La policía y el ejército de Bolivia se enfrentan este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de dos semanas las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno, con un saldo preliminar de 57 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos del orden intentan dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que han cerrado casi todos los accesos a la ciudad e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados según medios locales, comenzó este sábado a las 02H00 en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur), donde el ejército informó que liberó un sentido de la vía.

“El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas”, señaló la institución en un balance de mitad de jornada.

El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, dijo en conferencia de prensa que el operativo es “un esfuerzo específico (...) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar” para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos.

Según el gobierno, tres personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladadas a hospitales por las tomas de vías.

Durante el operativo “se ha logrado (...) habilitar varios puntos que estaban bloqueados” y “otros han sido retomados” por los manifestantes, dijo Gálvez.

Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

Ciudad cercada

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Argentina apoyará este esfuerzo, común en Bolivia para capear este tipo de medidas presión, con dos aviones militares Hércules, informó el gobierno.

En una declaración conjunta emitida este viernes, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras manifestaron su preocupación por la “situación humanitaria” del país. bo

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y “exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, dijeron en un comunicado.

En medio de la convulsión, el gobierno de Paz se reúne este sábado con la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, para negociar una salida a la crisis y “pacificar el país”. El jueves este sindicato había anunciado que sus reclamos no habían sido atendidos y que exigían la dimisión del mandatario.

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Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes, con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.

Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales, y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del Gobierno, que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.

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La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el Ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas, que, según el Gobierno, eran contrabandistas de drogas.

La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los carteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.

El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.

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“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo: “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los carteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.

Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.

Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del Gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.

“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.

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Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los carteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de carteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cartel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.

Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de ella, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal, conocido como “abrazos, no balazos”.

Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del Gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.

Sin embargo, parece probable que los acusados del cartel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.

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“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos carteles durante el año pasado, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza: “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.

Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los carteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.

A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del Gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los carteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.

“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.

Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.

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Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.

Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.

Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exlíder de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio, junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.

Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.

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Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2— fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del Gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, según dijo.

Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.

Pero, hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los carteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cartel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos. Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo: “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”.

*Ernesto Londoño es reportero del Times radicado en Minnesota, cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico. Agradece cualquier información y puedes contactarlo en elondono.81 en Signal.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra Donald Trump.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

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El presidente Donald Trump partió de Pekín el viernes, presumiendo acuerdos comerciales para vender aviones, productos agrícolas y otros productos fabricados en Estados Unidos, el principal resultado de su cumbre de dos días con Xi Jinping, el máximo dirigente chino.

Trump y sus asesores dijeron que China había acordado comprar 200 aviones Boeing, con la posibilidad de vender más, y productos agrícolas por valor de más de USD 10.000 millones es, así como energía y aparatos médicos. Sin embargo, se dieron a conocer pocos detalles, y los funcionarios chinos no dijeron mucho sobre los compromisos de manera pública.

Al hablar con los periodistas en el Air Force One, Trump dijo que las dos partes no habían hablado sobre los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de China. Comentó que ambos habían discutido la venta de chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia, y que los países iban a “hacer mucho comercio”.

“Nuestros agricultores van a estar muy contentos”, dijo.

La visita de Trump de esta semana, la primera en casi una década, fue seguida de cerca como un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Ambos países son rivales geopolíticos, pero siguen profundamente vinculados por una de las relaciones comerciales más rentables del mundo, con cientos de miles de millones de dólares en bienes y servicios que cambian de manos cada año.

Trump ha criticado desde hace tiempo lo que denomina prácticas comerciales chinas desleales; ha presionado a Pekín para que compre más productos estadounidenses y se ha mostrado abierto a la inversión china. Pero aunque Pekín apruebe acuerdos que permitan a Trump cantar victoria y refuercen su reputación de negociador, es poco probable que alteren la trayectoria de una relación cada vez más adversa.

Aun así, Trump se mostró optimista sobre la relación y los acuerdos alcanzados durante la visita. El viernes, mientras tomaba el té con Xi en un jardín de Pekín, Trump la calificó de “visita increíble”.

“Creo que han salido muchas cosas buenas de esto”, dijo Trump. “Hemos alcanzado algunos acuerdos comerciales fantásticos, realmente para ambos países”.

Los funcionarios chinos adoptaron un tono más cauto. Cuando se le preguntó si China había acordado comprar más aviones Boeing o productos agrícolas estadounidenses, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, no quiso confirmar ningún detalle. Dijo que Pekín estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos “para poner en práctica el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado.“

Un funcionario de Boeing remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca.

Stephen Olson, antiguo negociador comercial estadounidense, dijo que “no se esperaban grandes avances y no se logró ninguno, pero ambos países obtuvieron lo que necesitaban de esta cumbre: un poco de estabilidad adicional”.

Ambas partes habían logrado sus objetivos. Trump salió con acuerdos que podía presumir como “victorias” económicas, mientras que Xi utilizó la reunión para presentar a China “como un competidor de pleno derecho de Estados Unidos, un país que no necesita doblegarse ante las exigencias estadounidenses”, dijo Olson.

Funcionarios estadounidenses dijeron el viernes que empezarían a establecer una nueva “Junta de Comercio” para supervisar el asunto, un acuerdo que implicaría que ambos países recortarían los aranceles sobre unos USD 30.000 millones en productos.

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, dijo el viernes en una entrevista con Bloomberg News que el gobierno intentaba dirigir el comercio con China hacia “el tipo de cosas que queremos vender”.

Greer dijo que esperaba que China aceptara comprar más productos agrícolas estadounidenses, además de un acuerdo existente de tres años para comprar 25 millones de toneladas anuales de soja. Pekín también renovó las licencias de exportación de algunos mataderos estadounidenses para vender carne de res estadounidense en China.

Muchos legisladores y funcionarios estadounidenses, entre ellos Greer, han instado a que el comercio con China se centre en sectores menos sensibles que no hagan avanzar las capacidades tecnológicas o militares de China.

“Ya estamos viendo cómo empiezan a cumplir algunas de sus promesas”, dijo Greer.

Los funcionarios no han especificado qué concesiones había ofrecido Estados Unidos a cambio de las compras prometidas, si es que había ofrecido alguna. A la pregunta de si el gobierno de Trump aún podría aumentar los aranceles a China, Greer dijo que ambas partes habían acordado que habría “un cierto nivel de aranceles”, aunque no quiso dar más detalles.

Para sustituir los aranceles globales anulados por la Corte Suprema en febrero, el gobierno de Trump ha puesto en marcha dos investigaciones comerciales que se espera den lugar a nuevos aranceles sobre China y otras decenas de países este verano.

“Los chinos se fijarán en lo que hacemos allí en comparación con los acuerdos que hemos tenido en el pasado sobre determinados niveles arancelarios, y tendremos que intentar gestionarlo”, dijo Greer.

Añadió que ambas partes parecían dispuestas a prorrogar un acuerdo sobre tierras raras, el cual garantiza la continuidad de las exportaciones chinas de estos minerales y expira a finales de este año.

Greer también dijo que las nuevas regulaciones chinas que permiten al gobierno penalizar a las empresas extranjeras por trasladar sus cadenas de suministro fuera de China eran una “gran preocupación” para él. “Intentamos gestionar las diferencias en lugar de agravarlas”, dijo.

El viernes, Trump no aclaró con exactitud qué habían discutido los países sobre el destino de los chips de inteligencia artificial de Nvidia. Cuando Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se unió a última hora al grupo de líderes empresariales estadounidenses que viajaban a Pekín a principios de esta semana, se desataron las especulaciones de que podría haber avances en las ventas de la empresa en China, paralizadas desde hace tiempo.

Aunque el pasado diciembre Trump dio luz verde a la venta a China de uno de los chips más potentes de Nvidia, el H200, el gobierno chino no ha aprobado ninguna venta desde entonces. En su lugar, Pekín ha animado a las empresas tecnológicas chinas a comprar chips fabricados en su país por empresas como Huawei.

Greer dijo el viernes que la decisión de comprar los chips sería “una decisión soberana de China”. En el Air Force One, Trump dijo que la cuestión “surgió, y creo que podría pasar algo con eso”.

*Meaghan Tobin colaboró con reportería.

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José Enrique Martínez Flores, venezolano de 24 años, es el primer miembro de la organización criminal Tren de Aragua en ser extraditado de Colombia hacia Estados Unidos, según detalló en su página web el Departamento de Justicia estadounidense. Él, presuntamente, es un líder de alto rango del grupo en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de la alta dirección.

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Alias Chuqui, arrestado el pasado 31 de marzo en territorio colombiano, en virtud de una orden de arresto provisional solicitada por Washington, está acusado de conspirar para brindar apoyo material al Tren de Aragua en forma de personal (incluido él mismo) y servicios, además de brindar apoyo material al grupo delictivo.

La acusación también contempla conspiración para la distribución internacional de drogas, basada en su participación en la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en Colombia, con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses establecieron que el dinero obtenido tras ello fue utilizado para promover los objetivos criminales del Tren de Aragua.

Como líder de la organización, se cree que Martínez Flores supervisaba actividades delictivas en Colombia, tales como narcotráfico, extorsión, explotación sexual y asesinato. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y una multa de USD 10 millones. Su primera comparecencia judicial quedó fijada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas para este viernes.

La acusación federal incluye también a otros tres presuntos referentes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, Juan Gabriel Rivas Núñez y Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Este último figura como acusado de conspiración y distribución de cocaína junto con Flores. Los tres permanecen prófugos.

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El jurado en el juicio por violación contra Harvey Weinstein no llegó a un veredicto sobre la acusación acerca de que el productor de Hollywood violó a una mujer en 2013. Es la segunda vez que no se logra una decisión sobre este caso.

“Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia”, aseguró el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a través de un comunicado.

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En 2020, aunque Weinstein fue juzgado por primera vez y declarado culpable de violar a Mann, el veredicto fue anulado. En un segundo juicio el año pasado, el jurado no llegó a un acuerdo sobre el cargo de violación. Esta vez, luego de que el juez Curtis Farber afirmó que era “bastante evidente” que los miembros del jurado estaban “irremediablemente estancados”, aseguró que no veía “ningún motivo para continuar con las deliberaciones”.

Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá privado de la libertad.

Mann ha argumentado que estaba de visita en Nueva York, donde había planeado desayunar con amigos y Weinstein. Él llegó antes de tiempo y consiguió una habitación de hotel, a pesar de sus objeciones, relató The New York Times. Tras acompañarlo a la habitación, testificó que él se inyectó en el pene un medicamento que le produjo una erección y luego la violó.

Bragg resaltó que, “a lo largo de muchas semanas, durante tres juicios distintos, revivió experiencias inimaginablemente dolorosas frente a completos desconocidos. Su perseverancia y valentía son una inspiración para los miembros de mi oficina y, lo que es más importante, para las víctimas de todo el mundo”. Aseguró, entonces, que su oficina consultaría con ella los pasos a seguir. Él tendrá que decidir si su oficina juzgará a Weinstein por cuarta vez.

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Estados Unidos cumplió un año sin liberar ningún inmigrante que entró ilegalmente por la frontera sur, anunció este viernes el gobierno de Donald Trump.

“Doce meses seguidos con CERO liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump estamos logrando la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, se congratuló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Los días de captura y liberación se han terminado. Estamos haciendo cumplir las leyes de la nación y devolviendo a los extranjeros ilegales a sus países de origen”, añadió.

La Patrulla Fronteriza (CBP) “volvió a liberar a cero extranjeros ilegales en nuestro país este mes, a diferencia de abril de 2024, cuando más de 68.000 fueron liberados bajo el presidente [Joe] Biden”, dijo por su parte el comisionado de la agencia, Rodney S. Scott.

La política de “captura y liberación” (catch and release, en inglés) es objeto de polémica y vaivenes en Estados Unidos desde hace décadas.

Un inmigrante que entraba sin permiso a través de la frontera terrestre podía solicitar asilo, lo que congelaba la situación.

Otra consideración que llevaba al gobierno a liberar a los indocumentados era la falta de espacio en los centros de detención, o el caso particular de los menores.

El primer gobierno de Trump (2017-2021) acabó con la posibilidad de solicitar asilo inmediatamente, tras una larga batalla legal, e impuso medidas drásticas y polémicas como la separación de familias.

El gobierno siguiente, del demócrata Joe Biden, volvió a disponer que los indocumentados que eran interceptados en la frontera pudieran quedar libres, bajo convocatoria ante un tribunal de migración.

Los críticos de esa política alertaron sobre la masiva entrada de ilegales y los años de retraso acumulado en los tribunales.

Ese fue uno de las grandes argumentos de la campaña electoral de Trump, que acabó con su regreso a la Casa Blanca.

Según cifras interanuales del Departamento de Seguridad Nacional, las detenciones en la frontera sur fueron un 94% inferiores que el promedio mensual registrado durante el gobierno de Biden.

En abril pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a un promedio de 298 personas por día. La política migratoria de Trump es cuestionada regularmente ante los tribunales.

La Corte Suprema dictaminó en 2018 que el gobierno tenía potestad para efectuar expulsiones de forma expeditiva, sin esperar a largos procesos ante jueces de migración.

Pero dos años más tarde los magistrados del alto tribunal le dieron también libertad al gobierno de Biden para eliminar el programa “Permanecer en México”, es decir, la obligatoriedad de quedarse en el vecino del sur mientras un inmigrante aguarda el resultado de su solicitud de asilo.

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Hoy Nueva York es la envidia de muchas ciudades en Estados Unidos. Y no es para menos. Con apenas cinco meses en el cargo, su alcalde, Zohran Mamdani, ha logrado lo que muchos consideraban imposible: equilibrar el presupuesto de USD 125 mil millones, tras enfrentar un déficit de USD 12 mil, sin desatar una guerra civil con los propietarios de viviendas y trabajadores subiendo impuestos. Tampoco sacrificó los servicios sociales que prometió proteger.

Hoy el balance fiscal es de cero, tras enfrentar un enorme hueco, y la ciudad goza de una salud financiera que en febrero parecía una ilusión. Mientras otras grandes metrópolis luchan contra la austeridad, la Nueva York de Mamdani parece haber encontrado una “tercera vía”, transformando un déficit que amenazaba con hundir la ciudad en una oportunidad para redefinirla. Pero, ¿cómo?

¿Por qué Nueva York obtuvo un déficit tan grande?

Primero, hay que entender cómo Mamdani heredó este hueco fiscal. Para el alcalde, este es el resultado de una “gestión de espejismos” de la pasada administración.

Según la organización The American Prospect, la ciudad arrastraba un déficit histórico desde la era de Eric Adams, exacerbado por un “underbudgeting” o subpresupestación crónica. Es decir, se presupuestaba sistemáticamente menos de lo que realmente costaban programas críticos como los vouchers de renta CityFHEPS o las horas extra de la policía y bomberos. A esto se sumó un entorno económico incierto, marcado por un mercado laboral apático y las tensiones globales por eventos como la guerra con Irán.

Mamdani denunció que el déficit se infló artificialmente al no ser honestos con los gastos obligatorios. La administración anterior ponía en el papel que gastaría, por ejemplo, USD 500 millones en vales de vivienda, sabiendo perfectamente que la tendencia real indicaba que se gastarían USD 1.000 millones. ¿Por qué? Reconocer un déficit de ese tamaño es abrir la puerta a que el Estado tome control de tus finanzas o a que tu popularidad se desplome. No era viable para el exalcalde Adams.

Además, la ciudad enfrentaba el fin de los fondos federales de la era pandémica y un aumento en los costos de los servicios para personas sin hogar. El alcalde Mamdani llegó a calificar la situación en febrero como la “brecha presupuestaria más grande desde la Gran Recesión”, advirtiendo que, sin una intervención drástica, la ciudad caería en un abismo de recortes de servicios que afectaría a los más vulnerables.

El déficit era entonces el síntoma de una ciudad que gastaba más de lo que recaudaba, y cuya estructura de ingresos estaba además atada por las restricciones del gobierno estatal. Nueva York no puede crear o subir impuestos a la renta, o los ingresos de los millonarios, sin la aprobación de la legislatura en Albany y la firma de la gobernadora.

Sin embargo, el alcalde sí tiene más control sobre el impuesto a la propiedad. Cuando Mamdani se encontró con el déficit heredado de USD 12 mil millones, su mensaje fue un ultimátum: la única herramienta que le quedaba para no cerrar hospitales y escuelas es subir el impuesto a la propiedad. Esto habría sido un caos.

¿Qué hizo Mamdani para arreglarlo?

La solución de Mamdani fue una mezcla de diplomacia política y cirugía técnica. Primero, desactivó la “bomba” política al retirar su amenaza de subir los impuestos a la propiedad en un 9.5 %, una medida que, según The New York Times, era “inviable” para los legisladores afroamericanos y centristas. En su lugar, construyó una alianza sin precedentes con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, logrando un rescate de casi USD 8 mil millones en ayuda estatal.

Esto fue muy sorpresivo. Mamdani es un socialista democrático que llegó al poder con una retórica de confrontación contra las élites. Por el contrario, la gobernadora Hochul representa al ala moderada y tradicional del Partido Demócrata. Lo normal habría sido una guerra abierta. Pero en lugar de atrincherarse en su ideología, Mamdani demostró un pragmatismo inesperado. Cedió en la subida de impuestos para ganarse la confianza de los moderados y, en lugar de pelear con la gobernadora, como hicieron casi todos los alcaldes anteriores, se convirtió en su aliado estratégico.

“Mamdani está disfrutando los frutos de una relación positiva con la gobernadora”, señaló The New York Times, resaltando que financió gran parte del hueco a cambio de apoyo político en un año electoral.

“Hoy estamos cumpliendo la promesa de hacer realidad el cuidado infantil universal gratuito... proporcionando a la ciudad los recursos que necesita para seguir financiando servicios críticos”, afirmó la gobernadora Hochul, quien gana con Mamdani un gran impulso para su reelección.

Luego vino la parte “quirúrgica” de eficiencia. El punto más innovador fue su estrategia con los llamados “Carter Cases”. Nueva York gastaba cerca de USD 1.3 mil millones anuales reembolsando a familias el costo de colegios privados de educación especial, simplemente porque el sistema público no tenía la capacidad de atender a estudiantes con discapacidades.

Mamdani decidió invertir agresivamente en mejorar la educación especial pública para poder absorber a esos alumnos; aunque requiere un gasto inicial, se estima que generará un ahorro neto de USD 149 millones anuales al dejar de financiar la educación privada con fondos públicos.

El alcalde también reestructuró los pagos de pensiones, extendiendo el cronograma hasta 2037, una movida que Andrew Rein, de la Comisión de Presupuesto Ciudadano, anunció como un “truco” que traslada la deuda a los contribuyentes de la próxima década. Es, tal vez, el punto más criticado.

“Básicamente, al extender los pagos de pensiones, estamos pidiendo a las personas de mediados de la década de 2030 que resuelvan la brecha presupuestaria de 2027, y eso simplemente no es justo”, dijo Rein a Politico.

Por otro lado, encontró USD 1.2 mil millones adicionales simplemente eliminando fondos para puestos de trabajo en la ciudad que estaban vacíos y que nadie planeaba ocupar, y sumó otros USD 1.77 mil millones reduciendo horas extra innecesarias y consolidando contratos tecnológicos externos. Por último, implementó su firma ideológica: el impuesto “pied-à-terre” de hasta un 4 % para viviendas de lujo de más de USD 5 millones y eliminó un beneficio fiscal para empresas de altos ingresos, que sumará otros USD 68 millones. Esto envió un mensaje claro.

“A través de nuevos ingresos y una asociación renovada con el estado, alejamos a Nueva York del borde del abismo fiscal”, dijo el alcalde. No ha sido fácil, pero hemos equilibrado el presupuesto y lo hemos hecho sin colocar la carga sobre las espaldas de los neoyorquinos trabajadores”, añadió.

¿Qué viene ahora para la ciudad?

Con las cuentas equilibradas, Mamdani tiene vía libre para ejecutar su ambiciosa agenda, aunque bajo una vigilancia estricta. El presupuesto incluye fondos para promesas como la guardería universal gratuita, cuyo costo es de USD 1.2 mil millones anuales, y la creación de una Oficina de Seguridad Comunitaria centrada en la prevención de crímenes de odio.

También se anticipa el inicio de su piloto de tiendas de comestibles públicas y la expansión de la recolección de basura con contenedores modernos. Sin embargo, el camino no está libre de espinas.

Todo el plan depende de que la economía no entre en recesión, ya que las reservas de la ciudad están al mínimo legal de USD 100 millones.

“No hay forma de que eso sea suficiente dinero en 2027”, advierte Ana Champeny, vicepresidenta de la Comisión de Prespuesto Ciudadano.

Además, Mamdani ha tenido que “tragarse sapos” ideológicos, como retrasar el mandato de reducción de alumnos por clase para ahorrar USD 500 millones, una promesa de campaña que ahora queda en pausa.

Lo que viene es una fase de ejecución donde deberá demostrar que sus ahorros en eficiencia, como invertir en educación especial pública para reducir los costosos reembolsos de colegios privados, realmente dan frutos a largo plazo

La ciudad ha ganado tiempo, pero también la sostenibilidad dependerá de si los ingresos proyectados por los nuevos impuestos a los ricos se materializan. Esto está por verse en los siguientes meses.

¿Impactará esto en las ‘midterms’?

Este presupuesto es, en esencia, un golpe electoral de cara a los comicios de noviembre. Para la gobernadora Hochul, el rescate a la ciudad es una inversión en su propia supervivencia política: necesitaba que Mamdani movilizara al electorado progresista de la ciudad para asegurar su reelección.

Como señala el New York Times, “Hochul necesita la ayuda de Mamdani para atraer a los votantes demócratas”. Si la ciudad se percibe como estable y bien gestionada, el ala moderada y la progresista del partido pueden presentarse como un frente unido capaz de gobernar sin el caos que suele definir a Nueva York.

Pero el gran ganador es el Movimiento Demócrata Socialista (DSA). El éxito de Mamdani es una prueba de concepto: demuestra que pueden administrar la capital financiera del mundo sin que el cielo se caiga. Al evitar el aumento de impuestos a la clase media y restaurar fondos para bibliotecas y parques, Mamdani ha desarmado el argumento republicano de que el socialismo equivale a ineficiencia o impuestos confiscatorios.

“Estamos orgullosos de presentar un presupuesto para la gente trabajadora de esta ciudad”, afirmó Mamdani.

Si este modelo de “gestión progresista” se percibe como exitoso, podría convertirse en el manual de estrategia para los demócratas en todo el país de cara a las elecciones de medio término, probando que se puede ser fiscalmente responsable sin abandonar la justicia social.

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Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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Una delegación estadounidense presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano, informó el gobierno de la isla.

“A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita”, precisó el gobierno en el comunicado.

Las autoridades cubanas señalaron que el encuentro tuvo lugar “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales”, mientras ambos países mantienen conversaciones “como parte de los esfuerzos” para resolver sus diferencias.

Dispuestos a escuchar

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que desde la isla están “dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EE.UU.

“Por primera vez, el gobierno de EE.UU. formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, reconoció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

En este sentido, dijo Rodríguez, “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, pero señaló que esperan, “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que si existe “verdaderamente” disposición del Gobierno estadounidense a “brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba”.

Recalcó que “las prioridades” de la isla “son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas”.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado este miércoles que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

La misiva señalaba, además, que la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre “aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.

El jefe de la diplomacia cubana, calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”; pero indicó que “el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera”.

Igualmente señaló que “sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

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Mientras el presidente Trump amenaza con actuar contra la isla, los expertos debaten si los vuelos que Estados Unidos no oculta son solo una intimidación o presagian la fuerza militar.

Las agencias militares y de inteligencia estadounidenses han aumentado los vuelos de vigilancia alrededor y cerca de Cuba en las últimas semanas, dijeron varios funcionarios estadounidenses. El esfuerzo forma parte de una campaña públicamente visible que, según los expertos, pretende enviarles a las autoridades cubanas un mensaje: los estamos vigilando.

Aviones de vigilancia y drones de la Marina y la Fuerza Aérea han aumentado los vuelos de reconocimiento como parte de lo que se espera que sea una mayor concentración militar en el Caribe en las próximas semanas, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses. Ellos y los otros funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de inteligencia u operación.

Durante semanas, los entusiastas de la aviación han compartido mensajes en las redes sociales sobre aviones de reconocimiento, como el avión de patrulla marítima P-8, que se acercaban a las costas cubanas según la detección a través de sitios públicos de rastreo en línea.

Los vuelos de ese modelo, del avión de espionaje electrónico RC-135 Rivet Joint, del dron de reconocimiento de gran altitud MQ-4 y de otros drones han aumentado en frecuencia desde febrero, a menudo cerca de la costa de Cuba, dijo un funcionario militar estadounidense.

CNN, que informó del aumento de los vuelos de inteligencia, dijo que había analizado los datos de FlightRadar 24, de acceso público, que mostraban que la Marina y la Fuerza Aérea habían realizado al menos 25 vuelos de este tipo con aviones tripulados y drones desde principios de febrero. La mayoría se realizaron cerca de las dos ciudades más grandes de Cuba: La Habana, la capital, y Santiago de Cuba, en el sureste del país.

Los datos de seguimiento de vuelos no suelen captar los drones de las agencias de espionaje, por lo que se desconoce el número real de vuelos.

Los expertos afirman que Estados Unidos ha realizado históricamente pocos vuelos de vigilancia cerca de Cuba pese a décadas de malas relaciones entre los dos países, por lo que la reciente oleada de vuelos es destacable.

El Comando Sur de Estados Unidos, que dirige las fuerzas y actividades militares en la región, declinó hacer comentarios.

El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios.

El funcionario militar estadounidense dijo que los vuelos de vigilancia estaban diseñados para darles a los líderes políticos y militares estadounidenses una mayor visión de Cuba en un momento crítico.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que quiere derrocar al gobierno cubano al decir que hará lo que quiera con Cuba. En un discurso reciente en el condado de Palm Beach, Florida, dijo que Estados Unidos “tomaría el poder casi inmediatamente”. Ha salpicado sus comentarios con advertencias periódicas de que el gobierno comunista de Cuba era “el próximo”.

Pero el funcionario militar dijo que, a diferencia de los preparativos para la incursión del comando estadounidense en enero que apresó al presidente venezolano Nicolás Maduro, estos vuelos de vigilancia estaban destinados a reforzar la campaña de presión política y económica sobre los líderes cubanos y no a presagiar una operación militar estadounidense en la isla.

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno de Trump ha cortado los envíos de petróleo a la isla, lo que ha profundizado la crisis energética y económica del país.

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Las dos naciones han entablado negociaciones privadas, pero las conversaciones han avanzado poco, ha dicho el gobierno cubano.

Los vuelos de reconocimiento, dijeron los expertos, podrían utilizarse para espiar las comunicaciones del gobierno cubano y determinar si los funcionarios están acumulando tropas o vehículos militares. El gobierno cubano ha dicho que el país estaba preparado para luchar por su soberanía.

Pero tales misiones de inteligencia se realizan a menudo en secreto. El uso de aviones visibles públicamente muestra que el gobierno de Estados Unidos parece interesado en intimidar a los funcionarios del gobierno cubano y hacer que se pregunten si podría producirse una acción militar, dijeron los expertos.

“Podemos pasar a modo invisible”, dijo José Adán Gutiérrez, un comandante retirado de la Marina estadounidense especializado en inteligencia. “Cuando nos preparamos para operaciones, pasamos a modo invisible, no encendemos el radar para anunciar nuestra llegada. El hecho de que estos vuelos se hicieran públicos a propósito básicamente indica que hay un mensaje”.

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El gobierno de Venezuela denunció vuelos de inteligencia similares en las semanas previas a que las fuerzas militares estadounidenses se abalanzaran sobre su capital y capturaran al presidente del país.

Gutiérrez y varios otros expertos dijeron que el mensaje probablemente iba dirigido no solo a Cuba, sino también a sus aliados como Rusia y China. Dijo que los vuelos no significan necesariamente que Estados Unidos se esté preparando para invadir Cuba, pero que los funcionarios estaban actualizando los planes de contingencia en caso de que Trump emitiera alguna orden sobre Cuba.

Renee Novakoff, una funcionaria de inteligencia estadounidense retirada, dijo que los vuelos indicaban que los funcionarios podrían estar preparándose para tomar una decisión política.

“Normalmente no hacemos muchas cosas como lo que ellos están haciendo”, dijo Novakoff, quien se retiró hace tres años como subdirectora de inteligencia de defensa y ahora es investigadora principal de la Universidad Internacional de Florida. “Por eso esto es un gran problema”.

Chris Simmons, exfuncionario de contrainteligencia para Cuba de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que el gobierno estadounidense no necesita llegar a tales extremos para espiar a un país con tan pocos buques operativos de la Marina que podrían utilizarse para repeler una incursión.

“Lo veo como una demostración de fuerza más que otra cosa”, dijo Simmons, y añadió, sin embargo, que Trump a menudo cumple sus amenazas.

En las últimas semanas, los funcionarios cubanos han criticado la concentración militar estadounidense, que han descrito como parte de una campaña criminal contra el país.

“El esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba de parte de EE. UU., responde a un diseño comunicacional fríamente calculado”, dijo en X Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

“Forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre”.

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Al comienzo del gobierno de Trump el año pasado, la CIA intensificó los vuelos de drones sobre México, lo que ayudó a rastrear laboratorios de fentanilo y líderes de cárteles. Se utilizó un dron de vigilancia estadounidense para ayudar a localizar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La CIA también sobrevoló Venezuela con drones y utilizó uno de ellos para un ataque aéreo contra un muelle en el que supuestamente se cargaban drogas en barcos.

Mientras que los aviones militares sobrevuelan aguas internacionales, las agencias de inteligencia no operan bajo tales restricciones a la hora de recopilar información. Sin embargo, dada la geografía de Cuba, puede que no fuera necesario volar un activo de inteligencia directamente sobre el país.

Brian Latell, exanalista de la CIA para Cuba, dijo que no recuerda tal oleada de reconocimientos ni siquiera durante la Guerra Fría.

El gobierno estadounidense también podría estar tratando de determinar la ubicación de un posible lugar de aterrizaje, dijo.

“El principal objetivo sería la recopilación de información”, dijo Latell. “Probablemente también haya un elemento de husmear y mantenerlos un poco ansiosos”.

*Colaboraron con la reportería Tyler Pager desde Washington y Patricia Mazzei desde Miami.

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Un juez federal le ordenó al gobierno de Donald Trump regresar a Estados Unidos a una mujer colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo, aun a pesar de que este país africano se negó a recibirla. Se trata de Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, quien, de acuerdo con el togado, debe regresar lo antes posible a suelo estadounidense.

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De acuerdo con los registros judiciales citados por The New York Times, la negativa para recibir a la connacional tuvo que ver con razones médicas. Según su abogada, Lauren O’Neal, citada por dicho medio de comunicación, ella padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo. Debido a eso, el Ministerio del Interior congoleño le envió una carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) diciendo que no podía aceptarla porque no podía proporcionarle la atención médica adecuada.

Con eso de contexto, el juez Richard J. Leon argumentó que “el Gobierno la envió a la República Democrática del Congo de todos modos” y eso, a su parecer, “probablemente fue ilegal”. Y es que la ley permite que la administración deporte personas a países distintos al de origen, pero bajo la exigencia de que el Estado receptor acepte recibirlas.

Quiroz Zapata huyó de Colombia a causa de su expareja, un hombre vinculado a la Policía Nacional, quien, según relató al Times, la violó y la golpeó con impunidad. Detenida por ICE tras ingresar a Estados Unidos en agosto de 2024, un juez dictaminó el año pasado que el Gobierno no podía enviarla de vuelta al país porque lo más probable era que sufriera torturas.

La más reciente decisión judicial exige que para el viernes se conozcan actualizaciones acerca de las medidas que se van a adoptar para facilitar el retorno de la colombiana a Estados Unidos. Este caso retomó el de Kilmar Armando Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado erróneamente a El Salvador el año pasado. Los tribunales le ordenaron al Gobierno que lo repatriara a Estados Unidos. El juez Leon citó eso en su fallo de tres páginas.

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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían estar presentes en algunos de los partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en Estados Unidos, para apoyar a las autoridades locales en la seguridad del torneo que arranca en junio, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según dijeron este miércoles fuentes del DHS a la cadena NBC, ICE ha ofrecido respaldo a los departamentos de policía locales y a otras agencias federales para brindar seguridad adicional en los perímetros de los estadios durante los partidos.

Los agentes de ICE comúnmente hacen parte de los refuerzos federales para cuidar eventos deportivos de grandes multitudes como el Súper Bowl y el Kentucky Derby.

Una de las fuentes dijo a NBC que los agentes de ICE no realizarán controles de estatus migratorio a las personas y añadió que el uso de uniforme por parte de los oficiales de esa agencia dependerá de cada sede.

La información sale a la luz después que el presidente del comité anfitrión del Mundial en Miami, Ridney Barreto, afirmara la semana pasada haber recibido garantías personales del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de que el ICE no estará presente en los estadios este verano.

“Mucha gente está comentando (y diciendo): ‘Bueno, el ICE estará en el estadio’. Hablé con Marco Rubio. El ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de operación de redadas masivas. Ese no es el propósito de esto”, dijo Rodney a The Athletic, el servicio deportivo de The New York Times.

Pero defensores de los inmigrantes han expresado escepticismo, una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes en Florida enviaron una carta solicitando el anuncio de una moratoria oficial sobre la aplicación de las leyes de inmigración durante el torneo futbolístico.

Hasta el momento, no está claro si algún departamento o agencia ha aceptado la oferta del ICE. Sin embargo, los oficiales y agentes del ICE que presten servicios de seguridad no verificarán el estatus migratorio de los espectadores ni de los empleados, afirmaron los funcionarios.

Las fuentes explicaron a NBC que el DHS no ha emitido ninguna directriz interna dentro de la agencia que instruya a los oficiales del ICE encargados de las labores de control migratorio a mantenerse alejados de los estadios de la Copa Mundial.

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El martes en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales una ilustración generada con inteligencia artificial. La imagen muestra un mapa de Venezuela con la bandera estadounidense superpuesta y el texto “Estado 51”, en clara alusión a una posible anexión del país como parte de EE. UU.

Esto, como muchas de las publicaciones de Trump en su red social Truth Social, hizo que muchos despertaran indignados, riendo, celebrándolo o condenando la intención detrás de la imagen. Para algunos, se trata de una provocación más del mandatario; para otros, de una estrategia política destinada a desviar la atención internacional y reforzar su imagen de poder frente a sus votantes. La imagen, además, fue publicada posteriormente por la Casa Blanca como una forma de reforzar y masificar el mensaje.

Sin embargo, estas provocaciones presidenciales no son nuevas; Trump ha repetido mensajes similares con aliados como Canadá y Groenlandia, en medio de tensiones derivadas de su interés estratégico en anexarlos.

En el caso de Venezuela, la publicación resulta particularmente llamativa porque llega después de varias semanas en las que el mandatario había dejado de referirse públicamente al país. Esto, pese a que en el pasado había expresado su deseo de liderarlo y había elogiado la cooperación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Para Txomin Las Heras Leizaola, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, esta publicación tiene una misión distractora, justo en el contexto de la guerra contra Irán, que no solo se encuentra en pausa por unas negociaciones aún lejanas de concretarse, sino también por el rechazo que ha generado entre la ciudadanía.

“No hay que descartar que un anuncio de este tipo sirva un poco para desviar la atención, indudablemente, de ese asunto central que lo está afectando actualmente y generar otro punto de polémica internacional. Creo que esto hay que tomarlo en cuenta en este momento”, explicó el experto.

Por su parte, Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, opina que esta también es una estrategia de Trump para mostrarse como un líder fuerte frente a sus votantes y proyectar la imagen de un “presidente que reclama nuevos territorios y demuestra poder”.

Esto amplía las posibilidades de interpretación, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos y que este tipo de mensajes fortalece una narrativa que a Trump le ha funcionado bien con sus votantes: demostrar fuerza, mantener su discurso de “América primero” y proyectar poder.

Por su parte, Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela, discrepa frente a quienes consideran que este tipo de mensajes forman parte de una estrategia política efectiva de Trump. Para el analista, se trata más bien de una conducta errática que “socava el proceso de transición que aparentemente ha iniciado el gobierno venezolano”.

“Trump ha perdido las formas, las maneras y la dignidad presidencial en los Estados Unidos. Ha convertido las redes sociales y sus espacios públicos en una forma errática de ejercer el poder. Hay quienes lo admiran y consideran que eso hace parte de una gran estrategia. Yo difiero claramente”, señaló.

Como ya se mencionó, Canadá y Groenlandia vivieron un episodio similar en febrero de este año, cuando el presidente publicó una foto suya en el Despacho Oval durante una reunión sobre Ucrania, alterando un mapa para mostrar a EE. UU., Canadá, Groenlandia y Venezuela cubiertos por la bandera estadounidense.

Otra publicación del mismo período lo retrata plantando la bandera de EE. UU. en Groenlandia junto al vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, con la inscripción “Groenlandia, territorio de EE. UU. Est. 2026”.

De las Heras afirma que estas publicaciones relacionadas con Groenlandia y Canadá fueron iniciativas que finalmente “no han terminado en nada”. Sin embargo, advierte que el caso venezolano podría ser distinto debido a las asimetrías de poder. Mientras Canadá y la Unión Europea —bloque al que pertenece Dinamarca, país que ejerce soberanía sobre Groenlandia— cuentan con un peso político y económico mucho mayor, Venezuela se encuentra en una posición más vulnerable frente a Estados Unidos.

“Ahora bien, constitucionalmente sería muy difícil incorporar a Canadá como un nuevo estado de Estados Unidos; mucho más complejo sería entonces plantearlo en el caso de Venezuela. Pero más que pensar en convertirlo en un estado, la lógica podría apuntar a transformarlo en un territorio, como ocurrió en algún momento con la discusión sobre Groenlandia”, explicó Bohórquez-Keeney.

¿Cuál es la respuesta de Venezuela?

El profesor Bohórquez también explica cómo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha facilitado este tipo de discursos: “Ya existe una relación funcional con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un liderazgo dócil que, en cierta forma, le sigue el juego a Washington”.

Sin embargo, Rodríguez, publicó este miércoles, una imagen del mapa de Venezuela acompañada de la frase: “Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela toda”. La publicación compartida por Rodríguez hacía referencia a la defensa del Esequibo, la zona rica en petróleo que representa cerca de dos tercios del actual territorio guyanés.

La líder chavista no mencionó directamente a Trump ni a la publicación realizada por la Casa Blanca; sin embargo, su mensaje fue difundido apenas horas después, lo que dejó entrever que se trataba de una respuesta indirecta.

Ahora, en el caso hipotético de que esto sea algo más que una simple publicación y realmente forme parte de un plan, De las Heras considera que podría terminar teniendo un efecto adverso. A su juicio, una eventual anexión de Venezuela por la fuerza provocaría fuertes repercusiones internacionales y también un profundo rechazo dentro del propio país, donde difícilmente una iniciativa de este tipo encontraría apoyo popular.

Pero incluso si no se planteara por la vía militar, el escenario seguiría siendo complejo. Cualquier intento requeriría consultar a la población venezolana, y el analista considera poco probable que exista respaldo para una integración de ese tipo. Según explica, Venezuela mantiene diferencias políticas, culturales e históricas muy marcadas respecto a Estados Unidos, más allá de las alianzas o coincidencias que ambos países hayan tenido en distintos momentos.

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Después de que Migración Colombia entregara por orden judicial a Casa Macondo y al periodista Juan Pablo Barrientos los expedientes y registros migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, el medio confirmó que ambos estuvieron en Colombia, según los documentos oficiales.

Migración negó a Barrientos el acceso a la información en primera instancia, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó en un fallo que la petición de Barrientos fue negada por de forma indebida. Según explicó, “la entidad había negado la información alegando razones de seguridad nacional y protección de datos personales. La Corporación concluyó que dicha reserva no fue debidamente justificada, pues no se explicó de manera concreta cómo la divulgación de esos datos afectaría dichos intereses”.

También indicó que el caso de Epstein y Maxwell corresponde a información de “alto interés público”, relacionada con fenómenos de criminalidad internacional que exigen mayor transparencia y control ciudadano. Después de recibir la información el 6 de mayo, Casa Macondo reveló una salida de Epstein del aeropuerto El Dorado en julio de 2002 con destino a Miami.

“El pederasta, dueño de una red internacional de abuso sexual de menores, contaba con visa temporal de visitante. No hay registro de entrada en los sistemas de Migración para ese mismo movimiento. Los datos anteriores a 2011 provienen del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”, afirma la revelación.

En cuanto a Maxwell, los documentos de Migración revelan una entrada y salida a Cartagena en 2007. La expareja de Epstein está condenada a 20 años por tráfico sexual y cumple condena en un campo de prisioneros federal de mínima seguridad en Bryan, Texas.

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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió que aquellos con entradas para asistir a encuentros del Mundial de Fútbol en estadios estadounidenses quedan eximidos de pagar las fianzas de miles de dólares que viene exigiendo a ciudadanos de determinadas nacionalidades para entrar en el país.

“Estamos eximiendo de las fianzas de visado a los aficionados que cumplan los requisitos, que hayan adquirido entradas para la Copa Mundial y que se hayan inscrito en el programa FIFA Pass a partir del 15 de abril de 2026”, explicó en un comunicado remitido a EFE la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar.

La medida supone una importante flexibilización después de que las exigencias que ha impuesto la Administración Trump en materia migratoria complicaran enormemente que miles de aficionados con entradas adquiridas para el torneo pudieran entrar en EE.UU.

El año pasado el Departamento de Estado impuso el requisito de pagar fianzas de hasta 15.000 dólares a ciudadanos de 50 países que considera que presentan altas tasas de vulneración de visados de estadía temporal o que plantean problemas para la seguridad nacional.

De entre ese medio centenar de países, entre los que se incluyen Cuba, Venezuela o Nicaragua, cinco se clasificaron para el Mundial que se disputa a partir del 11 de junio en EE.UU., México y Canadá; Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

La norma exige a ciudadanos de estos países que abonen depósitos de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares al solicitar una visa de tipo B1 (estadía corta por negocios) o B2 (estadía corta por motivos turísticos).

Para quedar exento de esta exigencia es necesario haberse inscrito en el programa FIFA Pass, un sistema de citas prioritarias de visa para aficionados con entradas para el Mundial 2026 lanzado por el Departamento de Estado el pasado noviembre para tratar de solventar los largos tiempos de espera para obtener visados en los consulados estadounidenses en origen.

A su vez, el comunicado remitido hoy por el Departamento de Estado añade que también se “ha eximido del requisito de fianza de visado a los miembros de los equipos clasificados -incluyendo jugadores, entrenadores y personal de apoyo- que, por lo demás, cumplan con todos los requisitos para ingresar a los Estados Unidos”.

“Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de las prioridades de seguridad nacional de los EE.UU., al tiempo que facilitamos los viajes legítimos para el próximo torneo de la Copa Mundial”, añadió Namdar en el escrito.

La organización del Mundial en EE.UU. ha encarado muchas críticas por el endurecimiento de las políticas migratorias que ha impuesto desde 2025 el Gobierno de Donald Trump, el cual no ha querido descartar a su vez que durante el torneo se organicen redadas para apresar migrantes que puedan encontrarse en el país de manera ilegal.

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La fiscalía de Perú pidió más de cinco años de prisión para el candidato presidencial Roberto Sánchez por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020, informó este miércoles el Ministerio público.

Sánchez aventaja levemente al ultraderechista Rafel López Aliaga por el segundo lugar de la primera vuelta para asegurar su paso el balotaje presidencial contra la derechista Keiko Fujimori. El recuento oficial debe terminar esta semana.

La acusación contra Sánchez halló inconsistencias en los reportes financieros del partido del líder izquierdista, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participó, según un documento difundido en medios locales y cuya autenticidad fue confirmada este miércoles a la AFP por la fiscalía.

“A Roberto Sánchez se le atribuye ser autor de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de organizaciones políticas”, señala la acusación.

La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses para el candidato.

El caso había sido presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales reformularlo.

El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.

Según la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias, que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente. La justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos económicos del partido, porque jamás existió fraude ni apropiación indebida”, indicó Sánchez en sus redes sociales.

Sánchez, con 12%, y López Aliaga, con 11,9%, se disputan voto a voto el paso a la segunda ronda en un escrutinio que avanza con retraso por denuncias de irregularidades en la votación del 12 de abril.

Con 99,94% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta con 17,1% de los sufragios.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

“Es absolutamente falso”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México, tras una publicación que atribuía al fiscal del estado de México información sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo que terminó con la muerte de Francisco Efraín Beltrán, El Payín, presunto operador del cartel de Sinaloa, a las afueras de la capital mexicana.

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Sheinbaum dijo que la propia Fiscalía General de Justicia del estado de México publicó el martes que era falso lo señalado en la nota y recordó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también rechazó la versión.

“Primero, es falso que operen agentes de la CIA en territorio”, sostuvo la gobernante mexicana, quien matizó que existen permisos para agencias de Estados Unidos, pero “perfectamente marcados” por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum calificó la versión de CNN como “sensacionalista” y “mentirosa”, y dijo que incluso la vocera de la CIA salió a desmentirla, algo que, según afirmó, le sorprendió. También criticó una publicación posterior de The New York Times, que señaló después que la CIA habría proporcionado información para localizar a El Payín y que la bomba que ocasionó la muerte del narcotraficante habría sido puesta por autoridades mexicanas. “Es absurdo. Como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos; es una ficción del tamaño del universo”, expresó.

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La mandataria vinculó estas versiones con grupos de México y Estados Unidos que, según dijo, buscan provocar una mala relación bilateral y justificar una intervención estadounidense en territorio mexicano.

“Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía (...). Por supuesto que colaboramos para que no haya tráfico de drogas, pero el objetivo principal es la paz y la seguridad del pueblo de México”, concluyó la mandataria.

Esto ocurre en medio de las tensiones de México y Estados Unidos a causa de la injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República abriera una investigación ante la presunta participación hace semanas de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado de Chihuahua.

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El informe titulado Bombardeados, sin derecho a la defensa, publicado en el portal web del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), recoge los nombres y parte de las historias de 18 víctimas mortales de la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas. Muchos de ellos, de acuerdo con el documento realizado a partir de un esfuerzo periodístico transnacional, eran humildes habitantes de territorios costeros que vivían del rebusque para sostener a sus familias.

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Eduardo Jaime, conocido como Pichirilo, era un jugador de fútbol de sala en la ciudad venezolana de Güiria, según corroboraron reporteros de la Alianza Rebelde Investiga. Él cayó muerto en uno de los ataques estadounidenses. Unos allegados suyos confirmaron que viajaba en la lancha bombardeada el 14 de octubre de 2025. “Era muy buena gente”, comentó una de sus amigas.

En esa misma lancha viajaban Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos trinitenses cuyos parientes le reclaman al gobierno de Donald Trump por sus ejecuciones extrajudiciales. De hecho, ellos presentaron una queja legal en enero pasado ante una corte federal de Massachusetts, buscando ser indemnizados por daños y perjuicios. Según reportó el medio Trinidad & Tobago Guardian, miembro de la alianza de la investigación, Joseph era conocido por ser pescador. Su madre, en medio del dolor, aseguró que “la ley no consiste en matar a personas. Donde sea que estés, no debes matar a personas así”.

Por su parte, la hermana de Samaroo argumentó que él era un hombre trabajador que había pagado su deuda con la sociedad (tras 15 años de cárcel por asesinato) y solo intentaba recuperarse y ganarse la vida dignamente en Venezuela criando vacas y cabras para ayudar a mantener a su familia. Así lo hizo saber la Asociación Americana de Derechos Civiles (ACLU) a través de un comunicado: “Si el Gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debió arrestarlo, acusarlo y detenerlo, no asesinarlo. Deben rendir cuentas”. Los parientes de ambos aseguraron que ninguno de los dos llevaba drogas, que eran ciudadanos corrientes que estaban regresando a sus casas en Las Cuevas, en Trinidad, después de trabajar en Venezuela.

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Dentro del grupo de las personas que fueron asesinadas en medio de la ofensiva estadounidense también hay unos colombianos. Las autoridades nacionales identificaron a Adrián Lubo, de Riohacha (Guajira), como una de las víctimas del bombardeo del 4 de mayo de 2026. “Era un monstruo en el agua. Un gran capitán”, dijo una persona que lo conocía a la alianza que llevó a cabo la investigación.

Alejandro Andrés Carranza Medina, del mismo departamento del norte colombiano, murió en septiembre de 2025. Él era pescador de atún y marlín. Su familia, que ha recibido amenazas, según su abogado, quedó con dificultades económicas tras su fallecimiento. El connacional José David Torres Hurtado, en cambio, está en la Unidad de Quemados del Hospital San Juan de Dios, en San José. Los ecuatorianos Carlos Manuel Rodríguez Solórzano y Pedro Ramón Holguín Holguín también fueron identificados entre los muertos tras el bombardeo del 19 de marzo. Este último tenía una denuncia por almacenamiento ilegal de combustibles, pero no fue juzgado.

Además de las historias, la investigación periodística también concluyó que “los golpes de misil pueden ser más espectaculares y violentos que la silenciosa interceptación e incautación regular que el presidente Trump venía denigrando como inútil, pero no por ello es más eficaz”. Washington ha perpetrado ataques contra 58 embarcaciones, y eso ha resultado en el asesinato de 179 personas, bajo el argumento de que interceptar lanchas no ha funcionado y que por eso se tienen que bombardear. Sin embargo, la Operación Zeus, que contó con la coordinación entre Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, llevó al arresto de dos tripulantes y a la incautación de 448 kilos de cocaína. No hubo ni un solo muerto.

Ese no ha sido el único caso: una investigación del CLIP siguió las interdicciones regulares de lucha antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico que realizaron entidades estadounidenses en cooperación con países europeos y latinoamericanos, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y encontró que gracias a esta cooperación internacional se pudieron decomisar, sin necesidad de disparar, al menos 140 toneladas de cocaína y detener a 160 tripulantes, quienes luego fueron entregados a la justicia.

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El sistema estadounidense de alianzas pasa a menudo inadvertido. Cuando en 1945 los Estados Unidos escalaron a la cima del poder occidental, no lo hicieron sin ayuda.

En Washington fueron siempre conscientes de un hecho: el mundo no permite a un gobierno controlar al resto. Las potencias nucleares son varias, y el equilibrio de poder se reordena constantemente por la competencia militar, económica, demográfica y cultural. Si Estados Unidos ha consagrado su estatus, es también porque ha establecido alianzas que sostienen sus intereses.

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Las alianzas estadounidenses cimentaron una red económica y militar sin precedentes. Con alcance global consolidado, el potencial estadounidense parecía ilimitado. La superioridad les permitió surcar los mares y llegar al espacio, controlar regímenes, expandir su cultura y luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. El éxito fue rápido: en 1991 los estadounidenses estaban solos en la cima del poder global.

Pero 70 años de dominio no son gratuitos. Hoy, el imperio muestra síntomas de crisis. Su poder está estancado; su economía, en riesgo, y su mayor rival, China, crece a desafiantes pasos de gigante.

Los signos son claros. La actividad militar estadounidense se encuentra hiperextendida, sostenida por un mastodóntico e injustificable gasto. Los costes se han multiplicado, y la superioridad militar no ha provocado triunfos en Afganistán, Irak e Irán. En paralelo, China emerge como un competidor temible: ha reforzado su Ejército, es líder en tecnología y ha formado un sistema alternativo de alianzas, recabando apoyos entre los adversarios de Estados Unidos. En Europa y Latinoamérica, tradicionales socios de Washington, la influencia china es ya inevitable.

Los estadounidenses buscan un giro estratégico y así lo reconoce la Estrategia de Seguridad Nacional. El objetivo es reducir costes, consolidar su poder y concentrar esfuerzos en el desarrollo nacional. Este camino requiere aciertos: si Washington busca retirarse del mundo para replegarse en América, es clave para sus intereses dejar detrás una red de aliados fiables, persuadidos por salvaguardar los suyos.

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Esta necesidad tiembla con la llegada de The Don a la Casa Blanca. En su segundo mandato, Trump ha implementado una política exterior agresiva e impredecible. En lugar de continuar el repliegue, ha tomado decisiones poco estratégicas, no correspondidas con las prioridades nacionales. Los ejemplos son abundantes: el intento de anexión de Groenlandia, la captura de Maduro, la guerra contra Irán (…). En ninguno de dichos movimientos parecía haber definición de los objetivos, ni de los resultados que marcarían la victoria. A esto se añade una deriva aislacionista: solo en enero de 2026, Trump retiró a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, alejándose del sistema que apoyaba su influencia global.

Si el momento de Estados Unidos ya generaba inquietud entre sus aliados, Trump la ha acrecentado. Solo es necesario observar la situación de sus aliados.

Los Estados del golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Kuwait y Omán) han sido los más perjudicados. Antes de la guerra, su oposición al conflicto nacía de preocupaciones sobre su vulnerabilidad a ataques iraníes, sobre la capacidad de Estados Unidos de defenderles y sobre las posibles consecuencias que un Irán desestabilizado y un Israel desatado traerían a la región.

El 28 de febrero, Trump atacó a Irán sin prevenir a sus aliados. La guerra confirmó sus miedos: han recibido la mayoría de los misiles iraníes, y Estados Unidos demostró su incapacidad de defenderles militarmente. Al contrario: las bases americanas, que prometían protección, han atraído ataques a su territorio.

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Como consecuencia, la guerra ha debilitado su modelo económico: la seguridad y el aislamiento geopolítico, bases del comercio y el turismo regional, tardarán años en recuperarse. Mientras, los Estados del golfo observan cómo Israel, iniciador del conflicto, recibe la protección de la que ellos carecen. Cuando Estados Unidos abandone Oriente Medio, estos países lidiarán con un Irán revanchista, con voluntad de recuperar su influencia regional.

En el centro de la trampa de Tucídides aparece Latinoamérica. Es la región más cercana, donde Estados Unidos ha proyectado mayor influencia; también donde China se ha consolidado como un gran actor en economía e infraestructuras. Quizá por eso esté en el corazón de la estrategia americana: la captura de Maduro era también una advertencia para otros gobernantes, como demuestran las amenazas a Sheinbaum y Petro. La Doctrina Donroe promete devolver a Estados Unidos su lugar en América, apoyando a gobiernos afines y castigando a los adversos. El recuerdo de injerencias pasadas, que tanto cercenaron la política latinoamericana, recorre hoy los gobiernos del continente, que habrán de moverse estratégicamente entre dos superpotencias.

Europa ha decidido ya su nueva dirección. Las disputas frente a Estados Unidos son innumerables. Trump ha sometido al continente a duros aranceles, ha retirado su apoyo a Ucrania, ha declarado simpatías con Rusia y ha buscado anexar Groenlandia. Ha amenazado también con retirar las tropas que operaban en Europa, y amenazó a quienes no apoyaron su operación en Irán. El reto europeo no es menor: ¿cómo situarse entre dos potencias sin perder influencia ni exponerse a un conflicto? La respuesta ya está en marcha: la autonomía estratégica de la Unión Europea es el camino elegido por Bruselas. Los europeos buscarán depender de sí mismos, protegidos de la inestable relación transatlántica.

Cuando Estados Unidos necesitaba aciertos estratégicos, Trump ha sacrificado el interés nacional buscando el rédito electoral cortoplacista. Ha convertido al país en un enfant terrible, opositor del orden internacional, con quien las negociaciones y los acuerdos no albergan validez. Bajo su gobierno, cualquier actor es susceptible de convertirse en el estado 51, en un enemigo de la democracia o ser nombrado guardián de la paz. La retirada de los recursos americanos podría no compensar los riesgos de una alianza así.

En el horizonte aparece China, presentándose como un socio estable y predecible. Cuando una potencia emergente desafía a una dominante, el tablero geopolítico tiembla y el riesgo de guerra aumenta. Es entonces cuando los actores menores calculan sus estrategias.

Cuanto más se acerque China a Estados Unidos, más obligará al mundo a replantearse su posición. Si el Gobierno estadounidense no mantiene sus alianzas, podría descubrir demasiado tarde que no retiene su estatus de potencia global.

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Una operación nacional en Estados Unidos contra la organización criminal Tren de Aragua resultó en la formulación de cargos contra más de 25 personas, incluidos migrantes indocumentados de Colombia, Venezuela y Honduras, por delitos como tráfico de armas de fuego y narcotráfico, entre otros más, según detalló el Departamento de Justicia.

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Ese esfuerzo se llevó a cabo a través de seis fiscalías federales, incluyendo los distritos de Colorado, sur de Florida, norte de Indiana, centro de Tennessee, occidente de Tennessee y este de Washington, y resultó en la incautación de más de 80 armas de fuego y aproximadamente 18 kilogramos de drogas, entre ellas fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis, ketamina, MDMA y tusi. También se incautaron más de USD 100.000, a la par de que siguen en curso varias investigaciones.

“En pocos días, el Departamento de Justicia y sus socios del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan desmantelaron a nivel nacional las despiadadas redes terroristas del Tren de Aragua: delincuentes violentos y depravados que han invadido ilegalmente nuestro país y se han aprovechado de las comunidades estadounidenses”, declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado: “Este esfuerzo subraya la dedicación de la administración Trump a restablecer la seguridad pública, desmantelar las redes violentas de tráfico de armas y drogas, y hacer cumplir la ley y el orden”.

Por su parte, Robert Cekada, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, detalló que la reciente operación es muestra del interés por “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” que “fomentan la violencia en nuestras comunidades”. A su declaración añadió que “la incautación de armas de fuego y narcóticos peligrosos subraya la conexión crucial entre el tráfico ilegal de armas de fuego y la violencia relacionada con las drogas”.

Finalmente, Terrance Cole, director de la DEA, aseveró que “el Tren de Aragua fomenta la inestabilidad y el caos, amenazando a comunidades en todo Estados Unidos”. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados a dicha organización criminal transnacional.

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