Venezuela vive momentos claves tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, ocurrido hace 8 meses: cerró la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y la oposición para la transición democrática y Estados Unidos acaba de anunciar los planes que tiene para el petróleo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, respaldada y presionada desde Washington por Donald Trump, sigue al frente del Palacio de Miraflores y María Corina Machado continúa fuera del país. En medio de ese panorama, AtlasIntel y Bloomberg publicaron una encuesta que deja ver la percepción que tienen los venezolanos adultos sobre eso y otros temas más.

Empezando por Rodríguez, los resultados del sondeo mostraron que, aunque la desaprobación suya es mayor al 60 %, esta cifra disminuyó con respecto a julio, pues pasó del 64,5 % al 60,5 %, luego de que había mostrado un aumento desde febrero, cuando era del 44,3 %, y a partir de mayo empezó a sobrepasar el 58 %. Ahora bien, el 57,9 % de los venezolanos encuestados respondieron que consideran su gobierno como malo o muy malo, el 23,7 % lo describió como regular y solo el 18,5 % como excelente o bueno.

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De hecho, el 40 % respondió que cree muy probable que se conozcan revelaciones de grandes fraudes o esquemas de corrupción y el 27 % aseguró que podría ocurrir una destitución o una renuncia de la presidenta, identificando esos dos factores como unos de los riesgos y desafíos que enfrenta Venezuela en este momento. A eso se suma que el 70 % de los ciudadanos considera mala la situación económica del país. Solo el 36 % cree que en los próximos seis meses va a mejorar. En medio de ello, concluyeron que la corrupción, la pobreza, el debilitamiento de la democracia y el sistema de salud son los más grandes problemas que tiene Caracas en este momento.

En medio de ello, el 32,3 % aseguró que no está al tanto del plan petrolero anunciado recientemente por Trump, mediante el cual empresas estadounidenses tendrían el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La gente se mostró dividida frente a ello, pues el 37,6 % dijo que está en contra de lo anunciado, mientras que el 35,4 % aseguró que estaba a favor. El 27,0 % respondió que no sabe cuál es su postura frente a ello.

Eso sí, el 50,2 % de los encuestados respondió que los posibles beneficios del plan petrolero irán más para Estados Unidos que para Venezuela. Además, el 47 % está totalmente de acuerdo con la idea de que el gobierno actual no tiene legitimidad para negociar los recursos naturales del país a largo plazo, el 38 % con que Venezuela está cediendo mucho a cambio de muy poco beneficio y el 36 % con que el acuerdo compromete la soberanía del país. Eso sí, el 37 % cree que eso traerá la inversión necesaria para recuperar la industria petrolera venezolana.

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El nuevo socio del gobierno de Donald Trump en Venezuela tiene la posibilidad de expandir ampliamente su alcance en las cuencas petroleras más importantes del país como parte de un acuerdo poco ortodoxo que se anunció la semana pasada.

Sin embargo, aumentar la producción de esas áreas de manera significativa resultará costoso y requerirá mucho tiempo para North American Blue Energy Partners, el segundo productor privado de petróleo más grande de Venezuela y el socio del Gobierno estadounidense.

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Aproximadamente la mitad de las 17 áreas de producción contempladas en el acuerdo se encuentran en el lago de Maracaibo, según una lista del proyecto obtenida y corroborada de manera independiente por The New York Times. El lago es desde hace mucho tiempo una zona productora de petróleo situada en el extremo noroeste del país y que ha caído en el abandono.

La otra mitad está esparcida a lo largo de una cuna rica en petróleo llamada la Faja del Orinoco, formada en gran parte por una sabana que se extiende por el centro y noreste de Venezuela. La mayor parte de las reservas de petróleo del país están debajo de ese territorio, pero ese crudo tiene la consistencia del asfalto. Transformarlo en un líquido que pueda transportarse por tuberías es costoso.

Muchas de las áreas en el Orinoco puestas a disposición de North American Blue Energy en virtud del acuerdo también están en gran medida sin desarrollar, por lo que, además de perforar nuevos pozos, es muy probable que la empresa tenga que invertir en infraestructura como oleoductos e instalaciones de procesamiento.

“Es una cantidad enorme de dinero la que se necesita, y luego también necesitas a la gente: no es solo el acero, las tuberías y la ingeniería”, dijo Bob Fryklund, un vicepresidente de S&P Global Energy, una firma de investigación.

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El gobierno de Trump, su socio y las autoridades venezolanas han divulgado pocos detalles sobre este acuerdo altamente inusual en el que el Gobierno estadounidense ejerce un control desmesurado sobre el petróleo en otro país.

Han dicho que las 17 áreas contienen 65 millardos de barriles de petróleo recuperable, pero no publicaron una lista de las áreas ni de sus ubicaciones, lo que hace imposible verificar dichas afirmaciones. En todo caso, las estimaciones de las reservas de Venezuela son ampliamente consideradas como demasiado optimistas.

North American Blue Energy, liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, ya opera en tres de las 17 áreas y extrae alrededor de 200.000 barriles de petróleo al día.

La empresa tiene como objetivo aumentar esa cifra a un millón de barriles al día en los próximos cinco años, según ha reportado el Times. Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, recientemente fijó una meta aún mayor para las áreas contempladas en el acuerdo: más de 1,5 millones de barriles al día.

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En comparación, el gigante petrolero estadounidense Chevron, que tiene más experiencia en Venezuela, delineó un ritmo de desarrollo mucho más lento en otro acuerdo anunciado el miércoles. La empresa planea aumentar su producción en aproximadamente 320.000 barriles al día durante cinco años, con un costo de siete millardos de dólares.

La empresa de Betancourt está “poniendo la meta, el estándar, muy alto”, dijo Adrián Lara, un analista de la firma de investigación Wood Mackenzie. “El ritmo para lograrla es probablemente muy desafiante”. Toda Venezuela actualmente produce un poco más de un millón de barriles al día.

North American Blue Energy dijo que el acuerdo con el gobierno de Trump fue “un factor” de por qué la empresa fue “elegida para estos campos”. Sara Chouraqui, la abogada general de la empresa, dijo en un comunicado que la compañía contaba con una “trayectoria comprobada” y tenía operaciones cerca de algunas de las 17 áreas, lo que le permitiría avanzar rápidamente.

El gobierno de Trump ha presentado su acuerdo con Betancourt como una extensión de la influencia estadounidense en un país donde empresas chinas y rusas alguna vez ejercieron un control considerable.

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Sin embargo, rastrear el historial de los campos petroleros de Venezuela y de las empresas involucradas en ellos a lo largo del tiempo puede ser un desafío. El país no ha hecho públicos registros actualizados, y Venezuela redefinió recientemente algunas áreas de producción, dicen los analistas.

Un documento revisado por el Times mostró que China Concord Petroleum participaba en al menos dos de las 17 áreas en 2024. Una empresa con ese nombre fue sometida a sanciones estadounidenses en 2019 por su presunta participación en el transporte de petróleo iraní.

China Concord Petroleum, que no pudo ser contactada para hacer comentarios, tiene su sede en Hong Kong, según WireScreen, una empresa que provee información sobre compañías chinas.

Al consultarlo sobre las inversiones chinas en Venezuela, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que “los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben garantizarse”. Un representante del Gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.

Un desafío importante para las empresas petroleras será una red eléctrica deteriorada. Años de mala gestión y corrupción significan que los cortes de energía son comunes. Franco Sampieri, quien dirige la cámara petrolera en el estado Zulia, cuya capital es Maracaibo, dijo que la ciudad experimentaba regularmente apagones que duran horas. Los operadores tendrán que encontrar energía confiable para las bombas y otros equipos.

El lago de Maracaibo, que colinda con la segunda ciudad más grande del país, alguna vez fue la joya de la corona del auge petrolero de Venezuela. Pero, después de años de abandono, está lleno de plataformas petroleras oxidadas y tuberías rotas. Las aves que aterrizan en el lago a menudo se cubren de tanto petróleo que tienen dificultades para volver a despegar. Muchos trabajadores petroleros han emigrado, mientras que a los que se quedan les resulta difícil ganarse la vida.

Murphy Zhao, Genevieve Glatsky, Edward Wong, Aaron Krolik y Daniel Wood colaboraron con reportería.

Rebecca F. Elliott cubre el sector energético para el Times.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Leanne Abraham es editora de gráficos en el Times y se especializa en cartografía y visualización de datos.

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La concesión para que empresas del país norteamericano puedan explotar 17 campos con reservas de aproximadamente 65.000 millones de barriles es el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, estimadas en 303.000 millones de barriles. Le sigue EE. UU., con 286.000 millones. El tercer lugar en el mundo de los gigantes petroleros lo tiene Arabia Saudita, con 268.000 millones de barriles. Bahréin, por su parte, tiene 175.000 millones de barriles de reservas. Las de Emiratos son más pequeñas: 113.000 millones. Kuwait está por los 103.000 millones y Catar “solo” con 25.000 millones de barriles (si bien es un gigante en el mundo del gas).

Para hacerse una idea de la impresionante magnitud del acuerdo con Venezuela, recordemos la exclusividad para Estados Unidos de la explotación de 65.000 millones de barriles: la totalidad de las reservas de un país como Rusia son del orden de 80.000 millones. Se proyecta la inversión de hasta 100.000 millones de dólares por parte de la empresa privada y consorcios asociados (como la plataforma North American Blue Energy Partners-NABEP) para rescatar la infraestructura destruida y perforar nuevos pozos, así como para mejorar la calidad del petróleo pesado venezolano. Las concesiones otorgadas incluyen plazos de hasta 100 años para garantizar la seguridad jurídica de los proyectos. También EE. UU. tiene el derecho de adquirir el 20 % del crudo extraído en estos campos, al costo de producción.

¿En dónde estaría la contrapartida?: inversiones de NABEP por 100.000 millones de dólares para reconstrucción de infraestructura petrolera; pago de regalías del 16 % e impuesto sobre la renta corporativa del 34 %. Esto significa que aproximadamente la mitad  del producto de explotación de esos 17 campos irá a parar al Estado venezolano. Sumas enormes, tanto para Venezuela como para los inversionistas. Los 65.000 millones de barriles, al precio promedio de 70 dólares el barril, darían una suma sideral de cuatro cuatrillones y medio de dólares (del sistema anglosajón). Sería el presupuesto colombiano de 22 años.

Pero hay más consecuencias: de hecho, con el acuerdo, desaparecen prácticamente las sanciones de EE. UU. a Venezuela. Y lo más inesperado: el anuncio de la presidenta en ejercicio del país, Delcy Rodríguez, de que “muchas empresas hacen fila” para vincularse a proyectos de inversión. Esta declaración y el hecho de que el acuerdo hubiera sido aprobado casi sin debate en la Asamblea Nacional indican una verdadera revolución: la apertura de una parte sustancial de la economía venezolana. 

También, legitima a Rodríguez bajo la égida de EE. UU. El presidente Donald Trump ha hablado de la “muy respetada presidenta interina” al presentar el acuerdo. En declaraciones del miércoles 2 de septiembre, dijo que ella quería elecciones, pero que Venezuela aún no estaba preparada para ello. Es la apertura económica relativa, con un gobierno que había predicado y practicado lo contrario, y el reconocimiento del Ejecutivo estadounidense de que la fase de reestructuración económica y estabilización interna no serán de corta duración.

Otro propósito esencial del acuerdo para EE. UU. es aumentar su reserva estratégica petrolera. En 2009 había llegado a 726.000 millones de barriles, y ha disminuido drásticamente a 290.000 millones. Una parte importante de los 65.000 millones del acuerdo con Venezuela irá sin duda a incrementar esa reserva para casos de crisis. El caso de Venezuela muestra un país con grandes recursos estratégicos que pueden hacer la diferencia en el mundo.

Para ver aún más la magnitud en el continente, veamos las reservas petroleras de América Latina: Venezuela, 304.000 millones de barriles; Brasil 16.000 millones; Guyana 11.000 millones; Ecuador 8.300 millones; México 7.470 millones; Argentina 3.000 millones; Colombia 2.000 millones; y Perú 670 millones de barriles. Venezuela por sí misma tiene seis veces más reservas que el resto de los países latinoamericanos juntos.

El efecto en Colombia:

Venezuela pareciera comenzar un camino parecido al de las grandes potencias petroleras del mundo: aprovechamiento intensivo de sus recursos, como una base eventual de bienestar nacional. Por otra parte, un incremento gradual de los ingresos de Venezuela implicaría, por lo menos en principio, un aumento de la capacidad de compra del país y de sus habitantes. Se abre un espacio de oportunidad para una diplomacia activa y propositiva en lo económico.

Dado que la política de EE. UU. en Venezuela es priorizar lo económico, y que la política expresada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella acerca de Venezuela es actuar de acuerdo con EE. UU., es fácil comprender que el tratamiento de los problemas de la frontera común puede tener una insistencia clara en la seguridad y el control territorial, pero aunado a acuerdos económicos con Venezuela que permitan la formalización gradual de las actividades económicas de la enorme frontera de más de 2200 kilómetros.

Muy probablemente, la tendencia a la emigración desde Venezuela va a descender de manera importante en los próximos meses y años. Y otros podrían regresar si existe una economía mejorada, estabilidad y posibilidades de emprendimiento. La presión migratoria podría ser menor o incluso revertirse. 

Una reorganización gradual de la infraestructura petrolera, gasífera y de energía hidroeléctrica podría representar una fuente de entendimientos estratégicos con Colombia. Ello permitiría renovar las ideas de interconexión no solo en las zonas de frontera.

Un solo problema existe en perspectiva: las exportaciones colombianas de petróleo son, en una muy alta proporción, hacia los EE. UU. Si ellos van a tener acceso amplio al petróleo venezolano, eso puede disminuir el margen de ventas de Ecopetrol en EE. UU. 

En el mediano plazo podemos trabajar por renovar las importantes cifras de comercio binacional del 2007, en especial con la exportación de manufacturas y productos con valor agregado a Venezuela. Ello requiere diplomacia activa, capacidad de adaptación de los empresarios y mucho pragmatismo.

En el sector productivo, es notable el Acuerdo anunciado hace pocos dias, entre el Gno. vecino y el Grupo Gillinski, para actividades petroleras en el Orinoco de Venezuela. Un comienzo promisorio.

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Un local de McDonald’s en La Guaira se convirtió en un centro médico y veterinario luego de los terremotos que golpearon Venezuela en junio pasado.

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La política migratoria del presidente Abelardo de la Espriella ya está en marcha. Este sábado se produjeron las primeras seis expulsiones de migrantes en Colombia: se trata de ciudadanos venezolanos que, según Migración Colombia, fueron expulsados después de las verificaciones correspondientes.

Según el comunicado, se trata de personas que “registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas vigentes”. Tres de ellos fueron identificados en Bucaramanga y los tres restantes, en San Gil.

“Cuando corresponde, ejercemos la autoridad migratoria para que estas personas salgan del territorio nacional, siempre en el marco de nuestra misionalidad y en cumplimiento de las normas migratorias vigentes”, afirmó el director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria.

Según las nuevas autoridades de Migración Colombia, los ciudadanos extranjeros registraban conductas como consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, producir ruidos que molesten a otras personas o realizar acciones que pongan en riesgo la seguridad de terceros. Citan como motivo de expulsión las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

“Colombianos primero”

Las nuevas autoridades migratorias, en cabeza de Castañeda, siguen las directrices de De la Espriella, quien ordenó en agosto “localizar a los inmigrantes ilegales”. En su anuncio de “colombianos primero”, el presidente Abelardo de la Espriella dejó atrás más de una década de política migratoria en Colombia, marcada por su condición de país receptor y por un historial de regularización de esta población que se remonta, al menos, a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

Vale la pena recordar que ninguna persona pierde sus derechos humanos ni se convierte en delincuente por estar en un país sin los permisos requeridos. El propio organismo de las Naciones Unidas para las migraciones (OIM) rechaza esta categoría y cataloga este tipo de situaciones como “migrantes irregulares” o “migrantes indocumentados”.

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El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.

Pedir inmunidad y la desestimación del caso puede parecer una medida extrema y hasta ambiciosa por parte de la defensa del antiguo líder del régimen venezolano. Sin embargo, esta es, de hecho, una de las estrategias que puede utilizar su defensa para buscar garantizar su libertad. El argumento parte del derecho internacional y podría marcar una diferencia en este caso.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

Según Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, la defensa de Maduro parte de un argumento jurídicamente válido: el derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio frente a la jurisdicción penal de otros países. Sin embargo, el principal obstáculo para Maduro es que Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente de Venezuela, lo que podría impedirle invocar esa protección ante los tribunales estadounidenses.

El profesor señala que existe, además, un precedente que podría resultar desfavorable para su defensa: el caso del exdictador panameño Manuel Noriega. En esa ocasión, los tribunales de Estados Unidos determinaron que, al no reconocerlo como jefe de Estado de Panamá, no podía beneficiarse de la inmunidad correspondiente.

Manuel Noriega gobernó Panamá entre 1983 y 1989 y, pese a su colaboración con la CIA, sus vínculos con el narcotráfico deterioraron su relación con Washington. En 1989, EE. UU. invadió Panamá para derrocarlo y, tras refugiarse en la Nunciatura Vaticana, se entregó en enero de 1990.

El derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio para que puedan desempeñar sus funciones sin estar sujetos a procesos penales en otros países. Esta protección, basada principalmente en la costumbre internacional, se conoce como inmunidad personal o ratione personae y, mientras la persona ocupa el cargo, impide, en principio, que otro Estado la detenga, arreste o procese penalmente, incluso por delitos graves.

Frente a este escenario, la comunidad internacional está dividida: Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina no reconocen el mandato de Maduro, mientras Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan al régimen.

En este contexto, existe una clara tensión entre la jurisdicción estadounidense y las normas del derecho internacional. Según el profesor, allí surge una discusión jurídica más compleja: establecer qué puede considerarse un “acto oficial” de un Estado y si determinadas conductas criminales pueden estar amparadas por la inmunidad.

Por otra parte, hay análisis que cuestionan si el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta y segunda al mando de Nicolás Maduro antes de sucederlo, podría implicar indirectamente un reconocimiento de la gobernanza del exgobernante. De ser así, este argumento podría favorecer la defensa de Maduro en su intento por reclamar inmunidad como jefe de Estado.

En el caso de Maduro, la primera cuestión no sería determinar si el narcotráfico puede considerarse un acto oficial. El debate comienza antes: si Estados Unidos debe reconocerlo, para efectos del derecho internacional, como un jefe de Estado en ejercicio y, por tanto, otorgarle inmunidad personal, pese a que el Gobierno estadounidense no lo reconoce políticamente como presidente legítimo de Venezuela.

“Los jueces suelen tener muy en cuenta la posición oficial del Gobierno sobre quién es reconocido como jefe de Estado. Eso ocurrió precisamente con Noriega. Por eso, la falta de reconocimiento de Maduro por Estados Unidos es probablemente el mayor obstáculo para su defensa”, explicó Prieto-Ríos.

Para Alejandro Bohórquez, profesor de FIGRI de la Universidad Externado, el recurso de inmunidad forma parte de la estrategia de la defensa para agotar todas las vías legales disponibles. Sin embargo, considera poco probable que Estados Unidos acepte este argumento, especialmente si se tiene en cuenta el precedente de Manuel Noriega.

“Por más que Maduro y sus abogados aleguen inmunidad soberana y demás, Estados Unidos no le va a prestar mucha atención a eso. Es, básicamente, una estrategia para agotar todos los recursos. Además, como los cargos contra Maduro son por narcotráfico y otros delitos, y no por cuestiones políticas, sino criminales, Estados Unidos probablemente desestimará cualquier intento de utilizar este tipo de herramientas”, afirmó Bohórquez.

Por otro lado, Prieto-Ríos argumenta que, si la Fiscalía estadounidense logra caracterizar las conductas imputadas no como decisiones de política pública venezolana, sino como la utilización del aparato estatal para facilitar una organización criminal o para obtener beneficios particulares, el precedente de Noriega le proporciona un argumento bastante fuerte para sostener que estamos ante actos privados o criminales realizados mediante el abuso del poder público, y no ante actos soberanos protegidos.

Si el juez reconoce la inmunidad de Maduro, podría desestimar los cargos, pero eso no significaría que sea inocente, sino que los tribunales estadounidenses no tendrían jurisdicción para juzgarlo.

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La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el jueves que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad objeta.

En un video grabado desde el exilio, y publicado en X, Machado dijo que “el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción” en Venezuela", que “requiere inversiones colosales”.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un “histórico” acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.

El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos en diferentes zonas del país.

Venezuela considera que obtendrá beneficios por 209.000 millones de dólares en 25 años.

“Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano”, dijo Machado.

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, el palacio de gobierno, sostuvo Machado.

No están “listos”

Tras la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni el miércoles en Caracas, Trump y Delcy Rodríguez coincidieron en señalar que Venezuela no está lista para celebrar elecciones.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump el miércoles.

El mensaje de la líder opositora ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Luego de asumir en enero como presidenta interina, Rodríguez impulsó leyes en los sectores del petróleo y la minería para atraer inversiones privadas.

El presidente estadounidense ha halagado en varias ocasiones la gestión de Rodríguez.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar “bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”.

Esto, aseveró, “solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

La oposición denuncia un fraude electoral de Maduro en las últimas presidenciales de 2024, y reivindica la victoria en esos comicios de Edmundo González, candidato apadrinado por Machado.

La líder opositora fue inhabilitada políticamente y no pudo ser candidata en aquella ocasión.

“Tristeza y rabia”

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”, señaló Machado en su mensaje, al subrayar la “profunda preocupación por las implicaciones que tiene” para el futuro de Venezuela.

La líder promete que volverá a Venezuela, pero especialistas señalan que Washington no ve con buenos ojos su regreso.

En agosto inició en Caracas un diálogo político entre el gobierno interino y una parte de la oposición de cara a una transición democrática, pero Machado no fue invitada.

Esta mesa de negociaciones ha estado auspiciada por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles en una entrevista con Fox News que la nueva ronda de negociaciones iniciará en unos 10 días.

Maduro, de 63 años y acusado de cuatro delitos, entre estos el de “narcoterorismo”, solicitó el jueves ante un tribunal en Nueva York desestimar los cargos en su contra, apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

Venezuela tiene las mayores mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción.

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La afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que Washington revisó los antecedentes de Alejandro Betancourt y no encontró una investigación vigente en su contra no cierra todos los interrogantes sobre el empresario venezolano, y es que tanto documentos judiciales estadounidenses como testimonios citados en investigaciones periodísticas muestran que Betancourt, sus empresas y personas de su entorno estuvieron relacionados con investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.

Dicho esto, César Batiz, director de El Pitazo, plantea una gran interreogante en su programa Punto y Contexto: ¿Qué investigó realmente Estados Unidos sobre Alejandro Betancourt antes de convertirlo en una pieza estratégica de su nueva política petrolera para Venezuela?

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Betancourt y el caso Money Flight

Uno de los principales antecedentes se encuentra en el caso conocido como Money Flight, una investigación presentada en 2018 por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida sobre un presunto esquema que habría permitido extraer unos USD 1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante operaciones cambiarias y lavado de dinero.

En dichos documentos aparece una persona identificada como “Conspirador 2″. La Fiscalía lo describió como propietario de una empresa contratista del sector eléctrico venezolano y primo del denominado “Conspirador 1″, identificado como Francisco Convit.

La descripción coincide con Alejandro Betancourt, quien fue socio de Convit en Derwick Associates y también es su primo. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca identificó públicamente al “Conspirador 2″ como Betancourt ni presentó cargos en su contra.

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La identidad del empresario se convirtió posteriormente en un elemento de interés para investigaciones periodísticas, por lo que Batiz plantea que, aunque esa referencia no demuestra responsabilidad penal, sí constituye un antecedente que debía ser considerado dentro de cualquier revisión.

¿Qué declaró el banquero Matthias Krull?

Otro elemento del caso Money Flight está relacionado con Matthias Krull, exbanquero de Julius Baer que atendió a Francisco Convit y Alejandro Betancourt.

Krull se declaró culpable de participar en el esquema de lavado de dinero investigado por las autoridades estadounidenses y posteriormente colaboró con los fiscales.

Según un resumen de su testimonio citado por Reuters, Krull declaró que Convit y el individuo identificado como “Conspirador 2” habían sido clientes suyos durante varios años, mientras que fuentes con conocimiento de ese testimonio identificaron ante Reuters al “Conspirador 2″ como Alejandro Betancourt y señalaron que este era entonces objetivo de la investigación de Miami.

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Una declaración jurada presentada por Homeland Security Investigations (HSI) también señala que Convit y el “Conspirador 2” recibieron conjuntamente más de 227 millones de euros procedentes del esquema investigado.

Batiz hace una precisión: no existe una transcripción pública que permita comprobar que Krull pronunció directamente el nombre de Betancourt al referirse al “Conspirador 2”, por ende, estos elementos no permiten afirmar por sí solos que el empresario haya cometido un delito.

Esta situación abre otra interrogante: ¿qué información proporcionó Krull a los fiscales estadounidenses sobre sus antiguos clientes y cómo fue considerada posteriormente por las autoridades?

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Derwick, ProEnergy y la investigación en Nueva York

Los antecedentes relacionados con Betancourt no comenzaron con Money Flight.

El programa también recupera información de investigaciones publicadas años atrás por el medio de investigación Armando.info, que documentaron la relación entre Derwick Associates y ProEnergy Services, una empresa estadounidense de Misuri que vendió equipos y prestó servicios para proyectos eléctricos ejecutados por Derwick en Venezuela.

Daniel Rossenau, exempleado de ProEnergy, declaró en 2015 ante fiscales del Distrito Sur de Nueva York y entregó documentación relacionada con las operaciones entre ambas compañías.

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Posteriormente, investigaciones internacionales reportaron que fiscales de Nueva York examinaron posibles operaciones de soborno y lavado de dinero relacionadas con Derwick y Alejandro Betancourt.

Aunque esas investigaciones no terminaron en una acusación contra el empresario, existe otro antecedente: en diciembre de 2014 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades suizas información sobre cuentas vinculadas con Derwick. Una decisión judicial suiza confirmó posteriormente la existencia de esa solicitud.

A esto Batiz estima que los elementos demuestran que las autoridades estadounidenses tuvieron acceso a información, testimonios y documentación relacionada con Betancourt y sus empresas.

Las investigaciones en España y Suiza

Dicho historial tampoco se limita a Estados Unidos. Alejandro Betancourt ha estado relacionado con investigaciones desarrolladas en España y Suiza. En 2025 fue detenido en dos ocasiones en el Reino Unido debido a solicitudes internacionales vinculadas con esos procedimientos.

Finalmente, no fue extraditado y tampoco ha sido formalmente acusado ni condenado en Estados Unidos, España, Suiza o el Reino Unido.

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Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.

“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez, ama de casa y madre de tres hijos en el estado Miranda, a “El Pitazo”. “Lo que quiero es que me llamen a trabajar, volver a ponerme mis botas, mi casco y ganarme el pan dignamente”, agrega por su lado Caros Mendoza, un soldador desempleado.

Para una población golpeada por años de crisis, la idea de volver a vivir un “boom” petrolero suena como el alivio definitivo. Sin embargo, cuando se lee la letra pequeña del acuerdo, y se contrasta con la realidad del país, la pregunta inevitable es una sola: ¿cuántos de esos beneficios llegarán realmente al bolsillo del ciudadano de a pie?

La respuesta corta es que muy poco. A pesar del entusiasmo oficial, el modelo bajo el cual se estructuró este convenio está lejos de generar el bienestar o la estabilidad salarial que la gente necesita para salir adelante.

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El “empleo petrolero” ya no es garantía de salir de la pobreza

Históricamente, la producción petrolera ha activado cadenas de proveedores de transporte, construcción, mantenimiento y otros servicios en el país, lo que ha generado empleo formal en Venezuela y donde se solía imprimir el boleto de ascenso de la clase media. Eso cambió.

El antecedente más claro de lo que espera a los trabajadores está en los proyectos ya operados por North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma encargada de ejecutar el plan de explotación. Según reportó Infobae en agosto, en campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los sindicatos petroleros denuncian que los obreros cumplen jornadas extenuantes bajo esquemas de siete días de trabajo por siete de descanso, ganando apenas unos USD 600, sin seguro médico familiar, sin bonos de producción y al margen de la Convención Colectiva Petrolera.

A primera vista, USD 600 pueden parecer una fortuna frente al salario mínimo oficial congelado en 130 bolívares (menos de USD 1 al mes). Pero la realidad de los comercios y mercados en Venezuela dice otra cosa: la canasta alimentaria familiar supera los USD 670 mensuales. Es decir, ni siquiera el empleado directo de la petrolera que extraerá el recurso ganará lo suficiente para cubrir la comida de su hogar. Si ese es el estándar laboral en las operaciones actuales, hay pocas razones para creer que los nuevos campos vayan a traducirse en salarios dignos para el resto de la población, cuando los términos y las condiciones ni siquiera los fijará el gobierno venezolano.

No habrá efecto cascada por ahora

Muchos comerciantes, mecánicos y pequeños empresarios albergan la esperanza de que la llegada de capital extranjero reactive los negocios del barrio por un “efecto derrame”. Sin embargo, la naturaleza del acuerdo frena esa posibilidad.

Como señala Luis José González, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la inversión sí puede reactivar la cadena de suministro local y dar oxígeno a pymes que orbitan sobre los centros operativos, pero no en las dimensiones que el chavismo en el poder está hablando. Esto se debe esencialmente a la naturaleza del acuerdo, que es extractivista.

“El 100 % de las asignaciones de capital y los proyectos anunciados para Venezuela se concentran en exploración y producción, sin una sola mención a la rehabilitación profunda de refinerías, a la ampliación de complejos petroquímicos o a la construcción de nuevas instalaciones. El país se convierte así en exportador de materia prima barata e importador de derivados caros, perpetuando una dependencia que lo condena a ser patio trasero de la industria occidental”, señala en su análisis.

En términos más sencillos, Venezuela operará únicamente como un exportador de materia prima barata. La cadena de contratistas e industrias locales, que antes generaba miles de empleos formales, seguiría paralizada. Según Gonzáles, las empresas petroleras “compran” servicios de ingeniería, tecnología y perforación a sus propias casas matrices en el exterior o a multinacionales que facturan desde afuera de nuestras fronteras. Es decir, los fondos de capital entran por una mano y salen por otra en el extranjero.

Las transacciones se liquidan en cámaras de compensación de Nueva York o Londres y la banca venezolana no ve ni un dólar. De esta manera, la moneda nacional no se fortalece y el dinero circula en un circuito cerrado internacional sin tocar al comercio del barrio, que es la ilusión de la gente. Además, el experto destaca que, con los términos actuales, Venezuela deberá importar todavía la gasolina y el diésel procesados a precios internacionales caros. Para el ciudadano común, la escasez y el alto costo del combustible no van a desaparecer pronto.

Vea también: ¿Quién es Alejandro Betancourt? El poderoso empresario que conectó a Trump con Delcy

¿Dinero para agua, luz y hospitales?

Existe también la expectativa de que, al vender más petróleo, el Estado tendrá más ingresos para reparar los golpeados servicios públicos o mejorar las pensiones. No obstante, la experiencia de acuerdos similares en la región deja una advertencia clara.

En modelos de contrato, donde las petroleras privadas asumen la inversión bajo condiciones de alto riesgo, estas empresas suelen recuperar primero hasta el 75 % de sus costos antes de repartir beneficios con el Estado, como es el caso de Guyana. De lo que queda, el gobierno apenas capta una fracción mínima del margen neto. Esto significa que el volumen de dinero que entrará al tesoro público para inversión social será considerablemente reducido.

Además, el dinero que logre captar el Estado difícilmente se traducirá en mejores hospitales o un sistema eléctrico estable. La tendencia del gasto público, no solo en el caso venezolano ha sido quemar los ingresos para sostener la burocracia o en el reparto discrecional de bonos de emergencia.

Sin reglas transparentes ni inversión en infraestructura, la renta petrolera volvería a diluirse. Expertos insisten en que el acuerdo petrolero puede ofrecer oxígeno financiero, pero mientras esté diseñado bajo un esquema extractivo, el ciudadano de a pie quedará al margen de las ganancias.

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El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aseguró este martes que sigue luchando por la liberación de su padre y de la esposa de este, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde hace casi ocho meses, tras haber sido capturados en Caracas por tropas del país norteamericano.

“Seguimos aquí trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Espero que podamos seguir teniendo (...) buenas noticias, estamos aferrados (...) a la fe y a la esperanza de que pronto los veremos libres”, expresó Maduro Guerra.

En un video que publicó en su cuenta de X, el también miembro de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio detalles de las supuestas fotografías de su padre publicadas el domingo en las redes sociales.

Según el diputado, las dos fotos fueron tomadas el pasado 25 de junio, un día después del devastador doble terremoto en su país que dejó al menos 6.509 muertos, motivo por el que Maduro “estaba muy conmocionado, muy afligido y muy pendiente”.

“Él, ese día, con las llamadas que tiene permitidas, nos llamó casi cuatro, cinco veces muy pendiente de la situación, preguntando cosas, cómo estaba La Guaira (la región más afectada, aledaña a Caracas)”, señaló el hijo, quien también relató que su padre pensó que esas fotografías pudieran “enviar un mensaje de que él estaba bien, fuerte y que está resistiendo”.

Las fotografías, en las que el depuesto mandatario sale con un pantalón y sudadera grises, fueron difundidas como un “pequeño regalo de amor y esperanza”, según un mensaje que acompaña la publicación y que, aseguró hoy el hijo, fue dictado en una llamada telefónica el pasado viernes.

Maduro y Flores fueron capturados por EE.UU. durante una operación militar en la capital venezolana, el pasado 3 de enero. Dos meses después, Venezuela y EE.UU. retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años.

Maduro enfrenta un juicio en Nueva York por presuntamente conspirar para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

La semana pasada, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero “histórico” que, según la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, tras el acuerdo.

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El gigante petrolero estadounidense Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir USD 7.000 millones durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país.

Su anuncio llega tan solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera público un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

Concretamente, y según ha detallado este miércoles a través de un comunicado, Chevron ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a USD 7.000 millones en cinco años, el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan más que duplicar la producción en ese período, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Como parte de los acuerdos, la compañía ha recibido nuevas áreas en la llamada Faja del Orinoco, donde ya cuenta con presencia.

“Nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas”, aseguró en el comunicado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

Así, “con mejores condiciones y áreas adicionales, estamos fortaleciendo una cartera que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo costo, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo”.

En concreto, los acuerdos asignan a la empresa conjunta Petroindependencia, participada en un 49 % por una filial de Chevron, los derechos para desarrollar las áreas adyacentes Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, situadas en la Faja del Orinoco.

Estas áreas amplían la zona de operaciones de Petroindependencia, donde la empresa conjunta está aumentando la producción de crudo extrapesado.

La asignación se suma al acuerdo alcanzado en abril, por el que Chevron elevó al 49 % su participación en Petroindependencia y obtuvo los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8, adyacente a la empresa conjunta Petropiar.

En conjunto, las tres empresas conjuntas de Chevron han aumentado su producción un 15 % en lo que va de año. Wirth ha agradecido también el papel de la administración estadounidense, en particular del Departamento de Energía y del secretario de Energía, Chris Wright, para ayudar a facilitar las condiciones necesarias para nuevas inversiones y crecimiento.

Chevron está presente en Venezuela desde 1923. Sus empresas conjuntas Petroindependencia y Petropiar desarrollan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Petroboscan opera en el estado de Zulia, en el oeste del país.

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó el martes a Venezuela para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, cuatro días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

Wright y su delegación fueron recibidos pasadas las 8:30 p. m., hora local, por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, próximo a Caracas, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes de la llegada.

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Se trata de la segunda visita de Wright a Venezuela luego de que el pasado febrero viajara a Caracas para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con Delcy Rodríguez.

La nueva visita tiene como objetivo la firma de un nuevo contrato para Chevron, según explicó en una llamada con periodistas un funcionario estadounidense, quien detalló que está previsto que el miércoles la petrolera estadounidense anuncie “la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (de Venezuela)”.

El pasado viernes, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero “histórico”, que, según Rodríguez, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios. Estados Unidos, sin embargo, habló de concesiones por un siglo y de su control en la empresa North American Blue Energy Partners.

En febrero, Wright y Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.

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Wright visitó entonces con Rodríguez las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la Faja del Orinoco, una zona que se extiende por el este del país.

El pasado 23 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Wright está “dirigiendo Venezuela” y lo felicitó por el “gran trabajo” que está haciendo “mejor que nadie nunca antes”.

Venezuela cedió este año el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido Hugo Chávez.

La reforma en mención, que se aprobó el mismo mes de enero en el que fue depuesto y capturado Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en Caracas, ha permitido la llegada de nuevo capital. Según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Ella anunció recientemente que su país está produciendo 1,23 millones de barriles por día (bpd), su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.

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El Gobierno de Estados Unidos defendió este martes el acuerdo petrolero cerrado con el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, como un paso necesario y previo para la futura celebración de unas elecciones democráticas en Venezuela.

Durante una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato vinculó la democratización del país con la reconstrucción económica de Venezuela, especialmente del sector petrolero, que dijo que va relacionada con el acuerdo.

“Queremos que un nuevo Gobierno de Venezuela, un Gobierno de la República democráticamente elegido, herede no un país quebrado, sino un país que al menos haya sido estabilizado y esté funcionando”, explicó dicho funcionario.

Añadió además que el nuevo acuerdo permitirá que el país caribeño reinvierta ingresos que obtenga en modernizar su industria petrolera, algo que, según él, no sucedía durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La misma fuente explicó que la futura celebración de unas elecciones libres en el país, para la que no hay una fecha fijada, es un paso “importante” y debe ser “la culminación de los esfuerzos” para estabilizar el país.

Apuntó que si las elecciones en Venezuela se celebraran la próxima semana, se llevarían a cabo bajo “los mecanismos establecidos por Hugo Chávez”, y apuntó que el país todavía necesita una nueva autoridad electoral, una prensa libre y partidos políticos fortalecidos.

Puso el ejemplo de Nicaragua como advertencia, al recordar que el país centroamericano retornó al sandinismo 16 años después a través de unas elecciones porque no se hizo el trabajo necesario para prevenirlo.

“Una de las cosas más importantes es conseguir que el país no se limite a una elección o a dos, sino que se convierta en una democracia estable, una república estable que pueda celebrar elecciones de manera recurrente”, dijo.

El acuerdo anunciado la semana pasada, que daría acceso a Estados Unidos a cerca de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, ha despertado suspicacias entre sectores que consideran que la Administración de Trump no está verdaderamente interesada en impulsar una transición democrática en el país.

El funcionario del Gobierno explicó a su vez que, con el acuerdo firmado, Estados Unidos no solo se asegura un suministro de crudo, sino que logra que un productor importante como Venezuela se alinee con Washington y no con actores como China o Rusia.

Esto último, subrayó, implica que Caracas no volverá a regalar o a vender crudo a precios rebajados a estas potencias y que por ello los venezolanos podrán recibir las regalías y los impuestos establecidos en la recién reformada ley de hidrocarburos.

El funcionario agregó que el pueblo venezolano “lo que quiere es un alivio económico inmediato, porque sufre a diario” y que por ello el Gobierno Trump no quiere retrasar una parte del proceso -el desarrollo de la industria petrolera, en este caso- para esperar a que se celebren elecciones democráticas.

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El nombre de Alejandro Betancourt López está hoy en boca de todas las personas que siguen de cerca el polémico acuerdo petrolero entre Venezuela y el gobierno de Donald Trump. Y es que el empresario de venezolano, de 46 años, se convirtió en la pieza clave para conectar los intereses de la Casa Blanca con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, según ha informado la prensa internacional. Su historia incluye contratos millonarios en su país gracias al chavismo e investigaciones judiciales abiertas en Europa.

Nacido en Caracas en 1980, Betancourt hizo su primera fortuna antes de cumplir 30 años. Su empresa Derwick Associates, recién fundada y sin experiencia previa, obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos USD 5.000 millones para construir plantas termoeléctricas durante la emergencia energética decretada por Hugo Chávez, según reconstruyó El País.

La ONG Transparencia Venezuela calculó el sobreprecio de esos contratos en unos USD 2.900 millones, y varias de esas plantas nunca llegaron a funcionar como se prometió. De ahí nació el apodo con el que se le conoce hasta hoy: el “bolichico”, término que designa a los jóvenes empresarios que se enriquecieron con contratos públicos durante el chavismo.

De la electricidad pasó al petróleo, sector donde hoy concentra su fortuna a través de North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda mayor petrolera privada de Venezuela, según detalló Business Insider España. Según las informaciones citadas por ‘The New York Times’ y otros medios estadounidenses, produce actualmente alrededor de 200.000 barriles diarios.

De acuerdo con France 24, ese historial de incremento de producción resulta especialmente relevante para Washington. Mientras la industria petrolera estatal venezolana permanece muy por debajo de su potencial histórico, NABEP se ha convertido en uno de los pocos operadores privados que han conseguido aumentar significativamente su producción en los últimos años.

Precisamente esa capacidad operativa habría contribuido a que la Administración Trump considerara a Betancourt un socio útil para reconstruir rápidamente parte de la industria petrolera venezolana.

Pero de ahí también pesa su mayor problema legal: la Audiencia Nacional española, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, reabrió en junio una causa por blanqueo de capitales y delito fiscal que lo acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de PDVSA con USD 42 millones para defraudar USD 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas.

Ese caso se desprende de otra investigación suiza, la “Operación Bolívar”, que a su vez nació de una alerta de las autoridades de EE. UU., según reportó El Confidencial. Betancourt niega las acusaciones y, según su abogado, nunca ha sido imputado formalmente.

Precisamente por esas investigaciones, Betancourt no pudo salir durante casi ocho meses del Reino Unido, donde se desplazaba entre sus mansiones de Chelsea y Oxfordshire mientras Suiza pedía su extradición y retenía sus pasaportes, uno italiano y otro venezolano. La situación cambió en mayo, cuando el cantón de Zúrich levantó las restricciones, un movimiento que fuentes diplomáticas atribuyen a la presión de la administración Trump, de acuerdo con El Confidencial.

Vea también: El giro petrolero de Venezuela: qué gana y qué pierde con el acuerdo con EE. UU.

Desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, la Administración Trump habría recurrido a él como intermediario entre Washington y el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Su ventaja, según personas familiarizadas con las gestiones citadas en las informaciones publicadas, sería precisamente su conocimiento de ambos mundos: el funcionamiento del negocio petrolero venezolano y las relaciones con empresarios e inversores estadounidenses.

Su función como puente se hizo más evidente a mitad de año. Semanas después de ese levantamiento de sanciones, el pasado 27 de junio, un avión privado procedente de Palm Beach lo dejó en Caracas, apenas tres días después de los terremotos que dejaron más de 6.000 muertos en el país. Fue el primero de al menos dos viajes envueltos en irregularidades. Un segundo plan de vuelo, fechado el 22 de julio, fue enviado dos veces con pasajeros distintos, y en la versión final el nombre de Betancourt desaparece del listado, algo que una fuente cercana al caso interpretó, según El País, como una maniobra deliberada para ocultar su llegada al país.

En paralelo a esos movimientos, Betancourt reforzó su posición en el sector petrolero venezolano: compró la participación minoritaria que el inversionista Harry Sargeant III tenía en NABEP por USD 300 millones, después de que el Departamento de Tesoro estadounidense presionara a Sargeant para que se retirara del negocio. Luego llegó el acuerdo anunciado por Trump.

El acuerdo le da a la compañía de Betancourt acceso a 17 campos petroleros con reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles, una quinta parte del total de las reservas venezolanas.

Según The Wall Street Journal, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tomará una participación pasiva del 35 % en NABEP y obtendrá derechos preferentes para comprar el 20 % de su producción a precio de coste. ¿Qué significa esto?

Esto significa que EE. UU. pondría capital, pero no operaría la empresa día a día. El Pentágono mismo ha aclarado que legalmente no puede comprar acciones de empresas privadas de forma directa, así que probablemente esto se estructura como préstamos, garantías o asistencia técnica, no como una compra de acciones en el sentido tradicional.

Lea también: Control de barriles: Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

Washington también tendría derecho preferente a comprar el 20 % de la producción de esos campos “a precio de coste”, es decir, sin el margen de ganancia que normalmente se le suma al precio de mercado. O una garantía de crudo barato, en palabras más simples. Y Betancourt era el puente necesario para que esa operación se pusiera en marcha.

Las grandes petroleras estadounidenses no quieren meterse solas en Venezuela por el riesgo político y regulatorio. Betancourt ya opera ahí, conoce la burocracia, tiene relación con los funcionarios y lleva meses ayudando a EE. UU. a identificar qué activos energéticos sirven y cuáles no. Es, literalmente, el traductor entre el sistema venezolano y el estadounidense.

De acuerdo con France 24, el acuerdo puede representar una transformación radical para la propia NABEP. La compañía ha operado durante años en un entorno marcado por las sanciones estadounidenses, las restricciones financieras y la incertidumbre política venezolana. Un respaldo directo de Washington facilitaría el acceso a financiación, equipos, tecnología y suministros que hasta ahora han sido difíciles de obtener.

El papel de Betancourt como puente entre Washington y Caracas fue confirmado por Mauricio Claver-Carone, hasta hace poco enviado especial de EE. UU. para Venezuela, quien reconoció ante Reuters que él y otros funcionarios lo usaron como intermediario para conectar al nuevo poder venezolano con capital privado y operadores estadounidenses.

“(Betancourt) estaba en una posición única para poner en marcha el proyecto: su empresa ya opera en el país y mantiene una estrecha relación con altos cargos venezolanos”, recogió The Wall Street Journal.

Todo esto es vital para entender el marco del acuerdo. No es que EE. UU. “compre” petróleo venezolano directamente, sino que se ha metido al mercado como financista y comprador preferente dentro de la empresa de un venezolano que conoce el terreno. Mientras tanto, sus procesos judiciales abiertos por presunto lavado de dinero ligado justamente al petróleo venezolano seguirán en el aire.

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Los nuevos giros que ha dado la relación comercial y política entre Estados Unidos y Venezuela parecen sacados de un escenario hipotético. Hace apenas un año, esta cercanía y estos acuerdos habrían sido vistos como algo imposible. Sin embargo, ahora forman parte de la nueva normalidad de las relaciones bilaterales, especialmente tras el anuncio, este 28 de agosto, de un acuerdo petrolero entre ambas naciones que el presidente Donald Trump calificó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y que, según afirmó, permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.

El acuerdo contempla 17 campos petroleros que, en conjunto, estarían asociados a unos 65.000 millones de barriles de reservas. La idea es que empresas y capital estadounidense participen directamente en la recuperación y explotación de esos campos, con una participación mayoritaria de Estados Unidos en la estructura que los administrará.

Según Antonio De Lisio, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV), los 65.000 millones de barriles mencionados en el acuerdo deben entenderse, por ahora, como un potencial de reservas cuya certificación no está del todo clara. Explica que están distribuidos en 17 campos, algunos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde todavía sería necesario verificar y certificar las reservas, y otros en la cuenca del lago de Maracaibo, donde existiría mayor certeza sobre los recursos disponibles.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que el acuerdo petrolero,tendrá una duración de 25 años y contempla elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez afirmó que el Gobierno también busca ampliar la cooperación con grandes compañías internacionales, entre ellas Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con la intención de fortalecer a Venezuela como potencia energética.

Sin embargo, esta alianza, que varios analistas ya anticipaban tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, evidencia un cambio significativo en la relación entre Caracas y Washington. La operación estadounidense que terminó con la detención del exgobernante marcó un punto de inflexión y, desde entonces, la postura del Gobierno venezolano frente a la cooperación con Estados Unidos ha cambiado significativamente.

El acuerdo petrolero también deja ver cómo los intereses de Washington comienzan a adquirir una mayor presencia dentro de Venezuela, no solo en el ámbito energético, sino también en las decisiones económicas y políticas del país.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es precisamente la duración de la alianza: 25 años. Para De Lisio, mantener durante ese periodo un esquema en el que Estados Unidos tendría un control directo sobre parte de los recursos petroleros venezolanos supondría un retroceso en la participación del Estado sobre su propia industria.

El investigador compara el modelo con una especie de arrendamiento que, según cálculos preliminares basados en información de prensa, podría dejar a Venezuela alrededor de USD 3,24 por barril. Una cifra que estaría muy por debajo de la cotización internacional del petróleo y que, de acuerdo con su análisis, incluso sería inferior a las regalías que el país recibía hace más de un siglo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.

En ese sentido, De Lisio considera que el acuerdo representa un cambio significativo frente al modelo que se consolidó con la nacionalización petrolera de 1976, e incluso frente al esquema 50/50 establecido en 1948, cuando el Estado venezolano comenzó a garantizar una participación equivalente a la de las empresas explotadoras en los beneficios del petróleo.

Desde otra perspectiva, Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, considera que el acuerdo podría favorecer la recuperación de la industria petrolera venezolana. Según explicó a CNN, el hecho de que las grandes compañías del sector operen bajo un marco jurídico estadounidense podría ofrecer mayores garantías y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

Ambos gobiernos han presentado la alianza como una oportunidad para impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana. Delcy Rodríguez aseguró que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la reactivación del sector, pero insistió en que el acuerdo no supone una cesión de la soberanía venezolana sobre sus recursos.“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó la mandataria encargada, al defender un esquema en el que, según explicó, cada parte contribuiría con aquello que está en mejores condiciones de aportar.

Sin embargo, para De Lisio, el acuerdo también supone un giro en la orientación política que había mantenido el chavismo. “Delcy Rodríguez está sacrificando todo lo que había venido siendo el legado de Chávez para acá: la idea de un mundo multipolar y la necesidad de establecer asociaciones con países que, desde el punto de vista de la visión revolucionaria y socialista, estarían más cerca de Venezuela, como China”, afirmó el profesor.

El experto añadió que Rodríguez estaría dejando de lado parte de sus posiciones ideológicas a cambio de preservar una situación política más estable, lo que podría favorecer sus posibilidades de mantenerse en el poder e incluso llegar a ejercer la Presidencia de Venezuela, cuyo periodo está previsto hasta 2030.

Para Donald Trump, el acuerdo podría traducirse en beneficios tanto energéticos como políticos. En materia petrolera, y según la interpretación planteada por el propio presidente estadounidense, Washington tendría acceso a una parte importante de los recursos venezolanos sin tener que recurrir directamente a sus propias reservas estratégicas de crudo.

Pero el posible beneficio más inmediato para Trump sería político. Con las elecciones de medio término de noviembre en el horizonte, un aumento de la oferta de petróleo venezolano podría contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos. Si los consumidores perciben una disminución en el costo del combustible, Trump podría presentar el acuerdo como un resultado concreto de su política hacia Venezuela y convertirlo en un rédito político de cara a las elecciones.

De Lisio considera que el acuerdo podría abrir una nueva etapa para la industria petrolera venezolana, aunque sus efectos dependerán de la llegada efectiva de capital y de la capacidad para recuperar la producción. Los USD100.000 millones anunciados serían una inversión progresiva, por lo que recuperar los niveles productivos de hace más de una década seguiría siendo difícil. Además, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), perdería parte del control sobre los campos incluidos, aunque esto no implicaría necesariamente una pérdida de soberanía, pues los recursos del subsuelo siguen perteneciendo al Estado. El alcance real de estos cambios, advierte el experto, solo podrá conocerse cuando se hagan públicos los términos definitivos del acuerdo.

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Este domingo, Nicolás Maduro, antiguo líder del régimen venezolano, difundió por primera vez imágenes suyas desde la prisión de Nueva York donde permanece recluido desde hace ocho meses, tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas.

En las fotografías, Maduro aparece sonriente, vestido con ropa deportiva gris y haciendo con ambas manos la señal de la victoria. En una de las imágenes lleva sus gafas puestas y en la otra las sostiene en la mano.

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Las fotografías fueron tomadas el pasado 25 de junio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde Maduro permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, desde enero.

Junto a las imágenes, Maduro publicó un mensaje dirigido a sus familiares y seguidores en el que aseguró que permanece firme pese a su situación. También agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los meses que lleva detenido y afirmó que mantiene intacta su fe y esperanza en el futuro de Venezuela.

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La difusión de las imágenes ocurre apenas dos días después de que el gobierno de Delcy Rodríguez anunciara un acuerdo energético con la Administración de Donald Trump. El pacto contempla que Estados Unidos tenga control mayoritario sobre unos 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, una cantidad equivalente a cerca del 22 % de las reservas probadas del país.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro en su cuenta de X.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, añadió.

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El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores está previsto para comenzar en junio de 2027. Antes, el 17 de noviembre, una audiencia determinará si Maduro puede alegar inmunidad como jefe de Estado. Mientras permanece preso en EE. UU., se conocen pocos detalles de su rutina: tras pasar por aislamiento, ahora comparte espacio con otros reclusos, lee la Biblia, ve televisión y mantiene llamadas frecuentes con Caracas.

En su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, en enero, Nicolás Maduro negó todos los cargos que enfrenta en Estados Unidos y se declaró inocente. Su esposa, Cilia Flores, también rechazó las acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 28 de agosto, un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, dará a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas conocidas de crudo venezolano.

Trump calificó el pacto como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red Truth Social, que según el presidente, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”, escribió el mandatario.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de “Estados Unidos primero”: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

Por su parte, la líder chavista aseveró que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela.

Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

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Tras llegar de Venezuela en 2021, Tangieth Paola Carrasquero López intentaba tener una vida normal en Estados Unidos junto con su pareja: trabajaba, pagaba sus impuestos, cumplía con sus obligaciones con Inmigración y tenía previsto entrar a estudiar en la universidad.

Pero parecía que los sueños se truncaban para la joven de 23 años el pasado 27 de julio durante una cita migratoria rutinaria en Atlanta, donde fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese a estar en medio de un proceso de asilo, tener un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y un permiso de trabajo hasta 2030, según dijo su pareja a EFE.

Como le ha ocurrido a otros cientos de migrantes que acuden a su cita anual con inmigración, Paola, como le llaman sus seres queridos, terminó recluida en un centro de detención de ICE y no le valió haber cumplido con todos sus trámites migratorios ni carecer de antecedentes penales.

“La detuvieron prácticamente sin razón. Desde que sometió su solicitud de asilo, ella tenía que presentarse una vez al año a ICE. Estos cuatro años se había presentado sin ningún problema. Desafortunadamente, esta vez fue diferente”, declaró su pareja, Andrés, un venezolano que prefirió no revelar su apellido por razones de seguridad.

Paola presentía lo que estaba a punto de ocurrir porque había visto a otras personas que estaban ahí siendo detenidas y, en un mensaje de texto, le expresó a Andrés su preocupación. Pocos minutos después sus temores se hicieron realidad: “Mi amor, me van a llevar presa”, envió en un mensaje por última vez.

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Carrasquero fue recluida en el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, considerado uno de los centros de detención de ICE más señalados por denuncias de abusos en el país.

El centro reabrió sus puertas el año pasado —con el regreso de Donald Trump a la presidencia— tras haber cerrado en 2021 en medio de una serie de escándalos por abusos a los derechos humanos, incluidas denuncias por cirugías ginecológicas y operaciones sin el consentimiento de las detenidas.

Durante casi dos semanas en la cárcel, la joven no recibió el medicamento para una condición de ovarios poliquísticos, ni tratamiento para el dolor abdominal, lo que agravó su situación de salud, según denunció Andrés.

Al parecer, tras la presión mediática que recibió el caso -cree el venezolano- comenzaron a suministrarle el medicamento a su pareja, y el pasado fin de semana, al cabo de casi un mes encerrada, fue sorpresivamente liberada con una fianza de USD 12.000, algo poco habitual en estos casos en los que la mayoría acaba deportado.

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No acudir también es riesgoso

Desde hace algunos meses, ICE comenzó a detener a las personas que se presentaban en sus citas migratorias, como parte de la ofensiva migratoria que emprendió el año pasado el Gobierno Trump, una situación que está generando zozobra en la comunidad migrante.

Organizaciones hispanas, así como abogados de inmigración, están alertado sobre esta práctica y advierten que estas citas, que antes eran consideradas rutinarias, ahora son “peligrosas” para la mayoría de los migrantes, incluso para aquellos como Paola que tiene un proceso de asilo pendiente o un TPS aún vigente.

Pese a ello, los abogados de inmigración siguen recomendando a sus clientes no faltar a la cita porque las consecuencias podrían ser peores, ya que pueden enfrentar una orden de arresto y perder todas las solicitudes o mociones pendientes.

“La respuesta correcta no es faltar a la cita, es ir a su cita con un abogado que ya haya tomado todas las medidas de protección disponibles”, recomendó Modern Law Group, una firma nacional de abogados de inmigración.

La pareja venezolana, por su parte, ha recuperado la esperanza de continuar su vida en este país, aunque reconoce que aún queda un largo camino que recorrer para completar el proceso migratorio.

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Un militar venezolano retirado acusado de ordenar torturas y que había adoptado una nueva vida como actor de televisión en el sur de Florida fue deportado, según las autoridades de inmigración estadounidenses, lo que interrumpió el caso de sus acusadores en un tribunal federal.

El oficial, Rafael José Quero Silva, un ex teniente coronel de la Guardia Nacional de Venezuela, fue deportado este mes, dijo el miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en un comunicado.

Quero Silva solía liderar una unidad militar notoriamente represiva en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, incluso durante un periodo de represión de protestas antigubernamentales en 2013 y 2014. Más tarde llegó a Estados Unidos y se quedó más tiempo del permitido por su visa, según el ICE. En 2018, venezolanos que vivían en el país descubrieron que tenía una nueva vida en los suburbios de Miami como extra de televisión en la telenovela en español Mi familia perfecta.

El ICE detuvo a Quero Silva en febrero de 2025 y, más tarde ese año, cinco personas lo demandaron en un tribunal federal, afirmando que soldados los habían torturado, disparado o golpeado bajo el mando de Quero Silva en medio de la represión del gobierno contra las protestas.

La deportación de este mes causó un cambio abrupto de rumbo en la demanda. Almudena Bernabeu, una abogada de derechos humanos internacionales que representa a los demandantes, dijo que estaban decepcionados de que no tendrían la oportunidad de un juicio completo. Pero Bernabeu dijo que sus clientes seguirían buscando una indemnización por daños y perjuicios y una oportunidad para dejar constancia de sus experiencias.

“Lucharemos para asegurarnos de que haya justicia, incluso si es en ausencia”, dijo Bernabeu. “Es muy importante que se escuchen sus historias”.

El abogado de Quero Silva, Eduardo X. Pereira, no respondió a una solicitud de comentarios el jueves por la tarde.

Si la demanda civil, presentada en el Distrito Sur de Florida, hubiera procedido, habría sido la primera vez que un oficial militar venezolano se hubiese enfrentado a un juicio en Estados Unidos tras ser acusado de abusos llevados a cabo bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela.

Después de que Maduro tomara el poder tras unas elecciones muy disputadas en 2013, los venezolanos que cuestionaban los resultados protestaron durante meses, también en Barquisimeto, una ciudad de 1,2 millones de habitantes en el noroeste de Venezuela.

Las manifestaciones se volvieron violentas y cobraron al menos 40 vidas a nivel nacional, incluidos nueve miembros de las fuerzas de seguridad, y fue un punto de inflexión en la disposición del nuevo gobierno a reprimir la disidencia.

Los grupos de derechos humanos documentaron casos de redadas agresivas por parte de soldados en Barquisimeto que implicaron el uso de gas lacrimógeno y la falta de órdenes de allanamiento en al menos 12 complejos residenciales cerrados.

La demanda estadounidense contra Quero Silva acusó a los soldados bajo su mando de disparar gas lacrimógeno y balas de goma dentro y en dirección a los complejos de apartamentos de las personas; de incendiar el techo de un edificio; de romper las ventanas de los apartamentos, y de dañar edificios y automóviles. Una demandante dijo que su apartamento había sido atacado porque a menudo ayudaba a los manifestantes.

Quero Silva solía estar allí al frente, decía la demanda, supervisando estos operativos militares. Los demandantes lo conocían y dijeron que lo reconocieron mientras estaban bajo custodia o participaban en las protestas, un factor inusual poco común en los casos de derechos humanos en los que las víctimas intentan que los perpetradores rindan cuentas.

Quero Silva regresa a una Venezuela que ha cambiado drásticamente desde que se fue. El ejército estadounidense capturó a Maduro en un recinto en la capital, Caracas, en una operación este año, afirmando que enfrentaría cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump respaldó entonces a su vicepresidenta como la nueva líder interina del país, y el presidente Trump declaró que la supervisión de Estados Unidos podría durar años.

Luego, dos graves terremotos sacudieron el norte de Venezuela este verano, devastando el país y exponiendo la medida en que los servicios de emergencia, la atención médica y otros sectores críticos de la nación habían sido desmantelados por la corrupción y la mala gestión durante muchos años.

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