El empresario venezolano Alejandro Betancourt, señalado de corrupción y quien dirige la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), habló por primera vez en un acto de inspección de los proyectos petroleros y de gas que han firmado la administración de Delcy Rodríguez y Estados Unidos.

«Hoy pudimos constatar con personal del Departamento de Estado, con el personal de PDVSA, estuvimos en el módulo de compresión Bachaquero Lago 2, que vimos cómo estaba comportándose. Estamos viendo los avances en Bachaquero 3, en Ceuta 4, que esperamos que los próximos cuatro meses también se incorporen a la producción de Petrozamora», expresó Betancourt desde el estado Zulia, durante un pase en la actividad presidida por Rodríguez y el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, Jhon Barrett.

Betancourt es uno de los dueños de Nabep, la compañía seleccionada por el Gobierno de Estados Unidos para la firma de un convenio que permitirá la explotación de al menos 20 % de la reservas probadas venezolanas durante 25 años.

Según Betancourt, se rompió el «récord de 115 mil barriles», al tiempo que dijo que «es un orgullo estar aquí con el personal que tenemos, con los trabajadores de Nabep y Pdvsa y llevar todo esto, todo constantemente rompiendo récords, y solamente trabajo y logros para el país y para el acuerdo binacional entre los dos países».

El embajador Barrett agradeció a la encargada del Ejecutivo venezolano, a los líderes de Nabep y a los ministros encargados del área energética. «Realmente es impresionante el trabajo que se está haciendo. Eso es un gran acuerdo. Estamos superorgullosos de estar aquí con ustedes. Está cambiando el escenario de energía, no solamente en Venezuela. Para nosotros en los Estados Unidos (Venezuela) es un gran socio, un gran acuerdo y estamos muy entusiasmados y muy impresionados con todo el desempeño».

Alejandro Betancourt, conocido bajo el mote de «bolichico», es señalado por organizaciones como Transparencia Venezuela de haber hecho una fortuna con contratos gubernamentales sin licitación para plantas eléctricas con presuntos sobreprecios, por unos 2.900 millones de dólares, con la empresa Derwick Associates de Venezuela S.A.

Derwick también estaba señalada de otorgar sobornos a funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, para sobrefacturar. Años después, Betancourt entró al mundo petrolero con una participación en Petrozamora, una compañía mixta con operaciones en Maracaibo y que luego se convirtió en núcleo de Nabep.

Según Transparencia Venezuela, hasta mediados de octubre de 2025, Alejandro Betancourt estaba vinculado con al menos 50 empresas en unos 15 países de América, Europa y Asia, «dedicadas a la prestación de servicios financieros, compra y venta de petróleo y la construcción de obras civiles».

El empresario ha sido investigado por la justicia de diversos países, incluidos Venezuela, España y Suiza. A principios de septiembre, durante la visita del secretario de Energía Chris Wright, la propia Rodríguez lo defendió de los cuestionamientos sobre su pasado judicial, y afirmó que fue sobreseído por una investigación sobre presunta corrupción «hace años» y tampoco enfrenta una causa penal en Estados Unidos.

El nuevo socio petrolero de la Casa Blanca lleva más de un año bajo la lupa de la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Sin embargo, según reportó El País, la causa está paralizada desde hace meses por la inacción de Washington.

El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.800 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos clave porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido.

Tras haber archivado la causa una primera vez, el juez Santiago Pedraz advirtió que volverá a engavetar el caso si en diciembre no hay respuesta de EE. UU.

_{*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.}

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Gema Santelis vive en un departamento de 300 metros cuadrados y seis habitaciones, pero su situación económica le impide reparar por su cuenta los destrozos generados por los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos y cientos de edificaciones colapsadas en Venezuela.

Los dos potentes sismos que sacudieron al país el 24 de junio desnudaron la gravedad de una crisis económica que ha empobrecido incluso los bolsillos de quienes vivieron las mieles de una época de bonanza petrolera y lograron adquirir lujosos inmuebles hace algunas décadas.

Unos 5.500 apartamentos sufrieron daños en Los Palos Grandes, un barrio acomodado en Caracas, el más afectado por los terremotos en esta capital.

Aunque lejos de los destrozos de La Guaira, un popular balneario ubicado a 40 km de Caracas que fue arrasado, para Gema ha sido una "desgracia" ver las paredes de su propiedad colapsar violentamente.

"Nos cambia la vida no solo económicamente, también emocionalmente", cuenta a la AFP esta mujer de 83 años, que ha recuperado la sonrisa tras un plan activado por la alcaldía para asistir a personas mayores de 65 años en la reparación de sus propiedades.

Aunque en teoría vive en una zona de clase media alta, tanto ella como la mayoría de sus vecinos admiten que no pueden asumir los costos de reparar sus apartamentos debido a la espiral inflacionaria y la precarización en los ingresos.

En esta zona el mayor porcentaje de propietarios son de la tercera edad, pero también hay familias jóvenes que a duras penas han podido reparar sus inmuebles después de los terremotos. Algunos incluso se vieron obligados a habitarlos sin haberlos arreglado.

"En cuatro meses apenas hemos podido levantar las paredes", relata a la AFP María Alejandra Escalante, una entrenadora personal de 35 años que lleva meses fuera de su apartamento por los daños que sufrió la estructura.

Ha sido una "remodelación forzada porque no puedo dejar mi casa así", afirma Escalante que comparte el departamento con su novio.

"Es un desafío", apunta. Tres bancos le han rechazado solicitudes de préstamos alegando que no existe la categoría para remodelar viviendas.

Estimaciones de la alcaldía indican que en promedio se requieren USD 15.000 para reparar un apartamento en esta zona, una fortuna para la mayoría frente a ingresos devorados por la inflación más alta del mundo.

De hecho, Escalante necesita entre USD 10.000 y USD 15.000 para arreglar su propiedad, algo que hace a cuentagotas mes a mes con ayuda de su pareja.

Vivir en Chacao estaba asociado a la idea de "tener dinero"

El país con las mayores reservas de petróleo del mundo suma años de una crisis marcada por una voraz inflación, que persiste tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

Bajo fuerte presión de Washington, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha impulsado reformas petroleras para atraer la inversión extranjera, pero sus efectos aún están lejos de los bolsillos del venezolano de a pie.

Sin ayuda "hubiera sido sumamente cuesta arriba y muy tardío el trabajo" de reconstrucción, agrega Santelis.

"La gente piensa que los que vivimos en Los Palos Grandes tenemos real (dinero), y no es así", comenta por su parte Segundo Salas, licenciado en administración de 71 años.

Hace unos años vivir en Chacao estaba asociado a la idea de "tener dinero", "pero eso va muy lejos de la realidad, pues hay personas que no tienen como mantener su apartamento", observa Escalante.

La precaria situación económica contrasta con una vida comercial cada vez más movida como parte de un proceso de gentrificación en auge tras la pandemia de covid que atrae a visitantes de otras zonas de Caracas.

Los restaurantes nuevos se abren paso y hay tantos autos de lujo aparcados frente a los nuevos locales que queda poco espacio para caminar.

"Cuando yo me mudé aquí hace nueve años, teníamos con qué (dinero), pero después la situación económica cambió tanto que es imposible que yo hubiera podido costear todas las circunstancias aquí", describe Salas, que recibió ayuda de la alcaldía para reparar su propiedad.

Gustavo Duque, alcalde de este municipio con unos 70.000 habitantes, asegura que "por más esfuerzo que hicieran los condominios no tienen capacidad ni los vecinos de hacer" reparaciones como estas.

Los terremotos abrieron aún más las heridas económicas del país. "Si existiera un mejor nivel de ingresos y posibilidad de créditos, se podría resolver y tener capacidad de ahorro, pero eso es cuesta arriba", afirma Escalante.

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El Gobierno de Venezuela dice que 6509 personas murieron en los terremotos consecutivos en junio. Pero las proyecciones de diversas fuentes, entre ellas un análisis de The New York Times de edificios residenciales y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), sugieren que es probable que se trate de un subregistro considerable.

El USGS ha usado durante años la seriedad de los sismos, datos históricos y la distribución de la población para intentar calcular las muertes después de un terremoto. La información suele ser más precisa en incidentes con un mayor número de víctimas, como este, dijo David Wald, un sismólogo en el USGS.

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Para los terremotos de Venezuela, la estimación promedio del USGS es que murieron 53.000 personas, lo que significa que hay un 50 % de probabilidad de que la cifra real sea superior a esa, y un 50 % de probabilidad de que sea inferior. El USGS también dice que hay aproximadamente un 81 % de probabilidad de que la cifra real de muertes sea superior a 10.000.

Un obstáculo para calcular una cifra confiable de muertes en Venezuela es la ausencia de un censo oficial actualizado del Gobierno. Para abordar ese problema, el USGS utiliza un modelo llamado LandScan para “envejecer” el censo más reciente. El modelo, desarrollado en el Laboratorio Nacional Oak Ridge, también utiliza cifras independientes de la Organización de Naciones Unidas para perfeccionar las proyecciones. LandScan utiliza decenas de otras variables, como el uso del suelo, los caminos y la proximidad a las áreas urbanas para calcular dónde es probable que estén las personas cuando la tierra tiembla.

El Gobierno venezolano no respondió a los mensajes en los que se detallaban nuestros hallazgos y se le solicitaban comentarios. Un análisis del Times de imágenes satelitales, visuales a nivel del suelo y el tipo de edificio también arroja dudas sobre la cifra oficial de muertos del Gobierno.

Nuestra revisión de las viviendas públicas en el estado más afectado, La Guaira, muestra que 16 torres de viviendas públicas colapsaron allí después de los sismos. Cada torre de concreto tenía 12 pisos residenciales con ocho apartamentos por piso, según los planos de planta obtenidos por el Times y las observaciones en el lugar.

Para calcular el número estimado de residentes por departamento, utilizamos un censo de uno de los complejos realizado por su consejo comunal, el cual indicaba que en cada unidad vivían un promedio de 3,4 personas. Corroboramos esta información con antiguos residentes y con un comunicado oficial del Gobierno, que señalaba que en cada departamento de vivienda pública vivían alrededor de cuatro personas.

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Esto significa que unas 5200 personas vivían en los 16 edificios de viviendas públicas que colapsaron tan solo en La Guaira. Por supuesto, es posible que no todos esos residentes hayan estado en casa en el momento de los terremotos. Pero los relatos de testigos y las grabaciones de vigilancia indican que al menos algunos de los edificios, que incluyen varias torres altas, colapsaron de inmediato —lo que dejó a aquellos que estaban adentro poco o ningún tiempo para escapar.

Los reporteros del Times que estuvieron en el lugar después de los sismos fueron testigos de cómo estas torres, llamadas Opppe por la oficina gubernamental que las construyó, se convirtieron en algunos de los focos de muerte más densos. Durante semanas, cuerpos de personas se sacaron de los edificios todos los días.

Pero los edificios de las viviendas Opppe no fueron los únicos en colapsar y terminar en pilas de escombros. Cerca de 700 estructuras en total quedaron destruidas, según un análisis de imágenes satelitales realizado por Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Cientos más sufrieron daños.

Si bien las autoridades venezolanas han publicado datos que dicen que 190 edificios colapsaron completamente, un ministro del gobierno que supervisa una comisión que evalúa los daños, Francisco Garcés, dijo a The New York Times que el número real es mucho mayor: 656 edificios y 370 casas, todos colapsados o parcialmente colapsados.

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Las autoridades también se han negado a decir cuántos venezolanos siguen desaparecidos y se presumen muertos, un motivo importante de indignación para muchos sobrevivientes. Pero los venezolanos han creado sus propios esfuerzos liderados por ciudadanos para denunciar y contar a los desaparecidos. En un sitio, Desaparecidos Terremoto Venezuela, los residentes han reportado a más de 29.000 personas desaparecidas.

Jorge Bastidas, un programador venezolano que inició el sitio, dijo que es probable que algunos de esos nombres sean duplicados o sean de personas que ya han sido encontradas, a pesar de los esfuerzos de su equipo para eliminar duplicados y alentar a las personas a reportar los hallazgos. Aun así, dijo, el número es un indicio de que es probable que haya miles de muertes no contabilizadas por los sismos.

Un segundo sitio de un equipo que realiza un trabajo similar, Venezuela Reporta, enumera a más de 40.000 personas desaparecidas. Ese equipo también ha intentado eliminar las entradas duplicadas. Un desafío para cuantificar cuántas personas podrían haber muerto es que Venezuela no ha realizado un censo riguroso desde 2011, según Robert Rodríguez, un investigador venezolano y exfuncionario electoral.

Así que Rodríguez usó las cifras recientes de registro de votantes para calcular la población en las áreas más afectadas de La Guaira. Contabilizó la cantidad de votantes registrados de los siete distritos electorales más afectados, luego agregó el 38 % de esa cifra, para tomar en cuenta a los niños, los visitantes y los votantes no registrados. Él cree que había 342.000 personas presentes en la parte más afectada de La Guaira el día de los terremotos.

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El Gobierno venezolano actualizó por última vez su recuento público de los fallecidos el 24 de agosto, dos meses después de los terremotos. Óscar Murillo, quien dirige un grupo venezolano de derechos humanos llamado Provea, dijo que una cifra precisa era esencial tanto para los propósitos de sanación como de rendición de cuentas. Ayudaría a las familias de las víctimas a sentirse vistas, dijo, y también permitiría "determinar si hubiera lugar a investigaciones y sanciones penales o civiles debido a posibles muertes que hubiesen podido evitarse”.

*Isayen Herrera y Marco Hernández colaboraron con este reportaje.

James Glanz es reportero de temas internacionales y de investigación del Times que cubre grandes desastres, conflictos y fallas mortales de la tecnología.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes para el Times, con sede en Bogotá (Colombia), y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Helmuth Rosales es reportero del Times que se especializa en el análisis visual y espacial para el periodismo de investigación.

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Delcy Rodríguez se reunió este jueves con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en el diálogo para la transición, su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y la exdiputada Dirorah Figuera, respectivamente, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición que Estados Unidos impulsa en Venezuela, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en enero pasado. El canal transmitió imágenes de la llegada de Figuera, acompañada por Jorge Rodríguez, al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, sin dar más información sobre el encuentro.

El miércoles, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas y de otras normas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado —quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado— y que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección.

Figuera reconoció el miércoles que la "gran demanda" de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete, aunque no se ha acordado nada en concreto en los primeros tres ciclos de diálogo con el chavismo. Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y el 15 de noviembre.

Los pasos que se están dando para reformar la justicia en Venezuela

El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, juramentó este jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia.

La mayoría de estos representantes de la sociedad son mujeres y abogados, varios postulados por iniciativa propia o por alguna asociación, ONG o gremio, y superaron una "rigurosa" evaluación realizada por los once diputados que fueron designados en septiembre pasado para integrar el comité.

Según una investigación hecha por Transparencia Venezuela, dos de estos integrantes tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 afines al chavismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de gobierno. Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, de acuerdo con la organización. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya no incluye a Venezuela en la lista de países a quienes les examina las inversiones que salen de ellos. Esta decisión se conoció después de que la entidad anunciara nuevas reglas frente a China, Rusia y otros países, además de que añadió al sector de biotecnología.

Si bien el programa estaba inicialmente dirigido a China, posteriormente fueron incluidos Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia. Venezuela salió de ese listado dado que Nicolás Maduro, depuesto tras un ataque estadounidense en Caracas a inicios de año y preso bajo cargos de narcotráfico en Nueva York, ya no está en el poder. El Departamento del Tesoro detalló que el Gobierno venezolano, encabezado desde hace meses por Delcy Rodríguez, no cumple con la definición establecida para mantener al país en esa categoría.

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Ahora bien, la norma propuesta aún podría aplicarse a ciertas inversiones en entidades venezolanas, pero no se conocen más detalles de eso, según Reuters. La agencia también detalló que las normas propuestas no prohibirían todas las inversiones en países considerados problemáticos. En cambio, se centrarían en inversiones específicas en entidades que utilizan tecnologías de doble uso que benefician a programas militares, estados de vigilancia y países con violaciones de los derechos humanos.

La decisión con respecto a la biotecnología se debe a que en ese sector podría haber un grave riesgo para la seguridad nacional, citando la proliferación de armas biológicas, el desarrollo de interfaces cerebro-computadora y los daños a la seguridad de la cadena de suministro estadounidense.

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El partido de la opositora venezolana, María Corina Machado, convocó movilizaciones pacíficas para este jueves 22 de octubre, a las 4:00 p. m. (hora local). Con ello busca exigir un cronograma electoral que permita celebrar las anheladas elecciones presidenciales en 2027, así como el cese de las restricciones que impiden el regreso de la premio Nobel de Paz al país y la excarcelación de todos los presos políticos.

Se espera que la gente se concentre en la torre Polar de Plaza Venezuela, en el marco del tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, en las que ella resultó ganadora por un amplio margen. La cabeza de Vente Venezuela, junto a otras organizaciones políticas, propone el 24 de julio de 2027, día del natalicio de Simón Bolívar, como la fecha para la realización de los comicios presidenciales.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, ella escribió: "¿Te dicen que esto es lo que hay? Pues sí, esto es lo que hay: una nación unida, organizada y decidida a ser libre. Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela".

Esto ocurre en medio de las conversaciones que sostienen los chavistas con los opositores, liderados por Dinorah Figuera, quien cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense de Donald Trump. De hecho, el tercer ciclo de estos diálogos cerró el miércoles y se centró en la discusión de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral en el país. En los encuentros previos se acordó avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales web, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

El retorno de Machado a Venezuela se perfila como un factor clave de tensión para Delcy Rodríguez. Ahora bien, analistas y politólogos, citados por el medio El Nacional, concluyeron que su llegada a territorio venezolano no se traducirá automáticamente en el quiebre inmediato de la estructura de poder del chavismo. La premio Nobel de Paz culpa a la actual administración de Miraflores de seguir por fuera de su país.

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La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, estima que las elecciones presidenciales se celebren el próximo año, después de desmontar el "aparato" alrededor del sistema electoral y de que se consigan condiciones que garanticen la credibilidad de la votación.

"Para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral", dijo Figuera en una entrevista al diario El Nacional, difundida este miércoles.

La parlamentaria, que encabeza la delegación negociadora de la oposición, indicó que están siendo asesorados sobre el sistema y el registro electoral, donde, dijo, han "observado irregularidades". Señaló que debe hacerse una depuración del Registro Electoral, del propio sistema, y concluir la escogencia de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Otro de los objetivos, continuó, es que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y se levanten las inhabilitaciones políticas contra dirigentes. Este punto, dijo Figuera, ha sido «un hueso duro de roer» debido a las discrepancias que se manejan dentro de la mesa de garantías políticas. En tanto, se termina de trabajar un informe en la mesa política del diálogo, que culmina su tercera ronda formal este miércoles, que debe ser presentado en diciembre.

Aunque dijo ser «optimista» en que los venezolanos puedan elegir libremente en unos comicios, Dinorah Figuera admitió que esto puede darse «por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028».

La parlamentaria insistió en que la actual ronda de discusión de la mesa de diálogo, que se centra justamente en las garantías políticas y civiles, ha sido la más difícil porque a los representantes de la administración de Delcy Rodríguez le ha costado ceder.

"Ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones", explicó Dinorah Figuera, en referencia al constante llamado que hacen para que se eliminen medidas coercitivas contra funcionarios impuestas por gobiernos como el de Estados Unidos o la Unión Europea.

La oposición, puntualizó Figuera, ha insistido en la derogación de la Ley contra el Odio -que Delcy Rodríguez llamó a reformar-, normativas "de carácter homofóbico" o poner fin a la "discrecionalidad que han tenido las autoridades o jueces para tomar decisiones punitivas o restrictivas por su propia cuenta".

También espera que en la mesa de diálogo se aborde la situación de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, cuyos representantes fueron cambiados en un proceso sin mayores garantías, según han denunciado diversas ONG, al igual que "el ámbito militar". Pero estos temas, consideró la parlamentaria, posiblemente "se tratarán el próximo año".

Sobre la situación de los presos políticos, Dinorah Figuera dijo que están «ejerciendo una gran presión» para concretar nuevas excarcelaciones. "La libertad de los presos políticos no puede seguir siendo una promesa aplazada, debe convertirse en una decisión concreta. Cada preso político que recupera su libertad es un paso hacia la justicia y la dignidad humana".

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La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo este martes que el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lleva a cabo el Parlamento debe ir acompañado de cambios estructurales en el sistema de justicia, lo que incluye la reforma o derogación de leyes y el desmontaje del "aparato represivo" en el país.

"De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y los hombros de las mismas personas", subrayó el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

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En un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob afirmó que el sistema de justicia de Venezuela ha sido "sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos", pero no así para "atender a las necesidades de la ciudadanía". Por lo tanto, abogó por reconstruir el sistema "desde sus mismas bases" y esto pasa, según sus palabras, porque el Tribunal Supremo de Justicia esté "integrado por personas en las que la ciudadanía confíe".

Además, apostó por reformar el Código Penal venezolano —que consideró "anacrónico" y un instrumento que "no sirve a las necesidades de la población"— y también leyes que de "alguna manera han servido como instrumentos para la persecución política". A su lado, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, subrayó que el sistema judicial en el país "todavía sigue siendo un instrumento de persecución política" y es "parte de la maquinaria represiva". Afirmó que "los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, no solo para hacerse cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes".

El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el comité, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados. El actual Tribunal Supremo de Justicia está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

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¿En qué va el diálogo entre el chavismo y la oposición para la transición en Venezuela?

El miércoles culmina la tercera ronda de diálogo concentrada en la discusión de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral en Venezuela. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre los posibles acuerdos alcanzados en estos nuevos contactos que comenzaron el pasado miércoles con el objetivo de avanzar en el respeto a los derechos civiles, así como en la renovación de las instituciones venezolanas, acusadas de ser afines al Gobierno.

Durante esta última semana, la delegación opositora ha sostenido encuentros con diversos sectores, entre ellos representantes de ONG locales que exigen el respeto a los derechos fundamentales, vulnerados por años, según sus denuncias. Los opositores, además, se reunieron el fin de semana con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisaron sus propuestas para "abrir caminos de transformación del sistema de justicia", que actualmente busca ser reformado tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y este grupo.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, y para abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales web, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

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La propuesta de reforma de la Ley contra el Odio reemplaza las penas de 10 a 20 años de cárcel por multas en bolívares equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Las infracciones tipificadas abarcan discursos de odio, incitación a la guerra, hostigamiento y mensajes de contenido discriminatorio o violento.

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El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz determinará el monto de las multas considerando la gravedad de la falta, el alcance y medio empleado, la intencionalidad, el beneficio económico derivado y la reincidencia.

El proyecto exige la apertura de un expediente formal proporcional a la infracción. Una vez ratificada la sanción, la persona tendrá 30 días para pagar la multa en la banca pública utilizando una planilla oficial emitida junto a la resolución.

El ministerio podrá sustituir las multas por penas alternativas de 200 a 600 horas de trabajo comunitario y capacitación en programas orientados a la cultura de paz.

Los sancionados pueden interponer demanda de nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un lapso de 30 días continuos.

Por otro lado, la reforma modifica el nombre de la ley, pasando de Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia a llamarse Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.

También contempla la creación de una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, conformada por 15 miembros: tres diputados, cuatro ministros, las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres delegados de organizaciones sociales.

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Obligaciones para medios, redes y plataformas digitales

La norma aclara expresamente que la labor periodística, la libertad de expresión y las opiniones de naturaleza política no se considerarán discursos de odio, siempre que no contengan una incitación directa e inequívoca a realizar actos violentos o delictivos.

No obstante, el texto legal obliga a los prestadores de servicios de radio, televisión, televisión por suscripción y medios impresos —sean públicos, privados o comunitarios— a difundir contenidos orientados a promover la convivencia democrática, la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Para ello, el Estado podrá exigir a dichos medios la transmisión de este tipo de mensajes por un lapso de hasta 30 minutos semanales, advirtiendo que el incumplimiento de esta pauta o la emisión de contenidos prohibidos dará lugar a procedimientos administrativos.

Esta responsabilidad se extiende a las plataformas digitales. Las personas jurídicas que administran redes sociales y medios electrónicos deberán adoptar medidas preventivas para evitar la difusión de propaganda de guerra o mensajes que inciten al odio, la discriminación, la intolerancia o la violencia.

Además, estarán obligadas por ley a retirar de inmediato cualquier contenido que viole estas prohibiciones, una norma cuyo cumplimiento el Estado supervisará en medios impresos, audiovisuales y digitales.

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El Gobierno de Suiza retiró a Marleny Contreras, esposa del ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y al diputado chavista Jorge Arreaza de la lista de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro cuyos bienes permanecían bloqueados de manera preventiva en ese país europeo.

La modificación, aprobada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, entró en vigor este viernes 16 de octubre. Según información publicada por El País, la decisión responde a que las autoridades no encontraron bienes de Contreras y Arreaza en territorio suizo ni indicios de corrupción que justificaran mantenerlos en el registro.

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La salida de ambos, sin embargo, no representa una reducción del listado. Por el contrario, Suiza incorporó a seis personas, entre ellas los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, con lo que el número de individuos incluidos pasó de 37 a 41.

El cambio se produce en un momento de reajustes en la política internacional hacia figuras del chavismo. Esta semana, Estados Unidos también levantó las sanciones que mantenía contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Washington ya había retirado a esta última de su lista de sancionados en abril.

¿Por qué Suiza bloqueó los bienes del entorno de Maduro?

La medida inicial fue adoptada el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. Las autoridades suizas ordenaron congelar preventivamente los activos que el entonces mandatario y personas de su entorno pudieran tener en el país, con el objetivo de impedir que eventuales recursos de origen ilícito fueran transferidos mientras avanzan las investigaciones.

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Este mecanismo no equivale a una sanción económica ni constituye, por sí mismo, una declaración de culpabilidad. Se trata de una medida cautelar contemplada en la legislación suiza sobre activos de origen ilícito, cuya vigencia se extiende hasta 2030. Si se demuestra que los fondos proceden de actividades ilegales, Suiza prevé que puedan ser restituidos en beneficio de la población venezolana.

La lista incluye a familiares de Maduro, antiguos funcionarios y personas relacionadas con su entorno político y económico. Entre quienes permanecen bajo estas medidas figuran Cilia Flores, esposa del antiguo líder del régimen, y otros allegados.

Alex Saab y Álvaro Pulido entran en el registro

Entre las nuevas incorporaciones aparecen Alex Saab, empresario y exministro de Industria de Venezuela, y su socio Álvaro Pulido. Ambos han sido vinculados a investigaciones por presuntos delitos financieros y casos de corrupción relacionados con operaciones comerciales y recursos públicos venezolanos.

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También fueron incluidos José Vicente Amparan Croquer, señalado por la justicia estadounidense en el caso Money Flight, relacionado con un presunto esquema de lavado de dinero que habría involucrado USD 1.200 millones de la petrolera estatal PDVSA, y Mario Enrique Bonilla Vallera, vinculado en investigaciones estadounidenses con personas cercanas a la familia Maduro.

La actualización también comprende a Milagros Coromoto Torres Morán, esposa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, y a María Consuelo Pardi Celis, expareja del antiguo viceministro Javier Alvarado Ochoa.

Las diferencias entre Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea

La decisión de Berna se suma a los cambios que Estados Unidos ha introducido en su política de sanciones hacia representantes del chavismo, en medio de sus contactos con las autoridades venezolanas actuales. Sin embargo, estas medidas no implican que todos los funcionarios o sus familiares hayan quedado libres de restricciones internacionales.

Diosdado Cabello, por ejemplo, continúa sujeto a sanciones estadounidenses, al igual que su hija Daniella Cabello, ministra de Turismo de Venezuela. Por su parte, la Unión Europea mantiene medidas restrictivas contra dirigentes venezolanos, entre ellas la congelación de activos y las prohibiciones de entrada al territorio comunitario.

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El caso suizo tiene una particularidad: además de las sanciones que aplica en coordinación con el marco europeo, el país cuenta con un mecanismo propio para bloquear preventivamente bienes que podrían tener un origen ilícito. Por eso, la exclusión de Contreras y Arreaza de este registro no supone necesariamente que hayan desaparecido otras posibles restricciones que pudieran afectarlos.

La revisión evidencia que las decisiones internacionales sobre los activos de personas vinculadas al chavismo no siguen una única ruta. Mientras algunas autoridades flexibilizan medidas contra determinados dirigentes, otras mantienen restricciones o amplían sus investigaciones sobre redes financieras relacionadas con Venezuela.

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La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, levantó las sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional de 2025, Jorge Rodríguez, quien además es el jefe de la delegación del chavismo en la mesa de diálogo con la oposición, que tutela la Casa Blanca a través del Departamento de Estado.

Esta medida se anunció justo el mismo día en que las dos partes comenzaron en Caracas el tercer ciclo de conversaciones para abordar la continuidad de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los derechos y garantías para que los actores políticos puedan participar en unas posteriores elecciones libres, que aún no tienen fecha.

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La analista política y PHD en comunicación política, Carmen Beatriz Fernández, dijo en entrevista con El Pitazo que, aunque puede verse como un premio por su buena conducta con la administración de Donald Trump, esta decisión debe verse más allá de esa simple lectura.

“La liberación de sanciones de Jorge Rodríguez no debe interpretarse de manera aislada ni debe verse como un premio al buen comportamiento de Jorge Rodríguez, ni siquiera como una concesión graciosa a los Estados Unidos en aras de esta buena relación que se ha venido formando entre el Rodrigato y el Departamento de Estado”, explicó.

EE. UU. le pedirá algo más al chavismo tras levantamiento de sanciones

Junto a los también analistas María Puerta Riera y Enderson Sequera, compartió sus impresiones sobre qué implica esta decisión adoptada por la administración estadounidense. En 2018, cuando a Rodríguez lo incluyeron junto a otros funcionarios de la gestión de Nicolás Maduro, entre ellos su hermana Delcy Rodríguez y el exministro de la Defensa Vladimir Padrino López, el legislador llamó “gusano” a Marco Rubio, en ese momento senador y ahora jefe de la diplomacia estadounidense.

“Los gusanos piensan con mente de gusano. Los gusanos reptan y desde su bajeza asoman la ausencia de catadura moral. Somos hijos del Libertador de América, pero qué va a saber usted (Marco Rubio) de dignidad y libertad e independencia”, escribió en ese momento en X en un repost a comentarios hechos por Rubio en aquel momento.

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La OFAC sacó de su sección de nacionales especialmente designados (SDN, por sus siglas en inglés) a Rodríguez, que aparecía con cinco alias en diferentes listados de sanciones. Fernández aseguró que esto debe verse como parte del tercer ciclo de conversaciones y como una petición más amplia que Estados Unidos le pedirá al Rodrigato, tal como ocurrió cuando en agosto se decidió permitirles tener acceso al oro venezolano congelado en el Banco de Inglaterra.

“Esto también se está haciendo a cambio de algo y me huele que a cambio de algo muy valioso”, afirmó la consultora política de la firma Datastrategia, quien cree que podría relacionarse con un posible levantamiento de la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado.

Ahora más rápido después de la denuncia de la exmagistrada del TSJ, Bárbara César, quien el pasado 6 de octubre dijo que la detención de sus hermanos y una cuñada, todos militares, se hizo en diciembre de 2023 para obligarla a firmar las sentencias que impidieron tanto a la líder opositora como al exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Un incentivo para el Rodrigato que incomoda a las bases chavistas

Para Puerta Riera, profesora de Ciencia Política, investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político, el levantamiento de sanciones puede verse como una “recompensa” para Rodríguez por los favores que le ha hecho a Estados Unidos desde su posición como presidente del Legislativo, que controla el chavismo, que entre otras decisiones ha reformado las leyes de petróleo y minería para permitir mayor participación de capital privado.

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“Pudiera leerse como un incentivo, pero creo que a estas alturas y vista la evolución de las conversaciones entre el Gobierno en funciones y un sector de la oposición, esto luce más como recompensa por los favores recibidos. Está claro que entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de los Rodríguez hay una firme alianza política”, sostuvo.

Sequera, consultor en estrategia y comunicación política, dijo que no podía verse también como un incentivo a mediano y largo plazo, sobre todo para una transición política en la que los dirigentes del chavismo puedan tener una salida y evitar una posible persecución en su contra cuando dejen el poder.

“Al final, el quid de la cuestión de la negociación es qué garantías le puede ofrecer Estados Unidos a la cúpula chavista para que deje el poder producto de elecciones libres. Si Estados Unidos cumple su palabra, hoy puede generar la confianza suficiente a la cúpula chavista de que va a cumplir en un futuro”, estimó.

Cuando la OFAC incluye a alguien en su lista de especialmente designados, esto lleva al bloqueo completo de los activos financieros e inmobiliarios que esa persona pueda tener en Estados Unidos, además de prohibirle tener cuentas corrientes, inversiones u otros bienes en ese país; incluso si las posee, se congelan.

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La medida abarca el veto para que entidades de Estados Unidos, especialmente financieras y del sector comercial, puedan mantener relaciones o hacer transacciones con los sancionados, como estaba Jorge Rodríguez hasta el 14 de octubre de 2026. Tampoco tiene permiso de entrar a territorio estadounidense.

Una cooperación mutua beneficia a todos

Sequera añadió que, mientras el chavismo mantenga su “cooperación” con la Casa Blanca, continuarán fluyendo beneficios al Rodrigato, pero a su vez esto puede incomodar a las bases más radicales del oficialismo al fortalecer la tesis de que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero tuvo la cooperación directa de altos funcionarios de su gestión.

En el caso de la oposición, los analistas coincidieron en que, por una parte, también los beneficia el levantamiento de las sanciones porque fortalece el diálogo y la mesa de negociación, abre las puertas a futuros acuerdos más beneficiosos para los adversarios al chavismo y permite que se den pasos hacia una verdadera transición democrática en el país.

“Abre una ventana de oportunidad para que en el futuro los Rodríguez puedan aceptar dejar el poder pacíficamente, a cambio de garantías políticas producto de la negociación. Todo con EEUU como garante”, señaló Sequera, quien lanzó una advertencia a los opositores: “Deben cuidar y no deben subestimar la narrativa mediática de que este levantamiento de sanciones a Jorge Rodríguez significa que EEUU se quiere entender con el chavismo restante en el largo plazo y no tiene interés en una transición en Venezuela. Esa narrativa hace mucho daño”.

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El antiguo líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentan nuevos cargos por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra detenidos en Venezuela.

Las acusaciones incluyen presuntos abusos contra personas privadas de la libertad, entre ellos simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas, incluso contra ciudadanos estadounidenses. Ambos rechazaron los señalamientos, que se suman a los cargos previos que enfrentan en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dejó constancia de la declaración de no culpabilidad de Maduro.

Durante la audiencia, Maduro aseguró, por medio de un intérprete, que había leído las nuevas imputaciones, pero las calificó como una recopilación de señalamientos falsos que ya habían sido formulados en su contra. El antiguo líder del régimen venezolano rechazó la totalidad de los cargos. Ante su declaración, el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, intervino para dejar constancia de que se declaraba no culpable.

Cilia Flores también negó las acusaciones en su contra y afirmó ante el tribunal que es inocente. Su declaración se produjo días después de que el juez rechazara su petición de cumplir la detención bajo arresto domiciliario. Flores cumple 70 años este miércoles.

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El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, sin explicar las razones.

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La AFP pidió al Departamento del Tesoro una explicación para esta retirada de sanciones, que implica que Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

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Jorge Rodríguez ingresó a la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del gobierno venezolano con Washington, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, pilotada por la presidenta interina con la colaboración de la Asamblea Nacional, y bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, cuya composición es contestada por la oposición venezolana, ha sido clave para colaborar en la apertura del sector petrolero a los intereses de Washington.

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Hace un par de años, el colombiano Germán Enrique Rubio Salas, el nombre real de quien hoy se da a conocer como Álvaro Enrique Pulido, no se había tomado las amenazas de su captura en serio. Según contó el periodista Gerardo Reyes, Marshall Billingslea, subsecretario de financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer gobierno de Donald Trump, le había enviado una gorra en cuyas viseras escribió: “I see you soon” (“Nos vemos pronto”, en inglés). No fue el único en recibir una.

Su socio principal, el empresario Alex Saab, acusado de ser un testaferro del régimen, también recibió una de ellas, al igual que otros funcionarios del chavismo. Pero mientras el resto miraba el “regalo” de EE. UU. con preocupación, Álvaro Pulido posaba en público con su gorra, pensándose un intocable, según recuerdan hoy reporteros locales.

“Esta gente vivió durante más de una década protegido por ese poder, haciendo negocios de toda clase. Y es evidente que en determinado momento pierden la noción de la realidad y creen que de forma permanente tendrán esa suerte. En el caso de ambos, es muy emblemático eso porque sabían desde 2019 que la justicia estadounidense los venía buscando, pero seguro creyeron que todo ese poder que tenían les permitía escapar de esa amenaza”, señala Roberto Deniz, reconocido periodista de investigación y editor principal de Armando.info, el portal más importante en el seguimiento del caso Saab.

A pesar de su confianza en el sistema que lo protegía, en 2023, Pulido fue arrestado en medio de una operación contra la corrupción liderada por la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien el pasado domingo, ahora como presidenta encargada, le dio el golpe final y autorizó su deportación a Estados Unidos. Fue, en palabras de Deniz, “uno de los primeros sacrificados”.

Rodríguez nunca quiso tener nada que ver con Saab y Pulido, según cuenta Deniz. Su relación era una convivencia forzosa por conveniencia que iba a terminar tan pronto como los intereses de la hoy gobernante cambiaran. Y estos empezaron a hacerlo con mayor fuerza ese año.

“Es muy cómico porque lo apresaron mientras gritaban que liberaran a Saab. La estructura de poder político en Venezuela es casi mafiosa. Y quienes entran tampoco la tienen fácil en salir porque salen solo cuando caen en desgracia o pierden poder”, dice Deniz.

Los analistas y expertos en este entramado judicial coinciden en que esa “purga anticorrupción” que ejecutaron los Rodríguez -Delcy y su hermano, Jorge- nunca fue una cruzada de justicia, sino una estrategia quirúrgica propia para barrer a la competencia del círculo de Maduro, entre los que estaban Saab y Pulido, y atrincherarse en el poder al estilo de una escena de una película mafiosa.

“Es muy cínico” que hoy Rodriguez quiera desentenderse de ellos dos, agrega el experto, pues fue ella precisamente, al controlar las asignaciones presupuestarias, las autorizaciones de divisas y las exoneraciones de aranceles, la que avaló los decretos y resoluciones que permitieron que las empresas de maletín de Saab y Pulido monopolizaran la importación de alimentos para el programa CLAP, a pesar de las constantes denuncias que habían.

¿De qué se acusa a Pulido?

El martes, en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, Pulido escuchó la lectura formal de sus ocho cargos criminales por conspiración para lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense ratificó que el empresario lideró un esquema transnacional que llegó a blanquear más de USD 2,000 millones. Las autoridades judiciales determinaron que Pulido utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para canalizar sobornos dirigidos a altos cargos chavistas, una maniobra ejecutada con el fin de asegurar contratos exclusivos y masivos con sobreprecios en detrimento de la población vulnerable.

El historial criminal de Pulido, sin embargo, comenzó mucho antes de su desembarco en Venezuela. A finales de la década de 1990, bajo su nombre real, estuvo vinculado a las redes del narcotráfico en Bogotá, formando parte del denominado Cartel del Dorado. Esto le costó detenciones en Colombia y condenas por tráfico de estupefacientes en Italia. Luego, tras evadir la justicia, compró ilegalmente la identidad del verdadero Álvaro Pulido para borrar su expediente criminal. Con este nombre, y un historial “limpio”, se mudó a Venezuela en 2006 y formó su alianza con Saab.

Juntos, Saab y Pulido, explotaron las urgencias del país mediante el desvío de recursos públicos destinados a programas de construcción de viviendas y, posteriormente, a través de la sobrefacturación en la importación de alimentos para el programa de seguridad alimentaria CLAP.

Ahora, que Pulido se enfrente ahora a la justicia estadounidense puede ser leído como un terremoto que deja réplicas en toda la región. Primero en Venezuela. Con la extradición de Pulido ya son dos las caídas de alto perfil dentro del círculo financiero e íntimo que sostuvo a Nicolás Maduro que han sido deportadas a Estados Unidos.

“El interés de la justicia en Estados Unidos es abultar el caso contra Maduro”, dice Deniz, quien agrega que ambos tienen mucha información sobre la corrupción del régimen venezolano y saben muy bien quiénes son los operadores de los Rodríguez. Con la declaración de culpabilidad de Saab, Pulido “no tiene manera de defenderse”, remata el experto.

“Pero si hay alguien que debería procesarlos es el sistema judicial venezolano, porque es allí donde hicieron el daño porque usaron fondos públicos venezolanos”, dice Deniz. Sin embargo, la lógica de la actual cúpula de Miraflores no tiene fijado como propósito la justicia, en sus palabras, sino “lavarse las manos” y, a medida que unos van cayendo en desgracia, sacrificar a las fichas que quedan del régimen de Maduro.

La lista de figurs que Delcy tiene disponibles para “sacrificar” todavía es larga. Según Bloomberg, Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y antiguo zar de la economía chavista, y Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, estarían en la mira de la justicia estadounidense, especialmente en los casos que llevan desde hace años.

El Aissami fue el artífice del desfalco de miles de millones de dólares mediante cargamentos opacos de crudo y criptoactivos en PDVSA, una red en la que el propio Pulido participaba activamente. Por su parte, Moreno operaba como el garrote judicial que garantizaba la impunidad total de estos esquemas y extorsionaba a empresarios a cambio de favores legales. Ambos terminaron tras las rejas cuando la cúpula de los Rodríguez reconfiguró sus lealtades de cara al nuevo panorama político.

También hay nombres como Carlos Lizcano o Ramón Carretero. Lizcano es un operador de absoluta confianza de la dupla Saab-Pulido, encargado directo de manejar las redes logísticas de las tiendas CLAP (Salva Foods) en Venezuela y señalado por la justicia de EE. UU. como pieza clave en la distribución del dinero de los sobornos. Carretero, por su parte, ha operado históricamente como un poderoso intermediario financiero para comercializar el crudo de PDVSA, trabajando en sociedad directa con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y Maduro. Lizcano está preso, mientras que Carretero sigue prófugo.

La constelación de operadores financieros de Maduro se complementa con Raúl Gorrín, un empresario venezolano que, cuenta Deniz, tiene una acusación en Estados Unidos por lavado de dinero. Fue detenido junto con Saab.

“El tema es que en Venezuela la Constitución prohíbe la extradición de nacionales. Hasta ahora han enviado a Saab y Pulido porque son colombianos”, dice Deniz, quien advierte que Delcy Rodríguez podría inventarse una figura para enviar al resto de fichas a EE. UU.

Entre tanto, mientras sacrifica a los peones de Maduro, Delcy ha reacomodado sus propios alfiles en las posiciones clave del tablero. El cambio en la Fiscalía lo explica bien. Tras la renuncia de Tarek William Saab, hombre de confianza de Maduro, el cargo quedó en manos de Larry Devoe, un jurista de su confianza que controlará, en buena medida, a quién se persigue en Venezuela y a quién no. Y, por supuesto, el caso de Alejandro Betancourt, empresario con años de señalamientos por contratos eléctricos y por presunto lavado de fondos de PDVSA, pero a quien se le han concedido contratos sin licitaciones a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP).

El caso Pulido en la región

Pero las réplicas del caso Pulido no solo se sentirán en Caracas, con el círculo de Maduro temiendo por su futuro, sino también en Ecuador. La comparecencia de Pulido en Miami revive de inmediato los fantasmas del caso Foglocons (Fondo Global de Construcción), una de las mayores estafas financieras perpetradas en territorio ecuatoriano. A través de esta empresa, Saab y Pulido instrumentalizaron el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), un mecanismo cambiario artificial creado bajo el ala del bloque del ALBA, donde además de Venezuela figuraban economías como Cuba, Bolivia y Nicaragua.

Foglocons utilizó este sistema para declarar exportaciones ficticias de materiales de construcción desde Ecuador hacia Venezuela. La firma declaraba ventas masivas con sobreprecios astronómicos de productos que, en la práctica, jamás salían de los puertos o consistían en contenedores vacíos.

El esquema sirvió para que el Banco Central del Ecuador entregara dólares legítimos a cambio de las devaluadas unidades SUCRE venezolanas, desangrando las reservas monetarias de Ecuador y lavando cientos de millones de dólares de origen ilícito. El pasado 17 de septiembre, la Asamblea ecuatoriana aprobó con 84 votos un informe actualizado sobre el caso SUCRE y lo remitió a la Fiscalía, Contraloría y otros organismos. Aunque el arresto de Pulido no reabre su causa penal, sí podría avivar la presión para hacerlo.

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Un hombre acusado de participar en tramas masivas de soborno y lavado de dinero vinculadas a funcionarios venezolanos fue arrestado por las autoridades estadounidenses y comparecerá ante un tribunal en Florida esta semana, dijeron el domingo fiscales federales.

Álvaro Pulido Vargas, de 62 años y originario de Colombia, fue acusado formalmente en 2019 y 2021 de lavado de dinero por más de 2000 millones de dólares provenientes de sobornos y fraudes vinculados al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro fue capturado en Venezuela por el ejército estadounidense en enero y trasladado a la ciudad de Nueva York, a la espera de un juicio por cargos federales de narcotráfico.

La fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida anunció el arresto de Pulido Vargas en un comunicado de prensa el domingo, y dijo que estaba programado que compareciera ante el tribunal el martes. No quedó claro de inmediato cuándo ni dónde había sido arrestado.

Pulido Vargas “ya no es un prófugo de la justicia”, dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, en el comunicado de prensa.

Los fiscales federales no respondieron de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban detalles. No había ningún abogado registrado para Pulido Vargas en los expedientes de las dos acusaciones.

Pulido Vargas y Alex Saab, un ex alto funcionario venezolano, fueron acusados formalmente en 2019 de lavar 350 millones de dólares en relación con una supuesta trama de sobornos que involucraba al sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela, dijeron los fiscales.

Saab se declaró culpable el mes pasado de un cargo de lavado de dinero, lo que generó especulaciones de que los fiscales federales podrían usar su declaración para fortalecer su caso contra Maduro.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Saab acordó cooperar con los investigadores.

La acusación de 2021 imputa a Pulido Vargas y a cuatro coacusados de lavar las ganancias de otra supuesta trama de sobornos que involucra 1,6 millardos de dólares en contratos del gobierno venezolano para proveer alimentos y medicinas, dijeron los fiscales.

“Las acusaciones describen una profunda traición al pueblo venezolano; corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas fundamentales para el enriquecimiento personal”, dijo Jason Reding Quiñones, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, en el comunicado de prensa.

Maduro presidió un colapso económico que condujo a una inflación descontrolada, a una escasez extrema y a un éxodo asombroso de venezolanos del país. El país sigue luchando contra la pobreza profunda y los altos costos de los alimentos durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes de los cargos federales por drogas en Nueva York. Hay un juicio programado para el año que viene.

El Departamento de Justicia anunció recientemente nuevos cargos contra la pareja, acusándolos de torturar a detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Un abogado de Maduro ha dicho que él niega los nuevos cargos.

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Álvaro Pulido, empresario colombiano, socio de Alex Saab y hasta hoy preso por corrupción en la cárcel El Rodeo, en Venezuela, fue llevado por agentes de la DEA a Estados Unidos según reveló este domingo el portal Cuentas Claras.

Pulido, que estaba preso desde 2023 por un caso de corrupción relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA, fue sacado de la cárcel el viernes en horas de la noche sin un destino claro. Hoy, según confirmó Cuentas Claras, llegó a Estados Unidos.

Vale la pena recordar que su salida de Venezuela es similar a la de Saab, quien fue entregado por el gobierno de Delcy Rodríguez a los Estados Unidos después de dejar el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional a las pocas semanas del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Hoy con Pulido, como con Saab, no hay un pronunciamiento oficial de los gobiernos de los Estados Unidos ni de Venezuela, siendo los medios de comunicación los que adelantan la noticia. Pulido es socio de Saab desde hace años. Incluso quedó al frente de los programas de alimentación CLAP cuando Saab fue apresado en Cabo Verde.

Lea más sobre quién es Pulido: ¿Quién es Álvaro Pulido, el colombiano capturado por caso PDVSA y socio de Saab?

Este entramado de corrupción fue el motivo por el que Saab fue arrestado en 2020 y es también el caso por el que Pulido está acusado ante la justicia estadounidense. Armando.info, uno de los medios que destapó la red de corrupción de Saab en Venezuela, reveló que, a través de varias empresas, se habrían lavado aproximadamente USD 1.600 millones vinculados a los programas CLAP.

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La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este 8 de octubre el “inicio de la Navidad” en Venezuela el 1 de noviembre, adelanto que según justificó, servirá para dinamizar la actividad comercial en el país.

Durante su asistencia a la asamblea anual de Fedecámaras, Rodríguez expresó: “Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente, activa la felicidad de los venezolanos y venezolanos”.

De esta forma, Delcy Rodríguez continúa con la “tradición” del exgobernante Nicolás Maduro, quien en repetidas oportunidades promovió adelantar la celebración de estas fiestas, principalmente en momentos de alta tensión política y social.

En 2020, mientras la economía del país estaba castigada por la crisis acumulada y los efectos de la pandemia, Maduro decretó el inicio de la Navidad para el 15 de octubre. En 2021 montó la decoración en el Palacio de Miraflores también en los albores de este mes.

En 2024, cuando en paralelo los ciudadanos sufrían una intensa oleada represiva tras las cuestionadas elecciones presidenciales y se registraban miles de detenciones, el exgobernante adelantó oficialmente el inicio de las fiestas para el 1 de octubre, acción que repitió en 2025, pese a que ya durante esos meses Estados Unidos lo tenía rodeado con un intenso despliegue militar por vía marítima y vigilancia aérea.

Vea también: No fue solo Maduro: la máquina de tortura que queda en Venezuela

A rey muerto…

Llama también la atención que el anuncio de una Delcy sonriente y efusiva se produjera el mismo día en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentase nuevos cargos formales por conspiración para cometer actos de tortura contra el depuesto mandatario venezolano y Flores. Las acusaciones, dadas a conocer a través de una acusación sustitutiva en el Distrito Sur de Nueva York, señalan directamente al régimen de someter a ciudadanos estadounidenses y opositores políticos a graves abusos físicos y psicológicos mientras se encontraban bajo custodia del Estado venezolano.

La antigua pareja presidencial deberá enfrentar también ahora el cargo de conspiración para cometer torturas. La fiscalía estadounidense afirma que ambos estuvieron involucrados en un sistema de represión política mientras que el director del FBI, Kash Patel, detalló que ciudadanos estadounidenses sufrieron abusos bajo custodia que incluyeron la administración forzada de drogas, descargas eléctricas, agresiones sexuales, asfixia y golpizas.

Asimismo, Flores ahora también enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que inicialmente solo pesaba sobre su esposo. Estas nuevas imputaciones sobre ambos se suman a los delitos previos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas y artefactos explosivos, derivados de su captura a principios de año en Caracas. Ambos acusados se han declarado inocentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que el diálogo entre un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera y el chavismo para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela cuenta con "todo el apoyo" de la Administración de Donald Trump.

"Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano, y creo que es importante enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte", declaró ante la prensa al inicio de una reunión con Figuera en el Departamento de Estado.

Rubio recibió por primera vez en Washington a Figuera, quien encabeza desde agosto un bloque opositor que mantiene un diálogo con el chavismo, impulsado por Estados Unidos y en el que no participa directamente la líder opositora María Corina Machado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el proceso debe contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y "sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas", aunque subrayó que no se trata solo de celebrar comicios, sino también de "establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia".

Rubio calificó el diálogo, que celebrará una nueva ronda el próximo 14 de octubre, de "proceso difícil", pero se mostró confiado en que "va a seguir teniendo logros".

"Vamos a hacer todo lo posible para que este proceso logre lo que todos queremos: no simplemente elecciones libres y democráticas lo más pronto posible, porque eso sin duda es necesario, sino una democracia, una república que pueda gobernar el país y que exista de manera permanente", concluyó.

Le recomendamos: Dinorah Figuera: la opositora respaldada por EE. UU. vuelve a Caracas a sacudir el tablero

Por su parte, Figuera afirmó que el diálogo que encabeza busca garantizar "el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones".

La opositora agradeció a Estados Unidos por haber abierto "este camino de esperanza para Venezuela" el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas.

Figuera consideró que el esfuerzo que lidera "es un proceso posible" y destacó que cuenta con "el acompañamiento de Estados Unidos".

También agradeció a Washington las inversiones en el sector petrolero venezolano desde la captura de Maduro.

Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y estrechado sus vínculos con el Gobierno chavista de Delcy Rodríguez, con el que alcanzó un acuerdo petrolero para controlar parte de sus reservas.

El acercamiento ha sido criticado por quienes consideran que a Washington solo le interesa el crudo y no la democratización del país.

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 La Fiscalía de Estados Unidos endureció este jueves su acusación contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al presentar nuevos cargos por conspiración para cometer torturas y extender la imputación de narcoterrorismo a la que fuera primera dama.

La nueva imputación se suma a la que ya pesaba contra ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. En el documento se menciona varias veces a las extintas FARC, a sus excomandantes y al ELN.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

Flores, acusada de narcotráfico

En el escrito, la Fiscalía incluyó también a Flores en la acusación por conspirar para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo recaía sobre Maduro.

Según la acusación, ambos conspiraron para distribuir y poseer, con intención de distribuir, "cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína" con la intención de proporcionar "algo de valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".

Entre ellas, la Fiscalía señala una supuesta cooperación con organizaciones designadas por EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras, como las FARC, algunas de sus facciones, el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. Según la acusación, Maduro y Flores se reunieron poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, con los entonces dirigentes de las FARC, entre ellos Timochenko, Iván Márquez, Jesús Santrich, para hablar de una deuda que Maduro mantenía con la organización por su asociación en actividades de narcotráfico.

Maduro habría acordado vender minas terrestres y explosivos a las FARC para pagar al menos parte de esa deuda. El documento señala que la venta de minas continuó hasta aproximadamente 2015 y que Maduro facilitó su fabricación en Venezuela.

La acusación también sostiene que, alrededor de 2017, un funcionario venezolano ordenó transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las FARC y el ELN. Además, describe operaciones entre 2022 y 2024 en las que cargamentos de cocaína eran trasladados a pistas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, desde donde salían hacia Venezuela en vuelos autorizados por funcionarios militares o en vuelos clandestinos.

Por otra parte, la Fiscalía afirma que jueces venezolanos recibían instrucciones para desestimar procesos contra integrantes de las FARC, incluidos casos relacionados con narcóticos, con el propósito de permitir que la organización siguiera operando en Venezuela sin interferencias.

La legislación federal estadounidense prevé una condena mínima de 20 años de prisión para el delito de narcoterrorismo y una máxima de cadena perpetua, en caso de ser declarados culpables.

Nuevos cargos por conspiración para torturar

Además, la nueva imputación de la Fiscalía de Estados Unidos recoge también un cargo por conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía recoge nueve casos de "víctimas" del Gobierno de Nicolás Maduro para describir la estrategia de "represión y torturas" que, según sostiene, empleaba para mantenerse en el poder.

Estas presuntas torturas se infligieron contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. La imputación señala que la conspiración para cometer torturas se remonta al año 2006, cuando, supuestamente, comenzaron a utilizar a miembros de su equipo de protección para torturar e intimidar a aquellos que consideraban desleales o una amenaza.

Entre los relatos recogidos figuran el del familiar de una jueza presionada para impedir candidaturas opositoras, una persona interrogada por su relación con un funcionario contrario al Gobierno o un militar venezolano.

Según la acusación, se llevaban a cabo prácticas que iban desde recluir a las víctimas en una habitación fría con luz y música constantes hasta descargas eléctricas, asfixias, golpes y amenazas contra otros familiares.

Tres estadounidenses entre las supuestas víctimas

Entre los casos descritos por la Fiscalía figuran los de tres ciudadanos estadounidenses que sufrieron abusos mientras aumentaban las tensiones entre Washington y Caracas.

Uno de ellos sufrió presuntamente golpes, descargas eléctricas, asfixia, privación de alimentos y agua tras ser acusado de conspirar para asesinar a Maduro.

Mientras que otro, liberado el 15 de enero de 2026, tras el arresto de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, fue presuntamente amenazado por funcionarios venezolanos para que no denunciara las supuestas torturas que le habían infligido desde su detención casi un año antes.

La ley federal establece una condena máxima de 20 años de prisión al delito de conspiración para cometer torturas, aunque puede alcanzar la cadena perpetua si las torturas causan una muerte.

El juez niega la prisión domiciliaria a Flores

La publicación de la nueva imputación se produjo el mismo día de una audiencia convocada por el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, en la que rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores, que alegó problemas de salud.

El magistrado consideró que Flores representa un "fuerte riesgo" de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión. En la nueva acusación, Flores fue señalada de negociar con grupos asociados al ELN en 2007 ofreciendo contratos con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Maduro y Flores, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su arresto en enero, se declararon no culpables de los cargos que enfrentaban antes de esta nueva imputación. 

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El 8 de octubre de 2018, hace exactamente ocho años y un día, el concejal Fernando Albán murió mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la Torre Corporativa Metro de Caracas, un sótano de cinco pisos mejor conocido como “La Tumba”. Lo habían arrestado tan solo tres días antes, sin una orden judicial. Según la Fiscalía, había más de 2.000 chats que lo involucraban en “conspiraciones” contra el gobierno. Las autoridades chavistas lo declararon como un “suicidio” y dijeron que había saltado al vacío, pero sus familiares y su defensa denunciaron que fue producto de las torturas que recibió en ese corto lapso.

En sus pulmones se encontró agua, según William Jiménez, excoordinador de investigaciones nacionales de la morgue de Caracas, pero Néstor Reverol, entonces ministro del Interior, ordenó editar su reporte de defunción. La asfixia mecánica con agua es uno de los muchos métodos de tortura que usa el Sebin, documentados por organizaciones de derechos humanos.

Años después, en 2021, el entonces fiscal general y hoy defensor del pueblo, Tarek William Saab, reconoció que lo del concejal no fue un suicidio, sino un asesinato, presionado por la revisión que hacía la Corte Penal Internacional (CPI) en el país para entonces. A partir de esta decisión, todas las preguntas volvieron a apuntar al entonces jefe del Sebin que mandaba en el edificio: Gustavo González López, hoy actual ministro de Defensa: ¿qué responsabilidad tuvo? Distintos informes, como el de la Misión de Determinación de los Hechos, lo ubican a él en la cadena de mando que permitió torturas sistemáticas en El Helicoide y en “La Tumba”.

Los informes también cuestionan a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina reconocida por EE. UU., pues ella tenía el Sebin bajo su supervisión cuando murió Albán. La abogada Tamara Sújú la incluyó en su lista de responsables en el caso junto a Maduro, Reverol, González López, Saab, entre muchos otros. Hoy, sin embargo, solo el primero aparece en la lupa pública de las autoridades estadounidenses frente a la investigación por crímenes relacionados con tortura, mientras el resto goza de inmunidad o cierto grado de inmunidad, y fueron enrocados en cargos de una estructura que se resiste a ser limpiada.

El jueves, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó contra Maduro, a quien se le sumaron cargos por tortura y represión mientras estaba en el poder. Ya enfrentaba cargos por narcotráfico y terrorismo de Estado. Aunque el documento no menciona el nombre de Albán, una de las pruebas contra el expresidente encaja con su historia.

Según el expediente, desde que llegó a la Presidencia en 2013, Maduro autorizó la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema que usaba la detención arbitraria, las golpizas, las descargas eléctricas, la asfixia y la violación para aplastar a la oposición. Entre las víctimas hay militares, opositores y tres ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A uno de esos militares, según la acusación, le aplicaron unas 20 descargas eléctricas en 2013. La defensa de Maduro niega los cargos y el juicio está previsto para junio de 2027.

Que haya estadounidenses en la lista no es un detalle menor. Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el chavismo “utilizó la nacionalidad como una herramienta de negociación” con Washington, y encarceló bajo cargos de terrorismo a personas sin ninguna justificación. Y no solo a estadounidenses. Según el investigador, todavía hay colombianos presos por motivos políticos en cárceles venezolanas, usados también como carta de negociación.

Pero si el expediente es detallado con las víctimas, no lo es con los victimarios. El documento no profundiza en quiénes supervisaban las torturas, quiénes mandaban en los centros de reclusión, quiénes las ejecutaban y quiénes las encubrían. Solo menciona a tres coconspiradores, identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, junto a otros conocidos y desconocidos, pero no revela sus nombres ni detalla su papel. Cabe destacar, además, que la Casa Blanca ha pedido a fiscales de Miami no investigar a Delcy, y que esta semana se confirmó que ella contaba con inmunidad. Es decir, mientras la Fiscalía de Nueva York acusa, la Casa Blanca ha protegido.

Según Rodríguez, la contradicción se explica porque en este caso hay dos Estados Unidos: el de la política exterior de Trump y el de su sistema judicial. Mientras los fiscales construyen sus casos, el Ejecutivo ha llegado a “alegar interés nacional para frenar algunas investigaciones contra algunos de los esbirros del régimen”, y al mismo tiempo negocia con Caracas ventajas que, según el investigador, “pocos poderes coloniales han llegado a ejercer sobre otro país”, para defender sus intereses económicos. Esto puede ser contraproducente para la llamada transición.

El caso de Albán no es el único que salpica a quienes hoy gobiernan. En junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo llegó en silla de ruedas y con evidentes signos de tortura a una audiencia ante un tribunal militar, y murió horas después bajo custodia de la DGCIM. La Misión de la ONU vinculó su muerte con el coronel Alexander Granko Arteaga, entonces jefe de la División de Asuntos Especiales de ese organismo, a quien también señala por torturas.
Granko sigue en la cúpula operativa de la DGCIM y este año se ha dejado ver sin problema: en marzo apareció junto a Diosdado Cabello en Anzoátegui y en mayo bajó de una camioneta detrás de la de Delcy Rodríguez en un acto oficial. La semana pasada fue fotografiado corriendo en Caracas.

Su jefe durante casi todos esos años, Iván Hernández Dala, dirigió la DGCIM de 2014 a 2024. Hoy preside CANTV, la telefónica estatal. Ambos aparecen en una lista de 18 funcionarios que, según el informe que la Misión presentó en septiembre, participaron en la persecución política y siguen en cargos de poder. También están Diosdado Cabello, ministro del Interior y señalado por ejercer control directo e informal sobre el Sebin; Alexis Rodríguez Cabello, actual director de ese organismo; y el comisario Ronny González Montesinos, señalado por torturas en El Helicoide y hoy jefe de investigaciones penales de la Policía Nacional. El aparato represivo se ha reacomodado.

Ronal Rodríguez agrega el caso de Vladimir Padrino López, quien salió del Ministerio de Defensa, pero desde el de Agricultura acumula un poder que ya no es militar, sino de seguridad alimentaria, algo nada menor en el país. Pero mientras esos nombres se han acomodado en el nuevo poder, el tribunal que sí tenía en la mira a toda esta cadena de mando vio cómo le cerraban la puerta. En julio, Venezuela firmó la salida de la CPI, que desde noviembre de 2021 investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el páis desde 2017.

Para la Misión de la ONU, dicha salida busca blindar a los altos mandos frente a investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Aunque el retiro no tiene efecto inmediato ni le quita a la Corte competencia sobre los crímenes cometidos mientras Venezuela fue parte del Estatuto de Roma, sí hace que sea más difícil avanzar. Con la acusación del jueves queda claro que en Venezuela se torturó de manera sistemática. Lo que no aclara es si alguien más, aparte de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quien también se le acusa de tortura y a quien se le negó una solicitud de fianza, pese a su deteriorado estado de salud, pagará por ello.

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