes de que estallara la polémica sobre la votación, según muestran los registros financieros, Israel gastó al menos USD 1 millón en labores de promoción relacionadas con Eurovisión. Parte de ese dinero provino de la oficina de hasbará de Netanyahu —un eufemismo para la propaganda en el exterior— con el objetivo de promocionar a la representante israelí.

Se supone que los gobiernos no deben intervenir en la votación. Eurovisión es un concurso de emisoras públicas y cantantes, no de gobiernos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no respondió a solicitudes detalladas de comentarios. Un portavoz de la oficina de Netanyahu dijo que revisaría las preguntas y consideraría responder. No respondió.

El director de Eurovisión, Martin Green, dijo en una entrevista que las acciones de Israel el año pasado fueron excesivas, pero no contribuyeron al inesperado segundo puesto de Israel.

Sin embargo, una investigación del Times basada en datos de votación hasta ahora desconocidos, documentos internos de Eurovisión y entrevistas con más de 50 personas, concluyó que la campaña fácilmente podría haber alterado el resultado del concurso.

La representante israelí ganó el voto popular en países donde las encuestas muestran que Israel es sumamente impopular. Un análisis de la votación muestra que, en algunos países, habrían bastado apenas unos cientos de personas para inclinar el voto popular, lo que a su vez puede modificar el resultado final debido al sistema de votación del concurso.

No hay pruebas de que Israel, como especularon algunos seguidores de Eurovisión, haya utilizado bots u otras tácticas encubiertas para manipular la votación.

Los organizadores han mantenido los datos completos de la votación bajo estricto secreto, incluso frente a las propias emisoras participantes. Frente a una revuelta interna y amenazas de aliados de Israel de abandonar el concurso, minimizaron públicamente la campaña de votación israelí y nunca la investigaron a fondo.

Los organizadores del concurso encargaron un informe sobre la postura de las emisoras hacia Israel, pero mantuvieron el documento completo en secreto. Convocaron una votación sobre la permanencia de Israel en el concurso y luego la cancelaron abruptamente. Desalentaron a las emisoras de hablar con periodistas.

“El gobierno israelí ha cooptado Eurovisión”, dijo Stefan Jon Hafstein, presidente del consejo de administración de la emisora pública islandesa.

Comprar publicidad y coordinar mensajes en redes sociales no es ilegal. Al fin y al cabo, Eurovisión no es más que un concurso de canto, aunque sea el mayor del mundo. Pero aunque los gobiernos intentan a menudo sacar provecho de la publicidad que generan sus representantes, ningún esfuerzo promocional impulsado por un gobierno ha sido tan amplio y controvertido como el de Israel.

“La voz de Israel debe escucharse en todas partes”, dijo el presidente de Israel, Isaac Herzog, cuyo cargo es en gran medida ceremonial y que el año pasado planteó el tema del boicot en reuniones con líderes mundiales. “Debemos participar, debemos izar bien alto nuestra bandera y debemos llevar a los mejores intérpretes a Eurovisión”.

Eurovisión, que en su momento impulsó las carreras internacionales de ABBA y Celine Dion, se enfrenta a un futuro incierto. Proyecciones financieras revisadas por el Times estimaban el año pasado que los boicots le costarían a la organización cientos de miles de dólares en cuotas de participación. Green dijo que las finanzas de Eurovisión eran sólidas, pero reconoció tener dificultades para encontrar patrocinadores.

“Es sin duda uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado”, dijo Green sobre la controversia en torno a Israel. Pero Eurovisión, añadió, existe para demostrar la armonía global, “para mostrar el mundo como podría ser”.

Esta es la historia interna de la polémica que estuvo a punto de quebrar a Eurovisión.

Eurovisión como poder blando

En mayo de 2024, los aficionados se reunieron en la ciudad costera sueca de Malmö para la primera edición de Eurovisión desde el inicio de la guerra en Gaza.

A pesar de su nombre, Eurovisión reúne a cantantes y locutores de todo el mundo. Israel debutó en 1973. Los músicos compiten bajo banderas nacionales, pero las presentaciones son financiadas por emisoras.

En aquel momento no existía una regla explícita que prohibiera la promoción gubernamental, aunque la independencia es uno de los principios fundamentales de Eurovisión.

Sin embargo, según Doron Medalie, excompositor de Eurovisión para Israel, el gobierno israelí venía promocionando discretamente a sus representantes al menos desde 2018. Ese año, dijo, el gobierno gastó más de USD 100.000 en promoción en redes sociales. Israel ganó.

Medalie dijo que esa victoria convenció a los dirigentes israelíes de que Eurovisión, que es enormemente popular en Israel, era una buena inversión.

El gobierno de Netanyahu aumentó el gasto antes del concurso de Malmo, según los registros.

La opinión pública europea se oponía a la guerra, y algunos grupos de la industria musical ya pedían expulsar a Israel de Eurovisión. Una buena actuación israelí demostraría que Israel era querido por el público europeo, según funcionarios israelíes. Ellos, junto con personas cercanas a Eurovisión, hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacerlo públicamente o porque temían represalias de los organizadores del concurso.

En Malmo, el gobierno israelí gastó más de USD 800.000 en publicidad relacionada con Eurovisión, según datos de la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel. Los datos, obtenidos por el observatorio de medios israelí The Seventh Eye y entregados al Times, revelan que la mayor parte del dinero provino del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una partida presupuestaria de la oficina de hasbará del primer ministro mostraba además fondos destinados a la “promoción del voto”.

La emisora pública israelí Kan declaró al Times que no tenía conocimiento previo de las campañas gubernamentales y que, según entendía, “no se violaron las reglas del concurso”.

En 2024, la representante israelí Eden Golan quedó segunda en la votación popular y encabezó la votación en muchas naciones donde el sentimiento propalestino es fuerte. “Parece que el mundo no está contra nosotros”,escribió el sitio de noticias israelí Ynet.

Ynet señaló que la cancillería israelí había difundido publicidad en YouTube durante Eurovisión. Pero tanto esa historia como los patrones inusuales de votación, recibieron escasa atención.

Las emisoras de Eurovisión estaban preocupadas. La activista Greta Thunberg y miles de personas más abarrotaron Malmo para protestar contra la participación de Israel. En el escenario, varios cantantes llevaban símbolos palestinos. El rapero neerlandés Joost Klein fue expulsado por un altercado no relacionado con una camarógrafa.

Pero una emisora, la de Eslovenia, detectó el resultado inusual de la votación y pidió a Eurovisión que publicara más datos. Según la emisora, los organizadores nunca respondieron.

Eurovisión dijo la semana pasada que no consideró excesivas las promociones israelíes de 2024.

Eurovisión había dejado atrás Malmo, pero sus problemas apenas comenzaban.

‘¡Vota 20 veces!’

En el concurso de Eurovisión 2025, celebrado en Basilea, Suiza, Israel quedó segundo en la clasificación general y ganó el voto popular, una vez más imponiéndose en países donde amplios sectores se habían pronunciado contra las políticas israelíes.

Esta vez, los resultados inesperados sí llamaron la atención.

Utilizando la biblioteca publicitaria de Google, los periodistas de la emisora finlandesa Yle revelaron que el gobierno israelí había comprado anuncios en internet en varios idiomas, exhortando a votar por la representante israelí, Yuval Raphael, hasta el máximo permitido de 20 veces.

No hay cifras disponibles sobre el gasto destinado a ese concurso, pero la campaña israelí fue más amplia y coordinada que en Malmo.

El propio Netanyahu publicó en redes sociales un gráfico animando a la gente a votar 20 veces por Raphael. Grupos proisraelíes en toda Europa difundieron el mismo gráfico y otros similares. El embajador adjunto de Israel en Austria, Ilay Levi Judkovsky, declaró al Times que había contactado a un grupo de la diáspora para movilizar apoyo para Raphael.

Medalie, el compositor israelí, defendió la estrategia. Israel gasta tanto en seguridad, dijo, que era lógico que el gobierno financiara también la promoción.

“Todo el mundo está celoso y alterado porque Israel está obteniendo grandes resultados”, dijo.

Los esfuerzos de promoción de Israel podrían haber afectado fácilmente al voto popular, según un análisis de los datos de la votación. Eso se debe a que, según muestran los registros, en algunos países votan tan pocas personas que bastaría con que unos cientos votaran repetidamente para alterar el resultado.

Después del concurso, la emisora eslovena volvió a exigir datos de votación y amenazó con retirarse. Otras reclamaron en privado una investigación externa.

Green, el director, prometió que el órgano rector de Eurovisión revisaría la votación. Pero ese grupo nunca recibió un análisis completo de los votos, solo datos “generales”, reconoció Green.

Ni él ni el sindicato de radiodifusión encargaron una investigación externa.

“Estamos muy, muy satisfechos de que el resultado sea auténtico, justo y analizado”, dijo Green.

En julio, durante una reunión de organismos de radiodifusión celebrada en Londres, el descontento aumentó. España pidió debatir la participación de Israel y modificar un sistema de votación que consideraba susceptible de manipulación.

En lugar de investigar, Eurovisión contrató a un consultor, el veterano radiodifusor checo Petr Dvorak, para que entrevistara a los miembros sobre la participación de Israel.

Las opiniones eran muy diversas. “A veces sentían simplemente que Israel, como Estado, estaba utilizando este evento como una especie de herramienta promocional”, recordó Dvorak en una entrevista. Otros querían que Eurovisión suspendiera o postergara la edición de 2026. Algunos consideraban que Kan, la emisora israelí, no debía ser responsabilizada por las acciones de su gobierno.

Más tarde, las emisoras recibirían apenas un resumen de las conclusiones de Dvorak, y no el informe completo, reforzando la percepción de que el proceso había sido una pérdida de tiempo.

A fines de septiembre, cinco emisoras —Islandia, Irlanda, Países Bajos, España y Eslovenia— estaban debatiendo abiertamente un boicot.

Una polémica latente termina por estallar

Una reunión de Eurovisión en Croacia ese mes no disipó las preocupaciones. Por el contrario, según dos asistentes, el equipo de Green realizó dos presentaciones aparentemente contradictorias.

La primera sostenía que Israel no había influido en el resultado de 2025. No se presentaron datos detallados. La segunda enseñaba a las emisoras cómo utilizar las redes sociales para conseguir más votos.

Para algunos de los presentes, los organizadores parecían estar diciendo que las campañas en línea sí podían influir en la votación, pero que no había sido el caso de Israel.

Los organizadores quedaron atrapados entre facciones enfrentadas. Corrían rumores de que Noruega y Portugal podrían sumarse a los cinco países disidentes si Israel permanecía en el escenario. Los documentos muestran que aliados de Israel como Alemania y Estonia se oponían a una exclusión.

Los organizadores calcularon las consecuencias financieras de ambos escenarios: perder a los críticos de Israel o perder a Israel y a sus defensores. Ninguno de los dos resultados era favorable, muestran los registros. Según algunas estimaciones, Eurovisión iba a perder más de USD 600.000 en cuotas de participación.

La situación se había deteriorado tanto que incluso el director de la radiodifusión pública austríaca planteó, en una conversación interna, la posibilidad de que su país se retirara en apoyo a Israel, según una persona familiarizada directamente con la discusión. Eso habría dejado a la edición de 2026, prevista en Viena, sin país anfitrión.

(Un portavoz de la emisora austríaca dijo que “siempre estuvo claro” que Viena sería la sede. Desde entonces, el director renunció).

En una carta enviada a los miembros a fines de septiembre, Eurovisión reconoció que “nunca había enfrentado una situación tan divisiva” y anunció una votación de emergencia sobre la participación de Israel.

En privado, los abogados de Eurovisión dieron un consejo extraordinario: los organizadores podían excluir legalmente a Israel si así lo deseaban.

Eurovisión, dividida

Unas semanas después, Eurovisión canceló la votación de emergencia, alegando el nuevo alto al fuego en Gaza. La cuestión fue postergada hasta diciembre.

Las emisoras seguían teniendo dudas sobre los derechos humanos y la campaña de marketing israelí. Pero Eurovisión parecía querer que la controversia desapareciera. Su equipo de comunicación había enviado un correo electrónico desalentando a las emisoras a hablar con periodistas.

La demora le dio tiempo al gobierno israelí para desplegar una ofensiva diplomática.

Según documentos y entrevistas con personas involucradas, embajadas israelíes contactaron a emisoras en al menos tres países. En un cuarto país, el gobierno israelí se puso en contacto con el ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre Eurovisión.

Finalmente, en diciembre, tras meses de debate y demoras, las emisoras se reunieron en Ginebra para abordar la participación de Israel.

Una vez más, Eurovisión eludió la cuestión.

El sindicato de radiodifusión organizó una votación sobre si limitar a cada espectador a 10 votos y “desalentar campañas promocionales desproporcionadas”.

Pero había un giro: si los miembros aprobaban los cambios, estarían aceptando mantener a Israel en Eurovisión sin votar nunca explícitamente sobre el tema. (Algunos miembros le habían dicho a Dvorak que no querían ser responsabilizados en sus países por una votación así).

La presidenta del sindicato de radiodifusión, Delphine Ernotte Cunci, reconoció que el acuerdo “podría parecer bastante extraño”. Pero, explicó, “la solución más democrática posible” era no votar, según el acta de la reunión.

Frederik Delaplace, de la emisora belga VRT, no quedó convencido. Eurovisión, dijo en la reunión, estaba “escondiéndose detrás de directrices” en lugar de debatir sobre derechos humanos.

En una votación secreta, las emisoras aprobaron los cambios de reglas. Israel seguiría en Eurovisión, sin que nadie tuviera que votar al respecto.

Las cinco emisoras disidentes boicotearon rápidamente el concurso.

Green dijo que las nuevas normas abordaban “una cuestión de percepción”, no problemas reales.

En la edición de Eurovisión de este año en Viena, otros países están poniendo a prueba las nuevas normas, movilizando a sus diásporas para votar.

Y una publicidad israelí vuelve a generar polémica. Un equipo detrás del concursante israelí, Noam Bettan, hizo circular promociones en las redes sociales pidiendo a la gente que votara por él 10 veces.

Los organizadores de Eurovisión, apresurándose para evitar una repetición de lo ocurrido el año pasado, advirtieron formalmente a la emisora y pidieron que se retiraran los mensajes. “Utilizar un llamado directo a votar 10 veces por un artista o canción tampoco está en línea con nuestras reglas ni con el espíritu de la competencia”, dijo Green.

Volvió a asegurar al público que campañas de ese tipo no pueden afectar al resultado.

*Kirsten Noyes colaboró en la investigación. Elisabetta Provoledo, Natan Odenheimer y Gabby Sobelman colaboraron con la reportería.

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Reino Unido impuso a comienzos de la semana sanciones contra el campamento de Songdowon. El Ministerio británico de Asuntos Exteriores acusa a esta estructura de “participar” en el programa ruso de “deportación forzada y reeducación de niños ucranianos”.

Londres acusa también al campamento de apoyar “políticas o acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía o la independencia de Ucrania”.

Estos traslados forzados de niños “constituyen uno de los peores crímenes” y buscan “borrar a la futura generación de Ucrania”, denunció la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. La dirigente recordó que la UE ya había sancionado antes a un centenar de personas y entidades por las mismas razones. El caso de los niños ucranianos es también uno de los pocos asuntos de consenso entre la UE y la administración estadounidense en relación con la guerra en Ucrania.

Una partida de 1,2 millones de libras, unos 1,4 millones de euros, será destinada a “ayudar a identificar a los niños ucranianos y devolverlos a sus hogares”, anunció el Foreign Office.

¿“Demonizar a Rusia”?

Corea del Norte reaccionó a las sanciones británicas. El viernes 15 de mayo, la agencia estatal KCNA denunció las medidas de Londres contra este campamento de vacaciones internacional. Pyongyang sostiene que esas sanciones son maniobras “dirigidas a demonizar a Rusia” y calificó las medidas como “una ofensa intolerable” contra el régimen norcoreano.

Desde el inicio de la guerra en 2022, 2.318 niños ucranianos han sido declarados desaparecidos, 20.570 han sido deportados o desplazados por la fuerza y 704 han muerto, según cifras comunicadas por el gobierno ucraniano.

Los casos de Micha y Liza

Micha, un niño de 12 años, y Liza, una adolescente de 16 años, originarios de territorios ocupados, estuvieron en el campamento internacional para niños de Songdowon, en Corea del Norte, según un informe publicado en 2025 por el Centro Regional para los Derechos Humanos, con sede en Ucrania.

De acuerdo con ese documento, los dos menores habrían recibido enseñanzas que los instaban a «destruir» a los militaristas japoneses. También habrían mantenido un encuentro con veteranos norcoreanos que participaron en el ataque a un buque de la marina estadounidense en 1968, una operación en la que nueve soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos.

El campamento internacional para niños de Songdowon fue creado para promover el sistema político norcoreano entre jóvenes extranjeros. La agencia oficial KCNA lo presenta como «una base sagrada para la educación y el crecimiento de los niños».

El operador turístico británico Koryo Tours explica en su sitio web que este centro, situado cerca de la ciudad de Wonsan, en el este de Corea del Norte, fue concebido para fomentar la amistad internacional mediante la acogida de niños de distintos países. Según la misma fuente, el campamento puede albergar hasta 1.200 jóvenes y recibe cada año alrededor de 400 visitantes extranjeros, entre ellos procedentes de Rusia, China, Tailandia, Mongolia y México.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, las organizaciones de defensa de los derechos humanos alertan sobre la situación de miles de niños ucranianos desplazados desde los territorios ocupados por Moscú. Varios informes denuncian programas de reeducación ideológica y militarización organizados en Rusia, pero también en algunos países aliados, como Corea del Norte. El presidente Vladimir Putin y su comisionada para los Derechos del Niño están perseguidos por este crimen por la Corte Penal Internacional (CPI).

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Unión Europea, Australia y Costa Rica anunciaron el viernes su intención de sumarse al futuro tribunal especial para Ucrania, destinado a juzgar la invasión rusa de ese país.

“El momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión está cerca”, celebró en un comunicado el secretario general de la organización paneuropea con sede en Estrasburgo, Alain Berset.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que agrupa a los ministros de Exteriores de los Estados miembros, aprobó el viernes en una reunión en Chisinau (Moldavia) una resolución que sienta las bases del “comité de dirección” del futuro tribunal.

La iniciativa fue lanzada el año pasado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que firmó un acuerdo sobre la cuestión con el Consejo de Europa, una organización de 46 miembros, entre ellos Ucrania, que vela por los derechos humanos en el continente.

El futuro órgano judicial permitirá eludir la imposibilidad de juzgar este “crimen de agresión” en la Corte Penal Internacional (CPI), que Rusia no reconoce.

Rusia —excluida del Consejo de Europa en 2022, tras el inicio de la invasión de Ucrania— ha indicado, por su parte, que considerará “nulas y sin efecto” las decisiones del futuro tribunal.

Doce países del Consejo de Europa no se han sumado por el momento a la iniciativa. Se trata de cuatro miembros de la Unión Europea (Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Malta), cuatro países balcánicos (Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Albania), tres del Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) así como Turquía.

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Estados Unidos cumplió un año sin liberar ningún inmigrante que entró ilegalmente por la frontera sur, anunció este viernes el gobierno de Donald Trump.

“Doce meses seguidos con CERO liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump estamos logrando la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, se congratuló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Los días de captura y liberación se han terminado. Estamos haciendo cumplir las leyes de la nación y devolviendo a los extranjeros ilegales a sus países de origen”, añadió.

La Patrulla Fronteriza (CBP) “volvió a liberar a cero extranjeros ilegales en nuestro país este mes, a diferencia de abril de 2024, cuando más de 68.000 fueron liberados bajo el presidente [Joe] Biden”, dijo por su parte el comisionado de la agencia, Rodney S. Scott.

La política de “captura y liberación” (catch and release, en inglés) es objeto de polémica y vaivenes en Estados Unidos desde hace décadas.

Un inmigrante que entraba sin permiso a través de la frontera terrestre podía solicitar asilo, lo que congelaba la situación.

Otra consideración que llevaba al gobierno a liberar a los indocumentados era la falta de espacio en los centros de detención, o el caso particular de los menores.

El primer gobierno de Trump (2017-2021) acabó con la posibilidad de solicitar asilo inmediatamente, tras una larga batalla legal, e impuso medidas drásticas y polémicas como la separación de familias.

El gobierno siguiente, del demócrata Joe Biden, volvió a disponer que los indocumentados que eran interceptados en la frontera pudieran quedar libres, bajo convocatoria ante un tribunal de migración.

Los críticos de esa política alertaron sobre la masiva entrada de ilegales y los años de retraso acumulado en los tribunales.

Ese fue uno de las grandes argumentos de la campaña electoral de Trump, que acabó con su regreso a la Casa Blanca.

Según cifras interanuales del Departamento de Seguridad Nacional, las detenciones en la frontera sur fueron un 94% inferiores que el promedio mensual registrado durante el gobierno de Biden.

En abril pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a un promedio de 298 personas por día. La política migratoria de Trump es cuestionada regularmente ante los tribunales.

La Corte Suprema dictaminó en 2018 que el gobierno tenía potestad para efectuar expulsiones de forma expeditiva, sin esperar a largos procesos ante jueces de migración.

Pero dos años más tarde los magistrados del alto tribunal le dieron también libertad al gobierno de Biden para eliminar el programa “Permanecer en México”, es decir, la obligatoriedad de quedarse en el vecino del sur mientras un inmigrante aguarda el resultado de su solicitud de asilo.

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Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles el noreste de Japón, aunque no se emitió ninguna alerta por tsunami y, de momento, no se han registrado daños o víctimas.

El temblor tuvo lugar en torno a las 20.20 hora local (11.20 GMT), con su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de la prefectura de Miyagi (noreste), según datos de la Agencia Meteorológica de Japón.

El sismo, que llegó a sentirse en la ciudad de Tokio, registró una intensidad máxima de 5 inferior en algunos puntos de la región de Miyagi, según la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Los servicios del tren bala hacia Aomori, en el norte de Japón, se suspendieron brevemente tras el terremoto, como es habitual en estos casos.

Se trata del sismo más fuerte que sacude la zona norte de Japón desde que el pasado 20 de abril se registrase un fuerte temblor de 7,7, que desató además una alerta de tsunami, aunque sin víctimas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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La disputa entre “influencers” chavistas tras la captura de Nicolás Maduro dejó al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo que hasta ahora se mantenían fuera del debate público digital. En un contexto donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de propaganda y movilización política, las fracturas entre figuras afines al régimen evidencian un posible reacomodo dentro de la Revolución Bolivariana.

El régimen chavista atraviesa una de las crisis más profundas de su historia luego del ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina, un escenario que intensificó las tensiones internas dentro del oficialismo. En medio de este clima de incertidumbre, varios “influencers” cercanos al chavismo comenzaron a cuestionar públicamente a la nueva cúpula de poder, alimentando sospechas sobre divisiones dentro del movimiento.

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Uno de los casos más visibles fue el de Diego Omar Suárez, conocido en redes como “Michelo”, quien acumula más de 459.000 seguidores en Instagram. El creador de contenido calificó a Rodríguez como una “Judas femenina” y acusó tanto a ella como a su hermano, Jorge Rodríguez, de haber participado en una supuesta conspiración para entregar a Maduro. “¿Qué harían ustedes si me ven a mí con el jefe de la CIA en Venezuela recibiendo instrucciones luego de la captura de Maduro?”, escribió en un mensaje que provocó una fuerte discusión entre figuras afines al chavismo.

Según Alejandra Martínez, directora para América Latina de la Fundación Libertad y Desarrollo, el chavismo habría recurrido durante años a la contratación de “influencers” extranjeros para fortalecer su estrategia comunicacional. Tal sería el caso de Michelo, quien presuntamente habría recibido pagos de hasta USD 5.000 mensuales por parte del Ministerio de Comunicación del régimen venezolano.

Martínez explicó además que actualmente existen fracturas internas entre sectores del chavismo, especialmente alrededor de Delcy Rodríguez, cuyos aliados impulsan un discurso más cercano a Estados Unidos y favorable a las inversiones extranjeras. En ese contexto, parte de la red de “influencers” oficialistas ha comenzado a promover una narrativa enfocada en defender la estabilidad económica y atraer capital internacional.

Las declaraciones de Michelo provocaron respuestas inmediatas dentro del chavismo digital. Indira Urbaneja, cercana a Diosdado Cabello, e Iris Varela defendieron a Rodríguez y cuestionaron al creador de contenido. En contraste, Mario Silva adoptó una postura más crítica frente a la nueva cúpula del oficialismo y expresó su descontento con el rumbo actual del régimen.

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“No puedes estar más enojado que nosotros con lo que ha sucedido en Venezuela […] Estamos tragando arena para negociar con el agresor”, afirmó Urbaneja en redes sociales.

Por su parte, Mario Silva —históricamente cercano a Hugo Chávez— también respondió a Michelo y marcó distancia frente a quienes intentan justificar la situación actual del régimen. “En 2018 no estaba en Washington, como tú (haciendo referencia a Urbaneja), haciendo lobby. Estaba aquí, defendiendo la Revolución Bolivariana”, afirmó.

Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el chavismo fue pionero en utilizar las redes sociales como herramienta de conexión política con sectores populares y como mecanismo para impulsar figuras con capacidad de incidencia pública.

Sin embargo, explica que el ecosistema comunicacional del oficialismo cambió con el tiempo: la propaganda dejó de depender exclusivamente de la televisión y migró hacia las plataformas digitales, donde el chavismo necesitaba mantener presencia e influencia.

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Por ello, el peso político de estos influenciadores no debe subestimarse. Las disputas entre ellos reflejan más que simples peleas en internet, evidencian las fisuras internas de un movimiento que durante años utilizó las redes sociales para consolidar y controlar su narrativa pública.

Rodríguez señala además que, tras la salida de Hugo Chávez de la escena pública, Diosdado Cabello asumió gran parte del protagonismo comunicacional dentro del chavismo, rol que todavía conserva a través de su programa Con el Mazo Dando. No obstante, el auge de las nuevas tecnologías transformó el escenario político y obligó al oficialismo a adaptarse a dinámicas digitales más rápidas y descentralizadas.

Según Martínez, una de las narrativas emergentes dentro del oficialismo consiste en presentar cualquier crítica al régimen como una amenaza para la llegada de inversiones extranjeras. Bajo esa lógica, “hay que hablar bien de Venezuela para que los inversionistas tengan confianza”. Ese discurso es identificado por algunos sectores como un “chavismo 3.0” o, en tono crítico, “rodrigato”.

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La experta también advirtió que distintos organismos internacionales han denunciado el uso de “bots” e inteligencia artificial para amplificar propaganda oficialista, técnicas que, según afirma, fueron tomadas de modelos de inteligencia y desinformación utilizados por Rusia y China.

Para Rodríguez, lo que ocurre actualmente en Venezuela refleja un reacomodo interno dentro de la Revolución Bolivariana. Aunque las divisiones existían desde hace años, ahora comenzaron a hacerse visibles públicamente. En ese contexto, resulta llamativo que varios de los principales voceros e “influencers” históricamente vinculados al chavismo se hayan alineado rápidamente con posiciones más cercanas a Estados Unidos.

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China y Estados Unidos cerraron este viernes la visita de Donald Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados.

Estas son las seis claves de la jornada, la última de una visita que duró menos de 48 horas, dejó una fuerte carga simbólica y permitió a Pekín presentar un nuevo marco para la relación, aunque todavía sin anuncio de grandes acuerdos concretos.

1. “Relación de estabilidad estratégica constructiva”

Pekín presentó este viernes como principal resultado político de la visita la decisión de Xi y Trump de fijar una nueva orientación para los vínculos bilaterales bajo la fórmula “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.”, llamada, según la Cancillería china, a guiar la relación durante “los próximos tres años o más”.

El concepto, ya mencionado por Xi durante la reunión del jueves, se articula en torno a cuatro ideas: cooperación como eje principal, competencia “moderada”, diferencias “controlables” y una paz duradera, lo que sugiere un intento de ordenar la rivalidad entre ambas potencias sin presentarla como ruptura.

El analista Bill Bishop apuntó que esta formulación permite a Pekín aceptar que la relación es “competitiva”, pero al mismo tiempo enmarcar qué tipo de competencia considera “admisible”, mientras que la economista Alicia García-Herrero sostuvo en X que la cumbre dejó una “pausa táctica” dentro de una “contienda estratégica” en la que las líneas rojas intercambiadas no fueron “concesiones”, sino “advertencias”.

2. Irán

Irán también ocupó este viernes un lugar destacado tras la primera reunión entre Xi y Trump, después de que el mandatario estadounidense asegurase en una entrevista publicada esta mañana que el líder chino le ofreció “ayuda” para la reapertura del estrecho de Ormuz.

La Cancillería china evitó entrar en detalles sobre esas gestiones, pero pidió reabrir “lo antes posible” las rutas de navegación y mantener abierta la “puerta del diálogo”, al sostener que “esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar”.

Pekín defendió un arreglo sobre el programa nuclear iraní que atienda las preocupaciones de todas las partes, en línea con el consenso divulgado el jueves por la Casa Blanca, según el cual Xi y Trump coincidieron en que Irán no debe tener “nunca” armas nucleares.

3. Grandes compras agrícolas

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este viernes que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de “decenas de miles de millones de dólares” anuales durante los próximos tres años, además de avances en ventas de aviones Boeing y soja.

Greer afirmó en una entrevista con Bloomberg que la Administración Trump busca “reequilibrar” el comercio con China, que existe “voluntad” en ambas partes para extender la tregua comercial pactada el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan y que las licencias chinas para exportar tierras raras han vuelto a niveles mejores, aunque a veces avanzan con “lentitud”.

4. Semiconductores, ausentes en la cumbre

Greer afirmó que los semiconductores avanzados “no se trataron” durante la reunión entre Xi y Trump, pese a la presencia en la delegación estadounidense de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, que sí intervino brevemente ante ambos mandatarios durante el encuentro con empresarios, explicó durante la entrevista.

El comentario de Greer no confirmó expectativas sobre un posible anuncio inmediato acerca del acceso de compañías chinas al chip H200 de Nvidia, el segundo más potente de la empresa, un asunto sensible en la competencia tecnológica entre ambas potencias.

5. Sintonía entre Xi y Trump

Trump calificó este viernes su visita de Estado a China de “muy exitosa”, según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un “viejo amigo” con el que mantiene una “buena relación”.

La escenificación de cercanía tuvo su punto álgido en Zhongnanhai, donde ambos pasearon entre árboles antiguos y rosales antes de una reunión en formato reducido, con Trump elogiando las flores del complejo y Xi prometiendo enviarle semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca.

6. Sin cambios hacia Taiwán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con NBC desde Pekín que la política de Washington sobre Taiwán “permanece inalterada” tras la reunión entre Xi y Trump del jueves, pese a que Xi situó la cuestión como “el asunto más importante” de la relación.

Rubio reconoció que Pekín planteó el tema durante la cumbre, como “siempre” hace, pero afirmó que Estados Unidos dejó clara su posición, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi trataría de obtener de Trump algún compromiso para limitar las ventas de armas a Taipéi o modificar la política estadounidense hacia la isla autogobernada, cuya soberanía China reclama.

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El bebé de Nesma tiene la sonrisa y los ojos de su madre, pero nada de su padre, uno de los tres combatientes paramilitares que la violaron en grupo hace dos años en la capital de Sudán.

“Vi sus caras. Me acuerdo de ellos”, contó a la AFP la joven 26 años cuyo nombre se ha cambiado para proteger su privacidad.

El pequeño Yaser es uno de los miles de niños nacidos de supervivientes de violaciones en los tres años de combates entre el ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La familia de Nesma, quien se graduó en la universidad, huyó de Jartum al inicio de la guerra, pero un año después ella volvió para recuperar los certificados de nacimiento, graduación y defunción que necesitaba para comenzar una nueva vida.

Combatientes de las RSF detuvieron el autobús en el que viajaba entre las fábricas de Jartum Norte, ordenaron a todos bajar y separaron a los hombres de las mujeres.

Nesma perdió el conocimiento cuando el tercer combatiente la violó. “Cuando recuperé el sentido, ya era de mañana. Salí y uno de los hombres del autobús yacía muerto a tiros en el suelo”.

Su relato coincide con el modus operandi de los combatientes de las RSF, a quienes expertos de la ONU acusan de violencia sexual sistemática.

El trauma fue tal que Nesma no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta los cinco meses. No estaba segura de si iba a quedarse con el bebé hasta la víspera de su cesárea.

“No pude dejarlo partir”, dijo a la AFP mientras Yaser se acurruca junto a su cuello. “No es culpa de mi hijo y tampoco es culpa mía”, afirmó. “No podía soportar la idea de que él sufriera o terminara con una mala familia”.- Doble injusticia

La violación se utiliza como arma “de guerra, dominio, destrucción y genocidio” en Sudán “para destruir el tejido de la sociedad y cambiar su composición”, declaró a la AFP la relatora especial de la ONU Reem Alsalem.

La ministra sudanesa de Asuntos Sociales, Sulaima Ishaq al Jalifa, afirmó que la gran mayoría de las víctimas que, según ella se cuentan por miles, no denuncian lo que han sufrido y muchos abortos y adopciones tampoco se registran.

En Darfur, solo en una localidad “hay cientos y cientos de chicas, todas violadas, ninguna de las cuales ha ido a una clínica; la mayoría están embarazadas”, dijo a la AFP la máxima responsable de la ONU en Sudán, Denise Brown.

La vergüenza que sienten en una sociedad a menudo conservadora duplica la injusticia de lo que se les ha hecho, sostuvo Alsalem, la relatora de la ONU.

“Las familias han abandonado a sus hijas, los maridos se han divorciado de sus esposas que fueron víctimas de violación. Estamos revictimizándolas... y no es culpa de ellas”, sostiene.

La mayoría de las familias cría a los niños en secreto pero otras mujeres han sido expulsadas, rechazadas o incluso acusadas de colaborar con las RSF.

En un refugio de paja en la ciudad de Tawila, en Darfur, Hayat, de 20 años, contó a la AFP su historia mientras intentaba que su hijo de cuatro meses se quedara dormido.

Fue violada el año pasado por hombres de las RSF mientras huía del campo de refugiados de Zamzam, cerca de El Fasher, cuando caía en manos de las RSF.

Los paramilitares mataron a más de 1.000 personas en el ataque al campo, que acogía a más de medio millón de personas, y llevaron a cabo una operación de violaciones sistemáticas contra grupos étnicos no árabes, según la ONU.

Combatientes de las RSF difundieron videos en los que afirmaban que violar a mujeres de otros grupos étnicos “honra” su linaje.

Guerra a las mujeres

Hayat llegó a Tawila en estado de shock. “Solo quiero un futuro mejor para él. No quiero que crezca como nosotros”, contó con su hijo en brazos.

Durante décadas se ha librado una guerra contra el cuerpo de las mujeres en todo Darfur. La violación masiva fue uno de los cargos de crímenes de lesa humanidad imputados a los Janjaweed, las milicias armadas por el gobierno que sembraron el terror en los años 2000 y de las que posteriormente surgieron las RSF.

Halima fue violada por primera vez siendo adolescente por unos pastores. Se repitió mientras huía hacia Zamzam en 2022 y de nuevo cuando escapaba del campo de refugiados.

Ahora, con 23 años, fue “salvada” de tener que gestar a un tercer hijo fruto de una violación gracias a los anticonceptivos de emergencia que le dieron los médicos en Tawila.

La AFP se reunió en Tawila con varias supervivientes de violación que quedaron embarazadas mientras escapaban de la caída de El Fasher, capital de Darfur del Norte, a manos de las RSF en octubre. Los paramilitares mataron allí a por lo menos 6.000 personas en tres días.

Rawia, de 17 años, vio cómo mataban en la calle a la mitad del grupo con el que huía. Después “tres de ellos se llevaron todo lo que teníamos y nos violaron”. Ahora está embarazada de cinco meses.

Alia, de 25 años, fue arrastrada de vuelta a El Fasher con otras cuatro chicas y mantenida cautiva durante seis semanas hasta que escaparon “en plena noche”. Después sufrió un aborto espontáneo.

Magda, de 22 años, perdió a su marido en un ataque con cohetes y luego vio cómo su hermano era abatido a tiros en la carretera hacia Tawila.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé: ‘Si pierdo a este bebé, será otra cosa más que lamentar. Pero si vive, es el destino, lo criaré’”, comenta sobre su embarazo, fruto de una violación.

No todas lo viven así.

Algunas llegaron a Gloria Endreo —una matrona de Médicos Sin Fronteras— “sangrando, después de haber intentado abortos inseguros”.

En sus dos meses en Tawila ha atendido a cientos de supervivientes, muchas embarazadas como resultado de una violación.

“Algunas no podían decirlo”, contó a la AFP. “Algunas de las que dieron a luz, a su pesar, sienten ese resentimiento y desconexión. No pueden mostrar amor ni atención (a sus bebés). Y luego se obliga a estas mujeres a criar a ese niño, un recordatorio constante de lo que les ocurrió”.

“Tanto madre como padre”

Bajo el calor abrasador de Jartum, el bebé de cinco meses de Fayha duerme plácidamente por la tarde.

“Pero claro me mantiene despierta toda la noche”, bromea la madre de 30 años mientras cuenta a la AFP cómo tiene “que ser tanto madre como padre”.

Fue violada por un civil mientras uno de sus amigos, un soldado del ejército fuera de servicio pero armado, montaba guardia.

“Estaba aterrada ante la idea de que me disparara”, recuerda, con lágrimas en los ojos.

Según la ONU, muchos de los casos de violencia sexual y de abusos contra mujeres detenidas por el ejército no se declaran por miedo a represalias.

Los observadores señalan que no son comparables con la estrategia sistemática de las RSF.

“Las RSF violan para someter a la sociedad, para desplazar y dominar; los soldados del ejército violan porque saben que quedarán impunes”, dijo una activista a la AFP bajo condición de anonimato.

Fayha (un nombre ficticio) se enteró de que estaba embarazada al final del primer trimestre y apenas ha dormido desde entonces.

“A veces me enfado con él, llega la hora de amamantar y estoy harta de él. Últimamente he empezado a sentir más instinto maternal. Pero la maternidad en sí es tan dura”, comentó.

Fayha, Nesma y un sinfín de mujeres han tenido dificultades para obtener certificados de nacimiento para sus hijos, sin los cuales no pueden recibir atención médica, educación ni servicios sociales.

Legalmente “esto no debería ser un problema”, ya que existen “procedimientos de emergencia”, según Khalifa, veterana activista convertida en ministra.

Pero las normas sociales conservadoras y el colapso burocrático están fallando a muchas de esas mujeres.

“¿Cuál va a ser el estatus legal de estos niños?”, se preguntó Brown, de la ONU. “Es un problema a largo plazo. ¿Cómo serán cuidados por sus familias? ¿Qué efecto tendrá esto en las comunidades?”

“Este bebé de las RSF”

Las heridas están especialmente abiertas en el conservador estado de Al Jazira, al sureste de Jartum, donde muchas familias han abandonado sus aldeas para siempre, en un intento de escapar del trauma de las violaciones en grupo, los matrimonios forzados y la esclavitud sexual infligidos por las RSF.

Las chicas de piel más clara —de grupos étnicos distintos a los de los combatientes de las RSF— fueron “solicitadas explícitamente y tratadas como trofeos o botín de guerra”, según la coalición de derechos de las mujeres SIHA.

Cuando el ejército reconquistó el centro de Sudán el año pasado, el gobierno relajó las restricciones al aborto, en un aparente intento de mitigar el impacto de la violencia sexual de las RSF.

“Hubo cierta flexibilidad respecto al aborto, pero muchos no lo sabían y había que obtener un permiso. Y, debido al estigma, muchos no lo denunciaban”, explicó Alsalem.

No ayudó que Abu Aqla Kaykal, al mando de las RSF en Al Jazira durante gran parte de la violencia, sea ahora uno de los principales comandantes del ejército en la región, tras cambiar de bando con muchos de sus combatientes.

Una voluntaria en Al Jazira contó a la AFP que ayudó a 26 mujeres y niñas a abortar, la mayoría de ellas “después de haber tomado muchos medicamentos muy peligrosos sin supervisión”.

Entre las obligadas a llevar el embarazo a término, Jalifa recuerda a una joven de 16 años cuya madre intervino en cuanto nació su nieto.

“Lo tomó en brazos, nos lo entregó y dijo: ‘No vamos a llevarnos a casa a este bebé de las RSF’. Su madre nunca lo tuvo en brazos”, recuerda.

“Quería borrar todo aquello, como si nunca hubiera pasado”, añadió Jalifa, cuyo equipo dio el bebé a una madre de acogida.

Otras familias perdieron tanto a sus hijas como a sus nietos. Muchas mujeres y niñas obligadas a casarse con combatientes de las RSF fueron llevadas con ellos de regreso a Darfur cuando se retiraron.

Las que tenían familias incapaces de pagar rescates siguen cautivas.

En Nyala, capital del estado de Darfur del Sur, “hay decenas de niñas y mujeres cuyos hijos tienen ahora uno o dos años y están atrapadas”, señaló Jalifa.

“Se merece una buena vida”

Otras mujeres fueron dejadas atrás en Jartum y Al Jazira tras la retirada de las RSF, ya embarazadas o con un niño a cuestas.

“Algunas familias se quedaron con los niños para criarlos”, dijo Jalifa, y el desplazamiento provocado por la guerra les ayudó irónicamente a “hacer pasar al bebé por un hermano o un huérfano de guerra acogido por la familia”.

Ni siquiera la ministra sabe cuántas adopciones se han producido. Muchas se dan de manera informal, especialmente en el este de Sudán, donde la acogida de niños necesitados es una práctica arraigada.

“Los procedimientos son sencillos”, afirmó, dado que el gobierno intenta colocar en familias al mayor número posible de niños abandonados.

Aun así, Alsalem, de la ONU, teme que los niños sean cedidos “con muy poco seguimiento y sin una evaluación rigurosa”.

Nesma dijo que nunca pudo soportar la idea de separarse de Yaser, ni siquiera cuando estaba deprimida y privada de sueño en los agotadores primeros meses de maternidad.

Yaser tiene ahora 13 meses y ella solo piensa en cómo conseguir un empleo bien remunerado con su título universitario y ser una buena madre. “Él se merece una buena vida”, afirmó, sujetándole las manos mientras intenta dar sus primeros pasos.

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Hoy Nueva York es la envidia de muchas ciudades en Estados Unidos. Y no es para menos. Con apenas cinco meses en el cargo, su alcalde, Zohran Mamdani, ha logrado lo que muchos consideraban imposible: equilibrar el presupuesto de USD 125 mil millones, tras enfrentar un déficit de USD 12 mil, sin desatar una guerra civil con los propietarios de viviendas y trabajadores subiendo impuestos. Tampoco sacrificó los servicios sociales que prometió proteger.

Hoy el balance fiscal es de cero, tras enfrentar un enorme hueco, y la ciudad goza de una salud financiera que en febrero parecía una ilusión. Mientras otras grandes metrópolis luchan contra la austeridad, la Nueva York de Mamdani parece haber encontrado una “tercera vía”, transformando un déficit que amenazaba con hundir la ciudad en una oportunidad para redefinirla. Pero, ¿cómo?

¿Por qué Nueva York obtuvo un déficit tan grande?

Primero, hay que entender cómo Mamdani heredó este hueco fiscal. Para el alcalde, este es el resultado de una “gestión de espejismos” de la pasada administración.

Según la organización The American Prospect, la ciudad arrastraba un déficit histórico desde la era de Eric Adams, exacerbado por un “underbudgeting” o subpresupestación crónica. Es decir, se presupuestaba sistemáticamente menos de lo que realmente costaban programas críticos como los vouchers de renta CityFHEPS o las horas extra de la policía y bomberos. A esto se sumó un entorno económico incierto, marcado por un mercado laboral apático y las tensiones globales por eventos como la guerra con Irán.

Mamdani denunció que el déficit se infló artificialmente al no ser honestos con los gastos obligatorios. La administración anterior ponía en el papel que gastaría, por ejemplo, USD 500 millones en vales de vivienda, sabiendo perfectamente que la tendencia real indicaba que se gastarían USD 1.000 millones. ¿Por qué? Reconocer un déficit de ese tamaño es abrir la puerta a que el Estado tome control de tus finanzas o a que tu popularidad se desplome. No era viable para el exalcalde Adams.

Además, la ciudad enfrentaba el fin de los fondos federales de la era pandémica y un aumento en los costos de los servicios para personas sin hogar. El alcalde Mamdani llegó a calificar la situación en febrero como la “brecha presupuestaria más grande desde la Gran Recesión”, advirtiendo que, sin una intervención drástica, la ciudad caería en un abismo de recortes de servicios que afectaría a los más vulnerables.

El déficit era entonces el síntoma de una ciudad que gastaba más de lo que recaudaba, y cuya estructura de ingresos estaba además atada por las restricciones del gobierno estatal. Nueva York no puede crear o subir impuestos a la renta, o los ingresos de los millonarios, sin la aprobación de la legislatura en Albany y la firma de la gobernadora.

Sin embargo, el alcalde sí tiene más control sobre el impuesto a la propiedad. Cuando Mamdani se encontró con el déficit heredado de USD 12 mil millones, su mensaje fue un ultimátum: la única herramienta que le quedaba para no cerrar hospitales y escuelas es subir el impuesto a la propiedad. Esto habría sido un caos.

¿Qué hizo Mamdani para arreglarlo?

La solución de Mamdani fue una mezcla de diplomacia política y cirugía técnica. Primero, desactivó la “bomba” política al retirar su amenaza de subir los impuestos a la propiedad en un 9.5 %, una medida que, según The New York Times, era “inviable” para los legisladores afroamericanos y centristas. En su lugar, construyó una alianza sin precedentes con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, logrando un rescate de casi USD 8 mil millones en ayuda estatal.

Esto fue muy sorpresivo. Mamdani es un socialista democrático que llegó al poder con una retórica de confrontación contra las élites. Por el contrario, la gobernadora Hochul representa al ala moderada y tradicional del Partido Demócrata. Lo normal habría sido una guerra abierta. Pero en lugar de atrincherarse en su ideología, Mamdani demostró un pragmatismo inesperado. Cedió en la subida de impuestos para ganarse la confianza de los moderados y, en lugar de pelear con la gobernadora, como hicieron casi todos los alcaldes anteriores, se convirtió en su aliado estratégico.

“Mamdani está disfrutando los frutos de una relación positiva con la gobernadora”, señaló The New York Times, resaltando que financió gran parte del hueco a cambio de apoyo político en un año electoral.

“Hoy estamos cumpliendo la promesa de hacer realidad el cuidado infantil universal gratuito... proporcionando a la ciudad los recursos que necesita para seguir financiando servicios críticos”, afirmó la gobernadora Hochul, quien gana con Mamdani un gran impulso para su reelección.

Luego vino la parte “quirúrgica” de eficiencia. El punto más innovador fue su estrategia con los llamados “Carter Cases”. Nueva York gastaba cerca de USD 1.3 mil millones anuales reembolsando a familias el costo de colegios privados de educación especial, simplemente porque el sistema público no tenía la capacidad de atender a estudiantes con discapacidades.

Mamdani decidió invertir agresivamente en mejorar la educación especial pública para poder absorber a esos alumnos; aunque requiere un gasto inicial, se estima que generará un ahorro neto de USD 149 millones anuales al dejar de financiar la educación privada con fondos públicos.

El alcalde también reestructuró los pagos de pensiones, extendiendo el cronograma hasta 2037, una movida que Andrew Rein, de la Comisión de Presupuesto Ciudadano, anunció como un “truco” que traslada la deuda a los contribuyentes de la próxima década. Es, tal vez, el punto más criticado.

“Básicamente, al extender los pagos de pensiones, estamos pidiendo a las personas de mediados de la década de 2030 que resuelvan la brecha presupuestaria de 2027, y eso simplemente no es justo”, dijo Rein a Politico.

Por otro lado, encontró USD 1.2 mil millones adicionales simplemente eliminando fondos para puestos de trabajo en la ciudad que estaban vacíos y que nadie planeaba ocupar, y sumó otros USD 1.77 mil millones reduciendo horas extra innecesarias y consolidando contratos tecnológicos externos. Por último, implementó su firma ideológica: el impuesto “pied-à-terre” de hasta un 4 % para viviendas de lujo de más de USD 5 millones y eliminó un beneficio fiscal para empresas de altos ingresos, que sumará otros USD 68 millones. Esto envió un mensaje claro.

“A través de nuevos ingresos y una asociación renovada con el estado, alejamos a Nueva York del borde del abismo fiscal”, dijo el alcalde. No ha sido fácil, pero hemos equilibrado el presupuesto y lo hemos hecho sin colocar la carga sobre las espaldas de los neoyorquinos trabajadores”, añadió.

¿Qué viene ahora para la ciudad?

Con las cuentas equilibradas, Mamdani tiene vía libre para ejecutar su ambiciosa agenda, aunque bajo una vigilancia estricta. El presupuesto incluye fondos para promesas como la guardería universal gratuita, cuyo costo es de USD 1.2 mil millones anuales, y la creación de una Oficina de Seguridad Comunitaria centrada en la prevención de crímenes de odio.

También se anticipa el inicio de su piloto de tiendas de comestibles públicas y la expansión de la recolección de basura con contenedores modernos. Sin embargo, el camino no está libre de espinas.

Todo el plan depende de que la economía no entre en recesión, ya que las reservas de la ciudad están al mínimo legal de USD 100 millones.

“No hay forma de que eso sea suficiente dinero en 2027”, advierte Ana Champeny, vicepresidenta de la Comisión de Prespuesto Ciudadano.

Además, Mamdani ha tenido que “tragarse sapos” ideológicos, como retrasar el mandato de reducción de alumnos por clase para ahorrar USD 500 millones, una promesa de campaña que ahora queda en pausa.

Lo que viene es una fase de ejecución donde deberá demostrar que sus ahorros en eficiencia, como invertir en educación especial pública para reducir los costosos reembolsos de colegios privados, realmente dan frutos a largo plazo

La ciudad ha ganado tiempo, pero también la sostenibilidad dependerá de si los ingresos proyectados por los nuevos impuestos a los ricos se materializan. Esto está por verse en los siguientes meses.

¿Impactará esto en las ‘midterms’?

Este presupuesto es, en esencia, un golpe electoral de cara a los comicios de noviembre. Para la gobernadora Hochul, el rescate a la ciudad es una inversión en su propia supervivencia política: necesitaba que Mamdani movilizara al electorado progresista de la ciudad para asegurar su reelección.

Como señala el New York Times, “Hochul necesita la ayuda de Mamdani para atraer a los votantes demócratas”. Si la ciudad se percibe como estable y bien gestionada, el ala moderada y la progresista del partido pueden presentarse como un frente unido capaz de gobernar sin el caos que suele definir a Nueva York.

Pero el gran ganador es el Movimiento Demócrata Socialista (DSA). El éxito de Mamdani es una prueba de concepto: demuestra que pueden administrar la capital financiera del mundo sin que el cielo se caiga. Al evitar el aumento de impuestos a la clase media y restaurar fondos para bibliotecas y parques, Mamdani ha desarmado el argumento republicano de que el socialismo equivale a ineficiencia o impuestos confiscatorios.

“Estamos orgullosos de presentar un presupuesto para la gente trabajadora de esta ciudad”, afirmó Mamdani.

Si este modelo de “gestión progresista” se percibe como exitoso, podría convertirse en el manual de estrategia para los demócratas en todo el país de cara a las elecciones de medio término, probando que se puede ser fiscalmente responsable sin abandonar la justicia social.

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Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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